+-+ideal.es.jpg)
ELALMERÍA* : La Policía Autonómica están interviniendo por orden judicial el Ayuntamiento de Arboleas (Almería) desde primera hora de la mañana de hoy, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación, que precisaron que agentes de paisano se encuentran en el interior del Consistorio gobernado por el PSOE solicitando documentación oficial relacionada con la concesión de licencias urbanísticas.
La operación, que se inició pasadas las 10,00 horas en presencia de un funcionario del juzgado de Huércal-Overa que instruye las diligencias y por agentes vestidos de paisano, se centra en la persona del ex secretario municipal, Fernando García, que se encuentra retenido en su despacho, que está siendo registrado mientras que el resto de dependencias del Ayuntamiento funcionan a pleno rendimiento y con normalidad.
Así lo reveló a Europa Press el alcalde, Ángel Jesús García, quien informó de que García fue cesado en las funciones que venía ejerciendo desde el año 2000 el pasado mes de julio en virtud de una de las primeras decisiones "que adopte --explicó-- al llegar a la Alcadía de Arboleas" tras el fallecimiento en enero del anterior regidor, Francisco Pérez Miras.
El primer edil aseguró, en esta línea, que los agentes de la Policía Autonómica le han informado de una orden judicial de registro para el despacho del ahora técnico de la Administración General y de la necesidad de intervenir una documentación oficial que se refiere "a los primeros años de su gestión como secretario municipal, pero no en periodos recientes".
Permisos de obras "conformes a la norma"
Si bien declinó precisar si la citada documentación está relacionada con la concesión de licencias urbanística presuntamente fuera de ordenación, defendió que los permisos de obra concedidos "siempre han sido conformes a las Normas Subsidiarias (NNSS) que operaban en el municipio", al tiempo que resaltó la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
García, quien asumió la Alcaldía el 30 de enero tras seis años como concejal en el equipo de Gobierno, afirmó sentirse "sorprendido" por la presencia de la Policía Autonómica en el Consistorio de Arboleas que --ahondó-- "nos ha pillado un poco a contrapié", aunque resaltó la "discreción" del operativo que le ha permitido continuar "con la agenda de visitas a obras y reuniones que tenía previsto para esta jornada".
* El Almería - E.P. - 16.11.09
Foto: Arboleas (Almería), ayuntamiento - ideal.es
La Policía Autonómica interviene el Ayuntamiento de Arboleas por orden judicial
Una sentencia del TSJA anula la aprobación del plan general de La Viñuela
+-+vinuela.es.jpg)
SUR/Málaga* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justifica de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga ha declarado la nulidad radical del acuerdo del pleno por el que el Ayuntamiento de La Viñuela, gobernado por el PSOE, acordaba en octubre de 2007 la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU), por silencio administrativo de la Junta de Andalucía.
El Consistorio axárquico, presidido por el socialista Juan Millán, que se enfrenta a varias denuncias por presuntos delitos urbanísticos todavía pendientes de resolución judicial, justificaba en su momento la aprobación del documento sin el visto bueno de la Junta al no pronunciarse en ningún sentido la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes (hoy de Vivienda y Ordenación del Territorio), dentro del plazo de cinco meses que establece la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, expresa que no sólo no hubo silencio administrativo, sino que además el Ayuntamiento no cumplió con su obligación de remitir el expediente del plan general completo, a pesar de los reiterados requerimientos realizados desde la Consejería.
Mismo color político
Obras Públicas decidió recurrir el acuerdo plenario al negarse el Ayuntamiento a proceder a su revocación, a la vez que por no contar el documento con las bendiciones de la Junta. El hecho de compartir el mismo color político que el Gobierno andaluz no impidió al regidor viñolero continuar con el proceso de aprobación, todo ello en un momento en el que la política de la Junta con relación al urbanismo en la Axarquía se había endurecido de manera notable aprobando un plan de ordenación territorial para la comarca y recurriendo todas las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos para construcciones en el campo, actuación que ha desembocado en la anulación, también por vía judicial, de un buen número de licencias municipales.
Según el fallo del Contencioso Administrativo, la aprobación del PGOU por parte del pleno se produjo a pesar de que la Consejería había comunicado hasta en diversas ocasiones que el procedimiento para la aprobación definitiva del documento estaba interrumpido precisamente por estar incompleto.
La sentencia menciona que existen incluso hasta cuatro requerimientos por deficiencias y una amenaza de caducidad por paralización imputable al Ayuntamiento de La Viñuela.
No hubo silencio
«La Administración autonómica cumplió su obligación de requerir por una sola vez, lo hizo tres veces más innecesariamente, para que el instrumento de planeamiento estuviera completo. El Ayuntamiento consintió todos los requerimiento y actuó para cumplirlos, luego era consciente de que el expediente no estaba completo. Sin embargo, después decide cambiar de criterio, y sin motivo o justificación alguna, vuelve a remitir un expediente incompleto y ante la conducta de la Administración, que le recuerda que todavía no ha cumplido los anteriores requerimientos, y por tanto no está corriendo el plazo para aprobar el expediente originario, mantiene su postura y acabar declarando aprobado por silencio el PGOU», expresa la sentencia.
Además la sala hace constar que para que se produzca silencio administrativo positivo es necesario que el expediente esté completo, a la vez que señala que la resolución por silencio es una competencia de la Administración autonómica.
Asimismo expresa que se está ante un supuesto de nulidad radical del acuerdo, nulidad que alcanza incluso a la publicación de la decisión del pleno en el Boletín Oficial de la Provincia.
El fallo judicial ha sido recurrido por el Ayuntamiento de La Viñuela por entender, entre otras cosas, que es competencia municipal declarar la aprobación definitiva de los planes generales municipales en caso de silencio administrativo.
* SUR - 16.11.09 -AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
Aguirre cambia la Ley del Suelo
.jpeg)
ELPAÍS/Madrid* : La Comunidad podrá autorizar proyectos urbanísticos de particulares sin el permiso de los ayuntamientos. Dos meses ha tardado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en incumplir su propia promesa de modificar la Ley del Suelo con un amplio debate en la Asamblea de Madrid. "Quiero que la ley sea más transparente, ágil y sostenible", dijo a los diputados autonómicos el pasado 15 de septiembre, durante el debate del estado de la región.
La Ley del Suelo se modificará antes de final de año, pero por la vía acelerada. Porque el Gobierno de Aguirre ha incluido la reforma en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como Ley de Acompañamiento, que de un plumazo revisará 11 normas regionales. Eso evita la discusión pormenorizada del articulado de cada texto legal, primero en comisión y luego en el pleno de la Cámara regional. Y los diputados votarán el próximo diciembre en conjunto todas las modificaciones. La ley saldrá adelante, porque el PP cuenta con la mayoría absoluta: 64 diputados de los 120 de la Asamblea.
Además de que la forma sea cuestionable, también lo es el fondo de la reforma, según las fuentes del sector consultadas, que la tachan de "aberración jurídica". Aguirre modificará el artículo 161 de la Ley del Suelo, que regula el procedimiento excepcional de urgencia de las actuaciones urbanísticas de las administraciones públicas. Ahora lo ampliará a proyectos de particulares.
Este procedimiento permite que, por razones motivadas de excepcionalidad, se eluda la obligación de obtener licencia municipal en un proyecto urbanístico, que se sustituye por una decisión motivada del Gobierno regional. Por ejemplo, es la vía que utilizó la Comunidad de Madrid para dar luz verde al Campus de la Justicia, el macroproyecto para agrupar las sedes de los juzgados en Valdebebas.
Con la modificación de la ley, el Gobierno regional permite este procedimiento excepcional para "cualquier tipo de proyecto", sea "promovido por particulares o administraciones públicas", según la nueva redacción del artículo 161. Es decir, que se amplía el supuesto a los proyectos de promotores privados.
La ley actual lo limita a actuaciones de los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid o "entidades por ella creadas, de ella dependientes o adscritas a la misma". Porque se entiende que es un procedimiento excepcional destinado a actuaciones supramunicipales, como ha reiterado la jurisprudencia. El Tribunal Supremo establece, desde 1984, que no es necesaria licencia para grandes obras públicas del Estado o de las comunidades autónomas, que justifica en la distinción entre obras urbanísticas y obras de ordenación del territorio.
Además, el Supremo (14 de octubre de 1992) sostiene que "no sólo las razones de urgencia o excepcional interés público han de estar debidamente justificadas, sino que su interpretación ha de hacerse con carácter restrictivo". Parece dudoso que los proyectos de un promotor particular sean de interés público.
Además, la modificación que está tramitando el Gobierno de Aguirre permitirá aprobar fuera de un planeamiento urbanístico -y, por tanto, en contra- un desarrollo urbanístico de un particular (que no tiene por qué ser el titular del suelo) como si fuera una simple licencia de obras. Este cambio contraviente la autonomía municipal, al permitir que los proyectos se salten los procedimientos de información de los municipios, que pasan de ser superiores a un mes a 15 o 10 días, según el caso. De ahí que, previsiblemente, la Comunidad de Madrid va a tener de frente a los ayuntamientos, si persiste en esta reforma legal.Para compensar, la nueva Ley del Suelo establece la necesidad de que los ayuntamientos emitan un informe previo para actuaciones que no sean de la Comunidad. Por tanto, no será necesario para las actuaciones del Gobierno regional o de las entidades creadas por él.
Es decir, que el Ejecutivo de Aguirre podría decidir la construcción en cualquier localidad de un vertedero, un campo de golf o incluso un asentamiento para realojar a la población marginal de la Cañada Real, por ejemplo, sin tener que contar con el visto bueno del Consistorio de ese término municipal. Hasta podría hacerlo en suelo no urbanizable, sin que pudiera impedirlo el Ayuntamiento afectado. Bastaría alegar interés regional, ni siquiera público.
Otro de los aspectos en reforma es el concepto de "urgente o de excepcional interés público" de la ley, que se sustituye por el de "urgencia o un motivado interés regional". La reforma de la Ley del Suelo va en contra de la autonomía municipal y deja a la discreción del Ejecutivo de Aguirre la promoción urbanística.
* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 16/11/2009
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Condenan a cinco ex alcaldes de la provincia de Jaén en un año, y sólo a un regidor en el cargo
IDEAL* : Tenían el bastón de mando de sus pueblos y lo usaron para amenazar con él a sus vecinos, negarles información, cometer delitos urbanísticos o desobedecer a los tribunales de Justicia. Luego las urnas, el partido o las circunstancias de la vida los sacaron de la alcaldía. Y después llegaron las condenas. Hay constancia de al menos cinco ex alcaldes de la provincia de Jaén condenados por los tribunales en apenas un año. Sin embargo, la Justicia aún no ha castigado a ningún alcalde en activo, pese a que actualmente hay abiertas más de una docena de causas penales contra regidores.
La veda al ex alcalde se abrió con Antonio Castillo (PSOE) a finales de octubre de 2008. El Penal 1 de Jaén lo condenó a seis meses de inhabilitación por permitir urbanizaciones ilegales en La Iruela, en el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Una condena significativa, por que aún es la primera y única a un regidor jienense por omisión del deber de perseguir delitos. Junto al ex alcalde cayeron cuatro compañeros socialistas que formaban la Junta de Gobierno.
José Antonio Álvarez López (PSOE) fue alcalde de Torres de Albanchez. Ahora es habitual de los juzgados. Acumula ya varias condenas de diez años de inhabilitación cada una por permitir naves industriales ilegales en el Parque Natural de Sierra Mágina, Aún le falta al menos un juicio por salir. Se está declarando culpable en todos.
Más curiosa -por urbanismo hay una decena de alcaldes imputados- es la condena al ex alcalde de Cazorla, José Luis Díaz (PSOE). Los dos alcaldes citados anteriormente están hoy fuera de la política. Díaz es diputado provincial, y según su curriculum en la web de Diputación es secretario general del PSOE de Cazorla y secretario de Ciudades y Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén. Además, ostenta el cargo de vicepresidente de la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En abril de este año la Audiencia confirmó una condena contra él por amenazas a un ciudadano de Cazorla. «Tarde o temprano pagará el daño que hace», dijo sobre él en un medio de comunicación. No llega a delito. Se queda en falta.
También por una falta, de desobediencia, fueron condenados en junio pasado los ex alcaldes de Castellar María Inmaculada Ortega (PSOE) y Juan Escudero (PA) por no cumplir una sentencia del TSJA que les obligaba a reintegrar a una trabajadora municipal en su puesto y a pagarle una indemnización.
El único alcalde en activo del que hay constancia de una condena por una falta es a Amador Santiago (PSOE) tras una denuncia del PP por no facilitarles información municipal.
De la nómina de alcaldes en activo, la Justicia ha estado a punto de sentar en el banquillo a dos en poco más de un mes. Primero fue Manuel Vallejo (PSOE), al que iban a juzgar en el Penal 1 por supuestos delitos urbanísticos. El juicio ya venía suspendido de meses atrás. Un día antes de celebrar el 8 de octubre, su abogado renunció a llevar el caso. Le han vuelto a dar fecha: para dentro de un año.
El martes 10 de noviembre debía haberse celebrado el juicio por el caso Megatín, con el alcalde de Torredelcampo, Blas Sabalete, en el banquillo de los acusados. Otro de los acusados aportó parte de enfermedad y forzó la tercera suspensión ya.
* Ideal - J. E. POVEDA- 16.11.09
Foto: Jaen, parador - elviajero.elpais.com
Santa Pola incumplió el PGOU en dos edificios
+-+elportaldelosbarcos.es.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Santa Pola, gobernado por el PP con mayoría absoluta, autorizó en 2004 a dos promotores levantar en dos edificios tres alturas más de lo permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente. La irregularidad no fue corregida hasta cinco años después con el nuevo planeamiento, y con uno de los edificios ya terminado y habitado.
Propietarios de una urbanización afectada por las dos nuevas torres denunciaron primero los hechos al Consistorio y, más adelante, llevaron la infracción urbanística a los tribunales con el propósito de demoler el exceso de obra, en total 50 viviendas.
Los dos edificios supuestamente ilegales se ubican a unos 500 metros de la primera línea del mar de la población, frente a las viviendas de la urbanización Paraíso II. El origen de estas dos promociones de viviendas se remonta a 2004, cuando el Ayuntamiento y las mercantiles Gecoinsa, SL, y Promociones Las Gaviotas, SA, acordaron dos permutas, recogidas en sendos convenios urbanísticos. El Ayuntamiento compensó el valor del suelo entregado por los promotores con un aumento de edificabilidad en dos promociones, Miramar II y Las Gaviotas, que estaban desarrollando en la mencionada zona del casco urbano. En el primer caso amplió la edificabilidad de 57 a 82 casas; y en el segundo, de 36 a 61.
Los propietarios de la urbanización Paraíso II reaccionaron de inmediato contra las dos futuras edificaciones: primero por el negativo impacto visual (los bloques actúan de pantalla sobre sus casas) y, segundo, por vulnerar el planeamiento vigente y, según un informe pericial, la Ley de Costas.
Las denuncias de los afectados surtieron un efecto pasajero. El Consistorio abrió sendos expedientes por infracción urbanística el 17 de octubre de 2006 y paralizó las obras. En el caso del promotor de Miramar II el expediente se incoó por comenzar las obras sin licencia.
No obstante, el 17 de enero de 2007 el Consistorio atendió el recurso del empresario relativo a que tenía licencia por silencio administrativo y prosiguieron los trabajos. Este bloque fue terminado y habitado antes de entrar en vigor el actual planeamiento urbano, en mayo pasado. Mientras, el Consistorio revocó el expediente al promotor de Las Gaviotas el 1 de abril de 2007. El Ayuntamiento cedió al argumento del empresario de que era necesario continuar las obras para rematar los forjados de la estructura. Este bloque en la actualidad no está terminado, pero la obra alcanza ya la quinta planta.
El visto bueno del Ayuntamiento a las obras obligó a los afectados a recurrir a los tribunales y en 2008 presentaron dos demandas que instruye el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche.
En su recurso, los afectados adjuntan un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana que ratifica la nulidad de la licencia otorgada al promotor de Miramar II y un informe pericial de un ingeniero de caminos del Colegio de Cantabria. El técnico concluye que las dos nuevas urbanizaciones vulneran la Ley de Costas por constituir una pantalla visual a menos de 500 metros de la primera línea del mar. El juzgado todavía no ha emitido ninguna resolución.
El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de la concejal de Urbanismo, Dolores Gadea, defiende la "legalidad" de las dos construcciones. "Las permutas estaban plenamente justificadas", señala. "Y el exceso de edificabilidad ya estaba previsto en el PGOU que estaba en trámite y, ahora, ya aprobado definitivamente", añade la edil popular.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 16/11/2009
Foto: Santa Pola (Alicante) - elportaldelosbarcos.es
Veinte años esperando la piqueta
ELCORREO/Bilbao* : Suena muy fuerte cuando oyes a algún vecino de El Peñascal decir que ojalá las inundaciones del 83 se hubiesen llevado -sin dramas personales, por supuesto- toda la infravivienda de Iturrigorri y Gardeazabal. Esta expresión de hartazgo tiene su explicación: un cuarto de siglo después de las riadas, las viviendas de estas zonas que se salvaron entonces siguen en pie, desafiando al tiempo, a los planes urbanísticos y a las normas de habitabilidad.
No sucumbieron al agua ni a los derribos posteriores, que echaron abajo casas afectadas de enclaves cercanos, entre ellas, todo el barrio de San Antonio. Así que, a día de hoy, los dos vecindarios, donde residen unas 70 familias, siguen ahí y se han convertido en uno de los últimos reductos de infravivienda de Bilbao.
«Casi todos los residentes son familias de etnia gitana. Queda poca gente del barrio de toda la vida. Más que nada algunas viudas sin recursos económicos para marcharse a otro sitio. Porque casi todos los que han podido se han ido», explica Pedro Castañares, presidente de la Asociación de Familias de Iturrigorri-Peñascal. «Como agrupación, llevamos quince años luchando para que se regenere la zona, pero la reivindicación viene de antes. Hubo un acuerdo con el anterior Gobierno vasco y yo les decía a los vecinos que me preguntaban por el tema que ya estaba el asunto 'amarrao'. Pero ahora, con el cambio de Ejecutivo, lo que les tengo que contar es que todo depende de que dejen una partida en los presupuestos. Si no lo hacen y tenemos que esperar otros cuatro años....». Castañares resopla. «La zona está fatal. Sin saneamiento y con graves problemas de accesibilidad -apunta mientras muestra unas empinadísimas escaleras-. Hay grietas imponentes, nadie sabe cómo está la cimentación, ni por dónde van las tuberías. Los bomberos no pueden acceder, es imposible meter el gas, el butanero y el cartero tampoco suben... No valen parches, esto tiene que desaparecer ya».
Según explica, quienes llevan en el barrio el suficiente tiempo recuerdan cómo en la década de los sesenta aparecieron muchas de esas viviendas de la noche a la mañana. Literalmente. «Las levantaron de noche, para que no les viese la Guardia Civil. Y, cuando les pillaban, les invitaban a un café y listo -asegura-. Eran otros tiempos».
Tras muchas reivindicaciones, en abril de este año, Javier Madrazo, el anterior consejero de Vivienda del Gobierno vasco, firmó en uno de sus últimos actos oficiales un convenio de intenciones para recuperar la zona con la construcción de pisos de promoción pública que permitan derribar la infravivienda y realojar a sus habitantes. Esta misma semana, responsables del Ayuntamiento y del Ejecutivo autonómico han abordado en una reunión la marcha del proyecto -cuya primera fase prevé la construcción de 30 pisos cerca de Iturrigorri y 45 en la ladera de Uretamendi- que no acaba de salir de una madeja interinstitucional de requisitos burocráticos.
«Les toca mover ficha»
Según explica Julia Madrazo, edil de Urbanismo del Consistorio, los trámites municipales para edificar los bloques de Uretamendi se han solventado ya en el pleno y el Gobierno vasco asegura que ya trabaja en el proyecto de urbanización. Y los otros 30 están pendientes de que la Comisión de Ordenación del Territorio, dependiente del Ejecutivo autonómico, dé el visto bueno a un informe de Urbanismo para la aprobación definitiva del Plan General. «Les toca mover ficha. No dudo de que lo vayan a hacer, pero tienen que meter caña y crear las viviendas previstas, si no el realojo no será pacífico», advierte Madrazo.
Portavoces del gabinete de Patxi López zanjan estos temores y aseguran que se mantienen los planes de sus antecesores en cuanto a número de pisos. Y, según recuerdan, terminadas las dos primeras promociones, se prevé la construcción de un inmueble con otras 85 viviendas en Gardeazabal. Aunque en la reunión de la pasada semana no se avanzaron fechas, fuentes cercanas al proyecto afirman que los primeros pisos podrían empezar a edificarse a principios de 2011.
* El Correo Digital - SOLANGE VÁZQUEZ | BILBAO - 16.11.09
Foto: Las casas están en malas condiciones. / M. ATRIO, elcorreodigital.com
La fiebre de la corrupción urbanística
,+front+mar%C3%ADtim+-+elperiodico.com.jpg)
ELPAÍS/Cataluña* : El caso Pretoria ha destapado una trama con patas, por ahora, en Santa Coloma, Llavaneres y Badalona. No son los únicos casos en Cataluña. Desde el año 2000 la justicia ha destapado al menos 11 casos de corrupción de distintas envergadura, cerrados o aún investigándose, que tienen como protagonistas a alcaldes o ediles.
- Extorsión en el Eixample. Desde abril está pendiente de juicio la trama de corrupción en la que está acusado el inspector técnico de licencias del distrito del Eixample, en Barcelona, Eduard Cabestany, y siete personas más, que supuestamente cobraron a cambio de tramitar expedientes para legalizar locales comerciales. Las diligencias se iniciaron en 2004 y el Ayuntamiento ejerce de acusación particular. El fiscal solicita entre 8 y 21 meses de cárcel.
- Licencia del Store Café. La gerente del distrito de Gràcia, María Carmen Fernández, el consejero de distrito del PP Alberto Belón y el concejal del Ayuntamiento de Vallirana Antonio Penalba, también del PP, están imputados por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el caso Store Café. Según la querella, Penalba y Belón exigieron a la dueña 6.000 euros para agilizar la apertura. En fase de instrucción.
- Pagos en Santa Susanna. El alcalde de Santa Susanna (Maresme) Joan Campolier, de CiU, dimitió en 2007. La Audiencia de Barcelona le condenó a cuatro años de inhabilitación por prevaricación. Campolier, que gobernó con mayoría absoluta desde 1976, recurrió sin éxito al Constitucional. El ex alcalde encargó y pagó proyectos municipales al que era arquitecto municipal, al margen del sueldo de funcionario.
- Indemnización en Canet. El TSJC condenó en 2007 al Ayuntamiento de Canet a indemnizar con 60.000 euros al promotor Manuel Fernández por los perjuicios causados por la demora en los trámites para construir viviendas en Cal Rectoret. Fernández acabó vendiendo el terreno. El promotor denunció en 2004 por prevaricación y falsedad en documento público al alcalde Joaquim Mas (PSC) y los entonces concejales Ibis Puig (CiU) y Òscar Figuerola (ERC).
- Terres Cavades. El proyecto de construir en Terres Cavades (Tarragona) casi 5.000 pisos desató una tormenta política en 2004. El entonces concejal de Urbanismo, Ángel Fernández (CiU), votó a favor del plan ocultando que él y su hermano eran accionistas de una de las constructoras. Le costó el cargo. La Generalitat anuló la urbanización. En 2007 la Audiencia de Tarragona advirtió indicios de tráfico de influencias y sentó a los principales actores en el banquillo.
- Los Ferran de Salou. En 2006 la fiscalía investigó a Esteve Ferran Gombau, entonces edil de urbanismo de Salou e hijo del alcalde Esteve Ferran Ribera. El padre supuestamente consiguió plusvalías en 2004 por la venta de una finca comprada en 2000 que cambió de uso. Padre e hijo eran del partido Ferran Units per Salou y gobernaban con CiU que abandonó el gobierno cuando el alcalde mantuvo a su hijo en el cargo. Los Ferran esperan sentencia.
- Pelotazo en Querol. El juez imputó en 2008 en Querol (Alt Camp) al ex alcalde, el independiente Albert Carreño, al actual edil Miguel Uroz (PSC) y otras siete personas por el planeamiento urbanístico de L'Arboçar. La zona fue comprada por 70.000 euros a comienzos de esta década y revendida por 700.000 cuatro años después, tras la aprobación inicial de un Plan de Ordenación Urbana que preveía la construcción de 550 casas. Un segundo plan permitió hasta 1.400 pisos y el valor del suelo ascendió a 3,68 millones. Querol no llega a los 500 habitantes. El caso está pendiente de juicio. La Generalitat suspendió el plan urbanístico.
- El alcalde de Ginestar. El alcalde de Ginestar (1.098 habitantes, Ribera d'Ebre) Josep Bru (CDC) renunció a su cargo en 2007, cuando se hallaba en funciones tras perder la alcaldía a favor del PSC, en vísperas del juicio al que le llevó un empresario de la construcción que le denunció por corrupción. Bru, que acumuló mayorías absolutas desde 1987, fue grabado por unos detectives negociando con unos compradores de fincas a quienes aconsejaba cómo sortear los trámites para edificar en un solar agrícola. El ex alcalde fue expulsado del partido.
- Vilaller.
La fiscalía acusó en 2007 y 2008 por un presunto delito urbanístico y de tráfico de influencias al entonces alcalde, Josep Monsó, que concurrió por ERC, y a cinco concejales de Vilaller (700 habitantes, Alta Ribagorça) por autorizar en 2006 la construcción de 24 viviendas en una zona de equipamientos. El caso no está cerrado y la fiscalía ha extendido el cargo de prevaricación a otros tres ex ediles.
- Culebrón en la Vall de Ruda. El grupo ecologista Ipcena denunció en verano al ex alcalde de Naut Aran (342 habitantes, Val d'Aran) Víctor León por prevaricación al dar una licencia de obras en 2004 para la urbanización de 500 viviendas en la Vall de Ruda, en Baqueira Beret. El TSJC anuló en abril la urbanización por no ajustarse a la normativa. En octubre, la fiscalía archivó la causa contra León: no apreció indicios de delito, pero sí irregularidades administrativas.
- Almacelles. El alcalde de Almacelles (Segrià), Josep Ibarz (CiU), el secretario del Ayuntamiento y un policía local fueron imputados en septiembre por prevaricación y falsedad documental. La denuncia, presentada por una vecina, les acusa de falsificar un documento para multar una supuesta irregularidad urbanística.
- Palau-saverdera. El TSJC ratificó en primavera el derribo de la urbanización de lujo Sun Village, de Palau-saverdera (Alt Empordà), construida en un solar para equipamientos. A regañadientes, el Ayuntamiento, gobernado desde hace 30 años por Narcís Deusedas (CiU), se ha visto obligado a acatar la orden, que prevé que sean los 42 vecinos quienes costeen el derribo. Deben hacerlo antes del día 5 y piden 12 millones de indemnización al Consistorio, que podría verse obligado a ejecutar subsidiariamente los derribos.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 16/11/2009
Foto: Badalona (Barcelona), front marítim - elperiodico.com
