LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda conocía la existencia de "asentamientos residenciales irregulares" en Montroy desde el año 2007, pero no actuó para solucionar el problema. Un informe de dicha conselleria sobre la aprobación de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montroy, fechado el 30 de mayo de 2007, advertía de que el municipio se encontraba "bastante disgregado y salpicado de edificaciones aisladas" y proponía dar "una solución a la problemática derivada de los asentamientos irregulares".
Entre las actuaciones planteadas en este Plan General se apuntaba "la delimitación, como zonas de reserva residencial en suelo no urbanizable común, de aquellas áreas que presentan asentamientos residenciales irregulares, acotando su extensión y posibilitando su desarrollo posterior". Todo ello eran recomendaciones de la Comisión Territorial de Urbanismo incorporadas al nuevo PGOU de Montroy. "Le correspondía al ayuntamiento desarrollar ese plan y, por tanto, esas recomendaciones", describió ayer una portavoz de la conselleria. La misma fuente confirmó que en la conselleria no existe "ningún expediente por irregularidades urbanísticas" abierto por el Ayuntamiento de Montroy. Pero tampoco la conselleria actuó, a diferencia del caso Catral de 2006, ni dio parte a la Fiscalía. En ambos casos dirigía la conselleria Esteban González Pons.
* Levante-EMV - 4.02.19
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Montroy: El Consell halló irregularidades y no actuó
Muro: El ex alcalde Ramis, condenado a diez años de inhabilitación
,+ajuntament+-+mallorcaweb.com.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : Miquel Ramis, que fue alcalde de Muro durante varias legislaturas, presidente y fundador del partido Convergència Democràtica Murera, ha sido condenado a diez años de inhabilitación para ejercer cargo público. La sentencia condenatoria, emitida por la titular del Juzgado de lo penal nº6 de Palma, es firme ya que el acusado admite los hechos y acepta la pena máxima solicitada por la acusación.
Ayer se celebró el juicio contra Miquel Ramis, aunque éste estuvo ausente. Su abogado, Rafel Perera presentó documentos acreditativos de que Ramis padece una enfermedad grave por la que recibe tratamiento en Barcelona. No obstante, Perera presentó también un escrito, que ya había remitido con anterioridad a la juez instructora. En ese documento su representado se declara culpable de prevaricación.
Aun así, el acusado pedía la pena mínima. Cabe destacar que el fiscal solicitaba siete años de inhabilitación y la acusación particular, que ejercía, Jaume Perelló (UM), pedía diez años.
Los antecedentes
Los hechos que han ocasionado el proceso y la consecuente condena se remontan a 1998. En septiembre de ese año se abrió un expediente por infracción urbanística contra un vecino de Muro y la entidad Construcciones Es Moyà SL. Dicho documento relataba que en 1997 se habían ejecutado obras de ampliación de una vivienda en suelo rústico sin la preceptiva licencia municipal.
Como consecuencia de ese expediente se efectuó una propuesta del instructor en la que pedía una serie de sanciones económicas al propietario y a la empresa constructora. La resolución se notificó en abril de 2005 y posteriormente se desestimaron alegaciones de la propiedad. En ellas, el dueño solicitaba la caducidad y prescripción del caso argumentando que las obras habían finalizado antes de 1997, y que el expediente hablaba de trabajos inconclusos. El celador municipal de Muro emitió un informe ratificando que las obras "estaban en construcción y no acabadas en la fecha de la inspección", según reza textualmente.
Como consecuencia se dictó un decreto de Alcaldía el mes de noviembre de 2005 con una sanción al propietario y al constructor por un importe total de 8.870 Euros.
Construcciones Es Moyà recurrió argumentando que no había sido la empresa que llevó a cabo las obras y que, por tanto, no era responsable de la infracción. Esta entidad era propiedad de los padres de la concejala Catalina Alzamora, del mismo partido que Ramis. El padre de la edil, Jorge Alzamora, era socio entonces del alcalde Ramis en el Hotel Alcúdia Suite.
La prevaricación
A pesar de ello, Ramis, ejerciendo de alcalde, dictó un decreto en abril de 2006 en el que estimaba el recurso del constructor y ordenaba el archivo del expediente. Dicho archivo se hizo en contra del criterio del instructor de los servicios jurídicos municipales y del propio celador. Éste ratificó que el 4 de septiembre de 1997 la empresa Construcciones Es Moyà era la que realizaba las obras objeto del expediente por infracción urbanística.
* Diario de Mallorca - 4.02.10
Foto: Muro (Mallorca), ajuntament - mallorcaweb.com
Cádiz: El sueño roto del piso para jóvenes
.jpg)
ELPAÍS* : Hace tres años Rocío Castro brindó con champán junto a la alcaldesa de Cádiz. Teófila Martínez, del PP, le acababa de entregar las llaves de su vivienda en el casco antiguo gaditano. Un piso en la calle Arricruz de 60 metros cuadrados. Cumplía un sueño: acceder a su primera casa junto a su marido y sus dos hijos, que ahora son ya tres. Pero ese sueño cumplido se ha tornado en una pesadilla.
Su casa formaba parte de uno de los programas estrella del Ayuntamiento de Cádiz: promociones de vivienda en alquiler para menores de 35 años con opción a compra.
El Consistorio ha empezado a comunicar a los beneficiarios las condiciones para adquirir su domicilio pero el precio se ha disparado. "Nos dijeron que rondarían los 60.000 euros y ahora nos piden 120.000", denuncia indignada. Ahora teme que todo el dinero invertido en la casa de sus sueños se pierda y ella y su familia se queden en la calle.
Rocío Castro guarda su foto con la alcaldesa. También el recorte de prensa en el que el concejal de Vivienda, Juan José Ortiz, explicaba que el precio de estas casas rondaría los 60.000 euros. "Ha sido un error de apreciación", se justifica ahora el edil. "Nosotros hacíamos referencia a casas de unos 40 metros cuadrados y hemos aplicado el precio de referencia establecido por cualquier iniciativa municipal autonómica, que es de 1.743 euros por metro cuadrado", un precio más cercano a la media de una vivienda de renta libre que al de una de protección oficial. El Consistorio publicitó entonces el coste de la vivienda más pequeña, pero muchas de las casas incluidas en esta promoción superaban ese tamaño.
Por esta cuenta la vivienda de Rocío Castro costaría 104.580 euros, puesto que tiene 60 metros cuadrados, a lo que hay sumar el incremento que supone el IVA, lo que eleva el precio a unos 120.000 euros. "A nosotros nos dieron la casa porque teníamos la renta baja. Nos engañaron si ahora nos reclaman dinero como si fuésemos ricos". Este plan municipal establecía un plazo de cinco años para decidir si el adjudicatario quería comprar o no la casa. El dinero pagado por el alquiler sería descontado del montante total. "Sólo nos vale para pagar la diferencia que supone el IVA", protesta la joven. Ella está parada. El sueldo de su marido ronda los 1.000 euros. "Ningún banco nos da ninguna hipoteca por más de 100.000 euros. Alguno nos podría dar hasta el 80% pero tendríamos que pedir un préstamo personal, que nos denegarían", explica indignada.
Como ella otros 15 beneficiarios de estas promociones han decidido denunciar públicamente su situación. Algunos, como los residentes en la calle Goleta, han añadido quejas por el mal estado de sus inmuebles con goteras y filtraciones de agua nada más estrenar sus nuevas viviendas. Han recibido el apoyo del PSOE. "La empresa municipal de vivienda, PROCASA, está vendiendo casas como una agencia inmobiliaria. Vende a precio de mercado para financiarse y lucrarse a costa de estos jóvenes que se creyeron esta iniciativa del Ayuntamiento", lamenta la edil socialista Natalia Álvarez.
El PP se defiende. Cree que no se le entendió cuando habló de precio inicial de las casas. Lo atribuye a un error de interpretación. "El PSOE actúa de vocero para negar los méritos de un plan que fue pionero en España y que ha copiado hasta la Junta de Andalucía", protesta el concejal Juan José Ortiz. También recuerda a los adjudicatarios que el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con una caja andaluza para ofrecer a estos futuros compradores una hipoteca joven en condiciones ventajosas. Pero Rocío Castro niega la mayor. "El interés que piden es mayor que el que ofrece ahora cualquier banco. Nos engañaron y lo saben. Queremos una reunión y que nos aclaren nuestro futuro". Lo dice con los recortes en la mano. Los que anunciaban las condiciones ventajosas que ahora no han llegado. Y con la foto del brindis con la alcaldesa, de la que ahora se avergüenza.
* ELPAIS.com - 4.02.10
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)
El Plan do Litoral sólo protege el 5% del suelo urbanizable
LAOPINIÓN/A Coruña* : El Plan de Ordenación del Litoral (POL) que ha redactado la Xunta sólo prohibe levantar viviendas en 26 de las 505 hectáreas de suelo vacío y apto para construir que tiene el municipio de A Coruña. Las nuevas directrices del Gobierno gallego para proteger la costa gallega afectan sólo al 5,1% del suelo urbanizable y urbano no consolidado, por lo que se convierte en el municipio de la comarca menos afectado por el frenazo al ladrillo.
El nuevo plan del litoral que la Xunta ha entregado a los concellos ordena un total de 2.661 hectáreas de las 3.800 que posee el municipio de A Coruña, pero sólo impide la edificación en una pequeña parte, la que está protegida. Algo más de 22 hectáreas tienen la calificación de protección ambiental (marismas, acantilados, bosques) y cuatro, la de protección de corredor (ríos y lagunas). Sólo en estas zonas está prohibido el desarrollo residencial.
El Ejecutivo gallego clasifica 121 hectáreas de A Coruña con la denominación de mejora ambiental y paisajística, que permite la construcción, aunque impone limitaciones. Sin embargo la Xunta deja al Ayuntamiento total libertad para construir en 357 hectáreas de suelo urbanizable y urbano no consolidado. La protección ambiental es la que más afecta a este municipio, sobre todo en primera línea de costa, a menos de 500 metros del mar. En este tramo de litoral están protegidas 17,06 hectáreas.
El POL afecta sobre todo a la urbanización de 3.200 viviendas que el Concello prevé construir en O Portiño. Otras dos zonas, donde el plan general prevé importantes desarrollos urbanísticos, salen muy bien paradas con este plan. Es el caso de San Roque de Afuera, donde se prevé levantar dos edificios de ocho plantas. A pesar de que este ámbito está casi al borde del mar la Xunta ha determinado que lo ordene el plan general coruñés.
Lo mismo sucede con otro sector, el de San Amaro, donde se construirán cinco edificios de siete plantas, menos uno que tendrá una. El sector de San Amaro tampoco sale perjudicado porque el plan del litoral establece en su artículo 3 que no afecta a los desarrollos urbanísticos que tengan su instrumento de desarrollo y de gestión aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor del POL, lo que sucede en este caso.
El plan del litoral de la Xunta no se aplica al suelo urbano consolidado ni los núcleos rurales ni los sectores o ámbitos con sus instrumentos de planeamiento y gestión aprobados. Un dato importante es que el POL no fija plazos por lo que en un sector que tenga un plan parcial o una reparcelación, por ejemplo, aprobada aunque fuese hace años, no estará afectada por la nueva normativa del litoral aunque se trate de terrenos ordenados por dicho plan del litoral.
A Coruña es el municipio menos afectado por el POL, mientras que en el extremo opuesto está Oleiros: de las 503 hectáreas de suelo vacío y apto para construir que posee, la Xunta le prohíbe edificar en 81,66, es decir, el 37,8%. Oleiros además es el municipio con más hectáreas con protección de corredor, más que las de protección ambiental, debido a la cantidad de ríos y la laguna que posee.
Casi igual se encuentra Culleredo, con el 37,6% de suelo en el que no podrá poner ni un ladrillo. Le siguen Bergondo, Sada, Betanzos, Arteixo, Miño y A Coruña de último.
El POL prevalece
El Plan de Ordenación del Litoral, una vez aprobado de forma definitiva, prevalece sobre el planeamiento municipal, por lo que los municipios tendrán que adaptar sus planes o normas subsidiarias a lo que disponga esta nueva norma. Además, el propio plan del litoral establece que en caso de dudas en su interpretación se aplicará la que contemple un mayor nivel de protección.
Los objetivos generales del POL son favorecer el desarrollo compacto, evitar la dispersión, fomentar la rehabilitación y la renovación, e impedir nuevos crecimientos aislados. Aunque en este caso hace una excepción, las industrias y equipamientos, pues permite clasificar suelo urbanizable industrial aislado, según figura en su artículo 37.
El POL protege en A Coruña dos zonas de interés paisajístico, la del entorno de la Torre y la de las islas y el Monte de San Pedro. Esta última afecta a la futura urbanización de O Portiño, que en parte queda incluida en esta protección. El entorno de esta urbanización, además, figura clasificado al mismo tiempo como urbanizable y como rústico especialmente protegido en los paneles del plan general expuestos en la Casa del Agua.
Urbanizable o rústico
El responsable de Urbanismo del Concello, Alfredo Cerezales, ha explicado que no existe ninguna contradicción pues es suelo rústico y lo que figura como urbanizable sólo significa que la consecución de estos terrenos para convertirlos en zonas verdes y espacios libres se hará imputándolo, adscribiéndolo, a tres urbanizaciones, sectores urbanizables, que se desarrollarán en las cercanías. Este experto recuerda que el artículo 32 de la legislación permite hacerlo.
Un suelo rústico puede clasificarse, como sistema general, adscrito a un sector de suelo urbanizable, efectivamente, pero la clase de suelo debe aparecer siempre como rústico. Y no sólo figura como urbanizable en los planos, también en las fichas de los sistemas generales adscritos, cuando, si fuese como afirma el Concello, debería figurar como rústico.
* La Opinión Coruña - 4.02.10
Foto: A Coruña, vista general - seriestemporales-ieo.net
Más infraestructuras insostenibles gracias a la Ley de Economía Sostenible
La futura Ley de Economía Sostenible se utilizará para mantener el gasto en infraestructuras a pesar de los recortes presupuestarios. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* considera que es un ejemplo claro de cómo la Ley no busca la sostenibilidad.
Ayer José Blanco, Ministro de Fomento, anunció que, pese al recorte presupuestario previsto para su ministerio, se mantendrán las inversiones previstas en infraestructuras de 15.000 millones de euros hasta 2011, 7.000 para este año.
Para ello fomentará los acuerdos público-privados, de forma que la financiación sea en un 50% por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), entre un 20 y un 30% por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y el resto, a partes iguales, entre las constructoras adjudicatarias de la obra y la banca. Para conseguir el dinero privado se realizarán avales públicos para los préstamos, transfiriéndose todo el riesgo de la inversión a entes públicos.
Las infraestructuras a las que se refiere José Blanco son las incluidas en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), que supone 6.000 nuevos kilómetros de autovías y 9.000 de alta velocidad, entre los que se encuentran el AVE a Galicia, como señaló también ayer el Ministro. Actualmente ya somos el país europeo con más kilómetros de autovías y, este año, seremos el primer país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad ferroviaria. Todo ello produce que las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte estén desatadas.
El mecanismo de financiación público-privada estará facilitado por la futura Ley de Economía Sostenible, actualmente en proceso de tramitación. En concreto los artículos comprendidos en el capítulo V.
Para Ecologistas en Acción queda, una vez más, patente la nula sensibilidad ambiental de este Gobierno, tanto por sus iniciativas políticas, como por la legislación que impulsa.
* Ecologistas en Acción - 2.02.10
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com
