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EFE/Murcia* : El ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Gobierno regional, Manuel Alfonso Guerrero, imputado por el escándalo urbanístico de La Zerrichera, juró hoy su cargo como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, y dijo no querer valorar las críticas que ha despertado su nombramiento.
Guerrero tomó posesión de su cargo en un acto presidido por el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que se celebró en la alcaldía de protocolo del consistorio con representantes del equipo de Gobierno y técnicos de la Gerencia de Urbanismo y con ausencia de miembros de PSOE e IU, que en las últimas horas han criticado este nombramiento y votado en contra del mismo.
Jódar reconoció durante el acto que la designación de Guerrero "ha sido polémica" y reiteró sus argumentos de apoyo al nuevo gerente, al que dijo "conocer bien y poder avalar sus capacidades y su calidad humana", al tiempo que afirmó estar convencido de que "cumplirá con los objetivos le han sido encomendados".
Tras tomar posesión, Guerrero dijo a los periodistas no querer valorar las críticas de PSOE e IU sobre su nombramiento y explicó que durante su trayectoria profesional siempre ha procurado "colaborar con este municipio desde mis distintas responsabilidades y a partir de hoy todo mi esfuerzo, mi dedicación y mi ilusión irá destinada a trabajar por y para Lorca".
"Sobre el resto de manifestaciones que se hayan podido verter sobre mi persona", continuó Guerrero, "no voy a decir nada en este momento porque el tiempo, sin duda, quitará la razón a aquellos que lo manifestaron".
Guerrero abundó en que sus "retos inmediatos" son la aprobación definitiva del Plan Urbano de Lorca en los sectores de la zona litoral que aún están suspendidos y el desarrollo del proyecto de urbanismo residencial de Marina de Cope, que comparte el Ayuntamiento de Lorca con el de Águilas.
Tras su toma de posesión será contratado de forma eventual como funcionario con dedicación exclusiva al cargo por el que percibirá emolumentos anuales que suman más de 72.000 euros, aspecto que junto a su imputación en el caso La Zerrichera ha despertado las principales críticas de la oposición.
* 20 Minutos - 25.10.2007
Foto: Lorca (Murcia) - regmurcia.com
Un imputado en el caso de La Zerrichera, nombrado gerente de Urbanismo de Lorca
Detectadas licencias ilegales en El Puerto también en suelo urbano
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DIARIODECÁDIZ* : Hasta en suelo urbano. El escándalo urbanístico desatado a raíz de detectar el actual equipo de gobierno del Partido Popular en El Puerto un centenar largo de casos de Obra Nueva fraudulenta, perpetrados con certificados falsos de antigüedad expedidos por algunos de los profesionales imputados en la trama desmantelada en verano en Chiclana por la Guardia Civil, sigue engordando. Ya era sabido que en algunos casos, los propietarios de los inmuebles, construidos en su mayor parte en suelo no urbanizable, además habían conseguido la legalización a través de decretos firmados por el edil de Urbanismo de la anterior legislatura, Juan Carlos Rodríguez (Independientes Portuenses).
Unas legalizaciones que, al entender de los populares, "serían ilegales", entre otras cosas porque, como ya informó este periódico, se fundamentaron en el cambio de clasificación que podrían experimentar los suelos afectados en el futuro Plan General, aún no aprobado. De ahí que ya se hayan enviado a Fiscalía 16 casos, entre ellos, algunos con estas legalizaciones rubricadas por Rodríguez. Y ahora, este diario ha podido saber que también el PP ha detectado licencias dadas por IP en suelo urbano presuntamente ilegales.
Este periódico ha tenido acceso en concreto a la notificación de una licencia que otorgó en solitario el ex alcalde Hernán Díaz, al avocarse para sí las competencias que tiene delegadas la Junta de Gobierno Local (órgano que da las licencias), en noviembre de 2005 (el documento se reproduce en la página, junto al cartel que se colocó en la parcela) a una promotora de Chiclana para la construcción de cinco unifamiliares en La Caridad. Esta licencia, confirmó ayer a este diario el actual coordinador del Área de Urbanismo de El Puerto, José Galán, es "contraria a ley". Esto es debido a que estos terrenos están clasificados en el Plan General como suelo urbano no consolidado, donde no se puede otorgar licencias de parcelación y de edificación "hasta que no esté aprobado el proyecto de reparcelación", enfatizó Galán, trámite preceptivo que ni se había cumplimentado entonces ni hoy en día. Y en esta zona, desveló Galán, "se han dado más licencias".
Cuestionado por este caso concreto, Galán mostró su extrañeza porque Hernán se avocara las competencias para dar la licencia (si va a la Junta de Gobierno, debe ir con informe jurídico), algo que, dijo, "sólo se hace en asuntos de urgencia, y siempre que la urgencia se justifique". Desde que el PP se hizo con la Alcaldía, tras los comicios de mayo, sólo ha habido un caso de avocación: "para unas obras del CEEI Bahía de Cádiz, para aligerar y que no se perdiera una subvención de 900.000 euros", desveló el coordinador de Urbanismo. "La licencia para cinco chalés se puede dar un día o a la semana siguiente. No sé cuál sería la urgencia de Hernán", concluyó.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 25/10/07
Foto: El Puerto de Santa María (Cadiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Barcelona: Los vecinos rechazan el plan para el cuartel de la Verneda
ELPERIÓDICO* : Los vecinos de Sant Martí piden que se paralice la aprobación definitiva del plan urbanístico que concreta el uso del solar donde estaba el cuartel de la Verneda, prevista para este viernes, y se abra un periodo de dos meses de conversaciones con la Administración con el fin de llegar a un acuerdo tanto sobre los equipamientos que se construirán como acerca de los usos del recinto policial.
Tras meses de negociaciones y cuatro años de reivindicación vecinal, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior firmaron el pasado 12 de abril el convenio de cesión a la ciudad de unos 1.600 metros cuadrados del cuartel (de más de 9.000), ubicado entre la rambla de Guipúscoa y las calles del Treball, del Concili de Trento y de Selva de Mar. El pasado 12 de septiembre, finalizado un periodo de alegaciones que los vecinos denuncian que no les fue comunicado, fue aprobado el plan urbanístico en la comisión de gobierno del consistorio. El viernes el proceso dará su último paso al lograr luz verde del ayuntamiento y de la Generalitat en la Subcomisión de Urbanismo del municipio.
"El ayuntamiento ha actuado de mala fe al no habernos comunicado como parte afectada el periodo de alegaciones", denunció ayer el presidente de los vecinos de Sant Martí, Manuel Martínez. Y entre estas, enumeran su rechazo al cerramiento con vallas del recinto policial, la no inclusión de un párking público para los vecinos, como reivindicaron, y la ubicación del espacio destinado para equipamientos (entre Treball y Concili de Trento), ya que consideran que no quedarán integrados con el centro cívico, ubicado en la calle de Selva de Mar.
En lo referente al recinto policial, rechazan el nuevo uso de la comisaría que el Gobierno rehabilitará, donde se prevé centralizar brigadas ahora dispersas, como documentación y extranjería, ya que temen que el barrio se masifique y se invadan los espacios públicos con colas.
* El Periódico - ROSA MARI SANZ - 24/10/2007
Foto: En el centro, vista general del cuartel policial de la Verneda, el pasado mayo. - SERGIO LAINZ - elperiodico.com
Cinco detenidos más por corrupción en Santa Brígida
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REUTERS/Canarias* : Cinco personas más fueron detenidas el miércoles en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la localidad de Santa Brígida, en Gran Canarias, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Con estos ya son 12 los detenidos en la llamada "operación Brisan" tras los arrestos de ayer, entre los que se encontraban dos ex alcaldes del municipio del Partido Popular, un ex concejal y tres técnicos municipales.
Según la información del tribunal, Salvador Gil Dávila está acusado del delito de falsedad documental; Estaban Santana Santana, funcionario del ayuntamiento, de falsedad documental y malversación de caudales públicos; Rosa Troya Ramírez, administradora de una empresa del sector de la construcción, de falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación.
Santiago Alvarado Alonso, administrador de una empresa de Servicios hoteleros, es sospechoso de los delitos de falsedad documental, fraude y exacciones ilegales, y malversación; y por último Carmen Rosa Rodríguez Rodríguez, de falsedad documental y malversación.
Ayer por la noche, Pedro Morales Déniz, propietario de una ferretería, fue arrestado en el aeropuerto grancanario de Gando como sospechoso de haber cometido los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias.
Este empresario y los seis detenidos ayer quedaron en libertad con cargos tras declarar ante el TSJC y con la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.
Se trata de los ex alcaldes del PP Carmelo Vega Santana, y Antonio Díaz Hernández - que en la actualidad son concejales -, el ex concejal del mismo ayuntamiento Luis Manuel Troya Ramírez, y los técnicos municipales Santiago Hernández Álvarez, Antonio Ventura Rodríguez y Jacinto Hernández Álvarez.
Al igual que el empresario, han quedado imputados por prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
La operación se inició tras la denuncia presentada hace unos meses por varios concejales de esta corporación municipal, según la cual algunos de los anteriores alcaldes habrían cometido diversas irregularidades relacionadas con el urbanismo, informó la Benemérita.
En junio se registró el consistorio por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas, y la documentación intervenida ha llevado a las detenciones.
Santa Brígida está situada en el interior de Gran Canaria y tiene una población de casi 20.000 habitantes.
* SwissInfo - 24 de octubre de 2007
Foto: Santa Brígida (gran Canaria), ayuntamiento - canarias7.es
El Fiscal dice que Muñoz fue partícipe del ´urbanismo a la carta´ de Marbella
EFE* : La Fiscalía de Málaga pide la pena de veinte meses de prisión para el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por un delito contra la ordenación del territorio al considerar que fue partícipe del conocido como "urbanismo a la carta", un fenómeno que "ha prevalecido durante bastante tiempo" en este Ayuntamiento. Los hechos enjuiciados se remontan a 1998 cuando Muñoz junto con otros seis ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) que conformaban la corporación municipal concedieron durante una Comisión de Gobierno una licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable.
Durante la tercera sesión del juicio, celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Málaga, el Ministerio Público ha alegado que la corporación municipal con la aprobación de dicho permiso decidió "echarle un pulso al Estado de Derecho", con la única finalidad de "dejar una de las funciones públicas esenciales, como es el urbanismo, en base a unos intereses particulares".
Según el fiscal, esta conducta no es "aislada", sino que ha imperado en el consistorio marbellí durante muchos años y ha sido la que ha originado el denominado como "urbanismo a la carta".
Además, ha recordado que se otorga la licencia de obra a la sociedad Artola Inversiones para saldar una deuda que el consistorio mantenía con ésta y se hace todo un "esfuerzo" administrativo para desafectar la parcela.
En su alegato puso de manifiesto también que se acordó un permiso en base a un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sometido a revisión y que, por consiguiente, no había sido aprobado por el organismo competente, que es la Junta de Andalucía.
Respecto al resto de ex concejales, también imputados en esta misma causa y que habían puesto en duda ante la juez su asistencia en aquellas Comisiones, ha señalado que no consta ninguna protesta por parte de alguno de los integrantes de la corporación de que se estuviera alterando la realidad de lo ocurrido.
Por su parte, la acusación eleva la pena de Julián Muñoz a 24 meses de prisión al entender que era perfectamente consciente de que el informe técnico que avalaba la concesión de la citada licencia urbanística contenía un error, y que a pesar de ello firmó el convenio con la entidad Artola Inversiones.
La defensa de Muñoz ha argumentado que aquel permiso cumplía con la normas de aplicación directa de la ley del suelo, cumple con el PGOU recientemente aprobado -en el que la parcela goza del mismo uso que en el del planeamiento en revisión en 1998- y que además su cliente se basó en un informe técnico favorable aportado por el entonces secretario general Leopoldo Barrante.
Entre los ex ediles acusados en este procedimiento también se encuentra el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, para el que Fiscal pide la pena de dieciocho meses de cárcel, así como un hermano de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, Juan Antonio Yagüe, que se encuentra en busca y captura.
Julián Muñoz está encarcelado desde hace quince meses, cuando ingresó en prisión por el "Caso Malaya" sobre la corrupción en el consistorio marbellí; pesan sobre él dos condenas de un año de prisión cada una por causas urbanísticas y está a la espera de su clasificación penitenciaria para optar a beneficios carcelarios.
Las causas penales contra el ex alcalde por presuntas irregularidades urbanísticas rondan el centenar, casos con penas que oscilan entre los dieciocho meses y los dos años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público entre ocho y diez años.
* La Opinión de Málaga - 24 de octubre de 2007
Foto: Marbella - costasur.com
