ELPAÍS* : Agentes de la Policía Nacional han detenido hoy en Madrid el ex consejero de Medio Ambiente de Murcia y ex delegado de Gobierno Francisco Marqués por los delitos de prevaricación y cohecho en el caso Zerrichera, paraje calificado como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), ubicado en el municipio murciano de Águilas.
Otras nueve personas están imputadas por el juez tras la denuncia presentada por el fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal.
En este terreno protegido el empresario Trinitario Casanova Abadía, ahora retirado, promovía la construcción de más de dos mil viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la sierra de La Almenara, parte de las cuales cuentan con la protección medio ambiental de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la detención de Francisco Marqués se ha producido a última hora de esta mañana en Madrid, cuando se encontraba de viaje de trabajo, por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que lleva el caso de La Zerrichera y que ha decretado parcialmente el secreto de las actuaciones judiciales, según informa EFE.
Marqués fue consejero de Sanidad del Gobierno murciano (1999-2003), delegado del Gobierno en Murcia (2004) y consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2004-2006)
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 04/03/2009
Foto: La Zerrichera - ecologistasenaccion.org
Detenido el ex consejero de Medio Ambiente de Murcia por corrupción urbanística
"Roselló me ha dicho que tenemos una obra importante en Calp"
ELPAÍS/Alicante* : "Prepárate, que Juan Roselló me ha dicho que tenemos una obra importante que hacer en Calp". De este modo, Francisco Artacho, cuñado del concejal de Aguas del PP en Calp y diputado provincial Juan Roselló, le habría ofrecido al propietario de la mercantil Montubo, Salvador Ibarra, la ejecución real de las obras de la red transversal del abastecimiento de ese municipio un mes antes de que el Ayuntamiento aprobara el proyecto y procediera a su adjudicación.
En su declaración como imputado ante la juez que investiga el caso, Ibarra aseguró que Artacho le hizo ese ofrecimiento durante una reunión en el Salón del Agua y el Medio Ambiente celebrado en Zaragoza en febrero de 2004 a la que también acudió el gerente de Aguas de Calpe, José Alberto Mut. Sin embargo, el pleno de Calp no aprobó el proyecto con los votos solitarios del PP hasta el 17 de marzo de aquel año, adjudicando las obras a la empresa mixta Aguas de Calpe, que a su vez las subcontrató nueve días después a Obras Hidráulicas del Levante, la firma de Artacho dedicada al buzoneo. Finalmente, esta última mercantil volvió a subcontratar los trabajos a la empresa de Ibarra, Montubo, que fue la que realmente los acometió.
De ahí que la declaración de Ibarra tenga una importancia capital para esclarecer cómo se urdió la trama, sobre todo porque el empresario añadió ante la juez que su mercantil debía percibir por los trabajos un total de 2,4 millones de euros. Pero la adjudicación a Aguas de Calpe ascendía a casi 3,4 millones, con lo que el sobrecoste de las actuaciones se elevaría a un millón de euros pagado por obras que en realidad no se hicieron y que se habrían perdido en el tortuoso camino de las subcontratas. No obstante, según la Universitat de València, las actuaciones ni siquiera valdrían a precio real de mercado esos 2,4 millones que se le debían pagar a Ibarra, sino apenas 1,7, con lo que el sobrecoste aún pudo ser mayor.
El propietario de Montubo aseguró en su declaración que aún le adeudaban por los trabajos unos 980.000 euros.El propietario de Montubo también desveló en su declaración ante la magistrada instructora que la sociedad Obras Hidráulicas, la firma de Artacho, "era una empresa interpuesta solo por cobrar sin hacer nada". Ante el grosor de estas afirmaciones, la juez dictó el pasado 21 de enero una providencia que de hecho reactiva un caso que lleva en los juzgados desde 2005 y en la que le exige a Ibarra el contrato firmado entre Obras Hidráulicas y Montubo para poder verificar ese sobrecoste, en su día detectado tanto por la universidad como por la Consejería de Comercio. La juez también solicita un informe pericial sobre los gastos bancarios en la red transversal e insta a la policía a que localice al técnico de Aguas de Valencia que redactó el proyecto para que declare como testigo. Esa última mercantil participa en Aguas de Calpe junto a la Diputación de Valencia y otras empresas, si bien el Ayuntamiento es propietario de un 40% de las acciones.
En el sumario están imputados, además de Juan Roselló, Artacho, Ibarra y Mut, el gerente de Aguas de Valencia, Francisco Zorrilla, y el administrador de Obras Hidráulicas, Jesús Lara de Santamaría. Se les imputa los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionario.
Cuando en marzo de 2004 Obras Hidráulicas suscribió el acuerdo con Aguas de Calpe, que se realizó sin ningún tipo de concurso, la firma del cuñado de Roselló todavía se denominaba Buzoneo IRD, SL -no se cambió el nombre hasta mayo-, su única actividad conocida era el reparto de propaganda, solo disponía de un trabajador -el encausado Lara Santamaría- y su capital social era de poco más de 3.000 euros.
Por otra parte, el concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Orihuela, Montserrate Guillén, denunció ayer un presunto trato de favor en varias adjudicaciones de obras municipales a favor de la empresa ROIN'S 2, de Roberto Pertegal, miembro de la ejecutiva del PP y cuñado de la edil de Cultura, Josefina Ferrando. En enero de 2007 y noviembre de 2008 se contrataron obras menores, por valor de 110.000 euros, y otra en de septiembre de 2008 por otros 100.000 euros. Todas las adjudicaciones se hicieron por procedimiento negociado sin publicar, ya que se trataba de obras menores o mantenimiento de edificios. "El procedimiento es legal, pero es irregular, poco ético y amoral que siempre estas obras beneficien a los amigos del PP", dijo el concejal, quien considera que estos nuevos pagos confirman "la forma caciquil que tiene el PP de gobernar su cortijo". La oposición volvió a pedir ayer a la alcaldesa, Mónica Lorente, la creación de una comisión informativa especial sobre estas contrataciones y las realizadas con otra empresa del socio del también edil del PP, José Manuel Cutillas, por 120.00 euros.
La concejal Josefa Ferrando declinó ayer comentar la denuncia de Los Verdes a la espera de "conocer los detalles", aunque sí admitió que Roberto Pertegal es su cuñado y, además, militante del PP.
Mientras, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Xàtiva, Roger Cerdà, pidió ayer la creación de una comisión informativa para esclarecer "posibles responsabilidades políticas" por el presunto trato de favor del gobierno, del PP, a una empresa local, Sarri-Hogar, SL, informa Xavier Aliaga. Según el PSPV, El Ayuntamiento adjudicó en 2008 de forma directa un total de 222 actuaciones por valor de 1,26 millones de euros. La empresa, cuyo propietario mantiene públicos vínculos de amistad con varios de los concejales populares, entre ellos el también diputado autonómico Vicente Parra, ha facturado 5,6 millones de euros desde 1999.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 04/03/2009
Foto: Calpe - wikipedia.org
La juez envía a prisión al alcalde de Alcaucín por corrupción
LAOPINIÓN/Málaga* : La instructora le imputa los delitos de cohecho, prevaricación urbanística, falsedad y blanqueo. También decreta cárcel sin fianza para el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora. El regidor socialista firmó ayer su renuncia al acta de concejal.
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Vélez Málaga acabó ayer con el suspense. Así, a las 22.30 horas de la noche, decretó prisión incondicional y sin fianza para el alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín, tras tomarle declaración a lo largo de toda la tarde.
La instructora le imputa los supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación simple, prevaricación urbanística y falsedad documental. También envió a la cárcel de forma preventiva al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, José Francisco Mora, al que le acusa de los supuestos delitos de cohecho, falsedad y prevaricación urbanística.
La jornada volvió ayer a ser maratoniana. El primero del día en declarar fue el asesor jurídico P. J. G., quien quedó en libertad con cargos, sin fianza y bajo la prohibición de abandonar el país. Está imputado por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.
Poco después, fue trasladado al juzgado por la Guardia Civil José Francisco Mora. Al contrario de lo que hicieron los demás encausados, éste llegó a dependencias judiciales sin cubrirse el rostro y visiblemente tranquilo pasado el mediodía. Antes también había comparecido el ex aparejador municipal y ahora empresario F. L. M., quien salió en libertad sin fianza imputado por prevaricación urbanística.
Vistilla. El alcalde dio su versión de los hechos ante la juez durante tres horas y, probablemente, con mejor ánimo que en los tres días anteriores, ya que sus conciudadanos le brindaron un sonoro aplauso cuando llegó a la sede judicial. Muchos decían saber que era inocente. Después, la juez hizo una vistilla y, casi con seguridad, un careo entre el alcalde, el aparejador y el arquitecto, tras lo que tomó las decisiones expuestas.
El regidor firmó ayer su renuncia al acta de concejal, según informaron fuentes socialistas. Ya fue expulsado el pasado viernes por el PSOE, nada más desatarse la trama. Hoy, uno de sus allegados entregará su renuncia en el Registro de Entrada del Consistorio, a la espera de que se celebre un pleno extraordinario para asegurar la gobernabilidad del municipio.
El desarrollo de estos interrogatorios no ha estado extento de polémica, como ya ocurriera con los de ´Malaya´ o ´Ballena Blanca´. El abogado del jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación fue muy duro al respecto en sus declaraciones a los periodistas. Para José Carlos Aguilera, "estos hechos no son de hoy, son de hace años, y por supuesto hay un responsable de que estos problemas no se hayan resuelto en su debida forma y hace mucho tiempo. En la provincia, los responsables de la disciplina urbanística son los técnicos de la Junta de Andalucía".
Derechos fundamentales. "Tengo la impresión de que o es falta de competencia o a veces se mira para otro lado o no se hace lo que se debe. Mil viviendas en la Axarquía no se construyen de un año para otro", recalcó, al tiempo que indicó: "Siempre que se desarrollan estas operaciones todo se hace a costa de los derechos fundamentales".
El letrado se refirió así al hecho de que, a pesar de ser detenidos el viernes, durante el fin de semana no se les tomó declaración y los acusados han estado bajo arresto durante cuatro días. "Esta detención prolongada es simplemente porque hemos planificado mal la operación". También atacó duramente las filtraciones a la prensa de este sumario.
De los trece arrestados en esta operación el pasado viernes, tres quedaron en libertad a lo largo del fin de semana tras declarar en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga: una de las hijas del alcalde de Alcaucín, la hija de un constructor y la secretaria del jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación.
Los otros seis detenidos declararon el lunes ante la instructora del caso, tras lo que quedaron en libertad, aunque imputados de diferentes delitos. La otra hija del alcalde, Sonia Martín, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la magistrada cuando sea requerida y está procesada por un presunto delito de blanqueo de capitales. La hija del propietario de la inmobiliaria Crocasa, V. LL., está en libertad acusada de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
A los empresarios F. LL., M. T. y J. M. R., este último de Huelva, la instructora les impuso el lunes sendas fianzas de 120.000 euros y tienen diez días hábiles para depositarlas. Se les prohíbe salir del país. La fianza más baja, de 30.000 euros, fue señalada para L. E. C., yerno del primero de los constructores. Todos ellos están libres, aunque se les imputan diversos cargos. F. LL. y L. E. C. están imputados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, mientras que a J. M. R. y M. T. se les endosan todos los ilícitos anteriores menos el tráfico de influencias.
* La Opinión de Málaga - F. EXTREMERA / J. A. SAU - 4.03.09
Foto: Alcaucín - telecinco.es
Ley de Costas: veinte años de papel mojado
DIAGONAL* : El 12 de febrero una comisión de la UE denunciaba que “las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva”, a pesar de tener una de las leyes de costas más avanzadas de Europa, según los grupos ecologistas. Érase una vez una ley promulgada para proteger a la costa del ladrillo y del hormigón. Más de 20 años después, ¿cuál ha sido su resultado?
Entre 1987 y 2000, las construcciones tomaban 73.000 m2 de costa al día. En los cinco años siguientes, la cifra de metros cuadrados urbanizados en los dos primeros kilómetros de litoral escaló a los 140.044, según el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento. Entre 2000 y 2005 se construyó una cuarta parte de lo edificado en toda la historia. Si el ritmo no para, todo el litoral estará urbanizado en 2071.
En el Estado español se “ha desarrollado una forma endémica de corrupción”, denunciaba el 12 de febrero la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo con la aprobación del Informe Auken. Una valoración justificada, especialmente, por la “destrucción masiva” en las islas y zonas costeras mediterráneas a través del “cemento y el hormigón” y las “ganancias excesivas” del sector de la construcción. El informe, incluso, exige la retirada de fondos de cohesión para proyectos urbanísticos. Pero, aunque sea aprobado por el Pleno el 26 de marzo, este documento no es vinculante. Una resolución que los europarlamentarios populares y socialistas no han conseguido frenar. El desarrollo costero ha producido la pérdida del 75% de los sistemas dunares en el Mediterráneo y la alteración del 70% de los humedales, según denuncia WWF España. Mientras tanto, en el Congreso se presentaban enmiendas al Proyecto de Ley de Navegación Marítima que el Consejo de ministros aprobó a primeros de diciembre y que prevé “regular la transmisión por actos inter vivos de los títulos de ocupación y aprovechamiento del dominio público otorgados al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas”.
Esta ley responde a la catalogación, según la Constitución, de la ribera del mar y las playas como bienes del dominio público marítimo- terrestre. “La forma de modificación habla muy mal de la transparencia del Gobierno, ni siquiera se discutió en el Congreso antes de su aprobación en Consejo de ministros”, denuncia Jorge Saenz, coordinador de Litoral de Ecologistas en Acción (EeA). Aunque no es la primera vez que la Ley de Costas es modificada de forma indirecta: en 2002, con Aznar en la Moncloa, se hizo lo mismo con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales (ver recuadro).
“Con esta reforma se permite la venta de las casas construidas antes de la Ley desde la ribera del mar hasta la línea de dominio marítimo-terrestre y que son propiedad del Estado. Sus usuarios tenían un periodo de 30 años, prorrogable por otros 30, para su disfrute. Así se revalorizan y dificultan su adquisición pública”, explica Pablo Sánchez, también de EeA. Un análisis similar realiza Carlos Vázquez, de la Asociación de Afectados de la Playa de Cabanas, “se permitirá vender esos terrenos y se fomentará la especulación”. Esta asociación pertenece a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que estima las construcciones previas a la ley de 1988 en 45.000 edificaciones, de las cuales según Vázquez sólo el 10% cumplirían los requisitos para ser legales, como estar inscritas en el Registro de la Propiedad y estar en suelo urbano, entre otras.
Construcciones ilegales
Desde 1988 se ha deslindado el 83% de la costa española, determinando así qué construcciones eran legales y cuáles no. Un proceso que vivió un importante incremento con la gestión de Cristina Narbona, a partir de 2004 en Medio Ambiente, en el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero. Esto, a pesar de que el deslinde entre lo que es espacio público y privado debería haber terminado en 1993. Pero la ministra, calificada como heroína por Time por su labor en favor del medio ambiente, y su director general de Costas, José Fernández, no continúan en el actual Gobierno, ya que sus actuaciones provocaron una importante oposición popular. Además, el nuevo cambio ministerial trajo, según las grandes organizaciones ecologistas, la “absorción” del Ministerio de Medio Ambiente por el de Agricultura y, por tanto, la imposición de posturas más productivistas frente a las conservacionistas.
El Gobierno se siente acosado, especialmente porque Estados como Alemania o Inglaterra no han entendido que aquí se expropie sin indemnización, afirmaba la Plataforma de Afectados tras conocer la nueva modificación de la ley. Aunque remarcan que la actual propuesta de reforma es tímida, mínima e insuficiente.
“El problema no es tanto la Ley de Costas, sino su aplicación, porque en realidad se han permitido muchas construcciones nuevas y se tiran las antiguas”, denuncia Vázquez, de la Asociación de Afectados de la Playa de Cabanas. Vázquez sabe que su restaurante desaparecerá, pero a la misma distancia del litoral se permite la construcción de una zona residencial en Illa de Arousa, donde José Blanco, número dos del PSOE, Manuel Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente o Ricardo Varela, conselleiro de Trabaillo habrían adquirido una vivienda.
A pesar de que desde Ecologistas en Acción, Adega o Arca y otras organizaciones ecologistas valoran positivamente la labor de Narbona, también reconocen que “se ha empezado con pequeños núcleos y casas tradicionales dejando al margen las grandes zonas hoteleras y edificios”, como explica Sánchez a DIAGONAL.
Ni Fernández ni Narbona se atrevieron con el hotel Oliva Beach (Fuerteventura), a pesar de aparecer en un listado ministerial de edificios a demoler. El Ministerio y su propietario, Riu Hoteles, llegaron a un acuerdo para ampliar la concesión a cambio de la titularidad de la isla de Lobos (Parque Natural). Por otro lado, mientras que en La Safor (Valencia) se derruía una casa de más de 50 años, en La Barceloneta se permitía la construcción del hotel Vela a menos de 20 metros del mar. O el intento de derribo del poblado Cho Vito (ver DIAGONAL nº 87) en Tenerife mientras las Teresitas, las Américas o Los Cristianos presumen de sus resorts a pie de playa. Además, los vecinos de Cho Vito denunciaban el 10 de febrero que las administraciones implicadas en el derribo no facilitan información al Defensor del Pueblo.
Un hotel que, por el momento, no ha recibido la visita de los turistas, es el del Algarrobico en el cabo de Gata (Almeria). A finales de diciembre la Audiencia Nacional confirmaba la franja de servidumbre de la zona en cien metros, por lo que declara la ilegalidad de este macro hotel de 20 plantas. Aunque según hizo público Greenpeace el 12 de febrero, existe un informe del Ministerio de Medio Ambiente dirigido a la Abogacía del Estado que “aboga por abandonar el proceso de expropiación”.
Ante el cambio climático
En 1988 la Ley reconocía como zona pública el área hasta donde habían llegado los mayores temporales. Con la actual previsión de crecimiento del nivel de mar, entre otros efectos del cambio climático, “el retranqueo de las construcciones costeras se hace obligatorio. Hay que adaptarse poco a poco, porque en décadas será una realidad”, alerta Pablo Sánchez de Ecologistas, organización que también denuncia el gran gasto público que supone la adaptación del litoral a construcciones artificiales con especial interés turístico. En Barcelona, para mantener los ocho diques sumergidos que filtran el oleaje que inciden en sus playas artificiales, hay que verter arena casi todos los años y la inversión media anual es de diez millones, además de los gastos producidos por la llegada de fuertes temporales.
* Diagonal - Héctor Rojo Letón (Redacción) - Del 19 de febrero al 4 de marzo de 2009
Foto: diagonalperiodico.net
