LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : La Agencia Tributaria ha aumentado en Málaga los controles en la compra-venta de inmuebles, para que se investiguen por vía judicial flujos de dinero negro ocultos en paraísos fiscales. La lucha contra el fraude fiscal en el mercado inmobiliario se intensifica en la Costa del Sol. La Agencia Tributaria ha incrementado las inspecciones a promotoras y constructoras para detectar posibles estafas en la compra-venta de inmuebles.
El aumento de los controles obedece al Plan de Prevención del Fraude impulsado por el Gobierno, que en sus dos años de aplicación ha conseguido recaudar 130 millones de euros de estafas en el sector inmobiliario español. Sin embargo, los métodos de defraudación se complican cada vez más y efectan a grandes sumas de dinero, por lo que son necesarias complejas investigaciones judiciales.
La Fiscalía de Málaga ha comenzado a investigar casos en los que inmuebles son escriturados por un precio de venta "muy inferior al recibido", por lo que los compradores de las viviendas efectúan pagos que no son documentados y contabilizados por la promotora. El fiscal encargado de la Sección de Delitos Económicos, Antonio González, aseguró que estas cantidades salen de España con la apariencia de devoluciones de supuestos préstamos que la entidad constructora ha recibido. Posteriormente, ese dinero no declarado se reintroduce en el país en concepto de nuevos contratos de préstamos. Esta fórmula permite introducir fuertes sumas de dinero negro sin despertar las sospechas de los organismos fiscalizadores.
El fiscal Antonio González confirmó que se están instruyendo diligencias por este tipo de casos en los que, para su esclarecimiento, se hace necesario un seguimiento continuo de las supuestas operaciones de préstamo por parte de la Agencia Tributaria, además de recabar información tributaria de otros países sobre las entidades prestamistas, socios, administradores o actividad empresarial.
El Ministerio de Hacienda pretende perseguir más estas prácticas de defraudación, más frecuentes en la Costa del Sol por su cercanía con Gibraltar. José María Mollinedo, vicepresidente de la Asociación de Técnicos Financieros de Hacienda (Gestha), insistió en investigar las operaciones financieras de entidades radicadas en paraísos fiscales y su relación con empresas que desarrollen promociones inmobiliarias en la Costa, ante la posibilidad de que se canalice dinero pagado en `B´ por parte de compradores. En ocasiones, se trataría de averiguar si existe un vínculo empresarial o socios comunes entre ambas entidades, la extranjera y la española promotora.
Otras formas de defraudación corresponden al incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de entidades instrumentales dedicadas a adquirir parcelas o viviendas y su capital social pertenece a otras entidades radicadas en paraísos fiscales.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 05 de noviembre de 2007
Foto: Sede. Inspectores de Hacienda han incrementado el control sobre el fraude inmobiliario. c. c - laopiniondemalaga.es
La Fiscalía pone coto al fraude inmobiliario en la Costa del Sol
Valencia: Espacios protegidos bajo presión
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ELPAÍS* : El litoral de Valencia es un eje sobrecargado de infraestructuras viarias, paseos marítimos, puertos, apartamentos y chalés. Con cerca del 29% de su primer kilómetro urbanizado, casi todo el suelo que se tenía que desarrollar ya es urbanizable o se recalificará a corto plazo. La ocupación urbanística se ha cebado en los últimos años en las playas del norte y el sur de la provincia de Valencia y amenaza los escasos tramos vírgenes que sobreviven en los 126 kilómetros de litoral.
Paradójicamente, han sido la autovía V-21, que discurre a escasos metros del mar, y el parque natural de la Albufera los que han mantenido a raya el avance de apartamentos en algunos puntos del litoral. Aun así, en la costa de Valencia, con el 29% de su primer kilómetro urbanizado y cinco espacios naturales protegidos, resulta cada vez más difícil hallar lugares donde el mar tiene su frontera en suelo libre de cemento.
La idea de la Estrategia para la sostenibilidad de la costa -el gran estudio oficial sobre las agresiones al litoral, al que ha tenido acceso EL PAÍS- es evitar que la construcción invada los escasos tramos vírgenes del litoral con la compra de fincas en una docena de municipios y preservar espacios protegidos como los Marjales dels Moros, en Sagunto, y de Pego-Oliva o L'Albufera . La retirada de la línea de la costa que plantea Medio Ambiente supone en la práctica la condena de cientos de construcciones que invaden el dominio público marítimo y obliga al traslado hacia el interior de la autovía V-21 entre Valencia y Sagunto. El plan del litoral de la Generalitat Valenciana, en trámite cerca de año y medio, describe muy gráficamente la situación del litoral: casi todo el suelo que se tenía que desarrollar ya es urbanizable o se reclasificará a corto plazo y el suelo de primera línea que se tenía que proteger, ya lo está.
El litoral de Valencia es un eje sobrecargado de infraestructuras viarias, paseos marítimos, puertos, apartamentos y chalés. El plan de choque de Medio Ambiente quiere dejar además fuera de ordenación toda la línea de costa desde el puerto de Sagunto hasta el norte de la ciudad de Valencia. También se pide que se frene la construcción en la zona residencial de la Pobla de Farnals y la demolición de varias hileras de casetas en la playa del Puig, situadas en los 20 metros de dominio público y, en su mayoría, levantadas antes de la ley de Costas de 1988.
Costas comprará el frente costero (3,5 millones de metros cuadrados) del Marjal dels Moros, área protegida presionada por urbanizaciones del entorno, y plantea el traslado al interior del Polígono Industrial del Mediterráneo, en Albuixech, y de la antigua autopista, ahora V-21, entre Valencia y Sagunto. Medio Ambiente se propone la compra de cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo rústico contiguo a la costa para preservar la fachada marítima en los municipios de Massamagrell, Albalat, Foios y Meliana, así como al sur de la macrourbanización Port Saplaya, en Alboraia.
A pocos metros de esta zona, ahora ocupada por un gran parque comercial, está prevista una urbanización de lujo, con 800 nuevas residencias y una nueva marina. Para el realojo del parque comercial, el consistorio reclasificó millones de metros de huerta próxima a la costa.
Si la declaración de la Albufera y el Saler como parque natural ha salvado de la urbanización un amplio tramo del litoral cercano a la capital, el puerto de Valencia, uno de los más grandes del Mediterráneo, ha condicionado la fachada costera de la ciudad de Valencia, sobre todo sus playas. El informe de impacto ambiental sobre la nueva ampliación prevista, recién elaborado por Medio Ambiente, ya advertía de las consecuencias que las obras tendrán sobre las playas al sur del puerto, desde el Perellonet hasta casi Cullera.
El plan de choque propone en este punto la retirada de costa en las playas del Saler y Pinedo, sacrificadas por las sucesivas ampliaciones portuarias. Costas ya ha actuado en algunos puntos de este frente, con la adquisición de una antigua fábrica de plásticos, Plexi, situada a pocos metros del mar, para derribarla y dar continuidad a una vía litoral. Un plan de remodelación de toda esta fachada, con la adquisición de 800.000 metros cuadrados, servirá para proteger el parque natural de L'Albufera y su Devesa, cordón litoral que separa el lago del mar, donde está el Parador Nacional, el campo de golf del Saler y varias torres de apartamentos.
El envite urbanizador en la fachada litoral al sur de la desembocadura del Júcar, una zona con alto riesgo de inundación marina, es preocupante. Además del conocido como Manhattan de Cullera, una macrourbanización con 4.800 casas, distribuidas en 33 torres de 25 alturas, otros dos proyectos, el Brosquil y el Marenyet, suponen la reclasificación de 10 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable al sur de la desembocadura, con la edificación de 15.000 nuevas casas y varios campos de golf y hoteles. El plan de choque alerta de que la presión urbanística, especialmente entre Cullera y Tavernes de la Valldigna, es un peligro por la falta de permeabilidad territorial. En Tavernes se presentó hace meses un proyecto urbanístico sobre 4,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico, con otras 4.500 viviendas, dos campos de golf y una marina deportiva. El proyecto se paralizó, pero no está descartado. Un segundo plan en este municipio de La Safor prevé la transformación de otros dos millones de metros de suelo rústico para edificar 1.500 casas y un campo de golf.
La proliferación de puertos deportivos -una media de 10 por cada 100 kilómetros- también se señala en el plan de Medio Ambiente como un peligro para el litoral, por lo que piden un plan de ámbito autonómico, sin el que no podrá construirse ninguna nueva instalación.
* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 04/11/2007
Foto: Edificios en torno a la playa de Cullera - CARLES FRANCESC (El País)
Galicia: Sería difícil hacerlo peor
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LAVOZDEGALICIA* : Un recorrido de más de mil kilómetros por la costa gallega muestra los mil y un disparates arquitectónicos que dejan poco lugar a la esperanza de recuperar un paisaje tan único como maltratado. Galicia se juega conservar el litoral que le queda o extender un modelo suicida. En Galicia no hay hoteles de 24 plantas asentados sobre un acantilado costero, como el del Algarrobico, que ha dado la vuelta a España en todos los telediarios como imagen de la invasión urbanística feroz de la costa andaluza. No, en Galicia es peor.
La versatilidad de los nuevos materiales de construcción ha convertido los pueblos costeros en un desastre que combina medianeras de ladrillo, tejados de uralita, cierres de aluminio, muros de bloques y revestimientos cerámicos de fachadas. Todo ello sin que los edificios que los lucen estén mínimamente ordenados sobre el territorio.
Ahora, tras prometer barrer de ladrillo setecientos kilómetros de costa mediterránea, el Ministerio de Medio Ambiente quiere trasladar la experiencia al litoral atlántico de Galicia. La ministra Cristina Narbona ha prometido un diagnóstico milimétrico de la situación. La Voz ha recorrido durante esta semana más de mil kilómetros de costa gallega; desde las Rías Baixas hasta Ribadeo. En muchos casos, la medida llega demasiado tarde. Un enjambre de cemento encarcela ya buena parte del litoral.
A falta de hoteles que aspiran a rascacielos y que hunden sus cimientos en la playa, Galicia satura su costa con miles de chalés, edificios y paseos marítimos. La Lei de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e Protección do Litoral, aprobada en febrero y que prohíbe de forma temporal construir a menos de 500 metros de la costa en toda Galicia, es la respuesta del Gobierno gallego al desastre.
Pero muchos ayuntamientos parecen no estar de acuerdo. El resultado es una judicialización del urbanismo. Eso es precisamente lo que se trata de evitar con el plan del Gobierno de España, que ha dispuesto una línea inversora de cinco mil millones de euros para llegar a acuerdos amistosos con los propietarios de terrenos costeros a efectos de preservarlos de su edificación masiva. Pero mientras el Ministerio de Medio Ambiente trata de llegar a pactos en el Mediterráneo, las grúas colonizan la costa gallega.
La Xunta ha echado el freno en municipios como Foz, donde se quieren evitar 1.345 pisos; en Sanxenxo, con 430 chalés en entredicho, o paralizando otras 532 viviendas en Cervo. Son solo algunos ejemplos. Entretanto los alcaldes se inhiben por temor a que el resultado sea una indemnización a los promotores y constructores insoportable para unas arcas municipales que han visto en el urbanismo el remedio a todos sus problemas de financiación.
La ministra Cristina Narbona anunció esta semana en Luxemburgo, entre elogios a la legislación Gallega, que continuará invirtiendo en la compra de fincas costeras y que será inflexible con las construcciones ilegales.
Pero la flexibilidad o no de los gobiernos depende también de los resortes legales que tocan los constructores. En Malpica, una de las paradas de La Voz en su chequeo a la costa, un juez investiga si cuatro licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento se ajustan a derecho. Cuatro en un enjambre de cientos de viviendas que suponen, a los ojos del visitante, un desorden total.
Y en la colmena serpenteante de edificios, calles de pavimento de hormigón y la construcción sin criterio, una oferta: «34 apartamentos en la playa». En realidad están coronando el pueblo. Quienes compren los que tienen vistas al oeste verán un Atlántico bravo. Los de los pisos que dan al sur serán testigos privilegiados de cómo las grúas continúan comiéndose lo que un día fue un pueblo marinero. No se ven hoteles de veinte plantas. No. Es, definitivamente, peor.
* La Voz de Galicia - Christian Casares - 4/11/2007
Foto: Malpica (A Coruña), urbanismo voraz - ÓSCAR PARÍS - lavozdegalicia.es
Viviendas sin personas, personas sin vivienda
FERNANDO URRUTICOECHEA* : Como la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles y estamos ya en campaña electoral, el Gobierno español ha presentado con solemnidad sus nuevas iniciativas, un plan estratégico le llaman, en el que la medida estrella es la ayuda mensual de 210 euros para cada joven entre los 22 y los 30 años que suscriba un contrato de alquiler y que no tenga un salario bruto anual superior a 22.000 euros. El nuevo plan entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero y serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar estos 436 millones de euros, a los que el Ministerio calcula que podrían acceder hasta 360.000 jóvenes el año que viene.
No se han debido de dar cuenta, dados sus efectos, que ya está en vigor un plan nacional aprobado en Consejo de Ministros, por el que las comunidades autónomas disponen de planes específicos. En Asturias, por ejemplo, hay ayudas al alquiler hasta los 35 años.
Pero el problema está ahí desde hace años y continúa. Según datos del Instituto de la Juventud, son más de cuatro millones de jóvenes españoles los que quieren emanciparse, pero carecen de medios y los poderes públicos no hacen nada efectivo para facilitarles su derecho al alojamiento, según lo denuncia el Consejo Económico y Social.
Las medidas anunciadas van en el mismo sentido electoral y clientelista, al servicio de la iniciativa privada, del sacrosanto mercado, sin quererse enterar de que la solución está en que no sea la ley del mercado la que fije por completo el precio de la vivienda. Así, toda ayuda, al alquiler o a la propiedad, irá a parar a manos de los propietarios inmobiliarios, quienes fijarán el precio en función de esas mismas ayudas, entre otros factores, con lo que ellos serán sus principales beneficiarios.
Lo que mejor define la situación del mercado inmobiliario en España es la existencia de millones de viviendas sin personas y millones de personas sin una vivienda digna, situación sin parangón en toda Europa.
Para una población de casi 45 millones de personas, contamos con un parque inmobiliario de unas 24 millones de viviendas, una vivienda por cada dos habitantes. Hay 9 millones de viviendas vacías y unos 10 millones de personas que no tienen satisfecho su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.
Éste es quizás el mayor problema de los españoles, lo es con seguridad para esos 10 millones de ciudadanos. No es por falta de oferta, ya que el volumen de construcción es el mayor de Europa, pero no pueden comprar ni alquilar al precio que les ofrece el mercado. Constituye una asombrosa paradoja que tengamos un territorio enladrillado y un consumo de cemento similar al de China y millones de personas carezcan de alojamiento digno.
Política social falangista
Frente a esta situación, los poderes públicos siguen empleando la misma política social falangista que en 1954 promovía vivienda en propiedad mediante las viviendas de protección oficial, VPO, junto con una política fiscal de generosas ayudas para la compra de vivienda habitual y permanente, lo que nadie comprueba que sucede. Ahora, añaden algunas ayudas al alquiler.
Esto supone un enorme gasto público superior a los 13.000 millones de euros del conjunto de las administraciones públicas en el año 2007, dedicados, casi en su totalidad, a facilitar la compra de viviendas privadas, VPO y libres, sin control alguno. Toda la clase política parece encantada con un sistema perverso e ineficaz: el derecho a una vivienda digna no se sortea ni se subasta, se reconoce y punto. Por otra parte, como se comprende fácilmente, el sistema no da para todos.
Ante el fracaso estrepitoso del mercado, sólo cabe la regulación pública del mismo, de la única forma posible: a través de la constitución de un patrimonio inmobiliario público para su cesión en alquiler, Viviendas de Alquiler Limitado -VAL-, tal como se hace en el resto de Europa. ¿Qué hacer ante el déficit existente y la inexistencia de un patrimonio municipal del suelo? Por ejemplo, aumentar el gasto público hasta el 3% del PIB, pero sólo en gasto directo en viviendas públicas para el alquiler. Tal como proponía IU al Parlamento vasco en junio de 1996, sin que hayan recordado la receta desde el año 2001 en que tienen la posibilidad de aplicarla. Tampoco sus compañeros asturianos cuando estaban en el gobierno.
Y hasta tanto se construya este parque público de viviendas, sólo queda la exigencia constitucional de la función social de la propiedad inmobiliaria para atender un derecho básico y regular el alquiler forzoso de los pisos vacíos, mediante el palo y la zanahoria, llegando al desahucio de las VPO no ocupadas tal como está en la legislación desde el año 1968.
Y para lágrimas las de los cocodrilos y los ricos, con propiedades inmobiliarias sin utilizar, a cotizar, para que sea efectivo el derecho de todos los españoles a un alojamiento digno. Aunque lloren, ellos y sus tertulianos y mercenarios socialgacetilleros. Que se enteren que la Constitución española tiene más que sus cuatro primeros artículos sobre la patria y la corona.
* Fernando Urruticoechea Basozabal es economista-urbanista e interventor-tesorero de Administración Local.
* La Nueva España - 04 de noviembre de 2007
