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El Juzgado de Ejecuciones Penales de Madrid ha obligado a llevar a cabo la demolición de un edificio construido en suelo no urbanizable protegido, en el término municipal de Pedrezuela. La demolición inmediata fue una condición solicitada por la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya y la Sierra de Madrid, entidad colaboradora de Ecologistas en Acción*. Se trata de la primera demolición por delito urbanístico que se produce en la Comunidad de Madrid.
El Juzgado de Ejecuciones Penales nº 12, en cumplimiento de la Sentencia del Juzgado de lo Penal 24, ambos de Madrid, ha obligado a llevar acabo la demolición de un edificio, que estaba situado en la finca “Las Saleguillas” parcela 430, del polígono 5 en el municipio de Pedrezuela.
La demolición del edificio, en suelo no urbanizable especialmente protegido, ha sido supervisada -por orden del Juzgado de Ejecuciones- por las Agentes Forestales de la comarca cinco de la Comunidad de Madrid. La edificación se ha demolido a excepción de las estructuras de metal, que por requerimiento del Juzgado se ha pospuesto a un período posterior al estival, para evitar riesgos de incendios. Por ello el Juzgado insta al particular para que haga desaparecer la misma y sin excusa en el invierno de 2007.
La Demolición previa e inmediata fue puesta como condición por la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya y la Sierra de Madrid-entidad colaboradora de Ecologistas en Acción- personada en el procedimiento penal. Esta condición fue requisito necesario para no oponerse a la suspensión de ingreso en prisión del condenado, para cumplir los seis meses de pérdida de libertad.
Es la primera vez que en la Comunidad de Madrid se procede a una demolición obligada en el artículo 319 del Código Penal: demolición de la obra, a cargo del autor del hecho...dice el apartado tres del artículo citado.
No es la primera vez que la Asociación colaboradora de Ecologistas en Acción logra una orden de demolición por sentencia penal. Quedan pendientes aun otras cuatro demoliciones, determinadas en sentencias condenatorias firmes. En tres de los casos, la Asociación en Defensa del Valle del Lozoya está personada. Todas ellas se refieren a construcciones en suelo no urbanizable protegido y se ubican en la Sierra de Madrid:
- Finca “El Guindo” – Polígono 23, Parcela 35ª. Colmenar Viejo.
- Cortijo Cristo de los Remedios, Pol.35, Par.43,53,16,52. Robledo de Chavela.
- Finca con casa de madera en Polígono 12 – Parcela 24. Guadalix de la Sierra.
- Finca “El Reconquillo” parcela 94, polígono 4. Valdemanco.
Hay que destacar que en todas las Sentencias que han motivado las condenas, se hace mención al especial trabajo de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. En todos los casos han sido los Agentes de la Autoridad actuantes, bien por las denuncias interpuestas que han dado lugar a los procedimientos penales, bien por haberles encargado los Juzgados, periciales, labores de precinto o seguimiento de las demoliciones. Incluso en alguna de las resoluciones se destaca el excelente trabajo de los Agentes Forestales.
* Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid 28 de agosto 2007
Foto: presa de Pedrezuela (Madrid) /cyii.es
Primera demolición por delito urbanístico en la Comunidad de Madrid
Ninguna Administración construye aún las casas protegidas que debería
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ELPAÍS/Madrid* : Los deseos son distintos de la realidad. El Gobierno central marca en la nueva Ley de Suelo que tres de cada diez viviendas nuevas tienen que ser protegidas. La Comunidad de Madrid se comprometió a más ya en 2001: una de cada dos. Pero hoy las cifras son otras. Una de cada cinco casas hechas en Madrid en 2006 era una vivienda de protección oficial (VPO). En España, ni siquiera una de cada diez. Mientras, sigue la confrontación: Aguirre recurrió ayer la ley estatal por "invadir" sus competencias.
La Comunidad de Madrid presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Suelo, en vigor desde el 1 de julio. El Gobierno de Esperanza Aguirre considera que "invade competencias autonómicas y atenta contra el derecho de propiedad privada". La ministra de Vivienda, Carme Chacón, le respondió ayer en Barcelona que la ley combate "de forma seria la especulación urbanística, busca la transparencia y el control del fraude y persigue un desarrollo más sostenible y humano". "Éstas son las verdaderas razones por las que la presidenta de la Comunidad critica la ley. El Ejecutivo de Aguirre nunca ha trabajado para combatir la especulación", añadió Chacón, informa Jaume Bauzà. La Comunidad de Madrid es el primer Gobierno autonómico que ha presentado un recurso contra la Ley de Suelo, aprobada con los votos de todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular. Estos son algunos motivos del enfrentamiento institucional:
- Porcentaje de VPO. La Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, en vigor desde 2001, establece que la mitad de suelo de los nuevos desarrollos se reserve a vivienda social. La ley estatal estipula, como mínimo, el 30%. En ambos casos, la realidad va por detrás. La Comunidad construyó casi 76.000 viviendas en 2006, según datos del Ministerio de Vivienda. De ellas, 14.265 fueron de VPO, es decir, el 18,7%. A pesar de todo, Madrid es una de las regiones que más vivienda pública promueve, junto al País Vasco y Navarra. En España se construyeron casi 658.000 viviendas el año pasado, de las que sólo el 9,17% fueron protegidas.
- Quién las paga. La ministra de Vivienda indicó ayer que el Estado financia nueve de cada diez viviendas de protección oficial (VPO) construidas en Madrid. Un portavoz de la Comunidad indicó ayer que aún no ha recibido los 70 millones de euros que le correspondían de los fondos estatales para la construcción de pisos públicos en 2006.
- Quién construye. La Ley de Suelo incluye la figura del agente urbanizador, un constructor que puede edificar sin el respaldo de los propietarios del suelo. Para la Comunidad, esa fórmula "atenta contra la propiedad privada" y fomenta "la expropiación forzosa". Aguirre llegó a decir ayer que la expropiación es un método "de los sistemas autoritarios como el de Stalin", informa Efe. El Ministerio niega que la expropiación sea en la ley el "sistema general de funcionamiento". La normativa, según Vivienda, reconoce a los propietarios de suelo "el derecho a participar en la urbanización y en sus plusvalías", pero no les da el "monopolio" para evitar que retengan los terrenos y especulen con ellos.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 28/08/2007
Foto: Viviendas en construcción, en Vitoria - PRADIP J. PHANSE (ELPAIS.com)
Tazacorte, primer municipio en exigir que la vía judicial se use para solicitar una vivienda
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ELMUNDO* : Tazacorte, en la isla de la Palma, se ha convertido en el primer municipio de España que solicita formalmente a las administraciones públicas que los ciudadanos puedan utilizar los tribunales de justicia como vehículo para exigir una vivienda. La iniciativa tiene su origen en una propuesta presentada ante el pleno del Ayuntamiento por el grupo mayoritario, Unión Bagateña, en el mes de enero.
Según ha explicado el teniente de alcalde de la localidad, Juan Miguel Rodríguez Acosta, la intención del gobierno del municipio (cuyo pleno está formado por 7 concejales de UB, 4 del PSOE y 2 de CCN) es sensibilizar a los gobiernos central e insulares para que una familia sin recursos económicos, y con una serie de condiciones que así lo justifiquen, pueda reclamar una vivienda por vía judicial.
Con unos 6.000 habitantes y una superficie de 12 kilómetros cuadrados, este municipio palmero se ha convertido en el primero de España en pedir que se faciliten todas las condiciones necesarias, como la adquisición de suelo, construcción y financiación de viviendas, para que "más personas tengan derecho a una vivienda". "A ver si alguien coge al vuelo esta iniciativa y se implica con ella", ironiza Rodríguez Acosta.
El teniente de alcalde señala que no se trata "de que se regalen los pisos", sino que "se facilite aún más el acceso a la vivienda y que la vía judicial se utilice como un instrumento eficaz para que garantizar este derecho".
Recuperar el suelo para el dominio público
Por su parte, el alcalde de la localidad, Ángel Pablo Rodríguez, ya reclamó a la Demarcación de Costas, dependiente del gobierno central, medios económicos para adquirir suelo y construir viviendas para las familias que se encuentran en situación de chabolismo en el litoral, donde es necesario recuperar el dominio público.
Y es que el gobierno local del pueblo más pequeño de la isla, con una densidad de población de 512 habitantes por km2, recuerda que "la vivienda es un derecho básico y constitucional". Según comenta el teniente de alcalde, la renta per cápita de la localidad es 700 euros, por lo que "la iniciativa surgió en parte para intentar mejorar la situación de nuestros vecinos, la mayoría asalariados o agricultores que no pueden pagar una hipoteca".
En el municipio se han construido alrededor de 500 Viviendas de Protección Oficial (VPO). "Otra medida para luchar contra los precios de las viviendas es la creación de viviendas sociales de alquiler con opción a compra y es en lo que nos vamos a centrar en el futuro", comenta Rodríguez Acosta. "Esperamos que esto y la demanda que hemos emitido al gobierno sirva para que alguien coja al vuelo esta iniciativa y se implique con ella".
* El Mundo - 23/08/2007
Foto: Tazacorte (La Palma) - elmundo.es
Territorio, urbanismo y financiación local
JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ* : Buena parte de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y también del resto del Estado se encuentra ante el gran problema de la financiación. Es de derecho reconocer que el boom de la construcción ha terminado por multiplicar los ingresos de las maltrechas arcas locales. En la mayoría de los casos estos ingresos se han reinvertido en distintos servicios municipales, tales como bibliotecas, zonas deportivas o de ocio. No es menos cierto que también se acaban financiando de forma irregular determinadas obras derivadas de la venta de los patrimonios municipales de suelo que en su momento son cedidos a los consistorios en las distintas reservas por crecimientos urbanos. La experiencia del algún municipio nos dice que acaban asumiendo determinados gastos más allá de la necesaria vivienda protegida.
Si afloja el sector inmobiliario, nuestros ayuntamientos tendrán que apretarse el cinturón, reajustando notablemente las partidas y muy significativamente los apartados de gastos e inversiones. Señalar a modo de ejemplo que en nuestro litoral muchos de nuestros municipios han aumentado la población de derecho en más de un 30% en el período 2000-2004. Curiosamente, y a pesar del alud inmobiliario que nos ha sacudido, no se ha producido el mismo incremento en los presupuestos municipales.
El tema no es baladí, ya que muchas de las familias que tenían una segunda residencia han terminado por convertirla en la primera. Ello es debido en parte a la inminente caída de la vivienda especulativa que limita el pago de más de una hipoteca. Otros motivos pueden ser, por qué no decirlo, la misma fijación de su primera residencia en zonas relativamente atractivas aprovechando la flexibilidad laboral o empresarial que disfrutan algunas capas de la población.
Sea cual sea el caso, el aumento demográfico local implica una serie de ingresos, pero también problemas ambientales y de carencia estructural. En definitiva, mayor gasto local. Ejemplos de problemáticas ambientales derivadas son la movilidad urbana desaforada junto al excesivo tránsito de vehículos privados; la consecuente contaminación atmosférica y acústica, o la destrucción territorial de un paisaje donde su protección debe mostrarse como clave dentro de un contexto de competitividad turística global. Los elementos de carencia estructural tampoco desmerecen de los anteriores: aumento de carreteras y asfaltado de caminos locales, necesidad de mayores redes de infraestructuras de abastecimiento en materia de agua, saneamiento y luz, necesidad de más y mejores servicios asistenciales o sanitarios.
Dependiendo del sistema de gestión urbana que se emplee, estas cargas no siempre son repercutibles a los costes de urbanización que asume cualquier promotor (al menos en los que harían referencia al mantenimiento o renovación de redes). Al final, el político acaba haciendo cuentas y remata la faena subiendo los impuestos al ciudadano de a pie y no al verdadero interesado del crecimiento desmesurado.
El aumento presupuestario municipal debería ir ajustado y acompasado al volumen de población real (y no de derecho) que tiene un municipio. En otras palabras, debe ir en solfa con los ritmos de crecimiento que marque todo el aparato inmobiliario y poblacional que finalmente se asiente sobre el territorio. Escuché con atención unas notas del profesor Joan Romero, director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, en que afirmaba que un aumento demográfico local debería ajustarse proporcionalmente al presupuesto municipal. Esto debe ser analizado siempre per cápita. Otro crecimiento que no sea como el indicado plantea un desajuste innecesario en el desembolso municipal y cuestionaba el modelo masivo de ese urbanismo que al final de la película acaba lastrando más que rellenando las arcas municipales.
De todo lo expuesto se concluye con afirmación nada novedosa: la financiación local está mal resuelta en España, sobre todo en un contexto donde los ayuntamientos suministran cada vez más servicios de carácter personalizado a sus ciudadanos, superando de largo sus competencias establecidas en sus bases de régimen local.
Se estima que más de un tercio de los ingresos locales depende directamente de la construcción, que básicamente se centraliza en impuestos, tasas y contribuciones especiales. También en la venta o plusvalía de cesiones adquiridas por aprovechamiento urbano y del uso y abuso del convenio urbanístico. A pesar de todo lo expuesto, éstas se muestran a día de hoy del todo insolventes para saciar las arcas municipales.
Lo importante es que el modelo territorial y urbanístico elegido por los ayuntamientos importa, y mucho. Mientras esto ocurre, nuestro capital territorial es borrado del mapa, y llegan las sorpresas al comprobar las cuentas de lo que a uno le entra por ladrillo y se acaba gastando por habitante.
*Colegio de Geógrafos de la Comunitat Valenciana.
* Levante-EMV - 23 de agosto de 2007
