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LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : Dos denuncias sobre edificios en la zona urbana de Mugardos y una urbanización de chalés en la parroquia rural de Franza fueron el arranque de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción urbanística de Mugardos. El fiscal especializado en delitos urbanísticos Antonio Roma tuvo sobre su mesa el pasado mayo el caso del edificio de la calle María que ocupaba tres solares cuando para el casco histórico se permite solo la unión de dos. También el proyecto de la calle Peteiro, que invadía suelo público, y que requirió para su regularización una reforma del Plan Xeral.
Según los ediles Pilar Díaz Otero (EU) y Juan Fernández (PSOE), la arquitecta Julia Cortizas, entonces asesora municipal, habría informado favorablemente el primer caso y fue también la técnica privada del segundo. Después, tendría participación en el proceso para su legalización cuando estuvo contratada por el Ayuntamiento.
El caso del proyecto para levantar 21 chalés en Franza llegó al Concello de Mugardos cuando la arquitecta realizaba funciones de asesoramiento. Según estos ediles, no se podía aprobar porque se trata de suelo de núcleo rural. Pues bien, a finales de julio del 2006, ella dejó su puesto en la Administración municipal y fue entonces cuando la alcaldía encargó a Xcale, la oficina de arquitectura privada creada por la técnica y su hermano, el estudio de reforma del planeamiento para que pudiesen segregarse parcelas y autorizar así la urbanización. La Xunta anularía entonces este dictamen, que serviría para dar cobertura a la posterior licencia municipal, que también quedó en cuestión. El fiscal Roma presentó una querella criminal en los juzgados de Ferrol.
Escuchas
La investigación del fiscal y la unidad especializada de la Guardia Civil no escatimó medios como escuchas y otros procedimientos supervisados por la autoridad judicial.
La pesquisa indagó también sobre las actuaciones de la entidad Cortizas Inversiones, cuyo administrador es Pedro Cortizas, el hermano de la arquitecta imputada.
En la sociedad tienen participación la esposa del policía local Ovidio Torrente, tercer detenido junto a los dos hermanos. La aparejadora Carmen Piñeiro habría actuado desde su puesto de técnica municipal en apoyo de la trama que conseguía así derivar proyectos al estudio Xcale o participar en el negocio urbanístico local, bien con iniciativas propias o de terceros.
Ya declararon
La Guardia Civil imputa de delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, además de a los cuatro arrestados, a tres personas más. Estas son otra arquitecta y dos promotores inmobiliarios. «Y no se descartan nuevas imputaciones o detenciones», indicaron ayer fuentes de la investigación. Los detenidos pasan esta mañana a disposición judicial.
* La Voz de Galicia - F. Varela / L. A. Núñez - 5/12/2007
Foto: El caso de la urbanización de chalés en San Vitorio, en Franza, fue uno de los denunciados - lavozdegalicia.es
Un grupo de 21 chalés en una zona rural destapó la trama de Mugardos
El Ayuntamiento de Marbella acumula 1.400 causas judiciales
ELPAÍS* : Es raro el día en que los funcionarios del Ayuntamiento de Marbella no acuden a un juzgado para prestar testimonio en alguna causa judicial encaminada a reclamar dinero o bienes municipales escamoteados por el descontrol de la época del Grupo Independiente Liberal (GIL). El consistorio marbellí está inmerso en cerca de 1.400 procedimientos judiciales entre contenciosos civiles (300), administrativos (800) y penales (300).
Esta cifra, calculada a la baja por el equipo de gobierno local, está condenada a incrementarse, principalmente por dos factores. El primero son las llamadas piezas separadas, es decir los procedimientos nuevos que se derivan de testimonios prestados en causas anteriores. La segunda fuente de litigios será, previsiblemente, el Plan General de Ordenación Urbana, que en su fase previa ha acumulado más de 9.000 alegaciones de orden administrativo.
A comienzos de año, el Consistorio sacará a concurso sus servicios jurídicos con un presupuesto que rondará los 400.000 euros. "Marbella no tiene un Consistorio al uso, con una litigiosidad baja, estamos garantizando un volumen de trabajo muy importante", explica el portavoz del equipo de gobierno Félix Romero (PP). En otros ayuntamientos de la Costa del Sol en los que se registra una actividad judicial media alta, como el caso de Estepona, se acumulan alrededor de 700 procedimientos. Otros, más tranquilos, como Benalmádena, suman un centenar de causas.
Ayer por la mañana varios funcionarios de Marbella prestaron testimonio en los juzgados de Marbella por dos procedimientos derivados de los alcances contables del Tribunal de Cuentas. En el juzgado de instrucción número 4 se dirimía la aceptación por parte del Consistorio de 3,6 millones en facturas de la empresa Fergocom, propiedad de la familia del abogado José María del Nido, ex asesor jurídico del Consistorio marbellí. En el juzgado número 1, se investigaba la enajenación de tres parcelas municipales en favor de la empresa Benamaina, cuyo administrador, Javier Arteche, se considera socio de Juan Antonio Roca, principal imputado en el caso Malaya. Tanto Roca como Julián Muñoz, alcalde accidental de Marbella cuando se produjo la adjudicación, están imputados en el procedimiento.
"El Ayuntamiento lo que quiere es recuperar su dinero", mantiene Romero. "En el caso de Fergocom se aceptaron facturas sobre las que no ha sido posible obtener ninguna información y con las parcelas de Benamaina el perjuicio del Ayuntamiento es de casi un millón de euros", añade.
La constante atención a estas causas, en las que se trata de enmendar los descuidos de anteriores corporaciones y recuperar fondos, mantiene ocupados a los nueve integrantes de su gabinete jurídico. Ellos siguen cada uno de los casos, vigilan que no se pasen los plazos y tratan de forma diaria con los dos despachos de abogados que trabajan de forma externa para el Consistorio.
La magnitud de las causas es casi inabarcable. Entre las más recientes está la apertura de 200 expedientes de recuperación de oficio de propiedades municipales no registradas o en manos de particulares sin contrato de cesión alguno. La mayoría son naves industriales, aunque también hay parcelas, viviendas o edificios no registrados. El usuario de una de ellas ha reaccionado interponiendo una querella contra la alcaldesa Ángeles Muñoz y Romero por tratar de desalojarle de una finca que le adjudicó Jesús Gil de forma irregular en 1994.
"El devenir de los procedimientos genera otros nuevos. Conforme se vaya sabiendo la verdad, tendremos más procedimientos por delante", vaticina Romero. "Todos los municipios tienen un aumento de litigiosidad porque siempre hay personas insatisfechas, pero en Marbella posiblemente esa dificultad sea un poco más elevada".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 05/12/2007
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
El concejal de Urbanismo de Lugo da un «pelotazo» con el Plan General
ABC* : «Un buen político debe tener capacidad de hacer, en algunos casos tener paciencia para no hacer y en otros la habilidad de deshacer». Así hablaba en la última campaña electoral de las municipales el actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo y número 3 del PSOE en la ciudad. Francisco Fernández Liñares ha tenido la capacidad de esperar cuatro años para que una finca que compró por 30.000 euros y otra adyacente fueran recalificadas por el Plan General de Ordenación -actualmente en tramitación- hasta catalogarlas como urbanas consolidadas, permitiendo un incremento en su valor cercano al millón de euros.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento lucense -gobernado por el barón socialista José López Orozco- adquirió a los herederos de José López López en septiembre de 2003 una finca rústica de 749 metros cuadrados por 30.000 euros junto a la carretera antigua de Santiago, en la zona conocida como Agro do Ponte. Junto a ésta, Fernández Liñares poseía previamente otra, de dimensiones similares.
Por aquel entonces, Fernández Liñares ya formaba parte de la Corporación municipal como concejal de Economía, y el Plan General de Ordenación se encontraba en plena redacción, de la que fue parte activa. Su aprobación inicial se realizaba en diciembre de 2005 por el Ayuntamiento, y un mes más tarde por la Xunta -ambas gobernadas por el PSOE-, y ya entonces las dos fincas de Liñares pasaban de suelo rústico no urbanizable a urbano consolidado.
Recalificación criticada
Dicha aprobación se hizo, no obstante, contrariamente al informe elaborado por la propia Xunta con fecha de 16 de abril de ese mismo año, donde se indica que los terrenos «situados al sur y suroeste del colegio de A Ponte» -los de las fincas de Liñares- «no se encuentra suficientemente justificada su clasificación como suelo urbano».
Este cambio en la catalogación del suelo de las fincas -en un barrio que se revalorizará en el futuro con la construcción de un nuevo puente sobre el río Miño ya proyectado por el Ministerio de Fomento- permitía al entonces responsable de Economía la construcción de viviendas unifamiliares pareadas.
Además, el Plan General contemplaba la ampliación de la calle en la que se ubican las fincas de Liñares, pero no en el conjunto del vial, sino apenas los metros que afectan a los terrenos del concejal.
Tras las pasadas elecciones municipales, Fernández Liñares pasó a ser concejal de Urbanismo, y ha propuesto una nueva modificación que afecta a sus parcelas para que se permita la construcción de edificación cerrada y no sólo casas unifamiliares como se preveía inicialmente, de modo que podrían construirse bloques de pisos de hasta tres plantas, alcanzando las 40 viviendas, según estimaciones realizadas para ABC por expertos en urbanismo. El precio del terreno podría superar en la actualidad el millón de euros.
Ocultación
Según los representantes de la oposición municipal -PP y BNG- participantes en la comisión de seguimiento del Plan General, Francisco Fernández Liñares no les comunicó en ningún momento la existencia de intereses personales en la recalificación urbanística de esta zona. El propio Fernández Liñares ha reconocido la propiedad de las fincas y se ha limitado a asegurar que no busca lucrarse. «No tengo nada que ocultar», propugna.
* ABC - JOSE LUIS JIMÉNEZ - 3 de diciembre de 2007
Foto: Lugo, plan general - abc.es
200 penalistas exigen demoliciones y penas más duras contra la corrupción
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ELPAÍS* : El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los jueces son ineficaces para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística. Con esa tesis, el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las Administraciones actúen con mano dura. Ese foro propone medidas ejemplarizantes como la demolición de edificios ilegales y el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con el fenómeno. Al Gobierno le pide que "no vacile" a la hora de disolver ayuntamientos manifiestamente implicados.
El documento recorre las distintas instituciones competentes para atajar el fenómeno proponiendo a cada una serie de medidas. Además de la disolución de ayuntamientos corruptos, al Estado le sugiere que refuerce la independencia y autoridad de los órganos técnicos de los ayuntamientos (secretarios, interventores y tesoreros) cuyas facultades se han recortado, así como un mayor control de los notarios y registradores de la propiedad, que a veces, según el documento, actúan con "connivencia, complacencia, negligencia u omisión" en estos casos.
Las autonomías, según el manifiesto, deben acotar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos con la aprobación de planes que engloben a varios municipios, estableciendo "límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones de suelo" y obligando a que los planes municipales se basen en "necesidades reales, y no especulativas" de crecimiento de la población. Las comunidades deben controlar especialmente los convenios entre municipios y particulares que, en muchos casos, condicionan construcciones a la recalificación de suelo.
El informe señala como principales responsables del fenómeno a los ayuntamientos. Considera "mera arbitrariedad" su resistencia a los controles de otras Administraciones amparándose en la autonomía local y les pide que ejerzan "sus competencias disciplinarias", en muchos casos abandonadas por impopulares o por el miedo al castigo electoral.
Los jueces de lo Contencioso-Administrativo tienen que dar preferencia a los casos más trascendentes con el fin de restaurar "la situación original dañada" aunque para ello sea necesario llegar a la demolición, que debe ser obligatoria en caso de que se haya cometido un delito. El manifiesto propone que el Código Penal considere prevaricación el informe o voto favorable de cargos públicos a planes manifiestamente ilegales, así como la elevación de las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio.
Para prevenir el blanqueo de dinero, muy ligado al urbanismo, defienden que los políticos y funcionarios también estén obligados por ley a informar de operaciones sospechosas.
Propuestas para sanear el urbanismo
- Demolición obligatoria de construcciones ilegales en caso de delito para "restaurar la situación inicial dañada".
- Disolución "sin vacilar" de ayuntamientos corruptos.
- Controles para evitar la "connivencia, complacencia o negligencia" de notarios y registradores de la propiedad.
- Preferencia en los juzgados para los procesos urbanísticos más trascendentes.
- Castigar como prevaricación el voto o informe favorable a planes manifiestamente ilegales.
- Elevación de las penas para los delitos urbanísticos.
* ELPAIS.com - MANUEL ALTOZANO - Madrid - 05/12/2007
Foto: Hotel construido en el paraje de El Algarrobico (Almería)- J.ROJAS (El País)
La lucha por la vivienda digna y el tinglado inmobiliario
LUIS ZARAPUZ* : La vivienda, una necesidad humana y social básica, imprescindible para poder desarrollar el proyecto vital de cada persona, es inaccesible en este país. Y no es porque falten viviendas, de hecho hay varios millones vacías y otros tantos millones de segundas residencias. Sobran viviendas para especular y faltan para vivir, lo que provoca que existan millones de casas sin gente y millones de personas sin casa. Hay casa para el que pueda pagar lo que el mercado pida por ella. El mercado como mecanismo de resolución de las necesidades excluye a la población no rentable del acceso a la vivienda y aquellos que acceden deben soportar un sobre endeudamiento hipotecario masivo y a muy largo plazo. No se hipotecan viviendas: se están hipotecando vidas. La vivienda y el urbanismo se han convertido en un gran negocio, el más lucrativo de todos, y ha dejado de ser un derecho (si alguna vez lo fue).
Y esto es posible por la existencia de un tinglado urbanístico que controla la situación, asentado en la asunción por la sociedad del llamado capitalismo popular del ladrillo.
La política pública de vivienda
El objetivo del Gobierno del PSOE es resolver mediáticamente el problema de la vivienda. Es decir, hacer creer a la mayoría de la población, y especialmente a los jóvenes, que están trabajando mucho y bien sobre la vivienda, sortear unas cuantas VPO y repartir unas cuantas ayudas, pero sin cuestionar el modelo de urbanismo, de sociedad y de sistema económico que ha provocado que el acceso a la vivienda sea un negocio a costa de un derecho.
A lo largo de la actual legislatura (2004-2008) el Gobierno ha ido jalonando su quehacer en política de vivienda de gestos mediáticos, con una limitada repercusión real sobre las consecuencias del problema de la vivienda y ninguna sobre sus verdaderas causas. Gestos como la propia creación del Ministerio de la Vivienda -con un presupuesto insuficiente y sin capacidad ni autonomía para legislar decididamente en las pocas materias sobre las que el gobierno central mantiene competencias-, el inmediato Plan de Choque (2004) -del que nunca más se supo-, la fallida y no dotada Sociedad Pública de Alquiler, el Plan de Vivienda (2005-2008) -continuista de los de anteriores gobiernos, aunque con más asignación de fondos-, la nueva Ley del Suelo (2007) -que retoma postulados de leyes del suelo anteriores a la del PP, y que en el pasado tampoco evitaron la especulación-. Tradicionalmente en España el gasto de la política pública de vivienda ha ido destinada a sostener la actividad del sector de la construcción subvencionando la edificación y compraventa de viviendas, y este gasto se ha canalizado principalmente a través de las injustas e ineficientes desgravaciones fiscales por compra de vivienda en el IRPF, que terminan en el bolsillo del promotor/vendedor.
El último ejemplo de esta política espectáculo es el Plan de Apoyo a la Emancipación de los Jóvenes e Impulso al Alquiler (a partir de enero de 2008). Este plan reúne un conjunto de ayudas y deducciones destinadas a sufragar parte del gasto en alquiler. Estas ayudas se limitan a responder a las consecuencias de un fenómeno (la carestía de la vivienda, en este caso de alquiler) y no a las causas que lo generan (la vivienda como negocio), por lo que no serán más que medidas paliativas, que en el mejor de los casos rebajarán algo la cuantía del alquiler pagado por el inquilino (pero no la cuantía cobrada por el propietario arrendador) a costa del presupuesto público. Puede que ni siquiera rebajen el alquiler a pagar o, incluso, lo aumenten: es bastante probable que, dada la situación actual del mercado del alquiler, los propietarios se apropien de las ayudas subiendo los precios de los alquileres, sabedores de la mayor capacidad de pago y solvencia que proporcionan las ayudas a los inquilinos. Al final, con el dinero de todos estaremos transfiriendo más dinero a los que más tienen -los propietarios- y ni siquiera se estará mejorando el acceso a la vivienda en alquiler o aumentando el número de las mismas.
La Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna en Madrid (y el conjunto de las Asambleas VdeVivienda a nivel estatal) ha rechazado de plano esta política de parches, cheques y demás limosnas que no contribuyen a acabar con el problema, sino que lo convierten en crónico. Las diferentes Asambleas VdeVivienda nos hemos opuesto a este último paquete de ayudas al alquiler con argumentos y en la calle, con la movilización, como dejamos claro en el grito por la vivienda digna que el pasado 6 de octubre movilizó a varios miles de personas en las principales ciudades de España. La Asamblea en Madrid realizó en esta ocasión un esfuerzo mayor por presentar y difundir sus propuestas alternativas para solucionar el problema de la vivienda. El Gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda, dijo entonces haber entendido el mensaje y asumieron el lenguaje y los principales conceptos defendidos por las Asambleas: parque público de alquiler, actuar sobre las viviendas vacías,... palabras huecas para el Ministerio que, apropiándose del discurso de las Asambleas, a continuación lo reconducía hacia las propuestas y medidas ya aprobadas por dicho Ministerio. Es decir, más de lo mismo.
Unas Administraciones Públicas que estuvieran realmente al servicio de las personas deberían desmontar el tinglado urbanístico para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna a un coste asequible. Ni quieren ni pueden: las propias Administraciones -y quienes las controlan- son parte del tinglado, son parte del oligopolio del ladrillo y de los intereses económicos que gobiernan la sociedad.
El tinglado urbanístico y el capitalismo popular del ladrillo
El tinglado urbanístico español es un oligopolio formado por un conjunto reducido de agentes e instituciones que mantienen un consenso básico de intereses y actuación para posibilitar el impresionante negocio que se mueve alrededor del urbanismo, la vivienda y el suelo. Todos los componentes de este tinglado se lucran económicamente de su funcionamiento, por lo que carecen de incentivos para modificarlos, por mucho que públicamente manifiesten lo contrario.
Este oligopolio del ladrillo está conformado por las entidades financieras (bancos y cajas), los grandes propietarios del suelo, las promotoras inmobiliarias, las empresas constructoras y las Administraciones Públicas (local, autonómica, central). Este oligopolio controla todo el proceso inmobiliario desde la recalificación del suelo hasta la entrega de llaves, la fijación del precio de la vivienda, la financiación de su adquisición, el qué, cómo, dónde, cuándo, por quién se construye y edifica. Todo.
El tinglado urbanístico ha logrado en la última década el mayor proceso de transferencia de rentas de la historia de este país, redistribuyéndola desde la mayoría de la población hacia esa minoría que se ha lucrado. Las ganancias salariales más allá del nivel de subsistencia arrancadas con no poco esfuerzo a empresarios y capitalistas son recuperados fácilmente por éstos mediante el encarecimiento de la vivienda y el endeudamiento masivo de la población. Para que esta inmensa extracción de rentas de las clases trabajadoras se potencie y perdure en el tiempo, este oligopolio se ha garantizado el apoyo cómplice de la mayoría de la sociedad, haciéndoles creer que ellos también podrían lucrarse y participar del reparto de la tarta: es el capitalismo popular del ladrillo, la sublimación del darwinismo social, del egoísmo más individualista, del pelotazo y del dinero fácil, sin escrúpulos, sin preguntas: incautos que sostengan este timo piramidal por el que nos esclavizan de por vida, iluminados por el milagro de la multiplicación de los euros y los ladrillos. Y lo han conseguido: casi toda la población percibe la vivienda como un bien de inversión, una oportunidad de negocio con la que todos nos comportamos como míseros especuladores a pequeña escala y echamos las cuentas de la lechera acerca de la revalorización de la vivienda.
Este gusto de los españoles por la propiedad de la vivienda no es genético. Responde a los intereses del tinglado urbanístico y del Estado, que durante décadas han fomentado la cultura de la propiedad (ya lo pusieron en práctica los falangistas mediante la obra social de la vivienda durante el franquismo) para anclar a la población a la estabilidad y buena marcha del sistema y de su propiedad más preciada, atemperando su compromiso y voluntad de transformación social. Desde hace años se viene apoyando social y económicamente la compra y propiedad privada de la vivienda y difundiendo su atractivo como bien de ocio e inversión (la vivienda nunca baja, la vivienda es su mejor inversión, un seguro para la vejez, disfrute de su apartamento en la playa) y el descrédito de otras opciones (alquilar es tirar el dinero, la gente no quiere pisos en alquiler). Además de la inoculación de las ventajas de la propiedad, esta preferencia se asienta igualmente en realidades materiales que fomentan la opción de la vivienda en propiedad. La debilidad del estado de bienestar y de los mecanismos colectivos de protección social refuerzan la importancia de la posesión de una vivienda como garante último de nuestra seguridad y bienestar individual. Las políticas públicas y los incentivos fiscales han subsidiado tradicionalmente la compra de vivienda, mientras que el alquiler, maltratado, presentaba una escasa y mal conservada oferta de viviendas, insuficiente para la demanda de las mismas, lo que ante el total abandono del alquiler por la iniciativa pública provocaba unos precios de los alquileres muy elevados y nada atractivos en relación a la cuota a pagar por una hipoteca.
Las distintas Administraciones Públicas están implicadas a fondo en este tinglado. Por decirlo claramente, sin su participación cómplice no hubiera sido posible el saqueo colectivo al que nos estamos viendo sometidos. Las Administraciones puestas al servicio de la especulación inmobiliaria, lucrándose de ella, recurriendo a la corrupción política para engrasar y maximizar los beneficios inmobiliarios, todo esto consentido por una población acrítica e individualizada que prefiere mirar para otro lado o lucrarse ellos también en la medida de sus posibilidades.
El posicionamiento de la Asamblea
Esa realidad, el secuestro de esta sociedad democrática capitalista a manos del oligopolio del ladrillo, es lo que decidido enfrentar la Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna de Madrid, tal vez ni siquiera sin ser del todo consciente de este posicionamiento. Desde que la Asamblea se ha posicionado contra las causas de la especulación inmobiliaria y no sólo contra las consecuencias más sangrantes, como hacen otros que se dicen defensores de la vivienda digna, no tiene otro camino que denunciar y combatir a fondo el tinglado urbanístico -denunciando públicamente sus medios y fines- y la claudicación ante los intereses del ladrillo de los instrumentos políticos de representación existentes, difundiendo al mismo tiempo las propuestas alternativas que contribuyan a garantizar el acceso real y asequible a una vivienda digna y en su medida, a la transformación solidaria de esta sociedad.
Se avecinan hasta las elecciones generales un periodo de subasta electoral, en el que los diferentes partidos políticos intentarán ofrecernos su mejor mercancía. En materia de vivienda, la subasta electoral del partido en el gobierno va a durar toda la legislatura. Y el resto de los partidos también están presentando sus propias tómbolas de la vivienda. Antes de las elecciones generales volveremos a movilizarnos por el derecho a una vida digna. Y después, gane quien gane, también. Da igual quien gane, el consenso básico en torno al tinglado urbanístico se mantendrá si no lo hacemos caer, hay mucho dinero en juego. Y no tenemos nada que perder, salvo las cadenas que nos atarán durante años a la precariedad y la hipoteca si no transformamos radicalmente la realidad.
La Asamblea en Madrid ha apostado en sus análisis2 y en su reivindicación por soluciones radicales, aunque se planteen y apliquen gradualmente. No nos valen apaños. Hay que sacar la vivienda del mercado. Porque los derechos ni se compran ni se mendigan: son o no son. Para ello serán necesarios cambios ideológicos y de mentalidad social, que desmonten los mitos de la propiedad y articular cambios materiales que efectivamente despojen a la vivienda de su atractivo como inversión, y recupere su valor como bien de uso, garantizado a toda la población.
A pesar de la ofensiva mediática del Gobierno vendiendo las excelencias de su política de vivienda, que según ellos nos permitirá acceder al paraíso de la vivienda en propiedad y como mal menor a una ayudita al pago del alquiler, la realidad real (no la publicada) dice que la vivienda sigue por las nubes y los derechos siguen por los suelos. Y la Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna (VdeVivienda de Madrid), al igual que el resto de asambleas, seguimos en la lucha, y en la calle. Para que todo cambie. Para que nada siga igual. No hay otra opción.
Artículo incluido en el número 17 de la revista Rescoldos, correspondiente al segundo semestre de 2007
* Luis Zarapuz es economista, miembro del Caum y de VdeVivienda de Madrid
* Rebelión - 05-12-2007
Madrid: Por un urbanismo decidido por todas y todos
V de Vivienda* (la Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna) de Leganés (Madrid) iniciará desde primeros del próximo año una campaña de explicación y recogida de firmas entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo para exigir al Ayuntamiento que el próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sea discutido en asambleas populares en los diferentes barrios y aprobado finalmente en referéndum.
El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento fundamental por el que se estructura y organiza una ciudad, y su discusión y aprobación constituyen los actos más importantes de la política municipal. Afecta de forma directa y profunda a la vida de los vecinos, en la medida que determina dónde se urbaniza y de qué modo, la ordenación de los barrios, los espacios verdes, los lugares públicos de encuentro y convivencia, el sector industrial y el empleo o el comercio, entre otras áreas. Y desde luego es una pieza esencial en el logro del derecho a una vivienda digna para toda la ciudadanía.
Desde finales de la anterior legislatura, se viene hablando en diferentes medios de la necesidad de empezar la discusión y elaboración de un nuevo PGOU. Algunas de las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones municipales hicieron depender de ello sus propuestas en materia de vivienda. En cualquier caso, al menos durante 2008 debería acometerse la revisión del Plan, según la normativa urbanística.
V de Vivienda considera que la más profunda democracia participativa es la mejor garantía de que el PGOU no se convierta en terreno de disputas mezquinas que amparen intereses especulativos de unos y otros. Leganés es de todas y todos sus ciudadanos, y todos deben discutir en profundidad su futuro. Ello se asegura de manera práctica haciendo que sea el conjunto de la ciudadanía quien tenga la capacidad de iniciativa, debate y decisión final sobre el Plan General.
V de Vivienda entiende que los argumentos habituales para oponerse a la más profunda participación ciudadana carecen de fundamento.
No se pretende suplantar la representatividad democrática del pleno del Ayuntamiento y el gobierno municipal. Se quiere aumentar la democracia, convertirla en verdadera democracia popular, no hacerla disminuir. Y no existe ningún impedimento legal para que el Ayuntamiento se comprometa a aceptar y aprobar con el procedimiento correspondiente el modelo de ciudad que nazca de la discusión ciudadana. Lo cual es compatible con el mantenimiento de los correspondientes debates municipales y la capacidad de propuesta de la propia Corporación.
La objeción corriente según la cual el urbanismo es una materia ardua y difícil de comprender por el ciudadano medio por la multitud de tecnicismos en que se basa puede salvarse con una adecuada asistencia de técnicos municipales a las asambleas de barrios en que se organice el debate. Los ciudadanos saben perfectamente en qué ciudad quieren vivir. La plasmación en el PGOU es un problema de procedimiento fácilmente resoluble.
Finalmente, la experiencia ha demostrado hasta la saciedad en nuestro país que dejar la elaboración del urbanismo de nuestras ciudades en exclusiva a los representantes institucionales no garantiza en absoluto que no se vaya a ceder a los intereses privados de los grandes grupos inmobiliarios, en contra del interés general, que es el que siempre se dice defender. La corrupción tiene su mejor caldo de cultivo en la reducción de la democracia, la opacidad y la pasividad de la ciudadanía.
Por todo ello, el próximo año V de Vivienda se movilizará y llamará a los ciudadanos y ciudadanas a que exijan sus derechos básicos de participación y decisión sobre su futuro, con todas las consecuencias.
* V de Vivienda Leganés
asamblealeganes@gmail.com
* Kaos en la Red - V de Vivienda Leganés - 04.12.2007
Foto: V de Vivienda Leganés en el desfile de carnaval 2007
De Totana a Oropesa, o viceversa
VICENTE LAFORA* : El caso "Totana" no es una gota aislada entre urbanismo y cargos públicos del Partido Popular a lo largo y ancho del litoral mediterráneo. Lejos de ser un caso aislado, constituye un hecho más, eso sí, que da forma a la amplia mancha que conforman los presuntos casos de corrupción urbanística que se extienden a lo largo del litoral meditarráneo, desde Murcia a la Comunidad Valenciana. Como digo, el caso del municipio de Totana no es la única irregularidad que se ha levantado en la región vecina. Por los pasillos de los juzgados murcianos ya han desfilado, como si se tratara de una pasarela de moda, altos cargos del PP.
De hecho, al archiconocido alcalde de Totana, hay que sumar la presencia en dependencias judiciales del alcalde de San Javier, también del PP, del ex director de Medio Natural del gobierno regional, la concejala de Vivienda del Ayuntamiento (PP), María José Velasco, a la que se le acusa de prevaricación en la adjudicación del parking de la Libertad.
En ese desfile por los juzgados también ha estado presente el alcalde de Águilas, Juan Ramírez (PP), por aprobar la recalificación de 4.000 viviendas en el paraje protegido por Europa de La Zerrichera, y el director general de Medio Natural, Antonio Alvarado (PP), quien, al parecer, aprobó La Zerrichera en 24 horas. Pero los escándalos no se han quedado ahí, al parecer también el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya también se ha sumado a esa pasarela judicial al acusársele de ofrecer dinero a un concejal independiente a cambio de su apoyo.
Este rosario de presuntos casos de corrupción que afectan al PP de Murcia se han extendido también a la Comunidad Valenciana. Se desconoce si la corrienmte es de Norte a Sur o viceversa, pero el caso es que se extiende hasta Castellón, concretamente hasta Oropesa.
Como adelantamos en lavozdigital.net, el ayuntamiento de Oropesa (Castellón), gobernado por el PPCV, están siendo investigado por presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. El pasado viernes declaró ante el juez del juzgado de instrucción número 2 de Castellón, el concejal de urbanismo, Tomás Fabregat Benages y dos concejales más. Es más, la práctica totalidad del equipo de gobierno anterior del ayuntamiento de Oropesa está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación.
El alcalde de Oropesa, Rafael Albert Roca, el concejal de urbanismo, Tomás Fabregat Benages, los concejales Juan Manuel Millaresa, Jorge Garrido Andreu, Mª Consuelo Mallach Navarro, Jose Manuel Ribes, la secretaria accidental del ayuntamiento Cristina Agustí y el arquitecto Carlos Garrido están imputados por el juzgado de instrucción número 2 de Castellón por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
A este caso hay que sumar el archiconocido caso del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y el del vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez.
Si volvemos la mirada hacia el Sur del litoral mediterráneo, pero sin abadonar la costa de la Comunidad Valenciana, vemos que el desfile de cargos del PP valenciano imputados es, cuanto menos, colorido. El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, el alcalde Torrevieja, Pedro Hernández, el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, el caso Calpe, de Xixona...
A esta larga lista, hay que añadir ahora la investigación de la Comisión Europea a la CAM y Caja Murcia, tras una denuncia presentada en Bruselas, sobre la posible vinculación entre las cajas de ahorros, urbanismo y dirigentes políticos. Con este último episodio, tenemos todo un mosaico de casos entre la Comunidad Valenciana y Murcia, ambas gobernadas por el Partido Popular.
Y en Génova, ¿qué hacen Rajoy y Acebes al margen de españolear con OPAS, con Estatutos, con la Monarquía, con Trasvases cuando y donde les conviene, con Banderas, con Lenguas, con Magistrados, con Marruecos...? Quizás, digo yo, observar como desde Totana a Oropesa el PP construye un puzzle que da vida a un litoral marcado por presuntos casos de corrupción, y en el que todas las piezas juntas dibujan el mapa sombrío de la España popular mediterránea.
* La Voz Digital - Editorial - 04.12.2007
