SOITU/Salamanca* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo pone de manifiesto que las relaciones con la Administración son poco fluidas en Castilla y León, al tiempo que destaca la escasez de medios que sufre esta entidad, según se revela en su memoria de 2008 a la que ha tenido acceso Efe. Aunque no hace un análisis regional, las conclusiones que llegan en el ámbito local son poco halagüeñas, según se refleja en las memorias de los fiscales de cada provincia.
Así, el caso más llamativo es el de León, cuya Fiscalía "sigue poniendo de manifiesto" que las relaciones con las administraciones, tanto locales como regionales "son muy poco fluidas".
Incluso llega a acusar a la Administración de ser, en muchos casos, "la razón del retraso en la finalización de las distintas diligencias de investigación que se abren en Fiscalía".
En esta línea, el Ministerio Público de León añade que cuando se pide a la Administración un informe determinado de alguna materia que pueda ser "incómoda" la contestación "suele tardar meses".
Las críticas se dirigen a la Junta de Castilla y León cuando afirma que "es habitual el enfrentarse al 'venga usted mañana' y mientras tanto el tiempo van pasando y las actividades, en ocasiones fuera de la legalidad, van continuando".
Respecto a las relaciones de la Fiscalía de León con los ayuntamientos, tampoco son fructíferas, ya que según se revela en la memoria de 2008 pueden contestar "que una determinada explotación ilegal está dando riqueza al municipio y que debe continuar", lo que lleva a pensar al Ministerio Público que son un "ente bastante molesto y perturbador para la Administración".
Otras fiscalías son también beligerantes por lo que se refiere a las relaciones con ayuntamientos y comunidad autónoma.
Así, la Fiscalía de Ávila dice que "en algunos asuntos, en los que aparecen implicados miembros de la Administración, la información llega tarde, cuando llega"; la de Burgos se refiere a una mejora en las relaciones, aunque señala que antes era "escasa"; o la de Valladolid, que apunta que las relaciones con las autoridades locales "brillan por su ausencia".
La Fiscalía de Salamanca habla de "relaciones correctas" con la Administración a todos los niveles, si bien dice que con las autoridades locales son "más complicadas", por lo que se propone "mantener relaciones personales con los responsables municipales" en materias medioambientales.
Frente a estas deficiencias en las relaciones con las administraciones, las Fiscalías de Castilla y León, como las del resto de España, han destacado la cordialidad existente entre ellas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, de forma más concreta, alaban la labor del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
La Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que coordina el fiscal Antonio Vercher, revela una importante escasez de medios materiales y humanos en las distintas fiscalías de Castilla y León.
La de Burgos, Zamora o Valladolid han reclamado un sistema informático que "obligara al registro correcto de todos los asuntos de la sección" y, además, un programa de ordenador que facilite el "acceso a los datos registrados en los diferentes juzgados".
La falta de medios técnicos es destacada en Palencia, donde no se utiliza ninguna aplicación informática en la especialidad de Medio Ambiente, mientras que la Fiscalía de Salamanca desvela la existencia de "pocos" fiscales y funcionarios y la de León, que incluso "carece de un funcionario que realice las labores burocráticas.
La Fiscalía de Ávila es especialmente crítica al señalar que "la falta de medios no se puede suplir a base de entusiasmo e interés por esta materia tan exigente".
En números, las fiscalías de Castilla y León iniciaron 36 diligencias de investigación relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo; 15 por Medio Ambiente; otras 15 investigaciones relacionadas con la flora y la fauna de la región; 12 por incendios forestales y otras dos por cuestiones relacionas con el patrimonio histórico.
En total, el pasado año se firmaron cuatro sentencias condenatorias por incendios forestales; otras dos por medio ambiente y flora y fauna y una por malos tratos a animales domésticos.
* SITU - EFE - 16.05.09
Las fiscalías tienen relaciones poco fluidas con la Administración
Un abrazo ecológico contra el hotel en Jesuitas
ELPAÍS/Valencia* : Alrededor de 500 personas de todas las edades respondieron ayer al llamamiento de Salvem El Botànic para protestar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia contra la edificación de un hotel de 11 plantas en el solar de Jesuitas y reivindicar que el terreno sea zona verde.
Vestidos con monos y flores verdes de papel en la cabeza, los participantes formaron una cadena humana alrededor del Consistorio para pedirle a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, que mantenga su postura contraria a un establecimiento hotelero y luche por la permuta del solar con la cadena Expohotel, aunque ésta ha rechazado esa opción durante los 15 años que dura ya el conflicto en torno a sus derechos de construcción. "No queremos ningún edificio, ya que El Botànic es un lugar emblemático e irrepetible de Valencia", afirmó Pascual Requena, de Salvem El Botànic. Además, y mientras la mayoría de los asistentes daban la vuelta a la plaza, otros se acostaron en el suelo formando las letras del lema No al hotel + Jardí (en la imagen). "Llevamos muchos años peleando para que no destruyan una de las mejores zonas verdes de la ciudad y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos", aseguró otra de las participantes.
* ELPAIS.com - 16.05.09
Foto: UN ABRAZO ECOLÓGICO CONTRA EL HOTEL EN JESUITAS- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
El fiscal pide el derribo parcial de ocho hoteles en Almuñécar
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LAOPINIÓN/Granada* : Los excesos de edificación materializados por algunos hoteles de Almuñécar gracias a la intervención del alcalde Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza) y su equipo urbanístico pueden acabar en la escombrera. El fiscal acaba de solicitar el "restablecimiento de la legalidad urbanística" en varios establecimientos del municipio donde se han edificado cerca de 90.000 metros cuadrados al margen de la ley.
El Ministerio Público pide concretamente la "demolición de lo indebidamente construido" gracias a catorce modificaciones puntuales del PGOU aprobadas por el consistorio, según consta en el escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar. Estas modificaciones afectan, al menos, a ocho establecimientos hoteleros, según han informado a este periódico fuentes del sector. Se trata del Bahía de Almuñécar, la ampliación del hotel Carmen, San Carlos, el recién inaugurado Playa de Cotobro, Best Alcázar, Bahía Tropical y otros que aún no se han materializado, entre ellos El Fuerte (sin construir) o el Gran Cortijo de Andalucía (paralizado desde hace más de dos años). El fiscal solicita la demolición de los incrementos de ocupación logrados por los hoteles gracias a las modificaciones del PGOU.
El juez Raúl Muñoz investiga los numerosos cambios de uso aprobados por el Ayuntamiento de Almuñécar, con Benavides al frente, que han "favorecido" la construcción en la localidad de diversos hoteles. El fiscal acusa al alcalde por estos hechos de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Solicita por ellos la inhabilitación especial durante 18 años, más otro de prisión. La misma pena reclama para Gerardo García Guillén, jefe de la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar.
En el proceso hay otros dos imputados que también han sido acusados por el fiscal, pero sólo por el delito de prevaricación.
Se trata del ex secretario municipal, Luis Oliveros Rodríguez-Varo, y el arquitecto del Consistorio sexitano, José Luis Rodríguez Passolas. Ambos se enfrentan a una petición de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación.
Un grupo bien definido. Los cuatro han dominado durante años el urbanismo municipal. Liderado por el alcalde, en el ´equipo´ figuraban el arquitecto jefe, el responsable del área y el secretario, a quien le corresponde la tarea de velar por la legalidad de los procesos.
Juntos, según el fiscal, diseñaron una estrategia "con la intención de eludir" los procedimientos legales para modificar los usos del suelo. La intención era "favorecer" la construcción "de diversos hoteles" en el término municipal de Almuñécar.
El cauce normal –la revisión global del PGOU de la localidad– presentaba"dificultades" tan insalvables para los objetivos de Benavides como el sometimiento de la propuesta al control de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada.
La "fórmula" elegida por los cuatro acusados para eludir la inspección de la comisión provincial fueron las modificaciones puntuales del PGOU y las normas subsidiarias. El Ministerio Público recuerda que este procedimiento es una potestad delegada en los municipios por la Junta de Andalucía.
La administración autonómica se limita a emitir un informe no vinculante, dejando en manos del ayuntamiento la capacidad para realizar cuantas modificaciones puntuales desee.
Investigan 14 cambios. Benavides, García Villén, Oliveros y Rodríguez Passolas "efectuaron catorce modificaciones" puntuales del Plan General de Ordenación Urbana que afectaban a zonas de equipamiento comunitario (instalaciones religiosas, deportivas, recreativas o sociales). Con el cambio de uso, el suelo destinado a los vecinos pasó a ser de empresas promotoras de hoteles.
La alteración del PGOU de Almuñécar, en estos 14 casos y según una estimación del fiscal, supuso un incremento de ocupación cercano a los 89.590 metros cuadrados.
En el escrito de acusación se detalla el grado de participación de cada uno de los imputados. El que fuera secretario del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Oliveros, realizó los informes jurídicos que avalaron cada uno de los expedientes de modificación puntual. Para Oliveros, los cambios se adecuaban a la legislación.
Rodríguez Passolas, arquitecto municipal, se encargaba de elaborar los informes técnicos. En ellos, revela el fiscal, hacía constar que era necesario hacer las modificaciones puntuales del PGOU "dada la necesidad de plazas hoteleras en la localidad". Y bajo esa justificación se realizaron las catorce alteraciones del uso del suelo.
Lo que el fiscal denuncia es la utilización de una herramienta como la modificación puntual de un PGOU –que tiene carácter excepcional– para "favorecer" la implantación de establecimientos hoteleros o el aumento de su edificabilidad.
El fiscal analiza con detalle la modificación puntual número 65 del PGOU, que permitió ubicar el actual hotel Bahía de Almuñécar en un solar que estaba destinado a equipamiento comunitario administrativo. Benavides aprobó un hotel de siete plantas más bajo en un terreno donde se debían haber instalado servicios municipales, tal y como contemplaba el PGOU.
Lo hizo en 1998. Previamente, el alcalde "había suprimido del dictamen sobre la modificación puntual número 65 la ordenanza de aplicación y el proyecto del edificio, y ello a sabiendas de la ilegalidad que se cometía", señala el fiscal. Pese a ello, "votó a favor del mismo".
El asunto fue remitido a la Comisión provincial de Ordenación del Territorio. La Junta informó de forma desfavorable porque el Ayuntamiento no justificaba la pérdida de equipamiento ni la previsión de mayores espacios libres. El dictamen, que no comprometía a Benavides al no ser vinculante, recomendaba la realización de modificaciones y subsanaciones antes de aprobar de forma definitiva la modificación.
El alcalde convocó un pleno extraordinario en el que se aprobó la modificación puntual del PGOU sin tener en cuenta las apreciaciones de la Junta de Andalucía. El fiscal entiende que el resto de concejales "no eran conocedores" de la "ilegalidad" que cometía el alcalde ya que para los ediles se trataba de un asunto que contaba con el visto bueno de los informes elaborados por el secretario Luis Oliveros y el arquitecto José Luis Rodríguez Passolas, imputados por prevaricación precisamente por esta conducta. Juan Carlos Benavides dio la licencia de obras para el hotel en febrero de 2005, "conocedor –insiste el fiscal– de la ilegalidad que cometía". Esa autorización, además, no respetaba las limitaciones acordadas en la modificación 65 en seis de sus plantas. El resultado fueron 850 metros cuadrados edificados de más y la pérdida de un equipamiento que no fue compensado en otra zona.
* La Opinión de Granada - PABLO MARISCAL - 16.05.09
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
La Fiscalía de Valencia incoa Diligencias de Investigación Penal contra el Ayuntamiento de Rita y la Generalitat
KAOSENLARED/CERCLE OBERT DE BENICALAP* : La única forma de lograr acabar con el expolio y saqueo que sufrimos los valencianos es, continuar luchando en todos los frentes posibles, exigiendo que la Justicia sea justa e investigue. La fiscalía provincial de Valencia incoa diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana por permitir y tolerar la degradación del patrimonio cultural y natural.
A petición razonada y documentada de la entidad cívica "Cercle Obert de Benicalap" - Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, la Fiscalía Provincial de Valencia, a través de Dª Teresa Gisbert Jordá, ha tenido a bien incoar Diligencias de Investigación Penal número 103/2009 (M.A.), contra el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana por permitir y tolerar la degradación, expolio y abandono del valioso y singular patrimonio cultural y natural valenciano.
Cercle Obert de Benicalap espera y desea que las autoridades judiciales, así como el resto de organismos nacionales e internacionales, adopten medidas sancionadoras ejemplares contra las instituciones valencianas, en aras a acabar con el brutal expolio y el abandono crónico que padece el singular legado patrimonial valenciano.
También la histórica entidad cívica de Benicalap, espera que las inversiones futuras se centren en hacer habitable y digna la vida en los barrios periféricos, abandonándose las inversiones que favorecen la creación de eventos elitistas y dejan de lado la creación de programas destinados a satisfacer las necesidades básicas y fundamentales de las personas.
Los elementos patrimoniales a recuperar con urgencia, deben ser destinados a equipamientos culturales, a talleres formativos, a espacios de encuentro cívico. Hay iniciativas y propuestas realmente eficaces y que redundan en lograr el bienestar y potenciar la convivencia; por ello, nuestra entidad insiste en que las autoridades valencianas adopten y asuman las numerosas sugerencias emitidas por diversos colectivos y personalidades.
El CONSELL VALENCIA DE CULTURA ha propuesto diversos usos y modalidades para recuperar ciertos edificios y conjuntos singulares, que forman parte de nuestra historia y de nuestras raíces.
Ha llegado la hora de que las ciudades sirvan realmente para hacer digna, amable y agradable la vida de las personas; por ello, las inversiones e iniciativas públicas futuras deben servir para dotar de servicios cercanos, de equipamientos y estructuras formativas, lúdicas y de ocio creativo en favor de la convivencia y el desarrollo de todos, haciendo hincapié en los colectivos más desfavorecidos.
Benicalap - Valencia, a 14 de mayo de 2009
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Antonio Marín Segovia
* Kaos en la Red - Antonio Marín Segovia - 14.05.09
Foto: kaosenlared.net
