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CANARIAS7/Las Palmas* : El Ayuntamiento anunció ayer la posibilidad de imponer un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de las viviendas que están desocupadas. La legislación actual avala esta posibilidad y establece un sobrecoste máximo del 50% de la cuota líquida del impuesto.
El director de gobierno del área de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Benito Cabrera, anunció ayer que se va a estudiar la posibilidad de imponer un sobrecoste en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los dueños de las viviendas que estén desocupadas.
La medida, que tiene amparo legal y se aplica en ciudades como Barcelona, es de una gran complejidad ya que requiere un censo exacto de viviendas desocupadas y una definición exacta de lo que puede considerarse como casa desocupada.
Aún así, el Ayuntamiento pretende impulsar esta iniciativa, «que parte del grupo socialista, para sacar al mercado» un gran número de viviendas.
Todavía no está definida la cuantía del recargo, pero la legislación actual de haciendas locales permite la imposición de un sobrecoste que puede alcanzar el 50% de la cuota líquida del impuesto. Eso significa que si una persona paga 255 euros de catastro -la media en 2010- por una casa que no utiliza, de aprobarse el recargo máximo, el impuesto de bienes inmuebles podría encarecerse hasta los 383 euros. La medida también repercutiría en el mercado de viviendas que no se utilizan pero que se adquieren al amparo de los fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias.
La complejidad de aplicar un recargo de este tipo -algunas ciudades que lo tenían, como el caso de Madrid, al final renunciaron a cobrarlo- dificulta que la medida se pueda aplicar el próximo año, cuando está prevista la subida de los impuestos como consecuencia de las variaciones de los tipos tributarios municipales. Los nuevos impuestos serán aprobados este viernes por el Pleno tras su paso ayer por la Comisión de Hacienda.
Los cambios en el IAE producen unos 716.000 euros.
Los cambios de tipo y de categoría en algunas calles de la ciudad -fundamentalmente en Siete Palmas y La Minilla, así como en los centros comerciales- van a producir un aumento en la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de cerca de 716.000 euros. El efecto combinado de ambos en las dieciocho vías -incluidos centros comerciales- que se detallan en el expediente que este viernes se lleva a pleno permite pasar de 690.000 euros a 1,4 millones de euros en estas calles, de las cuales doce pasan a la primera categoría y las otras seis, a la segunda. Lo curioso de este crecimiento es que casi la mitad, es decir, unos 700.000 euros lo abonarán sólo dos grandes firmas comerciales. El Impuesto de Actividades Económicas es el cuarto que más crece, en lo que a recaudación se refiere, dentro de las variaciones de tipos tributarios que impulsa el Ayuntamiento. El aumento que representa en los ingresos municipales es de un 43%, hasta alcanzar los 11,4 millones de euros.
* Canarias 7 - Javier Darriba - 24.09.09
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, vista aérea - Marrero (La Provincia)
Los dueños de casas vacías pagarán un IBI más caro
Los vecinos estudian pedir la paralización cautelar de la urbanización del Parque de Lugo
ELPROGRESO* : La Asociación Cultural pola Defensa do Parque de Rosalía de Castro consultará con sus asesores jurídicos la posibilidad de solicitar por vía judicial la paralización cautelar de las obras de construcción de seis torres de viviendas en la zona de O Garañón, después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo de Lugo anulase el proyecto de urbanización de esa parcela, aprobado por el gobierno local en 2007, para exigir que se presente un informe previo de la Dirección Xeral de Patrimonio.
En cualquier caso, su presidente, Marcos Bourio, le pidió al Ayuntamiento de Lugo que haga uso de una orden de paralización dictada "hace muchos meses" por la Consellería de Cultura, entonces dirigida por la nacionalista Ánxela Bugallo, para detener los trabajos.
Bourio reconoció que este colectivo, el mismo que presentó la denuncia por la vía contencioso-administrativa, tiene que analizar ahora con sus representantes legales las responsabilidades que pueden derivarse para sus asociados si finalmente solicitan la paralización cautelar de las obras por vía judicial, dado que una sentencia contraria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que se pronunciará a causa de los recursos anunciados por el Ayuntamiento de Lugo y el propio constructor, podría obligarlos a indemnizar al promotor de las obras.
En todo caso, opina que el Ayuntamiento de Lugo podría paralizar las obras con relativa facilidad "haciendo uso de la ley", porque sólo "tendría que recuperar de la papelera" una "orden de paralización de las obras" dictada por la Consellería de Cultura, al considerar que los trabajos afectaban a dos bienes catalogados, las termas romanas y el sanatorio Portela, opinión ratificada ahora por el juzgado.
"Vamos a responsabilizar al Ayuntamiento de todo lo que está hecho en esa obra", dijo Marcos Bourio, porque "si hubiese cumplido la ley, no estaríamos ahora en esta situación".
Por otra parte, Bourio afirma que el Ayuntamiento de Lugo está actuando "de forma arbitraria", porque "acaba de denegar una licencia en una unidad de actuación contigua, con las mismas características, haciendo uso de los mismos argumentos que empleó la Asociación Cultural por la Defensa del Parque de Rosalía de Castro" para oponerse a la urbanización de O Garañón.
Además, opina que la delegada de Urbanismo, María Novo, tendría que explicar por qué esta sentencia afecta al "60% de las licencias" concedidas en los últimos años, como afirmó la concejala no electa el martes. A juicio de Bourio, Novo "tiene que decir cuáles son y tomar las medidas correctoras oportunas, porque de lo contrario, también estaría actuando de forma arbitraria".
Novo alerta de un "fraude de ley"
La delegada de Urbanismo, María Novo, aclaró que el Ayuntamiento de Lugo podría incurrir en un "fraude de ley" si detuviese las obras de construcción de seis torres de viviendas que un promotor privado ha empezado a ejecutar en las cuestas del Parque de Rosalía de Castro. A pesar de que una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo anula el proyecto de urbanización aprobado por el gobierno local en 2007, la autoridad judicial no ha ordenado la paralización cautelar de esos trabajos.
En cuanto a la propuesta de Marcos Bourio de detener las obras en base a una supuesta orden de paralización dictada por la Consellería de Cultura, cuando era dirigida por la nacionalista Ánxela Bugallo, la responsable de Urbanismo precisó que ese documento "carece de validez legal".
Además, Novo recordó que la jueza encargada del caso tampoco adoptó entonces la decisión de suspender las obras en la parcela de O Garañón, a pesar de que Cultura ya ponía en entredicho la urbanización de esos terrenos.
"Fariseísmo político"
El alcalde, el socialista José López Orozco, arremetió esta mañana contra el PP y acusó al concejal Jaime Castiñeira de "fariseísmo político". El regidor local le llamó "caradura" al edil popular por "echarle la culpa a los demás" de esa situación, cuando "fue su partido el que aprobó en el año 91 el Plan Xeral que le daba la máxima edificabilidad a la parcela O Garañón".
López Orozco se preguntó si el Partido Popular pretende que el Ayuntamiento de Lugo "incumpla la ley" y le deniegue "una licencia a un ciudadano que tiene derecho a ella", para que los futuros alcaldes de la ciudad tengan que afrontar indemnizaciones millonarias y las arcas municipales queden embargadas durante años.
En ese sentido, el alcalde recordó que el Ayuntamiento de Lugo tuvo que pagar 3,6 millones de euros "por una alegría" del Partido Popular, que se negó cuando gobernaba la ciudad a conceder una licencia de obra en la Avenida de A Coruña.
"Estoy aquí para cumplir y hacer cumplir la ley. Si el PP no hubiese aprobado el plan del 91, que califica esa parcela como urbana con la máxima edificabilidad, Lugo no tendría hoy ese problema", dijo el alcalde. Recordó, además, que la concesión de una licencia es "un acto reglado", que la Administración realiza en función de los informes emitidos por los propios funcionarios.
* El Progreso - 23/09/2009 - Ramudo / AGN (Lugo)
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv.com
Juzgan a dos ex alcaldes de Monachil por delito urbanístico
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LAOPINIÓN/Granada* : Los dos alcaldes de Monachil que llegaron a gobernar en el anterior mandato municipal, Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), compartirán banquillo de los acusados el próximo 9 de octubre en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada por un presunto delito de prevaricación relacionado con la construcción de un edificio de apartamentos en Sierra Nevada, por el que también están implicados el entonces concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, y un arquitecto municipal.
En el escrito de acusación de la Fiscalía de Granada, al que ha tenido acceso este diario, se incluye una pena de dos años de prisión para Antonio Trinidad, Benjamín Rodríguez y el arquitecto Alfonso Moreno-Cañavate, además de penas de inhabilitación de entre 10 y 20 años y una multa para cada uno de ellos de 57.600 euros. Francisco Lara, el alcalde socialista que estuvo tan solo un año en el poder tras ser depuesto por una moción de censura, se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años para empleo o cargo público. Se da la circunstancia de que ninguno de los tres representantes municipales ejercen hoy actividad política.
Denuncia. El origen de este asunto partió de una denuncia presentada en la Fiscalía por la comunidad de propietarios del Edificio Maribel, en Sierra Nevada, colindante con una parcela de 1.277 metros cuadrados donde hoy ya se ha levantado un bloque de 82 apartamentos llamado edificio Marisol. Dicho terreno multiplicó casi por diez su edificabilidad –según la denuncia de los vecinos– tras aprobarse un polémico estudio de detalle que permitió, a su vez, el cambio de uso: de equipamiento sociocultural a residencial.
La comunidad de propietarios fundamentó su denuncia en la imposibilidad que ofrece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de cambiar el uso y aumentar la edificabilidad mediante la figura del estudio de detalle. La parcela tenía una edificabilidad de 750 metros cuadrados y, con el citado instrumento urbanístico, se multiplicó casi por diez la superficie construida, hasta 7.190 metros, de los que 4.320 tenían uso residencial y el resto se destinó a aparcamientos y trasteros.
Cambio "ilícito". Según el fiscal, los acusados consiguieron modificar "ilícitamente" la configuración jurídica de la finca utilizando un instrumento "absolutamente no idóneo" e "infringiendo manifiestamente las prohibiciones expresas en la LOUA".
El ministerio público sostiene que los acusados optaron por la figura de detalle en lugar de una modificación puntual de las normas subsidiarias para impedir que interviniera la Junta de Andalucía.
Según el fiscal, el entonces concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, que permitió el cambio de gobierno apoyando la moción de censura que presentó PP y PA, en "connivencia" con el alcalde Antonio Trinidad, concedieron en noviembre de 2004 a la empresa Serrabol la licencia de obras con un informe técnico favorable del arquitecto contratado en funciones, "a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado y de la incompatibilidad del uso residencial".
La Fiscalía ha propuesto que testifiquen durante el juicio el administrador de la mancomunidad de propietarios de los edificios Maribel, agentes del Seprona de la Guardia Civil, el secretario del Ayuntamiento de Monachil y el representante legal de Serrabol SL.
* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 24.09.09
Foto: Monachil (Granada) - participaenandalucia.net
De paraíso ambiental a pelotazo urbanístico
MARÍA JOSÉ ESTESO POVES* : Una macrourbanización a cinco metros de Gredos, rodeada de irregularidades que afectan a PP y PSOE, tiene a los vecinos de Candeleda en pie de guerra. “Candeleda es bella. No a otra Marbella” decía una de las pancartas de la manifestación que recorrió las calles de Candeleda el pasado 28 de agosto contra una urbanización de 431 chalés y 200 plazas hoteleras en plena sierra, a cinco metros del parque Regional de Gredos.
Candeleda es una joya situada entre las provincias de Ávila, Toledo y Cáceres. No sólo por su valor paisajístico sino por su clima suave que la convierten en un vergel. Situada al sur de Ávila, está abrigada por Gredos y el pico Almanzor (2.596 m). Cuenta con más de 5.000 vecinos, que llegan al doble en verano.
Pero la sierra está amenazada. En 1999, cuando era alcalde José Antonio Pérez Suárez, PP, apareció por Candeleda un constructor de Ávila, Juan Carlos Jiménez, que tiene varias empresas de construcción y ha trabajado para Caja Ávila. Empezó a comprar pequeñas fincas situadas en la zona de Navalpilón, un paraje en plena sierra alejado 4 kilómetros del pueblo, lindante con el Parque de Gredos. A principios de 2002, el constructor ya se había hecho con 26 hectáreas. Mientras, un grupo de arquitectos redactaba las nuevas normas urbanísticas, aprobadas después por el consistorio y enviadas a la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila para su ratificación definitiva. Las normas fueron rechazadas tres años seguidos, la comisión era contraria a la urbanización de esos terrenos por su proximidad al Parque Regional de Gredos, por su valor paisajístico, es ZEPA, zona de especial protección de aves, y cultural, alberga dos yacimientos arqueológicos catalogados, el Nebral y el Navalpilón de 16’6 hectáreas. El alcalde formaba parte también de la Comisión Territorial de Urbanismo y al cuarto intento, noviembre de 2001, consiguió que se aprobasen las nuevas normas urbanísticas de Candeleda. Entran en vigor y Juan Carlos Jiménez Hernández y su mujer, Margarita Senovilla Dávila, crean Dávila Monteblanco SL para urbanizar los terrenos rústicos que compraron a un euro y medio el metro cuadrado y que se han reclasificado como terrenos “urbanizables no delimitados” .
“Perjuicio publico”
El paso siguiente era el plan parcial que fue aprobado en su primera fase con rapidez ante la proximidad de las elecciones de 2003. De éstas salió elegido un regidor que no compartía las pretensiones de Pérez, el socialista Miguel Hernández, que no llevó a los Tribunales las normas, pero tampoco incluyó la aprobación definitiva del plan parcial en los órdenes del día. La urbanización seguía en el aire. Entonces, el constructor, Juan Carlos Jiménez, realizó dos escritos de queja ante la Junta de Castilla y León y, automáticamente, la Consejería de Urbanismo retiró todas las competencias al Ayuntamiento sobre el plan parcial de Navalpilón alegando ‘inactividad’ y ‘perjuicio público’ por parte del consistorio. Unos meses más tarde la Consejera de Urbanismo, Mª Jesús Ruiz, dio la aprobación definitiva a la urbanización de los terrenos. Esta actuación es casi única en el Estado español, sólo se ha llevado a cabo en Marbella, caso Malaya, entonces el Estado se hizo cargo de las competencias de urbanismo del ayuntamiento marbellí debido a la corrupción generalizada. Esta “peculiar” actuación en Candeleda se suma a otras de la Consejería de Urbanismo de la Junta de Castilla y León regida entonces por Mª Jesús Ruiz, hoy responsable de Medio Ambiente, para construir a toda costa. (Ver nº 105 de Diagonal).
Mientras, la vida política del Ayuntamiento seguía convulsa. Pérez, PP, vuelve a escena en las municipales de 2007. Esta vez encabezó Candidatura Independiente, CI, partido creado en la región por un constructor de Valladolid, Pablo Arias, quien declaró a los medios de comunicación que el objetivo CI es “pactar con aquellos con los que podamos llevar a cabo nuestros proyectos”. El resultado de las elecciones dio empate entre PSOE y PP, y Pérez pactó con el PP. Un año después se alía con el PSOE para una moción de censura que tumbó a la alcaldesa del PP. Hoy Miguel Hernández, PSOE, es alcalde de Candeleda y José Antonio Pérez, CI, teniente de alcalde.
Algunos candeledanos que no daban crédito crearon la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda hace tres años. Desde entonces cuentan con más de 120 socios y el apoyo de la mayoría del pueblo, más de 2.000 personas acudieron a las últimas manifestaciones, han presentado 8.300 firmas al Gobierno y al ayuntamiento, escritos al Defensor del Pueblo, al Parlamento Europeo y hasta al rey. Tienen interpuesto un contencioso administrativos contra la urbanización ante el Tribunal Superior de Justicia y una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Han realizado reuniones informativas para los vecinos y cuentan con el apoyo de más de 25 organizaciones de todo el Estado español.
Diagonal ha hablado con el alcalde de Candeleda, el socialista Miguel Hernández, quien se declara “radicalmente en contra de la urbanización”; sin embargo, la Plataforma cree que no ha hecho mucho para anular el proyecto. Hernández alega que es “injusto” que la Junta le retire las competencias, pero tampoco ha recurrido a instancias superiores. Está molesto por un lema que circuló en la última marcha, “Peperos y sociatas la misma contrata”. Pero el abogado de Dávila Monteblanco SL es un conocido abogado de Ávila que fue concejal socialista, además el alcalde confirma el rumor que circula por Candeleda: “Sí, el constructor dice que es amigo de José Bono”.
Jaime Doreste, abogado de la Plataforma dice que no se entiende la actuación del alcalde. “Le invitamos a unirse a la demanda. Y nos hemos encontrado que se personan como codemandados, eso significa, en resumen, que defienden la postura del promotor”. Por su parte, Hernández asegura que no tiene ningún problema para gobernar con Pérez, el alcalde del PP que aprobó las normas urbanísticas que recogían el plan parcial de Navalpilón y para el que dio la licencia de obras, y asegura que el abogado del Ayuntamiento está, ahora, “estudiando la posibilidad de impugnar el plan parcial”.
La publicidad de la Junta denomina a Candeleda “Vergel de Europa: agua, sol y microclima”. Muchos lo saben, y por eso a este municipio vino durante años el premier británico, John Major a veranear. Además, algunos políticos tienen fincas allí, como el ex ministro de justicia del partido popular, José María Michavila y hasta toreros han elegido este municipio para montar sus ganaderías. La CL-501, que se está construyendo, conectará con la M-501 (la Carretera de los Pantanos, que construyó Esperanza Aguirre a pesar del impacto medioambiental en zonas protegidas, la oposición de los grupos ecologistas y con una sentencia del Tribunal Supremo), acercará Candeleda a Madrid a una hora y poco.
Un pelotazo de 24 millones de euros
Para la Plataforma los cálculos del pelotazo de Navalpilón están claros. Un beneficio aproximado de 10 millones de las antiguas pesetas por chalet reportará al constructor 4.000 millones de pesetas, 24 millones de euros sólo por los chalés. La denuncia ante la Fiscalía asegura que este señor “o era adivino o tenía información privilegiada”. Las normas también aprobaron otro plan, aún sin ejecutar, el Lagunilla Golf.
Además, lo que iban a ser inicialmente 226 chalet y un hotel de 100 plazas en la zona de Navalpilón en Candeleda, ahora debe duplicarse porque la ley ha cambiado durante estos últimos años, serán 431 chalés y 200 plazas hoteleras. Pero el estudio de impacto ambiental que la Junta aprobó no es legal ahora, está basado en las cifras iniciales; por tanto, es necesario otro estudio de impacto ambiental que no existe, y que, sería muy difícil su aprobación en la actualidad debido al impacto ambiental. Por eso el constructor, Juan Carlos Jiménez se reunió hace unas semanas con el alcalde socialista, Miguel Hernández y el teniente de alcalde, José Antonio Pérez Suárez, para solicitarles que les firmase un documento para la construcción de la mitad de las viviendas previstas.
El pasado mes de mayo la constructora mandó sus máquinas al monte. Abrieron zanjas para la captación del agua de la urbanización dentro del Parque Regional de Gredos, sin estudio de impacto ambiental (obligatorio), y con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo que permitió la ocupación del monte público para meter las tuberías y que ha dado más caudal a la urbanización que el asignado a Candeleda. Además, dentro del parque regional, también se construye un gran depósito de 750.000 litros para los chalés con las aguas del arroyo del Castañarejo que surte al pueblo de agua. Las tierras que se extraen de estas obras se vierten ladera abajo. De nada sirvió que los vecinos y vecinas de todas las edades subieran este verano todos los días al monte a parar las máquinas. Han vuelto a denunciar. Pilar Diego, de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, asegura: “Todo el mundo nos da la razón menos la Confederación y la Junta. Veremos los tribunales...”.
“LLEVO 30 AÑOS EN EL AYUNTAMIENTO Y NADIE ME DICE NI PÍO"
José Antonio Pérez Suárez ha hablado con DIAGONAL sobre la urbanización de Candeleda junto al Parque Regional de Gredos. Él ha sido alcalde por el PP durante años, miembro de la Comisión de Territorial de Urbanismo, está imputado por el caso de las Navas del Marqués, y ahora es teniente de alcalde con el PSOE. Sobre las normas urbanísticas aprobadas cuando él era alcalde de Candeleda que permiten construir una gran urbanización en el paraje conocido como Navalpilón, zona protegida que linda Gredos, señala que “se aprobaron porque teníamos una anarquía y esto ha traído desarrollo. A mí me dijeron los arquitectos que redactaron las normas urbanísticas que el pueblo tenía que crecer por ‘dos manchas’ (dos planes parciales a cuatro y siete kilómetros), y yo dije que sí. Además, asegura que Navalpilón, una de las ‘manchas’ no está alejada del pueblo varios kilómetros tal y como se aprecia en los mapas que figuran en el Boletín Oficial de Castilla y León, “eso es otra mentira: Le digo que Navalpilón está pegado al pueblo, vamos dentro del pueblo”, asegura.
A la pregunta de si está a favor de la urbanización responde irritado: “Yo estoy a favor de los tribunales y los tribunales están a favor de la urbanización. Por qué el PSOE no ha cambiado las normas urbanísticas. Si esto es una cuestión de ley, el constructor tiene todos los permisos. Todo lo que está saliendo en los medios es un montaje. Mire: Aquí hay dos administraciones, la Junta del PP, y el PSOE que es el dueño de la Confederación Hidrográfica del Tajo y los dos están de acuerdo”.
Cuando este medio le pregunta sobre la pancarta de ‘ay untamiento’ que se lució en la última manifestación levanta el tono de voz: “Está todo manipulado y en esa manifestación eran todos de fuera. Yo no tengo ninguna denuncia en los tribunales”. Pero al hablar del caso de las Navas del Marqués en el que él está imputado responde: “Yo firmé lo que los técnicos me dijeron”.
Sobre el constructor de la urbanización de Candeleda, Juan Carlos Jiménez propietario de Dávila Monteblanco SL, dice que “es un señor más que se acercó al Ayuntamiento para construir. Es todo mentira. Todo lo que se dice del constructor es falso”, recalca con enfado. A la pregunta de si ve ‘normal’ que el constructor compre a un euro y medio el metro y nada más adquirir los terrenos se recalifiquen. Pérez recalca que “es una falsedad más. Compró -continúa- después de reclasificar los terrenos. Este hombre -refiriéndose al empresario que ganará más de 24 millones de euros con la urbanización- solamente ha cometido un error: Ha pedido el agua para cogerla arriba, antes de llegar al pueblo, él tenía que haberla pedido al Ayuntamiento y no se la puede negar. El hombre quería ahorrarse un dinero”, señala Pérez. Sin embargo, fue él quien firmó un documento argumentando la imposibilidad de abastecer de la red general a la futura urbanización de Navalpilón. Candeleda tiene adjudicado por la Confederación Hidrográfica del Tajo un caudal de ocho litros por segundo. El constructor consiguió que la Confederación le asegurase 12 litros por segundo, bajo un estudio con datos “inflados” sobre el caudal que proviene de Gredos, según la Plataforma.
José Antonio Pérez Suárez concluye sobre el plan parcial de Navalpilón: “Si hubiera que rectificar, rectifico” ¿Se siente usted presionado?, Le pregunta DIAGONAL. “Yo llevo 30 años en el ayuntamiento y nadie me dice ni pío”, contesta.
UN CASO PARALELO A LAS NAVAS DEL MARQUÉS
La corrupción de las Navas del Marqués, Ávila, sigue en los tribunales y hay 15 imputados entre políticos y técnicos. Casi todos en sus puestos. Mario Gómez, abogado de la organización ecologista Centáurea, personada en la causa, asegura que el caso de Candeleda es paralelo al de las Navas. “Existen 6 imputados en las Navas que dieron los permisos de Candeleda en los mismos años. José Antonio Pérez Suárez es uno de ellos. El problema es que los responsables de la Junta de Castilla y León en Ávila parten de la concepción de especular o, como ellos llaman, ‘poner en valor’ el espacio natural tan formidable que tiene Castilla y León y la interpretación es hacer una urbanización que, precisamente, destroza ese valor. Y crean ciudades tan grandes como los pueblos que urbanizan, en las Navas del Marqués eran 1.600 chalés, en Candeleda iban a ser bastantes más, al final van a ser 431 y un hotel de 200 plazas, en ese sentido – asegura Gómez- es paralelo también a las Navas. Como decía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el caso de las Navas: ¿Es que no hay otro sitio para construir? En las Navas eligieron justo el lugar más valioso, el pinar, en Tierra de Pinares. Han vendido a la gente ese concepto de naturaleza de la televisión: una casita rodeada de árboles como Canadá o centro Europa, cuando allí son bosques inmensos. En Candelada, en un bosque maravilloso al límite con el Parque Regional de Gredos. Además, también hay coincidencia en la connivencia PP-PSOE y técnicos que dan el visto bueno. La consecuencia es que se están cargando un patrimonio natural que no les pertenece. Es patrimonio de la humanidad”, afirma.
La provincia de Ávila tiene un listado de urbanizaciones salvajes situadas en los mejores parajes naturales de la provincia. En las Navas del Marqués pretendían construir 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en zona protegida. Villanueva de Gómez, 7.500 viviendas y tres campos de golf en zona de pinares protegida, Cebreros, una urbanización de 3.000 viviendas y un campo de golf, impulsado por un constructor relacionado con el caso Malaya, y más proyectos similares en Guisando y Piedralaves, todos en Ávila, y ahora, Candelada. Al lado, en pleno Valle del Tietar, la amenaza sigue: Villanueva de la Vera: ‘Jardín Botánico del Golf’ y 270 viviendas de lujo.
* Diagonal - Opinión - 22.09.09
