ELCORREO* : El Colegio Oficial de Arquitectos se ha sumado a la defensa de la Isla de la mano de la Ley de Patrimonio. Ayer alzó la voz para expresar públicamente su rechazo al proyecto municipal para su remodelación, también para reclamar al Ayuntamiento una «protección urgente». Pide que solicite para este parque la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con el objetivo de que se le reconozca dentro de la categoría de Jardín Histórico.
«Si no lo hace el Ayuntamiento, lo haremos nosotros», advirtió ayer el presidente de los arquitectos, David Dobarco, en rueda de prensa, precisando que «nos gustaría que lo iniciara primero el Ayuntamiento, pero nosotros ya estamos preparando la documentación». De alcanzar esta figura, las intervenciones en la Isla deberían limitarse a su «conservación, mantenimiento y restauración».
Propuesta que esta organización trasladó el viernes por escrito al propio Ayuntamiento. En un documento de nueve páginas en el que argumenta su temor por las intenciones municipales de «transformar sustancialmente» el parque de la Isla y solicita pide que «se respete» el actual aspecto de la Isla.
Dobarco fue más allá ayer al sugerir al equipo de Gobierno que «paralice» el concurso que está en marcha. Sería «lo más prudente», precisó. En su opinión, el Ayuntamiento debería, además, dar opción a las empresas que se han presentado al concurso para que elaboren un proyecto basado en el presupuesto de «900.000 euros» que contempla el Plan Urban. Una cantidad que los arquitectos consideran que «sí puede encajar» en la filosofía de conservar, restaurar y mantener que se requiere para cualquier BIC.
Excesivo presupuesto
Esta organización profesional califica de excesivo el presupuesto establecido por el Ayuntamiento, 4,5 millones de euros, para actuar en la Isla, que tiene una extensión de 53.000 metros cuadrados. Le parece «una inversión que no es urgente, ni oportuna, ni razonable, teniendo en cuenta la crisis económica y la necesidad de otras urbanizaciones más interesantes en la ciudad».
En su opinión, apelar a la existencia de unos fondos europeos Urban es «un pretexto» del Ayuntamiento para intervenir en la Isla, ya que, explicó, sólo suponen el 20%, 900.000 euros, del presupuesto municipal. Lo que significa, precisó, que las arcas municipales tendrán que desembolsar el resto.
Los arquitectos son partidarios de que «se respete» la actual fisonomía de la Isla, «inconfundible para generaciones y generaciones de burgaleses». Su presidente recordó que es el resultado de las intervenciones históricas que la ciudad, los ayuntamientos, han realizado durante dos siglos, hasta 1930, aunque admite su deterioro. «Cualquiera que pase por allí reconoce que está abandonada», puntualiza Dobarco.
En su opinión, la Isla sólo necesita trabajos de mantenimiento. «Mejoras en las infraestructuras existentes, reposición de la tierra que se ha perdido, renovación de los elementos deteriorados y el cambio, si se estima oportuno, de algún aspecto del mobiliario», concreta. Y es que, según dijo Dobarco, «nos horrorizaría encontrarnos con un parque en el que se empiezan a poner plazas de aparcamiento o pavimento como en el Paseo de la Sierra de Atapuerca». En su opinión, no respetaría la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
* El Correo de Burgos - E.V. - 8.09.09
Foto: elcorreodeburgos.com
Burgos: Los arquitectos reclaman protección para el Paseo de la Isla
Las responsabilidades políticas por la ilegalidad del edificio Fenosa
LAOPINIÓN/A Coruña : Una sentencia del Tribunal Supremo, que culmina un proceso judicial iniciado hace doce años, ha confirmado el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2001, que dictaba que el edificio Conde de Fenosa debe ser demolido porque la licencia que otorgó el Ayuntamiento coruñés a Fadesa en 1997 es "ilegal" al vulnerar el plan general de 1985. La sentencia del Supremo rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento en 2007, en el que solicitaba la "inejecución" del derribo con el argumento de que el edificio está completamente habitado.
Los magistrados del alto tribunal enfatizan en la resolución el agravante que supone que el Gobierno local intentase legalizar el inmueble con el plan general de 1998, un año después de que se concediera la licencia ilegal.
La noticia del fallo del Supremo, publicada en exclusiva por este periódico el pasado viernes 28 de agosto, causó conmoción en la ciudad, al tratarse de un emblemático inmueble que albergó durante treinta años la sede central de la compañía eléctrica Fenosa antes de su integral rehabilitación en 1997, seriamente cuestionada por el círculo arquitectónico de la ciudad, que cuenta en la actualidad con más de cien viviendas y numerosos locales y despachos.
El planeamiento urbanístico de 1985, vigente en el momento de la concesión de la licencia a Fadesa en 1997, prohibía otorgar licencias en los edificios fuera de ordenación que agravaran dicha situación urbanística, por lo que sólo se admitían obras mínimas, de conservación y mantenimiento. A pesar de ello, el Gobierno local, presidido entonces por Francisco Vázquez, otorgó a Fadesa una licencia para obras de reforma integral que incluía el cambio de uso de oficinas a viviendas, lo que claramente excedía el simple mantenimiento.
La contundencia del fallo del Supremo no ha hecho sin embargo mella en el alcalde coruñés, Javier Losada, quien se muestra convencido de que el edificio no será demolido y confía en que prospere el recurso que el Ayuntamiento presentará para evitar que se ejecute el fallo del alto tribunal. Sea derribado o no, la sentencia ha ocasionado ya un grave perjuicio a los propietarios afectados, dado que la resolución judicial obliga a inscribir en el registro de la propiedad que los pisos y locales del edificio Fenosa tienen orden firme de demolición, lo que devalúa su precio hasta "un valor cero", como aseguró el presidente del Colegio Oficial de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido. Esto abre la puerta a la indemnización que los propietarios tendrían ya derecho a reclamar al Ayuntamiento, según los expertos consultados por este periódico. Una indemnización con muchos ceros -los pisos de este edificio se vendían a 300.000 euros en el momento de la construcción del inmueble y en 2006 se vendió uno por 700.000- que correría a cargo del bolsillo de los contribuyentes coruñeses.
La sentencia del Supremo es una bofetada de la justicia a la política urbanística coruñesa de los años 80 y 90, instalada en la cultura del pelotazo. La espoleta retardada de la irregular decisión adoptada en 1997, activada ahora por la sentencia del Supremo, ha estallado políticamente en María Pita. El PP anuncia la petición de una comisión de investigación y los nacionalistas se han distanciado de su socio de pacto de gobierno al cuestionar la política urbanística de los socialistas en la era Vázquez. Un propietario afectado equiparaba al día siguiente de la noticia la actuación ilegal del ejecutivo local coruñés con la denostada política marbellí: "Aquí pasa igual, nosotros compramos bajo la presunción de la legalidad". Las cartas de los lectores recibidas estos días sobre el caso del edificio Fenosa, así como los comentarios de muchos afectados, hacen hincapié en la necesidad de que se depuren las responsabilidades políticas de este escándalo. Algunos de esos responsables ocupan todavía cargos públicos: Francisco Vázquez, actual embajador en el Vaticano con pretensiones de ser designado próximo Defensor del Pueblo, presidía la corporación municipal en 1997, cuando se concedió la licencia ilegal; Salvador Fernández Moreda -actual presidente de la Diputación de A Coruña, que declinó hacer declaraciones al ser preguntado al respecto por este periódico- ocupaba en ese momento la concejalía de Urbanismo y Javier Losada, actual alcalde, era entonces teniente de alcalde. La gravedad de las consecuencias obliga a que, cuando menos, abandonen su escudo de silencio y ofrezcan explicaciones de por qué ampararon con sus decisiones una ilegalidad convertida ahora en monumental desaguisado con más que probable cargo al erario público municipal.
* LaOpinión A Coruña - Editorial - 6.09.09
Foto: Fachada del edificio Conde de Fenosa. / eduardo vicente, laopinioncoruna.es
El GOB reclama congelar el crecimiento urbanístico de varias zonas de Pollença
+-+mallorcaweb.com.jpg)
EUROPAPRESS/Mallorca* : Entre sus sugerencias a la revisión del PGOU de ese municipio figuran impedir más construcciones en Formentor, El Vilar, La Font y Sant Vicenç. El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) reclamó que se congele el crecimiento urbanístico de varias zonas del término municipal de Pollença, en el norte de Mallorca, cuyo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se está revisando en la actualidad.
Según apuntó la organización ecologista en un comunicado difundido hoy, la necesidad de revisar la planificación urbana de este municipio "no sólo viene dada por la nueva normativa sobrevenida, sino también por la conveniencia de cambiar algunas cosas, impropias del siglo XXI", como "congelar el crecimiento en urbanizaciones conflictivas", señala la nota.
Según apuntó la organización ecologista en un comunicado difundido hoy, la necesidad de revisar la planificación urbana de este municipio "no sólo viene dada por la nueva normativa sobrevenida, sino también por la conveniencia de cambiar algunas cosas, impropias del siglo XXI", como "congelar el crecimiento en urbanizaciones conflictivas", señala la nota.
Así, entre las sugerencias del GOB a la revisión del PGOU de Pollença figuran impedir más construcciones en las zonas de Formentor, El Vilar, La Font y Sant Vicenç. Con el objetivo de evitar nuevos consumos de territorio, "frenar agresiones paisajísticas de primer orden e impedir crecimientos poco sostenibles", cita la organización.
Concretamente, la entidad ecologista quiere que se evite un nuevo crecimiento a la entrada de Sant Vicenç, en forma de equipamiento lúdico-deportivo, así como de edificaciones turísticas, que se levantarían sobre una zona boscosa. A lo que agregaron la ampliación del Hotel Formentor y la "congelación parcelaria" de esa zona.
También reclama el GOB que el nuevo PGOU, cuyo plazo de exposición pública acabó el pasado mes de agosto y previsiblemente quedará adaptado al Plan Territorial de Mallorca, "impida" la construcción de nuevos chalés en las urbanizaciones de La Font y El Vilar, que consideró muy degradadas después de medio siglo de edificación de esos parajes.
Cabe señalar que el PGOU de Pollença inició su tramitación a principios de la década de los 80 y acabó de aprobarse l'año 1991. Desde entonces, el Plan ha sido objeto de alguna modificación puntual y su adaptación al Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT).
* Europa Press - 8.09.09
Foto: Pollença (Mallorca) - mallorcaweb.com
El ruido es nuestro
FERNANDO DELGADO* : Suele tenerse al ruido por una seña de identidad de los españoles: los beneficios del silencio son muy mal valorados entre nosotros y el griterío es una característica patria muy reconocida. La escasez de materiales aislantes en la construcción, el tráfico aéreo o el ruido de las fábricas y las obras, con no faltarnos, y menos a los madrileños, no es lo que nos permite que sólo Japón le lleve a España la delantera como país ruidoso. Son fenómenos muy extendidos.
El antipático sonido del despertador, tan universal, tampoco. Pero si bien he llegado a saber de ese dudoso privilegio de España como segundo país del mundo con mayores niveles de contaminación acústica, gracias a las encuestas de los especialistas en el cuidado de la audición, me he quedado sin saber qué parte de ese honor corresponde a Madrid en un solidario reparto autonómico y municipal del bullicio exagerado.
En todo caso, si el COI no ha visto un pero para la candidatura de Madrid a los juegos olímpicos en su contaminación acústica, bien que tampoco en la de Río o Chicago, por ejemplo, no creo que al alcalde el ruido le quite el sueño. Pero si en el listado de los ruidos que más molestan a los ciudadanos están las obras, ni Barcelona, que tanto en lo bueno como en lo malo procura ir por delante, podría ganar a Madrid en molestias. Y si se trata de los locales de ocio nocturno tampoco creo que haya en España quien pueda llevarnos la delantera. No nos la llevan, por supuesto, en el sonido de los aviones, en el tráfico, en las industrias y mucho menos en el mal uso de las bocinas. Los bocinazos son el más habitual desahogo del conductor madrileño desesperado que, aún conociendo la inutilidad de hacer sonar sus bocinas, organiza una verdadera escandalera para su propia complacencia en el ruido.
Otra cosa son las fiestas populares, que figuran en el listado de las molestias acústicas de un modo destacado, pero no porque Madrid no las tenga, y bien ruidosas, sino porque si son los fuegos de artificiales, la música y el bullicio festero lo que molesta nadie podrá disputarse la palma con Valencia y pocos pueblos y ciudades están libres de semejantes ruidos. Cada tiempo además ha tenido sus propios ruidos y ahora mismo hay un pueblo enfrentado por un gallo que no para de cantar día y noche y a cuyos habitantes no molestan, sin embargo, los ruidos permanentes de las motos de sus criaturas. En Madrid no hay problema con el gallo: seguramente canta, pero no se le oye. Aquí el problema es otro: nuestra peculiar aportación castiza a la competición del estruendo, además de los botellones de las calles, el ruido inclemente de muchos lugares nocturnos o nuestras fiestas populares es la costumbre española, tan madrileña, de hablar muy alto, tenida por algunos como un rasgo cultural diferencial y por otros como una verdadera tradición, sin que falten los que consideran tal arraigo una agresiva horterada.
Sin embargo, en estos tiempos de prohibiciones y cuidados aparentes con nuestra salud, aunque la mental ande a veces un poco descuidada, como se desprende del ruido atronador del discurso político, las autoridades son capaces de imponer a setenta vecinos de Móstoles mil quinientos euros de multa por no limpiar la caca del perro, castigo tan justo por su intención como injusto por exagerado, y ni un céntimo por hablar a gritos en los espacios públicos. Cívico es que las normas de higiene exijan que se nos libere de los excrementos de todo tipo, pero no se obtiene igual éxito, a pesar de la ley, con los cultivadores del ruido. Y a través del oído, un órgano vital muy preciso y delicado, al que se le niega todo respeto, recibe cualquier mortal los sonidos estrepitosos que alteran su descanso o su sosiego y elevan su estrés.
Por eso es tan acusada la falta reiterada de una pedagogía en este sentido que afecta a la convivencia. Creen los gritones, unas veces arrogantes y autoritarios, otras simplemente seres muy vulgares, lo que algunos políticos en sus bravatas: que si hablan más bajo les va a faltar la razón o no se les va entender. No sé si en las encuestas se les ha preguntado por qué gritan, pero sospecho que no bajarían la voz para contestar. Y al fin desconfió tanto de la veracidad de sus respuestas como de las de aquellos que confiesan en gran número que no soportan el ruido del teléfono móvil, una actitud semejante a la que muestran en algunos foros respecto de los programas más degradantes de la televisión los que se dicen seguidores de La 2 de TVE. Y es que esa actitud hipócrita resulta común a cuantos rechazan el ruido bajo su propia ventana y van a organizarlo ante las ventanas de otros. O a quienes los ruidos de su gusto les parecen prodigios de armonía y un verdadero tormento el ruido ajeno. Una metáfora de casi todo lo que pasa.
* ELPAIS.com - Opinión - 8.09.09
