+-+casa+ilegal++ex+edil+Urbanismo+-+lavozdegalicia.es.jpg)
LAVOZ/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado la licencia de obra otorgada en su día por el Ayuntamiento de Sanxenxo al entonces concejal de Urbanismo, Francisco Villaverde. El ex edil construyó supuestamente una vivienda ubicada dentro de la servidumbre de protección del dominio público marítimo - terrestre, en la franja costera de la playa de Areas, situación que había denunciado en el 2005 el colectivo ecologista Salvemos Pontevedra.
Así lo destacó ayer la asociación, que añadió que el fallo dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano judicial el 26 de julio «es firme, por lo que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno».
La licencia municipal para la casa fue expedida el 13 de agosto del 2004 y Salvemos Pontevedra denunció la construcción de la vivienda, ya que la edificación estaba «íntegramente dentro de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre», considerada como tal desde mayo de 1998.
«Es algo sangrante, puesto que la casa no tiene ni pista de entrada», detalló ayer el presidente de la asociación ecologista, Francisco Díaz. «En este caso funcionó la Justicia. Ahora, el Concello debe obligar a la demolición de la casa», precisó el portavoz del colectivo, para agregar que el acceso a la vivienda se hace a través del arenal, del campo dunar de Areas o de las antiguas marismas del río Dorrón.
Salvemos Pontevedra aseguró en su momento que la edificación de Francisco Villaverde, concejal de Urbanismo con el ex alcalde Telmo Martín, no se ajusta a lo fijado en el propio Plan Xeral de Ordenación Municipal, que precisamente protege esta zona. La asociación, además, había impugnado la modificación puntual del deslinde de costas llevado a cabo en el lugar por el Servicio de Costas.
El chalé de la jefa de Costas
Por otro lado, Salvemos Pontevedra aprovechó el fallo del Tribunal Superior para recordar que todavía está pendiente de resolución la denuncia que se había interpuesto ante la Xunta contra el chalé de la jefa de Costas, Cristina Paz Curbera.
Este colectivo sostiene que la edificación invade los cien metros de protección del dominio público marítimo-terrestre, supuestamente al encontrarse a unos 75 metros del mar. La vivienda unifamiliar se encuentra por encima de la carretera PO-308, situada sobre un acantilado cerca de la playa de A Carabuxeira, también en Sanxenxo.
* La Voz de Galicia - Nino Soto - 30.07.2008
Foto: El chalé se ubica en la franja costera de la playa de Areas - CAPOTILLO, lavozdegalicia.es
El Tribunal Superior anula la licencia de la casa del ex edil de Urbanismo de Sanxenxo
La Audiencia Nacional ratifica el deslinde de 100 metros en la playa de El Algarrobico
EUROPAPRESS/Almería* : La Audiencia Nacional (AN) ha ratificado por segunda vez la "conformidad a derecho" del deslinde de 100 metros aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005 para el tramo litoral entre la playa de El Lacón, en el término municipal de Mojácar (Almería) y Carboneras, del que derivó el expediente de expropiación iniciado contra el hotel de Azata de Sol en el paraje del Algarrobico.
La sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un particular, propietario de un finca rústica en herencia desde el año 1970 y con registro de la propiedad "de hace más de 65 años", y confirma que prevalece el carácter "demanial" del terreno --perteneciente al dominio público-- sobre "los derechos legítimamente adquiridos" que alegó el demandante.
En concreto, la magistrada ponente Elisa Veiga fundamenta el fallo en el texto de la Orden Ministerial que, en su apartado Antecedente de Hecho I, advierte de que las precedentes resoluciones de deslinde a las que se acoge el particular --14 de marzo de 1964, 17 de febrero de 1965 y 30 de marzo de 1966-- "no incluían todos los bienes definidos en la presente Ley de Costas como dominio público marítimo-terrestre".
Procedería, así, según ahonda, "practicar un nuevo deslinde e incluir ese espacio que reúne las características físicas descritas en los apartados 3,4 y 5" de la citada Ley de Costas, una disposición que el fallo recuerda está avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 y que es de aplicación a la finca propiedad del demandante "aunque esté ocupada por obras".
El tribunal, que subraya que ya se pronunció de manera favorable a la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 2005 "aunque con motivos de impugnación que nada tienen que ver con los esgrimidos en este caso" no hace imposición de costas al actor del recurso al entender que no existe ni "temeridad ni mala fe".
El Tribunal Supremo (TS) confirmó en abril el deslinde de 100 metros aplicado por la Dirección General de Costas al litoral del paraje de El Algarrobico donde se levanta el hotel de la promotora Azata del Sol al considerar que prevalece el interés general de la protección del dominio público marítimo-terrestre sobre la legitimidad de la construcción.
Con anterioridad, en febrero, la Audiencia Nacional (AN) desestimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) contra la Orden Ministerial que el 8 de noviembre de 2005 y rechazó que los terrenos del establecimiento "tengan consideración de urbanos o que la edificación esté consolidada", única excepcionalidad que recoge la citada resolución.
* Finanzas - EUROPAPRESS - 29.07.2008
Foto: Algarrobico ilegal - EFE
Elda: El PP aprobará las 7.200 casas con campo de golf en Las Cañadas al margen del PGOU
+-+ua.es.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : El equipo de gobierno popular de Elda ha decidido autorizar a la promotora Invercon Reigo el desarrollo del complejo residencial con campo de golf de Las Cañadas como un Plan de Actuación Integrada (PAI), al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y ello a pesar de encontrarse este documento en proceso de elaboración.
De hecho, el Plan General de Elda dio la semana pasada su primer paso al aprobarse, en comisión de Urbanismo, el denominado Documento inicial de evaluación ambiental estratégica y el estudio de paisaje de la revisión del PGOU y despliegue del plan de participación pública.
Además, todo parece indicar que el gerente de Invercon Reigo, Francisco Gómez, va a ser el empresario que financie en parte o en todo la «nueva Elda», el macroproyecto urbanístico con el que el equipo de gobierno popular pretende construir 340 viviendas de protección oficial sobre los solares del estadio municipal Pepico Amat y la actual plaza de toros así como un nuevo campo de fútbol, un pabellón cubierto, un coso taurino, un parking privado y otro público, un centro social polivalente, dos parques y un área comercial con sesenta pequeños establecimientos. A cambio de ingresar ocho millones de euros en las arcas municipales como medidas compensatorias por la aprobación del PAI, el responsable del potente grupo promotor recibirá el apoyo que necesita de la alcaldesa, la popular Adela Pedrosa, para culminar el proceso de recalificación de cuatro millones de metros cuadrados de suelo en las partidas rurales de Las Cañadas y El Tite. De este modo podrá desarrollar un complejo residencial de 7.200 viviendas con un campo de golf de 18 hoyos.
Cabe recordar que este PAI ya fue aprobado en la anterior legislatura con el PSOE presidiendo la Corporación local y también obtuvo el visto bueno de la Conselleria de Territorio y Vivienda. Sin embargo, desde noviembre de 2006 la polémica actuación está pendiente de pasar por un nuevo pleno municipal para ser ratificada definitivamente tras las modificaciones sustanciales que se introdujeron, cambios efectuados a instancias del ex portavoz popular Camilo Valor con el acuerdo del grupo socialista para minimizar el impacto en el enclave natural limítrofe de Las Barrancadas y mejorar diversos aspectos del plan inicial.
El PP parece tener prisa por sacar este tema adelante y remitirlo a la Conselleria. Por ello lo ha incluido en la comisión municipal de Urbanismo de mañana y formará parte del orden del día del pleno previsto para esta semana.
* Información - PÉREZ GIL - 29 de julio de 2008
Foto: Elda (Alicante) - ua.es
Cuatro directivos de Seguros Ocaso, imputados en el 'Guateque'
.jpg)
ELPAÍS/Madrid* : La lista de imputados en el caso Guateque (la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales descubierta en noviembre del año pasado) acumula cuatro nuevos miembros. Se trata de otros tantos directivos de la compañía Seguros Ocaso. Están acusados de delito de cohecho.
Los cuatro ejecutivos, Carlos Ruiz, Javier Zumalacárregui, Ramón Boticario de Zulueta y Máximo Agustín Cabanas, comparecieron ayer ante el juez que instruye el caso, Santiago Torres, quien les preguntó por el cambio de uso del edificio que ocupa la sede central de la compañía, en la calle de la Princesa, número 23. Querían dedicarlo exclusivamente a oficinas y cancelar la parte destinada en él a viviendas.
Los ejecutivos negaron cualquier responsabilidad en la operación de cambio de uso del inmueble. En los trámites para solicitar esa modificación se usaron documentos falsos, según fuentes jurídicas próximas a la acusación. Este periódico intentó ayer, de forma reiterada y sin éxito, obtener la versión de la aseguradora.
Seguros Ocaso adjudicó los trámites y el proyecto del cambio de uso del edificio de su oficina central a la firma AC93, una de las empresas de ingeniería implicadas en la tramitación, presuntamente irregular, de licencias. Esta compañía realizó las mediciones, los planos y los trámites administrativos necesarios para reformar el edificio, según fuentes próximas a la acusación.
A tenor de esa versión, el juez preguntó ayer a los responsables de la aseguradora por unos documentos falsos que AC93 (cuyo propietario, Santiago Castillo, permanece en libertad bajo fianza), presentó a Urbanismo. Se trata de unos planos del edificio en los que supuestamente se alteraban las dimensiones del inmueble. Los cuatro directivos aseguraron al juez que la aseguradora se desentendió del proyecto cuando lo adjudicó.
Los ejecutivos de Ocaso se añaden a la larga lista de imputados en el caso Guateque, la mayor trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Madrid. Ya están acusados más de una treintena de funcionarios, el concejal de Salamanca Íñigo Henríquez de Luna y cerca de una docena de empresarios con cargos como tráfico de influencias, cohecho o prevaricación."No sabemos de lo que se nos acusa. Estamos muy sorprendidos con esta citación". Ésta fue la única explicación que ofreció a este periódico el abogado de uno de los directivos en los pasillos del juzgado.
El que no llegó a declarar ayer fue José Almansa, uno de los dueños del local de copas La Botellita, situado en la calle de Serrano, 63. Su comparecencia ante el juez se suspendió porque faltaba uno de los expedientes que había reclamado el magistrado. Almansa le confesó a Antonio Sanz Escribano, uno de los ingenieros investigados por la trama de corrupción, que había movido "hilos para abrir el local sin licencia. Por ejemplo, la madre de mi novia es la mejor amiga de Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables en muchos temas", según figura en una conversación telefónica grabada en la investigación del caso Guateque en julio de 2007.
La Botellita adquirió la licencia de funcionamiento como bar con actuaciones en 2002, y sus dueños aún están obligados a cerrar a las tres de la madrugada. Su propuesta de ampliar el horario hasta las 5.30 fue denegada por la Junta Municipal del distrito de Salamanca. El local, sin embargo, continúa abierto y cierra más tarde de las 3.00.
Imputados al margen, ayer declaró como testigo Henar Pérez-Zaballos, jefa de la Sección Técnica de Ordenación de la Gerencia de Urbanismo. La funcionaria acudió ante el juez Torres a petición del imputado Fernando Ruiz Torrejón, también trabajador municipal de Urbanismo.
La testigo, que trabajó en el plan especial para reformar el colegio Sagrado Corazón, aseguró que nunca recibió instrucciones de ningún funcionario y afirmó que nadie le pidió que se saltara ningún trámite.
* ELPAIS.com - ROBERTO TAMAYO - Madrid - 30/07/2008
Foto: Madrid, investigación trama urbanística - C.Álvarez (El País)
¿No es suficiente el patrimonio público de suelo para construir VPO?
SOITU* : En la pasada legislatura, el Estado liberó más de 22 millones de metros cuadrados de suelo público para el planeamiento y construcción de unos 67.000 pisos con algún tipo de protección, así como equipamientos sociales, pero estas cifras aún están muy lejos de las promesas electorales del PSOE de construir 1,5 millones de VPO en diez años (150.000 anuales).
Y es que, según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, "el suelo público no es suficiente para cumplir los ambiciosos planes del Ejecutivo". Al menos ésta es la explicación que ha ofrecido para justificar la decisión de invertir 300 millones de euros de las arcas públicas en la compra de terrenos privados para levantar VPO. Una elección que también responde, según Corredor, a la oportunidad de "aprovechar una coyuntura económica en la que los precios están claramente a la baja".
La oposición le echa en cara, sin embargo, el enorme stock de viviendas sin vender, que la propia ministra ha valorado en 800.000 unidades, así como la idoneidad o no de invertir dinero público en este proyecto cuando las cifras macroeconómicas han obligado al propio Zapatero a reconocer que "estamos en crisis".
Los expertos opinan que se opta por los suelos privados porque se pretende acelerar la puesta en el mercado de las viviendas, una idea que afianza la propia ministra al afirmar que en la elección de los solares privados se priorizará "el que tenga mejor disponibilidad para construir lo más rápido posible". De por sí, el proceso de construcción en un terreno apto y preparado para levantar VPO suele durar un mínimo de 2-3 años, más largo y tedioso aún es el proceso necesario para desafectar suelos públicos.
La complejidad del proceso
Cuando el propietario estatal decide que ya no necesita unos terrenos, los desafecta, pero eso no significa que en ellos se puedan construir viviendas inmediatamente. Antes hay que solicitar al ayuntamiento correspondiente una modificación del plan urbanístico de la ciudad, que en los casos más complejos deberá recibir el visto bueno de la comunidad autónoma, nos explica Lucio Rivas, director de Urbe Asesores Jurídicos. Y es que, aunque el Estado decida destinar suelo para construir pisos sociales, la última palabra la tienen las administraciones municipales y regionales, que poseen las competencias en materia urbanística.
Además, hay que tener en cuenta que la legislación vigente permite a los antiguos propietarios de solares que fueron expropiados en su día por el Estado para levantar, por ejemplo, un cuartel o una estación, reclamar una compensación si se cambia el uso del suelo. Eso sí, la Ley del Suelo aprobada en 2007 sólo permite esta reclamación si el periodo transcurrido entre la expropiación y la desafectación no supera los 8 años, puntualiza Rivas.
Los grandes terratenientes
El Ministerio de Defensa es el principal propietario de suelo del país. La drástica reducción del tamaño del Ejército ha hecho que muchos cuarteles hayan cerrado sus puertas en las últimas dos décadas, y sus solares estén disponibles para la construcción de equipamientos o viviendas. Pese a que, al comienzo de la pasada legislatura, el entonces titular de esta cartera, José Bono, se mostraba reacio a "financiar" el programa de Vivienda a costa del "presupuesto de armamento", este departamento es el que más superficie ha liberado en los últimos años. Desde 2004, Defensa ha desafectado unos 9 millones de metros cuadrados de suelo, que permitirán construir más de 31.500 nuevas viviendas, de las que dos terceras partes estarán sometidas a algún tipo de régimen de protección social.
El último terreno aportado por la cartera que ahora dirije Carme Chacón se ubica en el centro urbano de Ciudad Real, ocupa 8.000 metros cuadrados, y permitirá la construcción de 194 VPO. Pero el desarrollo más importante que se llevará a cabo en suelo del Ejército es la denominada Operación Campamento, en Madrid, que prevé la edificación de 22.000 viviendas (10.700 protegidas) sobre 274.506 metros cuadrados. El acuerdo definitivo para la venta de estos terrenos se firmó en 2005, y la Comunidad de Madrid pagó 33 millones de euros por ellos. No obstante, este proyecto colea desde 1989, fecha en la que el entonces presidente madrileño, Joaquín Leguina, 'soñaba' con crear lo que él denominaba la "Castellana del Sur", un gran bulevar que uniría Aluche y Alcorcón, después de derribar los cuarteles. Hoy por hoy, sólo se han derribado algunos edificios.
Los ministerios de Fomento e Interior también se han sumado a la iniciativa del Estado de sacar suelo público para VPO. En los últimos dos años, Fomento ha liberado 1,7 millones de metros cuadrados, que servirán para construir 6.781 viviendas sociales, y tiene previsto ceder suelo para otras 6.000. Interior, por su parte, contaba a finales de 2007 con 9.839 metros cuadrados desafectados, para levantar 56 pisos con algún tipo de protección.
Distinto es el caso de Adif (antigua Renfe), el otro organismo estatal con mayor patrimonio. Pese a que en el año 2000 la compañía ferroviaria gastó casi un millón de euros para inventariar sus terrenos, éste es uno de los secretos mejor guardados. Lo único que hemos podido conseguir son los datos proporcionados en 1999 por su Unidad de Patrimonio y Urbanismo, que cifraba en 48 millones los metros cuadrados susceptibles de ser urbanizados.
Hoy por hoy, este organismo asegura que "no hacen desafectaciones de carácter general", es decir, que esperan a que el planeamiento urbanístico de una ciudad estipule la necesidad de unos terrenos procedentes de su patrimonio en desuso, y después se inicia el proceso de desafectación habitual que hemos explicado antes, para proceder posteriormente a la subasta o concurso público del suelo.
Pero no siempre fue así. La antigua Red de Ferrocarriles Españoles apostaba por la comercialización directa a través de empresas mixtas con constructoras e inmobiliarias. El terreno desafectado se sacaba a concurso y la compañía ferroviaria creaba una sociedad con el ganador a la que transfería el suelo, y en la que participaba al 40%. Adif aún mantiene 15 de estos acuerdos que no han finalizado.
Para poner orden en el patrimonio del Estado y conocer de primera mano la disponibilidad de suelos de titularidad pública que podrían emplearse para construir VPO, el Ministerio de Vivienda ha creado una subcomisión interministerial que lleva varios meses trabajando en este tema. Además, la Federación Española de Municipios y Provincias se ha comprometido a realizar un mapa de las zonas más atractivas y necesarias para construir en toda la geografía española.
* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 29.07.2008
Foto: Terrenos de la Operación Campamento (Madrid) - soitu.es
