EUROPAPRESS/Madrid* : La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará del 14 al 17 de diciembre el juicio contra la ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y actual secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, así como de toda la Corporación municipal de esta localidad en el año 2001 por su supuesta implicación en el 'caso Patrimonio Siglo XXI', ha informado el TSJM en un comunicado. La Fiscalía del TSJM les acusa de un presunto delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases del Régimen Local. Cada uno de los acusados se enfrenta a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Además de Rollán, se sentarán en el banquillo la diputada Esperanza Rozas; Francisco Martín Rojas; Julia López Jiménez; María del Mar González Romero; Josefina Ginovart Amorós; María de los Desamparados Gallego Alfaro; y Francisco Montero Almirón.
También serán juzgados Lucía Tizón Cuñarro; Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez; Juana Fernández Rodríguez; Félix Ortega Arias; y Juan Francisco López Gárate.
El escrito de acusación señala que en 2001 la corporación del Ayuntamiento de Torrejón, en la que se encontraban Rollán o la diputada regional del PSOE Esperanza Rozas, votó favorablemente un convenio urbanístico entre el Consistorio y la entidad Patrimonio Siglo XXI S.A., por valor de 539.291.000 pesetas (3.241.204 euros), a pesar de que durante el pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad".
El texto señala que, en virtud del convenio, la sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento en la unidad de Ejecución 19 denominada 'Mancha Amarilla' ubicada en el PGOU" del municipio.
CONVENIO IRREGULAR
El escrito indica que el pleno municipal en el que se votó el convenio "puso de relieve la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito" advirtiendo que la Concejalía de Urbanismo de la localidad "no cumplió con los artículos 164, 172, 175 y 177 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales", y en el fondo, "se infringía la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid" porque el convenio "no tenía cabida en los artículos 245 y 246 de la Ley del Suelo".
Asimismo, señala que el secretario del Ayuntamiento "ponía de relieve la circunstancia de que nunca se podría configurar jurídicamente el convenio como una permuta, al no darse la necesaria reciprocidad de dar y recibir".
Por todo ello, el fiscal señala que los hechos "constituyen 14 delitos de prevaricación del artículo 404 del código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local" y que "cada acusado es responsable de un delito de prevaricación de los preceptos reseñados". Además, indica que "a cada acusado procede se le imponga la pena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público".
CONVENIO "AJUSTADO A LA LEGALIDAD", SEGÚN PSOE
Tras conocer la citación, el PSOE de Torrejón de Ardoz anunció que presentará en un el juicio "un informe jurídico que prueba que el convenio jurídico" por el que se juzga a la Corporación municipal de 2001 "estaba ajustado a la legalidad".
Se trata del informe de un catedrático de derecho con el que los socialistas pretenden arrojar luz a un asunto en el que, según explicaron, "existe una gran controversia entre dos informes jurídicos, el de la abogada de Urbanismo y el del secretario de la Corporación".
Los ediles han mostrado su deseo de que el juicio y la consiguiente sentencia "se produzcan cuanto antes, en unos días, para poder aclarar todos los extremos que llevaron a 14 concejales a aprobar este acuerdo plenario". Además, dijeron estar "convencidos de que se producirá una sentencia absolutoria".
"Queremos reiterar de nuevo que los 14 concejales de la Corporación de Torrejón de Ardoz no están acusados ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente. Se trata de dirimir una posible prevaricación administrativa; es decir, si fue acertado hacer caso al informe de la abogada de Urbanismo en vez de al del secretario. Esta es la actuación que se analiza: la decisión y el voto de 14 personas en un pleno municipal", han aclarado.
Asimismo, los ediles han recordado que con este acuerdo de Pleno se consiguió "salvar la construcción de 107 viviendas de integración social y llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas".
MULTA DE TRÁFICO
Días antes de conocer la fecha del inicio del juicio, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, comparó la imputación de Rollán con una "multa de tráfico" y aseguró que no tiene "ninguna duda" de que el caso no va a tener ninguna consecuencia jurídica.
"Nada tiene que ver una multa de tráfico, que desde luego, de ese proceso judicial no tenemos ninguna duda que no va a tener ninguna consecuencia jurídica, pero nada tiene que ver, en todo caso, una multa de tráfico con atracar un banco. Nada tiene que ver un asunto puramente de una decisión administrativa y que no va a tener consecuencias judiciales con lo que estamos viendo y viviendo en las administraciones que gobierna el PP", señaló entonces Gómez.
* Europa Press - 12.12.10
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com
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LAOPINIÓN/Málaga* : El guion varió a última hora, pero ninguno de los miembros de la película podía ausentarse: en la undécima sesión del juicio de «Malaya», que se retomó ayer, estaba previsto que el principal acusado, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, comenzara a declarar, pero la sorpresa fue mayúscula cuando el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero pidió empezar por el abogado hispano-alemán Juan Hoffmann. El tema de discusión fue el pelotazo de «Crucero Banús», aunque eso no consoló a los periodistas ni al público que acudió a la Ciudad de la Justicia para comprobar que el Jefe habla y tiene alma. Sin embargo, abrió el fuego otro peso pesado de la trama, al igual que hoy hablará Pedro Román, la sonrisa del régimen. Ellos también son actores principales en esta historia, cuyo protagonista con más empaque, Jesús Gil, hizo mutis por el foro hace tiempo.
Primero, el marco del debate: el pelotazo «Crucero Banús», una transacción inmobiliaria que supuso un aumento de la edificabilidad de una parcela desde los 532 metros cuadrados de techo hasta los 11.406 en virtud a un convenio, siempre según las tesis de la Fiscalía. Hoffmann, Roca, el ex comisario Florencio San Agapito y Román habrían constituido una sociedad en Suiza, Lispag AG, con la que a su vez adquirieron las participaciones de la propietaria del terreno de Puerto Banús (Yambali) por cuatro millones de dólares.
Un año después, tras el verano de 2002, vendieron la mercantil al promotor José Ávila Rojas por diez millones de euros. El beneficio: seis millones de euros en un solo año, recibiendo el Ayuntamiento la mitad de los aprovechamientos urbanísticos previstos (2.400 metros cuadrados). El perjuicio a Marbella, indica López Caballero, asciende a cinco millones de euros.
El acusador público estuvo riguroso, atento al detalle, y huyó de las frases grandilocuentes: se centró en demostrar la ilegalidad de la compraventa inmobiliaria de principio a fin; Hoffmann, por su parte, se esmeró en dos aspectos: demostrar que nunca se manejó dinero ilícito en el proceso. El acusado está considerado el hombre que diseñó la estructura societaria del presunto cerebro de la trama en el extranjero.
El letrado indicó que en ese terreno, el promotor del centro comercial Cristamar, Yassin Dogmoch, quería edificar un rascacielos señero, pero al no llegar a un acuerdo le pidió que buscase un comprador, que resultó ser Román, reconvertido en 2001 en industrial inmobiliario –dejó el Consistorio en 1998–. Los técnicos del primer propietario de la superficie ya negociaron un convenio con el Consistorio, pero Hoffmann dijo desconocer si se había rubricado.
Aunque el momento álgido se vivió cuando lo interrogó su abogado, el minucioso José Manuel Vázquez. Reconoció haber firmado el convenio en el que se aumenta la edificabilidad y se recortan a la mitad los aprovechamientos urbanísticos de Marbella. Pero dejó muy claro que, en septiembre de 2001, cuando se inician los trámites, no tenía negocios ni amistad con Roca. «¿Lo conocía?», le indicó el jurista, a lo que éste respondió: «Sí, de hola y adiós».
«Roca, sin influencia decisiva»
Antes le había dicho al acusador que no tenía conocimiento de que «la influencia» de Roca fuera decisiva para llevar a buen puerto el convenio de «Crucero Banús», pero era uno de los socios iniciales. Eso sí, sobre Jesús Gil sí podía tener influencia, pero nunca, pese a ello, habló con él de negocios. «Ni me uní a su partido», indicó.
Sobre qué actividad realizaba en Marbella, el letrado hispano-alemán fue tajante: «Trataba de traer inversores a Marbella para generar riqueza». No en vano, tanto Dogmoch, en un principio, como los cuatro socios en la mercantil helvética, después, querían levantar en la mítica parcela de Puerto Banús un edificio señero.
Declaró que no había sido jamás experto en Derecho Urbanístico, y consideró que, en el primer convenio, que no llegó a buen puerto, se hablaba de más edificabilidad y de un menor beneficio para el Ayuntamiento. El segundo le pareció «caro».
En septiembre de 2001, cuando Lispag AG compra Yambali, «Roca no estaba imputado en ningún caso, ni siquiera había sido detenido», apostilló, y, por tanto, no tenía por qué conocer los procesos penales en los que el murciano estaba inmerso (fue arrestado en mayo de 2002). Tampoco sospechó de que el entonces asesor «tuviera capacidad económica para afrontar una inversión de 600.000 euros», suma inicial aportada en tres cheques para participar en el negocio.
«Caos urbanístico total»
Por tanto, rubricó un convenio negociado por Román. El fiscal López Caballero le había preguntado antes si sabía por qué esa parcela no se desarrolló finalmente –hoy en día está paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)–. «No se ajustaba a la legalidad urbanística vigente, pero el caos era total», le espetó a López Caballero, aunque luego abundó en el asunto. En aquella época, regía el PGOU de 1986, toda vez que la Junta de Andalucía tumbó parte del elaborado por Jesús Gil, conocido como el de 1998. El acusador Antimafia le cuestionó sobre si era consciente de que la licencia se concedió en base al nuevo planeamiento que, andando el tiempo, resultó ser ilegal. «No, pero es una práctica corriente en Marbella y en toda España».
Su letrado le recordó la pelea entre la Junta y el Ayuntamiento por ver qué plan se aplicaba, de la que dijo ser consciente, pero, aún así, «se construía en Marbella y los bancos financiaban». «No se sabía qué documento regía. Todo era un tremendo caos administrativo, que no legal», resaltó.
En este caso se imputa a los encausados supuestos delitos de blanqueo y fraude fiscal y malversación. Junta, Ayuntamiento y Hacienda acusan también a Julián Muñoz, José Mora y Ávila Rojas.
* la Opinión Málaga - 14.12.10
Foto: Juan Hoffmann declaró durante casi cinco horas y contestó a numerosas preguntas de sus abogados. Jamás perdió las formas pese a la difícil situación en la que se halla. EFE
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ELNORTEDECASTILLA* : Las sesenta organizaciones que han firmado el manifiesto contra el cobro por parte del Ayuntamiento de Valladolid de la tasa por la ocupación del espacio público para actividades sin ánimo de lucro estudian acudir a los tribunales para pedir que se anule, al considerar que vulnera derechos fundamentales contenidos en la Constitución Española como la libertad de expresión o de asociación. El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, justificó ayer el cambio de criterio de su equipo desde el pasado mes de mayo (se han girado recibos con carácter retroactivo) en la caída «escandalosa» de los ingresos municipales, lo que, a su juicio, obliga al Consistorio a aumentar la entrada de dinero «tacita a tacita».
El PP, que argumentó jurídicamente la posibilidad del cobro, se quedó solo en la defensa de esta medida durante el pleno municipal. El presidente de la Federación de Vecinos, Pablo Gerbolés, mostró, durante su intervención en la sesión, la preocupación de los colectivos porque el Ayuntamiento «ponga precio a derechos fundamentales». Óscar Puente fue más duro y tachó al alcalde de «medieval y antidemocrático, porque piensa que Valladolid es su feudo, los vallisoletanos sus súbditos y la ciudad el patio de su castillo».
Alfredo Blanco, concejal de Hacienda, destacó que los informes técnicos arrojan la posibilidad de poder cobrar sin problemas, porque el texto no hace distinción entre actividades lucrativas o no lucrativas. Durante el pleno la oposición recordó al PP dos sentencias muy recientes que han condenado al Ayuntamiento por disolver una acampada de CGT y un acto del Movimiento Cultural Cristiano. En ambos casos, los jueces consideraron que se había vulnerado el derecho de reunión.
* El Norte de Castilla - 14.12.10
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
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SUR/Málaga* : José María González estaba encantado con la inversión que había hecho. Había comprado un apartamento en La Perla, un complejo que se levantaría en uno de los puntos menos masificados de Benalmádena Costa y con unas espectaculares vistas del litoral malagueño. Hizo la reserva en junio de 2003. La fórmula de compra era de lo más apetitosa, en régimen de condominio, de modo que podría disfrutar de las instalaciones en vacaciones, mientras que el resto del año sería gestionado como un apartotel. «Nos lo vendieron como algo divino, porque podríamos disfrutar las vacaciones en familia, a un paso de la playa y con buenos restaurantes», recuerda. Cada seis meses tenía que hacer frente a una cuota, hasta que desembolsó los 51.500 euros estipulados; la misma cantidad que abonaron sus padres para hacerse con otro apartamento colindante. Pero el tiempo pasaba y las obras no empezaban. Ni lo harán. El Ayuntamiento revocó en 2008 la licencia de obras a la promotora, Grupo Mirador, puesto que estaba condicionada exclusivamente a un uso hotelero, y no como apartamentos.
Además, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha devuelto la calificación de los terrenos a su origen, de forma que finalmente la parcela se destinará a chalés.
Mientras tanto, ni José María ni su padre han visto un solo euro. La mercantil les ofreció cambiar el apartamento por unos adosados en Fuente de Piedra, pero la mayoría estaban embargados. Además, sus intentos de ejercer el aval para recuperar su dinero también fueron baldíos, ya que había sido suscrito por un banco sudamericano de nula solvencia. Ante esta situación, denunciaron a la mercantil por estafa, pero un juzgado de Antequera no vio indicios de delito, al considerar que se trataba de un simple incumplimiento de contrato que se debía resolver por la vía civil y no por la penal.
Todos sus ahorros
En idénticas circunstancias se encuentra Bianca Alves desde que en 2006 destinó todos sus ahorros a la adquisición de una vivienda en la urbanización Mirador de la Fortaleza, en Vélez-Málaga. Para hacer frente a los 33.000 euros, tuvo incluso que solicitar un préstamo de 15.000 euros que hoy aún está pagando, pese a que esta promoción, como su dinero, también se ha desvanecido. Y es que no sólo carecía de licencia de obras; los terrenos ni siquiera pertenecían a Mirador al estar hipotecados por impago. «Encima, sus responsables se han declarado insolventes a pesar de que les seguimos viendo con coches y casas, con lo que no sé cómo vamos a recuperar nuestro dinero», se lamenta Bianca.
Sin piso y sin dinero. Así es como se encuentran cerca de 600 familias -la mayoría parejas jóvenes, aunque también algunos extranjeros- que durante años depositaron entre 30.000 y 50.000 euros en alguna de las promociones que el Grupo Mirador tenía proyectadas y que finalmente no se han construido, con casos en Fuente de Piedra, Villanueva del Rosario, Fuengirola, La Cala del Moral, las ya citadas en Benalmádena y Vélez-Málaga, e incluso en Loja (Granada). Algunas bajo la excusa de la crisis; otras, por presuntas irregularidades.
A través de la oficina del Defensor del Ciudadano, con Francisco Gutiérrez al frente, las quejas de los afectados de la provincia fueron trasladadas al Defensor del Pueblo Andaluz, quien concluyó que se podrían depurar responsabilidades penales y puso el caso en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, el Ministerio Fiscal volvió a remitir la causa a los juzgados de Málaga, donde ha habido disparidad de criterios, de modo que algunas siguen su curso por la vía penal por presunta estafa y otras, la mayoría, han sido desestimadas. «Me atrevería a decir que se ha producido cierta negligencia en la justicia, porque vender algo que ni siquiera es tuyo es una estafa y no un incumplimiento de contrato», asegura Gutiérrez, quien advirtió que «esta actitud de los jueces da fuerza a individuos de este tipo -en referencia al gerente de Mirador, Enrique Faura- que se ha dedicado los últimos años a engañar tranquila y ominosamente a muchas personas y a burlarse de todo el mundo. Aquí hemos tramitado 800 quejas».
Sobre el papel jugado hasta ahora por la justicia también opina la abogada Patricia Morales, que representa a un buen número de afectados y tiene en marcha tres procedimientos abiertos contra la promotora. «Es incomprensible que no lo consideren estafa cuando hay tantos indicios como la falta de avales, la apropiación indebida de los terrenos,...», asegura la letrada, quien alerta del daño que estos casos pueden causar a la imagen del mercado inmobiliario de la Costa del Sol. «Muchos de mis clientes estafados son británicos, y tienen muy claro dos cosas: que jamás recomendarán a sus compatriotas comprarse una casa aquí, y que en su país estos personajes estarían entre rejas», afirma. En este punto, abogó por que la Fiscalía «se ponga las pilas» para que las demandas tengan recorrido en la vía penal. «Irte sólo por lo civil es un suicidio porque este señor presenta una insolvencia personal absoluta que nadie se cree, porque no tiene nada a su nombre».
* Sur - 12.12.10
Foto: Mil viviendas, un hotel y un campo de golf estaban previstos en Villanueva del Rosario - sur
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ELPAÍS/Almería* : España y Estados Unidos tienen un problema enquistado desde 1966: el accidente nuclear en Palomares, en el que cuatro bombas atómicas cayeron en la pedanía almeriense. España decidió en 2004 descontaminar la zona e insiste en que EE UU pague parte de la limpieza y se lleve la tierra contaminada con plutonio. Así se lo transmitió el 14 de diciembre de 2009 el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Washington. Moratinos reclamó, según un cable confidencial, que Clinton hiciera lo posible "para ayudar desde el punto de vista de la opinión pública española, de la que temió que se volviera en contra de EE UU si se divulgaran los resultados de un reciente estudio sobre la contaminación". Clinton no contestó. El estudio, a cuyas conclusiones ha tenido acceso EL PAÍS pero que no ha sido hecho público, concluye que en Palomares queda medio kilo de plutonio que ha contaminado unos 50.000 metros cúbicos de tierra -el volumen de 27 piscinas olímpicas-.
Los cables revelan que Washington sabe que su compromiso estaba escrito en un documento de 1969. La Embajada en Madrid pidió al Departamento de Estado que pagara o, de lo contrario, serían duramente criticados si eludían su responsabilidad. Sin embargo, EE UU comunicó a España en una nota verbal del 16 de noviembre pasado que necesita más estudios, que por ahora no va a pagar su parte de la descontaminación, según fuentes conocedoras del documento. Este no aparece en los cables de Wikileaks, ya que las comunicaciones filtradas concluyen el pasado mes de febrero. Pero supone el colofón a un intenso intercambio de pareceres que demuestra que el caso Palomares ha estado muy presente en las relaciones bilaterales.
El 7 de noviembre de 2006, un cable de la Embajada de Madrid a Washington (84732) firmado por el embajador Eduardo Aguirre (en el cargo entre 2005 y 2009) relata la visita a España de John Shaw, secretario adjunto del Departamento de Energía (DOE) en septiembre de 2005. Shaw visitó Palomares, pese a lo que el Ministerio de Exteriores español no le trató durante la visita. El cable afirma que "Shaw no se comprometió formalmente a dar financiación del DOE a ningún plan eventual de limpieza, pero quedó implícito que el DOE permanecería en la escena de una forma u otra hasta que Palomares estuviera limpio".
La nota recuerda que tras el choque de dos aviones militares durante un repostaje en el aire, el 17 de enero de 1966, el Ejército estadounidense se llevó unas 1.700 toneladas de tierra contaminada a un almacén nuclear en Carolina del Sur. En 1997, el DOE "se comprometió a pagar el 25% del gasto anual del Ciemat en vigilancia ambiental y médica, hasta unos 300.000 dólares" al año. El Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, del Ministerio de Ciencia) es heredero de la Junta de Energía Nuclear de Franco y quien vigila Palomares. Entre 1997 y 2007, el DOE pagó tres millones de dólares al Ciemat.
Una zona olvidada
Palomares nunca fue un problema, era una zona olvidada. Pero hace una década llegó la burbuja inmobiliaria y, con ella, los planes para construir decenas de miles de viviendas del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (al que pertenece Palomares) y de Vera, que también tiene terreno afectado. Pretendían multiplicar por 10 la población de Palomares (1.500 habitantes) y obligaron al Ejecutivo a dejar de mirar hacia otro lado.
En 1996, las mediciones de radiación en el aire y los cultivos comenzaron a dar niveles anormalmente altos. Era el americio, producto de la desintegración del plutonio y que se dispersa más fácilmente. En 2001, el Ciemat tomó nuevas muestras de suelo y halló un nivel de radiación 20 veces superior al considerado aceptable para un suelo donde vive gente. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) alertó de que remover la tierra contaminada era un riesgo para la salud.
En la Ley de Acompañamiento de 2003, el Ejecutivo de José María Aznar incluyó la expropiación de los terrenos en los que cayeron las bombas. Todos esos movimientos se hicieron sin comunicarlo públicamente. La ley que permitía la expropiación no citaba en ningún lado la palabra Palomares.
En 2004, ya con el PSOE, llegó a la dirección del Ciemat Juan Antonio Rubio, quien, según la nota de la embajada, "revitalizó una institución moribunda" y puso en marcha un plan de descontaminación. Rubio, ya fallecido, declaró entonces a EL PAÍS que él fue el primer sorprendido al saber que el plutonio seguía enterrado: "Lo mejor es quitar el material radiactivo y olvidarnos de Palomares". El Ciemat comenzó a realizar un detallado estudio tridimensional de la contaminación: expropió los terrenos de las bombas, tomó 325.000 muestras con un georradar en 6,6 millones de metros cuadrados de suelo y analizó 1.848 muestras de tierra. EE UU puso 1,983 millones de dólares para el estudio. En un informe preliminar, de junio de 2007, el Ciemat admitió que había contaminación fuera de las zonas valladas y expropiadas y el CSN replicó que la contaminación detectada se podría superar la dosis de radiación admisible para el público, lo que obligó a "imponer restricciones totales o parciales" al uso del suelo.
El estudio sobre la radiación enterrada se terminó en diciembre de 2008 y es al que se refiere Moratinos. El Gobierno no lo ha hecho público, pero según las conclusiones, ha hallado 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con medio kilo de plutonio (cada bomba tenía entre 4 y 5 kilos). Además, desvela la localización de las zanjas radiactivas en las que el Ejército de EE UU dejó enterrados restos metálicos contaminados y que la sobreexplotación del acuífero ha provocado la intrusión salina (entra agua de mar en el subsuelo), algo que "reduce las posibilidades de que el agua subterránea haya sido utilizada para beber o regar". Hay tres zonas contaminadas, una cerca del cementerio -donde están las zanjas-, un solar en el centro de la pedanía, y 20 hectáreas en la sierra de Almagrera, donde el viento llevó parte de la contaminación durante la caída de la bomba. De los 50.000 metros cúbicos contaminados hay 4.200 con un nivel de radiación que implica "la restricción total de uso". Los investigadores buscan cómo reducir el volumen de tierra con un tamizado y consideran que los 50.000 metros cúbicos de tierra radiactiva se podrían quedar en 6.000.
Control de daños
El embajador Aguirre advirtió a Washington ya en 2006 de que si decidían no pagar nada "la embajada debería preparar una estrategia de control de daños, ya que EE UU sería atornillado en la prensa (por ejemplo, un buen aliado debería solucionar su propio lío)". El entonces embajador, que también visitó Palomares, recomendó buscar financiación militar.
La decisión de Washington de desentenderse del accidente ha contado siempre con la oposición de su legación en Madrid. Arnold Chacon, ex encargado de negocios y embajador interino entre enero de 2009 y enero de 2010, elevó el 30 de abril de 2009 un despacho confidencial sobre Palomares (204960). Chacon expresa a Washington sus dudas: "¿Está el Gobierno de EE UU considerando pagar al menos parte de la limpieza y llevarse parte del suelo contaminado?". La Embajada revisó todo el expediente para responder la pregunta de si estaban obligados legalmente a pagar. "La Embajada no conoce ningún documento que indique que el Gobierno de EE UU se haya comprometido a financiar la limpieza", aunque admite que hay "una referencia en un documento de poco valor de 1969" a una garantía del general Wilson. La legación explica que cree que se trata del militar "Delmar Wilson, que estuvo al mando de la respuesta inicial al accidente" y que en ese texto queda claro que "el Gobierno de EE UU sufragaría todos los gastos causados por el accidente, pero el contrato no explica qué cubre esta garantía". El Ciemat encargó otro informe jurídico en el que ve muy difícil reclamar el pago en los tribunales.
Los documentos firmados durante décadas no dejan claro quién debe pagar. El acuerdo Hall-Otero, del 25 de febrero de 1966, un mes después del accidente, se refiere a "un área rural que ha sido descontaminada de acuerdo con límites y procedimientos de descontaminación mutuamente acordados y no hace referencia a ninguna limpieza adicional", según prosigue Chacón. "Sin embargo" ?admite? "está claro que, debido a los avances del conocimiento científico de qué niveles de contaminación son aceptables y con los resultados preliminares del mapa de la contaminación, la limpieza adicional ahora es considerada necesaria".
En 2006 y 2007 los dos países firmaron nuevos documentos para llevar a cabo el proyecto para conocer la contaminación en detalle. El cable considera que ninguno de estos "constituye un compromiso para ninguna de las partes para llevar a cabo la limpieza". Chacón considera, pues, que no hay obligación legal pero advierte a sus superiores de que las negociaciones en "2005 y 2006 contribuyeron a la expectación" de que EE UU apoyaría la limpieza. Insiste en que, aunque nunca se comprometieron por escrito, los tratos entre representantes de los dos Ejecutivos "reforzaron" la aspiración de que los estadounidenses pagarían y de que se llevarían el plutonio. En la Península Ibérica no hay ningún almacén para esta sustancia. El plutonio tarda 24.000 años en desintegrarse a la mitad.
Gastos compartidos
Los científicos españoles involucrados en la limpieza siempre daban por descontado el apoyo: "Con EE UU no hay ningún problema. Pagarán su parte. Son gente muy seria y saben que esto lo causaron ellos", afirmaban con rotundidad. Aunque con el cambio de Administración y la llegada de Obama todo cambió. El 8 de octubre de 2006, Juan Antonio Rubio explicó a EL PAÍS: "EE UU nos va a ayudar en la parte técnica y aunque no se dice cuánto, los gastos serán compartidos". La información no fue desmentida y salió en medios internacionales. La Embajada admite en sus cables que "las historias en la prensa" reforzaron la impresión de que Washington pagaría su parte de los 25 millones en los que está presupuestado el proyecto.
Chacón, al igual que su predecesor, entiende la petición española: "Si el Gobierno de EE UU decide no colaborar en la limpieza, anticipamos una significativa reacción negativa del Gobierno de España y del público y la prensa española (esperamos que la prensa de EE UU, que ocasionalmente sigue el tema, también se interesaría)". El embajador considera que lo relevante no es si hay un compromiso implícito o explícito, sino que la discusión se centraría en "la falta de voluntad de EE UU de ayudar a terminar de limpiar la contaminación causada por armas de EE UU que cayeron de aviones de la Fuerza Aérea de EE UU".
Pese a los cables, Washington siguió dando largas. Hace un año, Moratinos sacó el tema en Washington y pidió ayuda antes de que se conocieran las conclusiones del estudio. En la reunión estaba el entonces embajador en EE UU, Jorge Dezcallar, y el ex director general para América del Norte Luis Felipe Fernández de la Peña. Clinton le replicó "que recordaba el accidente pero no hizo ningún compromiso". En lugar de eso, en el presupuesto para el curso 2009-2010, EE UU dejó de pagar los 300.000 dólares anuales que abonaba desde 1997.
En mayo de este año, durante la visita del actual vicepresidente norteamericano Joe Biden a España, Exteriores sacó el tema y el 7 de julio, finalmente, hubo una reunión en Washington entre representantes del Gobierno y militares estadounidenses. El Ejecutivo español (La Moncloa, Exteriores y el Ciemat) llevaba tres ideas: que España necesitaba ayuda tecnológica, financiera y, sobre todo, que EE UU debía llevarse la tierra. No hubo respuesta, solo tomaron nota, como había hecho Clinton siete meses antes. La réplica finalmente llegó en una nota verbal de dos folios del 16 de noviembre pasado.
Análisis a la población
En ella, EE UU afirma ahora que necesita más estudios antes de tomar una decisión, que hay que realizar análisis a la población y establecer criterios de exclusión de uso del suelo. Fuentes españolas consideran que el escrito supone retroceder 40 años, que no abordan el problema del plutonio y ni mencionan el americio. Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, y buen conocedor del proceso, culpa a EE UU "pero también al Gobierno español": "España ha enviado delegaciones muy técnicas, de muy poco nivel y Exteriores nunca se ha implicado en el proceso. Así que EE UU, que en principio se tomó el tema muy en serio, ha aprovechado la puerta que le han dejado abierta".
El Gobierno ha recibido con sorpresa y desánimo la respuesta y ha convocado una reunión el 14 de diciembre para decidir qué hacer. España es consciente de que sin ayuda estadounidense no puede solucionar Palomares. "No dicen que no vayan a colaborar, es una nota interina en la que piden más estudios. En esencia, se dedican a dar largas", resume una fuente próxima a la negociación.
Ante la previsible negativa estadounidense, el Ejecutivo involucró a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que ha preparado un informe sobre la situación. Además, en abril visitaron Palomares expertos de Euratom (la agencia europea de la energía atómica) y elaboraran otro informe para el Parlamento Europeo. España espera que la publicidad del informe sirva de palanca para implicar a EE UU. Pero admite que es muy complicado porque Washington no quiere crear un precedente y comenzar a recibir reclamaciones de otros lugares del mundo donde ha dejado contaminación radiactiva.
Trato VIP al alcalde en un viaje personal a EE UU
La Embajada de Estados Unidos consideró que tener de su lado al alcalde en el caso de Palomares era fundamental. La pedanía pertenece a Cuevas del Almanzora, cuyo alcalde es Jesús Caicedo, del PP, en el cargo desde 1999.
La embajada y el Departamento de Energía "se encargaron" de que el alcalde "recibiera trato de VIP durante un viaje personal a Washington a finales de 2005", según un cable de 2006 del entonces embajador, Eduardo Aguirre, a Washington. El informe relata que el Ayuntamiento podría haber puesto multitud de pegas al acuerdo bilateral pero que ahora apoya completamente los trabajos en la zona.
Aguirre se muestra en el cable como un defensor de la limpieza en la zona con apoyo estadounidense, para usarlo como ejemplo de cooperación bilateral. También recomienda aportar material de EE UU para el museo sobre las bombas que planteó el Ciemat al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. El museo, con un centro de interpretación, iba a ser dirigido por el antropólogo Eudald Carbonell, uno de los codirectores de Atapuerca. El proyecto está paralizado.
* El País - 9.12.10
Foto: El general de brigada Arturo Montel felicita al comandante de EE UU Radm William tras el rescate de la bomba caída en Palomares en 1966 - elpais
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LAVOZ/A Coruña* : Unos obreros limpian la pared de una de las casas de la Rúa da Cerca, en el casco histórico de Betanzos. La semana pasada, a solo unos metros, una de los muros del inmueble ubicado en el número 9 acabó por los suelos. El desplome fue solo un grito de auxilio más, de los muchos que lleva dando el casco viejo de la ciudad. En dos años se han caído quince elementos estructurales. El escaso interés que despiertan las ayudas a la rehabilitación entre los propietarios, muchos de los cuales prefieren poner sus casas a la venta, y la falta de fondos de las Administraciones para poder ejecutar instrumentos legales, como el inicio de procesos expropiatorios, complican la recuperación del que es uno de los mayores cascos históricos de Galicia.
Ahora, la Xunta acaba de aprobar una partida de 700.000 euros para comprar y rehabilitar casas. Adquirirán ocho en la misma calle en la que hace unos días ocurrió el último derrumbe. Desde el Ayuntamiento confían en que esto actúe de resorte para revalorizar el casco y animar a otros propietarios a invertir y rehabilitar. Pero el proceso será largo. Y puede que cuando termine muchas casas que ahora están sostenidas por andamios y estructuras metálicas ya no estén en pie y pervivan únicamente en el recuerdo de los vecinos.
Ejemplo
«No hace falta que se inscriban muchos inmuebles en el registro de solares. Con uno o dos ejemplos basta para que el resto de propietarios se pongan las pilas y empiecen a arreglar». Una responsable de la rehabilitación del casco histórico de Santiago explica con estas palabras cómo Compostela utilizó en su día la herramienta coercitiva del registro de solares para instar a la rehabilitación. En ese listado aparecen aquellas viviendas que requieren reforma. El Concello puede enviar a los dueños avisos para que hagan arreglos y, pasado un plazo de dos años, podría activar un proceso para subastar la vivienda a precio de catastro. Algo semejante es lo que ha habilitado A Coruña desde hace unos años, ciudad en la que ya se han expropiado varias casas.
Presupuesto
«Ayuntamientos grandes pueden permitirse eso, pero con un presupuesto como el de Betanzos, de dos millones de euros, no se puede expropiar. Podría hacerse en un caso o dos, pero de qué valdría eso», apuntan fuentes municipales.
Betanzos ha preferido optar por un método aplicado ya en otras zonas, como en el barrio lucense de La Tinería. Ahí se activó un plan para recuperar 52 edificios. El presupuesto con el que contaba era de 31 millones de euros, una cantidad que multiplica por treinta lo dedicado al casco brigantino, donde el total que dedicará la Xunta en dos años es de un millón de euros. Una vez reformados, los edificios albergarán viviendas destinadas al alquiler.
Eso es lo que harán en Betanzos, la primera ciudad no capital de provincia, junto con Vilalba, en la que aplicarán la iniciativa. Pero de momento el presupuesto para este año alcanza para comprar ocho casas, aunque en el casco hay unas 114 con riesgo de derrumbe y unas 600 que precisan alguna actuación.
«O plan de merca de casas e as axudas que hai son un motor de arranque», explica la alcaldesa de Betanzos, María Faraldo, desde Argentina. Reconoce que se han perdido muchos años y, pese a los pequeños pasos que se están dando, la recuperación del casco antiguo no empezará a dar frutos hasta dentro de unos cinco o seis años. «Hai que empezar a invertir a curva. Estase empezando a facer eso porque ata o 31 de outubro concedéronse un 5% máis de licencias de obra para rehabilitar nesa parte da cidades que en todo o 2009», apunta.
* La Voz de Galicia - 12.12.10
Foto: Unos andamios sostienen una de las casas con riesgo de desplome que hay en el casco histórico - lavozdegalicia
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DIARIODEMALLORCA* : La Fiscalía Anticorrupción atribuye al conseller de Comercio, Industria y Energía en la pasada legislatura del PP, Josep Juan Cardona, así como al resto de principales imputados del conocido como caso Scala, de provocar durante cuatro años -de 2003 a 2007- la "actividad frenética" del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) con el objetivo de desviar unos siete millones de euros, todo ello mediante un "saqueo y robo sistemático de las arcas públicas" y aprovechando la falta "total y absoluta" de controles administrativos y financieros. Así lo pone de manifiesto en el escrito de 175 páginas que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº4 para solicitar la transformación de estas diligencias en procedimiento abreviado como paso previo a la apertura de juicio oral. En él, el Ministerio Público imputa los delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, prevaricación, fraude a la administración pública y falsedad documental a diez de los 18 encausados contra los que pide que continúen las investigaciones, que llevarían aparejadas en total penas de hasta 26 años de prisión.
Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitan además que el PP, como responsable civil, resarza 10.585 euros de fondos públicos, mientras que piden que Cardona, Viane y el también imputado Antonio Munar amplíen su fianza de responsabilidad pecuniaria en 14.113 euros, a raíz del transporte de material electoral del PP desde Mallorca a Ibiza que habría sido abonado con fondos del Consorcio.
En el caso de Cardona, la acusación pública le achaca la posición de "líder o jefe director" de esta presunta trama de corrupción, mediante la que tanto el ex conseller como el entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a "apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos", bajo el "lema de más facturación, más comisión" y utilizando "todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido".
Tal y como detalla el escrito, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB "a todas las ferias y eventos imaginables" así como contratar "cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público", una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".
Es por ello que, relata el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), "hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse". De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB.
"ROBO SISTEMÁTICO" MEDIANTE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE EMPRESAS
Así, la Fiscalía asevera que el "robo sistemático" efectuado por los inculpados se llevó a cabo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio. "Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación.
Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los encausados Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio "para provecho propio".
Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.
Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller, asistido por el letrado José Zaforteza, ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas.
RESTO DE IMPUTADOS CONTRA QUIENES SE DIRIGE LA FISCALÍA
Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía pide que continúe el proceso penal son el ex concejal del PP en Lloseta, Felipe Ferré -quien ha confesado los hechos de cara a futuras atenuantes-; el empresario Arnaldus Van Den Hurk; la esposa de Ordinas, Isabel Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont; el marido de ésta, Jaime Fernández Abad; el publicista Joan Rosselló; el administrador de Mercantiles NTC, Francisco García; el de Camino Export, Sergio Pereletegui; el de Taller Grafic, Jaume Gil; Manuel Carmelo; Pedro Veny; Juan Enrique Riera; Antonio Munar; Antoni Miguel y Francisco Mauri.
* Diario de Mallorca - Europa Press - 9.12.10
Foto: caso Scala, Cardona tras declarar ante el juez (archivo) - Diario_de_Ibiza
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