Antonio CAMPILLO* : "Parecía que la especulación inmobiliaria y la corrupción política iban a pasar factura a los cargos locales y autonómicos más afectados por la contestación ciudadana y la investigación judicial, pero no ha sido así. Al menos, no en la mayoría de los casos. Han sido castigados los gobiernos de Canarias y Baleares, pero no los de Madrid, Valencia y Murcia, donde el PP ha salido reforzado. En cuanto a los cargos locales imputados por la justicia, algunos han sido castigados electoralmente, como el alcalde de San Javier, pero otros han obtenido mayoría absoluta, como el de Cieza. En general, la corrupción ha superado en España la prueba de las elecciones, así que el modelo de Marbella se ha extendido por muchas comunidades españolas.
El imputado Carlos Fabra es un ejemplo emblemático: tras revalidar su cargo como presidente de la diputación de Castellón, no ha tenido empacho en declarar que las elecciones han sido un «juicio popular» y le han «absuelto con sobresaliente». Como buen corrupto y mal demócrata, cree que el apoyo electoral obtenido le garantiza la impunidad y le sitúa por encima de la ley. No sabe lo que significa la separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial, ni distingue tampoco entre intereses públicos y privados. Esperemos que los cargos electos de nuestra Región no incurran en el mismo error.
Los resultados electorales del 27-M han confirmado lo que anunciaban las encuestas: por cuarta vez consecutiva, el PP murciano ha obtenido mayoría absoluta en la Asamblea Regional (29 diputados sobre 45) y en dos tercios de los municipios (29 alcaldes sobre 45). Con su cuarta victoria, el PP supera el precedente del PSOE, que gobernó la Región de 1983 a 1995. Además, rompe su propio techo electoral y vuelve a ser el partido más votado, tanto en los parlamentos autonómicos (con el 58,49), como en las capitales de provincia (con el 61,28), si exceptuamos el caso de Ceuta (con el 65,18). De este modo, la Región de Murcia confirma la posición alcanzada en 2003 y se consolida como la comunidad autónoma más conservadora de toda España.
Hay varias razones para explicar la victoria del PP murciano. Tal vez la verdad se encuentre en una combinación de todas ellas, aunque es difícil determinar la proporción que corresponde a cada una. En primer lugar, la estrategia del PP de Rajoy, destinada a plantear estas elecciones como unas primarias de las generales, ha conseguido movilizar al electorado más conservador contra la política antiterrorista y las reformas sociales de Zapatero. Pero esta estrategia ha tenido efectos ambivalentes: ha mantenido y reforzado el poder del PP en las cinco comunidades donde ya gobierna (Madrid, Valencia, Murcia, Castilla-León y Rioja), pero a costa de retroceder o no avanzar en otras (Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y todas las del norte, de Galicia a Cataluña). Además, le ha quitado el poder en muchas ciudades importantes y puede hacer que el PSOE acceda al gobierno en Navarra, Baleares y Canarias. Así, el partido que dice ser garante de la unidad de España está provocando no solo una gran crispación social, sino también una notable polarización territorial.
Una segunda razón es que las comunidades donde el PP ha crecido más (Madrid, Valencia y Murcia) están experimentando un fuerte aumento de la riqueza y el empleo, vinculado al sector de la construcción. Es un modelo de crecimiento insostenible, causante de graves impactos ambientales, basado en una mano de obra barata, precaria y poco cualificada (en la que abundan los inmigrantes, esos nuevos proletarios que trabajan y cotizan pero no votan), y vinculado al blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción política. En Murcia, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, la cuarta parte del dinero circulante no paga impuestos. Además, es un modelo de crecimiento que tiene los días contados, y los propios promotores reconocen que ya se ha iniciado el declive del sector. Pero está claro que todo esto no ha preocupado a los votantes del PP. La especulación inmobiliaria y la corrupción política han hecho posible no solo grandes pelotazos sino también una cierta distribución de la riqueza, de la que muchos se han beneficiado. Vivimos en plena quimera del ladrillo, y quienes se mueven en la cresta de la ola no quieren saber lo que se esconde bajo la espuma, ni tampoco lo que va a suceder mañana. Se limitan a decir: «Dame pan y dime tonto», o bien: «Coge el dinero y corre».
Tal vez el «Agua para todos» ha seguido influyendo en Valencia y Murcia, a pesar de las grandes inversiones y las nuevas desaladoras del plan AGUA. Pero esta consigna-comodín se ha reconvertido, pues ya no pretende preservar el regadío sino reemplazarlo por el ladrillo. Y esto ha ocurrido con el clamoroso silencio, por no decir la complicidad abierta de las comunidades de regantes y las organizaciones agrarias, que se han plegado a la estrategia de los promotores inmobiliarios. El «Agua para todos» significa ahora algo muy distinto: «Pelotazo para todos». Este es el mensaje dominante del PP murciano, que parece haber calado profundamente en dos de cada tres murcianos.
Por último, están los errores de la oposición política, y en particular del PSOE, pues IU-LV ha mantenido e incluso mejorado ligeramente su base electoral y su poder local. El gran problema del PSOE es que la renovación emprendida por Saura se ha quedado a medio camino, sobre todo por la resistencia de la vieja guardia, atrincherada en los ayuntamientos donde gobernaba o ejercía una oposición débil y acomodaticia. Se ha dado una notable contradicción entre el discurso renovador de la ejecutiva regional y la política de muchos ediles socialistas, especialmente en urbanismo y participación ciudadana. Por eso, resulta patético que la vieja guardia, que ha desangrado a su partido desde 1995 y ha lastrado la renovación emprendida por la actual ejecutiva, pretenda ahora pedir cabezas. Sería muy grave para el PSOE murciano volver al cainismo del pasado. Al contrario, debería avanzar en la línea emprendida, renovar profundamente sus agrupaciones, fortalecer su organización interna y abrirse mucho más decididamente a la sociedad civil murciana.
A partir de ahora, vamos a encontrarnos con una situación paradójica. Por un lado, el éxito electoral del PP le llevará a seguir adelante con su política, basada en el ladrillo, la privatización de los servicios públicos, el control de los medios de comunicación y la confusión entre intereses públicos y privados. Por otro lado, esa política va a verse erosionada por la crisis del sector inmobiliario, las investigaciones judiciales en curso, la probable continuidad del gobierno Zapatero tras las elecciones de 2008 y la creciente contestación ciudadana que ha ido surgiendo en los últimos años. Mientras tanto, la Región de Murcia se asemeja al tren de Los hermanos Marx en el Oeste, en el que éstos deciden mantener la locomotora a toda máquina, a costa de quemar la madera de los asientos, las paredes y el suelo de los vagones donde viajan los pasajeros.
*Antonio Campillo es presidente del Foro Ciudadano.
* La Verdad - Viernes, 1 de junio de 2007
Más madera
La Guardia Civil investiga al Concello de O Grove por corrupción urbanística
X.Melchor S.Luaña.- LaVozdeGalicia* : "Muchas veces se ha comparado O Grove con Marbella por su urbanismo caótico y repleto de flagrantes ilegalidades a pie de playa que han destrozado una de las mejores costas de Galicia. La comparación gana ahora enteros, ya que el recién creado Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, formado tras el escándalo marbellí de la operación Malaya, se ha estrenado en la comunidad abriendo una investigación por presunta corrupción urbanística en el concello arousano. Agentes de esta nueva brigada policial irrumpieron el miércoles en el consistorio de O Grove y exigieron que se les entregara el expediente del caso Raeiros, una polémica urbanización cuya presunta ilegalidad ha sido reiteradamente denunciada por el Bloque Nacionalista Galego y cuyas obras fueron paralizadas en junio del 2006 por la Consellería de Política Territorial.
La investigación, que se centra en la oficina del aparejador municipal, continuó ayer en el Concello. Varios funcionarios de este departamento fueron interrogados sobre presuntas ilegalidades en la construcción de urbanizaciones como las de Raeiros o Borreiros y otros casos que han suscitado graves críticas de la oposición contra el grupo de gobierno, del PP.
La irrupción de los agentes provocó momentos de gran sorpresa y nerviosismo entre los trabajadores de la oficina del aparejador municipal. Ayer las preguntas no fueron sólo dirigidas a los funcionarios de este departamento del Ayuntamiento, sino también a otros empleados municipales, a los que se interrogó sobre sus compañeros y por determinadas obras ilegales existentes en el municipio.
En la investigación por corrupción urbanística abierta en el Concello de O Grove el caso Raeiros parece ser sólo la punta del iceberg. Éste es uno de los casos más llamativos de los existentes en el municipio arousano. Junto a la playa de Raeiros, en San Vicente do Mar, ha aparecido una mole de cemento que enseguida llamó la atención de vecinos y partidos políticos.
Las obras se construyeron con licencia para apartotel, aunque en la práctica se trata de 52 chalés individuales y con finca privada y en donde, de momento, no hay las zonas comunes características de los apartoteles.
Licencia de apartotel
Esta no es la primera vez que ocurre algo parecido en O Grove. En el lugar de Ameiros, también en San Vicente, la empresa Playa Espiño construyó seis chalés con licencia únicamente para apartotel. El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que emitió sentencia firme de reposición de la legalidad vigente, es decir, de demolición de las viviendas.
Sin embargo, el Concello de O Grove no ha llegado jamás a ejecutar el mandato del alto tribunal, a pesar de que el asunto se remonta al año 1999.
El alcalde de O Grove, Miguel Ángel Pérez, del Partido Popular, prefirió ayer no hacer declaraciones sobre este asunto cuando fue consultado por esta Redacción.
* La Voz de Galicia - 1 de Junio de 2007
Foto: O Grove /aedru.org
Los jóvenes dedicaron el 69% de su salario para comprar una vivienda en 2006
EuropaPress* : "El esfuerzo de los jóvenes para poder comprar una vivienda libre alcanzó el 69% de su salario al cierre de 2006, más de 10 puntos por encima de los niveles alcanzados un año antes y más del doble del nivel recomendado (30%), debido a la progresiva subida de los tipos de interés, que no se vio compensada por la desaceleración de los precios de la vivienda, según la XVII edición del Observatorio Joven de Vivienda en España (Objovi) correspondiente al cuarto trimestre. El informe, editado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), fue presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente del CJE, Mario Esteban, el vicepresidente de la organización, José Luis Arroyo, y el sociólogo y autor del trabajo, Joffre López.
Según se desprende del estudio, estos niveles de esfuerzo condicionaron que la tasa de emancipación de los jóvenes se situase al término del pasado año por debajo del 50%, en muchos casos, ante la negativa de las entidades financieras a conceder hipotecas en tales términos.
Esta situación fue aún peor entre los 18 y 24 años, cuyo esfuerzo teórico se eleva hasta el 93,4% de su salario. No obstante, en esta franja de edad la tasa de emancipación cae por debajo del 30%, como en el caso de los trabajadores entre 25 y 29 años, cuyo esfuerzo es del 71,7%, porcentaje que cae hasta el 58,6% entre los 30 y los 34 años. Además, el CJE destacó la relación directa que existe entre la tasa de temporalidad y el esfuerzo salarial. Así, subrayó que el menor esfuerzo salarial se produce entre los colectivos con mayor estabilidad laboral.
Según los datos aportados por el Observatorio, poco más del 35% de los jóvenes entre los 18 y los 24 años cuentan con un empleo indefinido, mientras que el esfuerzo salarial que deben emplear para acceder a una vivienda es superior al 93%. Esta relación se observa también entre los 25 y 29 años (más del 50% y 71,7%, respectivamente), y de los 30 a los 34 años (más del 60% y 58,6%). Además, si se establece una relación entre el salario de una persona joven y el precio medio de una vivienda libre en España de 100 metros cuadrados, se observa, según el informe que los jóvenes han de dedicar el sueldo bruto de 12 años para adquirir una vivienda libre.
Sin embargo, es aún más significativo, según el CJE, que este plazo se haya incrementado en el cuarto trimestre de 2006 respecto al mismo periodo de 2005 en todas las comunidades autónomas, lo que se debe, en su opinión, a que, pese a la desaceleración de los precios de la vivienda (9,1% en 2006), estos siguieron creciendo por encima de los salarios (en torno a un 3% en el mismo año). Además, ante la idea de que comprar de un piso en pareja o con otras personas supone facilita el acceso a una vivienda, el estudio estima que el esfuerzo salarial en el caso de un hogar joven ascendió al 43,2%.
Por otro lado, la recomendación del CJE para aquellos que puedan acceder a una vivienda tipo por falta de presupuesto es optar a viviendas más pequeñas. Así, la superficie máxima a la que podía optar una persona joven en el periodo de referencia sin emplear más del 30% de sus ingresos (límite máximo de endeudamiento asumible), se situó en los 43,4 metros cuadrados, un 17,7% menos que en 2005.
Los mayores esfuerzos, en Madrid, País Vasco y Baleares
Por otro lado, la mayores tasas de emancipación se registraron allí donde los precios son mayores, según el CJE, con la Comunidad de Madrid, el País Vasco e Islas Baleares a la cabeza, donde el esfuerzo se situó por encima del 83% del salario individual, mientras que en el extremo opuesto se situaron, por debajo del 54%, Navarra y Extremadura.
Desde el punto de vista de la superficie máxima tolerable, el CJE alerta nuevamente de los casos de la Comunidad de Madrid, País Vasco e Islas Balares, donde una persona joven sólo podía aspirar a poco más de 35 metros cuadrados. Además, sólo en Extremadura esta superficie superó los 60 metros cuadrados, mientras que ligeramente por debajo de este margen se situaron Navarra y Castilla y León.
Mayor coordinación entre las administraciones
A la vista de estos datos, el CJE consideró que las condiciones de acceso de los jóvenes a la vivienda libre en propiedad son "muy preocupantes y graves", dado que son una claro ejemplo, a su juicio, de "exclusión residencial".
Por ello, instó a que los ejecutivos autonómicos y locales que queden constituidos tras las elecciones del pasado 27 de mayo, adquieran un mayor compromiso para solucionar este problema y tomen medidas de coordinación con el Estado en esta materia, ya que, señalaron, "no puede recaer todo el peso político de la vivienda sobre el Ministerio" dirigido por María Antonia Trujillo.
En este punto, la organización valoró positivamente las iniciativas ministeriales para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda, especialmente, el Plan Vivienda Universitaria, si bien, consideró que estas viviendas deberían dirigirse a todos los jóvenes, no sólo a los universitarios.
Asimismo, consideró que, pese a que ha mejorado la ocupación estable de los jóvenes, estos siguen siendo los más castigados por la temporalidad. En este sentido, y tras valorar positivamente la última reforma laboral, consideraron necesario "intervenir" en el mercado de trabajo fomentando las actividades más productivas y otorgando menos protagonismo a aquellas de menor cualificación.
Por otro lado, demandaron un parque público de vivienda en alquiler, y estimaron que la fórmula del alquiler con derecho a compra supone una "trampa", ya que, a largo plazo, implica el posible uso especulativo de las viviendas. En esta misma línea, abogaron por incrementar el tiempo preceptivo previo a la venta de una VPO para establecerlo por encima de los 20 años. Por último, solicitaron establecer un porcentaje obligatorio de reserva del 40% para vivienda protegida en el suelo edificable, frente al 30% que establece la Ley de Suelo, que entrará en vigor a partir del 1 de julio.
* El Confidencial /EuropaPress - Madrid.- - 31/05/2007
Foto: manifestación Vivienda digna
Mucho ruido y pocos votos
M.MORGADO.- El País* : "Los partidos verdes logran el respaldo ciudadano en sus denuncias para proteger el medioambiente pero, en las urnas, se quedan solos. La valoración que Los Verdes de Andalucía hacen de sus resultados electorales es que son "muy malos, sin paliativos". El portavoz de la formación y Diputado en el Congreso por el PSOE, Francisco Garrido, lamenta el promedio del 1,18% de los votos alcanzado en capitales de provincia. Según Garrido, es el momento de hacer autocrítica para buscar soluciones a su debacle electoral. "Pero el problema no es sólo de nuestros candidatos", dice. "Siempre rondamos las mismas cifras; el problema del modelo urbanístico no interesa de verdad". A Garrido lo que más pesar le causa es "que se vote a los corruptos". "Hay que avanzar en transparencia y sostenibilidad, si la especulación avanza, podemos pagarlo caro".
El mejor resultado lo han obtenido en Granada, con una media del 2,06%; el peor, en Jaén, con el 0,65%. En los anteriores comicios se presentaron a 45 municipios. Les votó el 1,35%. Este año, de las más de 60 candidaturas presentadas, han conseguido 10 concejales y una alcaldía en toda Andalucía. Garrido, que fue candidato de Granada, no oculta su "frustración" por estar "fuera de muchos ayuntamientos".
Los Verdes han pasado por varios vaivenes coalicionistas. Pese a que en las elecciones autonómicas y generales están integrados en las listas del PSOE -desde el año 2000-, a las locales se presentan por su cuenta. En 1999 acudieron junto a IU y el mal sabor de boca aún perdura; en 2003 abandonaron a su otro aliado, el PSOE, y concurrieron solos porque el partido les había relegado a "puestos testimoniales" en las listas.
Otro que no oculta su estupefacción ante los pocos votos que reciben las opciones verdes es Manuel Martínez Lorenzo, representante electoral de NIVA (Nueva Izquierda Verde de Andalucía). Su partido ha logrado siete concejales en la provincia de Sevilla: dos en Bollullos de la Mitación y cinco en Castilblanco de los Arroyos.
"Estos temas no se tienen en cuenta a la hora de votar", explica, "son más titulares de prensa que temas que la gente vea que les afectan directamente; el urbanismo focaliza el debate político, pero no preocupa tanto a los ciudadanos", dice. Y también critica la corrupción. "Es lamentable que grandes partidos mantengan como candidatos a personas con imputaciones detrás; no contribuye a que la política se sanee; así, va a continuar aumentando la abstención".
Pregunta obligada es en qué se distinguiría un Ayuntamiento verde de otro que no se rija exclusivamente por esta tabla. "Nosotros hemos crecido moderadamente, con respeto al medioambiente, hemos hecho sólo las viviendas que se necesitan y tenemos una depuradora de aguas fecales, que falta en muchos pueblos con más viviendas", responde Manuel Ruiz Lucas (NIVA), alcalde de Castilblanco de los Arroyos. "La sierra de Sevilla es afortunada, no hay muchos ladrillos y se vive bien".
Ruiz Lucas lleva 28 años al mando del Consistorio. Vuelve a ser el más votado de su municipio, aunque ahora espera una posible coalición entre PSOE (con cuatro concejales) y PP (dos concejales) para formar gobierno. La valoración postelectoral del veterano alcalde es positiva, aunque recuerda que en casi todas partes predomina el ladrillo y la especulación urbanística. "Al verlo, la gente dice: 'Mi pueblo crece' y cree que es positivo para su municipio", se queja y asegura que el futuro de los partidos verdes es "imprescindible".
Entonces, ¿por qué les faltan votos? "Los ciudadanos, para que les defiendan, quieren un partido verde; pero para representarlos, quieren una corbata", dice Ruiz Lucas. En este punto coincide con Garrido y Martínez Lorenzo: los ciudadanos se sienten más seguros si es un partido "grande" el que lleva a cabo la gestión ante las administraciones. Y citan la dificultad de hacer llegar su mensaje sin apenas medios económicos.
La cuestión ecológica "viste mucho", dice Martínez Lorenzo, "pero luego no se le da el empujón que necesita". Ante esta perspectiva no cabe más que preguntarse si los partidos verdes tienen futuro. "Sin duda", afirma Ruiz Lucas, "aquí vamos a seguir: denunciando casos contra el medioambiente". Garrido le secunda: "Lo que no tiene futuro es la corrupción y especulación urbanística".
* ELPAIS.com - Sevilla - 31/05/2007
