MÁLAGAHOY* : El abogado sevillano José María del Nido se sentará este martes en el banquillo de los acusados para responder por los 11 delitos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción porque supuestamente entre 1999 y 2003 cobró al Ayuntamiento de Marbella en concepto de honorarios profesionales más de 6,7 millones que el Ministerio Público considera que se facturaron gracias a un "concierto" previo con los ex alcaldes del municipio Jesús Gil y Julián Muñoz, que vulneraba de forma "grosera" las "más elementales normas de contratación".
Anticorrupción imputa al abogado y presidente del Sevilla FC los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude, falsedad documental continuada, tres delitos societarios, malversación de uso de bienes muebles, deslealtad profesional, falsedad en documento oficial y en documento privado. En conjunto le reclama 13 años y seis meses de prisión, cuatro de inhabilitación profesional para el ejercicio de la abogacía y otros siete para administrar sociedades o contratar con la Administración, así como 21 años de prohibición para desempeñar cargos públicos. Además, le solicita cuatro multas que suman 54 meses a 30 euros diarios.
Del Nido compartirá el banquillo con Julián Muñoz, nueve concejales de la era del gilismo, Juan Antonio Roca, el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y seis profesionales, la mayoría de ellos vinculados a la dirección de empresas municipales. La Fiscalía Anticorrupción precisa que la relación de José María del Nido con Jesús Gil arrancó hacia 1999, poco después del caso Camisetas y una vez que había roto relaciones con el abogado José Luis Sierra, el hombre que había creado el armazón político jurídico del gilismo. En aquella época el Tribunal de Cuentas había comenzado a elaborar un informe de fiscalización tanto del Ayuntamiento de Marbella como del enjambre de empresas municipales supuestamente utilizadas para desfalcar las arcas públicas y Gil necesitaba un profesional solvente que le ayudara a apagar el fuego.
Las investigaciones del Tribunal de Cuentas, con el paso del tiempo, dieron lugar a los conocidos casos Saqueo I y II, en la Audiencia Nacional, así como a 30 procedimientos judiciales en los juzgados de Marbella, entre ellos éste, conocido como caso Minutas. José María del Nido es un abogado de habilidad reconocida que a finales de los 90 mantenía "relaciones de confianza" con Jesús Gil fraguadas "en el contexto de sus quehaceres como directivos de clubes de la Liga española de fútbol" y afianzada tras su intervención en el caso Camisetas, de acuerdo con la versión del fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción arranca su escrito de acusación provisional detallando que los ex alcaldes Gil y Muñoz al frente de los equipos de gobierno que lideraron "omitieron voluntaria, consciente y de forma reiterada ajustarse a la legislación", para lo que contaron con la colaboración de los técnicos, entre ellos José María del Nido. De esta forma, "sin mediar expediente de contratación alguno, directamente por voluntad del alcalde, de la comisión de gobierno municipal o de los consejos de administración de las sociedades, sin especificar en los decretos o acuerdos la cuantía del servicio" se contrató al abogado sevillano, que entre 1999 y 2003 pasó al cobro honorarios profesionales valorados en 6,7 millones de euros, de los que la mitad aproximadamente corresponden al periodo fiscalizado por el Tribunal del Cuentas.
En junio de 2001, el interventor municipal dirigió al alcalde un informe en el que advertía que era obligatorio que el fichaje del jurista para hacer frente a los informes del Tribunal de Cuentas se hiciera previo expediente administrativo, más aún cuando en numerosas ocasiones las minutas excedían de los 12.000 euros en los que estaba fijado el tope para la contratación directa. La respuesta que obtuvo el interventor fue una suspensión de empleo y sueldo.
En definitiva, Anticorrupción subraya que la contratación de José María del Nido se basó "única y exclusivamente en la voluntad del alcalde", sin que en ningún caso mediara el "preceptivo expediente de contratación o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal competente a tal efecto". Tanto es así, que "el alcalde referido [Jesús Gil] le designó de hecho como jefe de los servicios jurídicos de la Corporación sin sujeción al ordenamiento jurídico" y le proporcionó una oficina y personal municipal.
La Fiscalía afirma que los honorarios que percibió Del Nido procedentes del Ayuntamiento de Marbella y sus empresas municipales llegaron a representar "al menos el 70% de la actividad desarrollada por su despacho colectivo de Sevilla".
Gil le adjudicó "verbalmente" a Del Nido encargos "tan relevantes y costosos para el erario público como la coordinación de las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas en los años 1999-2000, así como la formulación de alegaciones al anteproyecto y al propio informe de fiscalización relativo a los años 1990-1999", "como si se trataran de asuntos menores" y sin especificar cuantías. Según la acusación, las cantidades adelantadas a cuenta al letrado y las provisiones de fondos que se le aportaron "no fueron en ningún caso objeto de la correspondiente liquidación de honorarios profesionales".
Para el fiscal la función del abogado residía en "impedir y, en todo caso, retrasar y obstaculizar el inicio de la fiscalización" que la había aprobado la comisión mixta Congreso Senado, así como "controlar y filtrar la documentación a entregar a dicho Alto Tribunal a fin de amparar las irregularidades cometidas en contra de los intereses públicos".
La relación del letrado con Jesús Gil se extendió también a Julián Muñoz, que solía ejercer de alcalde accidental en ausencia de Gil y al que sucedió cuando abandonó la Alcaldía de Marbella poco antes de ser inhabilitado por el caso Camisetas. Anticorrupción precisa que esta relación fue más allá de la mera representación procesal para convertirse en una amistad "estrecha" que "se forjó y consolidó durante el periodo comprendido entre el año 1999 y 2003, principalmente en base a la pujanza de los intereses recíprocos derivados del ilícito enriquecimiento de recursos municipales, en un propósito deliberado, consciente, compartido y renovado en el tiempo" que ambos supuestamente llevaron a cabo "mediante el aprovechamiento y abuso de la posición que ocupaban y disfrutaban en uno de los municipios más ricos del territorio nacional".
Sin embargo, algo cambió en esa relación. Si durante el gobierno de Jesús Gil el asesoramiento que prestaba Del Nido supuestamente para hacer frente a las pesquisas del Tribunal de Cuentas se basaron en un acuerdo verbal, en julio de 2001 Julián Muñoz, a través de la sociedad Control de Servicios Locales, y José María del Nido firmaron un contrato de arrendamiento de servicios, sujeto a derecho privado, que implicaba una remuneración mensual de 48.080 euros, cantidad que el fiscal cataloga de "claramente abusiva e injustificada" y "prescindiendo completamente de la normativa vigente en materia de contratación por parte de las administraciones públicas".
Muñoz, "en connivencia" con los directivos de los consejeros de las sociedades municipales "y su letrado de confianza utilizaron las sociedades para una renovada y mantenida facturación abusiva y fraudulenta de honorarios profesionales en base a genéricos conceptos no justificados e incluso, en ocasiones, no acordes con realidad alguna, aprovechando la ocasión de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, con propósito de ilícito enriquecimiento y en grave perjuicio del patrimonio municipal".
* Málaga Hoy - 4.04.10
Foto: El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, conversa con José María del Nido. - malagahoy.es
Anticorrupción pide 13 años a Del Nido por cobrar 6,7 millones de Marbella
Los fiscales avisan del "peligro" de dar más competencias urbanísticas a los concellos
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FARODEVIGO* : El paraíso del ladrillo ha puesto bajo sospecha a decenas de concellos. La Fiscalía gallega vigila con lupa cada obra municipal y tras la reforma de la Lei do Solo, que refuerza el poder de los ayuntamientos, tendrá que estar aún más expectante ante el enjambre de grúas que acecha la costa. ¿El motivo? El temor a que el traspaso de competencias por parte de la Xunta convierta a los concellos en un zorro vigilando un corral.
La voz de alerta la ha dado el fiscal de Urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza, Antonio Roma, que advierte de los "riesgos" que supone dar a los municipios más responsabilidad en la planificación urbanística tanto por su falta de recursos como por la proximidad con los protagonistas de las infracciones.
"No todos los ayuntamientos están en las mismas condiciones de controlar el urbanismo. A lo mejor es factible en determinados municipios, pero otros van a necesitar la asistencia de la Administración autonómica, tengan o no la competencia", sentencia Roma. Los que sí están "en condiciones" para perseguir delitos urbanísticos cometidos por particulares son concellos grandes como Vigo, A Coruña o Ferrol, ya que "están perfectamente blindados". Por el contrario, controlar el todo vale en la construcción resulta más complicado en los municipios que, según apunta, no disponen de personal técnico suficiente.
A partir del próximo día 21 de abril, día en que entrará en vigor la Lei do Solo, los concellos tendrán más poder de decisión, de definición de uso del suelo rústico y en la tramitación de licencias. Podrán conceder permisos sin necesidad de autorización previa de la Xunta a todas las obras vinculadas con una explotación de recursos naturales. A la hora de conceder licencias en suelo rústico para obras mayores –que requieren proyecto técnico completo– sólo contará el plazo municipal de tres meses, eliminándose también el permiso del Gobierno autonómico, que suponía otros tres meses.
En el caso de las obras menores, cada municipio resolverá en solo un mes. "Si este control [de la Administración autonómica] desaparece, las consecuencias pueden ser peligrosísimas", advierte el fiscal de Urbanismo. "Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y es que –añade– si algunos ayuntamientos deciden prescindir velar por valores ambientales pueden acabar con ellos".
Es el peligro que corren decenas de ayuntamientos gallegos que están en la lista negra de la Fiscalía gallega por supuestas irregularidades urbanísticas. Porto do Son, Mugardos, Aranga, Oleiros, Arteixo, Nigrán, Gondomar, Barreiros... En ayuntamientos de todos los colores políticos, alcaldes y concejales se han visto salpicados por algún escándalo de corrupción. Hasta 86 causas tiene abiertas la Fiscalía Superior contra cargos públicos en Galicia. De ellas, 17 están relacionadas directamente con delitos contra la ordenación del territorio y otras 27 pesquisas se refieren a delitos de prevaricación que podrían derivar en delitos contra la normativa urbanística.
En su labor contra la corrupción urbanística, la Fiscalía gallega quiere implicar a la Xunta y a los concellos. Sobre la actuación de la Administración autonómica, el fiscal superior, Carlos Varela, confía en que pese a la nueva configuración de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, creada en 2007 por el bipartito, se mantenga el nivel de colaboración que existía hasta ahora: "Si la Xunta tiene conocimiento de alguna irregularidad urbanística, debe ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal".
En cuanto a la gestión de los concellos, una de las causas que, según advierte el fiscal superior, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" está en el debilitamiento de las competencias de control municipal. Para Varela, los secretarios, interventores y tesoreros municipales deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales.
Los datos de la memoria de la Fiscalía de 2008 revelan un descenso de las denuncias de urbanismo en un 31%. Esa tendencia a la baja se mantuvo en 2009. La crisis del sector de la construcción y la lejanía de una cita con las urnas, según apunta el fiscal de Urbanismo, son las principales causa de este descenso. Y es que cada vez que se aproxima una elecciones locales, tal y como reflejan los balances de la Fiscalía, las diligencias en materia de urbanismo se disparan.
La pregunta ahora es si la nueva Lei do Solo contribuirá también a que los casos de irregularidades urbanísticas se debiliten. "El deseo es que todas las leyes cumplan los propósitos que tienen encomendados. Unas han funcionado y otras no. Esta es una cuestión que nos va a decir el tiempo. Ojalá se controlen las deficiencias –explica Roma–. Lo que los técnicos deseamos no es que existan muchas sino que las leyes que tengamos sean muy claras. Lo que aporte esta como cualquier otra ley sea luz y nos facilite la labor a todos".
* Faro de Vigo - 4.04.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Mil personas rechazan el macroproyecto hotelero de El Palmar
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PÚBLICO/Cádiz* : Un proyecto prevé la construcción de dos edificios con 1.600 plazas a 300 metros de la costa gaditana. Cerca de mil personas, según los convocantes, han rechazado hoy el megaproyecto hotelero que se podría comenzar a construir el próximo año en El Palmar, una playa casi virgen ubicada a unos cinco kilómetros de la localidad gaditana de Vejer de la Frontera.
La Plataforma Contra el Megaproyecto Hotelero de El Palmar (PELP!), que ha sumado en las redes sociales de Internet unas 50.000 personas contrarias a este proyecto, ha convocado esta jornada festiva de protesta a la que se han sumado Ecologistas en Acción, Clean Ocean Project o Greenpeace.
Los organizadores de la protesta han retomado unas declaraciones del alcalde de Vejer de la Frontera, Antonio Jesús Verdú (PSOE), quien afirmó que El Palmar no se podía dejar "a los del bocadillo de mortadela" y han invitado a los asistentes a traer hoy este embutido como almuerzo.
Antonio Morales, portavoz de la Plataforma PELP! que hoy ha recogido un millar de firmas contra el proyecto hotelero, ha dicho que El Palmar "como playa virgen" exige "otro modelo de turismo" en el que los vecinos sean "el motor" y no un promotor que construya "más de lo mismo, porque para eso tenemos el resto de la costa española".
Nuevo modelo de turismo
Ha añadido que en uno de "los pocos kilómetros que quedan de playa virgen" no debe de tener cabida este "macroproyecto hotelero" contra el que protestan, ha dicho, desde vecinos de las localidades cercanas a admiradores de este paraje, "que vienen buscando algo diferente a lo que tiene el resto de las costas" y reclaman "un nuevo modelo de turismo que, además, nos están solicitando desde Europa".
Este proyecto, que se comenzó a gestar hace una década, prevé construir en una superficie de 270.000 metros cuadrados, a una distancia de entre 300 y 500 metros de la costa, dos hoteles o apartahoteles de dos plantas con unas 1.600 plazas y con una calidad de cuatro o cinco estrellas, según ha explicado el alcalde de Vejer de la Frontera.
Ha destacado que la Junta de Andalucía respalda "al cien por cien" este proyecto, que se ha tramitado con "pulcritud", ha sido debatido "en profundidad" y es apoyado por la mayoría de los vecinos de Vejer porque será un instrumento para "dinamizar" la economía local. El alcalde ha censurado la "demagogia" a los opositores a este proyecto a quienes acusa de "manipular" su impacto en la zona.
* Público - EFE - 5.04.10
Foto: Concentración contra el megaproyecto hotelero de El Palmar en la Playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera. ROMÁN RÍOS / EFE
El juez reactiva el caso de l'Atzúvia a instancias del fiscal
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ELPAÍS/Alicante* : El juez de Dénia que instruye la presunta trama de corrupción urbanística de l'Atzúvia, por la que hace más de tres años se edificaron en este municipio 18 viviendas en suelo no urbanizable, ha reactivado el caso a instancias del Ministerio Fiscal. El juez ha llamado a declarar al concejal de Urbanismo en las dos últimas legislaturas, Antonio Casals, del PP, para que explique los motivos por los que el Ayuntamiento ha legalizado por silencio administrativo uno de los inmuebles implicados.
El magistrado también preguntará a Casals porqué continúa sin dar explicaciones sobre el resultado de los expedientes que el Consistorio abrió en su día contra otros cuatro chalés de importantes dimensiones que se edificaron sin licencia o con licencia para aperos.
La providencia del titular del juzgado número uno de Dénia es más que significativa porque por primera vez abre una investigación sobre la gestión urbanística del consistorio a la hora de permitir construir viviendas en suelo rústico. Hasta el momento, en el caso están imputados dos constructores, Klaus Dieter May y Haral Messner, pero ningún cargo municipal.
Además, el magistrado también le exige a May que en cinco días facilite "los datos del técnico señor Moreno de la Consejería de Medio Ambiente con el cual al parecer han tratado directamente, al objeto de poderle citar a declarar". May declaró ante el juzgado que ese técnico aseguró que las cinco viviendas en cuestión eran legalizables.
La consejería dejó de investigarlas después de que el consistorio asegurara que les había abierto expediente, si bien Medio Ambiente continúa por su lado un proceso administrativo contra otros 13 inmuebles construidos en suelo no urbanizable.
La nueva situación judicial se produce después de que la fiscalía haya pedido al juez las mismas diligencias que en su día solicitaron los grupos ecologistas Gelibre y Acció-Agró Ecologista. Casals, ya en el cargo cuando comenzaron las construcciones irregulares, deberá explicar porqué el Ayuntamiento otorgó recientemente licencia por "silencio administrativo" a uno de los chalé de mayores dimensiones de la trama, del alemán Gerard Raupeter, un nombre que se repite constantemente en las conversaciones de May que la Guardia Civil grabó antes de que el constructor fuera detenido.
El departamento que dirige Casals otorgó este permiso después de que el Ayuntamiento se negara, hasta en cuatro ocasiones, a facilitar al juzgado información sobre los supuestos expedientes y de que en enero de 2007 el consistorio ordenara paralizar las obras de la vivienda, lo que no impidió que éstas continuaran hasta su finalización.
El juez también cuestionará al edil de Urbanismo sobre el farragoso proceso de legalización de la vivienda de Raupeter: en 2006, a través de un expediente de segregación, la parcela cedió algo más de 1.000 metros cuadrados a unos terrenos colindantes que no alcanzaban los 10.000 metros cuadrados y que pertenecían a la empresa May, quien quería edificar allí una vivienda que frustraron las denuncias ecologistas. En 2008 otro expediente, de agregación, permitió a la parcela de Raupeter recuperar los 1.000 metros cuadrados para sumar 20.000, superficie mínima que las Normas Subsidiarias de l'Atzúvia exigen para edificar una unifamiliar aislada en suelo no urbanizable común.
Gelibre y Agró dudan de que aún así la vivienda sea legalizable: porque las normas exigen que no se constituya en la zona Núcleo de Población. Algo que sí habría ocurrido debido a la gran volumetría de la casa y al hecho de que existan otros inmuebles a menos de 200 metros; y también porque la construcción está en el LIC y el ZEPA Valls de la Marina y Montañas de la Marina, protegido por la UE.
* ELPAIS.com - 5.04.10
Foto: l´Atzúvia (Alacant), pedanía de Forna con chalés - lasprovincias.es
El ex alcalde de Los Alcázares acumuló un gran patrimonio no justificable
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LAVERDAD/Murcia* : El ex alcalde de Los Alcázares, imputado en el 'caso Ninette', adquirió 22 fincas en una década por un valor millonario. Después de dos años largos de investigación, las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº2 de San Javier están lejos de cerrarse. Muy lejos. Son varias las líneas de investigación que siguen abiertas y muchas más, en apariencia, las actuaciones que habrán de practicarse antes de que la juez instructora dé por concluido el asunto, determine los cargos por los que deberá responder cada uno de los imputado y lo remita a la Audiencia Provincial para que celebre juicio.
Ello no es óbice, sin embargo, para que, cada cierto tiempo, se vayan conociendo nuevos y reveladores datos sobre el estado de la investigación y respecto de las implicaciones concretas de la veintena de imputados existentes hasta ahora, a cuya cabeza se sitúan el ex alcalde socialista Juan Escudero, el arquitecto municipal Mariano Ayuso Fernández, el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez, y el constructor y adjudicatario de grandes obras municipales Valero Garcerán Ros. Los lados de un cuadrado sobre cuya área se ha escrito, a lo largo de una década, esta trama, propia de novela negra, sobre el aparente uso del poder político en pro del enriquecimiento personal.
El mejor maestro, a mano
Roca, el cerebro de la 'Malaya'
En el hipotético caso de que hubieran necesitado un maestro en el saqueo de las arcas municipales, tenían a mano al mejor de todos. Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la 'trama Malaya', había convertido Los Alcázares en uno de sus principales centros de interés, al ser el lugar en el que invertía una parte importante del dinero sucio que supuestamente obtenía en Marbella. En esta localidad marmenorense tenía una de las joyas de su vastísimo patrimonio inmobiliario -la lujosa finca La Loma-, promovía dos complejos urbanísticos de lujo -Nueva Ribera Golf y Nueva Ribera Beach- y había levantado un hotel de cuatro estrellas.
Roca, quien mantenía una estrecha relación con el arquitecto municipal Ayuso, con quien parecía comportarse de la misma forma que un jefe lo haría con un empleado, aportó en su última comparecencia en el juzgado de San Javier algunos detalles de las reuniones que mantuvo con el antes alcalde Escudero en su despacho oficial, así como la forma en que éste le asesoró acerca de algunos negocios, como el referido establecimiento hotelero. Circunstancias llamativas, teniendo en cuenta que, en los albores de la 'Operación Malaya', el ex primer edil comenzó negando que conociera a Roca, más tarde dijo que alguna vez lo había saludado como vecino que era de Los Alcázares, luego admitió que lo había visto durante una viaje oficial a Marbella...
Si el 'jefe malayo' sirvió de inspiración o no a estos servidores públicos de Los Alcázares sólo ellos lo saben, pero lo cierto es que el 16 de enero del 2008 un espectacular operativo de la UDEF-BLA -la misma unidad que había puesto patas arriba la ciudad de Marbella- tomaba el Consistorio alcazareño y practicaba varias detenciones, con el ex alcalde a la cabeza. 'Operación Ninette' fue bautizada la redada contra la corrupción, por aquello del señor de Murcia.
No tardó mucho en trascender que el arquitecto municipal Mariano Ayuso había acumulado un impresionante patrimonio: 38 bienes inmuebles urbanos -chalés, pisos de hasta 230 metros cuadrados, locales...- y dos fincas rústicas, todo ello por un valor catastral de 5.746.129 euros (unos 960 millones de pesetas), aunque los expertos advertían ya entonces de que para conocer el valor real de estas posesiones habría que multiplicar esa cantidad por cinco o por seis. Así, esas posesiones inmuebles valdrían un mínimo de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas).
También le fueron intervenidos un todoterreno Cadillac Escalade (cuesta unos 80.000 euros), un Alfa Romeo 33, un Mercedes CLK (de 45.000 a 50.000 euros), un Audi A3, un Mercedes MB, un Mercedes CL, un Volkswagen Cabrio, un Audi A4 y un BMW 120 D, además de las motocicletas Aprilia Clasic 50, Yamaha YQ y una Harley Davidson.
No iba descalzo, desde luego, Mariano Ayuso.
A Escudero también le iba bien
Veintidós fincas adquiridas
Igualmente trascendió en su día un informe de los inspectores de Hacienda y los especialistas de la UDEF-BLA -desvelado por 'La Verdad'-, que ya alertaba de que las cuentas del núcleo familiar formado por Juan Escudero y su esposa, la también imputada Aurora de la Concepción Martínez Zapata, no cuadraban. Así, indicaba que entre los años 2001 y 2005 tuvieron unos ingresos declarados de 613.224 euros (algo más de 100 millones de pesetas) y que sin embargo tuvieron que afrontar gastos por importe de más de un millón de euros (casi 167 millones de pesetas). Y ello, insistían los expertos policiales, sin haber llegado a contar «los gastos corrientes de la unidad familiar (alimentación, vestido, calzado, agua y luz, enseñanza, asistencia sanitaria, seguros de automóviles e inmuebles...) y cualquier otro pago que soporta una familia en su vida diaria».
Los doce bienes inmuebles, propiedad de Escudero, que fueron analizados por los agentes de la UDEF-BLA estaba valorados por el Catastro en 539.841 euros, aunque el criterio de los expertos, se insiste, es que para conocer su valor real hay que multiplicar por cinco o por seis. O sea, en torno a los tres millones (500 millones de pesetas).
La defensa de Escudero, coordinada por el letrado Aurelio Llanes Castaño, presentó entonces un informe pericial de parte con el objetivo de desacreditar la labor de los expertos fiscales y policiales. Un documento que reseñaba aparentes errores de bulto, como, por ejemplo, el hecho de que el informe de Hacienda estableciera que los ingresos del año 2001 consistían en 80.530 euros, a los que había que sumar otros 60.101 euros por préstamos. La suma de ambos, según Hacienda, es de 103.207 euros, cuando parece evidente que debe ser 140.631 euros.
Lo mismo ocurría en el año 2002, cuando un ingreso de 81.027 euros y un préstamo de 71.520 ofrecía para los inspectores fiscales la suma de 119.767 euros para Hacienda, cuando debe ser 152.547 euros.
Sin embargo, lejos de dar marcha atrás, posteriores informes de la UDEF-BLA insisten ahora en que el patrimonio acumulado por el núcleo Escudero-Martínez no se justifica en función de sus ingresos formales.
Esta nueva documentación, que hasta hoy se había mantenido bajo secreto sumarial, está en poder de este periódico y ofrece nuevas revelaciones sobre los bienes que atesoraba el ex alcalde socialista.
En concreto, el informe 73.208/09 analiza la documentación intervenida en la vivienda y la academia de enseñanza de Escudero y su mujer, entre la que se encuentra la citada carpeta 'R-02-02-030', que contiene todos los protocolos (copias simples) sobre las operaciones de compraventa de fincas en las que ha participado el matrimonio.
Es en base a esta documentación como los especialistas llegan a la conclusión de que, entre los años 1991 y 2007, el ex alcalde y su esposa «participaron al menos en 35 operaciones inmobiliarias, 34 de las cuales tuvieron lugar entre 1991 y 2004, adquiriendo un total de, al menos, veintidós fincas, y enajenando dos».
Además destacan el hecho de que participaran en la ampliación del capital social del colegio Las Claras del Mar Menor, aportando 42.000 euros. El resto de los protocolos analizados corresponden a la constitución de préstamos hipotecarios.
«De acuerdo con los importes de adquisición 'declarados' (ya que al menos en dos de los casos el precio no concuerda con el protocolo notarial o anotaciones manuscritas sobre el mismo), el montante total desembolsado ascendería a 840.672 euros. Por otro lado, lo recibido en concepto de préstamos suma 983.506 euros y, asimismo, la unidad familia ingresa 109.901 euros por la enajenación de dos fincas en 2000 y 2001», se recoge en el mencionado informe policial.
Y se añade: «Conforme a las tasaciones dadas a los inmuebles en el momento en que fueron constituidas las hipotecas de referencia, tan sólo seis de las veintidós fincas objeto de adquisición arrojan un valor de mercado global de 1.359.857 euros, lo que da una idea de la verdadera magnitud del patrimonio inmobiliario de Juan Escudero y su entorno familiar más próximo».
Una circunstancia, se reseña, a la que hay que añadir las conclusiones a las que en su día ya llegara Hacienda, sobre «la divergencia entre la capacidad económica conocida y los pagos e inversiones conocidos de la unidad familiar del ex alcalde de Los Alcázares».
«No deja de sorprender -manifiestan los investigadores- que a una familia que cuenta con cinco miembros y declara unos rendimientos laborales y de actividades económicas anuales en 1999 y 2000 de alrededor de 46.000 y 55.000 euros, respectivamente, se les preste capital por valor de 983.506 euros ya que, tal como se señala desde la Agencia Tributaria, además de satisfacer los gastos corrientes familiares, hay que afrontar los gastos financieros de semejantes inversiones».
Y acaba concluyendo con cuatro circunstancias que les resultan sospechosas, como lo son «la diferencia de ingresos obtenidos y los pagos efectuados entre 2001 y 2005 (además de los señalados 1999 y 2000), la elevada carga hipotecaria soportada por la familia y la parte de renta que destina a la amortización de capital y al pago de intereses, el patrimonio inmobiliario a nombre de la familia, y el uso de dinero B (negro)», que quedaría demostrado «al haber elevado a público adquisiciones por importes inferiores a los valores catastrales de los inmuebles adquiridos».
Una parcela en Torre de Rame
¿Su cuñada es su 'testaferro'?
Si las mencionadas antes son las operaciones inmobiliarias realizadas a nombre del matrimonio, sin más subterfugio que la posible utilización de dinero negro para abonar parte de las fincas, la Policía sospecha en cambio de otras adquisiciones, mucho menos transparentes.
La que más dudas suscita es la que se refiere a la compra de un terreno en Torre del Rame, un resort de lujo con campo de golf, situado a tiro de piedra de las aguas del Mar Menor y que ha sido el proyecto urbanístico estrella del Consistorio alcazareño.
La parcela pertenecía en origen al empresario local José Díaz García, que fue quien se adjudicó las obras de urbanización de Torre del Rame por un importe de 31.727.606 euros, imponiéndose a firmas de la entidad de Sacyr, ACS, Dragados, Ferrovial y FCC.
La citada adjudicación se produce el 6 de mayo del 2004 y, curiosamente, apenas quince días después, el día 21, José Díaz 'trocea' una de sus parcelas en Torre de Rame y vende dos partes (ambas de 432 m2) a la cuñada de Juan Escudero, Piedad Loreto Martínez Zapata; y otras dos parcelas de idéntica superficie a los dos 'lugartenientes' y grandes amigos del alcalde: el edil José Antonio Martínez Meca, conocido como 'Pepote', quien acabó sustituyendo como primer edil a Escudero cuando éste dimitió por las sospechas de corrupción, y a otro ex concejal del PSOE, Sergio Manuel Gil Garre.
El precio de adquisición de cada parcela fue de 72.750 euros, lo que supone que pagaron 166,6 euros por metro cuadrado, un precio «muy inferior al que se estaba pagando en esa época por esos terrenos», reseña la UDEV, que pone como ejemplo el hecho de que el propio Consistorio vendió ese mismo mes otras fincas a entre 420 y 480 euros/m2. «Entre un 252% y un 288% más que el precio pagado por la cuñada de Escudero, Martínez Meca y Gil Garre».
Traducido al lenguaje de la calle, un auténtico chollo.
Los investigadores de la UDEF-BLA sospecharon desde un primer momento que las dos parcelas adquiridas por Piedad Loreto eran, en realidad, del alcalde Escudero y que su cuñada sólo actuaba como 'testaferro'. Un hecho que tenía su lógica, ya que ello habría permitido que los tres amigos pudieran construirse, en su día, sendas viviendas una al lado de la otra, sobre la misma parcela-madre de Torre del Rame, y pudieran disfrutar de su amistad y vecindad.
Pero en materia penal no bastan las sospechas, por muy certera que parezca la especulación. De ahí que siguieran investigando en pos de algún indicio o prueba que permitiera apuntalar esa teoría.
Los añorados datos surgieron examinando la documentación intervenida al propio Escudero, quien en un portafolios de piel marrón guardaba abundante documentación sobre esa operación de adquisición de las parcelas. En concreto, tenía en su poder una copia simple de la escritura de compraventa suscrita entre la mercantil José Díaz García y su cuñada, fotocopias de transferencias bancarias a la cuenta del vendedor, fotocopias de facturas emitidas por José Díaz García a su cuñada Piedad Loreto, fotocopias de cheques y pagarés librados a nombre de este constructor...
Por si eso no resultaba suficiente, los agentes localizaron anotaciones en las agendas personales de Escudero, en las que, junto a otros aparentes pagos mensuales, se recogían otros bajo las siglas SOL CUÑ. Lo que, según la Policía, se referiría a SOLAR CUÑADA, «en alusión a Piedad Loreto y Torre del Rame».
«Tanto estas anotaciones -insisten los investigadores-, como las anteriores y posteriores, parecen evidenciar la titularidad de Escudero sobre las mismas. Especial mención merece el hecho de que esté incluido el mencionado 'SOL CUÑ', que tal y como se indica hace alusión, más que probablemente, a 'SOLAR CUÑADA', y por tanto a la parcela de la que Piedad Loreto es propietaria en Torre del Rame y que, tal y como se apuntaba, pertenecería realmente a Juan Escudero».
¿Tenía alguna razón, algún motivo de agradecimiento, el empresario José Díaz para venderle al alcalde y a sus dos 'lugartenientes' unas parcelas a tan buen precio?
Pues, al margen de que el Ayuntamiento le hubiera adjudicado las obras para urbanizar Torre de Rame por un importe de más de 30 millones de euros, quizás también el hecho de que, a posteriori, se aprobaran por el Ayuntamiento dos modificaciones del presupuesto, por importe de otros casi 16 millones, para mejorar la calidad de las obras.
¿Más todavía? Pues quizás el dato de que, aunque se comprometió a tener lista la urbanización en el plazo de 18 meses -una 'promesa' que le valió la adjudicación del contrato-, al cabo de cinco años aún no hubiera acabado las obras y que, encima, el Consistorio no lo sancionara. Pero, bueno, toda ésta es otra historia.
L a carpeta bautizada como 'R-02-02-030', perteneciente a la 'Caja 16' con documentos intervenidos en los numerosos registros que se practicaron con motivo de la 'Operación Ninette', contiene una exhaustiva relación de todo el patrimonio inmobiliario acumulado por el ex alcalde de Los Alcázares, el imputado Juan Escudero Sánchez. O, mejor, sobre todas las propiedades que figuran a su nombre o al de su esposa, Aurora de la Concepción Martínez Zapata. Cosa distinta es el que además pudiera tener a nombre de otras personas, como su cuñada Piedad Loreto Martínez Zapata, acerca del cual los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) ya tienen algunos valiosos datos.
* La Verdad - 4.04.10
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - EFE, laverdad.es
