SUR* /Marbella : "El panorama judicial de Julián Muñoz y de Pedro Román se complica. Ambos ex ediles han sufrido un revés en la Audiencia Provincial, donde se ha revocado la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga en relación con el 'caso Moansa', y los ha condenado a un año de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. La decisión también alcanza a otros seis ex ediles del GIL: Mario Jiménez, José Mariano Pomares Villar, Manuel Calle, María Luisa Alcalá, Rafael González y Juan Antonio Yagüe Reyes.
Sobre los cuatro últimos, al igual que sobre Julián Muñoz, ya pesa una condena anterior por delito similar por el caso Proinsa, y han tenido que pasar por la cárcel, con excepción de Yagüe, que se dio a la fuga tras ser condenado.
El tribunal ha aceptado parcialmente los recursos de apelación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y por Los Verdes contra la absolución de los ocho ex ediles, relativo a un convenio firmado con Moansa para recalificar una zona verde y construir seis viviendas unifamiliares pareadas, según la sentencia a la que tuvo acceso Efe.
Sentencia
En la sentencia se impone la pena de ocho años de inhabilitación para el cargo público a Julián Muñoz, a los citados ex y al que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román, que se encuentra actualmente en busca y captura por su presunta implicación en el 'caso Malaya'.
La sala anula la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 2 de Málaga basándose en que los acusados, «en su condición de miembros de la comisión de gobierno, votaron favorablemente la concesión de una licencia de obra que no se ajustaba a la normativa vigente, a sabiendas de su injusticia e ilegalidad».
De esta forma, invalida los argumentos que en su día emitió el Juzgado de lo Penal, que consideró que, pese a que la actuación fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, quedaba «lejos de las exigencias requeridas por el delito de prevaricación administrativa». La Audiencia ha estimado que tanto Muñoz como el resto de concejales "eran perfectamente conocedores de la situación de confusión" urbanística en Marbella , y que se ampararon en un informe emitido por el ex asesor jurídico externo José Luis Sierra para «considerar legal la concesión de una licencia urbanística».
SurDigital - 28 de abril de 2007
Foto: Ayuntamiento Marbella /UrbPatasArriba
La Audiencia revoca una absolución y condena a un año a Julián Muñoz por delito urbanístico
Las irregularidades urbanísticas en Andalucía salpican a todos los partidos en vísperas del 27-M
E.Sánchez/J.Chaparro/DiariodeSevilla*: "El mapa de Andalucía está enladrillado y fiscales y jueces instructores se afanan en combatir los delitos, sobre todo urbanísticos, que salpican a algunos miembros de los equipos de gobierno municipales. Aunque la operación Malaya sobre la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella ha sido la instrucción más publicitada por la popularidad de algunos de sus protagonistas y la gravedad de los desmanes cometidos por los responsables del Consistorio malagueño, no se trata ni mucho menos de la única localidad con munícipes encausados. A pesar de que los delitos imputados son utilizados por los partidos como arma arrojadiza, todas las formaciones cuentan con algún regidor o edil con cuentas pendientes ante un tribunal.
PSOE y PP, formaciones con más representantes en alcaldías y concejalías, mantienen a muchos de ellos en las listas para las próximas elecciones municipales del 27 de mayo.
Almería, a vueltas con el Cabo de Gata
-Joaquín García Fernández (PSOE). Alcalde de Níjar. Denunciado por Ecologistas en Acción por la aprobación de un convenio para la cesión de suelo en el Cabo de Gata. A raíz de estos hechos, la Audiencia Provincial de Almería le imputa malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. También han sido imputados otros miembros del equipo municipal.
-Cándido Trabalón (PA). Alcalde de Zurgena. La Fiscalía ha imputado por prevaricación y contra la ordenación del territorio a todo el equipo de gobierno (cinco concejales del PA, cuatro del PSOE y uno del PP) por la votación a favor de la construcción de 1.300 chalés en suelo rústico.
-Cristóbal Fernández (PSOE). Alcalde de Carboneras. Condenado por la Audiencia Provincial de Almería a seis meses de inhabilitación por delito electoral, fue indultado en 2006 por el Consejo de Ministros a pesar de la ratificación de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Se le imputaron prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias en la venta de un terreno cercano al hotel El Algarrobico, en el Parque Natural del Cabo de Gata.
-Gabriel Amat (PP). Alcalde de Roquetas de Mar. El también presidente del PP en Almería fue denunciado por la Junta y los Comerciales del Poniente por la licencia de apertura del centro comercial Gran Plaza. La beneficiaria fue Galerías Comerciales, del imputado en la operación Malaya Tomás Olivo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la nulidad de apertura en noviembre.
Cádiz, del GIL al PP pasando por IU
-José Antonio Barroso (IU). Alcalde de Puerto Real. La Consejería de Obras Públicas demandó al Ayuntamiento por la autorización al hermano de regidor para construir una vivienda de 600 metros cuadrados sobre una finca destinada a uso educativo.
-Miguel Manella (PSOE). Alcalde de Tarifa. Imputado por prevaricación y delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el entorno del Castillo de Santa Catalina. Vuelve a ser el candidato socialista el 27 de mayo.
-Juan Carlos Juárez (PP). Alcalde de la Línea de la Concepción. El ex gilista tiene varios frentes abiertos. Destacan el caso Villa Juliana, que le ha supuesto la primera denuncia formal de la Fiscalía por delito urbanístico. El regidor aprobó la venta de una finca municipal y con el dinero habría pagado las nóminas de los trabajadores municipales, lo que contravendría la Ley de Régimen Local. En el caso de los contratos está imputado por prevaricación y malversación de caudales tras 150 presuntas contrataciones irregulares. También deberá rendir cuentas tras la querella por la venta de cuatro parcelas a la empresa Roseworld: una compañía linense hizo una oferta superior y el Ayuntamiento la desestimó por supuestas deudas. Posteriormente se demostró que tales deudas no existían y que el capital social de Roseworld ascendía a poco más de 3.000 euros. Juárez opta a la reelección en las municipales.
-Hernán Díaz (Independiente). Ex alcalde de El Puerto de Santa María. Inhabilitado por el nombramiento irregular del jefe de la Policía Local sin dar publicidad a la plaza vacante. Entre otros asuntos, la Fiscalía investiga la labor del anterior equipo de gobierno por la falta de actuación para evitar diseminados ilegales en zonas protegidas y la venta de terrenos de patrimonio municipal con fines no permitidos por la ley. El Tribunal de Cuentas ha detectado indicios de responsabilidad contable en la gestión municipal entre 1995 y 2000.
-Ernesto Marín (PP). Candidato del PP en Chiclana. La inspección de Trabajo le ha obligado a contratar a cinco empleadas que trabajaban sin contrato en una empresa de su propiedad. El PSOE quiere llevar el asunto a la Fiscalía por delito contra los trabajadores.
Córdoba, coalición fraudulenta
-Antonio Guisado (PSOE). Ex alcalde de Fuente Palmera. El antiguo regidor y posteriormente concejal dimitió de sus funciones tras ser investigado por supuesta venta irregular de suelo municipal destinado a zonas verdes y equipamientos a varias promotoras. Una de esas licencias fue otorgada a una empresa del alcalde de La Carlota, el también socialista Francisco Pulido Aguilar.
-Manuel Baena (IU). Alcalde de Puente Genil. La investigación de la Policía Judicial de la concesión supuestamente irregular de la licencia de obras para la construcción del cuartel de la Guardia Civil ha provocado la imputación de nueve concejales (cuatro de IU, tres del PSOE, uno del PP y otro del PA).
Jaén, proliferación de denuncias
-Blas Sabalete (PSOE). Alcalde de Torredelcampo. Imputado por no denunciar irregularidades urbanísticas. Según el fiscal, el regidor dio lugar a la consolidación de una situación de ilegalidad administrativa y penal. Sabalete vuelve a presentarse a las elecciones.
-Miguel Campillo (PSOE). Alcalde de Baños de la Encina. Denunciado junto al aparejador municipal por corrupción y delitos urbanísticos al permitir construcciones ilegales en el término municipal. Repite candidatura.
-Juan Morillo (PP). Alcalde de La Guardia. Cuenta con más de seis denuncias del grupo socialista, entre otras, la construcción junto a una gasolinera, con informe desfavorable de Obras Públicas, de veinte apartamentos donde sólo se permiten cinco o la alteración de la ficha urbanística de una parcela para construir 44 parcelas más. Vuelve a presentarse.
Huelva, prevaricación y acoso
-José Carlos Hernández Cansino (PP). Alcalde de Punta Umbría. Denunciado por el grupo socialista municipal por negarse a convocar una reunión de la junta general de la radio y televisión municipal. Un juzgado onubense ve indicios de prevaricación, desobediencia continuada y delito societario. Candidato electoral.
-José Cejudo (PSOE). Alcalde de Valverde. Regidor y presidente de la Diputación Provincial, Cejudo, que opta a la reelección, está imputado por prevaricación y en septiembre será juzgado por una denuncia de acoso laboral.
-Carmelo Romero (PP). Alcalde de Palos de la Frontera. Condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 7.213 euros por anomalías contables que provocaron perjuicios a las arcas municipales, es el candidato popular.
*Diario de Sevilla - 28 de Abril de 2007
La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares
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A.MANRESA.- El País* : "El urbanismo salvaje del municipio mallorquín de Andratx no sólo llevó a la cárcel al alcalde del PP, Eugenio Hidalgo, sino que ha permitido desarticular una amplia red de blanqueo de capitales de la que formaban parte dos bufetes de abogados, dos notarías y un banco. El informe sobre la investigación en marcha, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata con detalle cómo las reiteradas denuncias de venta fraudulenta de solares en Andratx desencadenó una investigación, paralela a otra abierta por la Agencia Tributaria, que permitió desbaratar la red de blanqueo de capitales.
La Brigada Provincial de Policía Judicial de Baleares inició hace meses una serie de investigaciones para intentar aclarar supuestas estafas que estaban siendo denunciadas en distintos juzgados de Palma de Mallorca.
Las denuncias las presentaron particulares propietarios de una decena de solares en la zona de Cala Llamp del municipio de Andratx que se habían sorprendido al descubrir que sus fincas habían sido vendidas a otras personas.
En esas ventas fraudulentas, según la investigación policial, "habrían intervenido algunos integrantes del bufete Feliú-Abogados, utilizándose en varias operaciones de compraventa fraudulenta de solares una serie de sociedades instrumentales, testaferros y documentos de identidad falsos con los que usurpaban las identidades de algunos de los verdaderos titulares de los solares".
La mayor parte de las fincas objeto de la compraventa fraudulenta fueron propiedad de la sociedad Detursa, representada en el momento de las primeras transacciones por miembros de la familia Feliú. Años después se producía una nueva venta de las mismas fincas a otras personas distintas por parte de dos representantes de Detursa y que, según la investigación, "actuaron como testaferros al servicio del bufete Feliú".
La policía ha detenido a tres personas en relación con estas supuestas estafas en la compraventa de solares en la localidad de Andratx.
Por otra parte, la Agencia Tributaria investigaba a dos bufetes de abogados, el de Feliú y el de Sonia Regina da Costa, que trabajaban supuestamente en la prestación de servicios "tendentes a la ocultación de grandes capitales, con grave perjuicio para la Hacienda Pública española".
Opacidad absoluta
Estos bufetes no ocultaban demasiado su actividad irregular, dado que ofrecían a través de su página web sus servicios profesionales a inversores extranjeros, a los que garantizaban un mínimo pago de impuestos e incluso la exención total. Para tranquilizar al cliente ante una oferta tan sospechosa, los bufetes ofrecían opacidad absoluta: "inexistencia de contabilidad, el anonimato 100% de los inversores, la protección 100% del activo y la discreción 100% del banquero".
"El sistema ideado", detalla el informe policial, "consistía fundamentalmente en la creación de sociedades españolas, constituidas o participadas por sociedades panameñas principalmente, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las identidades de las personas que se encuentran detrás de estas entidades panameñas y por extensión de las mercantiles españolas. Para dificultar aún más el seguimiento de los fondos y el de sus verdaderos titulares, las transferencias bancarias se canalizaban a través de dos cuentas cliente del bufete de abogados, sin que se diferencie a qué sociedades corresponde el dinero y las presuntas inversiones, habiéndose contabilizado un elevadísimo tráfico de divisas con el extranjero".
La policía descubrió que numerosas sociedades instrumentales tenían a su nombre inmuebles que vendían a través de una fórmula jurídica que evitaba declarar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo que dejaban de pagar el 7% establecido legalmente, lo que implicaría un delito fiscal cuando se trata de operaciones que superan los 1,7 millones de euros.
La Agencia Tributaria ha detectado por su parte que un número importante de las sociedades controladas por el bufete de abogados ocultaban "una renta disponible suficientemente elevada como para que la cuota omitida supere los 120.000 euros que la ley establece como cantidad mínima para incurrir en delito fiscal".
En la operación policial se registraron 13 domicilios (11 en Palma de Mallorca y dos en Madrid).
Entre los ocho detenidos, destaca la presencia de Miguel Feliú Bordoy, socio del bufete y asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Calviá al que representa en pleitos. Uno los notarios investigados es, a la vez, hermano del alcalde de Calviá, Carlos Delgado, del PP. Otro de los detenidos, David Alfredo Sancho, es un promotor inmobiliario relacionado con el bufete.
*ELPAIS.com - Palma de Mallorca - 28/04/2007
Foto: Uno de los solares de Cala Llamp- /A. M. (El País)
Especulación del suelo: la enfermedad y el remedio
PERE GONZÁLEZ NEBREDA*/LUIS ANTONIO CORRAL JUAN*.- El País** : "El suelo es una materia prima básica para el desarrollo de nuestras poblaciones. La ciudad evoluciona y necesita suelo donde construir viviendas para sus nuevos habitantes y para albergar los usos y actividades que se generan, para sumar activos a la reutilización del existente. Detener el crecimiento del suelo es causar su decaimiento. Pero ese crecimiento debe ser realizado con criterios de sostenibilidad, algo en lo que, a estas alturas, todos estamos de acuerdo, estableciéndose un equilibrio entre los distintos factores sociales, económicos y medioambientales existentes. Se trata de crecer sin despilfarrar ese bien básico tan escaso que es el suelo, que no es renovable y cuya transformación en suelo urbano deviene irreversible.
El crecimiento de la ciudad debe tener en cuenta factores sociales para evitar desequilibrios y expulsiones indeseadas tanto de la población, ya sean nuevas generaciones o segmentos de menor solvencia, como de las nuevas actividades productivas y de servicios. Y debe propiciar, al mismo tiempo una movilidad razonable de sus ciudadanos. Deben tenerse en cuenta factores económicos, que resulten eficientes y favorables al progreso o, de lo contrario, su potencial como motor económico puede decaer. Sin embargo, todo argumento económico debe ser consecuente con el bien general y compatible con el respeto al medioambiente, que debe primar en el tratamiento del territorio, tanto en lo que se refiere al paisaje natural como al urbano, y asegurar requisitos de eficiencia energética y de salubridad. Por todo eso, el consumo de suelo, su transformación de suelo rural a suelo urbanizado, debe ser cuidadosamente estudiado. El desarrollo urbano debe ser escrupulosamente planificado en función de las auténticas necesidades de la sociedad y de la ciudad y no de otros intereses particulares.
Pero no es eso lo que está sucediendo. La expansión de las ciudades españolas no se produce en función de sus necesidades reales y están creciendo de manera deforme y en ocasiones aberrante. El crecimiento razonable, equilibrado y sostenible de la ciudad, y de la sociedad que alberga, tropieza actualmente con un obstáculo difícilmente salvable: la especulación del suelo. Llamamos especulación al encarecimiento artificioso generado por el acaparamiento y la escasez originada por su empleo como mercancía urbana.
En ese escenario parece necesario un golpe de timón enérgico para recuperar la iniciativa sobre la gestión del suelo. Pero ¿a quién le interesa acabar con la especulación del suelo? Sin duda alguna a las ciudades, a sus ciudadanos, a las personas. Esto está claro. Pero no tenemos tanta certeza, en ocasiones, de que haya alguien más interesado en ello. Administraciones y políticos no está claro que estén por la labor. Algunos se llenan la boca con eso, pero nadie quiere matar la gallina de los huevos de oro, huevos que alimentan municipios y munícipes, partidos y partidarios, y en ocasiones a otras especies menos respetables.
Casi una quinta parte del suelo urbanizado en España lo ha sido en los últimos 10 años; lo que quiere decir que en ese tiempo se ha incrementado el 25% de lo que se había urbanizado en los 2.000 años anteriores.
La ley ha obligado a que el 10% de ese suelo haya ido a manos de los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos lo han dilapidado o incluso han especulado con él. Salvo honrosas excepciones, la mayor parte de esas inmensas extensiones de nuevo suelo urbanizado, no se han destinado a construir viviendas sociales, protegidas o asequibles, sino a financiar otras actividades. Y eso ha sido así por decisión de los ayuntamientos, con su exclusiva responsabilidad algunas veces y con su aquiescencia en otras.
La Constitución obliga a luchar contra la especulación. Todas las leyes del suelo que se han aprobado en España hacen de eso uno de los aspectos más relevantes en sus exposiciones de motivos. La realidad nos dice que nunca se pasó de las teóricas buenas intenciones. Las dos primeras, las legisladas en los años 1956 y 1976, lo pretendieron mediante el impuesto progresivo municipal de solares sin edificar. La de 1992 mediante la expropiación, a la mitad de su valor, de todos aquellos solares que no hubieran sido edificados al cabo de un año. El resultado en todos los casos fue el mismo: prácticamente nunca se aplicaron.
La actual, del año 1998, con la pretensión de abaratar el suelo, aplicó lógicas de mercado de bienes de consumo, propiciando que todo el suelo pudiera ser urbanizado. El resultado ha sido que la creación de suelo urbanizable se ha desorbitado y al mismo tiempo su precio se ha multiplicado. El último capítulo se escribe ahora en las Cortes españolas, con otra nueva ley. De su lectura y análisis se saca una primera conclusión: más de lo mismo.
Se pretende, supuestamente, avanzar en la lucha contra la especulación desvinculando la propiedad del suelo del derecho a edificar, e incluso del derecho a urbanizar. Solución aplicada, con éxito, en países tan dispares, en su concepción social, como EE UU y Suecia; pero que aquí, en la práctica, sólo se materializará cuando se trate de la venta forzosa, y ésta se utilizará como instrumento arbitrario, de forma aleatoria y discrecional, ya que la ley no precisa con claridad su aplicación.
Se convierte así la expropiación en un peligroso instrumento en manos de quienes, hasta ahora, han demostrado su incapacidad para gestionar adecuadamente la transformación del suelo y para administrar las plusvalías generadas en el proceso.
La introducción que la nueva ley propicia, generalizada para toda España, la figura del agente urbanizador como presunto destinatario de los aprovechamientos de suelo, ha originado, donde hasta ahora se ha aplicado, no pocos conflictos y la reprimenda enérgica de las autoridades europeas por el expolio y la indefensión de los propietarios afectados.
Se limita a los propietarios de suelo el derecho a urbanizar, pero al mismo tiempo se entrega ese derecho a terceros, sin garantizar con eso que la colectividad se beneficie de las plusvalías generadas. Y, a estas alturas, todo el mundo sabe que las plusvalías que genera la transformación del suelo suelen ser de una cuantía económica muy considerable.
Se trata de expropiar barato para especular mejor. ¿No será peor el remedio que la enfermedad?
* Pere González Nebreda es presidente de la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y Forenses de Cataluña (AAEPFC) y Luis Antonio Corral Juan es decano del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares.
**ELPAIS.com - 27/04/2007
