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Ecologistas en Acción* ha presentado un total de 20 alegaciones contra la propuesta que tramita el Ayuntamiento de modificación puntual del PGOU para la delimitación de un nuevo sector del suelo urbanizable denominado “Casino”, y contra su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Entre las alegaciones presentadas se pueden destacar:
· Estando en periodo de revisión el PGOU del municipio, no se entiende que se sigan realizando modificaciones sobre el anterior PGOU. La evaluación de impacto ambiental de los planes urbanísticos debe ser global.
· Ni las propuestas de modificación del PGOU ni en sus correspondientes Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se tienen en cuenta los objetivos, criterio, normas, líneas estratégicas, medidas y orientaciones de sostenibilidad ambiental que se incluyen en normas legales aprobadas por la Junta de Andalucía y/o el Parlamento Andaluz, como son el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
· No se ha tenido en cuenta para realizar el EIA la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, ni la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Estas normas legales introducen modificaciones de alcance de aplicación en el proceso de evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico, recogiendo la obligatoriedad de realizar informes de sostenibilidad y consultas al público interesado, cosa que no se ha hecho. Tampoco se han evaluado alternativas a la urbanización de estos terrenos, alternativas que sí presenta Ecologistas en Acción. El EIA es, por tanto, manifiestamente insuficiente, no reuniendo los requisitos mínimo exigidos por la legislación vigente.
· Estos terrenos son no urbanizables de carácter forestal, a tenor de lo dispuesto en La Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, por lo que hay que conservarlos y regenerarlos, ya que fueron desmontados en buena parte de forma ilegal en octubre de 2007, hecho que se oculta en el EIA. A raíz de las denuncias de Ecologistas en Acción, la CMA ha impuesto a la empresa O.V.S.L. una sanción de 6.000 € y, esto es lo más importante, “la restitución de los terrenos a su estado original”. Por tanto es ilegal cualquier cambio de uso del suelo cuando existe una sanción legal que obliga a restituir los terrenos forestales ilegalmente destruidos a su estado original”.
Tanto esta zona como el colindante Rancho Linares –también en trámite e recalificación- son hábitat de alta importancia del camaleón. Esta especie ha sufrido fuerte una regresión en El Puerto debido a los desarrollos urbanísticos, que han dejado su área de distribución muy reducida y fragmentada. El camaleón común es una especie protegida. La nueva Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incluye al camaleón entre las especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. La declaración como urbanizables de zonas donde existen poblaciones de camaleones y la destrucción de pinares y retamares es una flagrante violación de esta ley.
· Estos terrenos deben integrarse en la red de zonas verdes y SGEL interconectados de todo el término municipal.
· La excusa esgrimida para recalificar estos terrenos es la perentoria necesidad de construir VPOs. En los 285.539 m2 de esta zona se pretenden construir 1.340 viviendas de las que 820 serían VPO. Ecologistas en Acción propone como alternativa la gran operación urbanística de La Florida, donde se prevén construir un total de 3.400 viviendas, de las que 2.409 serán protegidas. Además proponemos el desarrollo de otras bolsas de suelo que carecen de valores ambientales, paisajísticos o culturales. Junto al Rancho Linares está el Suelo Urbanizable Programado PP-CN-5 (antigua alcoholera), con 271.000 m2, donde se podrían construir un total de 1.235 viviendas, de las que 864 serían VPO. Colindante al Rancho Linares, también se modificó el PGOU para recalificar las Bodegas de San José del Pino a residencial, para 999 viviendas. Ante la crisis del ladrillo, y la más que probable inviabilidad de esta promoción de viviendas de lujo, sería también posible renegociar los cambios necesarios para poder desarrollar en esta zona VPOs. Es decir, se pueden construir sin problemas legales ni ambientales 5.595 viviendas, de las que 3.801 serían VPO, cifra más que suficiente para cubrir la actual demanda de VPO de nuestro municipio.
Por todo lo expuesto, hemos solicitado:
1.- Se proceda a desestimar la modificación del PGOU en el ámbito del sector denominado “Casino”.
2.- Se garantice la conservación y regeneración de la totalidad de los terrenos forestales en el sector “Casino”, con la protección del retamar existente y la ejecución del expediente sancionador que obliga a la “restitución de los terrenos a su estado original” de la zona desmontada ilegalmente.
3.- Se garantice la conservación de las especies protegidas en dicha zona forestal, con la estricta protección de sus hábitats.
4.- Se rechace el EIA por no incluir los mínimos contenidos ni haberse respetado los trámites para su realización previstos en la legislación vigente.
5.- Se integren esos terrenos, el Rancho Linares y las vías pecuarias colindantes en la red de SGEL y corredores ecológicos del término municipal.
* Ecologistas en Acción del Puerto de Santa María - 23.05.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
El Puerto: Contra la recalificación de un retamar desmontado ilegalmente
Canarias: El 83% de municipios no ha adaptado sus planes a las Directrices
CANARIASALDÍA* : Sólo 15 de los 88 municipios del Archipiélago, es decir el 17%, han logrado culminar el proceso de adaptación de sus planes generales a las llamadas Directrices (Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias y las Directrices Generales de Ordenación y del Turismo de Canarias).
El proceso de adaptación debería culminar en 2010, "ya que ese es compromiso del Gobierno de Canarias", según explicó en una entrevista a Europa Press el director general de Urbanismo del Ejecutivo autonómico, Jesús Romero, quien se mostró confiado en conseguir ese objetivo.
"No existe una parálisis del sistema de adaptación", aseguró Romero, que recordó que desde 2005 el Ejecutivo ha invertido unos 9,3 millones de euros para que los municipios de las Islas logren la adaptación a la normativa vigente con el impulso de las oficinas municipales.
Romero explicó además que en este proceso hay varios estadios, y que si bien hay algunos municipios que no han logrado superar ningún escalón hay otros que se encuentran en fases intermedias.
Según los datos facilitados, adaptados a las Directrices se encuentran seis municipios tinerfeños (Arona, Buenavista del Norte, Candelaria, El Rosario, La Guancha e Icod de Los Vinos), tres de La Gomera (Agulo, Hermigua y Vallehermoso), dos de Gran Canaria (Gáldar y Valsequillo), dos de Lanzarote (Haría y Tinajo) y otros dos de La Palma (Puntallana y Tazacorte). En cambio, ninguno de los seis municipios de Fuerteventura se ha adaptado a la nueva legislación.
* Canarias al Día - Europa Press. Santa Cruz de Tenerife - 23.05.09
Foto: Vista aérea de una zona urbanizada. / Canariasaldia.com
La Nucia fraccionó permutas de suelo por el que se interesó Correa para burlar el permiso del Consell
LEVANTE/Alicante* : El Consell fraccionó contratos para otorgar adjudicaciones a dedo a firmas de la trama Gürtel, pero este recurso no fue exclusivo del Ejecutivo. El Ayuntamiento de La Nucia, que preside el popular Bernabé Cano, también recurrió a trocear en varias permutas suelo del municipio para eludir la exigencia legal de obtener el permiso de la Generalitat, según denunció ayer en las Corts el diputado del PSPV Francesc Signes, quien inquirió sobre esta cuestión al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla. Una de las parcelas, sobre la que se aprobó el PAI de Pie de Monte, es la misma por la que, según reveló la investigación de Garzón, se interesó el cabecilla de la trama, Francisco Correa, agregó Signes.
Rambla reconoció que la Generalitat «desconocía» el fraccionamiento de varias permutas por el Ayuntamiento de la Nucia y que por eso no pudo actuar. Según explicó el parlamentario del PSPV, la ley de Contratos obliga a pedir autorización cuando la permuta excede del 25% de los recursos ordinarios del consistorio. Signes recriminó que el Consell es informado de todos los acuerdos municipales y la ley de Régimen Local le obliga a recurrir todos aquellos que sean ilegales.
Pero Rambla insistió en que, en la medida en que la Administración autonómica no fue informada de estos hechos, «difícilmente» pudo actuar, y deslizó que, por el mismo motivo, tampoco lo hizo la Delegación del Gobierno, «que también tiene responsabilidad en el control de los ayuntamientos». «La Generalitat no ha tenido conocimiento de ninguna solicitud del Ayuntamiento de la Nucia sobre autorización de permuta de bienes», aseveró, para señalar que este fraccionamiento de permutas tampoco fue detectada por los órganos de control interno locales. Las permutas, dijo, se hicieron «por concurso público y los conciertos contaron con la aprobación de todos», incluidos los ediles del PSPV.
«Intereses privados beneficiados»
Según el relato de Signes, el Ayuntamiento de la Nucia «fraccionó» los expedientes de la permuta de terrenos urbanizables que formaban parte de los PAI de La Serreta y Pie de Monte. Las permutas se hicieron con Dragados por 16,7 millones a cambio de la construcción de la Casa de la Cultura, el edificio de Urbanismo y la plaza pública con auditorio. El mismo día en que se formalizó la permuta (8 de junio de 2005), Dragados vendió los terrenos a Gestrumar 2001 por la misma cantidad. Menos de un año más tarde, esta empresa revendió casi todas estas parcelas a diferentes sociedades obteniendo una plusvalía de 17,2 millones, afirmó.
La única de las 9 parcelas que no revendió, la de Pie de Monte, es la que Correa intentó comprar a los promotores del PAI de esta finca (la sociedad Montemar La Nucia), agregó Signes, para resaltar que dos de los consejeros de esta firma son a la vez accionistas de Gestrumar y de la empresa que impulsa el PAI de la Serreta (Cases del Pinar). Estos acuerdos «beneficiaron unos determinados intereses privados, renunciando el ayuntamiento a unos ingresos que se duplicaron en menos de un año».
* Levante-EMV - J. G. G./Efe, Valencia - 21.05.09
Foto: La Nucia - tagarinet
¿Y esto es la sostenibilidad?
CARLOS TAIBO* : En los últimos meses han pasado por los estudios de televisión y de radio, y se han pronunciado en las páginas de los periódicos, decenas de dirigentes políticos, de economistas, de sindicalistas y de periodistas, próximos al Gobierno o cercanos a la oposición. Aunque a menudo disientan en lo que respecta a las medidas precisas que conviene arbitrar, todos parecen estar de acuerdo en algo importante: para dejar atrás la crisis en curso hay que recuperar la senda del crecimiento económico y conseguir que despierte de una vez por todas el consumo. En un planeta en el que sobran los argumentos para afirmar que el crecimiento no genera cohesión social, provoca agresiones medioambientales muchas veces irreversibles y propicia el agotamiento de recursos que no estarán a disposición de las generaciones venideras, cada vez es más urgente que busquemos, por ello, otros horizontes.
orprende, sin embargo, que muchos de quienes han hecho de la sostenibilidad su bandera de enganche prefieran esquivar la conclusión de que en los países ricos tenemos que asumir cuanto antes reducciones drásticas en la producción y en el consumo, de la misma suerte que tenemos que repartir el trabajo en provecho de modelos que hagan de la redistribución de la riqueza, de la vida social, del ámbito local y del ocio creativo sus cimientos.
Nada de esto último se aprecia, ni de lejos, en las posiciones que abrazan hoy nuestros gobernantes, empeñados en sacar adelante diagnósticos de lo que sucede tan errados como interesados. Recuérdese que hace algo más de un año el presidente Rodríguez Zapatero eludía mencionar, en sus discursos, la palabra crisis. Después se inclinó por arrojar todas las culpas de lo que ocurría sobre los desmanes que ha dado en exportar la economía norteamericana –ninguna correspondía, en cambio, a un modelo, el español, al parecer en modo alguno lastrado por flujos especulativos de diversa índole–, para, en los últimos tiempos, descargar sus iras contra una burbuja inmobiliaria que, según una singularísima visión, nada habría tenido que ver con las políticas alentadas por el Partido Socialista desde las más diversas instancias. ¿Cuánto tiempo tardará Rodríguez Zapatero en percatarse de las contradicciones flagrantes de lo que defiende ahora?
No hay manera de casar el omnipresente discurso de la sostenibilidad con medidas como las que el Gobierno español ha decidido alentar en respuesta a la crisis. Una de ellas es esa enloquecida apuesta por la alta velocidad ferroviaria que tanto gusta –dicen– al presidente norteamericano de estas horas. A su amparo está claro qué es lo que se nos viene encima: una forma de transporte que reclama salvajes agresiones contra el medio, propicia la desertización ferroviaria del grueso del territorio, es extremadamente onerosa en términos energéticos y se traduce en precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.
Otra de esas medidas la aporta la frenética construcción de nuevas autovías sin que nadie explique convincentemente quién las va a poder utilizar en el futuro, cuando se disparen los precios de las materias primas energéticas que empleamos. Qué no decir, en fin, de la impresentable, y discriminatoria, decisión de subvencionar con recursos públicos la compra de automóviles. ¿No sería más razonable que, lejos de pensar en los intereses de las grandes empresas, nuestros gobernantes ayudasen, antes bien, a quienes han decidido prescindir de un instrumento, el coche, que retrata cabalmente muchos de los elementos de insostenibilidad que atenazan a nuestras sociedades? Mientras se apoyan con descaro olímpicas parafernalias, por momentos despunta, en fin, la lamentable retahíla que da cuenta del liderazgo español en tecnologías verdes, casi siempre adobada, por añadidura, con la triste defensa, también en este ámbito, de la competición más feroz.
Bien es cierto que los desafueros transcienden el terreno de la sostenibilidad. Para cerrar el círculo, nuestros gobernantes repiten incansables que no van a aceptar rebajas, en provecho de los empresarios, en lo que atañe a las reglas del juego del mercado laboral. Empiezan a menudear las noticias, sin embargo, que sugieren que el Partido Socialista sopesa introducir algunas de esas rebajas en un escenario en el que los empresarios a los que acabo de referirme no tienen mucho de qué quejarse: al amparo de una precariedad que se impone por doquier, las normas imperantes han permitido –no se olvide– un crecimiento espectacular de la cifra de desempleados, en muchos casos sin cobertura alguna.
Para que nada falte, entre nosotros se ha optado por importar un modelo, el norteamericano, que defiende medidas de socorro tan generosas como urgentes cuando las entidades financieras están al borde de la quiebra, pero no actúa con la misma benevolencia y energía cuando son las economías de los trabajadores –recuérdese a las decenas de miles de inmigrantes que contrajeron hipotecas en condiciones próximas a la usura– las que se hallan con el agua al cuello.
Y es que quienes nos dirigen, de siempre remisos a poner el dedo en la llaga de lo que supone un capitalismo depredador e injusto –hoy, por cierto, a la deriva–, defienden, sí, el bien común… siempre y cuando no choque con los intereses particulares de las grandes empresas. Que se lo digan, si no, a Microsoft, que a buen seguro se apresta a sacar tajada de ese ambicioso programa que, de hacerse realidad, pondrá en manos de nuestros niños un magnífico ordenador llamado a resolver mágicamente las carencias del sistema educativo que arrastramos.
* Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1298/%C2%BFy-esto-es-la-sostenibilidad/
* Rebelión - Público - 24.05.09
