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ELCOMERCIO/Asturias* : Los vecinos de las localidades que rodean el Monte de La Parte, donde el Ayuntamiento de Siero está tramitando la apertura de un campo de tiro, reiteraron ayer sus protestas contra las instalaciones. Según señalaron, «no podemos dormir tranquilos sabiendo que algún día va a volver a estar operativo desde primera hora de la mañana y hasta el atardecer y que el repetido y contundente sonido de disparos va a volver al día a día de los vecinos».
Los afectados, que residen en las localidades de La Parte, Mudarri, Valire, Vega Muñiz, Tiroco, Venta de Soto y Posada, recordaron que en los años en los que el campo de tiro estuvo activo, «era frecuente que cuando algún vecino recogía les fabes, tuviera que separar los perdigones que habían caído o que los niños corrieran por los praos para coger los platos que no se habían roto». Incluso apuntaron el caso de una vecina, de avanzada edad y en silla de ruedas que no quería salir de su casa porque decía que «allí arriba había guerra».
Los afectados aseguraron también que a pesar de las continuas protestas de los vecinos, las distintas corporaciones mantuvieron «una callada pero consentidora actitud» hasta el cierre del campo en 2002. Un cierre que según señalaron, «trajo el olvido». Además, explicaron que «el monte se recupero, no volvió a haber incendios, y la fauna de corzos, aves rapaces y arceas volvió a su hábitat».
Sin embargo, el pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Siero apoyó la apertura nuevamente de las instalaciones y la concejalía de Urbanismo estableció las condiciones a exigir al promotor para la puesta en marcha del equipamiento, a lo que los vecinos reaccionaron con quejas y protestas. «Es un monte rodeado de viviendas, algunas a escasos 200 metros y nadie quiere vivir escuchando el continuo sonido de disparos, y menos aún los fines de semana que es cuando más actividad tiene el campo de tiro». Además, los afectados señalaron que «nadie quiere que el monte se llene de miles de kilos de perdigones al año, que contaminan los suelos y las aguas» y mostraron su preocupación sobre la posible devaluación de las fincas. «¿Quién va a venir a hacer una casa al lado de un campo de tiro o a pasar el fin de semana a una casa rural para escuchar disparos?», se preguntaron.
Por otro lado, quisieron dejar claro que «no hablamos de algo que pueda pasar, sino de algo que ya hemos vivido». En la actualidad, el expediente está pendiente de la aprobación inicial, puesto que se le requirieron una serie de mejoras al promotor y aportó documentación complementaria que aún no ha sido dictaminada.
* El Comercio Digital - 1.02.10
Foto: Pola de Siero (Asturias), ayuntamiento - asturiasverde.com
Siero: Los vecinos de La Parte reiteran su rechazo al campo de tiro
Valencia: Instan a la Fiscalía a investigar el derribo del muro de Monforte
LEVANTE* : El Cercle Obert de Benicalap envió hoy un escrito a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el que pide que esta institución investigue las obras que el Ayuntamiento de Valencia prevé acometer en el Jardín de Monforte de la ciudad y que "alteran y modifican sustancialmente" un monumento catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
La asociación vecinal presentó esta petición ante el anuncio por parte del equipo municipal de gobierno de que durante el primer trimestre del año se derribará el muro de Monforte y se emprenderán obras en el interior del jardín, sin antes haber elaborado y aprobado el Plan Especial de Protección.
Los artículos 34.2, 39 y la Disposición Transitoria segunda de la Ley Valenciana 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, establece la necesidad de que las administraciones públicas competentes aprueben los correspondientes Planes Especiales de Protección en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de publicación de su declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).
En este sentido, Cercle Obert de Benicalap apunta que "tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat Valenciana, tienen la obligación ineludible, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la inmediata iniciación de los trabajos de redacción y aprobación del Plan Especial de Protección del Jardín Histórico de Monforte, declarado Bien de Interés Cultural".
Sin la existencia de este plan "no se puede emprender ningún tipo de actuaciones y obras de mejora o rehabilitación". Asimismo, la entidad considera que "no tiene sentido alguno alterar o modificar parte del muro, dado que forma parte inseparable e imprescindible del bien de interés cultural y le da valor y sentido como huerto cerrado, como jardín".
Así, insisten en que "no se ha justificado debidamente la necesidad de alterar ciertos fragmentos del muro de mampostería y sustituirlo por una valla de forja de hierro neoclásica, dado que los problemas de humedad que afectan a los árboles y el mal drenaje de las especies vegetales existentes en el mencionado jardín valenciano, no van a poder ser solucionadas con una actuación lesiva realizada en la superficie y justificada por meras razones estéticas".
INVESTIGAR APARCAMIENTO
Además, también piden que Fiscalía investigue, la existencia de un aparcamiento subterráneo en las calles Doctor Severo Ochoa y Monforte, que envuelven al BIC. Este garaje "fue construido e inaugurado oficialmente sin el oportuno estudio de impacto, alterando y condicionado negativamente la pervivencia presente y futura del Jardín Histórico de Monforte", advierte Cercle Obert de Benicalap.
Del mismo modo, creen que "la inexistencia del preceptivo y obligatorio Plan Especial de Protección en un monumento, declarado BIC y de propiedad municipal es un hecho que debe ser investigado y, si procede y se verifica el delito, sancionado, pues si el Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura hubieran cumplido con las obligaciones que marca la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, nunca se hubiera autorizado la construcción del aparcamiento subterráneo en el entorno, y ahora, no se intentaría alterar parte del muro de mampostería que da esencia y define al jardín neoclásico de Monforte, como uno de los más valiosos vestigios y singulares jardines históricos existentes en toda la Comunitat Valenciana y en el resto de España".
La asociación ciudadana señala en su escrito remitido a Fiscalía que "no tiene constancia oficial de que los numerosos monumentos BIC existentes en la ciudad de Valencia, dispongan de los preceptivos y obligatorios Planes Especiales de Protección". De ser así, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat "están incumpliendo e ignorando sus compromisos legales y provocan de forma visible y consciente una degradación y abandono del legado patrimonial cultural valenciano".
De este modo, señalan que "resulta imprescindible y necesario que la Fiscalía emprenda las investigaciones oportunas al respecto e incoe las correspondientes diligencias de instrucción penal". Para Cercle Obert de Benicalap la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Cultura "tienen que actuar inmediatamente, para evitar la realización de un nuevo expolio contra el patrimonio cultural de todos los valencianos, requiriendo urgentemente a las instituciones públicas valencianas para que procedan a asumir y desarrollar sus labores y obligaciones legales".
* Levante-EMV - 1.02.10
Foto: Valencia, jardín de Monforte - flickr.com
Clamor por un Cabanyal entero y vivo
LEVANTE/Valencia* : El Cabanyal vivió ayer la manifestación más multitudinaria que se recuerda en defensa de la rehabilitación del barrio y contra el Plan de Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que incluye una prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar que parte el barrio y contempla el derribo de cientos de casas. Miles de personas -30.000, según la organización; y 3.000, a juicio de la Policía local- acudieron al mediodía de ayer a la llamada de la Plataforma Salvem el Cabanyal.
Una manifestación festiva que transcurrió sin incidentes entre la Avenida de Tarongers y la plaza de la Creu y en la que se volvió a exigir, como en los últimos once años, que se detengan los derribos de casas y la aprobación de un plan de rehabilitación integral para recuperar el barrio desde el punto de vista social y patrimonial: "El Cabanyal és nostre i el volem sencer i viu", rezaba el lema.
Con todo, la marcha celebrada ayer no fue una más. Se produjo tras la declaración del Ministerio de Cultura de "expolio" por parte del ayuntamiento y la réplica jurídica del Consell -un decreto que desprotege el barrio para legalizar los derribos-, que ha desembocado en un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Generalitat y en el enésimo frente político del Consell ante Zapatero.
La portavoz de la Plataforma de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, se mostró "esperanzada" por la actuación del ministerio, que lleva el conflicto a un nuevo escenario en que "está próximo a resolverse". En este sentido, trasladó a la ciudadanía que se trata de "un proceso judicial, no político", como insiste en plantearlo el Consell.
La portavoz se refirió en estos términos antes del inicio de la marcha. Más combativo fue el manifiesto, leído dos horas después ante miles de personas frente al Mercado del Cabanyal. El PEPRI es un "ataque a la cultura, a la memoria colectiva y a la identidad, porque es un barrio singular y hermosísimo digno de permanecer en el tiempo", señalaba. Después de "12 años de lucha", la entidad aseveró que "no va a parar hasta que el barrio se rehabilite y se quede entero y vivo".
Los organizadores fueron muy críticos con el PP, al que acusaron de "llevar la degradación, el dolor y la injusticia social" al barrio. Denunciaron la postura política que ha tomado el Consell y el ayuntamiento, planteando la actuación del Gobierno como un ataque al autogobierno de los valencianos: "No al falso autonomismo; no al falso valencianismo", clamaron.El comunicado de los organizadores denunció la "especulación" como el interés que mueve la prolongación, y señalaron que en los últimos años han sido instalados en el barrio "colectivos desfavorecidos creando inseguridad y un ambiente hostil" para generar un clima de apoyo a los derribos.
Finalmente, se hizo una llamada a la "unidad" y al apoyo de toda la sociedad para lograr el objetivo final de la "rehabilitación sin destrucción" del barrio.
* Levante-EMV - 01.02.10
Foto: Las calles del barrio marítimo presentaban ayer este aspecto durante la manifestación contra la prolongación de Blasco Ibáñez. miguel ángel montesinos, levante-emv.com
Madrid: Anulado el acuerdo que permitió construir el campo de golf del Canal
ELPAÍS* : El Gobierno regional no justificó suficientemente el "interés general" para construir un campo de golf de gestión privada en Chamberí, sobre un antiguo depósito de agua del Canal de Isabel II. Por eso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de anular el acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2007 en el que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre recurrió al interés general para saltarse las trabas municipales.
La Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento hizo un informe desfavorable de la obra y la Concejalía de Urbanismo le denegó la licencia. Aguirre entonces recurrió al artículo 161 de la Ley del Suelo, que permite a una administración esquivar las normas urbanísticas municipales si existe "interés general".
"La motivación del acuerdo es excesivamente genérica", asegura la sentencia, del 21 de enero pasado. El tribunal no duda del interés general de una "infraestructura esencial" -uno de los depósitos de agua de Madrid- que tiene como fin "dotar de parques y espacios deportivos públicos a una superficie considerable ubicada en una zona céntrica". El problema, según el TSJM, es que para declarar interés general hay que justificar por qué el proyecto no puede cumplir la normativa urbanística. Las pegas que puso el Ayuntamiento de Madrid fueron muy específicas, recuerda la sentencia: "Recaen únicamente sobre las instalaciones de golf, el cerramiento que exigen las mismas y los tres nuevos pabellones proyectados". El Gobierno tendría que haberse centrado en esas cuestiones, porque el resto del proyecto sí cumple la legislación. La sentencia asegura que el Ejecutivo evita mencionar por qué es de interés público que el campo de golf esté precisamente allí, ni por qué no puede sustituir el vallado y los pabellones por otros elementos que sí cumplan las normas. El acuerdo de Gobierno decía que "no resulta posible ni pertinente" adecuar el plan. Eso es "irrelevante", dice el tribunal, porque lo que exige el artículo 161 "es la imposibilidad, no la inconveniencia o la falta de oportunidad".
Entre los impedimentos que encontró Aguirre para sacar adelante las obras estaba el informe desfavorable de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN). Tuvo que intervenir porque el depósito de agua está protegido. La comisión obligaba al Canal a eliminar "las plataformas de bolas de golf y los postes que sujetan las redes". También subrayaba que "el cerramiento incumple las determinaciones establecidas" en el plan general. Otro informe, de diciembre de 2006, del subdirector general para la Gestión Privada de Urbanismo decretaba que las actuaciones no eran viables, porque es necesaria "la tramitación de un plan especial para su implantación ".
"Las instalaciones están sin licencia, es decir, son ilegales", aseguró ayer José Antonio Jiménez, abogado de la asociación de vecinos El Organillo de Chamberí, que recurrió al TSJM. "Nos dirigiremos al Ayuntamiento para que las precinte", añadió. El Gobierno regional no va a recurrir la sentencia, según afirmó ayer una portavoz del Canal. "Mientras tanto, el fallo queda en suspenso", añadió. "Ese campo atenta contra el urbanismo, el medio ambiente y los propios vecinos", afirmó la concejal socialista Carmen Sánchez-Carazo. "Desde el partido socialista vamos a luchar para que se precinte".
* ELPAIS.com - 1.02.10
Foto: Campo de entrenamiento de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II en Chamberí.- RICARDO GUTIÉRREZ, elpais.com
Alhaurín: El gran pelotazo de San Joaquín
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DIARIOLATORRE/Málaga* : El próximo lunes, día 1 de febrero, a las ocho de la mañana, se celebrará un Pleno extraordinario y urgente, con un punto único: “La aprobación del convenio urbanístico de planeamiento entre el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y los propietarios de la Finca San Joaquín”. La aprobación de este Convenio es un mero pretexto para transformar unos terrenos rústicos, de escaso valor, en terrenos urbanizables de un valor incalculable.
La futura Ciudad Deportiva Municipal puede construirse en los innumerables terrenos, que según nuestro Alcalde tiene el Ayuntamiento, sin necesidad de beneficiar a la familia del asesor jurídico de Urbanismo de nuestro Ayuntamiento, Sr. Lamothe, que entró a dedo a trabajar en el Consistorio y a la familia Portales. Los terrenos que ceden, según el Convenio, están calificados como Equipamiento de la citada Finca. Ese proyecto será financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, 'Plan E 2' por el Estado de la Nación.
CONVENIO: La familia Lamothe y Estezuelas, S.L.(familia Portales parece ser) son propietarios de la Finca No Urbanizable o rústica, San Joaquín, y firman un Convenio con el Ayuntamiento (Sr. Alcalde), en presencia del Secretario del Ayuntamiento, don Alfonso Moreno Olmedo que se limita a dar fe del acto y no a Certificar su Legalidad.
Algunos objetivos del Convenio:
1.- Aprobar por el Pleno y después por la Comisión Provincial de la Junta el siguiente “Pelotazo”: Modificar las Normas Urbanísticas para que la Finca San Joaquín, rústica o no urbanizable (no se puede edificar nada) se convierta en urbanizable (para que se pueda edificar).
¿Quiénes tienen potestad para hacer ese cambio?:
- Primero, el Pleno del Ayuntamiento aprobará, el próximo lunes, el citado Convenio, cosa fácil porque el PP tiene mayoría absoluta. Y después la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía (el PSOE tiene la llave aquí) ratificando la aprobación del Pleno o rechazándolo, como hizo en el 2004.
- Nuestro Alcalde, de muy dudosa reputación, manifiesta en dicho Convenio que la Finca San Joaquín tiene una extensión total de 263.489m2. ¿Están incluidos en esa cantidad el Camino de los Callejones que atraviesa la citada finca, el arroyo Blanquillo y sus cinco metros de deslinde, al margen del cauce, la vía Agropecuaria, servidumbre de paso debido al canal,etc.).
- Este desarrollo urbanístico se lleva a cabo por el sistema de compensación. Es decir, que el 10% de las parcelas que le corresponde al Ayuntamiento se queden con ellas los propietarios del Sector, a cambio de una compensación económica. En la mayoría de los casos realizados previamente por el Ayuntamiento, lo promotores han abonado, en mi opinión, una cantidad muy inferior al precio de mercado. ¿Otro posible aspecto del Pelotazo?
- Ahora viene lo bueno y transcribo lo que dice el Convenio, pag. 4, párrafo 7:”…los propietarios autorizan y ponen a disposición del Ayuntamiento un total de 67.559,90m2, ubicados zona Oeste del Sector … Los suelos citados figuran como Sistema General de Equipamiento, 50.865,95m2 y como Sistema Local de Equipamiento 16.689,95m2. El suelo citado 67.555,90m2 que se pone a disposición del Ayuntamiento con antelación a la tramitación de la Innovación (Pelotazo o modificación de terrenos Rústicos en Urbanizables. Lo que está entre paréntesis lo digo yo y no el documento), obedece a motivos de interés público…”
El siguiente párrafo del punto 4 del Convenio, en mi opinión es una barbaridad porque dice:”Dichos terrenos, aún cuando la cesión se formalizara en el proyecto de Reparcelación, serán puesto a disposición del Ayuntamiento en el mismo momento de la firma del presente documento, siempre que el mismo esté firmado por todos los propietarios de la finca San Joaquín, autorizándose a su vez que por el Ayuntamiento y de forma inmediata, se realicen en los terrenos cuantas mediciones topográficas y pruebas geotécnicas sean necesarias para la construcción de la Ciudad Deportiva, así como, evidentemente, todas las obras necesarias para su ejecución”
¿Preguntas?
¿Hay una ley para los ciudadanos y otras para el Ayuntamiento de Alhaurín? De no ser así, ¿cómo se puede comenzar a edificar antes que se haya aprobado la Innovación (paso de rústico a urbanizable) y el Plan Parcial y los siguientes pasos no hayan sido culminados? Todo ese proceso conllevaría al menos, dos años. A mi parecer, parte del contenido de este Convenio no se ajusta a Ley.
Por último, ¿qué demonios nos regalan estos señores propietarios? O el Alcalde sigue siendo un embustero, o no tiene terrenos para edificar esta Ciudad Deportiva en otro lugar. El Alcalde siempre manifestó, que el ayuntamiento no había vendido la mayoría de los terrenos que le correspondían al Ayuntamiento como cesión obligatoria por desarrollos urbanísticos. ¿Dónde están? ¿Por qué no se hace ahí la Ciudad Deportiva?
* Diario La Torre - 31.01.10
Foto: Alhaurín de la Torre ( Málaga) - alhaurin.com
El Cabanyal: patrimonio y especulación
RAMÓN LÓPEZ DE LUCIO* : La batalla en torno a la muy interesante barriada marítima de Valencia, el barrio de El Cabanyal, se prolonga desde hace 10 años y se ha convertido en verdadero estandarte, a nivel estatal, de las iniciativas ciudadanas en defensa del patrimonio histórico-artístico de sus ciudades frente a los especulativos proyectos de algunas administraciones municipales. En el caso de Valencia se trata de una retícula viaria consolidada en el XVIII y ampliada en el XIX de largas manzanas paralelas al mar; íntimamente relacionada con algunos otros pocos ejemplos españoles igualmente relevantes (la Barceloneta, Ferrol, Mahón).
Originalmente se trataba de una construcción de barracas que desde finales del XIX se fueron sustituyendo por edificaciones residenciales de 2-3 plantas, incorporando interesantes elementos arquitectónicos y decorativos (mosaicos) de filiación modernista. En las décadas del desarrollismo franquista una parte de esta edificación fue sustituida por vulgares bloques de 5-6 plantas que rompían el tipo arquitectónico y la escala de las calles. En todo caso el barrio conserva a día de hoy un paisaje urbano muy específico y una identidad social marcadamente popular.
El valor del barrio fue reconocido por el propio Gobierno autonómico, que lo declaró Bien de Interés Cultural (con categoría de conjunto histórico) en 1993. Pero la situación del barrio, inmediato a la playa de la Malva-rosa, cuyo paseo marítimo se reurbanizó por esos años, despertaba progresivamente intereses inmobiliarios de claro corte especulativo. La coartada la facilitó una iniciativa de tipo viario, la prolongación del paseo de Blasco Ibáñez hasta el mar, atravesando el barrio y partiéndolo en dos. El proyecto afecta a una banda de entre 100 y 158 metros de ancho por 800 metros de longitud (la totalidad del espesor del tejido urbano). Un total de 11,5 hectáreas que supone el derribo de 450 edificios y de unas 1.600 viviendas.
El instrumento elegido por el Ayuntamiento para llevar a cabo la operación fue un Plan Especial aprobado en el 2000, falazmente denominado de Protección y Reforma Interior. Cuando de hecho lo que venía era a destruir una parte significativa del barrio rompiendo su unidad y su carácter y afectando a numerosos edificios catalogados.
Ante esta amenaza el barrio se organiza creando la Plataforma Salvem El Cabanyal y más tarde el Instituto de Defensa de los Intereses Patrimoniales, Culturales y Artísticos de El Cabanyal-Canyamelar. Después de un proceloso recorrido legal, en el que el Ayuntamiento se ha enrocado en su iniciativa de destrucción y reconfiguración social de la zona, ha sido una reciente orden del Ministerio de Cultura (29 de diciembre de 2009) la que ha determinado que el plan especial supone la expoliación del conjunto histórico de El Cabanyal y ordenando la suspensión inmediata de dicho plan especial en tanto no se lleve a cabo una adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos. Con esta orden el ministerio no hace más que cumplir una sentencia de mayo 2009 del Tribunal Supremo que expresaba la obligación de aquél de dictar resolución motivada.
La reacción durante estos últimos días del Ayuntamiento de Rita Barberá y del Gobierno de Camps ha sido furibunda, llegando a calificar la orden ministerial de agresión masiva al autogobierno valenciano. Sin embargo, está clarísimo -como han argumentado en diversos informes el Consejo Superior de Arquitectos de España, la Real Academia de Historia y significados profesionales del urbanismo- que las instituciones estatales lo único que han hecho es cumplir con su obligación. En este caso, proteger un valioso patrimonio arquitectónico, urbanístico y cultural (de acuerdo con la ley 6/1985 del Patrimonio Histórico Español) de las desfasadas pretensiones de intervención urbanística agresiva sobre un tejido antiguo. Pretensiones ancladas en pleno siglo XIX, el siglo de las grandes vías trazadas sin respeto alguno sobre los cascos viejos. Así como de las apenas encubiertas intenciones especulativas por apropiarse de un espacio especialmente atractivo para edificar viviendas de lujo frente al mar.
* Ramón López de Lucio es arquitecto, catedrático de Planeamiento Urbanístico de la Escuela de Arquitectura de Madrid y firmante del dictamen sobre el PEPRI de El Cabanyal de febrero 2001.
* ELPAIS.com - 31.01.10
