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LAPROVINCIA* : Unas 2.000 construcciones en Canarias se enfrentan al derribo por ocupar la zona denominada dominio público marítimo-terrestre. Hay de todo, desde chabolas hasta hoteles de lujo, pasando por edificios, viviendas aisladas, garitas, restaurantes y pensiones; algunas presentan un estado lamentable y otras están relucientes; buena parte de ellas se levantaron antes de la Ley de Costas de 1988 y otras, sin embargo, llegaron después.
La mayoría de estas construcciones, unas 1.500, se encuentran en la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente en Tenerife y La Palma. Las 500 restantes se reparten por las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
El Gobierno central, a través de la Dirección General de Costas, está firmemente empeñado en derribarlas todas alegando que se trata de ocupaciones no admisibles, mientras que el Gobierno canario ha mostrado ya sus reticencias para al menos la mitad de estas construcciones y ha pedido que se flexibilice la legislación, de manera especial en lo que afecta a núcleos consolidados de población como podrían ser los casos de El Golfo, en Lanzarote, o Tufia, en Gran Canaria.
Sin embargo, lejos de arredrarse, la Demarcación de Costas ha puesto el ojo en al menos 1.500 de estas construcciones, cifra que coincide con la apertura de otros tantos expedientes de recuperación del dominio público, algunos de ellos tan conocidos como los chalés de Hoya Pozuelo. Alegan desde Madrid que la legislación en esta materia es dura, pero que así es como debe ser.
Uno de los puntos de discrepancia entre el Estado y el Gobierno canario es que mientras el primero entiende que el espacio público llega hasta 100 metros costa adentro y todas las construcciones privadas en esta franja deben demolerse, el Ejecutivo regional opina que los núcleos urbanos consolidados que estén alejados al menos 20 metros de la raya de pleamar podrían conservarse.
Pero no es sólo una cuestión de administraciones, sino sobre todo de personas. Los vecinos afectados por estas demoliciones se están comenzando a organizar en torno a una plataforma promovida por los vecinos de Chovito, en el municipio tinerfeño de Candelaria. El líder de este movimiento, Tomás González, ha llegado a asegurar que el 35% de las viviendas en Canarias están en peligro. Se quejan también de que las demoliciones afectan sobre todo a las casas humildes y no a los grandes hoteles de lujo que también están levantados en la zona de dominio público.
DENUNCIAS. Los expedientes se ponen en marcha por la denuncia de algún particular o de oficio. Sin embargo, desde que se inician hasta que concluyen con la demolición, pueden pasar muchos años. El interesado dispone de la posibilidad de recurrir, lo que suele ocurrir en el caso de que sean construcciones habitadas, y entonces el contencioso llega al TSJC. En ocasiones se alcanzan acuerdos amistosos con la concurrencia de otras administraciones que pueden llegar a incluir, para el caso de que fueran primeras viviendas, la entrega de casas sociales.
Los núcleos más afectados en la provincia de Las Palmas son Tufia, Hoya Pozuelo, la pensión de Melenara y Tauro, en Gran Canaria; Costa Teguise, Caleta Famara, La Santa o El Golfo, en Lanzarote; y Los Molinos, Pozo Negro, Jacomar, Majanicho, Puerto Lajas y Puertito de la Cruz, en Fuerteventura.
* La Provincia - JOSÉ NARANJO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 11 de febrero de 2008
Foto: Hotel de Melenara. LA PROVINCIA / DLP
Dos mil construcciones situadas en las costas canarias se enfrentan a la piqueta
Valencia: Un urbanismo favorable al negocio
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ELPAÍS* : La Valencia futura se dibuja sobre los mapas de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que romperá la barrera del viejo cauce del Turia y crecerá a costa de 250 hectáreas de huerta. Del futuro PGOU solo se conocen las líneas principales. El plan aprobado hace 20 años acumula 200 modificaciones, algunas de envergadura y polémicas. En no pocos casos, recalificaciones, planes de reforma interior y alteraciones del uso previstas en el plan han inclinado la balanza del lado del interés privado, y han restado espacio público, huerta y dotaciones a los barrios.
Estos son los ejemplos más destacados que han marcado el debate en torno a la gestión urbanística del gobierno del PP en los últimos 17 años.
- Cemento sobre la huerta. La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) diseñada para el puerto a mediados de los noventa, entonces apoyada por los socialistas, implicó la pérdida de 70 hectáreas de huerta protegida y la expulsión de 200 vecinos de La Punta, con la promesa de realojos. La ZAL aún no está en marcha. El segundo bocado a la huerta preservada en el PGOU lo ha dado el proyecto de Sociópolis, con 2.614 pisos sociales y 462 de renta libre en la pedanía de La Torre.
- Todo por el fútbol. El doble pelotazo del Valencia CF se diseñó a medida del club. Su presidente, Juan Soler, ha logrado vía libre para vender el suelo de Mestalla -pasa de deportivo a residencial- y construir un nuevo campo sobre una parcela deportiva pública que se privatiza en la avenida de las Cortes Valencianas. En el club calcularon ingresos de no menos de 300 millones por el suelo de Mestalla, aunque la primera subasta quedó desierta. El lote se lo ha quedado Soler por los 90 de salida.
- Patrimonio que cambia de manos. Importantes edificios históricos han cambiado de manos y de uso. El caso más sonado ha sido el de la antigua fábrica de Tabacalera, que se convertirá en sede administrativa del Ayuntamiento tras la permuta firmada con el grupo Ballester. La constructora cede la fábrica sin rehabilitar a cambio del derribo de naves laterales, sobre cuyo suelo construirá pisos. La plusvalía empresarial alcanza 170 millones.
Más casos. La Lanera, en el mismo entorno, ha pasado de ser un edificio de uso público a hotel de lujo. Igual que el balneario de las Arenas. El PP llegó a decir que los valencianos de a pie podrían usar la piscina del hotel.
- Pérdida de parcelas escolares y otras dotaciones. La ciudad ha perdido parcelas educativas a golpe de cambios del PGOU. Los socialistas cuentan un total de 17 parcelas que han cambiado de uso para convertirse en dos iglesias, instalaciones deportivas, una sede de la Universidad Popular, dos centros de salud y un polideportivo. Otros tres terrenos fueron permutados en un ventajoso convenio a una constructora para viviendas. Tres solares más pasan a manos de los promotores para hacer pisos como forma de pago de una sentencia desfavorable al Ayuntamiento. La Iglesia católica también gana: ha obtenido siete solares con el convenio de cesión de L'Almoina. Además, un terreno previsto como jardín se ha borrado del PGOU para ampliar un club de tenis privado.
- Un hospital en suelo deportivo. La nueva Fe se construye en una parcela de 100.000 metros cuadrados destinados a uso deportivo. Se compensa con un terreno cercano de 15.000 metros.
- Una nueva ciudad. La Ciutat de les Arts i les Ciències original perdió su torre de comunicación y ganó el Palau de les Arts. Los sucesivos cambios han concentrado edificabilidad pendiente en una parcela en la que el Consell pretende que se construyan cuatro rascacielos diseñados por Calatrava. El proyecto, de un alto coste, tropieza con una planificación municipal que previó una reserva de vivienda social en un entorno que ahora cotiza muy alto.
- La gran avenida. El plan de El Cabanyal está pendiente del Supremo tras años de confrontación con los vecinos que se resisten a que la prolongación de Blasco Ibáñez destruya la trama del barrio y atraviese un entorno declarado Bien de Interés Cultural.
- Torres en el parque. El Parque Central ya figuró hace 20 años en el planeamiento, con menos edificabilidad. La decisión del Gobierno del PP en 2003 de que la ciudad aportara su parte de financiación al soterramiento de vías férreas con plusvalías urbanísticas ha llevado a aumentar esa edificabilidad, que se visualiza en cuatro rascacielos.
- De cárcel a centro administrativo. El PGOU reservó la cárcel Modelo para servicio público sociocultural, pero la Generalitat lo convertirá en administrativo.
- Un hotel junto al Botànic. El plan aprobado por los socialistas otorgó edificabilidad al solar de Jesuitas, junto al Jardí Botànic. Varios constructores aceptaron parcelas en otros puntos a cambio de no construir en el solar. Uno de ellos, Antoni Mestre, ha mantenido su exigencia de levantar un hotel. El conflicto sigue.
- Pistas de esquí. El suelo urbanizable que el PGOU dibujó para la futura Ciudad del Transporte va camino de convertirse por la vía de la recalificación en 2.000 pisos y un centro comercial con pista de esquí artificial.
* ELPAIS.com - S. V. - Valencia - 11/02/2008
Foto: Valencia, puerto - C.Francesc (El País)
Todo tiene un precio para Facundo Armero
ELPAÍS/Murcia* : El caso es que el teléfono móvil de Facundo Armero podría representar una radiografía de su poder. Sus tentáculos alcanzan al poder político, a la Delegación de Hacienda, a los juzgados, quién sabe a qué otros organismos de la Administración, incluida la propia Comunidad Autónoma de Murcia, donde cunde la preocupación porque las conversaciones de Facundo hayan sido intervenidas.
Y es que su teléfono es una herramienta que no descansa a lo largo del día. Durante las semanas previas a las elecciones municipales de 2007, las llamadas se suceden una tras otra. No es Facundo un político. No es un candidato. Ni es un hombre de partido. Él es un constructor, un hombre de origen modesto que empezó como albañil. Para no tener un interés personal en la cita electoral, hay demasiados alcaldes y concejales que le consultan sus inquietudes, algunas tan particulares como si le parece bien que tal o cual persona vaya en unas listas. Facundo Armero parece residir en el centro de gravedad de muchas cosas en Murcia.
El 27 de mayo de 2007 es jornada electoral. Las municipales. A las diez y media de la mañana Facundo llama a su hermano, que le hace una pregunta que podría parecer sorprendente: "¿A quién debo votar?". Facundo le responde que "al Partido Popular". Su hermano le sugiere que llame a su ahijado porque "se ha encaprichado de una candidata del PSOE". Ambos comentan algo de unos votos que ya están preparados. Parece muy interesado en lo que pueda pasar ese día. Y cierto es que la jornada fue intensa: utilizó el teléfono 101 veces. Lo que no sabía Facundo era que, desde el 10 de abril de ese año, la Guardia Civil escuchaba sus conversaciones. Comenzaba el enésimo proceso judicial en un municipio murciano. Y esta vez le tocaba a él.
Porque Murcia tiene un problema. Diecinueve de sus 45 municipios están incursos en procedimientos judiciales, la mayoría de ellos relacionados con el urbanismo y la corrupción. Es un porcentaje demasiado alto, máxime si los municipios afectados son los más importantes de la comunidad. Hay 19 alcaldes en apuros, todos del PP, excepto el independiente de Ojós (imputado por corrupción de menores) y el ex alcalde socialista de Los Alcázares. Junto a ellos están imputados una buena cantidad de concejales, funcionarios y empresarios.
Armero, sin embargo, es el protagonista del último caso. Y el suyo no es menor porque Facundo es uno de los principales constructores de Murcia. Propietario de 44 sociedades, había vendido hace unos meses su participación en Polaris World, la constructora estrella de Murcia. La venta le proporcionó 300 millones de euros: un fondo de inversiones suizo y un grupo de empresarios locales se quedaron con su parte. Los motivos de aquella venta no han sido suficientemente aclarados. Todo indica que Facundo prefiere ir por libre. Por su forma de funcionar, parece que sabe cómo atar todos los cabos.
Facundo es persona de costumbres sencillas cuando no está trabajando pegado al teléfono. Le gusta, como a tanta gente, los toros, el fútbol y acudir de vez en cuando a alguna fiesta nocturna. La vida le sonríe y le permite disfrutar de sus aficiones de una forma privilegiada: si es necesario fleta un avión privado para presenciar una corrida de la Feria de Abril en Sevilla. O acude al Camp Nou para ver a su equipo favorito, el Barcelona. Así pudo disfrutar de aquel gol de Messi ante el Getafe en la Copa del Rey. Un golazo. "Dicen que mejor que el gol de Maradona", comentaba entusiasmado por teléfono.
No tuvo estudios. Comenzó de albañil, llegó a oficial, montó su primera empresa en Torrepacheco, de donde es natural, y fracasó. Dejó deudas, y todavía hay gente que lo recuerda porque no las satisfizo nunca. Sin embargo, en la biografía de Facundo Armero, como en la de tantos hombres que han terminado llegando al éxito, hay golpes de fortuna. Uno le llegó de forma imprevista, cuando, casi arruinado, tuvo la oportunidad de hacerse socio de un vecino del pueblo al que le acababa de tocar la lotería. Entonces, pudo restablecer su negocio y dar sus primeros pasos como constructor. Le empezó a ir tan bien que en 2000 vio otra oportunidad al lado de otro industrial de la localidad, Pedro García Meroño, con quien fundó la empresa Polaris World, un nuevo concepto de hacer urbanismo aprovechando el boom de la construcción. En cuatro años, la empresa factura 600 millones de euros y pasa por ser la niña bonita de la región de Murcia. Polaris World posee 40 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable y sus proyectos prevén la construcción de 45.000 viviendas.
A pesar del éxito, Facundo Armero ha sabido mantenerse en un segundo plano. Dicen quienes le conocen que, aunque carece de estudios, tiene un talento natural para mover sus hilos, para colocar peones en puestos estratégicos. A diferencia de otros constructores de origen humilde, Armero no es un hombre de excesos ni de ostentaciones, no busca la portada de los periódicos. Es amable en el trato, pero no perdona si algo se interpone en su camino. Y como él mismo dice, considera que "todo tiene un precio". Ésa es su máxima y puede que el tiempo le haya dado la razón.
El centro neurálgico de Polaris World está en Torrepacheco, donde culminó su primera urbanización. Y tanto el pueblo como sus alrededores pueden considerarse el área de influencia de Facundo Armero. Ningún terreno ha cambiado de calificación en esa zona de España sin su conocimiento y, desveladas sus conversaciones telefónicas, cabe la presunción de que sin su consentimiento. Daniel García Madrid, actual alcalde de esa localidad, fue con anterioridad abogado de Facundo Armero. De hecho, siendo ya alcalde todavía defendió algunos casos pendientes, según documentación que consta en el sumario del caso. Una concejala de esa misma localidad ha sido empleada suya. Otros alcaldes y concejales, en Fuente Álamo por ejemplo, localidad próxima a Torrepacheco, o Alhama, donde Polaris lleva a cabo una fuerte inversión, le llaman, le consultan, tienen un trato familiar con Facundo. Su teléfono irradia poder: empresarios e intermediarios le informan de asuntos en marcha, de buenas oportunidades en otros municipios para hacer dinero. Facundo parece el factótum.
Sus conversaciones con el alcalde de Torrepacheco, Daniel García Madrid, son diarias. Lo mismo sucede con ediles de Fuente Álamo. Tratan de asuntos urbanísticos, de lo que se deduce que Facundo tiene un conocimiento anticipado de cuanto papel se va a mover en cada municipio. Y cuando se acercan las fechas electorales, el diálogo también trasciende a la política municipal. El trato es muy familiar. Demasiado familiar. Por el contenido de las conversaciones, puede interpretarse que Facundo es algo más que un consejero.
Por ejemplo, cuando una concejala de Fuente Álamo le llama para decirle lo siguiente:
- Oye, la jefa [por la alcaldesa María Antonia Conesa] me ha dicho que tienes que venir para acá... pues la campaña ha comenzado y las perras hacen falta.
Fechas después es la propia alcaldesa quien llama:
-Me tienes que traer lo de los toros... la pagamenta... siempre te enganchamos para lo mismo.
Pero es con Daniel García Madrid con quien parece tener mayor afinidad. No es extraño, habiendo sido su abogado. Daniel le consulta todo e incluso le pide dinero para un amigo sin dar demasiadas explicaciones. "Una persona amiga mía necesita 16.000 euros urgentemente. Los necesita mañana. Son para pagar una póliza", dice el alcalde. Y Facundo se muestra dispuesto a satisfacerle.
La conversación más sorprendente es la que mantienen Armero y el alcalde de Torrepacheco con motivo de la confección de las listas electorales del municipio. La llamada se produce a las 22.52 del 12 de abril de 2007. El alcalde le pregunta a Facundo.
- ¿Si pongo a Celi [en la lista de las municipales] me vas a decir que sí o que no?
- Hombre, yo te voy a decir que si quiere estar ella pues, ¿por qué no? ¿Has hablado con ella?
- No he hablado con ella, por eso te pregunto a ti. ¿Si la pongo me vas a decir que sí o que no?
Entre risas, Facundo da por buena la decisión del alcalde, aun cuando Fina, otra concejala, le llama posteriormente para comentarle que la han puesto en el lugar número 8 de las listas y que merecía ser la número 2. En esas mismas fechas, otra concejala le dice a Facundo:
- Ya tenemos el programa electoral. A ver si le puedes echar un vistazo.
Conversaciones de similar contenido se suceden durante las semanas previas a la convocatoria electoral. También le llama el alcalde de Alhama para comentarle los sinsabores que ha tenido para elaborar la lista y su decepción ante algunos nombres que le han obligado a meter.
El día 25 de mayo tiene una importancia esencial. Cerca de la una de la madrugada, el alcalde de Torrepacheco recibe la llamada de Fernando de la Cierva, consejero de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Fernando le explica que un informante le ha dicho que puede haber un asunto judicial relacionado con el alcalde en el juzgado número 4 de San Javier. El consejero le pregunta al alcalde si sabe algo y éste lo niega. Se interesa también por saber si el asunto tiene algo que ver con Facundo. Y, finalmente, le pide que trate de averiguarlo.
-Movilízate mañana mismo.
- Venga, de acuerdo.
- Vale, y yo también tengo gente movilizada, y si cualquiera nos enteramos de algo nos llamamos, ¿vale?
Una hora después, el consejero y el alcalde vuelven a hablar. El consejero llega a decir que la jueza del caso "es pepera" y "se está resistiendo" y le da nuevas instrucciones:
- Pues vete al procurador, que se vaya al libro de diligencias del juzgado, que él tiene acceso porque puede consultar sus asuntos, y que vea si hay algo que haya entrado en los últimos días; y sobre todo, si está, me dicen que estaría secreto.
- ¿Secreto?
- Sí, me dicen eso.
A primera hora de la mañana, quien llama al alcalde es Alberto Garre, diputado nacional del PP. Se interesa por el asunto, le solicita que averigüe lo que pueda y, sobre todo, que no lo comente con nadie. El alcalde ha sido avisado por un consejero de la presidencia y por un diputado del Congreso, dos pesos pesados del PP murciano. Las pesquisas rinden éxito bien pronto: a mediodía, es el consejero de la Presidencia quien informa al alcalde de que hay un procedimiento contra él y que en el mismo está implicado Facundo. El consejero le dice al alcalde que el presidente de la Comunidad, Ramón Valcárcel, ha sido informado de ello.
En fechas posteriores, Fernando de la Cierva le confirma al alcalde que su teléfono ha sido pinchado: deben preparar una estrategia. Desde entonces, el alcalde evita hablar por teléfono. Y cuando lo hace, aprovecha para enviar saludos a quienes le puedan estar escuchando e incluso insulta al fiscal encargado del caso.
¿Qué pasaba entonces con Facundo? Sus conversaciones posteriores pertenecen al secreto del sumario, pero parece evidente que fue informado. Facundo Armero ha tenido que declarar ante la juez y está imputado, así como el alcalde de Torrepacheco, la alcaldesa de Fuente Álamo, cuatro concejales, el arquitecto técnico y otros funcionarios. Desde entonces, Facundo no ha hecho ninguna declaración. Se ha mantenido al margen, como siempre. Pero su poder no se ha esfumado. Eso lo saben muy bien en Murcia.
* ELPAIS.com - LUIS GÓMEZ / TONO CALLEJA - Murcia - 10/02/2008
Foto: Una urbanización de Polaris World - elpais.com
El urbanismo, una rama descuidada de la Criminología
ANDRÉS PEDREÑO* : Murcia hoy dota de razón al anuncio de los Situacionistas en el París de 1961: el urbanismo contemporáneo debe someterse a la lupa del criminólogo y del penalista. Lo que estamos conociendo de muchos municipios murcianos desmiente el supuesto 'carácter aislado' de tal o cual caso de corrupción, como argumentan defensivamente desde el Gobierno regional de Ramón Luis Valcarcel. No son hechos aislados, pues no son únicamente individuos los materiales que componen la corrupción urbanística.
El enfoque individualista debe dar paso a una sociología de la corrupción urbanística, como nos proponía recientemente el Foro Ciudadano en un debate sobre la cuestión, en la cual tal fenómeno quede definido como una acción socialmente estructurada e institucionalmente construida.
En los casos de corrupción que conocemos, una apreciación salta inmediatamente a la vista. Hay en todos ellos una precisa división social del trabajo en la cual una variopinta gama de agentes con funciones socialmente definidas ha requerido movilizarse para el ejercicio de la corruptela: alcaldes y concejales recalificadores; promotores y propietarios; periodistas locales que silencian; entidades financieros prestamistas o 'limpiadoras'; notarios y registradores de la propiedad, arquitectos municipales, jefes de la Policía Local, etc. Es decir, auténticas tramas, o mejor dicho redes con papeles y funciones bien delimitadas, y que cruzan de arriba abajo el espacio social.
Redes que tienen una historia, y además una larga historia en el tiempo. En esas redes duraderas los individuos se suceden, pero las posiciones y las funciones permanecen. Los individuos son contingentes, pero la división social del trabajo es necesaria. Es interesante reconstruir la historia de vida de estas redes: ¿cómo y dónde empezó todo? ¿cómo se constituyó? ¿cuál es la trayectoria familiar y profesional de cada uno de los implicados? El caso Fabra en Castellón es emblemático: se trata de una auténtica dinastía familiar que lleva sucediéndose en la Diputación de Castellón desde que Victorino Fabra Gil fallecía en 1907 siendo presidente. Su actual sucesor en la familia, el actual presidente de la Diputación, Carlos Fabra, ha multiplicado su patrimonio personal desde que accedió al poder en 1995, así como sus acciones en Bolsa. La Agencia Tributaria ha detectado 600.000 euros no justificados por Fabra. 26 asesores nombrados a dedo (y 700.000 euros destinados a pagarles en sueldos), gastos en 2003 de 165.00 euros en comidas y 26.000 en entradas para los toros.
Comidas y entradas para los toros: normalmente los miembros de la red de corrupción tienen una intensa vida social. Es así como se forman las clientelas y simpatías sociales. Estos días leemos las divulgadas mediáticamente conversaciones telefónicas relacionadas con las alcaldías de Fuente Álamo y Torre Pacheco. Muy relevantes de lo que es la Murcia de hoy la reacción del candidato número dos de la lista del PP al Congreso por Murcia, Vicente Martínez-Pujalte: "Los vecinos de Torre Pacheco y Fuente Álamo volverán a votar al PP" (La OpiniÓn, 5/II/2008). Impresiona esta certeza. Pero sabemos que en toda red corrupta hay un mecanismo de usurpación del poder público, poniendo el capital político al servicio del interés privado; y un mecanismo de redistribución social del beneficio, el cual suele amortizarse con el respaldo del voto de los electores.
Álvarez Junco denominó a la corrupción "la política en la penumbra". Cuando se crean y arraigan espacios de opacidad dentro del sistema democrático, la democracia se torna inviable. La dinámica de SICILIANIZACIÓN de Murcia nos lleva por derroteros de perversión de la democracia, impidiendo cualquier proyecto de región social y ambientalmente sostenible.
Me parece que para entender la sociología de la corrupción urbanística hoy es interesante establecer un paralelismo con el fenómeno del caciquismo decimonónico de la Restauración: "Cacique es la persona que ejerce el poder político en una localidad, estando vinculado formalmente, a través de un partido político, a un oligarca, informalmente a la autoridad, y que tiene a las personas o grupos sobre los que ejerce el poder en situación de clientela" (Juan del Pino Artacho, 1972). Sustitúyase en este párrafo el término 'cacique' por el de 'corrupto', y tendremos una perfecta definición sociológica de la corrupción entendida como, en primer lugar, una estructura o estrategia de poder de apropiación de capital político. En segundo lugar, una estructura o estrategia de poder político conectada con las relaciones oligárquicas de propiedad del suelo. En tercer lugar, un sistema de utilización del poder político por parte de los que usurpan oligárquicamente la propiedad de la tierra. Y finalmente, un sistema que enraíza en la comunidad local a través de estructuras clientelares.
* Andrés Pedreño es profesor de Sociología de la Universidad de Murcia / Miembro del Foro Ciudadano - forociudadano.org
* La Opinión de Murcia - Opinión - 09 de febrero de 2008
