EUROPAPRESS* : El Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) ha emitido un informe en el que se recomienda al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco incluir los bienes inscritos en la declaración unitaria de Sevilla (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias) en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro en tanto que no se retire la propuesta de construcción de la Torre Cajasol, según el proyecto del arquitecto argentino César Pelli.
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se insta asimismo al Ayuntamiento a suspender la licencia de construcción del rascacielos, por el impacto "irreversible" que tendrá en la percepción "de y desde la Catedral-Giralda y el Alcázar".
Por otro lado, se recomienda a la corporación local incorporar conocimientos teóricos y aplicados en el urbanismo de la ciudad "que permitan una correcta protección de todos sus valores culturales", puesto que los existentes en materia de paisaje son "loables a pesar de su escaso alcance, pero absolutamente ineficaces ante la escala de obras como la que es objeto de este informe".
A la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Icomos solicita que actúe "con contundencia y claridad" ante la propuesta, acusando en este sentido a la administración autonómica de "pasividad" durante los meses de tramitación del proyecto, lo que, a juicio de esta organización, expresa claramente su "inhibición". También se recomienda a la Junta que encargue, caso de no hacerlo Cajasol o el Ayuntamiento, un estudio "urgente" por parte de especialistas independientes del impacto en el paisaje cultural de la construcción de la torre.
INSTA A CAJASOL A "REFLEXIONAR"
Por último, el organismo insta a Cajasol, entidad bancaria promotora del proyecto, a "reflexionar" sobre la importancia de sus propuestas arquitectónicas, apelando a su responsabilidad por su misión social y cultural, ante una propuesta "inadecuada e irrespetuosa para una ciudad con los valores de Sevilla".
El informa hace hincapié en que no se entra a valorar el valor arquitectónico del proyecto de Pelli, sino la incidencia de éste en un sector tan "sensible" al paisaje urbano de Sevilla.
Al respecto, Icomos explica la incidencia sobre el paisaje urbano de Sevilla, sobre un relieve "fundamentalmente llano", y con una afección a escala general y metropolitana --el proyecto se ubica al final de uno de los principales corredores de entrada a la ciudad por el Oeste--, municipal --el rascacielos "acapararía" la atención visual, anulando los hitos históricos de la ciudad--, conjunto histórico --el arrabal histórico de Triana o el Monasterio de Santa María de las Cuevas se encuentran a pocos metros del proyecto, mientras que la preocupación básica sería que la Giralda dejaría de ser el referente paisajístico de la ciudad-- o conflictos en la escala del cauce histórico del río Guadalquivir.
También se hace referencia, en el informe del organismo internacional, a referentes teóricos y normativos utilizados para analizar la gestión del patrimonio mundial --Carta de Venecia o el Convenio Europeo del Paisaje, entre otros--, mientras que, en lo referente a la legalidad cultural de la administración autonómica, Icomos considera que la construcción incumpliría la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, en varios puntos como la alteración o perturbación de la contemplación de los Bienes de Interés Cultural.
Asimismo, el Icomos señala la "paradoja" existente entre la orientación técnica y teórica del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad y algunas de sus propuestas urbanísticas, como la que permite la construcción de la Torre Pelli. El PGOU "manifiesta explícitamente más preocupación por el impacto de cableados, antenas de telefonía móvil, terrazas-veladores y publicidad que por las estrategias para proteger el carácter general del paisaje de Sevilla", se subraya.
El organismo también rechaza la construcción de la torre en aras de la modernidad urbana. "No hace falta construir rascacielos para ser modernos en una ciudad", indica el escrito, que también señala que la capital hispalense "es una ciudad con muchas carencias y un gran recelo a incorporar a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones básicas sobre aspectos cruciales para la ciudad".
TRAYECTORIA "ERRÁTICA" DE GESTIÓN CULTURAL
Por todo ello, Icomos considera que el nuevo modelo de "verticalización" de la ciudad "se convertirá en un contexto inadecuado en el que entender, proteger y gestionar" los bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial. Además, el organismo dice que la trayectoria de gestión del patrimonio cultural ha sido "errática" y en la que se ha "perdido rumbo".
"Si se exceptúa la propuesta, que por otro lado fue retirada el pasado mes de febrero, de la construcción de tres rascacielos en Oviedo de Santiago Calatrava, no hay antecedentes en el urbanismo democrático español de una acción como la que se plantea a una distancia tan corta de un centro histórico o de bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial", reza el informe.
* Europa Press - Sevilla, 26.11.2008
Foto: Catedral Sevilla - E.P.
Icomos recomienda incluir Sevilla en la Lista de Patrimonio en Peligro si se construye la torre Pelli
La Audiencia embarga al ex alcalde por los daños en el marjal de Pego
ELPAÍS/Alicante* : El proceso para ejecutar las compensaciones económicas por los daños medioambientales ocasionados durante la pasada década en el parque natural del Marjal de Pego-Oliva ha comenzado. La sección 3ª de la Audiencia de Alicante ha dictado una providencia para establecer si el ex alcalde Carlos Pascual es titular de varios inmuebles y de dos vehículos con el fin de proceder a su embargo.
Pascual, que gobernó Pego entre 1995 y 2003, cumple desde 2007 una condena de seis años por haber ordenado obras ilegales en ese espacio natural y además, según la sentencia que en su día le convirtió en el primer cargo público en entrar en prisión por un delito ecológico, también debía indemnizar a la Generalitat valenciana con 1,2 millones de euros y pagar una multa de casi 8.000 euros.
Para hacer frente a la indemnización se habían declarado responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento de Pego y la comunidad de regantes del espacio protegido. Sin embargo, ahora la Audiencia ha detectado que Pascual podría contar con bienes para hacer frente al menos a parte de ese pago, motivo por el que el pasado 5 de noviembre ordenó que se libraran dos oficios al Registro de la Propiedad de Pego y a la Jefatura Provincial de Tráfico con el fin de confirmar si existen fincas y vehículos a nombre del ex concejal.
Además, el actual gobierno de la población, integrado por Ciutadans per Pego, PSPV y BNV, prepara ahora una nueva denuncia contra Pascual por haber adjudicado en 2003 unas obras de limpieza de acequias a la empresa Ruzafa, SL, por valor de casi 400.000 euros sin que mediara ningún expediente de contratación ni proyecto técnico.
El tripartito tomó esta decisión después de una sentencia que obligaba al Consistorio a pagar a la empresa y le instaba a depurar responsabilidades por una operación que podría resultar lesiva para los intereses municipales. En los últimos años las mismas obras encargadas en 2003 por Pascual en el marjal apenas le han costado al actual gobierno 30.000 euros. Así, sólo por las obras encargadas por el ex alcalde en el marjal, el Consistorio podría verse obligado a pagar cerca de 1,6 millones de euros en plena crisis.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 26/11/2008
Foto: Pego, marjal - accioecologista-agro.org
Cientos de vecinos se personan en el ´caso Las Teresitas´ y declaran al juez que son víctimas de un expolio
LAPROVINCIA/Tenerife* : Cientos de vecinos están declarando desde ayer martes y hasta mañana jueves como afectados y personándose como acusación en el proceso judicial penal conocido como 'caso Las Teresitas', impulsado desde hace dos años por la Fiscalía Anticorrupción.
Se trata de vecinos de Montaña Morera, Las Huertas y miembros antiguos y actuales de la Junta de Compensación.
Ayer lo hicieron casi un centenar de vecinos de Montaña Morera, que fueron citados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife. Todos ellos, invariablemente, tras ser identificados cuentan su propia versión del expolio del que aseguran haber sido víctimas.
Así, coincidieron en señalar que en el año 2001 descubrieron con sorpresa que sus casas habían desaparecido del registro de la propiedad y los terrenos estaban a nombre de Inversiones Las Teresitas (ILT), que además los había hipotecado por cerca de dos millones de euros.
Incluso ya hay una sentencia firme que obliga a retrotraer todo el plan parcial al año 1989, momento en el que se supone que se cometió el error fatal que concluyó en lo que estos vecinos no dudan en calificar de despojo. Los vecinos que declararon ayer dieron también el nombre de sus abogados y procuradores para personarse en esta causa judicial, seguramente la más costosa y aparatosa de las que se tramitan actualmente en Canarias.
IMPUTADOS. Y es que en estos momentos hay cerca de quince imputados entre ellos el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, funcionarios del Ayuntamiento y miembros de la Junta de Compensación.
Se ha gastado una ingente cantidad de dinero en investigaciones, incluso en los más remotos paraísos fiscales. Mañana jueves han sido citados a declarar y a personarse un centenar largo de propietarios de parcelas de Las Huertas, quienes ahora han visto como la Gerencia de Urbanismo está a punto de concluir todo el proceso para reconocerles sus derechos.
* La Provincia - NOÉ RAMÓN - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 26.11.2008
Foto: Concentración de vecinos frente al Ayuntamiento de Santa Cruz. LP/DLP
El alcalde de Alcarràs es uno de los 20 imputados por construir en suelo no urbanizable
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EUROPAPRESS/Lleida* : El alcalde de Alcarràs (Lleida), Gerard Serra (CiU), es uno de los 20 imputados por construir en suelo no urbanizable en el municipio, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, que también informaron de que otro de los imputados es un secretario municipal.
La Guardia Civil detuvo a una persona e imputó a otras 20 por la construcción no autorizada de 15 edificaciones en suelo no urbanizable en la localidad. El detenido por un delito contra la ordenación del territorio es un promotor y constructor, G.T.S. Entre los imputados hay también promotores, constructores y propietarios de los inmuebles.
Según informó hoy la Guardia Civil, la investigación conjunta con la Fiscalía se inició en diciembre del año pasado tras la denuncia de un ciudadano. Los investigadores hallaron tres viviendas adosadas edificadas en un vial sin licencia, nueve chalés edificados con licencia de almacén agrícola, dos naves comerciales edificadas sin licencia ni proyecto de reparcelación y una empresa comercial construida con licencia de almacén agrícola.
El Ayuntamiento de Alcarràs emitió un comunicado dejando claro que el Consistorio ha colaborado en todo momento desde la denuncia y que lo continuará haciendo hasta que se aclaren los hechos.
Sin hacer referencia al alcalde, subrayan que, por lo que respecta a la lista de imputados, "no se conoce la tarea de promotores ni de constructores en las personas implicadas".
Respecto a los edificios en cuestión, el Ayuntamiento aclara que los casos de las viviendas adosadas y las dos naves quedan solventados con el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal, pendiente de publicación una vez acabados todos los trámites desde la aprobación provisional entregada a Urbanismo en 2007.
En cuanto a los nueve chalés, un caso ha sido archivado por Fiscalía y otro provisionalmente por el juzgado.
* Europa Press - 25.11.2008
Foto: Alcarràs (Lleida) - alcarras.ddl.net
La Fiscalía pide a los alcaldes un listado de casas ilegales en suelo no urbanizable
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ELMUNDO/Valencia* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia va a protagonizar una actuación sin precedentes que pasa por localizar las viviendas ilegales de la provincia de Valencia y acabar con la inmunidad de la que han disfrutado hasta ahora.
El Ministerio Público no va a dar tregua y ya ha puesto a funcionar una maquinaria creada para barrer los 265 municipios en busca de casas levantadas al margen de la ley. Por eso ha pedido a todos los ayuntamientos un informe sobre construcciones ubicadas en suelo no urbanizable o protegido.
Medio Ambiente cifra en 4.000 el número de viviendas edificadas en terreno rústico aunque la iniciativa que acaba de echar a andar puede destapar más casos.
Las pesquisas serán largas y complejas y se producen después de localizar 73 chalés edificados sobre suelo rústico en Zarra y 61 casas al margen de ordenación en Ontinyent cuya sanción, supuestamente, el consistorio dejó caducar para integrarlas en el marco legal.
El primer edil de Zarra, Juan José Rubio, está imputado por varios delitos, entre ellos, contra la ordenación del territorio mientras que la alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, (PP), está acusada de corrupción urbanística. Ambos procesos corresponden a la Fiscalía Anticorrupción.
Los estudios más recientes, incluyendo informes catastrales e informes cartográficos, revelan una profusión de viviendas ilegales, sobre todo, en la zona litoral de la Comunidad Valenciana. En total, se han contabilizado un mínimo de 40.000 viviendas en situación irregular en municipios como Orihuela, Sueca, Catral, Castellón de la Plana o La Vila Joiosa.
* El Mundo - GEMA PEÑALOSA - 26.11.2008
Foto: Catral (Alicante), zona casas ilegales - C.Lucas (El Mundo)
Fraude legal y medioambiental
JUAN CLAVERO* : Se ha consumado un fraude legal y medioambiental de consecuencias impredecibles. El Parlamento de Andalucía, a propuesta y con los votos del grupo socialista, ha aprobado la modificación de siete leyes medioambientales y de ordenación del territorio, encubriéndola en una Ley de Medidas Tributarias y Financieras y de Impulso de la Actividad Económica en Andalucía.
Cuando creíamos ya superada la controversia entre conservación del medio ambiente y desarrollo, cuando había pasado la época en la que se planteaba el desmontaje de la protección medioambiental para favorecer el desarrollo económico, llega el PSOE y decide que para "impulsar la actividad económica en Andalucía" hay que desproteger incluso nuestros más emblemáticos espacios naturales. ¡Increíble, pero cierto! Ni la derecha más recalcitrante habría osado semejante maniobra.
Estas modificaciones pretenden agilizar la recalificación y urbanización de suelos. Parece que no hemos aprendido nada. Andalucía ha apostado estas últimas décadas por el sector de la construcción como motor de su desarrollo, y así nos va. Se han construido cientos de miles de viviendas, no para satisfacer el derecho constitucional de una vivienda digna para todos, sino para invertir y especular. Dinero fácil que ha condicionado y modificado muchas normas legales y muchas voluntades. Se ha modificado la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía para permitir grandes actuaciones urbanísticas e infraestructuras que sean declaradas por el Consejo de Gobierno "de interés autonómico", saltándose incluso los Planes Generales de Ordenación Urbana.
Es el urbanismo a golpe de decreto. Se puede adivinar en qué dirección irá, y a quién beneficiará este "interés autonómico". También se ha modificado el reciente decreto del golf, cediendo a todas las demandas de los promotores urbanísticos. La Junta ha pasado de asegurar que los campos de golf serían instalaciones turísticas sin desarrollos urbanísticos -y así los contempla el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)- a permitir urbanizaciones en los campos declarados de "interés turístico" (por la Junta, claro), y que estuvieran contemplados en los correspondientes planes subregionales. Ahora se elimina este último requisito. Queda así despejado el campo a los pelotazos urbanísticos y a la corrupción.
Con esta ley tributaria se han modificado de una tacada las principales leyes medioambientales: Ley Inventario de Espacios Naturales Protegidos, Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley Forestal, Ley de Fauna y Flora Silvestres, y las leyes de Doñana, del Paraje Natural de las Marismas del Odiel y del Paraje Natural de Alborán. El objetivo es eximir de la autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) a una serie de actuaciones "que no pongan en peligro los valores objeto de protección". Y, ¿quién decide que no ponen en peligro los valores de los espacios naturales? Pues la Junta, claro.
La discrecionalidad política, y el consiguiente clientelismo, se instaurarán en la gestión de los espacios naturales, vaciando de contenido y eficacia los respectivos Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Esta modificación abre las puertas a actuaciones de enorme impacto, como la autovía Huelva-Punta Umbría por las marismas el Odiel, el desdoble de la carretera El Rocío-Matalascañas, o la carretera norte de Doñana, que puede provocar la asfixia definitiva de nuestro más importante espacio protegido.
Tan grave como el fondo han sido las formas. No se ha tramitado una modificación de estas leyes medioambientales, sino que se han aprovechado las enmiendas a una ley tributaria para hurtar así el debate y la participación pública. Al tramitarse la ley en la Comisión de Economía y Hacienda, se ha eludido el debate en la de Medio Ambiente, y se ha impedido la participación -en contra de lo que estipula el Reglamento- de las entidades sociales interesadas, entre ellas los ecologistas. Tampoco se ha informado de estas modificaciones legales al Consejo Andaluz de Medio Ambiente, organismo asesor de la Junta de Andalucía en el que están representadas las administraciones, las Universidades y las entidades sociales, sindicales, empresariales…
Ha sido un golpe de Estado legal y medioambiental, con la total aquiescencia de la Consejería de Medio Ambiente, cuya titular ni ha rechistado ante esta reducción de protección de los espacios naturales y de competencias de su departamento. En definitiva, un filibusterismo parlamentario indigno de un Estado democrático avanzado. Andalucía está "al máximo", como pregona la Junta, pero de poca vergüenza política y de campo abierto a la especulación y a la corrupción urbanística.
* Europa Sur - Opinión - 26.11.2008
