LAVOZDEGALICIA* : Hacia las nueve de la mañana de ayer, cerca de un centenar de agentes de la Policía Nacional, repartidos en tres grupos, entraban simultáneamente en los ayuntamientos de Cee, Mazaricos y Fisterra dentro de un operativo de lucha contra la corrupción dirigido por el titular del Juzgado nº2 de Corcubión, Andrés Lago Louro. Los agentes entraron también en la vivienda de tres empresarios de la zona, Daniel Ogando y un hijo del mismo nombre, y Jorge López Lago. Lo hicieron también en los domicilios de algunos de los alcaldes, que fueron trasladados después hasta los ayuntamientos en coches camuflados de la Policía Nacional. El alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo; el de Fisterra, José Manuel Traba, y el de Mazaricos, José Manuel Santos Maneiro -ambos del PP-, fueron detenidos y trasladados por la tarde a dependencias de la Policía Nacional en A Coruña, desde donde serán puestos a disposición judicial en las próximas horas. También fueron arrestados otros dos ediles populares de Fisterra, el de Urbanismo, Ramón Redonda, y el teniente de alcalde, Santiago Insua Esmorís-Recamán, así como los tres empresarios.
Daniel Ogando es un conocido constructor de obra pública, y su hijo, el titular de Palcos Senande, una empresa de alquiler de escenarios. López Lago es representante de orquestas y fue detenido hace unos años por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Abundantes documentos
Dentro de la denominada operación Orquesta se registraron los tres ayuntamientos, los domicilios de los empresarios y el del alcalde de Cee. El Volkswagen Touareg del regidor ceense también fue revisado por el secretario del Juzgado número 2 de Corcubión y por un agente.
La policía se marchó del Concello de Cee hacia las cuatro de la tarde con media docena de cajas con diversa documentación. Poco después, el alcalde abandonaba el edificio por la puerta de atrás cubriéndose con una carpeta. Fue introducido en un coche policial camuflado que partió con dirección a A Coruña.
En la casa consistorial de Mazaricos, en A Picota, los agentes permanecieron hasta las seis de la tarde revisando documentos en la alcaldía, la secretaría y la oficina del arquitecto municipal. De allí partieron con unas 20 cajas de documentación y con copias del disco duro y del correo electrónico del Ayuntamiento.
En Fisterra, el registro terminó hacia las cinco de la tarde. La Policía Nacional se llevó al alcalde y a los dos ediles, pero no documentos. Una hora después, los empresarios detenidos abandonaban el Juzgado de Corcubión en coches camuflados de la Policía Nacional.
A todos se les imputa la presunta comisión de delitos contra la Administración pública, entre ellos tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y falsificación de documentos.
En Mazaricos, los agentes pidieron documentación sobre la contratación de obras municipales con la empresa de Ogando, específicamente la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial, unas mejoras en la casa consistorial y una reforma del campo de la feria, todas ellas por un valor total de 800.000 euros.
En Cee y Fisterra los agentes buscaron además facturas relacionadas con la empresa constructora con sede en Muxía. En Cee también investigaron la contratación de atracciones en las fiestas.
Será el juez de Corcubión, Andrés Lago Louro, quien determine en las próximas horas el grado de implicación en el caso de cada uno de los detenidos y quien dictamine sobre su ingreso en prisión o su posible puesta en libertad.
* La Voz de Galicia - 1.02.11
Foto: Registro en el ayuntamiento de Cee - lavoz
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PÚBLICO/PaísVasco* : "Espero que se garantice de verdad en la nueva Ley vasca de Vivienda el derecho a una casa". Urretxa Susilla Hernández tiene 33 años, vive en Sestao (Vizcaya) y, como miles de personas que en Euskadi carecen de recursos para acceder a la compra de una casa en el mercado libre, ha recibido con una mezcla de ilusión y prudencia la regulación que plantea el Gobierno vasco. El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda del Ejecutivo vasco ha suscitado la última semana todo tipo de reacciones sin dejar indiferente a nadie: ni a propietarios ya de una VPO, ni a aspirantes a serlo algún día, ni a los partidos. Con distintos matices, PNV, PP, Aralar, EA, EB y UPyD han criticado el texto desde un principio.
El articulado recoge medidas inéditas en Euskadi y en buena parte del Estado, como la expropiación de viviendas protegidas a quienes ganen el doble del máximo permitido durante tres años (el límite oscila entre 70.000 y 120.000 euros anuales), el establecimiento del "derecho subjetivo" por ley a una vivienda para las personas con menos recursos, la imposición de un canon sobre pisos privados deshabitados más de dos años, así como la posibilidad de que la Administración pueda obligar a sus propietarios a alquilarlos.
Urretxa Susilla espera, como otras 90.000 personas inscritas en el servicio vasco de vivienda (Etxebide), que la fortuna le sonría algún día con la adjudicación en venta o alquiler de un piso de protección pública. A sus 33 años vive con su novio en una casa alquilada por la que pagan 750 euros al mes en Sestao, un municipio fértil en los años de la industrialización, con los Altos Hornos de Vizcaya y el astillero de La Naval, y que, hoy por hoy, presenta la tasa de paro más alta de Euskadi (20%) y tiene 2.600 vecinos parados.
Urretxa Susilla, diplomada en Educación Social por la Universidad de Deusto, tuvo suerte hace dos meses, cuando recibió un contrato temporal del Ayuntamiento de Sestao para desarrollar un plan de intervención sociocultural.
"Llevo trabajando diez años en distintos sitios y siempre con contratos temporales. Creo que mi novio y yo podríamos tener una casa si saliera aprobada la nueva ley. Andaríamos ahí, ahí, en el límite, según nuestros ingresos. Depende de épocas", dice, en alusión al articulado inicial.
El anteproyecto plantea que la Administración garantice una vivienda en alquiler a las unidades familiares de dos miembros cuyos ingresos no superen los 12.000 euros al año. El límite de solicitantes individuales sería 9.000. "Y para las familias de tres miembros creo que deberían subir el límite de 15.000 a 20.000 euros o así", agrega Urretxa.
La entrada en vigor de esta ley, sin embargo, aún tendrá que esperar e, incluso, es muy posible que buena parte de las medidas planteadas no fructifiquen en última instancia. Nunca sería antes de 2012. El PP, socio preferente del Gobierno de Patxi López, ya le ha advertido de que no cuente con él para sacarla adelante. De mantener los conservadores esa posición, el Ejecutivo vasco se verá obligado a buscar el apoyo del PNV, cuya primera respuesta al borrador fue crítica, aunque no se cierra a negociar. El PNV ha avanzado que la idea del Ejecutivo "no aborda el problema de fondo, que es garantizar una vivienda a precio asequible a todos los ciudadanos". Le afea así su discurso sobre el "derecho subjetivo" a una casa, cuando "deja fuera a la gran mayoría de los demandantes de vivienda en Etxebide".
La respuesta de Ezker Batua marca de IU en Euskadi es similar. Según sus cálculos, el derecho subjetivo a la vivienda de este anteproyecto "deja fuera" a más de 50.000 personas inscritas en Etxebide: "No se plantea un verdadero derecho ciudadano de acceso a la vivienda, sino una medida asistencial para personas en riesgo de exclusión". Aralar, por su parte, cuestiona que el Ejecutivo no apuesta claramente por el alquiler ["dice que sólo el 40% será de alquiler"], y apuesta por un canon para las viviendas vacías así como su "arrendamiento forzoso".
El Departamento vasco de Vivienda interpreta estas respuestas como muestra de "voluntad" de los partidos para negociar. Además, ha abierto una vía de participación ciudadana para recoger nuevas aportaciones, como las de JoséAntonio Mosquera, de 33 años, separado, padre de una hija y que, en la actualidad, ha vuelto a casa de sus padres. Este hombre duda de que algún día pueda beneficiarse de esa ley: "Según las estimaciones básicas sí podría, pero la realidad final será que no". Cuenta que si llega a ganar 12.000 euros al año como técnico de informática es "todo un milagro": "Me contratan por tres meses, me mandan un mes al paro y vuelvo a trabajar tres meses. Así llevo cuatro años".
Así, su escepticismo sobre el sistema es total. "El Inem lo puede ver, pero no le sale de las narices. La Administración sólo ve esas cosas cuando voy a pedir ayudas para vivir", dice, sin confianza en la nueva Ley vasca de Vivienda. En su caso, además, se da la circunstancia de que cuando murió su padre, su madre decidió poner a su nombre también una casa que tienen en Galicia, de donde emigraron sus padres hace 40 años. "O sea, que soy propietario de una casa cuando realmente no lo soy", se queja.
Para José Antonio, los beneficiados de la ley serían los inmigrantes recién llegados. "Tengo amigos inmigrantes. Vienen sin nada, sin pasado. ¡A qué puedo acceder yo!", se lamenta, con un ingreso anual inferior a 12.000 euros.
En primera persona
José Antonio Mosquera, técnico informático
José Antonio Mosquera, de 33 años y natural de Sestao, es padre de una hija, está separado y apenas gana 12.000 euros al año. "La realidad social no se plasma en las leyes. Yo estoy separado y, por desgracia, he tenido que volver a casa de mis padres".
Urretxa susilla, educadora social
Urretxa Susilla, de 33 años y natural de Sestao, vive con su novio en un piso de alquiler por el que pagan 750 euros al mes. "Pagamos 750 euros por el alquiler. Es mucho dinero para nuestra economía. Espero que la nueva ley salga adelante"
* Público - 31.01.11
Foto: Grúas sobre edificios en construcción en Bilbao - publico
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LEVANTE/Castelló* : La alcaldesa de la Vall d'Uixó, la popular Isabel Bonig, así como sus antecesores, el socialista Josep Tur y el también popular Vicent Aparici tendrán que acudir a declarar entre el siete y el trece del próximo mes de abril como imputados por un supuesto "delito contra las personas". El Juzgado de Instrucción nº4 de Nules les ha citado como parte de las diligencias previas que ha abierto tras aceptar en noviembre de 2009 la querella presentada por dos vecinas de la localidad que consideran que no se ajustaba a la legalidad la actuación del ayuntamiento en el Monte Zamora al "permitir" supuestamente las construcción que allí existen. Las vecinas les acusan además de "paralizar" presuntamente expedientes sancionadores a propietarios de viviendas que están en zona urbanizable, pero no programada.
La juez, a tenor de la documentación remitida por las querellantes, también imputa, y por tanto, tendrán que pasar por los juzgados a los que fueran concejales de Urbanismo Alfonso López (PUT), Enrique Segarra (PP), Olimpia Aznar (EU) y el actual concejal Óscar Clavell (PP) así como el concejal de Bienestar Social José Villalba (PP), además de una funcionaria del ayuntamiento. Todo ello consta en una providencia emitida el pasado 12 de enero.
"Hemos denunciado a los políticos por la vía penal ante la falta de atención a nuestras peticiones y denuncias", aseguraba ayer una de las vecinas. De hecho, las querellantes los acusan de una posible "prevaricación" por permitir construir en zona no autorizada, así como de un supuesto "delito de ordenación del territorio".
Agravio comparativo
Así una de las vecinas querellantes, propietaria de unos terrenos en la zona, explicó que todo se remonta a junio 1992 cuando "se aprueba el PGOU provisional y el Monte Zamora cambia su calificación de rústico a residencial, eso sí, urbanizable no programada" cuestión que se convierte "en definitiva en febrero de 1995" por lo que "mientras no haya un plano encima de la mesa no se sabe cómo quedan las parcelas, por donde van las calles o donde va el suelo dotacional".
* Levante - 1.02.11
Foto: La Vall d'Uixó (Castellón) - uv.es
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CINCODÍAS* : El estallido de la burbuja inmobiliaria ha afectado a casi todos, empresas y hogares. Pero lo peor es para quienes compraron al final del boom y lograron una hipoteca por más del 80% del valor de tasación de la vivienda. Desde 2007, último año de subidas de precios de las casas, más de 300.000 familias deben al banco más dinero de lo que ahora valen sus pisos en el mercado. En 2010 se cumplieron tres años consecutivos de descensos en los precios de las casas, el periodo más largo durante el cual se ha depreciado el ladrillo en la historia reciente de España. En términos acumulados, el Ministerio de Fomento acaba de publicar que la vivienda es hoy un 13,1% de media más barata que hace tres años, aunque en algunas zonas como Madrid esa pérdida de valor supera el 20%. La depreciación de estos activos inmobiliarios y no tanto la subida de tipos de interés (que también) tiene consecuencias muy graves en determinados supuestos. Por ejemplo, para todos aquellos propietarios de vivienda que realizaron su compra a partir de 2007, si lograron que su banco o caja les prestara más del 80% del valor de tasación del inmueble; en estos momentos, pueden verse atrapados por una deuda que es superior al valor que obtendrían en el mercado si vendieran el activo, o sea la casa.
Mientras puedan seguir haciendo frente al pago de las cuotas hipotecarias, el desequilibrio es meramente nominal, pero el problema surge si necesitan vender la vivienda ante una situación de desempleo. Es lo que los expertos denominan patrimonio inmobiliario neto negativo o, dicho de otro modo, una situación de quiebra técnica, siempre y cuando el hogar que se vea en esa situación carezca de otros activos.
Cruce de datos
Pues bien, desde 2007 hasta 2009 podrían estar inmersos en esta situación (deudas pendientes más elevadas que el valor de los pisos) más de 300.000 titulares de préstamos hipotecarios. En concreto, se trata de 316.707 créditos, cifra obtenida gracias a los cálculos efectuados por CincoDías cruzando la información del INE sobre hipotecas nuevas firmadas desde 2007 y el porcentaje de esos créditos que supera el 80% del valor de tasación, que da a conocer trimestralmente el Banco de España. Ese nivel del 80% (conocido en inglés por el término loan to value) ha sido históricamente considerado por el supervisor como el límite que no debían rebasar las entidades salvo en casos excepcionales y con garantías adicionales para no ser consideradas como hipotecas de riesgo.
Y es que si algo ha enseñado esta crisis es el precio tan alto que pueden llegar a pagar las empresas y particulares que tengan un elevado nivel de endeudamiento. En anteriores recesiones el recurso al crédito podía mitigar la falta de ingresos, hoy por hoy eso es prácticamente imposible.
Durante la pasada etapa alcista del mercado inmobiliario (1997-2007), los hogares disfrutaron de una situación sin precedentes. Algunos expertos la denominaron la barra libre de la financiación. A la rebaja de los tipos de interés importada de la entrada de España en el euro se sumó el alargamiento de los plazos de amortización de los préstamos hipotecarios hasta 30, 40 y excepcionalmente 50 años. Y todo ello espoleado por una revalorización media de los inmuebles de casi el 12% anual durante 10 ejercicios consecutivos.
A esa coyuntura se le unía una situación económica boyante con tasas de paro desconocidas y pleno empleo masculino en numerosas provincias, por lo que era muy fácil lograr crédito para la compra de casa y para casi cualquier cosa, si se aportaba un inmueble como respaldo.
Menos consumo
Por ello, el hecho de que en la actualidad el valor o saldo vivo de cientos de miles de créditos hipotecarios supere al precio que obtendría el activo hipotecado en el mercado no solo tiene incidencias para quienes se queden sin trabajo y para poder hacer frente a la deuda tengan que acabar vendiendo su casa.
Además, limita la práctica a la que se apuntaron en el pasado reciente no pocos hogares. En lugar de contratar préstamos al consumo para la compra de coche, electrodomésticos o cualquier otra clase de bienes, optaban por ampliar el capital de sus hipotecas o suscribir una nueva gracias a la constante y en apariencia eterna revalorización de las viviendas.
De ese modo, ahorraban en los tipos de interés, ya que los que aplican los créditos personales son significativamente más caros que los hipotecarios. Las últimas cifras publicadas también por el Banco de España aseguran que aproximadamente el 11% del crédito con garantía hipotecaria que se firma en España en la actualidad es para cualquier compra menos la de casa.
Así, al no tener margen para seguir ampliando el capital de la hipoteca, muchos hogares pospondrán algunas de sus decisiones de compra. Más malas noticias para la economía española, tan dependiente del consumo privado, ya que esta situación a corto plazo no tiene visos de mejorar. Los principales expertos no auguran alzas de precios hasta dentro de al menos dos años y los hay que van más lejos. El Instituto Juan de Mariana acaba de asegurar que los inmuebles deberían depreciarse otro 24% adicional para borrar cualquier rastro de la burbuja y no lastrar la recuperación. Si eso se confirmara en los próximos años, muchos más préstamos entrarían en esa quiebra técnica. Frente a aquella etapa dorada en la que la hipoteca lo aguantaba casi todo, el cerrojazo actual al crédito. Los analistas recuerdan que se acabó aquello de que "las casas no bajan nunca". Sobre el futuro, ya lo dice el ministro José Blanco: "nada volverá a ser como antes".
Los datos
A la espera de conocer el detalle por entidades, tal y como exige el Banco de España, lo cierto es que saber cuántas hipotecas se firman con un valor de tasación por encima del 80% ha sido posible hace muy poco. La serie comienza a publicarse en 2004, en pleno boom, cuando ya arreciaba el debate sobre los riesgos del sobreendeudamiento. Estos préstamos llegaron a representar el 18% del total.
El stock provocará nuevas bajadas de precios en 2011
Entre 730.000 y un millón de casas. Esas son las cifras que manejan los distintos estudios efectuados sobre a cuánto asciende el excedente de viviendas que existe en la actualidad sin vender ni alquilar.
Con semejante exceso de oferta y una demanda deprimida por la desfavorable coyuntura económica y las dificultades que persisten en el acceso al crédito, los pocos expertos que se atreven a hacer un pronóstico coinciden: "las rebajas de precios de los pisos y las ventas en mínimos van para rato". En concreto, para este año algunas entidades aseguran que los precios de la vivienda podrían registrar descensos que se situarán entre el 10% y el 15%, lo que convierte al mercado inmobiliario español "en el menos atractivo de Europa junto al de Irlanda", según estima la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings. La calificadora de riesgos justifica sus pronósticos en el impacto que tendrá sobre los precios el stock, dentro del cual destaca el creciente número de viviendas procedentes de embargos puestas a la venta por los bancos. Esto provocará que las hipotecas firmadas en 2010 por encima del 80% del valor de tasación del inmueble (67.328 hasta noviembre) puedan verse a finales de este año en la misma circunstancia que las más de 300.000 suscritas desde 2007.
Fitch destaca la división existente en Europa entre las economías del norte y el sur, donde augura un débil crecimiento para España en 2011 (del 0,5%), lo que mantendrá elevado el paro. Y ya lo dicen promotores y consultores: "Sin empleo, la demanda inmobiliaria no volverá a despegar".
* Cinco Días - 31.01.11
Foto: Hipotecas, montaje fotos - 20minutos.es
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LAPROVINCIA* : La vivienda de Carlos Morales y Alexia de Grecia en la lujosa urbanización de Puerto Calero logró burlar los filtros municipales de control durante el mandato de tres alcaldes diferentes en Yaiza. Las obras para la construcción del chalé de Carlos Morales y Alexia de Grecia en suelo rústico de protección territorial hubiesen pasado casi desapercibidas si no se hubiesen llevado a cabo los pinchazos telefónicos ordenados por el juez César Romero Pamparacuatro dentro de las investigaciones del caso Unión. Sin embargo, las irregularidades urbanísticas cometidas presuntamente por Carlos Morales eran conocidas por los gobernantes del municipio de Yaiza prácticamente desde el mismo momento en que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, dio el visto bueno a una obra que debía ocupar unos 1.700 metros cuadrados.
La concejala del PIL en el Ayuntamiento de Yaiza, Gladys Acuña, presentó a finales de 2006 en el registro municipal de esta corporación una moción en la que solicitaba al por entonces alcalde de este municipio lanzaroteño, José Francisco Reyes, que suspendiese la concesión de la licencia para la construcción de la vivienda del arquitecto Carlos Morales en Puerto Calero al entender que la edificación se encontraba en suelo rústico de protección territorial.
Los concejales de la oposición intentaban de esa forma paralizar la licencia municipal de edificación que el alcalde, José Francisco Reyes, había concedido el 5 de diciembre de 2006 por decreto de la Alcaldía al arquitecto Carlos Morales, esposo de Alexia de Grecia. "Sin embargo, el grupo de gobierno desestimó nuestra moción y la licencia siguió para adelante", relata Gladys Acuña.
Una licencia que podría llevar al esposo de Alexia de Grecia a sentarse en el banquillo de los acusados después de que el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, haya solicitado al juez que instruye el caso Unión que transforme las diligencias previas en procedimiento abreviado para formular acusación contra Carlos Morales y el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes por un delito contra la ordenación del territorio.
La concejala del PIL, que también ostentó la Alcaldía de Yaiza, al presentar al inicio de este mandato una moción de censura contra el propio Reyes, llegó a declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por esta licencia. "Me limité a contarles que mi partido presentó en el Ayuntamiento una moción para intentar que se dejara sin efecto la licencia", señala Acuña.
La ex alcaldesa asegura que durante su mandato (entre febrero de 2007 y diciembre de 2009) no se aprobó ninguna resolución a favor de esta vivienda, aunque asegura que la licencia se tuvo que remitir al Cabildo de Lanzarote al igual que se hizo, por orden judicial, con todas las concedidas por José Francisco Reyes. "Y que yo sepa el Cabildo tampoco hizo nada", afirma Acuña.
Inicio
Sin embargo, fue durante el corto mandato de Acuña cuando comenzaron unas obras que no llegaron a ser paralizadas. Según el informe elaborado por la Guardia Civil, las obras comenzaron en octubre de 2007.
El actual alcalde de Yaiza, Ángel Domínguez (que en el momento de concederse la licencia era edil de Festejos), fue uno de los concejales del grupo de gobierno de José Francisco Reyes que rechazó la propuesta del PIL de dejar sin efecto la licencia. "Los asuntos relacionados con el Urbanismo los llevaban directamente tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez", se justifica Domínguez, quien desde diciembre del pasado año no pertenece al Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) de José Francisco Reyes, tras la moción de censura que firmó con CC para desbancar a Gladys Acuña. Domínguez no se acordaba el pasado viernes de si había firmado algún decreto paralizando la obra.
El chalé, valorado en más de tres millones de euros, se quedó a medio construir después de que se destapara el caso Unión en mayo de 2009. La justicia tiene ahora la palabra.
* La Provincia - 30.01.11
Foto: El chalé en obras de Carlos Morales y Alexia de Grecia, a la izquierda de imagen, en Puerto Calero (Yaiza)- laprovincia
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SUR/Málaga* : La investigación de una supuesta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Alcaucín continúa. La jueza que instruye la causa -la titular del Juzgado nº3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón- citó ayer a declarar como imputada a la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Torremolinos, María Isabel Llamas Castañeda. La edil, que fue asesora jurídica durante tres años -desde el 15 de abril de 2004 hasta el 10 de mayo de 2007- del ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, fue preguntada por la jueza sobre las razones por las cuáles abrió una caja de seguridad en una entidad bancaria en marzo de 2006. Según la investigación, el nombre de María Isabel Llamas habría aparecido en un contrato de compraventa de una parcela de unos 6.500 metros cuadrados situada en suelo rústico. En un documento privado fechado en junio de 2004 figuraba como titular de un 25% de la finca. El resto estaba, según los papeles, en manos de otros dos socios. La parcela fue vendida dos años después y, al parecer, generó una plusvalía total de unos 500.000 euros, a tenor del contrato, que se elevó a público el 16 Abril de 2006.
Curiosamente, el anterior documento de compraventa, en el que figuraría Llamas, fue anulado días antes de fraguarse esta operación. Sobre esa finca, que estaba en suelo rústico, existía una expectativa de negocio por parte de los compradores, que proyectaban construir unas 200 viviendas. Sin embargo, la parcela no se convirtió en urbanizable.
La edil negó los hechos ante la juez y explicó que nada tenía que ver con la operación. Matizó que si su nombre aparecía en la misma tenía que ver con su familia, en concreto su padre que es promotor inmobiliario, extremo éste que corroboró su progenitor, según las fuentes.
Además, Llamas declaró desconocer si la apertura de la caja de seguridad se produjo coincidiendo con la venta de dicha finca por parte de Marcos Zaben a Carloteña y que si ello ocurrió fue por «casualidad»; y dijo que llevaba tiempo pensando abrirla. Asimismo la edil comentó que la finalidad de la caja no era otra que la de guardar una serie de joyas y que su hermana Virginia tenía otra en la misma entidad. No obstante, aclaró que sólo la visitó para cerrarla, lo que tuvo lugar en 2009. Según su declaración, cerró la caja de seguridad porque era muy cara y decidió guardar lo que en ella tenía en la caja de su hermana.
Isabel Llamas es hija, hermana y cuñada de otros tres imputados en el 'caso Arcos', por el que en febrero de 2009 fueron detenidos el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y un jefe de servicio de la Diputación, José Francisco Mora. La operación policial comenzó el 27 de febrero 2009 con la detención de trece personas, entre ellas Martín Alba, quien días más tarde ingresó en prisión imputado por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.
* SUR - 1.02.11
Foto: Torremolinos, ayuntamiento - centroasturiano
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PACO MARISCAL* : El vocablo se utiliza si hablamos del capullo de una flor o el brote de una planta cuando se abren; también se aplica al huevo del que sale una larva: eclosión. En sentido figurado, explicaba doña María Moliner, se aplica, además de a realidades relacionadas con los capullos, los brotes y los huevos, a algunos fenómenos sociales. En las comarcas valencianas eclosiona la primavera si ocasionalmente nos bendice la lluvia en enero o febrero. En los países norteafricanos, el malestar ciudadano eclosiona estos días en forma de manifestaciones públicas contra sátrapas que se apalancan en un poder más que corrupto. Vale. Pero es imposible encontrar, en los manuales que se ocupan de las palabras, un indicio que nos permita relacionar la eclosión con el ladrillo y, mucho menos, con el ladrillo inmobiliario. Pero siempre hay un reducto del disparate, como la Diputación de Castellón, donde el ladrillo eclosiona. El otro día, el presidente de la provincianísima institución castellonense -mostrando el grado de armonía, entendimiento y colaboración existente entre los miembros de su partido en la Diputación y los miembros de su mismo partido en el gobierno autónomo valenciano- arremetía contra la Consejería de Medio Ambiente, la de Juan Cotino, y la señalaba como responsable de que en Castellón no hubiese habido una "eclosión inmobiliaria".
Es decir, que el gobierno autónomo es culpable de que en estas comarcas norteñas no haya habido más burbuja inmobiliaria de la que hubo y hay, ni más desarrollismo del que hubo y hay. Las decenas de miles de viviendas por vender, las construcciones paralizadas y las grúas durmiendo el sueño de los justos no son una realidad porque todos estamos ciegos, y a la espera del desarrollismo urbanístico ligado a los campos de golf: ese es el raquítico futuro de progreso para aquellos de nuestros nietos y bisnietos que se decidan por permanecer en su tierra y no apretar tornillos mediante un ordenador en Alemania. Que el Dios del Sinaí nos pille confesados y con indulgencia plenaria para sufrir con paciencia los desatinos del desarrollismo con base casi única en el ladrillo, la destrucción o alteración del paisaje y la fealdad. La constatación está a la vuelta de la esquina: basta y sobra un corto paseo por ese trozo de costa, otrora sin par, entre Torreblanca y Oropesa.
Una Oropesa, por cierto, donde ya no se necesita el agua para todos de Fabra con tanta urgencia como daban a entender durante los perversos años de la burbuja, madre de todas las crisis. A punto de entrar en funcionamiento la desaladora de Cabanes -que ha de abastecer a Oropesa, La Ribera y Benicàssim- y que ha supuesto un gasto público de 55 millones de euros, el concejal de Urbanismo de Oropesa, Tomás Fabregat, miembro del partido de Fabra y de Cotino, viene a indicar que el municipio no tiene ahora ninguna necesidad especial de recursos hídricos. Y es que la vergüenza torera, a pesar de la crisis, todavía no ha eclosionado.
* El País - Opinión - 31.01.11
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