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LEVANTE/Valencia* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dictado un auto en el que acuerda la suspensión cautelar del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo por el que se aprobaba «definitivamente» la Homologación y Plan Parcial del Sector «Nou Mil·lenni» de Catarroja. La sala estima que no ha quedado acreditada la disponibilidad «presente y futura» de recursos hídricos suficientes para atender la demanda de agua que generará la nueva actuación.
La comisión territorial de Urbanismo aprobó el 20 de abril de 2007 uno de los planes estrella de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo: plan de Nou Mil·lenni en Catarroja, una nueva ciudad de 13.000 viviendas promovida por el Grupo Llanera y el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa). El auto asegura que ni la legislación estatal ni la autonómica ofrecen dudas sobre la necesidad de que los desarrollos urbanísticos que impliquen un incremento de las necesidades hídricas dispongan del informe preceptivo del Organismo de Cuenca, representado en la Comunitat Valenciana por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Posible inconstitucionalidad
Respecto a la alternativa que ofrece la legislación autonómica de sustituir el informe estatal por uno elaborado por «empresa colaboradora» autorizada para el suministro, la sala dice interpretar este precepto solo a efectos de la posible suspensión, que finalmente acuerda, aunque advierte que lo hace sin «perjuicio de poder plantear cuestión de constitucionalidad a la hora de dictar el fallo de la sentencia».
Según se dice en el auto, la Comunidad Autónoma «no puede legislar sobre la forma, modo y manera en que el Estado debe ejercer sus competencias ni puede sustituir su intervención mediante norma autonómica». Lo que no significa que no pueda— el informe elaborado por la entidad colaboradora—ser tenido en cuenta por la Generalitat Valenciana, municipio o por el propio tribunal a la hora de tomar una decisión, «pero no como sustitutivo» del informe del organismo de Cuenca.
Finalmente, sobre el contenido de los informes, la sala recuerda los mínimos exigibles que debe tener el emitido por el Organismo de Cuenca y en qué debe basarse.
Del mismo modo la sala establece el contenido mínimo de los informes incluidos en la tramitación y advierte que «no va a dar por válidos informes que no se ajusten» a esos contenidos, «ni al Organismo de Cuenca ni a las Entidades Colaboradoras y Empresas».
Suspensión de pagos
Desde que el Consell aprobó definitivamente Nou Mil.lenni, hace algo más de un año, la tramitación ha avanzado a zancadas, en comparación con otros proyectos urbanísticos, a pesar de que el socio del Ivvsa en la empresa mixta que lo promueve, la firma Llanera, está en suspensión de pagos.
En los últimos tres meses se ha aprobado una modificación del coste de urbanización que se sitúa en 150 millones de euros, se ha desestimado una veintena de recursos contra el PAI y ya están en exposición pública el proyecto de urbanización y reparcelación.
Al conocer la paralización cautelar, desde el PSPV de Catarroja se valoró que «se ha ganado la primera batalla pero la guerra contra un PAI hecho de espaldas a la población, con la complicidad servil y vergonzosa del PP-UV y contra los intereses generales de Catarroja». Por su parte, el movimiento ciudadano contra el PAI, Salvem Catarroja, que el martes abucheó a Camps en una inauguración en el ayuntamiento, manifestó su «profunda alegría» y dijo ayer que el auto judicial es «una batalla ganada por el pueblo de Catarroja sobre un oscuro negocio que la amenaza desde hace años y que la ha ensuciado». El alcalde popular Francisco Chirivella prefirió no pronunciarse por el momento.
* Levante-EMV - J. Sierra/L. Sena - 7.05.09
Foto: Bocado a la huerta. El proyecto del Ivvsa contemplaba la creación de una mini ciudad entre Valencia y Catarroja. - levante-emv.com
Catarroja: El TSJ paraliza «Nou Mil·lenni» por no acreditar agua suficiente
La Muela: La Policía estima que la trama movió 45 millones en pelotazos y comisiones
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ELPERIÓDICO/Aragón* : La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía estima que la trama de La Muela movió 45 millones de euros en comisiones (casi 10), pelotazos (más de 34) y dinero dedicado a usos peculiares (0,65), según indica el informe con el que el 9 de marzo los investigadores pidieron al juez de La Almunia la detención de los 26 sospechosos de corrupción urbanística.
Una buena parte de esa cifra se la habría llevado la alcaldesa, María Victoria Pinilla. Ella y su marido fueron socios -con el 48%- del presidente de Aranade, Julián de Miguel, en Tudela Inmobiliaria cuando esta firma obtuvo un pelotazo de 6,8 millones con la venta de 37.700 metros cuadrados de suelo a Gestión Urbanística Zaragoza, que actuaba como intermediaria para Brocover, la promotora del polémico plan SR-1. A esa cifra deben sumársele 400.000 euros en B, según las investigaciones.
Esa operación coincide en el tiempo con otra en la que Tudela Inmobiliaria y Carmelo Aured -primo de Pinilla que asumió el 33% del envite- sacaron 3,45 millones con la venta de otros 19.152 metros a Brocover. Aured, que vendió otro terreno por 905.000 euros más de lo que lo había comprado 23 meses antes en una transacción en la que, según la Policía, «subyace un posible uso de información privilegiada», es sospechoso de haberse embolsado 631.000 euros en comisiones.
Hacienda lo vincula con el reparto de otros 2,6 millones por una intermediación. La empresa madrileña se gastó mucho dinero en La Muela. Tanto en blanco como en negro, según explica en una de las conversaciones grabadas su jefe, José Carlos Fernández Delgado, que le explica a su hermano que el SR-1 incluye seis millones en comisiones de los que ellos han puesto dos. La Policía sospecha que parte de ese dinero fue a parar a manos de la alcaldesa, a cambio -presuntamente- de información privilegiada y una futura recalificación. Aunque, según la versión del propio Fernández, también obtuvo retornos: 250.000 euros en negro que presuntamente le dio la alcaldesa por su asfixia económica.
También intuyen que Pinilla cobró comisiones a Construcsa, como habría hecho el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, sospechoso también de imponer mordidas a esa misma firma y a NTA. Rodrigo Vela afirma en una de las conversaciones que tiene invertidos en Rumanía 20 millones que le prestó uno de los empresarios imputados.
La Policía tiene indicios de que De Miguel obtuvo elevados ingresos por operaciones urbanísticas en La Muela. A la Sociedad Urbanística Municipal (SUM), empresa gestionada por Aranade, no le fue tan bien. La SUM, según las pesquisas, dejó de ganar 2,4 millones en ventas de terrenos de la Urbanización Camino de La Muela a Ebrogan y 17,15 en dos operación en las que el pelotazo lo dio Sagain, firma que, según la Policía, ganó 6 millones más en otras tres transacciones.
Uno de los ejecutivos, Francisco Aramburu -también imputado-, se habría comprometido a meter 200.000 euros en el club de fútbol de La Muela, la mitad, en un pago hecho tres semanas antes de la detención. No fue el único empresario interesado por la pelota en el pueblo del pelotazo. La Policía tiene indicios de que 200.000 euros de una subvención de la DGA fueron desviados hacia el equipo a través de NTA.
Los investigadores también sospechan que el arquitecto del ayuntamiento, Francisco Ruiz, cobró una mordida al empresario Vicente Rodrigo por la legalización de su hotel. En una conversación hablan de una deuda de 12.000 euros.
La Policía tiene indicios de numerosas irregularidades relacionadas con el urbanismo y con el funcionamiento del ayuntamiento en sí. Unas consisten en pagos de decenas de miles de euros en negro en la compra de naves industriales. Otras, en el cobro de comisiones y peajes -no cuantificados a fecha de hoy- a empresas. Otras, en hinchar facturas, como revela una conversación de Rodrigo Vela con un empresario: «ya te llamaré yo y pondremos algo más (...). Pondremos 40 o 50 billetes más y ya está, ¿vale?», le dice. El dinero negro circulaba con relativa frecuencia en La Muela.
La Brigada de Blanqueo tiene indicios de que De Miguel guardaba en una caja de seguridad «dinero B no contabilizado de Aranade, lo que evidencia un posible desvío de fondos que podría ir en detrimento de los intereses de la SUM». Veinte días antes de ser detenido, y para resolver un problema, le dio esta indicación a una empleada de Aranade: «habrá que coger 400.000 euros del B, ingresárselos a Miguel Ángel o lo que sea y que lo solucione».
* El Periódico - 07/05/2009 D. MOLINÉ / E. BAYONA
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
Los parragueses convocan una concentración en Arriondas para protestar contra el Plan urbanístico
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ELCOMERCIO/Asturias* : La Asociación Ganaderos Unidos de Parres ha convocado para el viernes una concentración cívica en la Plaza del Cañón de Arriondas, frente al Ayuntamiento. Su intención es pedir «la rectificación del Plan General de Ordenación» aprobado en el concejo. Lo anunciaron ayer en Llames apoyados, dicen, «por un nutrido grupo de vecinos» que, como ellos, «se oponen frontalmente al proyecto de Nevares» y otra serie de puntos incluidos en la norma.
El proyecto al que se refieren fue aprobado en Pleno por todos los grupos políticos del Ayuntamiento y prevé la rehabilitación del Palacio de Nevares y la construcción de 120 viviendas y un campo de golf.
Frente a este panorama los ganaderos y vecinos han decidido alegar contra el PGO (el período de alegaciones acaba el lunes, día 11). Y, entre otras cosas, «instamos al Ayuntamiento a reconsiderar su política urbanística y territorial de modo que no primen los intereses económicos de constructoras sobre un bien de interés colectivo». Harán lo propio para que «se reconsidere la actuación proyectada en Nevares ya que rechazamos de plano la propuesta de ordenación de este área por entender que conculca con la legalidad vigente, consagra un modelo de desarrollo insostenible e incumple la normativa medioambiental y urbanística».
Además, «solicitamos la reconsideración de las limitaciones impuestas en el PGO para edificar viviendas unifamiliares de carácter agrario cuando desaparezca la explotación» y, por otra parte, «queremos que el Ayuntamiento cree un Reglamento de Participación Ciudadana para comenzar una política de amplia participación vecinal». Estos eran sólo algunos de los puntos que incluirán en sus alegaciones.
* El Comercio Digital - Arriondas - E.S. - 7.05.09
Foto: Parres (Asturias ), ayuntamiento - wikipedia.org
El tribunal de Madrid imputa a otro exalto cargo de Aguirre en el 'caso Gürtel'
ELPERIÓDICO* : El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha imputado al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo por su implicación en la trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa en la que se investigan delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad, ha informado hoy el TSJM.
López Viejo declarará mañana ante la Sala Civil y Penal del Tribunal de Madrid para explicar el contenido de las conversaciones grabadas por la Policía que le implican en la red corrupta, así como la documentación que obra en poder del magistrado que le relaciona con el entramado de empresas de Correa.
El juez de la Audiencia Nacional le acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
"Aquí un kilo, aquí medio..."
Según Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". El juez sostenía que López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa. En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el exconsejero se llevaba "una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...".
El exconsejero de Deportes es el tercer aforado madrileño imputado en el caso, junto con los parlamentarios regionales Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. El magistrado imputa a Bosch y a Martín Vasco la comisión de los seis delitos genéricos de la causa y participación en una trama. Los dos se negaron a declarar hasta que se levante el secreto del sumario.
La fianza de 955.000 a Martín Vasco
Además, a Martín Vasco le impuso ayer una fianza de 955.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se deriven del caso. Fuentes jurídicas han señalado que es probable que el juez opte por imponer a López Viejo una fianza similar a la establecida para Martín Vasco para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.
La citación se produce un día después de que el Partido Popular suspendiera de militancia a estos tres diputados madrileños por su vinculación en la trama. Los tres diputados habían pedido su suspensión voluntaria hace dos meses, pero hasta que no fueron imputados de manera formal dos de ellos no se ha tomado la decisión.
* El Periódico - Europa Press - 6.05.09
