ELPERIÓDICO* : Un juez de Barcelona ha condenado a una inmobiliaria denunciada por un grupo de ocho vecinos por acoso inmobiliario a rehabilitar a fondo el edificio, situado en la calle de Enric Granados de Barcelona. El inmueble se encuentra muy deteriorado, como lo atestigua la presencia de ratas.
Tras casi cuatro años de demandas y recursos judiciales interpuestos por ambas partes, el juzgado de primera instancia número 9 de Barcelona ha condenado finalmente a Inmuebles en Renta SA, filial del grupo Sacyr-Vallehermoso, a acometer una reforma estructural del bloque, desratizar el edificio, rehabilitar las instalaciones de agua, gas y luz y aplicar un tratamiento antitermitas.
El juzgado obliga asimismo a los vecinos a permitir la entrada de los operarios que lleven a cabo las obras --la inmobiliaria había denunciado que se oponían a su presencia--, si bien les reconoce su derecho a reclamar la reducción de la renta si su piso está más de 40 días en obras.
Denuncia de "métodos de extorsión"
Ocho vecinos del bloque, en su mayoría ancianos --de los que uno ya ha fallecido--, denunciaron que sufrían "métodos de extorsión" y "presión psicológica" por parte de la inmobiliaria, que adquirió el edificio hace seis años, para echarlos del inmueble.
Los inquilinos tienen contratos de renta antigua y pagan por el alquiler una media de 150 euros al mes.
Según los vecinos, la inmobiliaria levantó cuatro sobretechos sin cubrirlos y mantenía abandonados los pisos superiores, sin el más mínimo mantenimiento.
Plaga de ratas
Además, la rotura y no reparación de un desagüe de los bajos del edificio llevó una plaga de ratas que invadió todo el inmueble, según pudo comprobar un perito judicial que inspeccionó el edificio, situado en el número 147 de la calle de Enric Granados.
Según los vecinos, la inmobiliaria --tras comprar el bloque-- pidió al ayuntamiento que lo declarara en ruina para poder derribarlo, lo que el consistorio denegó. Ahora, tras la sentencia judicial, tendrá que reformarlo a fondo.
* El Periódico - EFE - 13/6/2008
Foto: Barcelona, eixample - es.geocities.com
Un juez obliga a una inmobiliaria denunciada por acoso a reformar un edificio del Eixample
Castro Urdiales: «Había montado un tinglado, una trama de dudosa legalidad»
,+t%C3%BAnel+de+Mio%C3%B1o+-+efe.jpg)
ELDIARIOMONTAÑÉS* : El ex interventor, Fernando Urruticoechea, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción nº2 en calidad de testigo por el 'caso Mioño'. «Lo que existía era un red clientelar clarísima respecto de un grupo de empresas que tenían posibilidad de acceder directamente a los miembros de la junta». «Había montado un tinglado, es decir, una trama de dudosa legalidad entre clanes políticos y clanes de contratistas».
Estas son algunas de las afirmaciones que efectúo ayer el ex interventor de Castro Urdiales, Fernando Urruticoechea, en calidad de testigo, ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. Y es que ayer el instructor del 'caso Mioño' llamó a declarar tanto al ex interventor como al representante de la empresa Norgás Servicios y Canalizaciones, subcontratada por Izeta para realizar el acondicionamiento del túnel de Mioño.
Aunque Urruticoechea reconoció ante el instructor que «no sabía nada del túnel de Mioño» y «desconocía el expediente», si dijo que cuando se refería a ese «tinglado» lo hacía de forma general porque lo conocía «perfectamente y lo denunció ante la Fiscalía». Además, aseveró que «había unas cuantas decenas de empresas que participaban en el tinglado, que no puede precisar».
Contratación
Por otro lado, el ex interventor aseguró ante el juez que «no existía un departamento de contratación: Carmelo Cano tenía múltiples funciones y su puesto era inexistente en el Ayuntamiento. Las funciones de este señor eran de absoluta ilegalidad», dijo. Además, apuntó que «desconoce a que se llamaba servicio de contratación, que no existían expedientes de contratación y si había, se encargaba de ellos cada uno de los propios departamentos que los necesitaba».
Estas declaraciones de Urruticoechea se suman a las que hizo en su pasada comparecencia ante el juez, en esa ocasión por el 'caso Trapur'. En aquel momento dijo que «había 6 millones de euros en facturas sin expedientes de tramitación y sin crédito presupuestario» y que «cuando entró en el Ayuntamiento de Castro Urdiales éste funcionaba de manera caótica». Así, comentó que cuando entró la nueva Corporación en 2003 «intentó arreglarlo», de ahí los cursos que impartió a los concejales, «pero la situación volvió a cambiar de forma acelerada, volviendo a funcionar como anteriormente». Finalmente, el ex interventor recordó que en la junta de gobierno local «se aprobaban sólo facturas, no el expediente de contratación. Cada concejal llevaba su lote de facturas, a veces con el reparo de legalidad, pero les daba igual».
* El Diario Montañés - ABEL VERANO - 13 junio 2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), túnel de Mioño - efe
Alquilar en España: quiero y no puedo
ELPAÍS/Reportaje* : La crisis del mercado inmobiliario ha dado al traste con el boom de compras y ventas de casas. El alquiler se revela ahora como la fórmula, casi mágica, para los españoles. Y no sólo para los jóvenes mileuristas. Parejas con niños, divorciados, separados, solteros? El perfil del inquilino está cambiando.
También las políticas de vivienda, empeñadas en incentivar el alquiler. De hecho, habrá cambios legislativos. Los ministerios de Vivienda y Justicia estudiarán la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Y todo para agilizar los desahucios y animar el arrendamiento.
De momento cada vez se alquila más. De hecho, algunas agencias centradas exclusivamente en la compraventa han tenido que cambiar el chip. "Antes no nos dedicábamos a los alquileres y ahora son el 50% de las operaciones", señalan en Alfa Móstoles.
Y cada vez hay más oferta. "La clave del despegue del alquiler en España está en el stock de viviendas terminadas y pendientes de vender, que se calcula en 1,2millones; y también en las casas que la gente compró como inversión", señala Pedro Morón, catedrático de la Universidad Autónoma deMadrid. "Si el promotor no vende va a alquilar", prosigue.
Más oferta
Aun así, seguimos a la cola de Europa. España es uno de los países europeos con menos alquileres, en torno al 11%. En Europa ronda el 30% de media, aunque la tendencia en todos los países (excepto en Alemania) es a reducir el peso del alquiler, explica Morón. La manida mentalidad de propietarios de los españoles no es la única explicación. Hace cuatro años comprar una casa salía mucho más barato que alquilarla. Ahora la partida está más igualada. Pero el alquiler no acaba de despegar.
Y es que sigue siendo demasiado caro en nuestro país. El alquiler medio en España está entre 811 y 1.057 euros al mes, según el portal EnAlquiler.com. En Móstoles o Algete, por 800 euros se puede alquilar un piso de tres dormitorios. Pero en la capital un piso de un dormitorio puede costar hasta 900 euros, indica Manuel Domingo, gerente de Alfa Inmobiliaria en Puerta de Toledo. Además, los alquileres se han encarecido. Según los expertos, la renta básica de la emancipación tiene mucho que ver. "Con las ayudas de 210 euros, los dueños subieron los precios un 30%", según Alfa.
Hay más motivos para que no despegue. Alquilar una vivienda es una auténtica aventura, sobre todo si se trata de inmigrantes. Los propietarios blindan sus casas con una lista de garantías a veces imposibles. María León tiene 35 años, es peruana y lleva cuatro años en España. Está casada con un gallego, tiene un hijo y trabaja en una empresa de distribución a supermercados. Ahora "empieza de nuevo la odisea de buscar", porque paga 900 euros por un piso de tres habitaciones en la avenida del General Fanjul, en Aluche, y necesita algo más asequible.
Cada vez que llama tiene que escuchar la misma pregunta: ¿de dónde eres? María tiene que decir que está casada con un español para que la lista de exigencias no engorde. Hasta tal punto que un mismo piso cuesta más o menos según quién llame. Y la fianza es de ocho meses si el que se interesa es inmigrante y de dos si es español.
Los dueños suelen pedir de dos a seis meses de fianza y un mes de renta por adelantado en el mejor de los casos. Al senegalés Henry Embongo, de 27 años y deMurcia, le exigieron las mensualidades de cinco años de contrato, explican en la Fundación deDerechos Civiles (Fundi), que en 2007 recibió 90.247 consultas relacionadas con el alquiler, el 32% del total. "También piden un aval bancario de un año, lo cual supone en muchos casos que el banco te inmoviliza el dinero (por ejemplo, depósito de 12.000 euros)".
Mar González y Andreu B. Arnavat, fisioterapeuta y empleado de la construcción, respectivamente, han tenido que ver "auténticos cuchitriles" y aumentar el presupuesto hasta 700 euros para acabar en un sexto sin ascensor junto a la plaza de España (Barcelona). "Compensan los 80 metros y que tiene dos terrazas pequeñas", diceMar, que tiene la sensación de que "visto lo visto, es una ganga".
Para todas estas personas, alquilar también ha sido una aventura: A Miguel B., de Vitoria, le obligaron a dar de alta el agua, el gas y la electricidad, lo que supuso un gasto de 628 euros. En Madrid, Iliana Venoba, rumana de 29 años, alquiló como vivienda un trastero y la dejaron sin agua porque el propietario había hecho una toma ilegal a la conducción de la comunidad. Y a Sonia Ramos, de 34 años y de Burgos, su casero le pretendía repercutir las derramas de la comunidad para obras en el edificio.
El alquiler cumple además otro cometido. Permite a la gente que ya tiene una vivienda cambiarla por otra demás nivel y mejor situada. Laura Más, ejecutiva de 32 años, tiene una casa en el madrileño barrio de Canillejas. Su ilusión ha sido siempre vivir en el centro de Madrid y por fin lo va a conseguir. Eso sí, de alquiler. En breve se mudará a un piso en la calle de La Unión, frente al Palacio Real y la Ópera. Pagará 1.300 euros al mes.
Y es que, aunque escaso, el demandante de alquileres de gama alta existe. Baluarte Alquiler tiene en cartera pisos de dos dormitorios, dos baños, garaje y trastero en Peñagrande por 1.700 euros mensuales.
Un 20% más de inquilinos han dejado de pagar el alquiler en el último año
La otra cara de la moneda es el propietario, que se encuentra con una falta de seguridad jurídica importante. Desconfía y, en algunos casos, no le falta razón. ?En el último año, los impagos de renta han crecido un 20%; dejar de pagar el alquiler es gratis en este país?, señalan Andrés Vilacoba, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda (Adeprovi), que calcula que los impagos de renta en Madrid rondan el 10%.Aunque haya un juicio, si el inquilino se declara insolvente no paga y no pasa nada.Además, una vez que sale la sentencia el propietario se ve obligado a ejecutarla y hacer frente a los gastos de abogado y procurador. Y como el inquilino nunca abandona el piso de forma voluntaria, en los 30 días siguientes hay que pedir el lanzamiento (una comisión judicial acude a la vivienda para echarle). ?Conviene llevar también un cerrajero?, dice Vilacoba. En total, echar a un inquilino moroso cuesta hasta 3.000 euros y una media de nueve meses.El moroso profesional necesita generar confianza para perpetrar su fraude. Pedro Blanco (42 años), nombre ficticio, ganaba 4.500eurosnetos al mes y su compañera sentimental, Elvira García (36 años), 3.800 euros. No tuvieron problema en adelantar la renta de cinco meses (6.000 euros). Eso fue todo lo que ingresó durante los más de tres años que tardó el propietario en recuperar su casa. Meses sin cobrar, al principio con excusas: el ingreso está ya ordenado, es un problema del banco, un viaje, un problema de liquidez, una enfermedad repentina? Cientos de llamadas, esperas, discusiones. Y al final: ?No pienso pagarte y no tengo ninguna intención de irme, con lo bonita que está la casa y lo barata que me sale.Lo más que puedo hacer por ti es dejarte que vengas a darte un chapuzón a la piscinita comunitaria?.Carlos, de 42 años, lleva un año sin pagar. Al principio porque se quedó en paro. Ahora gana unos 600 euros al mes vendiendo seguros, pero no tiene ninguna intención de pagar. Está esperando a que salga el juicio y que le echen de la casa. Mientras, sigue viviendo a costa de su casero.
* ELPAIS.com - SANDRA LÓPEZ LETÓN 13/06/2008
Foto: Se Alquila, se vende, carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com
17 años de lucha para proteger la montaña del avance del cemento
+,+protesta+Plan+Caufec+-+diagonalperiodico.net.jpg)
DIAGONAL/Barcelona* : 17 años después de que se aprobara en la falda de la montaña de Esplugues de Llobregat (Barcelona) el proyecto urbanístico conocido como Plan Caufec-Porta BCN, la lucha en su contra se mantiene viva. El pasado 19 de mayo se inició una semana de protesta que, en tres días de acciones directas, consiguió paralizar las obras durante unas horas.
Una manifestación y una fiesta reivindicativa completaron esta nueva fase de la protesta que ha dejado 35 personas detenidas y más de 60 identificadas.
El 21 de mayo ni la policía autonómica ni el personal trabajador en las obras del Plan Caufec esperaban que, después de parar durante dos días los trabajos del proyecto urbanístico y ser detenidas 12 activistas, 23 personas más, disfrazadas de payaso, volvieran a frenar el avance de las máquinas excavadoras en Esplugues. Durante horas impidieron el acceso a las obras e inmovilizaron parte de la maquinaria encadenándose a las propias excavadoras o a bidones de hormigón.
La semana acabó con una manifestación por el pueblo en la que los participantes volvieron a entrar a las obras con el objetivo de denunciar la destrucción de la montaña de Sant Pere Mártir y exigir, por ende, la liberación del joven de Terrassa Francesc Argemí, ‘Franki’, en prisión por un delito de ultraje a la bandera española. En la comisaría pusieron el cartel de “Completo” a causa de la acumulación de personas detenidas, lo que obligó a meter a siete o nueve personas hacinadas en la misma celda.
17 años de oposición
En junio de 1991, el Ayuntamiento de Esplugues y Fecsa-Endesa promueven un proyecto urbanístico en la falda de la sierra de Collserola que multiplica por ocho la edificación prevista en esos terrenos e incumple diversas normas urbanísticas, según indicó la propia Dirección General de Urbanismo de la Generalitat en 1993. Tras años reformulando el proyecto y que éste rebotara entre administraciones, tribunales, comisiones jurídicas y de urbanismo, el plan se rehace y lo retoma el actual máximo accionista de Metrovacesa (Sacresa y la familia Sanahuja), que consigue que el Gobierno autonómico apruebe el actual proyecto urbanístico (ver despiece). Las obras empezaron el verano pasado y de los tres contenciosos- administrativos interpuestos por las asociaciones vecinales contrarias al proyecto, todavía queda uno pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un recurso de casación que tiene que resolver el Tribunal Supremo en Madrid.
En los comienzos, sólo la Coordinadora de Asociaciones Vecinales (AA VV) de Esplugues se oponía a la exagerada urbanización –cuya excusa principal era la compensación por el soterramiento de 31 torres de alta tensión–. Pero con el paso del tiempo y viendo que el inicio de obras era inminente estas AA VV buscaron refuerzos en el pueblo y se constituye la Plataforma Popular contra el Plan Caufec, que inicia una lucha de visibilización del conflicto en la calle basada en acciones de desobediencia civil. La Plataforma opuesta al proyecto declara que “hasta que un tribunal de justicia con las necesidades superficiales cubiertas no anule el plan Caufec, sólo la oposición popular puede frenar esta barbaridad ambiental y social”. Afirman que las obras están malogrando una parte de terreno muy importante que protege Collserola, una zona de transición entre el espacio natural y la zona urbanizada que posee una flora y fauna autóctona única para la parte solana de la sierra metropolitana.
Unas 60 personas identificadas y 35 detenidas engordan los archivos policíacos y esperan las consecuencias represivas. Las cuatro activistas del primer día han sido citadas a un juicio de faltas para el próximo 26 de septiembre ; las ocho del segundo día, el 9 de septiembre ; y las 23 del último, el 30 del mismo mes. El juez titular del Juzgado Número 3 de Esplugues ha sustituido los delitos que imputaban los Mossos en atestados interminables (desórdenes públicos, daños, coacción, resistencia y desobediencia grave) por tres faltas (desobediencia, daños y coacción). Según Paula Pérez, miembro de la Plataforma contra el Plan Caufec, “se juzgan las consecuencias del Plan Caufec, pero no la causa de este conflicto que es la ilegalidad del megaproyecto y la destrucción de la montaña y de Collserola”. Igualmente, las personas detenidas el segundo día denuncian la brutalidad policial en el desalojo, mostrando todas ellas heridas y moratones en brazos y muñecas. La empresa que ejecuta las obras, Proinosa, ya ha demandado una pérdida de 40.000 euros sólo por el primer día de acciones.
Las detenciones y denuncias de mayo aumentan la lista de casos represivos de la gente opuesta al proyecto urbanístico. Todavía quedan varios juicios pendientes por acciones o manifestaciones donde se encuentran encausadas 45 personas. De las sentencias dictadas, dos de ellas suponen multas y el ingreso en prisión por unos días como consecuencia de la negativa a pagar el dinero de multas por desobediencia a la autoridad.
* Diagonal - Oriol Matadepera / Barcelona - 12 al 25 de junio de 2008
Foto: SOBRE LAS GRÚAS. Diversas acciones lograron paralizar las obras del Plan Caufec / La Directa / diagonalperiodico.net
Llega al Supremo la causa de Ferrada, senador del PP y ex alcalde de Burriana
,+playa+-+mma.es.jpg)
ELPAÍS/Castellón* : El juzgado de Instrucción nº1 de Vila-real ha trasladado ya a la sala 2ª del Tribunal Supremo su informe acerca de la competencia de este tribunal sobre la causa que, hasta ahora, se instruía en el juzgado y en la que está imputado el ex alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada (PP), que ahora es senador territorial.
El juez relata al Supremo las acusaciones por las que se abrió la causa, tras la querella presentada por el Grupo Socialista de Burriana, ante la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y por atentar contra la ordenación del territorio tras aprobar un polémico proyecto urbanístico. El PSPV le acusó no solo de un supuesto trato de favor a una empresa, en la adjudicación de un PAI, sino también por la posesión de dinero en un paraíso fiscal. El senador, que ya acudió a declarar ante el juez, admitió que su esposa y su suegro poseen cuentas bancarias en Andorra.
Sin embargo, el juez apunta además que la investigación debería ampliarse a todos los concejales del anterior equipo de gobierno en Burriana que "participaron necesariamente" en los supuestos delitos urbanísticos "porque votaron a favor de la legalidad que se discute o dejaron de actuar cuando tenían la obligación de hacerlo". Pese a esta afirmación, el titular del juzgado de Vila-real no ha imputado al resto de los miembros del equipo de gobierno.
Fuentes del Tribunal Supremo indicaron ayer que el escrito ha llegado al tribunal, que ahora habrá de admitirlo ya que, tal como apunta, esta es la única institución judicial que puede procesar a Ferrada, dada su condición de aforado. En el mismo documento, el juez de Vila-real observa "indicios de criminalidad" en el senador imputado.
Por su parte, el portavoz de Iniciativa pel Poble Valencià en Castellón, Carles Mulet, consideró ayer que estos "indicios de criminalidad" eran "totalmente previsibles" y demuestran "la indecente manipulación" que hace el PP de los cargos públicos. Mulet hacía así referencia al hecho de que Ferrada no siguiera como alcalde de Burriana y fuera nombrado senador territorial, cargo que aprueban las Cortes Valencianas, donde el PP tiene mayoría, con el que "le intentó blindar dándole el aforamiento de senador".
* ELPAIS.com - M. F. - Castellón - 13/06/2008
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo denuncia su precariedad
.jpg)
ABC* : Es una reclamación muy habitual en las memorias anuales de fiscalías y tribunales, pero en este caso la denuncia por la escasez de medios personales y materiales parece más justificada que nunca. La institución afectada es la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que, pese a su reciente creación (funciona desde hace dos años) y a encontrarse aún en pleno desarrollo, soporta una enorme carga de trabajo.
La responsabilidad en la dotación de medios corresponde tanto al Estado como a las Comunidades autónomas, según la fiscalía pertenezca a un territorio con las competencias en materia de justicia transferidas o no. El compromiso asumido en esta materia «simplemente no se lleva a cabo», asegura la Memoria de 2007; y en muchos casos, añade, se «interpreta como una simple discrecionalidad lo que verdaderamente es una obligación».
Las carencias que sufren los fiscales dedicados a esta materia -que en muchos casos se suplen «a base de trabajo extra y vocación»- contrastan con la prioridad que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha querido dar a la lucha contra el fraude urbanístico y a la política de medio ambiente con la reciente creación de un ministerio específico. «Si eso es realmente así, que se vea con presupuesto», reclaman fuentes fiscales.
Los delitos competencia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo -todos los derivados de la ordenación urbanística así como los de medio ambiente en sentido amplio (vertidos, incendios etcétera)- requieren especialización. De ahí que se reclame también la creación de juzgados específicos.
Una dificultad añadida para la persecución de estos delitos, según denuncia la Memoria, es la responsabilidad penal en la que en numerosas ocasiones incurren las administraciones autonómicas y locales, lo que hace de ellas un enemigo de los fiscales más que entidades colaboradoras.
A continuación, reproducimos por su interés varias denuncias de distintas fiscalías contenidas en la Memoria:
Baleares. «La situación de Baleares se hace especialmente complicada, en cuanto a medios personales y materiales se refiere, sobre todo considerando la complejidad de los asuntos urbanísticos delictivos descubiertos en las Islas y habida cuenta de que aún a pesar de la enorme carga adicional de trabajo, los limitados medios y el único funcionario disponible se mantienen inalterablemente».
Ávila. «Ha solicitado no solamente más personal auxiliar sino también más fiscales (...), sin que hasta el momento se haya dado respuesta alguna a su petición». La solicitud se basa en el «volumen de trabajo que se está produciendo en temas de medio ambiente, partiendo de la base de la riqueza natural de su entorno y la importante lista de graves agresiones que contra el mismo se han producido en su ámbito territorial».
Bilbao. Su Fiscalía se ha tomado la justicia por su mano y «ha empezado a recurrir a la colaboración de fiscales no especialistas como forma de afrontar la carga de trabajo».
Huelva. Además de un programa informático específico, esta Fiscalía critica «la ausencia de una adecuada conexión informática con los cuerpos policiales y los juzgados», carencia que dificulta más el trabajo.
Tenerife. Los fiscales de esta Isla van más allá y denuncian «que el sistema informático autonómico, conocido como «Atlante», no es tan siquiera compatible con los sistemas informáticos de la Fiscalía General del Estado».
Las Palmas. La falta de una adecuada conexión con los órganos judiciales crea situaciones tan surrealistas como que haya asuntos en tramitación «desde hace años en los juzgados sin que se tenga constancia fehaciente de los mismos por no haber pasado nunca por nuestras dependencias». Bilbao incide en el mismo problema: «No resulta sorprendente la recepción de causas de considerable volumen que llevaban años tramitándose sin el conocimiento del fiscal».
Castellón. La carencia de medios informáticos obligó a los fiscales de esta zona a «efectuar un «barrido» en todos los juzgados de la provincia con el objeto de intentar conseguir los datos más fidedignos posibles sobre las causas ambientales en tramitación».
Teruel. La situación de esta Fiscalía es sangrante. No sólo reclama un programa informático específico, «sino otros instrumentos más básicos tales como un ordenador portátil que permita reproducir los atestados e inspecciones oculares que se reciben en DVDs y CDs,vídeos o similares que, hoy por hoy, ni siquiera pueden ser visionados por el fiscal ni ser proyectados en actos judiciales». Teruel también reclama una cuenta de correo electrónico.
Mención a parte merece la nula disposición por parte de los fiscales de personal técnico y peritos imparciales para su asesoramiento, un hecho que fuentes consultadas por ABC califican de «muy grave». De nuevo se trata de una competencia que las administraciones eluden sin más. Baleares explica cómo «en ocasiones la administración manifiesta simplemente que carece de presupuesto para atender a las periciales interesadas por el Ministerio Público».
La raíz del problema, sin embargo, es otra. Tarragona lo pone de manifiesto: «En materia de contaminación siempre se topa con el problema de que el perito que puede fundar la acusación, si hay alguno, es el de la administración que ha autorizado la instalación o vertido o bien que no los ha inspeccionado suficientemente. Los dictámenes de los peritos con los que puede contar el fiscal suelen ser flojos, salvo que el tema haya saltado profusamente a la opinión pública (...) En este orden de cosas, se hace difícil llevar adelante una acusación (...) Sería muy interesante poder contar con perito objetivo que dependiera de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente».
León. «Los informes de la administración pública no se pueden tener como válidos y fehacientes pues, en la mayoría de los casos, son contradictorios, dependiendo del departamento que los mande, y en otros se ha llegado a la conclusión de que los mismos eran parciales, por lo que se han abierto causas contra sus autores por presuntos delitos de cohecho o prevaricación».
En la misma línea, Burgos y Asturias insisten en la necesidad de contar con peritos imparciales «debido a la frecuencia de supuestos en los que está involucrada la propia administración».
* ABC - NIEVES COLLI. MADRID - 12 de junio de 2008
Foto: Atascos y contaminación Madrid - Uly Martín (El País)
