LEONOTICIAS/León* : Los vecinos de Puente Castro llevan sus protestas a la calle. Lo hacen impulsados por la asociación de vecinos 'Aljama' que ya ha enviado información puntual "a todos los vecinos sobre los planteamientos y 'proyectos estrella' sobre la ubicación y construcción de entre 100 y 150 viviendas para personas en riesgo de exclusión social en terrenos dotacionales para equipamientos de las necesidades vecinales".
La Asociación denuncia "los incumplimientos que el Ayuntamiento de León" en cuestiones como el desarrollo "del polideportivo y centro cívico anunciado" y "ofertado por el PSOE y que ahora dicen no construirán, a pesar de que el presupuesto no saldrá integramente de las arcas municipales, sino que forma parte de la dotación y equipación del otro nuevo poligono tambien en construcción".
Los jovenes de Puente Castro han comenzado sus reivindicaciones y protestas con las pintadas aparecidas en las proximidades de la parcela dotacional del polígono de Santo Tomás o Puente Castro Sur.
"No se descarta que en pocos dias comienzen otro tipo de protestas de Puente Castro ante esta forma de entender a 'su manera' lo que quieren los vecinos, sin tener en cuenta las peticiones y necesidades de este barrio que siempre esta en desventaja sin nada digno para las necesidades de sus habitantes y ofreciendo servicios que no dan ni quieren dar el resto de barrios: cementerio, crematorio, área deportiva", asegura Aljama en una nota pública.
* Leonoticias - 5.11.2008
Foto: Una de las pintadas realizadas como protesta en el barrio de Puente Castro - leonoticias.com
Los vecinos de Puente Castro llevan sus protestas a la calle
Los Juzgados suspenden las obras de otras 105 viviendas en el Plan Parcial Playa Blanca
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DIARIODELANZAROTE* : Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo nº1 y 3 de Las Palmas han dictado dos recientes resoluciones, de 22 de octubre y 4 de noviembre, mediante las que acuerdan suspender con carácter inmediato las obras de construcción de un total de 105 viviendas que se venían realizando en varias parcelas del Plan Parcial Playa Blanca.
La Justicia ha decidido dejar sin efecto las licencias que el Ayuntamiento de Yaiza concedió el 3 de noviembre de 2006 a la empresa “Prolar Inversión Tenerife” para la construcción de un complejo de 37 bungalós en la parcela R-9ª de dicho Plan Parcial, así como la licencia que el mismo Ayuntamiento también concedió el 29 de mayo de 2006 a la empresa “Playa Blanca 6” para la construcción de otros 68 chalets en la parcela R-14A y B del mismo Plan Parcial.
Los Tribunales también han ordenado que se comunique al Registro de la Propiedad la existencia del recurso contra las licencias que autorizaron las obras y la paralización de los trabajos de construcción que ha sido acordada por los Juzgados a la vista de los motivos expuestos en los recursos que han sido formulados por el Cabildo de Lanzarote contra el desarrollo de este Plan Parcial, que la primera corporación insular considera extinguido e ineficaz desde el año 2001.
Doce órdenes de suspensión
Con estas dos nuevas resoluciones judiciales, el número de suspensiones de obras que ha acordado la Justicia en esta urbanización del sur de Lanzarote asciende a un total de 12, todas ellas favorables al Cabildo de Lanzarote.
Asimismo, el número de viviendas cuyas licencias de obras han sido suspendidas por los Juzgados en el Plan Parcial Playa Blanca asciende a un total de 468, de las cuales algo más de 200 están terminadas, otras 150 se encuentran iniciadas y el resto no han iniciado obras al haberse decretado la suspensión de la licencia antes del comienzo de los trabajos.
En este último caso, las obras de los 37 bungalós que han sido paralizados en la parcela R-9 se encuentran en fase de estructura, mientras que de los 68 chales de la parcela R-14, una parte se encuentra en estructura y otra en un grado de ejecución más avanzada.
* Diario de Lanzarote - ACN - 14.11.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa_blanca - diariodelanzarote.com
Las ciudades Patrimonio de la Humanidad no cumplen la normativa, según ICOMOS
TERRA* : Antonio Campesino, vicepresidente de la sección española de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Patrimonio de la Humanidad), ha criticado hoy la gestión urbanística de las ciudades españolas así catalogadas por la Unesco, que 'salvo un par de ejemplos' no cumplen 'la normativa exigible'.
En Salamanca, donde participa en un simposio de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Campesino ha comentado a los periodistas que esas ciudades 'tienen graves problemas para mantener los criterios por los que entraron en el patrimonio mundial, de forma voluntaria y graciosa, pero que exige el cumplimiento con la convención, con las directrices', ha subrayado.
Ha denunciado 'verdaderas atrocidades que se han cometido y siguen cometiéndose' y ha puesto como ejemplo proyectos de Salamanca, Ávila, Cáceres o La Laguna (Tenerife), entre otros.
'Queremos entrar en el grupo de Ciudades Patrimonio por lo que esto representa, pero luego no admitimos las normas y exigencias', y 'hay que cumplir la letra grande, pero también la chica', ha advertido el vicepresidente de ICOMOS.
El principal problema de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, según Campesino, es que no cuentan con verdaderos planes urbanísticos especiales adaptados a las características de su entorno, por lo que ha considerado de 'vital importancia' el desarrollo de esta normativa en todas ellas.
Aprovechando su estancia en Salamanca, ha denunciado el proyecto municipal de construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de Los Bandos, en el centro histórico, así como la demolición del Gran Hotel 'que no comprendo como no tenía la declaración de Bien de Interés Cultural, a escasos diez metros de la Plaza Mayor, aunque antes no valía y ahora se paga a 6.000 euros el metro cuadrado'.
En cuanto a Ávila, ha calificado de 'aberración' la remodelación firmada por el arquitecto Rafael Moneo de la Plaza del Mercado Grande, 'pero ya está hecho, no hemos podido evitarlo, por lo que ahora tendremos que prevenir otras barbaridades', ha subrayado.
También se ha referido a los 'atropellos' que se pretenden cometer en Cáceres, algunos de los cuales 'hemos conseguido pararlos, aunque tenemos ahora una pelea con la ubicación del futuro centro comercial de El Corte Inglés', ha dicho.
En opinión del vicepresidente de ICOMOS, en vez de adaptar los nuevos proyectos de construcción a los planes especiales, 'se hace al revés y se modifican a capricho del poeta', algo que en su opinión es 'inadmisible'.
Como ejemplo de buena gestión patrimonial, ha expuesto el caso de Santiago de Compostela, donde en apenas diez años, 'desde el Jacobeo de 1994 y hasta la Capitalidad' se ha conseguido 'aunar desarrollo urbanístico, turístico y protección del casco histórico'.
Campesino ha culpado de parte de esta situación a la Secretaría técnica del Comité de Patrimonio Mundial, sobre la que ha dicho que 'acuden los alcaldes para llorar, les dan una palmada y se saltan así los informes de ICOMOS'.
Esta situación ha sido ya denunciada por esta entidad ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Patrimonio de la Humanidad.
* Terra Actualidad - EFE - 14.11.2008
Foto: Ávila, plaza Sta. Teresa (mercado grande) con edificio Moneo - flickr.com
La policía interviene otras 500 obras de arte en la 'operación Malaya
ELPAÍS* : La enmarañada madeja se torna más transparente. Dos años y medio después, los investigadores del caso Malaya prosiguen descubriendo bienes vinculados a la red de corrupción desarticulada en Marbella. Esta semana ha sido el turno del arte, y entre Córdoba y Marbella los agentes han intervenido al menos 917 piezas de orden del juez, Óscar Pérez, y que los expertos en arte consideran obras verdaderas.
Entre ellas, cuadros de gran valor atribuidos a pintores cotizados como Sorolla, Tapies, Dalí o Miró, y cuya propiedad la policía atribuye a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Los investigadores sospechan que tras estas obras se oculta el ex asesor de Urbanismo. "Roca se ha valido de estas personas para la adquisición de obras de arte a diferentes proveedores, utilizada para blanquear fondos", detallaba el auto de procesamiento del caso.
La primera colección se localizó en varias naves de Córdoba del empresario Rafael Gómez, Sandokán, donde se ocultaban 410 obras. El segundo registro se practicó en la sede marbellí de la empresa CCF21, sociedad administrada por Sánchez. La suma de las piezas incluía 200 cuadros, 300 litografías, siete grandes esculturas de bronce y una colección de figuras de arte africano. Finalmente, los agentes registraron y embargaron una lujosa finca en Alhama de Granada, valorada en más de 15 millones, con antigüedades y un picadero con 58 caballos.
Los nuevos registros están motivados por un posible delito de alzamiento de bienes por parte del empresario granadino Carlos Sánchez. En la voluminosa causa, el promotor está acusado de cohecho por abonar 5,3 millones de euros a Juan Antonio Roca en comisiones ilegales por cinco operaciones urbanísticas, según subrayó el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres. Ahora, las investigaciones policiales "ofrecen claros indicios" de que el promotor trasladó 410 obras de arte desde Marbella hasta Córdoba, "estando preparándose su posible venta", según un auto del juez instructor, Óscar Pérez, difundido ayer por Efe.
El juez recuerda que ni Sánchez ni Liétor han abonado su fianza por responsabilidad civil, que asciende a 20 millones de euros cada uno. Además, el magistrado instructor justifica el registro de la finca granadina dadas "las relaciones" de Sánchez con el ex asesor urbanístico. El auto de procesamiento no alberga dudas al respecto, cuando detalla la composición de la sociedad Mediterránea de Inmuebles, una de las 44 sociedades en las que invirtió el ex asesor: "Roca era el socio oculto de esta sociedad junto a Carlos Sánchez y Andrés Liétor, habiéndose localizado varias escrituras originales relativas a esta sociedad".
De momento, al estar los implicados ya imputados, la policía no ha detenido esta semana a ningún protagonista. Durante los próximos días los implicados declararán previsiblemente ante el juez para revelar la procedencia de las obras intervenidas. Si finalmente la policía acredita que la compra de estas obras se produjo gracias a los fondos ilícitos obtenidos por Roca gracias a convenios urbanísticos ilegales, el destino del dinero invertido en colecciones artísticas superará las 1.300 obras intervenidas por la policía.
Sánchez reconoció ayer que "todas las obras intervenidas esta semana" son de su propiedad, y explicó que se las había cedido a su "amigo" Rafael Gómez, conocido como Sandokán. "Las necesitaba Rafael para hacer frente a un pago, por si a Hacienda les interesaba. Es una sencilla operación mercantil", explicó sorprendido. Fuentes de la empresa Arenal 2000, propiedad del empresario cordobés Rafael Gómez, confirmaron dicha versión. Sánchez rechazó las múltiples acusaciones vertidas en su contra y afirmó que la policía "ha engañado miserablemente al juez". "Sólo administro las obras para una sociedad. Roca no tiene nada que ver conmigo. Yo soy coleccionista antes de que Roca supiera lo que es un calendario", afirmó.
La investigación concede a Sánchez un papel protagonista en los beneficios procedentes del saqueo producido en Marbella, y junto a Roca también figura en el auto de procesamiento como socio del constructor José Ávila Rojas, con quien comparte negocios en Granada y la República Dominicana. La finca embargada ayer al empresario granadino Sánchez le fue vendida el pasado febrero por una empresa representada por Andrés Liétor por 10,7 millones de euros. Liétor y Sánchez son a su vez socios.
En el interior de la lujosa propiedad, valorada en 15 millones de euros, de sus paredes colgaban obras de arte religioso y en sus salones había antigüedades. La finca cuenta con un museo que posee colecciones de máquinas de coser antiguas, aperos de labor y diversos objetos catalogados como antigüedades. Además, en sus dependencias se encuentran numerosas obras de arte cuyo valor ayer la policía no detalló. Además, la finca dispone de una capilla que contiene obras de arte religioso, un gimnasio, salón de juegos y una biblioteca. Al igual que la finca donde Roca disfrutaba en Jimena de la Frontera (Cádiz), esta casa de campo también contaba con un picadero con 58 caballos, cuyo cuidado pasará a partir de ahora previsiblemente a un administrador judicial que vigile su mantenimiento.
Dos años y medio después, los investigadores continúan descubriendo nuevas conexiones que permitieron blanquear el ingente patrimonio fruto del urbanismo desmedido marbellí.
Bienes intervenidos
- 410 obras de arte de autores como Sorolla, Tàpies, Dalí y Miró, localizadas en Córdoba.
- 200 cuadros, 300 litografías, 7 esculturas de bronce de gran tamaño y una colección de arte africano intervenidos en Marbella.
- Embargada una finca de lujo en Granada con un picadero de 58 caballos, antigüedades, gimnasio y una capilla con obras de arte.
* ELPAIS.com - J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 14/11/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
Fiscalía pide 21 meses de prisión para el ex alcalde de Cambil por un delito de prevaricación
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EUROPAPRESS/Jaén* : El ministerio fiscal solicita una pena de un año y nueve meses de prisión para el ex alcalde socialista de Cambil (Jaén) Agustín Cubillo al que considera responsable de un delito continuado de prevaricación por conceder una licencia para unas obras "ilegales" pese a que, además, había un informe desfavorable.
El fiscal también solicita que Cubillo sea penado con una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años. Además, en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, acusa a otras nueve personas en una trama de delitos contra la ordenación del territorio.
En concreto, el ministerio público relata que a comienzos del año 2006 el acusado Roberto D.L. promovió la construcción de una casa unifamiliar en una zona de Cambil cuyo suelo está clasificado como no urbanizable. Los constructores fueron los también acusados Manuel L.L.; Diego M.M. y Francisco M.M., todos profesionales de la construcción y "plenos conocedores de la situación urbanística". La dirección técnica de este proyecto recayó en el aparejador acusado José Francisco L.S. y el arquitecto Jesús S.F.
Además, recoge que, un año antes, el acusado Francisco A.R. promovió la construcción de otra casa unifamiliar en otro paraje también clasificado como suelo no urbanizable. El constructor fue el procesado Antonio O.L. y la dirección técnica correspondió a Sebastián R.J. Sobre esta construcción "ilegal" se da la circunstancia de que el promotor solicitó licencia al Ayuntamiento adjuntando un proyecto técnico del acusado Sebastián R.J.
"En este proyecto de vivienda unifamiliar, deliberadamente y en connivencia con el promotor, se ubicó la obra a realizar en suelo urbano cuando en realidad se estaba construyendo en suelo no urbanizable", especifica el fiscal, quien agrega que, "pese a este engaño, no lograron que el aparejador se confunda".
En este punto, entra en acción la intervención del entonces alcalde de Cambil quien, "con frío conocimiento del informe anterior, deliberadamente y prescindiendo del informe jurídico del secretario concedió licencia por decreto", según el fiscal. Meses después, Cubillo "prescindiendo de informes técnico y jurídico emitió acto administrativo favorable a la concesión de la licencia de primera ocupación" pese a ser "conocedor de la situación ilegal" de la finca en cuestión.
Para el ministerio fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del que considera responsable al ex alcalde de Cambil Agustín Cubillo y le pide esos 21 meses de prisión más diez años de inhabilitación para cargo y empleo público, y sendos delitos contra la ordenación del territorio que achaca a los otros nueve procesados, por lo que reclama que sean condenados cada uno de ellos a ocho meses de prisión, el pago de una multa de 10.800 euros e inhabilitación especial para profesión por un tiempo de ocho meses.
En concepto de responsabilidad civil, solicita que se proceda a la demolición de lo construido a cargo de los procesados, salvo Agustín Cubillo, "como único modo de restaurar la legalidad urbanística alterada".
Para concluir, el fiscal también especifica la petición de que se deduzca testimonio toda vez que del último certificado emitido por el arquitecto acusado Sebastián R.J. y usado por el también acusado Francisco A.R. puede deducirse la existencia de un delito de falsedad.
* Europa Press - 13.11.2008
Foto: Cambil (Jaén) - geocities.com
Ante la actuación de la Fiscalía
VICENT ÁLVAREZ* : Las recientes actuaciones de la Fiscalía sobre posibles delitos urbanísticos, como las que se han practicada en la Vega Baja, abren nuevas posibilidades y, por lo menos, constituyen un factor de disuasión de cara al futuro inmediato. Nuestro Código Penal, en su reforma de hace diez años, dedicó un capítulo a los llamados delitos contra la ordenación del territorio y la protección del patrimonio y del medio ambiente.
En 21 artículos se tipificaban y penalizan conductas que podían ser lesivas -o sea, negativas- para los intereses sociales, en los ámbitos urbanístico, patrimonial y del medio ambiente. Estas conductas condenables pueden venir de la mano de promotores, técnicos y autoridades.
Tras la reforma penal, vinieron tiempos de resignación y falta de eficacia, ya que las altas instancias no estaban por la labor. Por eso, las primeras expectativas se vieron defraudadas tanto por la falta de medios como por la falta de interés por parte de la anterior Fiscalía del Estado. Los cambios que se han venido operando en los últimos dos o tres años nos permiten recuperar un poco de optimismo.
Se dirá que la vía penal es complicada y de inciertos resultados, o que vale para casos demasiado evidentes y extremos. Con todos los matrices que se quiera, la vía penal constituye un factor de disuasión muy importante, junto con el reparador o sancionador. Si nuestra sociedad tuviera el grado de sensibilidad deseable, en cuanto a lo que representa el territorio y los valores de todo tipo que tenemos, no necesitaríamos actuaciones ejemplares de la Fiscalía.
Nuestra autonomía municipal está recogida en la Constitución. Ahora bien, una cosa es la autonomía y otra disponer de los cargos públicos, o técnicos, para permitir actuaciones de urbanización insostenibles e ilegales. La generalización de construcciones urbanas en suelo rústico, las actuaciones en zonas protegidas, los derribos, la permisibilidad en muchos casos, entre otras circunstancias, hacen más necesarias actuaciones penales, y, por tanto, el fiscal, al actuar, no hace más que cortar situaciones ya consumadas. Además, de esta forma también se disuade a hipotéticos infractores. Que miembros de las corporaciones locales, técnicos o promotores se vean imputados, y, en su caso, al final condenados, es un buen síntoma, una señal de que las impunidades están tocando a su fin, y ello por encima y con independencia de los colores políticos. Queda, también, como objetivo educativo, alcanzar un grado superior de ciudadanía, ahora que el tema está en polémica entre nosotros, en lo que afecta al respeto al paisaje, al territorio, a los valores culturales, a la diversidad y sostenibilidad medioambiental.
Mientras tanto, expresemos nuestro apoyo a la justicia, cuando actúa, como lo está haciendo, contra la corrupción o el urbanismo salvaje.
* Levante-EMV - Opinión - 12.11.2008
