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TERRA/Valladolid* : La Plataforma en contra del trazado de la línea de alta tensión Tordesillas-Segovia que proyecta Red Eléctrica Española (REE) y que afectaría a la localidad vallisoletana de La Seca se concentrará hoy, jueves día 31 de enero, a las puertas de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para mostrar su repulsa por este proyecto.
Esta fue la principal conclusión de la asamblea celebrada el pasado miércoles 23 de enero en el Ayuntamiento de La Seca en la que los afectados decidieron llevar a cabo esta concentración el próximo jueves frente al Colegio de La Asunción de Valladolid, sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Asimismo y según informaron a Europa Press fuentes de la Plataforma en contra del trazado de esta línea de alta tensión, en la mañana del 24 el portavoz de este colectivo, Teodoro Recio, remitió un burofax al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el que exponen los motivos de esta concentración y en el que exigen que les conceda la entrevista que llevan meses solicitando 'y que usted otras tantas veces nos ha negado, incumpliendo una de las dos máximas que usted proclamó en su discurso de investidura, el diálogo'.
'Puede tener la seguridad de que no nos mueve más interés que la defensa del futuro del pueblo, que no es otro que mantener intacto nuestro medio de vida que es el viñedo, y sobre todo la protección de nuestra salud y la de nuestros hijos', aseguró Teodoro Recio en este escrito, en el que advierte del 'perjuicio' que supondrá esta línea de alta tensión para los ciudadanos de La Seca, 'así como a nuestro viñedo, única fuente económica del pueblo y acogida a una denominación que está considerada actualmente como la número uno en España en cuanto a vinos blancos se refiere, y lo demuestran los asentamientos que se están produciendo de bodegas procedentes de Ribera de Duero'.
En este escrito, Teodoro Recio recuerda a Juan Vicente Herrera que hasta la fecha nadie les ha prestado la atención merecido, aunque asegura contar con los apoyos de los ayuntamientos de La Seca, Serrada, Rueda, Medina del Campo, Íscar, Olmedo, Asociación de Hosteleros de Valladolid, Asebru y el Consejo Regulador de la DO Rueda, así como UCCL y Asaja y 'un largo etc' de personalidades entre los que se encuentra su paisano, el ex futbolista Eusebio Sacristán.
* Terra Actualidad - Europa Press - 31/01/2008
Foto: La Seca (Valladolid), ayuntamiento - pueblos-espana.org
La plataforma contra la línea de alta tensión Tordesillas-Segovia se concentrará hoy en la sede de la Junta
Los vecinos de Parcent protestan contra los PAI al cumplirse dos años de su aprobación
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LEVANTE/Alacant* : La historia más reciente de Parcent tiene un antes y un después del pasado 31 de enero de 2006. Ese día, el PP aprobó tres PAIs que contemplaban la construcción de 1.800 casas en este pequeño y precioso municipio del interior de la Marina Alta. A pesar de la lluvia de aquella jornada y del intenso frío, casi todo el pueblo salió a la calle protestando con paraguas en mano contra esa aprobación.
Ayer, los vecinos volvieron a concentrarse aunque muchas cosas han cambiado desde entonces: nació "Veïns de Parcent" y se sucedieron las reprimendas del Síndic de Greuges, la del Defensor del Pueblo, la de Europa, la "Doctrina Parcent" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el vuelco municipal después de las elecciones o recientemente el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La concentración de ayer fue distinta, menos tensa, pero se repitieron algunos símbolos como el del paraguas para pedir de manera pacífica pero contundente que "se nos respete, que somos un pueblo que sabe lo que quiere y que no cejará en su empeño hasta conseguirlo".
El alcalde de la localidad, Màximo Revilla, -de la Coalición Democrática de Parcent- recordó en su intervención ante los vecinos que aquellos tres proyectos del Replà, la Solana y el Cantalar suponían "la destrucción de la mayor parte de montaña que rodea al pueblo, la destrucción de un estilo de vida, la destrucción del Derecho de un pueblo a decidir su futuro, la destrucción de unas zonas con un importante valor ecológico y paisajístico y la defenestración de uno de los símbolos más importantes de nuestro pueblo: la montaña del Carrascal".
Además Revilla recordó que el camino no había sido fácil ya que "hemos oído como nos despreciaban diciendo que eramos cuatro gatos, que eramos hormiga" y sacó pecho al repasar la mayoría de instancias que "nos han dado la razón". Por su parte, Veïns de Parcent arremetió contra la "aprobación con nocturnidad y alevosía de los planes urbanísticos ya que se aprobó con informes en contra, con falta de otros que daba ventaja a los promotores en vez de garantías a los ciudadanos".
También recordaron el voto "ilegal del concejal de urbanismo que tenía a su hermano implicado en uno de los PAI" y con una ley a le que le faltaba un día para expirar y ser sustituida "por otra menos mala", lo que suponía de nuevo "pisotear el interés general". Parcent salió ayer de nuevo a la calle para decir que no quiere dejar de ser un pueblo y para preguntar al conseller qué más necesita para anular los programas.
* Levante-EMV - César Monzonís, Parcent - 31 de enero de 2008
Foto: Parcent (Alicante), manifestación - diarioinformacion.com
El POM de Illescas fomenta un modelo de ciudad insostenible
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Toledo.- Ecologistas en Acción de La Sagra* ha presentado Alegaciones al proyecto del Plan de Ordenación Municipal de Illescas porque considera que el modelo que propone se aleja rotundamente de lo que debería ser una ciudad con criterios de sostenibilidad.
La organización ecologista de La Sagra considera que el Ayuntamiento de Illescas realiza una campaña de promoción y de “venta” del Plan falseando la realidad y utilizando indebidamente conceptos como “calidad ambiental”, “sostenibilidad y equilibrio”, “corredores verdes”, “protección de valores naturales”..., con la intención de engañar a la población.
En realidad, el POM de Illescas plantea una ciudad de más de 150.000 habitantes (ahora tiene unos 18.000) diezmando e hipotecando el territorio del término municipal el cual estaría urbanizado en más del 70%. Ello supone, como es obvio para cualquier ciudadano que conozca desarrollos urbanísticos de este calibre, hacer de Illescas una ciudad dormitorio, más contaminada desde el punto de vista atmosférico, acústico y paisajístico, más incómoda, más consumidora de energía, masificada y desequilibrada respecto a las proporciones de las zonas urbana y rústica.
El POM, además, no respeta una zona arqueológica visigoda del siglo V de gran valor en Boadilla de Arriba y pretende dar cobertura al Convenio ilegal que el Ayuntamiento firmó con 4 promotoras para construir 20.000 viviendas a cambio del soterramiento de la vía del tren.
Pero lo que más nos preocupa, como destacamos en las Alegaciones, es la procedencia del agua que deberá abastecer a la ciudad y el daño medioambiental que ocasionará a los espacios naturales, arboledas, arroyos y vías pecuarias.
La cuestión del agua es muy grave porque el estudio realizado indica claramente que no está garantizada. Los redactores del POM intentan justificar lo injustificable, es decir, intentan sacar agua de donde no la hay (Picadas, Almoguera) utilizando trucos para que los cálculos les cuadren. Es un tremendo agujero del POM que ya por sí sólo lo descalifica.
Los daños medioambientales serán cuantiosos: se talarán olivares (ya se han talado por la carretera de Ugena o la ruta Quijote que va por el Camino de Yeles de manera indiscriminada), se invadirán arroyos y vías pecuarias y se recortará la zona de especial protección para aves esteparias como la avutarda y el sisón y otras especies como el cernícalo primilla o aguilucho cenizo. La zona este del término desde la A-42 aparece en el propio informe de sostenibilidad del POM como hábitat de aves esteparias (IBA y “lek”) aconsejando su protección, sin embargo, la mitad de esta zona ahora se considera urbanizable.
Los olivares, las verdaderas arboledas de La Sagra, conforman un biotopo y ecosistema de gran valor ambiental, aún considerándolos como cultivos, en donde viven y se desarrollan numerosas especies de aves y pequeños mamíferos. Además, son árboles centenarios con un importante valor histórico y antropológico. Es el paisaje de la Sagra que el POM de Illescas quiere sustituir por viviendas en la llamada zona de San Pedro y en gran parte del oeste del casco urbano actual.
Ecologistas en Acción de La Sagra exige que no se tale ni un solo olivo más, que todos los olivares del oeste y noroeste conformen un gran espacio natural que se comunique a través del Arroyo de Boadilla (el cual debe ser recuperado y protegido en todo su recorrido, al igual que el resto de arroyos, como biotopo fluvial al menos con una anchura de 200 metros) a modo de corredor ecológico con la zona al oeste de la A-42, que toda ella debe ser zona protegida para las aves y plantas gisópfilas. Asimismo, cree que la ciudad de Illescas no debe llegar en el horizonte de 2020 a más allá de 25.000 habitantes y que las dos zonas urbanas existentes no deben comunicarse a través de viviendas, sino de un gran parque.
Este tipo de desarrollo sería coherente con la existencia de carriles bici en todas las vías y carreteras que llevan a los pueblos de alrededor y con un servicio de tren de Cercanías, ya, entre Madrid y Toledo. Ésta que proponemos sí sería una ciudad sostenible, innovadora y respetuosa y generosa con los principios ambientales que el progreso coherente nos reclama. Lo que el POM de Illescas pretende es seguir construyendo más de lo mismo.
* Ecologistas en Acción Toledo - 27 de enero 2008
Foto: Illescas (Toledo) - entrepueblos.com
El Consell incumple la ley urbanística al no expropiar el suelo para construir VPO
LEVANTE/Valencia* : El suelo que se cede a cada ayuntamiento valenciano en cada plan urbanístico (el 10% del aprovechamiento) y que han acumulado en el boom urbanístico de los últimos años como Patrimonio Municipal de Suelo debería haber salido al mercado para construir vivienda de protección oficial (VPO).
Los terrenos también se deberían haber inscrito en el Registro Autonómico de Patrimonio Municipal de Suelo pero, como ayer adelantó Levante-EMV, los consistorios han pasado de esta doble obligación legal.
La Ley Urbanística Valenciana (LUV) prevé que si los ayuntamientos hacen caso omiso a los anteriores preceptos legales, la Generalitat puede expropiar este suelo para venderlo o construir ella misma las viviendas baratas. El artículo 266.5 de la LUV es taxativo. "Si un ayuntamiento no procede a enajenar en el plazo de dos años a partir de la vigencia de la presente ley, al menos el 50% de todos los bienes inmuebles que formen parte de cada patrimonio municipal de suelo, la Generalitat, a través del órgano competente, procederá a iniciar un expediente de expropiación con carácter urgente sobre la relación de bienes inmuebles inventariados en cada patrimonio municipal de suelo". La Generalitat puede, a partir de la expropiación urgente, "proceder a la construcción, de manera directa o indirecta, de viviendas de protección pública. A tal efecto emitirá certificado de incumplimiento de las obligaciones municipales".
"Es inviable"
Nada se ha hecho hasta ahora, ni se piensa a hacer respecto a la expropiación. "Expropiar es inviable", admitió la directora general de Vivienda, Maria Jesús Rodríguez. "Preferimos colaborar a expropiar", aseguró el conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, tras la última reunión con los alcaldes de la provincia de Valencia para explicarles los incentivos para construir VPO.
Entre otras medidas, la conselleria ha previsto firmar acuerdos con los ayuntamientos para ayudarles a vender ese suelo público o convertir al Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) en agente urbanizador para promover la construcción de viviendas protegidas. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aseguraron ayer que ya se han mantenido contactos con 21 municipios de toda la Comunitat Valenciana para sacar adelante estos convenios y construir las 145.000 VPO prometidas en los próximos años.
Desde el grupo parlamentario socialista en las Corts, la responsable de vivienda, Maria José Salvador, acusó ayer a la Generalitat de "falta de voluntad política" de la Generalitat de controlar sus propias leyes y fiscalizar que se cumplan para que no se conviertan en papel mojado. "¿Qué han hecho para controlar que los ayuntamientos se inscribieran en el Registro Autonómico de Suelo?", se preguntó Salvador. "Ni siquiera se han producido expropiaciones como prevé la ley. No hay voluntad de tomarse la ley en serio", por lo que anunció la presentación de preguntas parlamentarias al respecto.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 31 de enero de 2008
Foto: cita con alcaldes. El conseller García Antón en la reunión con los regidores/
jose aleixandre, levante-emv.com
Marbella: Los particulares acorralan a Muñoz al exigir el derribo de las viviendas ilegales
ELPAÍS/Málaga* : Ellos, los vecinos a los que le tapan las vistas con un muro, quienes se han quedado sin colegio o sin un parque para sus hijos por los desórdenes urbanísticos de Marbella (Málaga) también son terceros de buena fe y son capaces de hacer que se investigue judicialmente al Ayuntamiento de Marbella por no ejecutar sentencias que implican demoliciones.
Los vecinos de la urbanización Los Monteros ha conseguido que la Fiscalía de Málaga indague sobre la negativa pública del equipo de Ángeles Muñoz (PP) a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo Plan Urbanístico. Los vecinos de Los Monteros, representados por la abogada Inmaculada Gálvez, hacían notar que en la delegación de Urbanismo no se había movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolición de una parte de la casa del actor Antonio Banderas.
La apertura de la investigación ha ocasionado un gran revuelo y un cruce de acusaciones de dejación de funciones entre las administraciones local y autonómica. Mientras la alcaldesa accidental, María Francisca Caracuel explicaba calmadamente que se ha tomado esta determinación para no ocasionar "daños irreparables" a los propietarios de esas viviendas ilegales antes de ver si tienen posibilidad de regularizar su situación en el Plan General de Ordenación Urbanística, el consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, cargó las tintas comparando los comportamientos del Ayuntamiento marbellí y su alcaldesa con los de "Gil y compañía".
En Marbella hay en torno a las 40 sentencias pendientes de ejecución que declaran nulas licencias de obra. En la mayoría de estos procedimientos, que afectan a unas 1.000 viviendas ilegales, la Junta de Andalucía es la administración que denunció las irregularidades y la que solicita la ejecución de sentencia. Sin embargo, en las decisiones judiciales que se conocen, el Gobierno andaluz se ha avenido a los requerimientos del Ayuntamiento marbellí de aplazar la ejecución hasta que se apruebe el Plan General. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha puesto impedimento, dada la especial situación que atraviesa la ciudad.
La peculiaridad se da cuando, como ocurre en el caso de la urbanización Los Monteros, los denunciantes son particulares, aunque se dan muy pocos casos en la ciudad.
La asociación de vecinos Arroyo Guadalpín es uno de ellos. Desde junio están pidiendo al Ayuntamiento marbellí que ejecute una sentencia firme que anula la licencia del edificio Jardines del Príncipe porque sobrepasa la edificabilidad. Su lucha comenzó en 1.999 al ver que se estaban construyendo un edificio de seis plantas donde iban unos adosados y casas unifamiliares que en teoría no tenían por qué entorpecerles las vistas.
"Nos reunimos con la concejal, hemos solicitado una cita con la alcaldesa y con el Defensor del Pueblo andaluz, y no descartamos ir a ver al presidente del TSJA", sostiene Mercedes Vázquez, la presidenta del colectivo. El complejo, situado al inicio de la Milla de Oro marbellí, está formado por dos edificios con 81 apartamentos prácticamente terminados, pero no habitados. Los redactores del PGOU consideran que sobrepasa la edificabilidad permitida y piden que se reduzca en un 60%.
El Ministerio Público todavía tiene que resolver si acepta otra denuncia similar que Ecologistas en Acción presentó contra el Ayuntamiento en diciembre. En esta ocasión también se acusaba al equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz (PP) de supuesta prevaricación administrativa al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por las distintas corporaciones del GIL entre julio de 1991 y marzo de 2006. Después de registrar el documento en la Fiscalía de Málaga, la ONG también solicitó a la Consejería de Obras Públicas que interpusiera una querella por este comportamiento ante el juzgado que correspondiese.
La Junta no recoge el guante lanzado por los conservacionistas y opta por que sean los tribunales que dictaron la revisión de las licencias los que determinen si el Ayuntamiento acata esas resoluciones. En un escrito del pasado 9 de enero el escrito, dirigido a Ecologistas en Acción, el director de Inspección de Ordenación del Territorio, José Ortíz Mallol citó numerosa legislación y jurisprudencia que ordena al Ayuntamiento marbellí la revisión de una licencia nula.
Dos sentencias del juzgado contencioso administrativo número 5 de Málaga, de marzo y junio de 2007 ordenaron al Ayuntamiento que "sustancie por todos sus trámites el correspondiente procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho".
Adiós a la maraña societaria del GIL
El Ayuntamiento de Marbella ha decidido suprimir las dos empresas municipales que el GIL utilizaba para hacer la mayoría de las contrataciones de personal y compras de suministros cuya legalidad ha sido cuestionada en numerosas ocasiones tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Las sociedades municipales que desaparecen son Obras y Compras y la de Turismo. La medida afectará a unos 800 trabajadores que serán reubicados en otros puestos. En lugar de estas empresas se crearán otras como Vivienda y Aparcamientos, más acordes, según el equipo de Gobierno, con las necesidades de la ciudad.
La remodelación forma parte de la catalogación de puestos de trabajo que el equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz pretende llevar a pleno en marzo. Con ella, el coordinador de personal, Carlos Rubio, busca acabar con la "maraña instrumental" con la que las corporaciones del GIL terminaron "absorbiendo gran parte de los recursos municipales para intereses que no eran estrictamente los generales".
Según Rubio, la Gerencia de Obras se destinaba única y exclusivamente para la contratación de personal al margen de los procedimientos que marca la legislación, mientras que la Gerencia de Compras y contratación hacía lo mismo con la adquisición de bienes y servicios.
El equipo de Muñoz también reorganizará la delegación de Urbanismo y aunque no la convertirá en una gerencia, se dará mucha importancia a los procesos internos y organización. "El criterio técnico va a primar, de forma que tendrá un área de planeamiento y gestión y otra de disciplina con el apoyo jurídico incluido en ellas", explicó Rubio.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 31/01/2008
Foto: Marbella, bloques Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com
Especialistas del caso ´Malaya´ y ´Ballena Blanca´ rastrean pagos de Las Teresitas
LAPROVINCIA/Tenerife* : Especialistas policiales que trabajaron en la operación Malaya, que investiga una gran trama de corrupción en Marbella con el ex alcalde Julián Muñoz como imputado, y en la operación Ballena Blanca, lo que hasta ahora es considerado el mayor golpe policial contra el blanqueo de capitales en España, indagan desde hace meses en los movimientos de dinero que se han generado en torno a la operación de Las Teresitas.
Incluso, el jefe de grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera y otros dos inspectores residen desde hace más de seis meses en Santa Cruz de Tenerife para dedicarse en exclusiva a la laboriosa investigación del pelotazo de Las Teresitas.
En total, unos veinte especialistas en delincuencia económica trabajan diariamente en el caso. Nueve de ellos pertenecen a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, otros cuatro especialistas rastrean movimientos financieros desde Madrid, concretamente desde la Brigada Central de Blanqueo de Capitales, y otras dos personas pertenecen a la Agencia Tributaria. Es, sin duda, un despliegue policial de enorme calado, y fuentes próximas a la investigación sitúan la operación de Las Teresitas en el entorno de los grandes casos de corrupción que se han dado en este país.
De los agentes desplazados desde Madrid y que en la actualidad residen en Santa Cruz de Tenerife se conoce que han sido piezas importantes en las operaciones Malaya y Ballena Blanca, esta última dirigida por el juez Baltasar Garzón y en la que está implicado el narcotraficante Rafael Bornia Bordón, relacionado con la investigación que se realiza en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín.
Ballena Blanca es un complejo entramado financiero de sociedades interpuestas creadas exclusivamente para el blanqueo de capitales, básicamente con dinero procedente del tráfico de drogas. A su vez, la operación Malaya es otro de los casos más sonados a nivel nacional, radicado en Marbella y que mantiene a una treintena de imputados en prisión, entre ellos el cabecilla, José Antonio Roca, y el ex alcalde Julián Muñoz.
LA PARTE SECRETA. Según los datos a los que ha podido tener acceso este periódico, la parte del sumario que aún se encuentra secreta podrían triplicar en número de folios a los datos desclasificados la pasada semana por la magistrada instructora, Carla Bellini. Es, sin duda, la parte importante de la investigación, la que está encaminada a investigar en los pagos de presuntas comisiones ilegales y los movimientos de dinero que se han podido hacer.
En ese punto, los especialistas policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) rastrean posibles movimientos en paraísos fiscales, para lo cual se han llevado a cabo diferentes comisiones rogatorias a través del Ministerio de Justicia. Incluso, fuentes próximas a la investigación apuntan a que alguna de estas comisiones rogatorias va encaminada a tomar declaración a personas que pudieran ser titulares de cuentas o empresas presuntamente vinculadas a alguno de los imputados, esto es, personas que pudieran actuar como testaferros. Por descontado, el rastreo patrimonial al alcalde Miguel Zerolo es profundo.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 30 de enero de 2008
Foto: Vista general de la playa de Las Teresitas desde los terrenos objeto de la polémica. LA PROVINCIA/DLP
Tomiño: Promotoras y constructores acusan el ´efecto dominó´ del caso Marbar
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FARODEVIGO* : El efecto "dominó" tras la debacle del grupo constructor Marbar, con sede en Santa María de Tebra (Tomiño), a nueve días de la desaparición de su gerente Manuel Martínez Barros y del cese de actividad de la factoría con 56 trabajadores en paro, ha originado efectos colaterales para promotores y constructores de Tomiño que, según han explicado, "tenemos la sensación de pánico que va en aumento, padecemos la presión de acreedores y, a su vez, los compradores nos apremian para que entreguemos los pisos, o nos dan largas a la hora de firmar el precontrato y entregar dinero a cuenta", explican.
Daniel Castiñeira, gerente de la firma constructora Castiñeira Álvarez, con 38 trabajadores, afirma que el caso Marbar influye en el sector: "¿A quién se le vende ahora un piso antes de acabarlo?, ¿quién da dinero para un precontrato, después de lo que ha pasado, cuando trabajar con Martínez Barros era un aval?", se preguntaba ayer el empresario. Una semana de parón, sin venta alguna de pisos, ha sido el efecto inmediato para los promotores. La sensación de pánico, señala, se podría combatir "si a corto plazo se ve movimiento en la banca, con confianza en los promotores, porque si no hay dinero para eso, el paro es inminente", augura. De hecho conoce la existencia de varias obras paradas en Tomiño y en Goián, debido a ese problema.
V.D.R., directivo de otra empresa tomiñesa con 21 trabajadores, se expresaba en términos muy similares. Añadía, en su caso, la existencia de proveedores suyos, que también lo son de Marbar y que "necesitan cobrar porque la deuda que tienen con esa firma es grande". Hay psicosis "entre los propietarios de pisos de edificios por entregar. Preguntan por su vivienda y la sensación de inseguridad de masca". Cree que se debe dejar pasar el tiempo para que la situación se normalice dentro de lo posible, pues "hay crisis".
"El caso de Marbar a nosotros nos duele anímicamente", describía el directivo de otra firma del ramo que construye viviendas unifamiliares por encargo. Percibe "la incertidumbre en los clientes, con miedo a construir casas, lo que nos deja en una situación complicada y nos meten en el mismo saco [que Marbar]" . A todo ello suma que "los bancos no están muy dispuestos a conceder hipotecas". Sitúa el punto álgido de la crisis en el momento en que "las empresas tengan que renovar su financiación en las entidades bancarias".
El directivo de otra firma, describía la desmoralización que supone para ellos lo ocurrido con Marbar "al ver lo que ha pasado a una empresa tan fuerte, y nosotros, que nos vemos muy pequeños a su lado".
"Los bancos no dan facilidades", cuenta T. S. M., directiva de una empresa con tres trabajadores que construye por encargo viviendas unifamiliares. No le extraña esta reacción, aunque le parece que todo contribuye a crear esa "sensación de pánico".
F.C.R. directivo de una promotora, con 32 trabajadores, calificaba la situación de "muy complicada". Cuenta que "ahora las empresas no aceptan pagarés y para conceder avales, hay selección". Pone como ejemplo a un pequeño promotor que desea construir dos viviendas en terreno propio y al que ningún banco le financia la obra. En la zona hay empresas que han comenzado a recortar plantilla "nosotros, en marzo, pasaremos a 22 trabajadores.
La recesión del negocio es evidente, no solo en Tomiño, sino ya en el Baixo Miño y en O Porriño, dice. El "efecto dominó por el caso Marbar, ha empezado", confirma. La salida que prevé es trabajar fuera de España, a través de una unión temporal de empresas (UTE), en Brasil o Cabo Verde.
* Faro de Vigo - EVA GONZÁLEZ / TOMIÑO - 30 de enero de 2008
Foto: Trabajadores de Marbar en manifestación. / MARCOS CANOSA, farodevigo.es
El silencio de los 'teresitos'
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ* : Desde hace ahora una semana el caso de Las Teresitas se ha puesto al día con el levantamiento del secreto del sumario de una parte del documento. En el pomo de estos 20.000 folios de más estricto culebrón aparece el esqueleto de una ingeniería financiera que de haber sido aplicada en el beneficio de los administrados previsiblemente Canarias estaría ahora en la vanguardia de la macroeconomía, y hasta vendrían los del Fondo Monetario Internacional para conocer las ingeniosas formas de provocar un tsunami económico con cuatro olas y tres callaos.
Pero, independientemente del presunto cambalache en sí, y aún imaginando mucho mucho que el contenido de estas pesquisas de la fiscal y la policía tuviesen la misma inconsistencia que el peito del pájaro apupú, el acontecimiento ha revelado un problema casi aún más grave si cabe que el supuesto atraco a las arcas públicas, en un verdadero trasunto que deja la articulación de la sociedad tinerfeña, y desde aquí un afectuoso saludo, a las postrimerías del XVIII cuando las primeras publicaciones contrarias al criterio del poder establecido eran castigadas con el repertorio más duro de la ley por su carácter 'sedicioso'.
Durante siglos, primero panfletos y luego libelos fueron haciéndose un hueco en las gavetas ocultas de los intelectuales franceses hasta que a partir de 1789 empezó a hacerse común, -todavía de aquella manera-, estampar y difundir en papeles el pensamiento puro y la crítica al gremio político, lo que con el tiempo se conocería como cuarto poder: hoy una asombrosa herramienta que actúa de válvula de presión para evitar el desmadre, el cohecho, la prevaricación y la ingesta del caldo de papas en el plato ajeno.
Y es por esto que los ciudadanos de Tenerife están sufriendo un retroceso de siglos con el chirriante silencio que mantiene el 90 por ciento de su prensa sobre un lío que, sean culpables o no los protagonistas de este poltergeist urbanístico, es noticia que no puede sustraerse a la opinión pública porque afecta a un alcalde, a un lugar emblemático, a unos empresarios, a una institución financiera y, ahora vemos, a unos medios que se están saltando esa ineludible responsabilidad, clave para la articulación de cualquier democracia de mínimos.
* La Provincia - Opinión - 28-01-2008
Gecen denuncia ante la Fiscalía el desarrollo del PAI Sant Gregori de Burriana
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LEVANTE/Castellón* : El grupo ecologista Gecen ha denunciado ante la Fiscalía de Castellón el desarrollo del PAI Sant Gregori de Burriana por la presunta comisión de un delito sobre la ordenación del territorio y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, según informaron en un comunicado fuentes de dicha asociación.
Los hechos, según la denuncia, se están cometiendo o tienen previsto cometerse en breve en la zona ocupada por el PAI Sant Gregori, en el término municipal de Buriana. La denuncia se dirige contra quien resulte ser el promotor o ejecute cualquier actuación sobre la zona húmeda y contra aquellos que ostenten responsabilidades en competencias urbanísticas (Ayuntamiento de Burriana, Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Júcar y Costas)).
Gecen señala que en dicho PAI fue encontrada una población de galápago europeo a raíz de una denuncia cuando se enteró la Conselleria y la promotora, "y la solución fue no respetar el hábitat de la población de , que no es otro que un humedal litoral".
Según los ecologistas, "la solución elegida fue crear una charca artificial en un rincón del PAI que no moleste, es decir, eliminar una amplia zona húmeda natural y crear una especie de reserva-zoo artificial como forma burda de salir del paso, eso sí, con el beneplácito fiel de la Conselleria de Medio Ambiente, que nunca falla".
La asociación indicó que la sostenibilidad "implica el reconocimiento de límites que el Ayuntamiento de Burriana rechaza", por lo que demanda soluciones medioambientales "aceptables" para "proteger el litoral y la zona húmeda afectada por el PAI".
En su opinión, "la costa semivirgen que aún conserva una parte sustancial del término de Burriana se queda con 0 metros cuadrados para uso mediambiental (espacio natural protegido) tras el insostenible planeamiento urbanístico del Ayuntamiento".
De hecho -dijo- "pretenden urbanizar 30,36 hectáreas de la ZEPA y LIC del espacio natural protegido de la Desembocadura del Mijares, es decir, no urbanizan todo el litoral no protegido bajo alguna figura legal de protección específica (que sí genérica como los humedales), sino que desclasifican suelo estrictamente protegido para urbanizarlo".
* Levante-EMV - EUROPA PRESS - 30 de enero de 2008
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
Unos 3.000 vecinos de Sagunto piden estudiar todas las opciones para el Teatro
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PANORAMAACTUAL/Valencia* : Unos 3.000 vecinos de Sagunto se concentraron ante la sede del Ayuntamiento para exigir a la Generalitat que contemplen todas las opciones para "minimizar los daños" que podría causar en el Teatro Romano la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reversión de las obras de rehabilitación en el plazo de 18 meses. Los asistentes reclamaron así que se "estudien todas las alternativas legales que existen antes de proceder a la demolición, porque si se da esta posibilidad cumplir la sentencia será hundir el pueblo".
Durante el acto de protesta, convocado por la agrupación Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí y que se desarrolló desde las 19.00 horas, se hizo lectura del manifiesto redactado por esta entidad en el que se rechaza "enérgicamente que las obras de rehabilitación del teatro se derriben porque esta actuación, dado su traumático impacto urbanístico, romperá el desarrollo urbano, turístico, cultural, artístico, social y económico del pueblo".
Por ello, los asistentes reclamaron al Gobierno valenciano que, desde el respeto a la sentencia de Alto Tribunal, se analicen las posibles salidas para ejercer el menor daño a este bien patrimonial. Entre otras cosas, recordaron, "se pondría en peligro la consolidación del Festival Sagunt a Escena y tantos otros acontecimientos culturales -como por ejemplo el Festival Grecolatino dentro de la Semana de Cultura Clásica- que nos resultan esenciales para la promoción turística de la ciudad".
Por ello, estos vecinos apostaron porque el teatro romano "continúe siendo un teatro y tenga un uso funcional en su dimensión educativa y cultural para que lo disfruten saguntinos y visitantes". "Que sea un monumento vivo y no un monumento muerto", sentencia el manifiesto.
En esta línea, el colectivo pide a la Generalitat "que el dinero que costaría una hipotética demolición se invierta en proyectos de presente y futuro ligados a la revitalización económica y cultural de Sagunt".
Presión
La presidenta del Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí, Concha Cardo, insistió en que el fin de al concentración es "ejercer presión social para que la sentencia haga el menor daño posible al edificio", algo que produce "miedo" entre la población, reconoció.
Cardo subrayó justificó la protesta en que "hasta ahora el pueblo de Sagunt nunca ha dicho nada y ya es el momento de que diga algo porque todas las repercusiones, sobre todo las negativas, van a venir a Sagunt no a otra parte", argumentó.
La responsable de la plataforma ciudadana sostuvo que su intención es la de congregar "el mayor consenso posible de todos los ciudadanos" por lo que calificó el manifiesto de "integrador porque no se busca demonizar a nadie ni que haya ni vencedores ni vencidos", aseveró.
Cardo instó a la Generalitat a "sentarse" con el Ayuntamiento de Sagunt y el autor del recurso contra las obras de rehabilitación de Grassi y Portaceli, Juan Marco Molines, para "negociar la ejecución y que se haga el menor daño posible", insistió.
* Panorama-Actual - 29/01/2008
Foto: Sagunto (Valencia), teatro romano reformado - 20minutos.es
NOTICIA RELACIONADA: El mundo de la cultura contra la demolición del Teatro Romano de Sagunto - TERRA - 30-01-2008
Marbella: La Fiscalía indaga la falta de derribos
ELPAÍS/Málaga* : La alegría del gobierno de Marbella al ver que los tribunales parecían apoyar su decisión de aplazar la ejecución de sentencias, y como consecuencia los derribos de construcciones ilegales, hasta la aprobación del nuevo Plan Urbanístico se empañó ayer. La Fiscalía de Málaga investiga si el Ayuntamiento ha prevaricado al no ejecutar cuatro sentencias firmes que anulaban licencias de obras.
Las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia contra la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) que la abogada Inmaculada Gálvez presentó en diciembre como representante de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Monteros en la que se comunica una presunta falta de actuación por parte del Consistorio. "Consta que no se ha realizado actuación alguna para ejecutar la sentencia, siendo competencia exclusiva de la alcaldesa", recoge el escrito. Entre las sentencias a las que se refiere se incluye un recurso sobre la casa del actor Antonio Banderas.
Gálvez denunció que pese a que la ejecución de la sentencia es un derecho fundamental de las partes y la administración está obligada a colaborar, el Ayuntamiento marbellí no ha contestado a los requerimientos ni ha realizado "actuación alguna" para ejecutar dichas sentencias. La letrada considera que puede tratarse de un delito de prevariación.
En una ampliación de la denuncia Gálvez añade que "existe una nota interna suscrita por la alcaldesa, así como por la concejal de Urbanismo, Alba Echevarría, dando instrucciones para que se paralicen los expedientes de ejecución de sentencia" sin que se haya seguido el procedimiento establecido por ley.
"No se trata de una decisión aleatoria, sino que es algo muy meditado", señaló. Echevarría, quien añadió que la no ejecución de sentencias se trata de un criterio "permanente, constante y continuo" y que sólo piden un poco de tiempo para devolver el orden a Marbella.
* ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 30/01/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Ávila: La macrourbanización del Campo Azálvaro, en la vía penal
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ÁVILADIGITAL* : Las obras de la macrourbanización ‘El Castillo’ que promueve Lagos SA con el apoyo del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo en el Campo Azálvaro, en las inmediaciones del embalse de Serones, han llegado ya a la vía penal.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, a petición del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Miguel Gómez Cortés, ha citado a declarar a diez personas, entre ellas el representante legal de la promotora, que tendrá que comparecer como imputado el día 17 de marzo a las 10 horas, por las obras “ilegales” ejecutadas en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) durante el verano.
Como testigos declararán también, ese mismo día, los tres guardias civiles del Seprona que llevaron a cabo las investigaciones sobre las obras ejecutadas en agosto de 2007 en la urbanización y dos agentes de la Policía Local. Y el día 19 de marzo, la secretaria del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, Mª Carmen Fernández Ballesteros; el secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez; y el vocal de la Ponencia Técnica, Javier Melgosa.
Obras “ilegales”
Fue el 3 de agosto de 2007 cuando la asociación ecologista Centaurea y Comisiones Obreras denunciaron ante el Seprona el inicio de obras ilegales de esta macrourbanización. Previamente, según explican, “se pudo comprobar y documentar que en plena temporada de incendios y de cría y concentración de la cigüeña negra, diversa maquinaria pesada trabajaba realizando las calles de la urbanización”, entre otras tareas.
Estos trabajos, como se detalla en el atestado, fueron ejecutados por la empresa Castillo y Cía por encargo de Lagos SA, “con el fin de llevar a cabo la acometida de la red eléctrica, abastecimiento de agua, red de saneamiento y la pavimentación de las calles de la urbanización”.
Tanto Centaurea como CCOO ya denunciaron entonces que las urbanizaciones que la empresa y el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo pretenden levantar en el Campo Azálvaro “no son legales”, dado que no están aprobados los correspondientes planes parciales. Así consta, según explican, en un informe de noviembre de 2002 de la Dirección General de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, en el que se destacaba que los planes parciales de Cantos Altos, La Lancha y El Castillo no estaban aprobados porque no existía el Plan Especial de Saneamiento.
Es, de hecho, el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales el que ha sido anulado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, adoptando medidas cautelares para impedir que siguiera adelante el proyecto urbanístico.
De forma paralela, el juez ha admitido otras diligencias solicitadas por Centaurea para pedir documentos al Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo de la Consejería de Fomento y al equipo del Seprona que realizó el atestado.
Más de 2.000 viviendas junto al embalse de Serones
A juicio de Centaurea y CCOO, las obras que se ejecutaron durante el pasado verano son el “intento de reactivación del proyecto de construir más de 2.000 viviendas unifamiliares junto a los límites del embalse de Serones, que es vital para el abastecimiento de capital abulense”.
Consideran, en este sentido, que “se pretende sacar adelante el proyecto con la coartada de haber sido aprobado por el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo hace más de 20 años”, aunque no cuenta con la autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo.
Cabe destacar también que ambas organizaciones han iniciado una campaña para que Campo Azálvaro sea declarado Paisaje Protegido y que el Ayuntamiento de Ávila ha aprobado también instar a la Junta a que proteja esta zona.
* Ávila Digital - María Cuenca - 29/01/2008
Foto: Obras para abrir las calles de la urbanización en Campo Azálvaro, este verano - aviladigital.com
El juez del 'caso Guateque' ordena al Ayuntamiento auditar las licencias
ELPAÍS/Madrid* : El juez instructor del caso Guateque, Santiago Torres, ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid, a través de una providencia, la realización de una auditoría interna para conocer la tramitación de expedientes en la Concejalía de Medio Ambiente en el Consistorio, según ha adelantado el portavoz del grupo municipal socialista, David Lucas.
En rueda de prensa, Lucas ha explicado que la auditoría será llevada a cabo por la empresa externa Tracsatec y que tendrá como finalidad conocer "las cosas que están funcionando mal" en esta concejalía -una de las afectadas por la trama junto con la de Urbanismo y varias juntas municipales- y aportar soluciones. El portavoz del PSOE ha recordado que su grupo, tan pronto tuvo conocimiento de la existencia del caso Guateque, exigió al Gobierno municipal del PP que hiciera una auditoría interna de las concejalías implicadas en la trama de corrupción en la concesión de licencias.
"El PP no hizo caso a la petición del PSOE, manifestó incluso que no era necesario hacer esta auditoría porque las cosas funcionan", ha subrayado Lucas, quien ha hecho hincapié en que si esta auditoría se hubiera hecho cuando los socialista la pidieron, en estos momentos "ya tendríamos soluciones". Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha explicado a esta web que la auditoría sólo afectará a los dossieres relacionados con el caso. "El auto
judicial sólo encarga a la empresa Tragsatec, que está haciendo los informes de Medio Ambiente, una auditoría de algunos expedientes relacionados con el caso Guateque, no de todos", subrayan fuentes municipales.
'No' a una presidencia del PP
El portavoz socialista ha criticado además que el concejal del PP del distrito de Barajas, Tomás Serrano, presida mañana la reunión de constitución de la comisión de investigación del caso de corruptelas en torno a las licencias porque el sumario incluye varios expedientes en los que se cita "la prioridad" dada por el concejal o personal de su confianza a su tramitación.
"No es compatible ser investigado y aparecer como referencia en el sumario, formar parte de la comisión de investigación y mucho menos ser presidente de la sesión de constitución", ha añadido el socialista. Lucas ha criticado también la presencia en la comisión de investigación de la concejala de San Blas, Carmen González, porque el sumario del caso incluye otro expediente en el que se detalla la agilización de una licencia por parte de la edil o del personal de confianza a su cargo. El portavoz socialista ha recordado que mañana pedirá que sea presidida por un concejal del PSOE. Éste será el primer punto del día en la reunión que tendrá lugar por la tarde.
"No parece de recibo que recaiga la presidencia en el Gobierno municipal cuando es una comisión de investigación que trata de controlar al propio Gobierno municipal", ha apuntado Lucas. El portavoz de IU, Angel Pérez, ha anunciado que apoyará que la presidencia recaiga en el PSOE porque es el principal grupo de la oposición y es lo "éticamente correcto". Ha destacado que su formación no se postulará para ocupar la presidencia porque sólo cuentan con un edil en la comisión, lo que anularía "cualquier capacidad de intervención". Pérez ha destacado que su formación centrará la comisión en la documentación analizada por el juez y solicitará una lista cerrada de comparecientes para fijar un calendario. "No queremos que Guateque sea una fiesta permanente y ocupe toda la legislatura", ha añadido.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Madrid - 30/01/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Las cuevas desafían a la piqueta
PÚBLICO/Granada* : "Se está aquí como en el vientre de una madre”. Calentito en invierno, unos 15 grados, y fresco en verano, algo más. Yoni, melena estilo farruquito, es “medio gitano, medio payo”, canta en los tablaos de turistas de vez en cuando, y habita con Yesi, su pareja, una de las 44 cuevas de San Miguel Alto, en el Sacromonte granadino. Yoni grita: “moro” y de la caverna vecina sale Yagua, marroquí, ahora sin trabajo por el parón de la construcción. “Con la confianza le digo así. Él me dice gitano y no hay problema”.
Arcos y arabescos, recuerdo de su patria, franquean la entrada a varias de las estancias. Al fondo, como en todas las cuevas, la cama. Aún no ha terminado los trabajos de reforma y Yagua se toma un té calentado con una bombona de gas. Ha estado trabajando toda la mañana en su hogar. Tiene televisión también. “La luz la cede un vecino y le pagamos la diferencia entre su cuenta sin nosotros y la cuenta con nosotros”, asegura Yoni. Viven en la zona superior del cerro, sobre el Albaicín, el casco histórico, que domina la ciudad entera.
Hace más de un año la policía, enviada por el ayuntamiento, gobernado por el PP, trató de desalojar a los habitantes de las cuevas con dos excusas: que se caían y que el terreno era de propiedad municipal. Como telón de fondo está la recalificación de la colina, que, tras anunciarla, ahora niega el ayuntamiento, para edificar un foco turístico, levantar un hotel y acondicionar varios hipogeos para espectáculos de Zambra flamenca (del Albaicín son Enrique Morente y otros grandes).
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia contra la que no cabe recurso, le paró la semana pasada los pies. Los magistrados consideraron que “no existe certeza de que todas las cuevas sean propiedad municipal” y recordaron que el derecho a la inviolabilidad del domicilio está recogido en el artículo 18.3 de la Constitución. Aconsejaron, además, al ayuntamiento que presente un expediente individual por cueva y no uno conjunto como había hecho. El consistorio confirmó que así lo hará. Las cuevas del Sacromonte están habitadas al menos desde el siglo XVI.
Okupas y energía solar
Paco, pantalón de motorista, pendientes en la oreja, asegura disponer de un título de propiedad. Pagó por su caverna hace más de tres lustros casi dos millones de pesetas (12.000 euros). No vive ahora allí, adonde llegó como okupa, porque tiene una casa en el centro de Granada. Pero se pasea a menudo y conoce a todo el mundo. Él se precintó su cueva. “Por los okupas, que se me metían dentro”, asegura. Él quiere que el ayuntamiento convierta la colina en un foco turístico para así sacar provecho de su propiedad. Hace tiempo que se cansó de la vida itinerante a la larga del okupa.
Las mejores vistas de la Alhambra
En la ladera, orientada al suroeste, se disfrutan las mejores vistas de la Alhambra. Y extraordinarias puestas de sol en la vega de Granada, adornadas por las cumbres blancas de Sierra Nevada. “No hay una igual a otra”, asegura Sun (Sol, en inglés) sentado en un sofá rojo al raso, adonde llega sordo y lejano el ruido de la ciudad. Es un “hippi”, según la particular terminología de Yoni, y, es, en rigor, un alemán de unos 35 años que estudió arquitectura y técnico en energía solar empeñado en demostrar que las fuentes renovables son el futuro del planeta. De ahí su nombre artístico.
Sun habita una de las cuevas que fue cerrada por la Policía. Le costó meses vaciarla de tierra y niega la mayor: que la mayoría de las cavernas estén en ruinas. La suya ciertamente no lo está. Se llama la cueva de la mariposas –el nombre está labrado en el marco de madera que custodia la entrada– porque un día mientras cavaba apareció una. Y creyó en la metáfora. “La mariposa cambia de vida tres veces en una vida”, dice.
Al visitante le ofrece un té, que calienta en una plataforma situada en el centro de un cuenco gigante de aluminio que, enfrentado al sol, refleja sus rayos. En un momento, la temperatura de la tetera supera los 100 grados. Dentro, carga el teléfono móvil en un enchufe. Lo puede hacer porque una pequeña placa solar, que le costó 150 euros de segunda mano, alimenta una batería capaz de conservar la energía del sol durante tres días. “Es un ejemplo de cómo se puede vivir de manera simple, es un ejemplo de cómo se puede luchar contra la desertificación”, asegura. Y remacha: “La gente se ha ido a lo más futurista y se ha olvidado de lo básico. Espero que la gente cambie antes de que se vaya todo al garete”. Sun, idealista, está en contacto con redes contra el cambio climático y la violencia urbanística. La casa de las mariposas es querida en la colina y no es la única que se gestiona de esta manera.
Residuos orgánicos y compostaje
Yoni, Yagua, Sun y los habitantes sacan el agua de la fuente del aceituno, en una ermita cercana. La conservan en bidones y la utilizan para lavarse. Yoni se cuida mucho su melena. En la colina, unos mean y cagan donde pueden y ahí se queda. Otros reivindican el compostaje, una técnica alternativa y natural para reciclar la materia orgánica como abono. “Es gratis, sólo hay que reunir todos los restos orgánicos y apilarlos durante un tiempo”, explica. Sun tiene un pequeño huerto con tomates y limones.
La mayoría tiene claro que su paso por la colina es temporal. “Alguien la habitó antes que yo y alguien la recibirá después”, dice Jon (nombre ficticio), pala en mano. Es danés y se fue de Copenhague, donde era cartero, tras apostar demasiado fuerte al dos de corazones. “Aquí soy feliz. Me siento libre por primera vez”, asegura en una pausa del trabajo en la cueva, que comparte con un amigo francés. El inglés y el español, las palabras en cualquier lengua y la mímica son los idiomas oficiales de las cuevas de Babel. Conviven, no sin problemas, como en todas partes. Disfrutan del trabajo en las cavernas, de la cultura, de la música y de la vida.
Y a la mesa, Yoni y Yesi aportan patatas y tomate con sal y pimienta y Yagua arroz con ternera.
* Público - RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 28/01/2008
Foto: Granada, cuevas Sacromonte - granada.org
Keynes y la actividad inmobiliaria
GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : Llevamos unos meses en que el desarrollo inmobiliario se encuentra en clara desaceleración. El aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo, el agotamiento de la demanda de viviendas de renta libre y el efecto-contagio de la crisis hipotecaria norteamericana explican el cambio de signo en el proceso "desarrollista" que caracterizaba al sector desde finales de los noventa. Conviene recordar que tras construirse más viviendas que nunca (entre 600.000 y 800.000 viviendas por año en el periodo 1998-2005), su precio ascendió un 150%, cinco veces y media más que el IPC en esos años, y el precio del suelo en un 500%, quince veces más.
Pero más grave aún ha sido la dramática caída en la producción de vivienda protegida. Si al principio de los años noventa la ratio viviendas protegidas-libres alcanzaba el 30%, en la primera mitad de los dos mil bajó al 10%. Se comprende así la desesperación de muchísimos ciudadanos, sobre todo jóvenes, "cautivos" de la vivienda protegida, que ven imposible la realización de sus proyectos de vida salvo que recurran a endeudamientos vitalicios, siempre sometidos al riesgo de una sobrevenida subida de intereses imposible de absorber.
Por ello sea bienvenido el esfuerzo económico que los poderes públicos han puesto últimamente en servicio para impulsar la promoción de vivienda protegida, tanto en propiedad como en alquiler. Así, en 2007 la ratio protegidas/libres ya ha remontado más del 50% y continúa aumentando.
Este sensible aumento ha sido posible, en gran medida, por la puesta en disposición de importantes contingentes de suelo público, fundamentalmente de titularidad estatal. Pero junto a este "plan de choque", debe disponerse una estrategia a medio-largo plazo que venga a impedir la dramática situación vivida desde mediados de los noventa. Y para ello, lo más inteligente es hacer efectivo el viejo aforismo: "La mejor política de vivienda es una buena política de suelo".
Así, la regulación establecida en la reciente Ley de Suelo, que dispone una reserva mínima del 30% con destino a vivienda protegida, se manifiesta como la primera línea adecuada, colocándose en el mercado, junto al resto de usos y tipologías de renta libre, solares de valor tasado oficialmente que posibiliten la promoción de vivienda protegida. De hecho, diversas legislaciones autonómicas ya han legislado en este sentido, como por ejemplo el País Vasco, donde asciende al 75%.
Una segunda medida establecida por la nueva Ley de Suelo consiste en regular la participación pública en las plusvalías que la propia Administración genera con el planeamiento, cuantificándose entre el 5% y el 15% del valor del suelo urbanizado y obligando a que las parcelas edificables correspondientes tengan que destinarse a la promoción de vivienda protegida, lo que producirá una adecuada y catalizadora presencia pública en el mercado de suelo.
Téngase en cuenta que este porcentaje público de plusvalías equivaldrá al 30%-40% de la reserva de suelo para vivienda protegida, con lo que se constata el importante papel de la Administración en el proceso y la considerable oferta de suelo para satisfacer la demanda social de vivienda a precios asequibles.
Pero estas medidas resultan insuficientes si no se adoptan otras complementarias que permitan, en los casos de suelos públicos, el mantenimiento de esa titularidad propiciándose el régimen de alquiler y, sobre todo, el escasamente conocido régimen del derecho de superficie que la ya nueva ley regula y amplía intencionada y pormenorizadamente. De nuevo la experiencia del País Vasco en esta materia es paradigmática, como demuestra la política de vivienda en las grandes ciudades vascas.
Asimismo, el suelo reservado para promoción privada deberá garantizar su destino final a los ciudadanos de rentas medias, evitando su vulneración a causa de irregularidades en la enajenación o facilitando su descalificación y retorno al mercado libre al cabo de un tiempo. Por ello, medidas como el mantenimiento de su calificación a lo largo de la vida útil, así como la intervención pública en la identificación de su adjudicatario, son disposiciones inteligentes de concertación público-privada que vendrán a impedir el lamentable escenario de fraude que, tan a menudo, ha venido sufriendo el mercado privado de la vivienda protegida.
Esperemos que la lamentable experiencia de los últimos años no vuelva a repetirse y que la aplicación de las nuevas disposiciones legales de la Ley de Suelo 8/2007, con la necesaria complementariedad de las legislaciones autonómicas y del planeamiento municipal, consiga una razonable satisfacción del mandato constitucional para garantizar el derecho ciudadano a la vivienda, y, adicionalmente, disponer de un importante contingente de recursos públicos aplicados responsablemente en su promoción, que junto a la potenciación de la inversión en obra pública, sobre todo en infraestructuras de comunicaciones y transportes, termine por conformar una rediviva política de tipo keynesiano que venga a compensar, intencionadamente, la ralentización económica que está sufriendo el mercado inmobiliario privado.
* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.
* ELPAIS.com - Opinión - 29/01/2008
Los expertos exigen un pacto social para atajar la corrupción urbanística
INFORMACIÓN/Alicante* : La corrupción urbanística, en algunas zonas del territorio, tiene rasgos de auténtico golpe de estado permanente porque determinados poderes fácticos tienen capacidad de decidir sobre actividades fundamentales a base de presionar a los poderes democráticos por la vía de la extorsión y el chantaje", señaló ayer Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional y director del libro "El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística", presentado ayer en el Club INFORMACION.
La publicación, que recopila artículos de forma monográfica sobre este fenómeno desde un punto de vista jurídico, incluye artículos del fiscal general del Estado Conde Pumpido, de la criminóloga Alejandra Gómez, del asesor del Banco Mundial José Ugaz o del presidente del tribunal que juzga a Fujimori, César Eugenio San Martín.
Alcaraz apuntó que el Estado de Derecho "está lejos de disponer de instrumentos legales suficientes para atajar este fenómeno y el Derecho no puede convertirse en excusa para la inmoralidad al generalizarse que si no hay condena no hay comportamiento inmoral". A juicio del responsable del libro, hay casos de corrupción urbanística que acaban con la absolución de los implicados "pero muestran que hay actitudes totalmente reprobables, que concluyen que son inocentes penales pero auténticos corruptos morales".
Manuel Alcaraz reclamó un compromiso social para poder eliminar la corrupción de la vida pública: "El Estado de Derecho no triunfará, por más leyes y jueces justos que haya, si no hay un compromiso social entre todos por ejercer un liderazgo ético. Mientras exista el actual modelo urbanístico, la corrupción no podrá erradicarse porque es lo que engrasa el sistema".
También participaron en el acto el teniente fiscal de la Audiencia Provincial, Juan Carlos López Coig; el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad, Juan Castillo, y el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio, que planteó reformar la legislación con medidas que combatan expresamente la corrupción, "que se recojan tipos penales para esta actividad y mecanismos probatorios que atiendan a esta realidad porque normalmente nunca no hay pruebas directas, sino indiciarias".
* Información - A. P. - 29 de enero de 2008
Foto: Un momento de la presentación del libro "El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística", ayer/ CRISTINA DE MIDDEL, diarioinformacion.com
Las Teresitas y el juego de la ceguera
FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO* : Contar lo que pasó en el caso Las Teresitas no es un ejercicio de arqueología. La playa no es Atapuerca, por más que algunos de los intervinientes se comporten a veces con formas propias de los homínidos de la mítica sima. Tampoco es un viaje inútil al pasado sin billete de vuelta, y ello a pesar de que en las andanzas de esta operación inmobiliaria, financiera y política haya expertos en los asuntos de los viajes como Rodolfo Núñez, que lo mismo navega al timón de Fred Olsen que pilota un ATR de Binter.
Ytampoco es un documental más de Canal de Historia, y ello a pesar de que cada página que se repasa del sumario devuelve al presente a personajes de la primera línea de la vida pública que algunos -oh ingenuos- creían convenientemente jubilados.
Y si no es nada de eso, ¿por qué interesa tanto lo que sucedió allá por 1998? Primero porque el caso es de gran actualidad desde el momento en que muchos de sus actores siguen hoy en los mismos puestos o incluso con responsabilidades superiores. Ahí están, por ejemplo, Rodolfo Núñez, cuyo homenaje de despedida con todos los honores al frente de Cajacanarias está casi ultimado; y ahí sigue en la dirección general de la entidad Álvaro Arvelo, inasequible al paso del tiempo, al expediente sancionador del Banco de España y a la propia la sanción en sí, hasta el punto de que ahora aspira a ser presidente ejecutivo de Cajacanarias como si allí no hubiese pasado nada. Y es precisamente esto último, esa sensación de que el cristal de la legalidad y la honradez nunca se rompió, lo que justifica este buceo en el tiempo al que obliga al caso Las Teresitas. Sólo así se saca del silencio esa sanción del Banco de España, un castigo del que, no lo olvidemos, eran conocedores, como mínimo, el Consejo de Administración en pleno, el director general y su equipo, la Comisión de Control, la Asamblea General -¿o es que se le ocultó ese hecho tan relevante?- y -tome nota, estimado lector- la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Así las cosas, ahora es noticia lo que debió serlo hace siete años (la sanción se aprobó en 2000) y ese salto en el calendario no le quita valor alguno;al contrario, pone de relieve cómo se urdían algunas componendas y cómo se jugaba con la ceguera de la sociedad para así perpetuar ciertos comportamientos. Alguien dijo en su día que ojos que no ven, corazón que no siente, y en torno a Las Teresitas se aplicó la variante de ojos que no ven, negocios que siguen engordando.
Ahora, en suma, Las Teresitas refleja la cara menos amable del sumo poder entendido como el poder para sumar en beneficio de unos pocos, que no es lo mismo. Y no lo digo por González y Plasencia, cuyo pecado (presunto) es dejarse llevar por las ganas de crecer, sino por las facilidades que otros (Núñez, Arvelo y unos cuantos más) les pusieron al margen de las normativas bancarias.
PD: ojalá tanta porquería (presunta) saliendo a flote sirva para que algunos partidos se den cuenta de que la presidencia de una caja no es cosa para incluir en el orden del día de un partido político. Esto va por CC en Tenerife. Y no sólo por ellos:los periódicos, por suerte, sí tienen memoria.
* Canarias 7 - Opinión Del Director - Las Palmas de Gran Canaria - 28/01/2008
6.400 firmas contra el aeropuerto de El Álamo
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ELPAÍS/Madrid* : La Plataforma No al Aeropuerto, respaldada por 40 entidades vecinales, sindicales y políticas de municipios como Móstoles, Navalcarnero y El Álamo, tiene ya cerca de 6.400 firmas en contra de la construcción del aeródromo en la zona que proyecta la Comunidad de Madrid (con la denominación de Aeropuerto del Suroeste), según la portavoz del colectivo, Margarita Mora, que aseguró que las rúbricas se entregarán al Defensor del Pueblo.
El movimiento, surgido a finales del pasado año, cuando el Gobierno regional hizo pública su intención de construir un aeropuerto entre las localidades de El Álamo y Navalcarnero, se opone a la construcción de las instalaciones aéreas por considerar que afectarán negativamente al entorno y la calidad de vida de los ciudadanos de los municipios afectados. La plataforma ha solicitado al Gobierno central que decline conceder al aeropuerto la declaración de interés general.
Sin información
"Después de muchos meses no hemos recibido ningún tipo de información acerca del proyecto que nos aporte datos reales sobre el impacto ambiental y social que provocará esta infraestructura", indicó Mora, que acusó a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos afectados de mantener una política de opacidad respecto al proyecto.
Paralelamente, la plataforma ha puesto en marcha una campaña en su página web www.noalaeropuerto.org. A través de este sitio se pretende que los ciudadanos puedan exigir tanto a la Consejería de Transportes como a la de Medio Ambiente información relativa al proyecto y los estudios que amparan el futuro aeródromo, que supuestamente acogerá el tráfico del actual aeropuerto de Cuatro Vientos y parte del que se encuentra en Torrejón. Es decir, serán vuelos de aprendizaje, aviación de negocios, vuelos deportivos o trabajos aéreos como extinción de incendios, vigilancia, fotografía aérea o emergencias.
"Estamos hablando de un volumen altísimo de vuelos al año, que podría superar los 100.000", precisó la portavoz de la plataforma contraria al aeropuerto.
El Gobierno regional prevé reservar 230 hectáreas para el futuro aeródromo del Suroeste. Según los estudios de la Consejería de Transportes, la "única zona potencialmente afectada" sería la urbanización Calypo II, que soportaría una huella de ruido de hasta 50 decibelios.
* ELPAIS.com - J. S. M. - Madrid - 29/01/2008
Foto: El Álamo (Madrid), no al aeropuerto - madriddigital.info
La Región necesita, como el agua, justicia contra la corrupción
VEGAMEDIAPRESS/Murcia* : La Justicia en Murcia tiene ante sí un reto hasta ahora inédito por sus vastas dimensiones y consecuencias de alto valor terapéutico para la sociedad a la que sirve por mandato constitucional. Es verdad que en los treinta años de democracia española y autonomía regional ha habido casos en esta comunidad en los que han sido sustanciados judicialmente supuestos hechos y actos delictivos en los que presuntamente han estado implicados cargos públicos de alto rango y representación institucional. Pero la situación actual, además de inédita, es de unas consecuencias impresionantes.
Son demasiados los casos de supuesta corrupción de carácter político-urbanístico en manos de los tribunales de esta región: el noventa y nueve por ciento de ellos tienen empapelados a directores generales, alcaldes, concejales, secretarios y arquitectos de ayuntamientos, empresarios y, por el momento, a un diputado regional del partido que, desde 1995, viene gobernando esta región y la mayor parte de sus municipios: el Partido Popular liderado por Valcárcel, Cámara, Barreiro...
No se trata en estos casos, en contra de lo que han dicho ciertos leguleyos y políticos al caso, de una judicialización de la política. Aclaremos este punto. El poder corrompe y el absoluto tiende a corromper absolutamente. Las mayorías políticas absolutas que se vienen sucediendo en el gobierno regional y en la mayoría de los ayuntamientos, la ley del Suelo de Aznar, que abrió la veda a todo el territorio sin miramiento alguno, y el enriquecimiento a través de procedimientos antijurídicos y corruptos ha estado originando decenas de denuncias no sólo políticas sino judiciales de los partidos de la oposición (PSOE e IU), de organizaciones ecologistas (ANSE y Ecologistas en Acción) y actuaciones de investigación de la Fiscalía.
Las insidias, más que insinuaciones, que desde el Partido Popular (Matínez Pujalte, Zaplana, Valcárcel, Cámara, Barreiro...) se han vertido sí que pretenden pervertir la actuación de la Administración de Justicia en este territorio. Atacaron la autonomía del fiscal jefe de Murcia a través de espurios ataques a su cónyuge. Hubo hasta un fiscal que “huyó”quizá despavorido ante lo que estaba en ciernes investigando. Se ha acusado veladamente de instrumentalización al ministro de Justicia y cabeza de la candidatura socialista en las próximas elecciones del nueve de marzo. Los gerifaltes de la derecha murciana sí que han pretendido torticeramente atacar a uno de los pilares básicos de la democracia española: la Justicia y su principio fundamental, la independencia.
Pero ello, de ser gravísimo, lo es aún más cuando los medios de comunicación hegemónicos en esta región dan la espalda a la verdad a la que están obligados no sólo por mandato constitucional sino por el código de ética profesional. Y ello es así porque están en estrecha connivencia con el poder absoluto de la derecha política, económica y financiera. ¿Por qué dan distinto trato informativo a los escasos casos de supuesta corrupción socialista frente a la ingente corrupción de la derecha, que es precisamente la que controla casi la totalidad de las administraciones regional y local en esta comunidad y cuyos políticos están acudiendo a un sin número de tribunales de justicia a prestar declaración la mayor de las veces como imputados? Su intoxicador producto está cada día menos valorado en el mercado editorial de esta región.
Y si esos medios no han tomado partido contra la corrupción de la casta dominante no es por otra cosa que porque forman parte de ella o la sirven como vasallos. ¿Cómo no se va a denunciar ante los tribunales de justicia el pago de más de seis mil millones de euros a las mismas empresas de la construcción (los dueños de El Pozos son los que más kilómetros cuadrados tienen amasados en sus manos en todo el territorio español) para controlar la radiotelevisión pública autonómica? Por mucho menos dinero los salmantinos se han echado en masa a las calles de su ciudad.
No de otra forma se entiende el masivo voto de los murcianos a quienes le están esquilmando el territorio y los dineros de forma masiva a través de corruptelas que los tienen empapelados en los tribunales de justicia. En manos del PP la pancarta del agua para todos es un agravio, la bandera con la que pretenden ocultar su corrupción y bajo la cual quieren quedar impunes de sus latrocinios.
La justicia tiene sus procedimientos, sus garantías jurídico-técnicas, pero es la que necesitan, como el agua, las murcianas y los murcianos. Una justicia que no debe caer en la trampa de las dilaciones de leguleyos y poderes más que fácticos. ¿A cuento de qué pide casi en proceso electoral las competencias de la Administración de Justicia el ex fiscal de Tráfico y desde mayo diputado regional del PP? ¿A qué juega tan insigne jurisconsulto metido a político en tiempos de la epidemia infame de la que estamos hablando? Si no hay justicia la democracia y el Estado de derecho no existe. Y la justicia murciana tiene que ser ejemplar.
* VegamediaPress - FM&M - 24/01/2008
La Guardia Civil imputa delito ecológico a un edil de Urbanismo
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ELPAÍS/Lugo* : Administrar una cantera sin licencia en terrenos protegidos, ejecutar en tu casa unas obras ilegales y estar imputado por un presunto delito ecológico puede ser un buen currículo para hacerse con una plaza de concejal de Urbanismo. Al menos en el municipio lucense de Samos.
El empresario José Manuel Pérez Rodríguez atesora todas estas cualidades y el pasado mayo el PSOE lo fichó en su candidatura a las elecciones municipales como número tres. Hoy en día es edil de Urbanismo y Obras. El alcalde socialista, Julio Gallego Moure, no entiende cuál es el problema: "Una cosa no tiene que ver con la otra", arguye.
Su concejal José Manuel Pérez es, desde hace 15 años, administrador de Pizarras del Oribio, SL. La empresa protagonizó en noviembre de 2006 uno de los más graves sucesos medioambientales que recuerdan los 1.800 habitantes de Samos. Un vertedero de la cantera Vetusta, que explota la compañía del concejal socialista en la aldea de Lampazas, se desplomó sobre el río Castelo y arrasó tres kilómetros de este cauce de O Courel. El alud de escombros se llevó por delante la vegetación de ribera y un rosario de patrimonio histórico: cinco molinos, un mazo, ocho presas y un pequeño puente.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) denunció el desastre en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sarria e imputó a José Manuel Pérez Rodríguez, como administrador de la empresa, un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El atestado levantado por los agentes tras visitar la zona certifica que la cantera carece de licencia y que el desplome de la escombrera arrasó tres kilómetros del río Castelo, dentro de un paraje integrado en la Red Natura. Vecinos y ecologistas abrieron otro frente en los tribunales para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
La magnitud de los destrozos llevó al entonces alcalde, Carlos Belón (PP), a ordenar la paralización de la actividad en la explotación de pizarra. Lo hizo en marzo y poco después dejó de regir el Ayuntamiento. Tras las votaciones del 27 de mayo, un pacto entre el PSOE y Terra Galega desbancó a los populares del gobierno de Samos. El socialista Julio Gallego fue investido alcalde y en julio delegó las competencias en urbanismo y obras en José Manuel Pérez, el administrador de la cantera ilegal que sólo unos meses antes había arrasado un paraje protegido y varias piezas de patrimonio cultural. "Lo que pasó fue por causas naturales. A veces las cosas se sacan de la realidad", alega el regidor.
Los destrozos de un espacio protegido por un derrumbamiento en su cantera sin licencia no son la única mancha en el expediente del concejal de Urbanismo de Samos. Unas semanas antes de las elecciones que lo auparon al cargo, la Consellería de Cultura descubrió que el entonces candidato del PSOE había realizado obras en su vivienda unifamiliar de la parroquia de Pontenova (Samos) sin contar con la preceptiva licencia. Según este departamento de la Xunta, José Manuel Pérez Rodríguez levantó una edificación en la parte posterior de la casa y rehabilitó el resto sin tener permiso. El director general de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, ha instado al Ayuntamiento de Samos a abrir un expediente de reposición de la legalidad.
El edil y empresario pizarrero admite que la cantera que administra carece de licencia, aunque matiza que esta situación de ilegalidad se circunscribe a cerca de la mitad de la explotación. Es sólo en esa fracción no autorizada en la que José Manuel Pérez mantiene paralizada la extracción de losa, porque, recalca, en la otra zona sí tiene permitida la actividad.
Y para no dar pie a maliciosas sospechas, el socialista añade que fue el anterior gobierno del Partido Popular quien le levantó en esa área de la cantera la orden de paralización total que se dictó cuando se derrumbó el vertedero sobre el río. A lo que no alude el concejal de Samos es a la otra prohibición de actividad que pesa sobre la explotación: la ordenada por el alcalde de O Incio, el popular Ángel Camino. El regidor del otro ayuntamiento invadido por el yacimiento de Pizarras del Oribio, SL confirma que allí la empresa tampoco tiene licencia.
"Está en la misma situación que el resto de canteras de Galicia, es algo general", argumenta el alcalde de Samos para eximir de culpa a su concejal de Urbanismo, un hombre que, según admite, lleva años "colaborando con el partido". El socialista Julio Gallego se muestra incómodo al hablar del tema y se niega a confirmar qué autorizaciones le faltan a la explotación. "Pregúntele usted a la empresa", replica. El regidor se defiende entonces negando hasta la vinculación de José Manuel Pérez con la sociedad que gestiona el yacimiento. "Es sólo encargado o algo por el estilo", afirma en referencia al que desde 1995 figura como administrador de la empresa Pizarras del Oribio.
Gallego desmiente que José Manuel Pérez tenga asignada ninguna competencia en la corporación que él preside, una afirmación a la que también se agarra el empresario pizarrero reconvertido a político. "No soy concejal de nada", remacha Pérez, fastidiado por las preguntas sobre sus responsabilidades políticas. Sin embargo, una resolución firmada en julio de 2007 por el alcalde adjudica las competencias de urbanismo y obras a José Manuel Pérez Rodríguez. Esta delegación, añade el documento suscrito por Julio Gallego, abarca "tanto la facultad de dirigir" esas atribuciones "como de gestionarlas en general".
Sobre el derrumbe del vertedero que contaminó el río Castelo y arrasó piezas del patrimonio cultural, Pérez Rodríguez asegura que "está todo arreglado, todo tapado". El edil dice estar a la espera de que le llame a declarar el juez de Sarria que instruye la denuncia presentada contra él por el Seprona por delito ambiental. Daniel Vispo, portavoz de la asociación ecologista Adega, que denunció el desastre ambiental provocado por la cantera del concejal socialista, cree que la presencia de este empresario en el gobierno de Samos es "todo un ejemplo de travestismo político y tráfico de influencias que ninguna administración debería consentir".
* ELPAIS.com - SONIA VIZOSO - Santiago - 29/01/2008
Foto: Samos (Lugo) - concellodesamos.com
La Vila Joiosa: Los ecologistas denuncian el uso de suelo rústico como urbano en un plan parcial
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INFORMACIÓN/Alicante* : El grupo ecologista Xoriguer ha denunciado ante el Ayuntamiento de La Vila que el plan parcial del sector 19 "El Xarquet" pretende establecer como suelo urbano lo que en el registro catastral figura como terreno rústico y que abarca el 92 % del total de su extensión.
Según este colectivo, el proyecto urbanístico infringe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en cuanto a la conservación del patrimonio natural, pues "no contempla la recuperación y el aprovechamiento del suelo" y, además, "el catálogo de arbolado es incompleto en cuanto al número de ejemplares trasplantados".
La asociación no comprende que, "cuando todavía no se ha urbanizado la mayor parte del terreno urbano del municipio, ya se haya sacado al mercado inmobiliario suelo rústico, lo que provoca una gran pérdida del patrimonio natural". Asimismo, ha criticado que "en estos tiempos de desarrollo sostenible" el Ayuntamiento no obligue a la empresa urbanizadora a impulsar medidas de ahorro de agua con la creación de aljibes, aseos ecológicos o dispersores, y a potenciar el uso de bombillas de menor consumo energético.
El proyecto tampoco contempla la construcción de un carril bici, una medida que debería de ser "obligatoria", según establece una resolución alcanzada en el año 2000 por el pleno municipal y la comisión de gobierno sobre viales de nueva creación, ha recordado el grupo ecologista.
El plan parcial se desarrollará sobre una parcela de 87.519 metros cuadrados y prevé la construcción de 260 viviendas, lo que supondrá, según este colectivo, un "incremento demográfico insostenible e injustificado" que sólo busca fines "recaudatorios" y que conllevará la "desaparición de un importante valor paisajístico".
* Información - 29 de enero de 2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es
Mijas notifica multas de 120.000 euros y el derribo de 300 viviendas
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ELPAÍS/Málaga* : Como caracoles en un día de lluvia, así han ido surgiendo en Mijas (Málaga) los propietarios de viviendas ilegales cuando el Ayuntamiento de esta localidad limítrofe con Marbella ha comenzado a notificar sanciones de hasta 120.000 euros y la necesidad de demoler estas construcciones.
Hasta el momento se han contabilizado al menos 3.000 construcciones con irregularidades, la mayoría diseminados. Entre ellos hay unos 300 decretos firmes de demolición con orden de ejecución por incumplimientos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Según fuentes consultadas, la mayoría son viviendas de autoconstrucción levantadas en terrenos rústicos.
La desesperación y la imposibilidad de afrontar sanciones que van de los 90.000 a los 120.000 euros ha llevado a los vecinos afectados, muchos de economía modesta, a agruparse en la Asociación por la regularización de viviendas Mijas. El colectivo reclamará hoy en la puerta del Consistorio mijeño que no se derriben sus domicilios.
La protesta se ha convocado a las 9.00, poco antes de un pleno ordinario en el que el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), presentará una moción especial para tratar de evitar los derribos. Sánchez asegura que se buscarán "todas las vías legales" pero también deja claro que sus propietarios tendrán que asumir las infracciones correspondientes.
Desde el Ayuntamieto mijeno inciden en que algunas viviendas no podrán acogerse a esta normalización. "Hay casos insalvables", reconocen. En esta tipología se incluyen viviendas levantadas en zonas de dominio público o la construcción en espacios rústicos con algún tipo de protección.
La oposición, PP, culpa a los anteriores equipos de gobierno socialistas de esta situación y reclama al alcalde que depure responsabilidades. "Al PSOE le ha salido muy rentable en cuestión de votos porque los afectados se sienten en deuda por permitirles construir y les siguen votando por miedo a que se descubra", explica la edil del PP, Lidia Conde. La concejal incide en que en 10 años no se han construido viviendas protegidas.
"La ruina de cientos de familias"
Trataban de conseguir una casa mejor de lo que les ofrecía el mercado y ahora están con el agua al cuello. Al menos 300 familias de Mijas tienen problemas para conciliar el sueño desde que el Ayuntamiento les notificó una multa millonaria por haber construido en zona rústica y la orden de derribo.
Los afectados, en su mayoría familias modestas que aprovecharon terrenos heredados de padres o abuelos para aspirar a algo más que un piso de 60 metros por 240.000 euros, lamentan ahora haber hecho oído sordos a las advertencias. "Pensaba que pagando una multa se arreglaba, pues no, han esperado a que la termine, dé el alta y pague la contribución, basura, agua, luz y viva con mi mujer y mi hija para ponerme una multa que no puedo pagar y encima me digan que la tengo que derribar", explica el propietario de una vivienda diseminada de 100 metros cuadrados de Mijas que ve como su economía familiar se tambalea por su imprudencia. "Esto es mi ruina para toda la vida, ¿creéis que si llego a saber esto lo hubiese hecho? Seguiría viviendo en casa de mis suegros", zanja en uno de los foros de Internet en el que los afectados comentan los avances de la recién constituida Asociación para la regularización de viviendas en Mijas.
El letrado encargado de asesorar a los afectados augura "la ruina personal y económica de cientos de familias" si el Ayuntamiento sigue adelante con sanciones que llegan a los 120.000 euros.
El abogado, que prefiere mantenerse en el anonimato, mantiene que muchos de los propietarios trataron de sacar la licencia de obra, pero se la denegaron y decidieron seguir adelante. "Saben que están fuera de ordenación, pero quieren una solución menos drástica", expone.
Después de todo, lo que más irrita es que las sanciones no se hayan dispuesto de forma homogénea. "Hay viviendas que tienen expediente pero las de al lado no, y eso crea agravios comparativos", mantiene.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 29/01/2008
Foto: Vista aérea de Mijas - JULIÁN ROJAS, elpais.com
España baja nota en el 'ranking' de países menos corruptos por culpa del 'ladrillazo'
20MINUTOS* : España ocupa el puesto 25 en una lista de menor a mayor corrupción de un total de 180 países, según el ranking elaborado por la ONG Transparency International. El Índice de Percepción de la Corrupción 2007, en el que son los ciudadanos quienes ponen nota a su país, otorga una puntuación de un 6,7 a nuestro país, que empata así con Uruguay. La razón de que España no llegue al notable se encuentra en la especulación urbanística, según apuntan desde Transparency International.
Desde 2004, cuando España alcanzó el 7,1, su nota ha ido bajando hasta llegar al 6,8 en 2006 y al 6,7 de este año.
Los primeros puestos del ranking de menos corrupción son para Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca (los tres con un 9,4), Suecia y Singapur (9,3), Islandia (9,2) y Suiza y Holanda (9).
Los pobres, los más perjudicados
El informe publica otras conclusiones, como que son las personas con escasos recursos son los que resultan más afectados por la corrupción y los que son más pesimistas sobre su final.
Además, asegura que una de cada diez personas en el mundo ha tenido que pagar un soborno durante el año pasado y que son la Policía y el cuerpo judicial las instituciones que se perciben como "más corruptas" en la sociedad.
Por último, la mitad de los entrevistados -un número superior al de hace cuatro años- prevé que la corrupción en su país va a aumentar en los próximos tres años, con la excepción de algunos países africanos.
* 20 Minutos - 28.01.2008
Foto: Mapa global de la corrupción (Fuente: Transparency International)
