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LAVERDAD/Murcia* : La juez de Totana señala que el primer edil totanero, «al obtener la Alcaldía, y al considerarse máximo responsable del Consistorio, pensó que debía ser él quien cobrase» ese dinero. Tres millones de euros constituyen un fajo de billetes demasiado grueso como para no resultar una tentación. Dinero suficiente para justificar una zancadilla a un socio. A un amigo. A un colega. Incluso, a quien fue tu jefe y alcalde.
Tal es la conclusión que se extrae, en una primera lectura, del sumario instruido por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, en el que se investiga una decena de delitos vinculados a la corrupción urbanística en Totana. Esto es, las diligencias judiciales de la denominada Operación Tótem, a las que ha tenido acceso La Verdad.
Una de las conclusiones más sorprendentes de la investigación, coordinada por la citada juez y desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es la que indica que el actual alcalde del PP en Totana, José Martínez Andreo, intentó quedarse con una comisión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) que su antecesor en el cargo, Juan Morales Cánovas, había pactado supuestamente con una firma gallega por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, en el paraje de El Raiguero, donde estaba prevista la construcción de 5.040 viviendas.
Según se recoge en la Exposición Razonada que la juez María Asunción Navarro remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el pasado 11 de enero, y en la que realiza un exhaustivo resumen de todo lo investigado hasta ese momento, Martínez Andreo, que había sido concejal de Obras Públicas en la anterior legislatura, con Juan Morales como alcalde, «conocía las andanzas» de quien fue su jefe de corporación, y era consciente de la multimillonaria comisión presuntamente pactada por éste con el empresario gallego Manuel Núñez Arias, responsable de las sociedades Inmonuar S.L. y Grupo Nuaria S.L., entre otras.
En esta tesitura, recoge el citado documento, «Martínez Andreo, una vez que obtuvo la Alcaldía (en el 2007), y al considerarse como máximo responsable del Consistorio, [consideró] que debía ser él quien cobrase la citada comisión, tratando de dejar fuera a Morales».
«Esto aparece claramente -añade la juez- en la conversación telefónica que tuvo en el mes de agosto del 2007 con Juan Francisco Casanova, que actuaba como representante suyo en las reuniones que celebró con Pablo Maceiras -representante a su vez de Inmonuar S.L.-, al cual llegó a recibir en su propio despacho del Ayuntamiento». La instructora señala, sin embargo, que «no se ha acreditado» que el actual alcalde popular «llegase a recibir ninguna cantidad».
DOS GRUPOS ENFRENTADOS
De esta forma, y según las conclusiones obtenidas con la suma de indicios y pruebas por la juez Navarro, se habrían creado «dos bandos» con el mismo objetivo: hacerse con la suculenta comisión pactada por la recalificación de los terrenos de El Raiguero. De un lado, «el bando formado por Juan Morales -ya entonces diputado-, José Antonio Alcántara (intermediario) y Gabriel Martínez (director ejecutivo de Huevos Maryper y amigo íntimo y hombre de toda la confianza de Morales)». Y de otro lado, «otro bando formado por el citado Pablo Maceiras, Joaquín Carmona (intermediario y ex socio de José Antonio Alcántara) y posiblemente Juan Francisco Casanova (concejal de Agricultura de Totana y amigo y representante de Martínez Andreo) y [el propio] José Martínez Andreo».
Juan Morales, preocupado por la entrada en escena de Martínez Andreo, y sobre todo por el hecho de que se hubiesen acabado peleando Alcántara y Carmona, que habían comenzado siendo sus supuestos intermediarios y negociadores de la comisión ante el grupo gallego, el parlamentario regional habría decidido dar un golpe de mano y recuperar el control de la operación, aunque fuese a costa de perder algún dinero.
Así, señala la juez, Morales organizó un viaje relámpago a Vigo, junto con Gabriel Martínez y Alcántara, y allí se reunieron con el empresario Núñez Arias. En ese encuentro, que fue controlado por la Guardia Civil, quedaron en que la comisión originalmente pactada por la recalificación, que era de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) a repartir en tres partes, se quedaría en tres millones de euros.
La forma de pago, según las exigencias de Morales, serían 1,2 millones de euros en el acto, y 1,8 millones de euros cuando se aprobase el Plan General de Urbanismo, o bien cuando Inmonuar S.L. vendiese sus terrenos a un tercero.
El reparto de esa comisión se haría de la siguiente forma: 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) para Juan Morales, e iguales cantidades para Gabriel Martínez y Alcántara. (Parece que la juez quiere decir, en realidad, tres partes de un millón de euros).
REUNIÓN SECRETA EN ALBACETE
Mientras el ex alcalde y todavía diputado del PP Juan Morales -luego fue expulsado por su partido y pasó a integrar el Grupo Mixto de la Asamblea Regional- trataba de esa forma de hacerse con la comisión, Martínez Andreo intentaba también, presuntamente, jugar sus cartas. De esta forma, habría contactado con uno de los primeros intermediarios y representantes del grupo gallego, Emiliano Ovide, y habría concertado con él una reunión, que finalmente se celebró en el Parador Nacional de Albacete.
En este encuentro habrían participado, además de las dos personas mencionadas, Manuel C.M. y Raquel V.L. (cuñado e hija, respectivamente, de la vecina de Totana Juana L.G., que fue la primera que puso en contacto a Emiliano con Juan Morales).
En su declaración en el juzgado, Emiliano explicó que Martínez Andreo le había solicitado además toda la documentación que tuviese en su poder y que pudiese implicar a Morales en la negociación de comisiones. Sin embargo, añadió, «cuando observó que Andreo no lo llamaba para pedirle esa documentación, unido a los comentarios del pueblo y al nivel económico de vida que empezó a tener éste, le hizo pensar que se había aliado con Morales».
LA TRAICIÓN SE PAGA CARA
Otro dato realmente interesante que ofrecen las diligencias sumariales sobre la Operación Tótem es el que se refiere al origen de la investigación. Como en tantos otros grandes asuntos de corrupción urbanística, las primeras claves empezó facilitándolas un arrepentido; en realidad, un intermediario de la operación urbanística a quien el resto de implicados se había quitado de encima, dejándole sin su parte del pastel.
Este papel lo ha jugado aquí el intermediario Emiliano Ovide Castrillo, que fue quien empezó a buscar terrenos para urbanizar en Totana, por mandato de Núñez Arias, y quien por primera vez habría contactado con el entonces alcalde Juan Morales.
Cuando varios intermediarios urbanísticos locales se metieron por enmedio y lo dejaron fuera, Emiliano Ovide le fue con el cuento al secretario general del PSOE en Totana, Alfonso Martínez Baños, quien grabó subrepticiamente la conversación. Fruto de aquel encuentro fue la presentación de una denuncia, por parte del PSOE local, ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la subsiguiente Operación Tótem, en la que ya figura una veintena de imputados.
UNA EMPRESA 'TAPADERA'
La juez de Totana tiene pocas dudas del papel protagonista jugado por el actual diputado regional en la trama. Así, en su escrito remitido al TSJ, señala que «ha quedado acreditado, al menos indiciariamente, que Juan Morales es el que propicia desde el principio la existencia de esa comisión ilegal, pues es él quien la solicita; es él quien concreta la cantidad a abonar; él ordena y coordina la operación; él exige la firma de varios documentos de deuda públicos y privados; es él quien impulsa de una forma insistente y firma el convenio sin cuya comisión seguramente no hubiese firmado; es él quien una vez que deja de dirigir el consistorio totanero sigue impulsando toda la operación, hasta el punto de que sale de una decisión suya la idea de acudir a Vigo a la reunión con Núñez».
«Reunión -prosigue la instructora-, a la que acudió acompañado de Gabriel Martínez y Alcántara (...), llegando a escucharse incluso en la sala VIP de Barajas comentar entre los tres que iban a rebajar la comisión en 600.000 euros, pero que iban a exigir a Núñez que les entregase ya todo o parte de la cantidad de tres millones de euros, que se la traerían a la vuelta en un coche, metida en una bolsa de plástico».
Para evitar figurar en documento alguno, Morales había acordado supuestamente con dos intermediarios y personas de su confianza, el citado Alcántara y Joaquín Carmona Abellán, que fuese una sociedad vinculada a ellos, Nubia Inversiones S.L., la que cobrase la comisión. La operación se haría mediante el reconocimiento, por parte de la promotora Inmonuar S.L. -propiedad de Núñez Arias- de un reconocimiento de deuda por importe de los 3,6 millones mencionados en primer lugar.
Copias de ese documento de reconocimiento de deuda fueron encontradas en posesión de la mayor parte de los imputados mencionados, cuando la juez de Totana ordenó los registros de domicilios y sedes empresariales.
Y POR ÚLTIMO, A VIVIR A BRASIL
El propio Emiliano señaló en sus manifestaciones ante el juzgado que los planes de Juan Morales pasaban por cobrar la comisión y marcharse a vivir en Brasil, aprovechando que había iniciado tiempo atrás una relación sentimental con una ciudadana brasileña, la también imputada ahora Vaneide Freita.
La juez Navarro considera que esos planes del diputado han quedado acreditados en el curso de la investigación judicial y señala, asimismo, que hay indicios de que esta mujer «habría colaborado en el envío de dinero y documentos pertenecientes o relacionados con Juan Morales a su país de origen».
También se habría confirmado que Morales posee inversiones inmobiliarias en la localidad brasileña de Foz de Iguaçu.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 21.05.2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
Totana: El alcalde Martínez Andreo intentó quitarle a Morales la comisión de tres millones de euros
Valladolid: El TSJ ratifica la nulidad de la licencia de obra del edificio de Juan de Austria
NORTECASTILLA* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la nulidad de la licencia de obras que el Ayuntamiento de Valladolid otorgó, el 18 de noviembre de 2005, para la construcción de un edificio comercial y de oficinas en la plaza Juan de Austria.
Según hizo público ayer el PSOE, se trata de una sentencia de apelación que confirma la dictada en su momento por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de Valladolid y que anulaba dicha licencia de obras por autorizar la construcción de una rampa de aparcamiento sobre un espacio público, permitir un exceso de edificabilidad y no respetar la anchura de un pasaje previsto por el planeamiento urbanístico. Este espacio urbano cuenta con varias sentencias contrarias. Así, existe otro fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 17 de septiembre de 2007, que anuló la modificación del Estudio de Detalle aprobada por el Consistorio de Valladolid. Además, mediante sentencia de 8 de octubre de 2002, la misma Sala anuló una licencia concedida en este mismo ámbito en 1998.
En la apelación figura únicamente como parte apelante la empresa promotora, Parzara S. L. Para el PSOE el Ayuntamiento «da la espalda a aquel al que concedió la licencia de forma irregular, a quien se imponen, además, las costas». «Esto demuestra lo poco convencidos que estaban en el Consistorio de la legalidad de la licencia otorgada, que ni siquiera se presentaron en apelación, aunque ello no nos asegura que finalmente no tengamos que pagar las costas entre todos por responsabilidad patrimonial».
Tensando la cuerda
En el mismo comunicado de prensa los socialistas destacan que «el constante goteo de sentencias en este ámbito en particular y en otros lugares de la ciudad - la más reciente la que afecta a la vivienda del alcalde situada en la Plaza de Zorrilla- ponen de manifiesto el nulo respeto por la legalidad que tiene este Ayuntamiento que juega siempre tensando la cuerda de la ley al máximo».
A juicio del PSOE, el incumplimiento de las normas, además de ser grave en sí mismo, es «una clara muestra de gestión ineficaz que el alcalde pretende amparar en la tardanza de las resoluciones judiciales para, una vez consumados los hechos, pensar que no va a haber nadie que decida reponer lo edificado, tal y como se señala en la sentencia que anula las licencias de obra en la Plaza Juan de Austria.
Según el PSOE, en Valladolid quien actúa como promotor inmobiliario tiene que asumir «un riesgo y una incertidumbre de difícil valoración cual es si los pasos que da el Ayuntamiento para amparar jurídicamente cualquier actuación urbanística se ajusta o no a derecho». Así, añade el PSOE, «difícilmente se puede generar confianza entre los empresarios y eso es un serio problema de un alcalde que ha hecho gala de ser un buen gestor».
* El Norte de Castilla - 21.05.08
Foto: Edificio de la plaza Juan de Austria afectado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León/ RODRIGO DE ROJAS, nortecastilla.es
Una sentencia declara ilegales los 76 adosados a construir en Vilaflor (Tenerife)
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EUROPAPRESS* : El Juzgado nº3 de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) sobre la licencia municipal concedida por el Ayuntamiento de Vilaflor para la construcción de 76 chales pareados en el Camino Real de la Escalona argumentando que el proyecto está fuera de ordenación, que no se atendió a los informes municipales y que el proyecto está en suelo rústico potencialmente productivo.
El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la licencia otorgada no ha contemplado las objeciones hechas en las informes técnicos que han declarado "desfavorable" el permiso urbanístico, incluso, en los emitidos con posterioridad a la concesión de dicha licencia.
Precisa que incluso la promotora, Tenarona, reconoció en un documento que "la licencia contravenía la regulación" y que la parcela en cuestión está clasificada como suelo rústico protencialmente productivo por lo que "resultaba preceptiva la previa obtención de la calificación territorial conforme dispone el artículo 27 del RDL 1/2000 de 8 de mayo, señalando que son nulas de pleno derecho las licencias urbanísticas otorgadas sin que previamente se haya autorizado el Proyecto de Actuación Territorial o la Calificación Territorial conforme a la Ley".
La sentencia insiste en que, aunque se habla de que en la modificación del Plan General será suelo urbano, en la actualidad no lo es y por tanto, sigue siendo suelo rústico potencialmente productivo".
En cuanto a la urbanización se dice en el dictamen que este proyecto "vulnera la altura máxima permitida por la ocupación de la cubierta de viviendas proyectadas, la cual es del 43%, siendo el máximo permitido de un 25%". Además, "el retranqueo a linderos no respeta las determinaciones de las Normas Subsidiarias" dejando a una futura modificación del plan general dicho retranqueo. El juzgado sentencia que "la normativa urbanística a tener en cuenta es la vigente".
El fallo revela que "la licencia concedida se apartó del ordenamiento jurídico vigente en los aspectos señalados (...) sin que sean oponibles al respecto, ni los supuestos pactos verbales a los que se hace referencia por el perito de la promotora, ni los eventuales escritos de renuncia del promotor".
En este sentido se recomienda que "los supuestos pactos verbales" mencionados por el perito de la empresa promotora "deberían ventilarse ante otra jurisdicción" tras un "análisis adecuado". EL ALCALDE DE VILAFLOR.
El dictamen del juzgado de Santa Cruz de Tenerife recoge, además, que pudiera haber "responsabilidad del citado Alcalde --Manuel Fumero-- conforme a las previsiones contenidas en el artículo 189.1 b)2 del Texto Refundido".
Según este decreto se señala que que son responsables "el titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las aprobaciones, autorizaciones o licencias sin los preceptivos informes o, dolosamente, en contra de los emitidos motivadamente en sentido desfavorable por razón de la infracción".
Son responsables también, según este decreto, "los miembros de los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas aprobaciones, autorizaciones o licencias en idénticas condiciones; y el Secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico, así como el funcionario que, dolosamente, haya informado favorablemente con conocimiento de la vulneración del orden jurídico".
* Europa Press - SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 May 2008
Foto: Vilaflor (Tenerife) - costa-adeje.es
Un ex alcalde de Aranjuez será juzgado por prevaricación
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ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Madrid juzgará al ex alcalde de Aranjuez José María Cepeda, del PP, por tres delitos continuados de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Así lo ha decretado la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, Sara Carrión.
Junto a Cepeda se sentarán en el banquillo su hermano y antiguo concejal de Urbanismo de la localidad, Jesús Ramón Cepeda, y otro compañero de gobierno, responsable del área de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez. También lo harán el arquitecto José Ángel Lazareno, el aparejador Jesús Antonio Segado y el abogado Jesús Iglesias Ortega. A todos se les imputa la comisión de delitos urbanísticos, así como prevaricación o abuso de poder.
El grupo fue acusado en 2002 por la Fiscalía de Madrid de conformar "una trama económica" que favoreció a diferentes empresas constructoras entre 1998 y 2001. El fiscal les atribuía la obtención de "enormes beneficios económicos" a través de procedimientos "ilícitos", que iban desde la concesión de licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad a la detracción de fondos públicos a favor de empresas, pasando por el uso de sus cargos públicos para realizar negocios.
Juicio oral
Tras una investigación de casi seis años, la juez ha decidido ahora dar traslado del caso a la Audiencia Provincial, con el objetivo de que se desarrolle el juicio oral. En el mismo, el que fuera alcalde de la localidad entre 1995 y 2003 se enfrentará a una petición por parte del fiscal de 37 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, así como a una multa de 36.000 euros. Cepeda fue hasta junio de 2006 director gerente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), dependiente de la Consejería de Economía. En la actualidad es director del Museo Ampelográfico de El Encín, incluido en el IMIDRA.
La fiscalía pide asimismo 34 y siete años de inhabilitación especial y otros 36.000 euros para los otros dos miembros del gobierno de Cepeda, 27 años de inhabilitación y 54.000 euros para el aparejador municipal, 10 años de inhabilitación para el arquitecto José Ángel Lazareno y dos años y 24.000 euros para el abogado Jesús Iglesias.
* ELPAIS.com - JAVIER S. DEL MORAL - Madrid - 21/05/2008
Foto: Aranjuez (Madrid), vista - A.Serrano (wikipedia.org)
Alrededor de 2.000 vecinos habitan en los diseminados de Málaga capital
MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento reconoce la existencia de una treintena de núcleos levantados sobre suelo no urbanizable y, por tanto, ilegales. Sin agua potable, obligados a tener que recoger el líquido elemento de un río o de un embalse próximo, sin una infraestructura de saneamiento adecuada y con el reto diario que supone tener que desplazarse por carriles sin asfaltar.
Grosso modo estas son las condiciones de vida en las que se encuentran alrededor de 2.000 vecinos de Málaga capital y cuyas existencias pasan casi desapercibidas a pocos kilómetros de calle Larios, la Alameda Principal o la Avenida de Andalucía. Son los habitantes de los denominados diseminados, núcleos urbanos levantados décadas atrás en la periferia de la ciudad y que, en estos momentos, están situados al margen de la legalidad urbanística.
El Ayuntamiento de Málaga admite la existencia de al menos una treintena de estos conjuntos residenciales, construidos en suelo no urbanizable, y que albergan ya alrededor de un millar de viviendas. Cifra que ha ido creciendo en los últimos años con la ejecución de nuevas edificaciones en una clara infracción de las normas urbanísticas, que sólo autorizan este tipo de actuaciones siempre que estén directamente vinculadas a la actividad agrícola.
Algunos de estos ejemplos son los de los núcleos de Los Arias y El Mallorquín, localizados en las cercanías de Campanillas. Miguel Martín tiene una vivienda en el primero de estos diseminados, aunque vive habitualmente en la capital. "Me he criado aquí toda la vida y yo y mis hermanos hemos nacido en esta zona", comenta, recordando cómo sus padres también residieron aquí. Su experiencia es la de varias decenas de afectados que se topan con el rechazo municipal a regularizar sus viviendas. "Son casas que están levantadas desde hace doscientos años, aunque reformadas y reparadas, y por las que se paga una contribución", insiste Miguel, quien apostilla que desde el Consistorio se les dice que "agarrados a la ley" no tienen derecho "a nada".
Manuel Suárez es miembro de la Asociación de Vecinos La Presa, que aglutina a muchos de los residentes de estos dos diseminados. Sus cálculos elevan a unas 70 las personas que viven de forma permanente en estos entornos y afirma que puede haber unas doscientas viviendas construidas, la inmensa mayoría antiguas. "Estamos abandonados", sentencia, un mensaje en el que se muestra de acuerdo un anciano de 85 años de edad cuya existencia está vinculada a este territorio desde que nació: "Pienso que tenemos el mismo derecho que el resto, como malagueños que somos". Sin embargo, la realidad constata que no es así.
La práctica de las construcciones de diseminados parece tener los días contados, o así al menos lo afirma el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. "Tenemos el objetivo, por expreso deseo del alcalde, de aumentar de manera notable la inspección y la vigilancia para evitar las construcciones ilegales en la capital", comenta el edil del PP, que apunta el compromiso por aumentar el número de efectivos que se encarguen de la inspección. A ello se sumará, como herramienta novedosa, la contratación de un servicio de toma de imágenes vía satélite, lo que permitirá detectar de forma casi inmediata cualquier construcción ilegal. "La idea es poder anticiparnos al problema y actuar conforme empiecen los trabajos de edificación", agrega.
Sin embargo, el paso que pretende dar el equipo de gobierno del PP no elude la pregunta clave: ¿Qué ocurrirá con las cientos de edificaciones levantadas de forma irregular? Por la cabeza de los responsables municipales no pasa en absoluto el empleo de la piqueta, una acción que, incluso de aprobarse, necesitaría de una compleja tramitación judicial. Justo la misma que mantiene en suspenso desde hace años los numerosos expedientes sancionadores contra, por ejemplo, el promotor del centro hispano ruso, quien construyó por encima de lo permitido en Monte San Antón.
La medida propuesta por los técnicos de Urbanismo pasa más bien por tratar de normalizar parte de los diseminados contabilizados. Aunque se trata de una iniciativa hasta la fecha poco efectiva. Ya en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997 se incluyó un listado de 28 diseminados para tratar de regularizar su situación mediante la redacción de planes espaciales, algo que aún no se ha ejecutado.
Ahora, aprovechando la revisión del planeamiento local, el Ayuntamiento ha reducido sensiblemente este apartado y alude únicamente a once núcleos: Salinas (61 habitantes), Cortijo los Ruices (114), El Cortijillo (48), Costilla (58), Los Pintados (31), Los Gámez (273), Venta del Boticario (45), Las Breñas (23), Venta del Detalle (74), Piedra Horadada (21) y Haza Carpintero (60). En cualquier caso, la instalación de las infraestructuras básicas deberá ser costeada por los propios afectados.
* Málaga Hoy - Sebastián Sánchez - 19.05.2008
Foto: Juan Herrera mantiene en brazos a un pequeño, justo a la entrada de su parcela, en el diseminado El Mallorquín/ malagahoy.es
El edil de Urbanismo tolera un local sin licencia a su cuñado en Benidorm
ELPAÍS* : La promotora y constructora del cuñado del concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, funciona sin licencia en unas oficinas que están fuera de ordenación. El Ayuntamiento de Benidorm revocó la licencia que tenía concedida y ordenó el cierre, mediante dos decretos firmados el 8 de agosto y el 15 de septiembre de 2006, cuando el concejal tenía delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana y Policía.
El concejal de Urbanismo justifica la permisividad del Consistorio porque se trata de una ilegalidad habitual en el municipio.
Las oficinas del Grupo Decotec Mediterráneo, SL, situadas en la calle de Severo Ochoa, permanecían ayer abiertas a pesar de no tener licencia. El cuñado de González, Jorge Juan García Carpio, era entonces el administrador único del Grupo Decotec Mediterráneo, SL, una sociedad dedicada a la "explotación y venta de materiales para la decoración; compraventa, explotación, construcción y promoción de inmuebles rústicos, urbanos o urbanizables; y la parcelación, urbanización o permuta de estos por obra terminada" según los datos que figuran en el registro mercantil. Jorge Juan García es pareja de la hermana del edil popular, con quien convive y ha tenido descendencia, si bien no han formalizado matrimonio. En la actualidad Jorge Juan García figura como trabajador de la sociedad y ha cedido la titularidad a su hermano Ángel.
El Consistorio concedió permiso para abrir un local en un espacio de 11 metros cuadrados el 8 de febrero de 2006, tres semanas después de constituirse la sociedad, pero una inspección municipal detectó el 3 de abril que el familiar del concejal había realizado el cerramiento de una zona libre de parcela en retranqueos y ocupaba 180 metros cuadrados, es decir, 16 veces el espacio permitido. El Consistorio incoó un expediente de infracción y otorgó un plazo de 15 días para corregir la infracción con la amenaza de cerrarle el local. El familiar del concejal no lo hizo, y la entonces edil de Aperturas, M.ª Carmen González, firmó por delegación de alcaldía el decreto 4.109 de 21 de agosto de 2006 por el que revocaba la licencia y procedía al cierre del establecimiento. Tres días más tarde, Ángel García, en representación de la sociedad, presentó un recurso de reposición contra la revocación, que fue desestimado el 15 de septiembre de 2006 con los informes técnicos aportados por el arquitecto técnico. El decreto 4.841 firmado por M.ª Carmen González desestima la petición y ratifica la revocación y el cierre dictados el 8 de agosto.
José Ramón González de Zárate reconoce que el establecimiento "funciona sin licencia", y añade: "Como todos en Benidorm. Hay 1.500 locales en esta misma situación". "Se han seguido los tres procedimientos del expediente de infracción urbanística, e incluso han pagado sanción. No como otros", añade. Aunque la normativa obliga a demoler la estructura que está fuera de ordenación y en Benidorm se ha llegado a decretar en varios casos, "nunca se lleva a término", apunta. Tampoco en este caso. El concejal destacó como atenuante que el local que sirve de oficinas de Decotec es "de un familiar de su pareja", no de su cuñado, y que los metros que ocupa de forma ilegal son "de uso y disfrute del local, no de la comunidad de vecinos". También subrayó que a diferencia de muchos de los retranqueos de los que existen en el municipio "es un cerramiento bonito" que sigue las directrices estéticas marcadas por el departamento de Urbanismo. González de Zárate incidió en que este es "un caso más", y apuntó que "todos en Benidorm tienen familiares", y que no por eso "estamos invalidados para trabajar en política".
El concejal de Urbanismo de Benidorm deberá declarar en los próximos días ante el juzgado de instrucción número 5 de Benidorm por un presunto delito de prevaricación, por ordenar el cierre de un cámping que según el Consistorio no se adapta a la normativa.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 21/05/2008
Foto: benidorm - EFE
Los lloriqueos de los promotores
JORDI PALAFOX* : El último medio de prensa extranjero destacado que se ha hecho eco de la inseguridad jurídica existente en el urbanismo valenciano ha sido el Herald Tribune. En su edición del pasado lunes 5, casi a página completa, relataba la situación en Catral. No es el primero y si no hay cambios inmediatos, legales y no legales, que vayan más allá de lo epidérmico no será el último.
En esas condiciones por mucho evento que se organice, por mucho que se invierta en promoción exterior, es imposible que esta comunidad se convierta en el polo de atracción de la inversión extranjera que necesita para mejorar su productividad y en nivel de vida de las generaciones futuras. La obviedad la reitera en el artículo el director general en España de la consultora Pricewaterhouse Coopers.
Lo publicado en la sección europea del New York Times no se aparta de lo ya relatado por otros medios de similar impacto: miles de viviendas adquiridas de buena fe, son ilegales y están amenazadas de derribo. Pero el texto añade algunos detalles todavía más inquietantes. Por un lado, los afectados a los que se menciona como ejemplo consiguieron un crédito hipotecario, con su información registral, y pagaron un informe independiente para evitar errores sin que se advirtiera que la licencia era ilegal. Por otro, recoge afirmaciones, que como poco resultan sorprendentes.
Así, además del consultor mencionado, al que fuera Síndic de Greuges Bernardo del Rosal se le cita entre comillas la aseveración de que aquí cuando promotores, ayuntamientos y administración están haciendo dinero la ley no vale para nada (is worthless). No es lo único llamativo. El nuevo asesor urbanístico de Catral presume de tener la solución para hacer de éste, el primer lugar que resuelva tan extendido problema: que los afectados y principales perjudicados paguen (entre todos unos 15 millones de euros) al ayuntamiento, el mismo que ha incumplido gravemente sus funciones de vigilancia de la legalidad, para evitar el derribo de sus viviendas. Todo, creo que no es exagerar, se parece demasiado al más puro estilo de aquel oeste americano del juez Lynch u otros de su misma condición: la ley no sólo tiene precio sino que sin sonrojo se propone a quien tiene la obligación de hacerla cumplir, que lo fije.
Lo más irritante es que no sorprende. Desde hace años y al amparo de una nefasta legislación y de una deplorable pasividad muchos promotores han campado a sus anchas. Han ninguneado a los compradores cuanto y como han querido. Y han conseguido que municipios y administración autonómica se desentendieran de actuaciones reprobables, cuando no claramente injustas, argumentado que lo que no se les permitía en un lugar, era posible en el de al lado. Y asegurándoles vía impuestos, u otras compensaciones, servicios o prebendas personales, con los que nunca soñaron.
Es esta trayectoria de impunidad en la que se han movido, favorecida además por una lentitud injustificable de la justicia, la que explica la bravuconería de su respuesta a la declaración del vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes de que el sector ha de purgar los excesos acumulados. La misma altanería que han venido utilizando para negarse a que se establecieran instituciones, en el sentido al que se refería el Nobel Douglass C. North de reglas de juego, que gobernaran su actuación para impedir el descrédito de todos ellos ante la actuación de algunos. O para presumir de sus pelotazos y acusar a la banca, y en especial a las cajas de ahorro, de ser las causantes de sus problemas como si la crisis crediticia fuera un invento. Es esa falta de instituciones que incentiven no ya la reputación, la seriedad y diligencia del buen padre de familia en el sector inmobiliario sino la igualdad en el trato por parte de la administración o la proporcionalidad entre el delito y la sanción lo que ha fallado, falla y, todo indica que va a seguir fallando. Y mientras las sanciones sean tan inferiores a los beneficios que se obtienen incumpliendo las normas, las pomposas declaraciones acerca de que el peso de la ley caiga sobre los culpables son cínicos meros brindis al sol de los políticos sean del partido que sean.
Ahora cuando el ciclo ha cambiado parece que los promotores pretenden seguir comportándose bajo los mismos parámetros. A algunos, lo que de nuevo nos han traído a la memoria los recientes exabruptos contra el ministro Solbes es lo que le indicaba su madre a Boabdil cuando perdió el reino nazarí: que no fuera con lloriqueos ante una situación para la cual no había sabido -ni querido, podría añadirse en este caso- prepararse.
* Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones en la Universidad de Valencia.
* ELPAIS.com - Opinión - 19/05/2008
