De nuevo es actualidad la localidad de Yaiza (Lanzarote), considerada la 'marbella' de Canarias, donde en los últimos años se han cometido toda serie de tropelías urbanísticas, casi siempre con el alcalde nacionalista, JF.Reyes, al frente del Ayuntamiento. Son ya famosas las ilegalidades con los grandes hoteles en la zona de Playa Blanca y ahora, también allí, se trata de la concesión municipal irregular de licencia para 66 viviendas. El asunto viene de 2005 nada menos y, como siempre, la tardanza judicial es exasperante, por no decir palabras mayores. La isla idílica de J.Manrique se ha convertido en un lodazal urbanístico de consecuencias lamentablemente conocidas.
"ELDIARIO* : El Juzgado nº5 de Arrecife (Lanzarote) considera que existen indicios suficientes para procesar al exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes por un nuevo delito de prevaricación urbanística, en esta ocasión por la concesión de licencias para construir 66 viviendas en Playa Blanca. La juez Silvia Muñoz ha dictado hoy el auto por el que da por concluida la instrucción de esta causa iniciada en 2009, en la que también ve indicios de prevaricación, por acción u omisión, en el entonces secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la oficina técnica municipal, Antonio Lorenzo.
Los tres imputados supuestamente emitieron informes favorables a la concesión de la licencias urbanísticas en los expedientes 208/2005 y 277/2005, "de manera intencionada y con manifiesto incumplimiento de las obligaciones de sus cargos".
Todo ello, argumenta la juez, pese a tener "conocimiento de su clara confrontación con la normativa urbanística, ante la inexistencia absoluta de normativa que permitiera las construcciones que se autorizaron" en esa localidad turística del sur de la isla.
Así, detalla que no constaba informe previo sobre compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote, que ni fue solicitado en el expediente de licencia urbanística 277 para la construcción de diez viviendas unifamiliares en la parcela R17A de Playa Blanca, ni fue emitido. Y ello, añade la instructora, fue silenciado en los informes emitidos por los tres imputados.
En el otro expediente denunciado, situado en la parcela R8C y consistente en la construcción de 56 viviendas, sí consta la solicitud de informe al Cabildo por parte del alcalde, así como la respuesta de la corporación insular en la que se señala que no era compatible con el Plan de Ordenación de Lanzarote ni con su revisión. Sin embargo, resalta el auto, Reyes firmó el decreto de concesión de la licencia antes de conocer el informe negativo.
En los hechos se expone que tampoco se recabó en ninguno de los dos expedientes el informe favorable y preceptivo de la administración pública canaria en materia de vivienda, ni se remitió a esta un ejemplar del proyecto ni la documentación pertinente.
La solicitud en ambos casos culminó con decreto del alcalde autorizando la nueva construcción, pese a que Reyes tenía pleno conocimiento de la falta de normativa urbanística que amparara su concesión, al ser el representante del Ayuntamiento en las juntas de compensación.
Según razona la juez, existen motivos suficientes para incoar el procedimiento abreviado, ante la denuncia presentada, las declaraciones de los imputados, el examen de la documentación y el informe aportado por la Agencia de Protección de Medio Urbano y Natura del Gobierno de Canarias.
La juez fija un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y el resto de las partes presenten sus escritos de acusación y defensa y soliciten la apertura de juicio o el sobreseimiento del caso.
La denuncia que dio origen a este procedimiento fue presentada en 2009 por el colectivo canario de Transparencia Urbanística, al advertir irregularidades en la concesión de estas licencias otorgadas a las sociedades Marivista y Villas Blancas, ambas relacionadas con el entonces concejal de PNL-NC en el Ayuntamiento de Arrecife Pedro de Armas.
Tanto Jose Francisco Reyes como Bartolomé Fuentes están imputados en los múltiples delitos que incluye el llamado "caso Stratvs" (la construcción presuntamente ilegal de la bodega del mismo nombre).
El exalcalde figura también como principal imputado en las dos piezas del "caso Yate" (concesión de licencias irregulares y pagos ilegales a un abogado) y en la autorización de varios hoteles en Playa Blanca que han sido declarados ilegales.
Reyes se declaró además hace unos meses culpable de dos delitos de prevaricación (urbanística y administrativa), por haber concedido de forma ilegal en 2006 las licencias que permitieron al arquitecto Carlos Morales construirse un chalet en el barranco del Agua.
En ese caso, el exacalde de Yaiza aceptó ser condenado a seis meses de cárcel y doce años de inhabilitación.
* El Día - EFE - 5.5.15
Foto: Yaiza (Lanzarote), Playa Blanca - panoramio.com
La juez ve causa para juzgar a exalcalde de Yaiza por otro delito urbanístico
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19.5.15
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Santa Cruz.- El Rosarito: un grito para decir "existimos y estamos aquí"
Entre la carretera general del sur de Tenerife y un macrobarrio como el limítrofe Taco, ya en La Laguna, está encajonado un núcleo del Suroeste que apareció en el mapa con la riada del 31M de 2002. El barrio está casi abandonado desde entonces y faltan servicios e infraestructuras que nunca llegaron a construirse. Los vecinos lo denuncian ahora ante las carencias que siguen sufriendo como barrio marginal entre las dos grandes ciudades tinerfeñas.
"ELDÍA* : El Rosarito también existe. Y está en Santa Cruz. Es la declaración de principios de un barrio al que la riada del 31 de marzo de 2002 puso tristemente en el mapa. Sus vecinos superaron poco a poco aquel mal trago. Hoy en día buscan un camino de desarrollo y futuro. La tipología de toda la zona es la clásica de casas terreras de autoconstrucción porque "aquí no ha habido boom de la construcción". Lo asegura Javier Rivero, el joven presidente de la asociación de vecinos Acorán durante el recorrido.
"Hay miles de metros cuadrados de solares públicos abandonados, añade, que originan focos de suciedad e insalubridad. Están ahí, a la espera de que, una vez aprobado el PGO, llegue una urbanización que estaba en marcha justo antes de explotar la burbuja inmobiliaria. Hace falta trabajo y puede ser una posibilidad".
A Javier lo conoce todo el mundo en un barrio en el que la crisis ha agudizado el ingenio. "Este trabajo de pintura lo hacen dos vecinos a otro que lo necesita. Mejor que el dinero se quede aquí", apunta mientras saluda a alguien subido en una grúa y luego al dueño de la casa.
Rivero apunta que "infraestructuras y servicios están prácticamente igual que hace 40 años". Insiste en que el futuro "pasa por la edificación. Si el Suroeste es la zona de expansión de Santa Cruz, este barrio, exagerando un poco, puede ser la del distrito. Traería empleo y equipamientos como instalaciones deportivas, jardines o plazas. Aquí hay desarrollo urbanístico para 50 años".
Entre las carencias relaciona "la falta de marquesinas de guaguas por el problema de la estrechez de la carretera, la mejora pendiente del parque infantil, colocar badenes reductores para el tráfico en algunas calles o solucionar los malos olores de las alcantarillas".
"Siempre hay problemillas de competencias por lo del límite con La Laguna, pero se van solucionando", apunta Rivero, también miembro del tagoror por CC.
Cuatro son sus grandes retos a corto y medio plazo. En primer lugar, las dos salidas del barrio. Por un lado, conectar la calle Peregrinos con Prudencio Tadeo, ya en El Draguillo. Se han recogido 250 firmas y queda una expropiación. El otro ámbito expansivo es hacia la TF-2 con la paralizada Vía Ofra-El Chorrillo como eje. "El Gobierno de Canarias solo dota con 10.000 euros a la obra en 2015", critica.
La tercera gran línea de trabajo es "un plan de acción comunitaria a través de la Fundación La Caixa y el proyecto Juntos en la misma dirección del Cabildo, que propone rehabilitar zonas del barrio y establecer sinergias entre vecinos de Santa Cruz y La Laguna.
Por último, la preocupación más reciente: la aplicación de la ITE en viviendas con más de 50 años. "Hay que dar solución a los muchos vecinos sin recursos, mayores y carentes de formación. Están dentro de la ratio para que el informe lo haga Urbanismo a coste cero. Ha habido poca información. Después del Carnaval lo retomaremos. Tenemos preparados los listados y se ha contratado a un único arquitecto para todos".
Javier Rivero glosa su idea de El Rosarito: "Es un barrio pequeño con cosas grandes". Pero no quiso terminar sin enviar un mensaje algo enigmático de cara al futuro: "Después de seis años, tal vez sea el momento de dejar paso a otras personas y afrontar otro camino en lo personal y lo profesional".
Nombre y situación
Hasta que perteneció a El Rosario (1972), su nombre era el del municipio. Cuando lo recepcionó Santa Cruz para evitar la confusión -también con el Polígono (PROSA)- se "redujo". No fue bien aceptado al principio e, incluso, el dirigente vecinal de entonces, Manuel Hernández "el obispo", arrancó el cartel de la carretera. Pertenece al Distrito Suroeste y limita con las calles El Rosario (San Matías) y Maxorata, ambas de La Laguna, la carretera general del Sur, Tíncer y la TF-2 hacia El Draguillo.
Población
850 personas, una cifra estable.
Reseña histórica
Uno de los barrios más antiguos de la zona, conserva una casa de piedra y barro con techo de teja que tiene más de 300 años, alineada de tal manera que no se vieran luces desde la costa para evitar saqueos piratas. Flanqueado por los barrancos del Muerto y el que baja de La Esperanza, eran habituales las
casas-cuevas. La riada del 31 de marzo de 2002 marcó un barrio donde "hubo gente que lo perdió todo".
Servicios
Cartillas sanitarias, en Barranco Grande y Tíncer. Los niños van al colegio El Draguillo y luego al Bethencourt y Molina o al IES San Matías.
Fiestas
En agosto, en honor de la Virgen de El Rosario, cuya imagen donó un vecino, Eugenio Castilla. Antes procesionaba la virgen del Carmen.
Accesos
Todas las líneas que llegan a Taco, "intercambiador virtual", las 23...
Javier Rivero
"Mi recuerdo de la riada, con 13 años, es sacar fotos de las casas para mandarlas al ayuntamiento". A sus 26 años, Javier Rivero -vinculado a las Artes Gráficas y a punto de afrontar el acceso a la Universidad- lleva ya seis al frente de Acorán, donde sustituyó a un histórico, Pancho García, actualmente en Venezuela. Le viene de casta. Su abuelo era tesorero de la UD Rosario, club de fútbol antes y ahora de bolas. Y su padre, tesorero, pero de Acorán. "Nos conocemos por los apodos. Por ejemplo, el Calandria, que dio nombre a una calle, flaco y siempre nervioso. La primera fiesta fue allí, una vía sin salida, en 1972, con la Guardia Civil vigilando".
* El Día - JDM - 8.2.15
Foto: Santa Cruz de Tenerife, el Rosarito barrio - eldia
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15.2.15
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Condenada la trama corrupta política de Lanzarote, con el expresidente del Cabildo a la cabeza
La enorme trama de corrupción en Lanzarote sigue dando resultados judiciales. En un aparte del caso Unión continúan cayendo nuevas sentencias, así al expresidente del Cabildo y fundador del Partido Independiente de Lanzarote, Dimas Martín, le han condenado a 5 años de cárcel y otros siete años para el entonces viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez-Batllori por delitos como malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil. Es de suponer que el asunto no terminará aquí, sino que seguirá la investigación de la trama corrupta.
"PÚBLICO* : El nombre del caso, Unión, no se refiere a la unión de personas o de tramas, sino al de una céntrica cafetería de Lanzarote donde se citaban políticos y empresarios y circulaban maletines de hasta 100.000 euros en una trama corrupta desbaratada por la Guardia Civil en 2009 y que llevó a la cárcel al expresidente del Cabildo y fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín.
Este miércoles se ha conocido la primera condena de este caso y que supone cinco años de cárcel para Dimas Martín y otros siete años para el entonces viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez-Batllori por delitos como malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil, entre otros.
Esta condena se refiere a una pieza que se separó del sumario Unión para dilucidar si el responsable de Justicia de Canarias Rodríguez Batllori cobró dinero del Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa pública de aguas Inalsa por trabajos que nunca se realizaron y que, en realidad, encubrían el pago de sus gestiones para conseguir el tercer grado a Dimas Martín, que ya se encontraba en la cárcel.
La sentencia no deja lugar a dudas y condena a todos los acusados.
En concreto, la Audiencia Provincial de Las Palmas condena a Dimas Martin por prevaricación y un delito continuado de malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Arrecife a 5 años, 6 meses y 22 días de prisión y 10 años y 10 meses de inhabilitación absoluta.
Además, también se le considera culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos de la entidad Inalsa, así como de prevaricación; por lo que se le impone una condena adicional de dos años, nueve meses y veintidós días de prisión, y cinco años y cinco meses de inhabilitación absoluta.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas también condena a Rodríguez-Batllori Sánchez por un delito continuado de malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Arrecife en concurso con un delito continuado de prevaricación a las penas de dos años, nueve meses y quince días de prisión e inhabilitación absoluta por espacio de cinco años".
Sobre el caso de Inalsa, también lo considera culpable y le condena a dos años, nueve meses y quince días de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta. Asimismo, también es culpable para la Audiencia del delito de falsificación en documento mercantil y le impone penas de un año y nueve meses de prisión, y multa de nueve meses, con una cuota diaria de doce euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas.
La sala también ha condenado a dos concejales de Arrecife por esta malversación de caudales públicos y prevaricación. En concreto a la entonces concejal de recursos humanos, María Luisa Blanco (cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta) y al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez Sánchez (un año de prisión e inhabilitación de 3 años).
La Audiencia también condena a los responsables de la empresa pública Inalsa de aquella época. La entonces consejera, Plácida Guerra, y su gerente, Rafael Elorrieta Larrea, reciben penas cada uno de 5 años de prisión y 9 de inhabilitación absoluta.
Indemnizaciones
La sentencia también fija una indemnización de casi 20.000 euros de capital, más los intereses legales, en favor del ayuntamiento de Arrecife y que deberán pagar Martín, Rodríguez-Batllori, así como los exconcejales Rodríguez y Blanco.
También se deberá indemnizar a la empresa pública Inalsa con más de 26.000 euros de capital, más los intereses devengados, a pagar entre Martín, Rodríguez-Batllori, Plácida Guerra y Rafael Elorrieta.
La sentencia ordena deducir testimonio de la declaración durante el juicio realizada por el testigo Roberto Acuña Armas, que fue asesor de Inalsa, por un presunto delito de falso testimonio. Para ello, se abrirá una investigación judicial con las grabaciones del juicio y las actas con el fin de aclarar si Acuña mintió al tribunal.
* Público - agencias - 4.2.15
Foto: Arrecife (Lanzarote), cabildo - lanzarote
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10.2.15
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El concejal de Urbanismo de Yaiza, nuevo imputado en el caso Stratvs
Todavía continúa el proceso judicial del caso Stratvs, por la concesión de multitud de licencias ilegales en Playa Blanca, dentro del municipio de Yaiza (Lanzarote). Cuando ya se cumplen 10 años (diez) de la enorme corrupción urbanística fomentada por el exalcalde JF.Reyes (CC-PNL), junto a otros imputados, el caso parece que llega, por fin, a su conclusión. Ahora se suma también al grupo el actual concejal de Urbanismo que, extrañamente, había conseguido sortear la ley. Resulta vergonzoso que la justicia tarde tanto, una vez más, cuando los capos prevaricadores se han hecho mientras tanto de oro, disfrutando de bienes ilícitos y, además, el territorio haya quedado marcado para siempre por el salvajismo interesado de individuos sin escrúpulos.
"LAVOZDELANZAROTE* : El concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, acaba de sumarse a la lista de imputados en el caso Stratvs. En la recta final de la instrucción, la juez Silvia Muñoz ha acordado citarle a declarar el próximo 2 de febrero, para que responda por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística, tanto por su participación en el expediente que autorizó la bodega, como por un supuesto incumplimiento de su deber de actuar ante las “actividades que venían desarrollándose ilegalmente” en Stratvs.
José Antonio (Tato) Rodríguez fue durante años concejal de Urbanismo bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, cuando se concedieron decenas de licencias ilegales, especialmente en Playa Blanca. Ahora, sigue ocupando ese mismo cargo en virtud del pacto entre Nueva Canarias y el PIL, con Gladys Acuña como alcaldesa. Pese a que ha sido responsable del área de Urbanismo en Yaiza en las dos últimas décadas, hasta ahora Rodríguez no había tenido que responder ante los tribunales en ninguna de las causas penales abiertas, ya que quien firmaba esas licencias ilegales era el alcalde. Sin embargo, en el caso Stratvs, el nombre del concejal sí ha aparecido en el expediente.
Concretamente, José Antonio Rodríguez firmó un decreto el 28 de junio de 2005, ejerciendo de alcalde accidental en reemplazo de Reyes. Y con ese decreto autorizó una prórroga de la licencia, así como la transferencia de la misma a una de las empresas de Juan Francisco Rosa, que hasta ese momento no había figurado como solicitante de los permisos.
Presunto delito por omisión
Además, atendiendo la solicitud del fiscal Ignacio Stampa, la juez también imputa a Rodríguez otro presunto delito de prevaricación urbanística por “omisión”. Concretamente, la providencia de la juez se refiere a la “arbitraria ausencia de medidas como concejal de Urbanismo respecto a las actividades que venían desarrollándose ilegalmente en el complejo Stratvs”.
El delito por omisión está recogido en el artículo 11 del Código Penal, que castiga a quienes teniendo obligación de actuar, no lo hacen, y a quienes, con esa inacción, causan igualmente un efecto perjudicial en el “bien jurídicamente protegido”.
Junto a José Antonio Rodríguez, en la causa hay ya una veintena de imputados, entre los que se encuentran tanto el ex alcalde José Francisco Reyes como la actual alcaldesa, Gladys Acuña, que fue quien otorgó la licencia de apertura a la bodega. También están imputados otros tres concejales que entonces constituían la Junta de Gobierno (Juan Lorenzo Tavío, Evaristo García y Leonardo Rodríguez). Además, entre otros hay imputados técnicos tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de Canarias, así como el propio Juan Francisco Rosa.
* La Voz de Lanzarote - Isabel Lusarreta - 21.1.15
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es
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24.1.15
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Santa Cruz.- El 'mamotreto' y el urbanismo chicharrero
En Santa Cruz de Tenerife sigue coleando el asunto del 'mamotreto' en la playa de las Teresitas y, con el tiempo que ha costado llegar a una sentencia condenatoria, todavía hay gente que es capaz de dudar de la conveniencia de su derribo al tratarse de una ilegalidad manifiesta y un pelotazo urbanístico generado ya hace años. El nivel medioambiental isleño anda en pañales si tenemos en cuenta lo que está sucediendo allí. En la propia capital este notorio caso ha dejado de lado el debate sobre otras consecuencias graves del urbanismo salvaje del alcalde M.Zerolo (CC) y otros políticos de bajo nivel, que continúa a la espera de la necesaria participación ciudadana.
"CANARIAS AHORA* : La reciente sentencia sobre el caso del mamotreto de Las Teresitas ha generado una enorme cantidad de comentarios en los medios de comunicación y en las redes sociales. Uno de los gremios que ha destacado por sus críticas es el de los arquitectos, el mismo sector profesional que monopoliza la dirección de los planes urbanísticos y son, por tanto los responsables técnicos del planeamiento urbano de Santa Cruz, incluido el plan que afecta a la playa de Las Teresitas y a sus aledaños.
En la mayoría de los casos las opiniones son críticas con la sentencia y consideran disparatado derribar el inacabado edificios de aparcamientos situado al comienzo de la playa y afectando al margen izquierdo de la desembocadura del barranco. Lo primero que llama la atención de esas críticas hechas por expertos y veteranos urbanistas, es la total desconexión del caso mamotreto con lo que la fiscal del caso definió como pelotazo de libro. El objetivo -y eso ha quedado claro a lo largo de la instrucción judicial- no era adecuar la playa y su entorno para el uso de vecinos y visitantes, sencillamente era un espectacular negocio para unos pocos y el planeamiento solo era era una herramienta para hacer el negocio. De hecho, los fines de la operación se consiguieron y, sin arriesgar un euro propio, unos pocos ya se han embolsado millones y la playa sigue igual, nada ha cambiado, excepto el mamotreto.
Desde el punto de vista urbanístico, las actuaciones contempladas en la zona son más que discutibles e ignora los condicionantes ambientales. Afecta a la desembocadura de los dos barrancos de la cuenca de San Andrés y, su actuación agrava los problemas de inundaciones en el barrio. Los autores del plan no se dieron cuenta, aunque resultara evidente, que afectaba a terrenos ganados al mar y que, por tanto, eran de titularidad pública; ignoraron el deslinde marítimo costero y establecieron un número de viviendas, locales comerciales e instalaciones hotelera y de ocio sin tener en cuenta un hecho esencial: el sistema de comunicaciones entre el casco urbano y barrios y playas situados en la comarca sur de Anaga. Si los accesos se colapsan actualmente durante los meses de verano, no es difícil imaginar que el aumento de la población produciría el atasco de la única vía que les comunica con el resto del municipio, pero eso no lo tenían previsto los “expertos” urbanistas. La Justicia ha encontrado indicios racionales de delito, de connivencia entre empresarios, políticos, (entre ellos el ex alcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo que ya ha sido condenado por otro caso de corrupción) técnicos, abogados, funcionarios y otros “listos”que se apuntaron al negocio fácil. El mamotreto solo es la nefasta y cara consecuencia de la praxis urbanística de Coalición Canaria (CC), grupo político que ha dominado la gestión del ayuntamiento desde las primeras elecciones democráticas, pero con el apoyo de los otros dos partidos que han dominado el panorama político canario: el Partido popular (PP) y el Partido Socialista Canario (PSC). Es a ellos a quién hay que pedir responsabilidades, no a quienes denunciaron en su momento las ilegalidades cometidas. Tampoco hay que pedírselas a los que llevamos años pidiendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos.
El debate sobre el mamotreto es una pena que no haya desembocado sobre los cambios que se han llevado a cabo en las últimas tres décadas en Santa Cruz y sobre los resultados urbanísticos obtenidos y la rentabilidad económica y social de las inversiones públicas en la ciudad. Por ejemplo, la poco usada vía que se ha hecho en el cauce del barranco de Santos para descongestionar el tráfico entre la parte alta de la ciudad y la zona baja. Sería interesante conocer la opinión de los técnicos en urbanismo sobre la ubicación del estadio o el de su edificio vecino, el Hotel Escuela, que por no tener no cuenta con acceso para sus clientes y todos los días los vehículos de suministro ocupan la acera impidiendo el paso de los peatones. Sobre la disparatada ubicación del auditorio, o que la mayor parte de los hoteles y clínicas de la ciudad no tengan aparcamientos para autobuses, taxis o ambulancias, o sobre el charco que dejó a los vecinos sin espacio para el paseo, fiestas y concentraciones en la plaza de España. Además, los gobernantes del ayuntamiento han machacado las señas de identidad histórica de la ciudad, y el nuevo Santa Cruz, nacido en los planes de los urbanistas, no ha hecho sino empeorar la trama urbana de la ciudad.
La planificación y gestión de la ciudad, no es algo a solucionar por los técnicos, corresponde a la política, al fin y al cabo de la polis griega deriva el término política. La participación ciudadana y el control de la gestión de sus representantes son imprescindibles en una sociedad democrática sujeta al imperio de la ley y, en el caso de Las Teresitas, es evidente que se ha negado la participación ciudadana, la opacidad ha sido la norma, se han incumplido las legalidad y se saquearon las arcas públicas. El disparate del mamotreto no es más que la caricatura de una gestión política, por tanto urbanística, que no ha tenido más objetivo que obtener poder y/o dinero para sus mentores. El resultado lo tenemos a la vista y eso, hay que derribarlo.
* El Diario - CA - Eustaquio Villalba - 28.12.14
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
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12.1.15
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Arona concedió 131 licencias urbanísticas de supuesta ilegalidad
El urbanismo en el municipio turístico de Arona (Tenerife) lleva largos años de ilegalidades sucesivas, casi siempre bajo el mandato en el Ayuntamiento del partido Coalición Canaria. La lista de irregularidades cometidas es enorme, tanto es así que la justicia ha debido repartirlos entre el llamado caso 'Arona 1' y el 'Arona 2'. En este último hay una veintena de imputados que intervinieron en la concesión de ilegales licencias municipales bajo mandato del alcalde JA.González, entre 2006 y 2011. Pero no es de recibo que la justicia haya tardado tanto tiempo en la instrucción del caso, cuando además, todavía no hay fecha señalada para el juicio. Un asunto evidente de negligencia.
"ELDÍA* : En el marco del conocido como caso Arona 2, el Juez de refuerzo del Juzgado de 1ª Instancia nº4 imputa a 20 personas por haber participado en la aprobación de numerosas licencias urbanísticas contraviniendo los trámites legales o reglamentarios. Concretamente, el listado que incluye su señoría en el auto que emitió el 24 de noviembre pasado incluye 131 licencias.
Todas ellas fueron aprobadas entre el 15 de diciembre de 2006 y el 20 de mayo de 2011 en el transcurso de 66 sesiones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona, si bien las mismas tuvieron lugar en mandatos diferentes aunque con el mismo alcalde, José Alberto González.
El 27 de mayo de 2007 se celebraron elecciones municipales, obteniendo entonces CC la mayoría absoluta. Entre el 15 de diciembre y ese día, la Junta de Gobierno Local se reunió en 19 ocasiones y el juez investiga 42 licencias de las que 31 se corresponden con obra mayor y todas ellas cuenta con "informe del servicio de Urbanismo desfavorable".
Pero además de ese reparo, en el cómputo de las 131 licencias urbanísticas objeto de la causa judicial también se refleja que hay casos en los que se aprobaron las licencias "sin constar que se haya podido emitir informe del servicio de Urbanismo", otros en los que se justifica el pronunciamiento técnico contrario porque "no consta que el inmueble tenga licencia de obras", otros más en los que se califica como "nulas de pleno derecho las licencias otorgadas" o porque "no se ha terminado la urbanización".
Llama la atención la otorgada el 5 de febrero de 2007, en el que el juez señala en su auto que "no consta que en la Junta de Gobierno Local de esa fecha se haya abordado el tema referido a esta licencia de obra mayor. Tampoco se adoptó en esa fecha acuerdo relativo a los mismos intervinientes". En cualquier caso, su señoría advirtió de un posible error de transcripción.
Entre las presuntas irregularidades, el juez menciona, asimismo, que "el 7 de octubre de 2008 se deja caducar un procedimiento de caducidad sin iniciarse el procedimiento de oficio como señalan los informes jurídicos".
La Junta de Gobierno Local celebrada el 18 de noviembre otorgó cinco licencias objeto de investigación. Una fue concedida "sobre terreno dedicado a parques y jardines por silencio positivo", si bien la condicionó, dejándola sobre la mesa, al informe del servicio de Urbanismo.
El 13 de febrero de 2011, el gobierno municipal de Arona permitió a una empresa "continuar con su actividad pese a no tener licencia de apertura".
Esta parte del conocido como caso Arona 2 pasará a ser diligenciado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Se da la circunstancia de que el juez titular es Nelson Días Frías, el mismo del caso Edén, comúnmente caso Arona.
Tendrán que declarar ante el juez
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona dividió el conocido como caso Arona 2 en la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) "en contra de lo dispuesto en los informes técnicos y/o jurídicos" y en la aprobación de numerosas licencias contraviniendo los trámites legales o reglamentarios. 22 concejales y exconcejales declararán ante el juez por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.
El juicio del Arona 1, el año próximo
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará el caso Edén o Arona 1 el año próximo. Con 17 acusados, la Fiscalía plantea un total de 28 años de prisión, unas 170 inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público y hasta profesional, así como multas.
* El Día - J.A. Medina - 10.12.14
Foto: Arona (Tenerife), vista con la costa - DA
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La Laguna.- Sentencias contra Urbanismo se llevan el 32% de la inversión de Obras
Otro problema del Urbanismo actual es el pago que debe hacer frente a las sentencias judiciales condenatorias, algo ya demasiado frecuente en ciudades y pueblos del país. Esto supone para muchos municipios el no poder contar con recursos económicos para obras y servicios necesarios para la población. Dado que la justicia no dice nada de que los responsables delictivos político-empresariales paguen con su propio patrimonio los errores o fraudes cometidos, la deuda la terminan pagando, como siempre, todos los vecinos. Esto ocurre exageradamente en La Laguna (Tenerife) donde los responsables municipales de Coalición Canaria se han ido 'de rositas' una vez más.
"ELDÍA* : Casi uno de cada tres euros presupuestados para el próximo ejercicio 2015 de la Concejalía de Obras e Infraestructuras irán destinados para pagar tres antiguas sentencias judiciales impuestas contra la Gerencia de Urbanismo, un problema que lastra el desarrollo de las actividades y de trabajo del área que dirige Jonathan Domínguez.
De esta forma, el presupuesto para el área asciende a 8.695.648 euros, siendo el "castigo" de 2.782.525 euros (el 32%) para cubrir la ejecución de sentencias por expropiación de terrenos en la década anterior. Al final, Obras e Infraestructuras solo podrá disponer para sus proyectos de 5.913.123 euros.
Así está establecido en la documentación entregada a los medios de comunicación por parte del concejal de Hacienda del ayuntamiento de La Laguna, en el pleno del pasado lunes, en donde precisamente se debatieron las cuentas.
En este sentido, Domínguez señaló que se trata de sentencias de Urbanismo y que como Obras e Infraestructuras gestiona el Plan de Inversiones se cargan a este presupuesto, destacando que así son las cosas y que hay que cumplir las sentencias.
"Son sentencias de actuaciones de hace ya más de 10 o 12 años, pero no tenemos más remedio que cumplir. Se trata de terrenos vinculados a la Universidad de La Laguna (ULL) en él ámbito de Geneto-Los Baldíos y expropiaciones en San Lázaro, donde se construirá el local sociocultural, cuestiones que suman un total de 6.694.699 euros, creo recordar, y que empezamos a pagar este mismo año (1,2 millones)", aseguró.
Apuntó que "una de ellas está vinculada a la ULL, que en su momento pidió que se clasificaran terrenos para su uso en el anterior PGO, que se expropiaron y después no los gestionó, con lo que el ayuntamiento tras la denuncia de unos vecinos tuvo que asumir la carga".
"La otra está relacionada con un solar en San Lázaro que en un principio se creía que estaba expropiado y que al final no lo estaba, por lo que los vecinos denunciaron el caso en la época del exalcalde Elfidio Alonso. Al final la sentencia señaló que ese procedimiento expropiativo era ilegal", dijo.
El responsable de Obras lamentó que "al final son sentencias grandes que se están comiendo el presupuesto del área de Obras desde hace dos años".
Reconoció que es un gran problema para el área que el más del 30% del dinero no se pueda emplear, "pero hay una sentencia y tenemos que cumplirla".
¿Y por qué Obras e Infraestructuras tiene que asumir el pago de las sentencias? "Pues porque legalmente la Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo que lo que hace es gestionar temas urbanísticos, pero es el ayuntamiento como institución la que tiene que pagar la sentencia. Entonces el Plan de Inversiones lo gestiona Obras y por eso nos lo cargan en el presupuesto porque así está configurada la estructura presupuestaria", explicó Jonathan Domínguez con resignación.
Recordó, además, que desde su posición política ha insistido en que el área vea incrementado su presupuesto, pero existe el problema de la ley de topes de gasto de inversión a nivel estatal, por lo que no se pudo subir, aunque la intención del ayuntamiento era incrementar el presupuesto en el área de Obras para su plan de inversiones.
* El Día - 17.12.14
Foto: La Laguna (Tenerife), ayuntamiento - aytolalaguna.com
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30.12.14
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La Fiscalía denuncia por prevaricación al exalcalde de Valverde por la licencia de obra de Gorona del Viento
La corrupción urbanística ha llegado hasta el último rincón del país, como se puede ver en esta noticia de la isla canaria de El Hierro. El motivo es la concesión en 2009 del gobierno municipal de Valverde (PP-AHI) de licencia al Proyecto de Concesión de Aprovechamiento Hidroeólico, a pesar de varios informes técnicos en contra. La colocación de unos aerogeneradores con numerosas ilegalidades ha sido la causa de que el exalcalde, A.Padrón, haya sido acusado de prevaricación urbanística por la organización ecologista Ossinisa y, más tarde, lo haya corroborado la propia Fiscalía.
"CANARIAS AHORA* : El Juzgado de Instrucción de Valverde ha abierto diligencias tras la querella presentada por el Ministerio Fiscal por un presunto delito de prevaricación urbanística contra el exalcalde de la capital herreña, el popular Agustín Padrón Benítez. El Ministerio Fiscal observa que este delito pudo producirse tras la concesión de licencia de obra y la autorización de tres prórrogas aprobadas por el Ayuntamiento a Gorona del Viento El Hierro S.A.
Esta empresa se encargó de la construcción y gestión del proyecto para convertir a la Isla del Meridiano en 100% renovable y está participada por el Gobierno de Canarias, Endesa y el Cabildo de El Hierro.
La Fiscalía insta al juez a tomar declaración en calidad de imputado al exalcalde de Valverde, así como a los componentes de la Junta de Gobierno, conformada por la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y el Partido Popular, que en julio de 2009 aprobaron conceder licencia municipal al Modificado del Proyecto de Concesión de Aprovechamiento Hidroeólico de El Hierro.
Según el Ministerio Fiscal, hasta en dos ocasiones la técnica municipal y el secretario, a los que pide que se tome declaración en calidad de testigos, emitieron sendos informes desfavorables a la concesión de la licencia. Tras estos primeros documentos, la Fiscalía comprueba que se recabaron "al menos en parte", los textos y autorizaciones que solicitaban los informes técnicos y jurídicos.
Entre ellos, la resolución de la Cotmac sobre declaración de Impacto Ambiental, la autorización de la Dirección General de Industria, así como el informe del servicio de Carreteras y de Patrimonio Histórico del Cabildo entre otros.
En el escrito, fechado a 14 de octubre de 2014, se recoge la advertencia existente en todos los informes técnicos emitidos acerca de la necesidad de que fueran recabados autorizaciones preceptivas, "a lo que hay que añadir la advertencia que de modo reiterado hizo el secretario municipal acerca de que la aprobación del proyecto y las obras requería de la tramitación de un Plan Especial", añade la fiscal.
El Ministerio Público observa también un presunto delito de prevaricación urbanística por parte del exalcalde del PP y de la Comisión de Gobierno, formada por AHI y PP, al otorgar tres prórrogas, en 2011, 2012 y 2013, a la licencia de obra cuando los informes técnicos y jurídicos eran desfavorables ya que iban en contra de las disposiciones legales.
La Fiscal concluye con que, "pese a que la información de estos informes ponían de relieve la contravención de ordenación urbanística aplicable, el proyecto fue aprobado y concedidas sucesivas prórrogas de la licencia inicialmente otorgada".
La denuncia ante la Fiscalía fue presentada en marzo de este año por la organización ecologista Ossinisa después de recibir varios informes solicitados al Ayuntamiento de Valverde y al Cabildo de El Hierro y que obtuvieron con la mediación del Diputado del Común.
Ossinisa acusa al Consistorio capitalino de ignorar sus peticiones y confirma que elevaron una queja al entonces Diputado del Común, Manuel Alcaide, de la que recibieron respuesta tres años después con la entrega de los documentos que habían solicitado.
Cuando la organización se hizo con estos informes, y que guardaban relación con la protección de un yacimiento aparecido en los terrenos en los que debía construirse uno de los aerogeneradores, descubrieron "múltiples irregularidades" y por ello decidieron comunicar los hechos a la Fiscalía.
* Canarias Ahora / El Diario - Rayco Bejarano - 2.12.14
Foto: Parque eólico de la central de Gorona del Viento.EFE
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9.12.14
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Condenado el exjefe de Urbanismo de Telde a tres años y medio de cárcel por falsificar documentos
El urbanismo de la ciudad grancanaria de Telde (101.000 habitantes) sigue enredado en los tribunales. A la espera de la resolución del importante caso Faycán donde está imputado todo el gobierno municipal, ahora ha sido condenado el exjefe de Urbanismo (PP), JL.Mena, a tres años y medio por falsedad al incluir un expediente fuera de plazo sobre las viviendas de la urbanización de Los Alisios. Además eso incidió en la condena de otro exedil de Urbanismo (NC), caso que, finalmente, fue aclarado y absuelto. Con este fallo, Mena ha sumado en apenas dos meses dos sentencias con penas de cárcel. En septiembre fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho y falsedad de documento en el denominado caso Grupo Europa. Así que no se pueden pedir más ilegalidades delictivas.
"CANARIASAHORA* : La sección 2ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, a tres años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial, al considerar probado que incorporó al expediente sobre las viviendas de la urbanización de Los Alisios, en La Garita, un informe jurídico elaborado en 2005, pero fechado en 2002.
El denunciante del caso, el exedil de Nueva Canarias Ildefonso Jiménez, fue condenado en diciembre de 2012 a un año y medio de cárcel y diez de inhabilitación por conceder en 2002, siendo concejal de Urbanismo de la corporación, varios reconocimientos de obra y licencias de primera ocupación en Los Alisios pese a tener conocimiento de que esas obras eran ilegales.
Jiménez defendió durante el juicio que en el expediente no solo habían desaparecido informes favorables que avalarían su actuación, sino que, además, figuraba un dictamen desfavorable firmado por Mena que había sido incorporado a posteriori con el propósito de poder acusarle de la comisión de un delito de prevaricación. Este informe concluía que no se podían otorgar las cédulas de habitabilidad hasta que no se subsanaran una serie de deficiencias.
En marzo de 2014, la Audiencia Provincial de Las Palmas revocó la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de la capital y absolvió al exconcejal de Nueva Canarias, que había dimitido y se había retirado de la vida política tras ser condenado.
El auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas dado a conocer este martes acredita que el exjefe de Urbanismo de Telde hizo constar como fecha de redacción, emisión y firma de un informe elaborado en 2005 el 15 de noviembre de 2002 “a sabiendas de que no se correspondía con la realidad y con la intención de aparentar que había sido emitido antes de que se concediera la cédula (la resolución está datada el 18 de noviembre)”.
Durante la vista oral, celebrada el martes de la pasada semana, dos peritos, uno de ellos de la Guardia Civil –que cotejó 75 documentos firmados por Mena entre 2000 y 2006-, ratificaron que el mencionado informe y otros fechados en 2005 eran coetáneos, que habían sido realizados en el mismo periodo de tiempo y haciendo uso de similares medios de impresión.
Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia subrayan en su sentencia “la seguridad” con la que se expresaron estos profesionales en contraposición con las “dudas” que suscitó la intervención del perito de la defensa, que ni siquiera pudo aclarar el origen del material con el que había realizado el análisis y dejó entrever que se trataba de documentos municipales oficiales sin certificación que fueron entregados por el propio Mena .
Además, ponen de manifiesto que el supuesto informe no estaba incluido en el lugar que le correspondía en el expediente, sino, “sorprendemente”, antes de una resolución del propio acusado en 2001. La sentencia desmonta el argumento de la defensa de que el documento y su supuesta alteración eran irrelevantes para el procedimiento puesto que existían informes técnicos que solicitaban corregir deficiencias. “Es como decir que los informes jurídicos del jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde informando si procede o no conceder una cédula de habitabilidad eran totalmente inútiles e innecesarios”, explica el auto.
La Audiencia sentencia que Mena “abusó” del cargo que ostentaba y falsificó de forma intencionada un documento oficial. Es por ello por lo que lo condena a tres años y medio de prisión, a la inhabilitación por el mismo periodo y a una multa de ocho euros diarios durante diez meses, además de imponerle el pago de las costas.
Con este fallo, Mena ha sumado en apenas dos meses dos sentencias con penas de cárcel. En septiembre fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho y falsedad de documento oficial en el denominado caso Grupo Europa.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró entonces probado que el exjefe de Urbanismo de Telde percibió 30.000 euros del empresario José María Antón como contrapartida por la modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Telde y por la concesión de licencias para facilitar a la empresa la construcción de las viviendas a las que se había comprometido. El TSJC le retiró recientemente el pasaporte por el "fundado riesgo" de que pueda eludir a la justicia huyendo del país.
Además, Mena se enfrenta a una pena de un año y seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral de un funcionario y permanece imputado en el denominado caso Faycán de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde a la espera de la apertura del juicio oral.
* El Diario - CA - Iván Suárez - 28.10.14
Foto: Telde, Jose Luis Mena, exconcejal Urbanismo PP condenado - EFE
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30.10.14
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El urbanismo pendiente de Santa Cruz de Tenerife
La confusión y los casos urbanísticos delictivos continúan en Santa Cruz, como si de otra cruz se tratara. En Ifara y Residencial Anaga existen en la actualidad 6 sentencias firmes de derribo que no se acaban de cumplir. Una de las viviendas en cuestión es propiedad del diputado nacional del PP, ML.Torres Herrera. Lógicamente, la mayoría de ciudadanos y la Plataforma contra el PGO de la capital tinerfeña consideran que existe parcialidad a la hora de hacer cumplir las sentencias de derribo. El problema viene ya de años atrás y además, después, se han seguido cometiendo más ilegalidades urbanas, con lo que ya llueve sobre mojado en este enclave céntrico y cotizado de la ciudad. Pero la corrupción municipal, junto a la débil y poco diligente justicia, están consiguiendo que el proceso de los derribos se eternice y no se vea el final de este turbio túnel urbanístico.
"CANARIASAHORA* : Nadie sabe muy bien dónde empieza el barrio de Ifara y dónde el de Residencial Anaga. Y la misma confusión parece existir entre promotores y responsables de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife a la hora de hacer cumplir la ley. En este ámbito se concentran desde hace años seis sentencias firmes de derribo que no se acaban de ejecutar.
Los problemas surgen por tratarse de un enclave en pendiente muy codiciado por unas vistas que los propietarios pagan a precio de oro. Sin embargo la construcción de otros edificios en sus propias narices y sin respetar las normas han implicado que en ocasiones este privilegio se vea mermado o reducido a cero. A partir de aquí surgen las denuncias y los fallos que en su mayor parte quedan luego en el aire.
La Plataforma en contra del Plan General de la capital tinerfeña ha criticado en varias ocasiones lo que está ocurriendo e incluso considera que no es casual que algunas de las viviendas sobre las que hay sentencias firmes sin cumplir sean de familiares de los antiguos redactores del Plan o de un diputado nacional del Partido Popular (PP). Durante los últimos años se han sucedido batallas judiciales que en todos los casos han ido a favor de los denunciantes y en contra de los denunciados. La posición de la Gerencia de Urbanismo no ha resultado demasiado clara y en no pocas ocasiones los juzgados han emitido sentencias dándole severos tirones de oreja o bien acusando al Ayuntamiento de clara inactividad a la hora de hacer cumplir la legalidad. En todos los casos se trata de irregularidades urbanísticas que tienen su origen a finales de la década de los años noventa.
Caso paradigmático es el fallo judicial sin posibilidades de recurso del Tribunal Supremo (TS) que obliga al derribo de cinco metros del edificio La Ninfa en Ifara. Años después de dictarse, se ha hecho lo posible e imposible para no darle cumplimiento. Y ha sido así hasta tal punto que en la actualidad, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz ha imputado a los anteriores concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, y el ex gerente de Urbanismo, José Tomás Martín, por presuntamente incumplir el sentido de aquella resolución judicial. El fallo es inminente después de años de espera.
En concreto, mientras la sentencia del TS era clara al apuntar el derribo de cinco metros de este edificio por invadir un aparcamiento, finalmente el Ayuntamiento hizo una interpretación muy particular y procedió a cederle unos metros más al edificio o, lo que es lo mismo, a forzar la parcela sobre la que se levanta. El TS rechazó el recurso de casación interpuesto en su momento por Urbanismo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordenaba esta demolición y que databa de diez años antes. Aunque el fallo es contundente también en un momento dado la Sala admite que no se les escapa "la posible dificultad técnica" de la demolición.
Por ello el Tribunal pidió al Ayuntamiento que a través de su servicio técnico presentase un proyecto de demolición, con especificaciones sobre la forma de realizarla, alcance y posibles efectos en la estructura del edificio. Durante años se produjo un baile de cifras sobre los metros que estaban afectados y que oscilaban desde los diez hasta los dos, pasando por cinco, que fue la cifra que finalmente dio por válida el TS tras realizar un peritaje. El Supremo descartó que se le hubiera causado indefensión a Urbanismo y además condenó a este organismo al pago de tres mil euros. Por si fuera poco este edificio es denunciado por los vecinos de la parte inferior ante la cíclica caída de piedras, sobre todo cuando llueve.
En Residencial Anaga los problemas se concentran en la calle Cornisa y más concretamente en los números 16, 17, 18 y 19 sobre las que penden sentencias firmes de demolición. Estas licencias fueron otorgadas por el actual diputado nacional del PP, Pablo Matos, cuando ejercía como concejal de Urbanismo. En el número 19 se encuentra el chalet de Manuel Luis Torres Herrera, destacado miembro del PP que ejerció de viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias cuando se acabó esta casa a finales de los años noventa y diputado nacional en la actualidad.
Los problemas se iniciaron a principios de esta década, cuando el TSJC no sólo ratificó la necesidad de restaurar el orden urbanístico infringido sino que dio un tirón de orejas al Ayuntamiento por su pasividad a la hora de hacer respetar la legalidad en este ámbito. La correspondiente denuncia la presentó la empresa Administradora Patrimonial Radazul SL y un vecino. A mediados de la década se empieza a intentar encontrar alguna alternativa para legalizar estas obras.
La Unidad municipal de Edificación y Disciplina informó a principios de 1998 del proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas y un sótano. A finales del año Matos había considerado que el edificio estaba de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Parcial y le otorgó la licencia. Sin embargo, dos años después se realiza un informe donde se detecta el incumplimiento en uno de los muros del edificio. Se estima que tanto este error como otros del inmueble no son legalizables.
Urbanismo pudo comprobar que efectivamente la edificación no se ajustaba a lo establecido en el Plan Parcial del Centro Residencial Anaga y al PGO en vigor. Para legalizar la obra, además, es necesario llevar a cabo la demolición de los muros ejecutados que no se ajustan a la licencia concedida. En concreto, este lindero supera en cinco metros lo permitido. De forma automática se determinó que el inmueble estaba fuera de ordenación, dado que la edificación ejecutada no se ajustaba a lo establecido en los distintos planes.
Tanto en este caso como en otros más que se suceden también en el ámbito de Residencial Anaga, la Gerencia de Urbanismo había introducido en la versión del PGO de 2008 una cláusula indicando que, una vez aprobado el planeamiento, "se podrá instar la legalización del inmueble, siempre y cuando dicha opción sea posible conforme a las nuevas determinaciones de ordenación urbana".
Sobre una vivienda situada en la parcela 17 se emitió en su momento una sentencia que también apuntaba a la existencia de irregularidades en el edificio al entender que estaba fuera de ordenación ya que no se ajustaba a lo contenido en el PGO de Santa Cruz. Sin embargo otro fallo determinó que debía ejecutarse la demolición del inmueble, al menos en la parte que no cumple con la normativa. "Todo ello para llevar a su puro y debido efecto el cumplimiento de la declaración contenida en la sentencia" emitida entonces.
El caso de la parcela 18 en este ámbito repite casi matemáticamente los mismos perfiles. La licencia se solicitó en el año 1998. Se trataba de una vivienda unifamiliar de tres plantas y sótano y se concedió la correspondiente licencia. Sin embargo poco después se inició un expediente de Disciplina Urbanística para legalizar las obras que no estaban amparadas por la licencia municipal. Por esa misma época se presentó la primera denuncia.
Ya entonces Urbanismo estaba escaldada y alertó que se habían emitido sentencias por casos parecidos que habían concluido ordenando demoliciones. Y es que se comprobó que se habían realizado modificaciones sobre la licencia original. Poco después el Juzgado emite una sentencia que va en el mismo sentido que las anteriores de este ámbito. Así se repite el procedimiento para comprobar si se ha respetado la legalidad y la orden de dejar sin efectos los acuerdos plenarios para legalizar el inmueble.
Paradigmático es también lo ocurrido con la vivienda situada en la parcela 16 de Residencial Anaga. En este caso, la licencia se solicitó en el año 1996 y se trataba de un inmueble de dos plantas con sótano, ocupando una superficie total de 528 metros cuadrados. En principio la Gerencia de Urbanismo concedió la correspondiente licencia. Sin embargo posteriormente se llevaron a cabo unas obras de ampliación que fueron informadas desfavorablemente. De forma paralela se presenta una denuncia ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 que obliga a comprobar la situación del inmueble en cuanto a los muros de contención, alturas, volumetrías y ocupación de la parcela. La propia Gerencia comprobó que efectivamente se había infringido la normativa.
Dos demoliciones por el camino
Dos dolorosas demoliciones son las que se han quedado por el camino en la historia de Residencial Anaga. La primera es la de la vivienda conocida como la casa Roja y la otra, el edificio Mogán. En el primer caso se trataba de un chalet que incumplió determinadas normas en la altura de los muros. Fue denunciado por los vecinos y finalmente los tribunales le dieron la razón. Sus propietarios iniciaron entonces una denuncia pública al considerar que habían sido objeto de discriminación. Lo cierto es que todos los fallos admitieron que efectivamente se concedió en su momento una licencia que luego no se ajustó a las normas de este entorno.
La Gerencia de Urbanismo se comprometió a abonarles una indemnización, pagarles la redacción del nuevo proyecto, les entregó unos 150.000 euros para construir la nueva casa y otra licencia. Curiosamente, aunque todo el mundo daba por hecho que iban a ganar en los tribunales lo cierto es que su incursión en este terreno no resultó demasiado favorable. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) indicaron que la responsabilidad del Ayuntamiento se limitó hasta el momento en el que anunciaron la paralización de las obras. De esta manera la cantidad a abonar era notablemente inferior que si se hubiese tenido en cuenta todo el procedimiento.
En este entorno se situaba también el edificio Mogán que igualmente bloqueaba las vistas de sus vecinos. El Ayuntamiento procedió a su derribo y a través de una sentencia del TSJC le abonó a su propietario más de 300.000 euros a lo que habría que sumar otro tanto de intereses. Esta cantidad, no obstante, resultaba notablemente inferior a los tres millones que reclamaban los propietarios, la empresa Brevala SA pero muy superior a los doscientos mil euros que había calculado el Ayuntamiento. El derribo se hizo efectivo en el año 2006.
Geriátrico
Como un “calvario judicial” definió el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la lucha que durante años entablaron los vecinos de Ifara en contra de un geriátrico. El Consejo Consultivo de Canarias emitió recientemente su preceptivo informe en el que avala la anulación de las licencias que permitieron la construcción de este edificio por incumplirse las determinaciones del Plan General de Ordenación (PGO) y superarse con creces la edificabilidad. Hasta ahora todas las batallas judiciales han sido ganadas por los vecinos pero de poco ha servido ya que al final las sentencias no se han llegado a cumplir. Por ello el TSJC a principios de año reprochó a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz por su desinterés en aplicar los fallos judiciales.
Los vecinos han venido defendiendo desde hace años que la mitad del inmueble tendrá que ser demolido y así lo han avalado también los tribunales, informes del propio Ayuntamiento y luego el Consejo Consultivo. En todos los casos se ha determinado que las licencias otorgadas en el año 2003 para construir este inmueble son "disconformes" con el PGO. Con el fin de legalizar el edificio se otorgaron posteriormente otras autorizaciones en 2008 y 2009 que también deben ser anuladas según el Consejo. En caso de concretarse el derribo, el Ayuntamiento de Santa Cruz podría verse obligado a desembolsar cantidades millonarias a la empresa propietaria, Residencias Atlántidas S.A.
Pero cuando parecía que por fin los elementos se ponían del lado de los vecinos desde la Gerencia de Urbanismo se acaba de emitir un informe en el que se viene a decir que el dictamen del Consultivo carece de validez. La abogada interpreta que sería absurdo ir contra una resolución dictada por la propia Gerencia y limita los problemas a la planta alta del inmueble. Pero se niega en todo momento que se pueda hablar de ilegalidad alguna.
* El Diario - Canarias Ahora - Noé Ramón - 19.10.14
Foto: Santa Cruz de Tenerife, perfil centro - canarias ahora
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27.10.14
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El excalde de Tegueste, Vidal Suárez, imputado por prevaricación urbanística
Tegueste es una población del norte de la isla de Tenerife, cercana a La Laguna, cuyo exalcalde Vidal Suárez (CC), que gobernó durante más de 20 años, ha tenido varios problemas judiciales urbanísticos. Ahora aparece otro más, ya que la Fiscalía Provincial le imputa por un presunto delito en la construcción de la plaza y el centro social de Lomo Las Rías, detectando irregularidades en el expediente del proyecto. En 2004, hace 10 años (diez), se aprobó dicho proyecto sin que se emitiera informe jurídico urbanístico alguno que diera viabilidad a la actuación municipal. Así que al delito del Ayuntamiento habría que añadir la inexplicable tardanza de la justicia en intervenir en este asunto.
"ELDÍA* : La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha imputado al exalcalde de Tegueste, Vidal Suárez, un presunto delito de prevaricación urbanística por la construcción del centro social y plaza de Lomo Las Rías, un enclave que contó con un presupuesto de 748.612 euros que fue subvencionado por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y que tenía como objeto la formación y autoconstrucción por desempleados del municipio.
Según el escrito de acusaciones de la propia Fiscalía, la edificación referida está enclavada en terreno urbano "no consolidado sin que conste desarrollada la correspondiente Unidad de Actuación y en un ámbito suspendido por la Cotmac en 2004".
El Centro Social Lomo Las Rías fue construido por los 33 jóvenes menores de 24 años que integraron la antigua Escuela Taller de Lomo Las Rías, un proyecto formativo que nació para crear este es este espacio. Fue el 30 de diciembre de 2003 cuando el exalcalde Vidal Suárez solicita formalmente ante el SCE la aprobación del proyecto formativo, que permitía, además, la construcción de una plaza pública.
A través de un decreto de 19 de enero de 2004 del entonces alcalde Vidal Suárez, la corporación asume la condición de promotor y se aprueba el proyecto sin que se emitiera "informe jurídico urbanístico alguno que diera viabilidad al proyecto municipal", dice el fiscal Rafael Ruiz en su escrito, a lo que añade que "a día de hoy, tampoco constan emitidos los preceptivos informes técnico-jurídicos del proyecto.
A juicio de la Fiscalía, de la documentación remitida por el ayuntamiento de Tegueste, no se deduce la existencia de un expediente administrativo "al uso" y no consta, además, emitido un informe técnico ni jurídico urbanístico alguno que diera viabilidad al proyecto municipal.
Señala la Unidad de Delitos Urbanísticos en su informe remitido al fiscal que se detectan "irregularidades" en la tramitación del expediente, que la zona no reúne los requisitos urbanísticos de suelo urbano y que no cuenta con los "instrumentos necesarios para su desarrollo urbanístico.
Asegura también que el informe jurídico, en caso de existir, debería haber sido "necesariamente desfavorable, puesto que la construcción fue anterior al instrumento de reparcelación y al proyecto de urbanización".
Se recoge que el propio Ayuntamiento de Tegueste, según el informe del secretario del consistorio, José Tomás Martín, a fecha de 11 de julio de 2013, admite "la inexistencia del obligatorio informe jurídico-urbanístico de viabilidad de obras. Además, se hace constar que no están tramitados los obligatorios instrumentos de Desarrollo.
Es por todo ello por lo que la Fiscalía concluye que "se advierten irregularidades tales como la ausencia de trámites esenciales del procedimiento, ya sea el preceptivo informe por la Oficina Técnica Municipal o el informe jurídico-urbanístico sobre la viabilidad urbanística de las obras y cuya falta no permitiría en ningún caso dictar decreto autorizando el proyecto".
"También consta claramente en la memoria del proyecto que la edificación denunciada se encuentra dentro del ámbito de la Unidad de Actuación 2 (Lomo Las Rías), que es suelo urbano no consolidad, ámbito que tanto a fecha de autorización del proyecto como a día de hoy, carece del oportuno desarrollo urbanístico, lo que no permite la realización no solo de esta, sino de ninguna construcción allí, hasta que exista proyecto de reparcelación y urbanización oportuno", según consta en sus conclusiones el fiscal Rafael Ruiz Ibáñez.
Colaboración del Ayuntamiento de Tegueste
Fuentes del Ayuntamiento de Tegueste aseguraron que el actual grupo de Gobierno local no tiene implicación en este asunto y, en este sentido, "desde la corporación actual se ha enviado toda la información requerida por parte de la Fiscalía, los Juzgados de La Laguna y la Guardia Civil. En ningun caso se ha dejado de enviar ningún tipo de documentación a las instancias competentes. La última petición de información y/o documentación fue en abril de este año, y se hizo sin ningún tipo de problema". Por otra parte, El Día intentó contactar sin éxito con el exalcalde del municipio Vidal Suárez para recabar su opinión al respecto.
* El Día - 19.10.14
Foto: Tegueste (Tenerife) - trekearth
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22.10.14
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Las Palmas.- Ni un solo municipio llevó a la fiscalía casos de Urbanismo
Si ya es difícil que la justicia actúe en los casos de delitos urbanísticos o los saque a la luz pública para su enjuiciamiento, tampoco los municipios ponen las cosas nada fáciles para evitar la especulación y corrupción generalizada. Es más, en la mayoría de ocasiones son los propios ayuntamientos los que propician esta actividad delictiva, ya sea para favorecer a empresarios de la construcción amiguetes o, directamente, para sacar tajada los miembros de una corporación municipal. Es lo que sucede en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, según la memoria de la Fiscalía, que constata este lamentable hecho tras 12 años de advertencias inútiles.
"CANARIAS7* : Ningún ayuntamiento de la provincia de Las Palmas llevó a la Fiscalía una denuncia medioambiental durante el año pasado. La memoria del Ministerio Público denuncia que sigue fallando el primer eslabón de la cadena creada para preservar el territorio.
Doce años después de que, en la memoria de la Fiscalía sobre 2001, el entonces fiscal de medio ambiente de Las Palmas Juan Pablo Lozano advirtiera que «en la gran mayoría de las veces es la propia administración el verdadero delincuente medioambiental», la memoria del Ministerio Público sobre 2013 advierte que de todas las investigaciones llevadas a cabo en la provincia por delitos contra la ordenación del territorio, «ninguna de ellas ha sido originada por un departamento de disciplina urbanística de algún municipio de la isla».
La Fiscalía de Las Palmas advierte en su memoria sobre 2013: «los servicios de inspección de los Ayuntamientos que tiene competencia en materia de disciplina urbanística deberían detectar si realmente una obra está autorizada o no /(...). Si falla este primer eslabón en la cadena, es difícil detectar con celeridad la construcción ilegal, y al no advertir estas infracciones (...) se corre el riesgo de consolidación de urbanizaciones y/o construcciones contrarias a la normativa urbanística».
Apunta el fiscal que el 80% de las diligencias de investigación incoadas en 2013 por delitos urbanísticos partieron de denuncias de particulares, y el resto de la denuncias de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno canario.
* Canarias 7 - Antonio F. de la Gándara - 30.9.2014
Foto: El ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes (de frente), acusado por la Fiscalía de Medio Ambiente.- JL. Carrasco
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11.10.14
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Telde.- Anticorrupción pide el ingreso inmediato en prisión de tres condenados del caso Grupo Europa
El 'caso Europa' de corrupción urbanística en el ayuntamiento gran canario de Telde, está llegando a su final tras la sentencia judicial que condena a varios miembros del gobierno municipal formado por CC-PP. El exconcejal de Urbanismo por el PP, JL.Mena, ha sido condenado a casi 7 años de cárcel por delitos de soborno (recibir comisiones) y falsificación de documentos cometidos entre 2003-2007. Como se sabe, la ciudad de Telde (+100.000 habitantes) es conocida por su urbanismo ilegal y corrupto con numerosos casos judiciales abiertos, como el 'caso Faycán', y también, lógicamente, por sus continuas disputas político-urbanísticas (ver en el buscador interno del blog). De nuevo destacar aquí la tardanza judicial injustificada de más de 10 años (diez) en sentenciar este caso. Esta situación anormal en un municipio de esta envergadura ha producido mientras tanto un urbanismo caótico en el que, al final, los únicos perdedores son los ciudadanos que lo habitan.
"CANARIASAHORA* : El fiscal Anticorrupción ha solicitado a la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias el ingreso inmediato en prisión de tres de los condenados por la trama de corrupción política en el Ayuntamiento de Telde conocida como caso Grupo Europa, José Luis Mena, Juan Carlos Saavedra y José Manuel Antón Marín, por riesgo de fuga. La sentencia condena a los tres principales acusados de la pieza separada del caso Faycán, tras considerar probado que Marín, propietario del Grupo Europa, pagó comisiones por valor de 240.000 euros a políticos y funcionarios del Consistorio, entre ellos a Mena, exjefe de Urbanismo, a cambio de que se le adjudicaran contratos para la construcción de viviendas de protección oficial.
La Sala dio curso este viernes a la solicitud del fiscal, formulada el 18 de septiembre, y citó a los condenados a comparecer junto a sus abogados a las 10.00 horas del próximo 30 de septiembre, según informa Canarias 7.
El periódico señala que Del Río justifica su solicitud de aplicar a los tres condenados “medidas cautelares de carácter personal” (es decir, el ingreso en prisión sin necesidad de esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que interpondrán contra la sentencia del caso) en el riesgo de fuga que podría darse debido al patrimonio del que disponen. De hecho, la sentencia da por probado que Mena registró por aquellos años un enriquecimiento injustificado de casi 380.000 euros.
Otros motivos que a su juicio derivarían en la huida de los mismos, se centran en la naturaleza y la duración de las penas impuestas y en que algunos de sus domicilios están registrados en el extranjero, como es el caso del de Marín, cuya resiedencia se encuentra fijada en Costa Rica, según él mismo admitió en el juicio. Los condenados tienen la posibilidad de interponer un recurso de súplica contra la resolución en un plazo de tres días.
Condenas y absoluciones
En la sentencia dada el pasado miércoles y fechada el 3 de septiembre, la Sala presidida por José Ramón Navarro (en la actualidad presidente de la Audiencia Nacional) absolvió al diputado del PP Jorge Rodríguez, a pesar de considerar probado que intercedió a favor de Grupo Europa, tras aplicarle el principio in dubio pro reo, en virtud del cual se favorece al acusado en caso de que las pruebas no sean contundentes.
El TSJC sí condenó a Marín a cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho -por sobornos- y otro contra el mercado y los consumidores. La Sala le sanciona además con 520.000 euros.
Mena, jefe de Urbanismo del Consistorio en la época de los hechos denunciados (2003-2007), fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho -por el que además le impone una multa de 55.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años- y falsedad de documento oficial, con una sanción de 16 meses con una cuota diaria de 200 euros y otros cuatro años y un mes de inhabilitación.
Por su parte, Saavedra deberá cumplir una pena de 4 años y 10 meses de prisión como cooperador necesario del delito de cohecho y como autor de delitos contra el mercado y los consumidores, prevaricación y falsedad de documento mercantil. Saavedra ha sido inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público durante los próximos quince años.
* El Diario - Canarias Ahora - 20.9.14
Foto: Los acusados del caso Grupo Europa: de izquierda a derecha Antón Marín, Jorge Rodríguez, Juan Carlos Saavedra, Verónica García, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana.- canariasahora
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21.9.14
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Arona.- El exalcalde repite hoy en el Juzgado como imputado por el ´caso Relinche´
El urbanismo en el importante municipio turístico de Arona (Tenerife) está en la picota desde hace bastantes años (mirar en el buscador interno de este Blog). La situación ha llegado a ser asfixiante debido al empecinamiento de los últimos alcaldes de 'CoaliciónCanaria' en mantener una situación insostenible desde todos los puntos de vista. Ahora el exalcalde, G.Reverón, ha vuelto a declarar en calidad de imputado por intentar mantenerse en el cargo pese a una sentencia que lo inhabilitaba. Es decir, ya ni siquiera vale una condena por corrupción urbanística para que los alcaldes y altos cargos municipales dimitan o se vayan, ahora es necesario que las fuerzas de seguridad acudan al domicilio del sentenciado y llevarlo de nuevo a la justicia condescendiente. Mucho más fácil era cazarlos con lazo y meterlos directamente en chirona una larga temporada.
"LAOPINIÓN* : El exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón, tuvo que declarar ayer en calidad de imputado por intentar mantenerse en el cargo pese a una sentencia que lo inhabilitaba, pero su presencia ante la Justicia se repite otra vez hoy porque también está siendo investigado por conceder una licencia para una supuesta cuadra de caballos. Está previsto que el regidor local durante nueve años y medio en el municipio sureño se presente sobre las 09:30 horas junto a otras personas involucradas, como el actual concejal de Presidencia y Medio Ambiente, Antonio Sosa.
Por la primera causa están imputados un total de 15 políticos: 12 de los 13 concejales que forman hoy el Gobierno local, los dos ediles de Centro de Arona y González Reverón. Los hechos tuvieron lugar en 2012 y se centran en un presunto caso de prevaricación continuada.
El caso Okupa surge cuando el antiguo mandatario nacionalista fue condenado en junio de ese año por enchufar a dos funcionarias en el Consistorio y, aún así, se mantuvo en el cargo cinco meses avalado por el apoyo de su partido y el del grupo de la oposición, mientras que el resto –Ciudadanos por Arona (CxA), el PP y el PSOE– abandonó todos los plenos donde se trató su condena para no caer en una presunta ilegalidad. Para justificar su continuidad en el Ayuntamiento, el Ejecutivo municipal solicitó dos informes externos en los que poder escudarse, uno de los principales argumentos utilizados por los imputados para defender su comportamiento.
Por lo pronto, ya ayer se cerró el ciclo de declaraciones de las 15 personas que están siendo investigadas por la Justicia, pero aún falta algunos testigos, como el denunciante, José Antonio Reverón (de CxA), y la secretaria municipal, quien elaboró un informe en el que advertía de que el exregidor tenía que dejar su cargo público. Junto a González Reverón, que estuvo dentro de la sala en torno a una hora y media, también fue llamado uno de los nueve testigos, el concejal del PP Dionisio Rocha.
En el caso Okupa, los abogados Felipe Campos, representante del edil que llevó el caso ante la Fiscalía, y José Pérez Ventura, por Izquierda Unida, se encargan de la acusación popular.
A esta causa se suma el caso Relinche, por el que tiene que ir a declarar hoy en calidad de imputados el antiguo alcalde de Arona y el actual concejal de Medio Ambiente. La Justicia investiga si el exregidor y el edil, que antes era el responsable de Urbanismo, permitieron la construcción de un supuesto chalet en suelo rústico con un permiso para una cuadrada de caballos.
Un vecino de la zona denunció hace tres años la ejecución de las obras asegurando que el dueño de la edificación, aún sin terminar, es familiar de José Alberto González Reverón. La acusación defendió que el Ayuntamiento solo dio permiso para levantar en el terreno una cuadra de caballos sin tener licencia de actividad clasificada y, según él, a una distancia muy inferior a la legalmente establecida para este tipo de instalaciones.
Aseveró, además, que la Corporación local también concedió a este mismo allegado la prescripción urbanística de la primera planta de su vivienda "mientras no lo estaba", a lo que se suma la posterior construcción de una segunda planta, excediendo la volumetría y camuflando el techo, según el denunciante.
Por lo que defendió el vecino, es la segunda obra supuestamente irregular que forma parte de este caso y que el Consistorio aronero le autoriza a la misma persona. El denunciante, asimismo, dejó claro en su momento que en varias ocasiones le advirtió al Consistorio de que los trabajos que se estaban llevando a cabo no se ajustaban a la licencia concedida y que, en el caso de la cuadra, en vez de ser un establo consideraba que era un chalet de dos plantas.
Según él, tanto González Reverón como Antonio Sosa eran "conscientes" de las presuntas ilegalidades. Pero a estas dos actuaciones también se suma otra llevaba a cabo "con una licencia menor cuando era mayor", afirmó.
Por otro lado, tanto el exalcalde como ese mismo concejal también están acusados por el caso Arona, una presunta trama de corrupción que gira en torno a unos 80 contratos a dedo y 200 licencias ilegales. Aunque estaba previsto que fuera la Sección Sexta de la Audiencia Provincial quien lo juzgara, ha comunicado que se abstiene, por lo que tendrá que adjudicarse de nuevo.
* La Opinión Tenerife - Ylenia Lorenzo - 17.9.14
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google
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17.9.14
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Lanzarote.- La Bufona: un relato repleto de 'McGuffins'
La polémica urbanización de Arrecife (Lanzarote) sigue dando que hablar muchos años más tarde de su licencia y construcción ilegal. El asunto es tan enrevesado y largo que merece por sí solo un apartado especial donde se deben encontrar políticos corruptos, empresarios especuladores y jueces demasiado lentos. Ya se sabe que la isla de Lanzarote es un hervidero de mafias constructoras que olvidaron hace tiempo las enseñanzas del gran César Manrique, convirtiendo su legado en una aberración urbanística más. En esta peculiar trama isleña el Supremo, finalmente, anuló el Plan Parcial de 'La Bufona' por efectuarse sobre suelo rústico faltando, incluso, varios informes necesarios para su correcta ejecución. Todo un 'culebrón' que ejemplifica otros pelotazos urbanísticos semejantes en el país.
"SAÚL GARCÍA* : En los juicios, en las películas y en las novelas, que se rigen más o menos por las mismas reglas narrativas para que la historia fluya, se recomienda no incorporar demasiados elementos que distraigan de la trama principal para que no se pierda la atención sobre lo esencial. Ya se sabe: descartada la neutralidad, lo que no suma, resta. Lo que no suma interés resta ritmo. Lo que no añade información, resta claridad. Lo que no aporta emoción, quita credibilidad. A no ser, claro, que sea esto mismo lo que se quiere conseguir. En cine, ese recurso que pretende desviar la atención se llama McGuffin. En política, globo sonda.
El abuso del McGuffin depende del objetivo que se quiera lograr. El abogado de la acusación no debería recurrir a ellos, mientras que el de la defensa los puede ir dejando caer sin tregua. Hay abogados que optan por no poner sobre la mesa todas las ilegalidades que conocen sobre un caso no sólo para no despistar sino porque, como todo el mundo sabe, la realidad, presentada en crudo y sin aditamentos de ningún tipo, es poco creíble. Lo mismo hacen algunos guionistas de cine cuando escriben sobre hechos reales: se inventan algunos detalles para aportar credibilidad porque lo verosímil se acepta mejor que lo verídico. El reportaje no está sujeto a ninguna de estas reglas y no puede permitirse ni la incorporación de hechos inventados ni la elusión de hechos verdaderos. El reportaje también busca la verdad, como un juicio, aunque suela encontrar sólo la veracidad (como un juicio).
En el caso de La Bufona confluyen tantos McGuffins que nunca podría funcionar como ficción.
Éste es el relato
A mediados de los años setenta, el ingeniero aeronáutico Eduardo Murillo, residente en Las Palmas, se trasladaba de vez en cuando por cuestiones laborales al aeropuerto de Guacimeta, en Lanzarote. La Isla estaba empezando su desarrollo turístico y urbanístico y a las afueras de Arrecife, entre la capital y el aeropuerto, había una serie de terrenos para construir una urbanización exclusiva junto a la marea: El Cable. A Murillo le ofrecen algunos solares y los compra. Y tras esos, otros, al otro lado de la carretera. Primero se fabrica la parte de la costa y después la parte "de tierra". Años después le avisan de que alguien está construyendo en esos terrenos de su propiedad. Vuela hasta Arrecife. Le dicen que vaya a hablar con Francisco Carmona, delineante del Ayuntamiento de Arrecife y promotor, ya fallecido. Carmona reconoce que le han invadido terreno pero que para compensarle le va a poner en bandeja otros terrenos al lado, en La Bufona, que pertenecen a una entidad bancaria porque quien los compró ha fallecido de forma repentina sin haber satisfecho la hipoteca. Murillo habla con el director del banco y el precio, que acaba bajando, le convence. El banco sólo quiere recuperar el crédito que había otorgado.
Los terrenos que rodean a los que ahora son de Murillo pertenecen a Brisa Inversiones, o lo que es lo mismo, a Carmona y a su socio Federico Echevarría, un arquitecto con despacho en Madrid, Níjar y Sevilla. También anunciaba despacho en Arrecife, aunque en el número 87 de la calle José Antonio, donde se suponía que debía estar, nunca ha habido nada parecido a una oficina y menos a un despacho de arquitectura. Echevarría es responsable de la rehabilitación del Círculo de Bellas Artes de Madrid o de la Torre Mutua, en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, y entre sus clientes aparece la multinacional Halliburton, pero también es promotor de dos planes parciales dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, junto a El Algarrobico, y trabajó haciendo obras para la Guardia Civil cuando Luis Roldán estaba al frente. De hecho, era socio de uno de los testaferros de Roldán, Jorge Esparza. En Arrecife también promovía otro plan parcial en Maneje, que no ha desarrollado.
El plan parcial La Bufona se aprueba en 1981 pero no se lleva a cabo. A finales de los noventa, sin embargo, se tramita una modificación y comienzan las obras para hacer 52 viviendas unifamiliares. Una parte de los últimos terrenos que había comprado Murillo era urbana y otra parte, rústica. Las obras empiezan a ocuparlos todos, sin su permiso.
Antes de eso, Brisa había conseguido que se aprobara la modificación en la Cotmac por unanimidad a pesar de que no había informe positivo del departamento de carreteras. La urbanización, aún hoy, no ha hecho el acceso que le corresponde desde la principal carretera de la Isla y se sigue entrando desde El Cable. El nudo donde debería ir el acceso se ha convertido en el principal punto negro en accidentes. El terreno que Brisa tenía que haber cedido al Gobierno de Canarias para hacer la carretera se lo vendió a Supermercados Marcial. Este año, la
cadena de supermercados ha presentado un proyecto parta hacer un centro comercial en ese lugar y la Consejería de Obras Públicas ha contestado que parte de ese suelo debería ser del Gobierno. Es más, un informe técnico reciente recuerda que la Consejería debiera hacer algo para recuperar ese suelo que es suyo. La Consejería de hoy está dirigida por el mismo director de carreteras de entonces que no puso pegas al plan parcial: Domingo Berriel.
Los promotores no sólo no hicieron el acceso y vendieron ese terreno, sino que tampoco hicieron las cesiones obligatorias al Ayuntamiento, probablemente porque si lo hubieran hecho, no hubieran llegado a tener la superficie mínima para desarrollar el plan parcial. Pero hay más. Se podría decir que la finca matriz tiene unas características que rozan lo sobrenatural. A partir de una finca de 50.824 metros cuadrados, Brisa segrega y vende 7.350 a los supermercados, con el siguiente resultado: una finca de 7.350 y otra de 50.824, con unos linderos diferentes a los anteriores, creciendo hacia el Norte. Empieza a haber dos realidades: una sobre el terreno y otra en los papeles. Esto mismo vuelve a ocurrir más tarde, cuando se hace otra segregación de veinte parcelas a partir de una finca de 5.700 metros. El resultado, sumando las veinte parcelas nuevas es de 6.314. Pero los promotores no son los únicos que se mueven. Murillo pone una denuncia en la Guardia Civil y el Seprona comprueba que parte de las obras están en suelo rústico con la categoría de protección de jable. Es 1999. Se abren diligencias penales por un delito contra la ordenación del territorio pero esas diligencias, por extraño que parezca, se pierden en el Juzgado, así que se vuelven a abrir en el año 2000... y aún no se han cerrado. Catorce años después, el proceso sigue abierto. Paralelamente, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ordena al Ayuntamiento que paralice las obras y precinte. Lo hace la entonces alcaldesa Manuela Armas, pero en el año 2000 accede a la alcaldía María Isabel Déniz y las obras siguen. Las casas se terminan y se venden. O se venden y se terminan. Depende de qué versión se acepte, porque en ese proceso penal que dura catorce años, Echevarría, el promotor, responsabiliza de las obras ilegales, las que ocupan suelo rústico, a los compradores. Los compradores no se sabe lo que dicen porque nunca se les ha llamado a declarar, pero la tesis de Echevarría la sostiene también la Apmun, que en el año 2012 concluye que las obras de las 14 casas que ocupan suelo rústico en la calle Chabusquillo son "manifiestamente ilegalizables" y que hay que derribar pérgolas, patios, muros, piscinas, etc., casa por casa. Los propietarios recurren en los tribunales. Todos menos uno. Murillo pide que se derribe lo que ya es firme porque no han recurrido pero la Apmun le contesta que hay que esperar a que se resuelvan los otros pleitos y que, en todo caso, los propietarios tienen de plazo hasta el año 2029 para la demolición voluntaria.
Entre tanto, en el proceso penal, durante años se mantienen imputados el que era secretario municipal, el abogado Fernández Camero, por las segregaciones y las licencias, y la alcaldesa Déniz, por levantar el precinto. Con el tiempo se hacen muy amigos y comparten viajes y otras cosas, como su detención e imputación en el caso Unión, donde se investiga si se fueron juntos, con sus respectivas parejas, a Tanzania por cortesía de Urbaser, la empresa que gestionaba la limpieza de Arrecife. Hoy ya no están imputados y tampoco están en el Ayuntamiento. El secretario fue destituido por ejercer la abogacía sin tener la compatibilidad para hacerlo y Déniz fue barrida en las elecciones de 2007, tras pasarse del PIL a CC. Para el archivo, la Audiencia Provincial dio por buena la explicación de Déniz de que se informaba verbalmente de este asunto por parte de varios técnicos municipales de los que se negó a dar sus nombres. Fernández Camero alegó que se limitaba a dar las licencias pero no a informar sobre ellas. Hoy sólo quedan imputados, tras la muerte de Carmona; Echevarría y el constructor Antonio Caro, para quienes la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por estos hechos: construir 53 viviendas donde sólo podían construir 30, hacerlo conscientemente sin licencia municipal y sin calificación territorial, ocupando además una zona de suelo rústico de valor ecológico y superando la superficie del pan parcial y la de las casas, además de desobedecer las órdenes de paralización realizadas por la Apmun.
Aunque pueda parecer lo contrario, la historia no ha hecho más que empezar. Desde hace varios párrafos, a pesar de que no se ha advertido, el Murillo que aparece en el relato no es Eduardo, sino su hijo Gonzalo, óptico e incansable. En este embrollo hay varios procedimientos judiciales más. Para empezar, un pleito civil por el que la familia Murillo reclama sus terrenos, que está descansando desde el año 2007, cuando el Tribunal Supremo dijo a los Juzgados de Arrecife que había que llevar al procedimiento a los compradores de las casas. Siete años después no se ha hecho, a la espera de que termine el procedimiento penal, que tampoco se ha elevado a juicio a pesar de que hace dos años que la Fiscalía hizo ya su calificación.
Otro pleito que sí ha acabado es el contencioso contra el planeamiento. El Supremo ha anulado todo el plan parcial, por lo que el problema no es sólo para las 14 casas que están en suelo rústico sino para todas, que están fuera de ordenación.
El Supremo dijo que el plan parcial nunca debía haberse ejecutado y sobre todo que no había informe de la Consejería de Obras Públicas sobre cómo afectaba la urbanización a la carretera. Además, el nuevo Plan General de Arrecife, aún por aprobar, no regulariza su situación sino que devuelve ese suelo a la cualidad de urbanizable y no de urbano, por lo que los propietarios tendrán que rascarse el bolsillo para regularizar sus casas. Un bolsillo que, durante años, algunos no tuvieron que rascarse porque varias de estas casas estaban omitidas de la base de datos del catastro y no pagaban IBI. Quizá convendría recordar que el promotor de la urbanización era el encargado municipal del catastro. Así que algún funcionario municipal metió en una gaveta las fichas de estas casas y los propietarios estuvieron ocho años sin pagar la contribución.
El que sí estuvo pagando por ese suelo todo ese tiempo fue Murillo, que entre los impuestos por unos terrenos que no puede disfrutar, el pago a abogados por los distintos pleitos y una multa de la que luego se hablará, se ha gastado ya unos 600.000 euros en estos 14 años. A los compradores de las casas, después de estar ocho años sin pagar, les esperaba una pirueta con doble salto mortal. En 2008, la Dirección provincial del catastro cambió la titularidad a su favor sin que nadie se lo pidiera y sin dar audiencia a Murillo. El asunto es tan burdo como que la calle en lugar de llamarse Chabusquillo se pasa a llamar Chubasquillo. Murillo recurre y el Ministerio de Economía no sólo le da la razón, que después le darían los tribunales también, sino que destituye fulminantemente al Director del catastro, Jesús Hernando. Dice el Ministerio sobre ese cambio de titularidad que "no existe expediente" y que "la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento".
Así que, recapitulando, tenemos una urbanización que nunca se tenía que haber hecho, que no hizo las cesiones al Ayuntamiento, que ocupó suelo rústico y suelo urbano que no era suyo, que cuanto más se segregaba la finca, más crecía, que tiene 14 casas con orden parcial de derribo que no han pagado IBI durante años, que se saltó el precinto de las obras, que tenía un promotor que era funcionario municipal, unos técnicos que informaban a la alcaldesa que no tienen nombre, una consejería de Obras Públicas que dejó que se aprobara un plan sin informar sobre su afección a la carretera, un Gobierno que no recupera unos terrenos que deberían ser suyos, un proceso penal que dura 14 años... ¿Se puede pedir más? Por supuesto. Aún no sabemos quiénes son los propietarios de las casas.
Veamos. Uno es un notario, Celestino Mendizábal, que da fe de al menos nueve de las escrituras (no de la suya) que dicen que las casas tienen 96 metros aunque tienen más de 200. Al lado vive la presidenta del PP local y parlamentaria Astrid Pérez, y en la esquina, Miguel Pallarés, fiscal en Las Palmas y ex fiscal coordinador de Arrecife hasta el año 2008. Por si no lo han entendido bien, ahí va más claro. Hay un fiscal que vive en una casa que tiene una orden parcial de derribo, que está escriturada en 96 metros cuadrados y tiene 246 en el catastro, que pagó por la casa 20 millones de pesetas y se la tasaron un mes después en 37.829.000, que no ha pagado el IBI durante ocho años y que está casado con una sobrina del que era secretario municipal, Fernández Camero, que estuvo imputado en la causa. A este fiscal, como al resto de los propietarios, el promotor y la Apmun le responsabilizan de haber hecho las obras ilegalizables de la casa en suelo rústico, basándose en las certificaciones de obra y en las ortofotos.
Con los promotores responsabilizando a los compradores de las obras que ocupan suelo rústico, con un plan anulado y con tantos problemas, se podría esperar que los propietarios demandaran a Brisa Inversiones. Pero no consta este hecho. Lo que sí consta es que, para el recurso contra el catastro y contra la orden de derribo que ponen casi todos los vecinos, escogieron como abogada a Juana Fernández de las Heras, la hija de Fernández Camero, que a su vez era la que defendía a la promotora Brisa Inversiones para intentar que no anulara el plan parcial.
¿Raro? Pues esperen. Todo esto se ha ido publicando en la prensa local y regional desde hace más de diez años. En 2003, Gonzalo Murillo escribió un artículo en La Voz de Lanzarote denunciando estos hechos y quejándose de que el proceso penal estaba paralizado. Pallarés le puso una querella por injurias y calumnias y atentar contra su honor y le pedía tres años de cárcel, que se convirtieron, con la sentencia en la mano, en una multa de 15.000 euros por entender que Murillo atribuía a Pallarés la paralización de un procedimiento penal en el que estaba acusado su tío político. Once años después, aún no se ha celebrado el juicio.
Y ahora entra en escena El Agitador, que es una web de humor, satírica, que primero comenzó como revista, y que publicó una viñeta llamada Una tarde en el circo de La Bufona en referencia a la película de los Hermanos Marx y en la que caracterizaba a Pallarés como Harpo, el mudo, y lo llamaba Miguel Callaré. La viñeta estaba acompañada de un texto en el que se cuestionaba la actuación del fiscal en este caso. Pallarés, que en 2008 había pedido el traslado a Las Palmas, se querelló y ganó. El Agitador ya ha recurrido al Tribunal Constitucional la condena del Supremo que les impone una multa de 20.000 euros por imputar al fiscal el delito de no perseguir delitos, como es su deber. A pesar de que a uno de los miembros de la revista (el único con un sueldo decente) le embargan desde antes del juicio 450 euros todos los meses de su salario, los humoristas no se desaniman y hace tres años, publicaron otra viñeta más sobre Pallarés aprovechando la noticia de un juicio contra unos policías por tráfico de influencias. Pallarés, que ejercía la acusación, dijo en la Sala que "es importante que no nos acostumbremos a la corrupción, aunque sea pequeña, porque al final acabaremos viviendo en un Estado podrido". Los humoristas hicieron una viñeta en la que aseguraban que el fiscal iba a demoler personalmente su casa con un kit de demolición comprado en Decathlon. En junio un Juzgado les ha vuelto a condenar, en esta ocasión, a pagar casi 18.000 euros más porque en el texto de la viñeta "subyace una insinuación de corrupción". En el juicio, el abogado de Pallarés llegó a preguntar a los humoristas si se habían tomado la molestia de comprobar si en Decathlon venden kits de demolición. Como podrán ver, un McGuffin de manual. El único, por cierto, que sobra en esta historia.
* El Diario - Canarias Ahora - 24.8.14
Foto: Arrecife (Lanzarote), urbanización ilegal La_Bufona - CA
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31.8.14
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