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LAVOZ/Lugo* : La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha ordenado el derribo de cuatro chalés en obras en la zona de Area, en Viveiro. Este organismo ha desestimado las alegaciones del Concello al expediente incoado en julio del 2007 contra las licencias otorgadas por el gobierno local, con informes técnicos y jurídicos favorables, en suelo rústico.
La agencia estima que deberían haber pedido autorización autonómica.
El alcalde de Viveiro, el socialista Melchor Roel, anunció ayer que recurrirá la resolución, al igual que los propietarios de las viviendas unifamiliares. En diciembre del 2003, la Dirección Xeral de Urbanismo reconoció ocho núcleos rurales de Viveiro -entre ellos, los de Augadoce y Brieiro, donde se ubican estos cuatro chalés-, a propuesta del bipartito, integrado por PSOE y BNG, que gobernaba entonces el municipio. En el 2006, la Xunta dejó sin efecto las normas subsidiarias que regían en el concello -a petición del ejecutivo de Roel- y dictó una normativa provisional, vigente en la actualidad, que no recogió esos ocho núcleos rurales, pese a las alegaciones del Ayuntamiento.
Las denuncias del ex alcalde del Partido Popular César Aja contra los permisos dados por el bipartito por silencio administrativo derivaron en el expediente. Roel se mostró indignado e instó a la Fiscalía a intervenir «contra quien [Aja] dio veinte licencias, de 1997 a mayo del 2003, en esos ocho núcleos, dos de ellas a su cónyuge; y ahora denuncia a vecinos después de que el bipartito hiciera todos los trámites que él no hizo para legalizar esos núcleos». Arremetió contra «algunos responsables» de la Xunta y reiteró su apuesta por «el urbanismo sostenible que defiende Touriño».
* La Voz de Galicia - 26/6/2008
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
Urbanismo manda derribar cuatro chalés todavía en construcción en Viveiro
Novelda: El TSJ suspende la ejecución del polígono El Pla a petición de la CHJ por la falta de agua
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha suspendido el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de Alicante en mayo de 2007 por el que este organismo, que depende de la Conselleria de Ordenación del Territorio, autorizó la construcción de un polígono industrial privado de 1,6 millones de metros en Novelda, en la partida del Pla.
El acuerdo fue recurrido por la Abogacía del Estado a instancias de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Los responsables del organismo de cuenca ya anunciaron entonces que acudirían a los tribunales basándose en su informe negativo "al no resultar acreditada la suficiencia de disponibilidad de recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas de agua vinculadas a esta actuación urbanística" y, también, por afectar al dominio público al verse alterado por las obras el barranco de los Colegiales.
Como se recuerda, este plan parcial, que está estrechamente vinculado a la construcción de una zona residencial de dos millones de metros con campo de golf de 18 hoyos y 2.554 viviendas en la partida de la Serreta, salió adelante en la anterior legislatura con la mayoría absoluta del PP frente a los votos contrarios del PSOE y Bloc. Además, a tan sólo dos semanas de las elecciones del 27-M, y por un solo voto, recibió el visto bueno de la CTU, supeditando su definitiva aprobación a una serie de correcciones técnicas y administrativas, entre ellas la invasión de dominio público hidráulico por la ocupación de una rambla con viales y la falta de derechos sobre los 200.000 metros cúbicos anuales de agua que garantizarían el abastecimiento del polígono. Tras el vuelco electoral que llevó al PP noveldense a la oposición, el nuevo equipo de gobierno, el cuatripartito integrado por PSOE, Bloc, Los Verdes e IU, presentó un recurso de alzada ante la CTU para exigir la subsanación de las deficiencias detectadas. A los pocos días las adjudicatarias de ambos proyectos, Leteo Inversiones y Serreta Golf, con socios capitalistas comunes, presentaron en el Ayuntamiento la documentación modificada y corregida. El recurso fue rechazado por silencio administrativo por lo que el equipo de gobierno terminó asumiendo ambos planes. Sin embargo la CHJ ha seguido adelante con la impugnación y ahora el TSJ le ha dado la razón. No obstante no es una resolución firme. Cabe recurso. Pero en el auto también se alude a la falta de justificación sobre los 738.205 metros cúbicos anuales de agua para abastecer a la macrourbanización de La Serreta.
* Información - PÉREZ GIL - 25 de junio de 2008
Foto: Novelda (Alicante) - wikipedia.org
Cantabria: La solución a las sentencias de derribo, pendiente de los planes urbanísticos
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El plan que presentará el Gobierno de Cantabria para tratar de dar solución a las 23 sentencias de derribo que pesan sobre distintas urbanizaciones situadas en municipios del litoral cántabro no podrá ser un bálsamo que cure todas las heridas.
No contemplará -por ilegal e inconstitucional- la amnistía para las edificaciones declaradas ilegales y tampoco dictará una norma general para poder convertir en legales algunos de lo inmuebles sobre los que en la actualidad pesa una orden de derribo. Además, la capacidad competencial del Gobierno es muy reducida, ya que los planeamientos urbanísticos, la subsanación de errores de procedimiento y la concesión de licencias son competencia directa de los municipios.
Eso es lo que se desprende del informe que la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo de Cantabria ha enviado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En ese texto -elaborado por la Dirección General de Urbanismo y los servicios jurídicos- se vislumbra que en algunos casos no habrá otra solución que el derribo (con toda probabilidad las edificaciones de La Arena en Arnuero), mientras que en otros supuestos las edificaciones ilegales pudieran quedar legalizadas si tienen la cobertura del nuevo planeamiento urbanístico del municipio en el que se enclave. Todo ello cumpliendo un precepto sobre el que existe jurisprudencia: el cambio en el plan general en una zona de un municipio debe basarse en la necesidad de atender al interés público urbanístico y no ser un mero apaño que sólo persiga legalizar lo ilegal.
Las sentencias de derribo que afectan a Cantabria tienen casuísticas dispares en cuanto a sus fundamentos jurídicos. Existen supuestos -y así lo especifica el informe- «en que se acuerda el derribo por ser las edificaciones contrarias a la protección del medio ambiente, y, en concreto, por su impacto visual. Otras veces lo es por asentarse la edificación en un suelo rústico, indebidamente calificado como urbano. Otras veces, por defectuosa tramitación de los procedimientos». Esa variedad impide -así lo indica el Gobierno- «que la solución pueda venir a través de una alteración normativa que de cobertura a las mismas».
En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene que deben ser los planeamientos urbanísticos de los municipios los que den respuesta a cada uno de los casos. Los municipios afectados son los de Arnuero, Piélagos, Argoños, Miengo y Escalante. Se trata de ayuntamientos ubicados en el litoral de Cantabria y, por tanto, con un régimen jurídico sometido no sólo a la Ley de Suelo Cantabria 2/2001 sino a la Ley 2/2004 de Plan de Ordenación del Litoral.
Diferentes circunstancias
Aunque la situación urbanística de cada uno de esos municipios difiere, cuatro de ellos (Arnuero, Piélagos, Miengo y Escalante) presenta un nexo de unión: todos se encuentran revisando sus planeamientos urbanísticos, en fases de tramitación diversas para adaptarlos a las citadas disposiciones y leyes, «pero en ninguno de los casos se ha llegado a la fase de aprobación inicial, por lo que los planes y sus directrices se encuentran aún en el ámbito de competencias municipales».
Argoños: nuevo Plan
Es diferente el caso de Argoños, que dispone desde marzo de 2007 de un nuevo planeamiento adaptado a la legalidad. Además, durante la tramitación del plan ya se debatió sobre el tema de las sentencias de derribo existentes. Precisamente en el planeamiento ya en vigor se incluyen ordenanzas, determinaciones y ordenaciones concretas para los ámbitos afectados por sentencias. Con todo, según el informe remitido por el Gobierno al TSJ, la Consejería de Obras Públicas «no tiene constancia si por parte del Ayuntamiento de Argoños se ha otorgado alguna licencia que haya tenido como consecuencia la legalización de actuaciones ilegales en alguno de los ámbitos afectados por las sentencias» A juicio de los servicios jurídicos del Gobierno y de la Dirección General de Urbanismo, en la actualidad la modificación puntual de los planeamientos únicamente es posible en los términos que fija la Disposición Transitoria Primera de la Lotrusca (Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria). «Así, tratándose de planes no adaptados a la Ley sólo será posible modificarlos para regular la implantación de instalaciones industriales, infraestructuras, equipamientos, servicios de especial importancia, así como viviendas protegidas». Además, «sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento territorial, podrán realizarse modificaciones consistentes en la calificación de suelo no urbanizable en cualquiera de las categorías de suelo rústico a que esta ley se refiere o en la transformación del suelo no urbanizable ordinario, no sometido a especial protección, en suelo urbanizable residual, siempre que la finalidad de la modificación sea la implantación de alguna de las actuaciones antes enunciadas (viviendas protegidas, equipamientos, etc.)».
Por todo ello, el informe remitido al TSJC concluye categórico que «sólo en las municipios con planeamiento adaptado a la Ley sería posible que las circunstancias de alguna modificación puntual tuvieran como consecuencia indirecta dar cobertura a situaciones que hayan devenido ilegales por actuaciones anteriores. En los demás casos, será precisa la revisión del planeamiento general».
SENTENCIAS: Qué, Por qué...
Municipio de Arnuero.
Urbanización en La Arena. Sentencia de mayo de 1994. Orden de derribo de lo edificado por considerar que los terrenos no reunían los requisitos para ser clasificados como urbanos. El Plan de Ordenación del Litoral (POL) incluye los terrenos en la categoría de Protección Ecológica. El futuro planeamiento urbanístico del municipio deberá respetar la Ley de suelo y el POL.
Municipio de Piélagos.
Entre Lindes. Sentencia del TSJC de 9 de marzo de 2000. Estima el recurso interpuesto por la asociación ecologista Arca contra la aprobación definitiva del Estudio de Detalle en el paraje «Entre Lindes», en Liencres, por el carácter no urbano de los terrenos, la inclusión de fincas clasificadas como suelo no urbanizable y modificación de un vial. En el POL dichos terrenos se encuentran excluidos de su ámbito de aplicación. No obstante, la Ley de Cantabria 2/2004 establece en su artículo 2.3 que en caso de sentencia judicial firme que acredite que determinados suelos no contaban con los requisitos legales para ser clasificados como urbanos quedarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación del POL.
Cerrías I. Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2002. Revoca la Sentencia del TSJ de Cantabria en cuanto es disconforme con la presunta infracción del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1990 (sobre adaptación ambiental). Sin embargo, estima el recurso en cuanto a la legalidad de la sentencia por los otros dos motivos: falta de publicación del Estudio de Detalle y clasificación improcedente de los suelos urbanos. Los terrenos se encuentran excluidos del ámbito POL colindantes con la categoría de Área de Interés Paisajística (AIP), si bien, al igual que en la sentencia anterior se encontrarían afectados por lo establecido en los artículos 2 y 3 de la ley de Cantabria 2/2004.
Cerrías II. Sentencia del TSJC de 2 de noviembre de 2000. Estima el recurso interpuesto por Arca contra licencias de obras otorgadas a Calas del Norte, S.L. y a Nuevo Liencres, S.L. por la no publicación del estudio de detalle, clasificación improcedente de los suelos urbanos e incumplimiento del articulo 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1990. Los terrenos están excluidos del ámbito POL y tienen la misma afectación que los de Cerrías I.
Viviendas Grupo Zabalo. Sentencia de septiembre de 2001. Estima el recurso contra la resolución de la Alcaldía por la que se concedía licencia de obras a 'Grupo Zabalo Gutiérrez» por calificar como urbanos terrenos que no reúnen los requisitos para ello y porque el Estudio de Detalle extralimita su ámbito territorial. Los terrenos se encontraban excluidos del ámbito de aplicación del POL y colindantes con otros suelos clasificados como urbanos por el Plan General de Piélagos, si bien, al igual que en los supuestos anteriores estarían afectados por lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley de Cantabria 2/2004.
* El Diario Montañés - S. L. - 26 junio 2008
Foto: Urbanización La Arena en el municipio de Argoños. / DM, eldiariomontanes.es
Cataluña: 400 urbanizaciones se hallan en terrenos no urbanizables
ELPAÍS* : Cataluña ha sido, en materia de urbanismo, un país con leyes más que laxas. Tiene 900 pueblos, pero 2.300 urbanizaciones, algunas de ellas claramente alejadas de los núcleos urbanos históricos. Y lo que es peor, en al menos 400 casos, construidas sobre terrenos no urbanizables, es decir, en clara infracción de la legalidad vigente.
Las ilegales son el reino del caos, pero algunas de las legalizadas no son el paraíso. Al contrario, carecen en muchos casos de elementos tan necesarios hoy como abastecimientos de agua, conducciones de saneamiento, alumbrado público o asfalto en las calles.
El 70% de las 400 urbanizaciones ilegales son anteriores a 1975, año en el que falleció el último dictador de España, Francisco Franco. Hasta esa fecha, propietarios sin escrúpulos parcelaban, vendían, cobraban y desaparecían dejando un reguero de perjudicados, muchos ellos de economías humildes, que acababan por edificar ellos mismos sus viviendas, solos o con la ayuda de un amigo más o menos apañado.
El Gobierno catalán ha decidido elaborar un anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Consell Executiu y que será remitido ahora al Parlament. Se trata, explicó ayer el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, de intervenir en las más necesitadas de estas urbanizaciones con inversiones directas o líneas de crédito tanto a los municipios como a los parcelistas, sobre todo en aquellos casos en que se trata de propietarios de edad avanzada que han convertido la casita en primera residencia.
Quedan excluidas de estas ayudas las urbanizaciones manifiestamente ilegales, salvo que los municipios decidan legalizarlas.
El objetivo del plan, equivalente a la ley de barrios que está renovando los núcleos históricos degradados, es conseguir una inversión de unos 10 millones de euros anuales, que se destinarán a unas 20 urbanizaciones por año.
La primera medida tiene carácter experimental. El Ejecutivo catalán ha firmado convenios en pruebas con Alpicat, Castellvell del Camp, Corbera de Llobregat, Juncosa del Monmell, Masquefa, Lliçà d'Amunt, Maçanet de la Selva, Mediona, Vacarisses y Vidreres. Estos convenios suman 2,9 millones de euros, repartidos a partes iguales entre las 10 localidades.
Barcelona, con 1.142 urbanizaciones, es la provincia con más núcleos de este tipo. En Girona hay 560 y en Tarragona 550. En ellas viven más de 625.000 personas. El 60% de estas urbanizaciones carece de infraestructuras de saneamiento, el 61% tiene calles sin asfaltar y el 62% carece de alumbrado público.
Estas urbanizaciones produden, en opinión de Joaquim Nadal, un consumo desaforado e irracional de suelo y un incremento de la movilidad obligada, ya que estos núcleos carecen, en su inmensa mayoría de transporte público.
En los casos en los que sea posible, el Ejecutivo promoverá que las urbanizaciones dejen de crecer, de forma que no sean ocupados los terrenos aún libres de cemento. En total, hay unas 330.000 parcelas, la mitad edificadas, en las 2.300 urbanizaciones catalanas.
* ELPAIS.com - F. ARROYO - Barcelona - 26/06/2008
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
El 'Pocero bueno' construirá 300 chalés por 150.000 euros en el límite de Toledo y Madrid
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ELMUNDO* : Dice José Moreno que nunca ha sido constructor y mucho menos promotor inmobiliario. Toda su actividad ligada al ladrillo la ha consumado desde la Asociación de Vecinos de La Avanzada y cree que, como la soberanía, la iniciativa en la construcción de viviendas debería residir en los ciudadanos y no en las empresas.
El año pasado saltó a la fama gracias a la última de las tres promociones que ha gestionado en Fuenlabrada: 402 viviendas en régimen de cooperativa que vendió -en sólo cinco horas y con 200 personas en lista de espera- a razón de 17 millones de pesetas (106.000 euros) la más cara.
Desde entonces se le conoce como 'el Pocero de Fuenlabrada', 'el Pocero Bueno', o el 'Robin Hood de la construcción', como le bautizaron en El Periódico de Catalunya. Mediático, nunca dice no a una televisión, a una radio local o a un colectivo de 'okupas' que reclamen su participación, de forma que su peculiar rostro ha salido en decenas de medios de comunicación, incluso de Holanda, Alemania, Venezuela, Francia y México, que recuerde. La primera vez fue en El Mundo.
Su próxima aventura será construir 300 viviendas unifamiliares en El Viso de San Juan (Toledo, 2.340 habitantes), un municipio pegado a la linde provincial con Madrid, a no más de 40 kilómetros de la capital. "Los chalés no llegarán a 26 millones -unos 156.000 euros-", asegura Moreno.
¿Por qué chalés? y ¿por qué fuera de Fuenlabrada? Se preguntarán quienes saben que el lucro no aviva las iniciativas de Moreno. "Era una buena oportunidad para construir sobre suelo barato ya urbanizado", afirma.
"Serán chalés, explica, porque en el pueblo -que ha duplicado su población en cuatro años, hasta los 2.400 habitantes- apenas hay viviendas en altura". Las parcelas tendrán cerca de 200 metros cuadrados y las casas unos 120 metros útiles. Actualmente, las casas de esas características en la zona se cotizan entre 240.000 y 300.000 euros "cuando hace diez años no valían ni 100.000", apunta.
Los principales beneficiarios de las tres promociones que planea levantar en El Viso toledano serán "jóvenes de la localidad", precisa. Y es que a Moreno le gusta pensar que los jóvenes necesitan de verdad una vivienda y que no piensan en comprarla para especular con ella. "Son las verdaderas víctimas de la burbuja"
Las casas deberían bajar un 30%
[foto de la noticia]
A sus 58 años, cuatro hijos y camino del segundo nieto, es un icono local de Fuenlabrada, como lo es ‘el niño’ Fernando Torres.
Entre 1978 y 1983 fue concejal de Deportes de Fuenlabrada con el Partido de los Trabajadores y más tarde ingresó en la cárcel de Carabanchel por liderar acciones vecinales. En la terraza junto a la esquina de la calle Ernesto Ché Guevara, donde se ubican las cuatro manzanas de su última promoción, nadie pasa sin dedicarle un saludo.
En 1998 Moreno vendió su primer bloque de 72 viviendas, a razón de seis millones de pesetas -36.000 euros- la unidad. Al cabo de dos años dirigió una nueva promoción de 170 viviendas. Ahora, cree que las viviendas deberían bajar por lo menos un 30% si los promotores quieren seguir vendiendo casas. "Los trabajadores ya no pueden asumir las hipotecas, es imposible".
"Se pueden construir casas de buena calidad a razón de 600 euros por metro cuadrado construido", aclara. A esto hay que sumarle la repercusión del coste del suelo, que es donde está el verdadero negocio.
Y se ofrece para ello. Aunque, en opinión de Moreno, no interesa que se extienda el rumor de que los pisos valen menos. Hace un par de meses propuso por carta a una decena de ayuntamientos del cinturón sur de Madrid -Humanes, Perales del Río, Moraleja de Enmedio, Griñón, Parla, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Getafe- la construcción de viviendas de protección oficial a precio de coste, es decir, con una repercusión del precio del suelo inferior a 18.000 euros por vivienda. En casi todos los municipios, la respuesta ha sido o vaga o silenciosa.
Moreno repercutió un 3,6 % del precio de las viviendas por la gestión de la cooperativa propietaria de su última promoción. En total, unos 480.000 euros. Pero cree que, en esta profesión, enriquecerse es muy sencillo: "Si hubiera querido podría haber subido las casas un millón de pesetas y en un momento habría ganado 400 millones más de golpe". Por las anteriores promociones no cobró nada.
* El Mundo - JOSE F. LEAL - 25.06.2008
Foto: Fuenlabrada (Madrid), el Pocero - elmundo.es
El Tribunal Europeo planea sobre la M-501
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ELPAÍS/Madrid* : Una Comisión Europea que se siente burlada por la Comunidad de Madrid en el caso de la carretera de los pantanos tiene previsto elevar hoy al Tribunal de Justicia de la UE las presuntas violaciones medioambientales del desdoblamiento de la M-501.
Bruselas hace firme esta medida extrema al año de una primera decisión en el mismo sentido, de la que se desdijo más tarde para dar al Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) la opción de remediar las graves irregularidades detectadas. "Ha tenido la oportunidad de reconducir la situación y no lo ha hecho", apunta una fuente comunitaria.
Hoy llega a su final el proceso en la Comisión, con la prevista decisión de someter el desafío de la Comunidad de Madrid al Tribunal de Luxemburgo, última instancia judicial de la UE. La frustración del Ejecutivo comunitario quedó de manifiesto en su última comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que estudió el caso.
"El que las obras del tramo 2 [entre Brunete y Navas del Rey] no hayan sido interrumpidas es de una extrema gravedad, contradictorio y no coherente con la letra y el espíritu" del acuerdo entre la Comunidad y la Comisión Europea que permitió congelar el procedimiento de infracción ante el Tribunal en julio de 2007, según José Manuel Servert, adscrito a la dirección general del Medio Ambiente de la Comisión Europea, que habló así el pasado mes de abril ante la Comisión parlamentaria.
La Comisión tenía desde 2006 la certeza de que el desdoblamiento de la M-501 incumple obligaciones como la de realizar una evaluación de impacto ambiental solvente y las directivas sobre aves silvestres y hábitats. Pero ante una oferta del Gobierno de Esperanza Aguirre de respetar la legislación comunitaria, aunque fuera con retraso, Bruselas paralizó el procedimiento. Apenas unos días más tarde, el Tribunal de Justicia de Madrid declaró nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno para desdoblar la M-501, de lo que Bruselas tardó en tener conocimiento oficial. Entretanto, Aguirre, y también el consejero de Transportes, Manuel Lamela, no se han cansado de repetir que respetarían y cumplirían todo lo que pidiera la Comisión Europea.
Para la dignidad del Ejecutivo comunitario fue un mazazo ver que la presidenta presentaba un recurso ante el fallo del tribunal madrileño. "Cuando se continúan las obras es porque no hay voluntad de mitigar los daños y al recurrir se pretende que la sentencia no sea firme", reconoció Servert, que aseguró: "Es contradictorio y no coherente con la letra y el espíritu del acuerdo que permitió congelar el procedimiento judicial". El funcionario ya adelantó en la Eurocámara que la Comisión tomaría una decisión sobre el caso en fecha por determinar.
Ecologistas en Acción consideró ayer en un comunicado que el giro dado por la Comisión, "pese a las presiones sin precedentes que han ejercido el PP y los alcaldes en Estrasburgo" es positivo. "El siguiente paso es que Luxemburgo paralice las obras que siguen avanzando a marchas forzadas", agregó. De este modo, Bruselas, con la paciencia agotada, decide volver sobre sus pasos y se propone iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Lo que ocurre es que este tribunal emplea un promedio de dos años en dictar sentencia.
+ ELPAIS.com - R. M. DE RITUERTO - Bruselas - 26/06/2008
Foto: Madrid, obras carretera de los pantanos - G.Lejarcegi (ELPAIS.com)
Dénia libra del ladrillo 11 kilómetros en primera línea del litoral de Les Marines
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ELPAÍS/Alicante* : Freno a la expansión urbanística en la costa de Dénia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acordó ayer la suspensión de parte del Plan Transitorio impulsado por la Generalitat en este municipio y que permitía la construcción de urbanizaciones en primera línea de playa a lo largo de 11 kilómetros de Les Marines, entre el casco urbano y el río Molinell.
La sentencia da así la razón al Ayuntamiento de Dénia, que había recurrido el plan del Consell amparándose en la Ley de Costas, que especifica la "prohibición de crear pantallas arquitectónicas en el litoral". De hecho, el Plan Transitorio, el documento que rige los destinos urbanísticos del municipio hasta la redacción de un nuevo PGOU, permitía que los propietarios de parcelas urbanas parcialmente ubicadas en terreno público de la costa pudieran acumular la edificabilidad de futuros proyectos urbanísticos en la parte privada de esos terrenos. Con esta medida, "decenas de propietarios", según el concejal de Urbanismo, el socialista Vicent Grimalt, podrían haber edificado nuevas viviendas unifamiliares y complejos residenciales.
Por el contrario, la sentencia admite el derecho del municipio a diseñar su propio planeamiento urbanístico, que, en Les Marines, desde que PSPV y BNV accedieron al poder, ha tenido un sello claramente proteccionista: socialistas y nacionalistas también acordaron la desclasificación de otros tres millones de metros cuadrados en la costa norte, lo que, unido ahora a la prohibición de poder construir en los terrenos de primera línea, libra del ladrillo a esta parte del litoral. El fallo del TSJ supone un balón de oxígeno para la alcaldesa socialista Francisca Viciano, que ha visto cómo la Generalitat bloqueaba una y otra vez sus decisiones urbanísticas.
* ELPAIS.com - A. RUIZ - Dénia - 26/06/2008
Foto: Denia (Alicante), dunas - levante-emv.com
El monstruo de la corrupción urbanística sigue en la Costa del Sol
JOSÉ BEJARANO* : Marbella es la cuna del monstruo que se ha aposentado en buena parte de la Costa del Sol y se reproduce incluso después de la desaparición del gilismo.El descabezamiento hace dos años de la trama instaurada en Marbella no sirvió de aviso a sus vecinos de Estepona, Manilva, Mijas... Quizá porque, al contrario de lo que se suele creer, no fue Jesús Gil quien creó el monstruo. Lo que hizo al llegar a la alcaldía fue dar carta de naturaleza e institucionalizar la mordida que él mismo tuvo que pagar en los años ochenta en su faceta de constructor.
Lo que hay es un antes y un después de Jesús Gil porque si hasta 1991 había maletines y algunos pagos se hacían de forma tan burda como firmar talones bancarios - entregados a veces en las propias sedes del partido- después se hizo con dinero en efectivo, bajo el manto de los alegales convenios urbanísticos y a través de empresas municipales que escapaban a todo control. Tanto éxito tuvo el sistema que se extendió como una mancha de aceite y hoy son multitud los alcaldes sobre los que pesan denuncias de corrupción urbanística. El fenómeno no entiende de colores políticos y afecta a todos los partidos que tocan poder municipal. En Málaga, el año pasado la fiscalía enumeró más de mil delitos de ese cariz. Uno de cada cinco alcaldes de la provincia está imputado y términos como prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias son habituales en el lenguaje municipal.
En muchos casos, como ha ocurrido en Estepona, alguien había dado la voz de alarma asustado por la fuerza del monstruo. El primer alcalde democrático de Marbella, el socialista Alfonso Cañas, ya alertó de los maletines y aseguró haber tratado de poner al tanto a Felipe González, que no lo recibió. En Estepona fueron dos concejales, también socialistas, David Valadez y Cristina Rodríguez, enfrentados al alcalde, los que lo intentaron sin éxito. Barrientos les respondió: "No estoy dispuesto a recibir de nadie lecciones de moralidad política, ética, honestidad, integridad, socialismo y lucha contra la corrupción urbanística".
Uno de los que dijeron haber sido extorsionados en los albores de la corrupción en Marbella fue Jesús Gil, que al ganar las elecciones municipales de 1991 dijo que se hacía cargo del Ayuntamiento para ganar dinero, pero a cambio de hacer que todos ganaran con él. Elevó la corrupción a su época dorada. El gran invento fue el convenio urbanístico, sistema que mostró a muchos alcaldes el camino para aliviar las escuálidas arcas municipales y, de paso, las suyas propias y las de sus partidos. Una década más tarde, centenares de alcaldes y concejales están procesados aunque eso, a tenor de los resultados de las pasadas elecciones, no parece influir mucho en el sentido del voto de sus vecinos.
Un repaso a la relación de alcaldes condenados o pendientes de juicio no deja libre a ninguna provincia costera. Desde Roquetas de Mar, Garrucha y Níjar, en Almería, hasta El Granado y Matalascañas, en Huelva. La que más causas tiene es Málaga por razones obvias: Marbella, Estepona, Alhaurín de la Torre, Tolox, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Mijas, Casares, Ronda y Manilva, entre otros municipios. En Cádiz ha habido denuncias en Grazalema, Prado del Rey, La Línea y El Puerto de Santa María. En Granada, Armilla y Alhendín. En Sevilla, Camas, Burguillos y Guillena. La conclusión a la que llegó la fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz el año pasado ofrece una explicación: "Todo esto sucede (los delitos urbanísticos) sin que las administraciones ejerciten de la forma que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento". En el 2007, el Ayuntamiento de Estepona dejó de ingresar diez millones de euros por sanciones urbanísticas no ejecutadas, según el tesorero, ahora llamado a declarar como testigo en la operación Astapa. La pregunta que se hacen en Estepona es ¿a cambio de qué se hacía esa dejación de responsabilidad municipal?
* La Vanguardia - Opinión - Sevilla | 22/06/2008
