La UE amenaza con congelar las ayudas a España si no resuelve los abusos urbanísticos

LEVANTE* : El Ejecutivo comunitario y el Parlamento Europeo tienen poder para congelar, suspender y retirar la concesión de las ayudas regionales y de Cohesión si los planes urbanísticos no respetan las normas comunitarias y no se corrigen los abusos. Así lo advierte el primer borrador del informe sobre el Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio ambiente y en la aplicación de la legislación de la Unión Europea (UE), basado en las peticiones recibidas cuya ponente es la eurodiputada danesa de Los Verdes, Margrete Auken.

El programa operativo de la Comunitat Valenciana de 2007 a 2013, el actual periodo de programación de fondos estructurales y de Cohesión, asciende a 2.200 millones de euros. La mitad (1.300 millones de euros) proceden de las arcas comunitarias.
El proyecto de informe se debatió ayer en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, la tercera resolución del Parlamento Europeo sobre el urbanismo masivo, sufrirá cambios, ya que debe enmendarse, y será debatido nuevamente en el Comité en enero. Podría votarse en marzo en la sesión plenaria.
El borrador de resolución «recuerda que la Comisión Europea tiene competencias para interrumpir» y «suspender» las ayudas a un Estado miembro o a una región, así como para pedir la devolución de los fondos estructurales concedidos a proyectos que no respetan las directivas.
La Eurocámara, como autoridad presupuestaria, puede congelar las ayudas -en el capítulo de reserva de fondos de la Política de Cohesión- si lo cree necesario para persuadir a un «Estado miembro para que ponga fin a graves infracciones de las reglas» europeas «que está obligado a respetar». Una suspensión que puede hacer efectiva hasta que el «problema esté resuelto».
De otra parte, el proyecto de informe Auken pide que se establezca una «moratoria de los nuevos planes de urbanización que no respeten los criterios de sostenibilidad medioambiental y de responsabilidad social» y que se cancelen los «proyectos urbanísticos» que no cumplan los «criterios europeos medioambientales» y de «abastecimiento de agua».
El borrador de documento pide a las autoridades competentes que revisen la «legislación que afecta a los derechos de la propiedad individual» para acabar con los «abusos» y les urge a «establecer mecanismos judiciales y administrativos», incluyendo al Defensor del Pueblo, «para compensar a las víctimas» de los abusos urbanísticos por la mala aplicación la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y la Ley Urbanística Valenciana (LUV). El texto redactado por la eurodiputada danesa, que no es definitivo, expresa su «preocupación» puesto que considera que las autoridades legales y judiciales españolas no estaban suficientemente preparadas «para abordar el impacto de la urbanización masiva en la vida de las personas».
La «falta de claridad» y «precisión» en la legislación sobre la propiedad privada y la ausencia de la «aplicación de la legislación medioambiental está», según el proyecto de resolución, en la «raíz de muchos de los problemas urbanísticos». Esta situación unida a una «laxitud en el procedimiento judicial, no solo no ha resuelto» la problemática sino que «ha generado una forma endémica de corrupción» de la cual los «ciudadanos son las primeras víctimas», considera el borrador del informe sobre el urbanismo masivo en España.
El documento provisional también recuerda que la «Directiva de Evaluación del Impacto Medioambiental obliga a consultar a los ciudadanos afectados» cuando se lanza un plan urbanístico, así como durante los trámites hasta su adopción y cuando se realizan «modificaciones sustanciales» de los proyectos existentes. Algo que no siempre ha ocurrido, según los casos denunciados ante el Comité de Peticiones de la Eurocámara, lamenta el proyecto de resolución.
El texto realiza un llamamiento a cuestionar los métodos de elección de los agentes urbanizadores, a los que se concede «excesivas competencias», y pide a la Comisión Europea que lance una «campaña de información» a los ciudadanos que compran un bien inmobiliario en otro socio comunitario.





* Levante-EMV - Nayra Aguado, Bruselas. corresponsal - 2.12.2008
Foto: strasburgo european parliament

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'Caballistas': Dos acusados reconocen que Vidal les dijo qué fechas poner en el certificado

DIARIODEMALLORCA* : Dos de los acusados en el llamado "caso caballistas" han coincidido en que habían elaborado certificados diciendo que la Agrupación de Caballistas de Ses Salines había actuado en sus municipios, a petición del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, quien les especificó que debían poner "desde 1995".

El alcalde en funciones de Llucmajor, Joan C. Jaume, y el secretario del Ayuntamiento de Campos, Sebastià Portell, han coincidido en señalar que el ex alcalde de Ses Salines les indicó las fechas que debían consignar en el certificado.

Las declaraciones de seis de los catorce acusados se han producido en la sesión matinal de la primera jornada del juicio por el llamado "caso caballistas", que juzga al ex alcalde de Ses Salines por intentar legalizar una vivienda construida en suelo rústico, declarándola de interés general por ser sede de la Agrupación de Caballistas del municipio.

Vidal pidió certificados municipales, razón por la que hay catorce acusados, entre ellos doce cargos y ex cargos municipales del PP inculpados por falsedad documental.

Preguntados por el teniente fiscal, Ladislao Roig, sobre por qué indicaron que los caballistas habían actuado en el municipio desde 1995, el secretario del Ayuntamiento de Campos ha reconocido que Vidal le indicó qué fechas debían constar en el certificado y que no le indicó la finalidad del documento; al igual que declaró el alcalde en funciones de Llucmajor, Joan C. Jaume.

Sin embargo, el alcalde de Santanyí, Miquel Vidal, hizo constar en su certificado que las actuaciones se remontaban a 1994.

Preguntados todos ellos por la coincidencia en la existencia de certificaciones casi idénticas de distintos municipios, el secretario municipal de Campos ha admitido que le llama la atención que haya otros documentos muy similares emitidos por distintos ayuntamientos.

Sin embargo, los alcaldes de Llucmajor y Santanyí han dicho que les parecía normal.

El secretario municipal de Campos ha dicho no recordar si la palabra "agrupación", para referirse a los caballistas, se le ocurrió a él o se lo indicó el ex alcalde de Ses Salines: "No recuerdo si me dijo agrupación, pero el hecho de que yo lo pusiera me hace suponer que sí lo dijo".

El alcalde accidental de Llucmajor ha dicho que no le parece importante haber elegido la palabra agrupación y el alcalde de Santanyí ha señalado que la usó como sinónimo de "grupo de amigos".

Ante la pregunta del teniente fiscal sobre si volverían a firmar dicho certificado en la actualidad, el secretario municipal de Campos, Portell, ha asegurado que "con todos los contratiempos" que le ha supuesto, "no lo firmaría".

"En el fondo del certificado estoy absolutamente de acuerdo, estoy diciendo la verdad. Sin embargo, puede que el rigor administrativo se me pudiera exigir más a la hora de comprobar si la agrupación era una entidad legalmente constituida o no", ha puntualizado Portell.

El alcalde accidental de Llucmajor ha asegurado estar convencido de la certeza de lo que ponía en su certificado, al haber asistido a varias actuaciones de los caballistas: "De la forma que se me pidió, como yo lo he presenciado, lo volvería a hacer porque no le he dado mayor importancia a este tema".

El actual alcalde de Santanyí ha señalado que escribió la carta, que le fue solicitada por teléfono por el ex alcalde de Ses Salines, de acuerdo con sus propios conocimientos de caballos.

Por su parte, el ex alcalde de Campos, Andreu Prohens, ha admitido haber firmado el visto bueno al citado certificado sin haber comprobado que efectivamente el grupo caballista había actuado en su municipio, aunque ha puntualizado que él mismo había visto varias actuaciones.

Prohens ha dicho que firmaba "todos los vistos buenos" que le presentaban el secretario municipal o los funcionarios.

El ex alcalde ha asegurado además que no tenía "ninguna relación" con el ex alcalde de Ses Salines, "ni de amistad ni de ninguna clase", más allá del "trabajo de partido".

Tanto Prohens como Portell están acusados de un delito doloso de falsedad de documento oficial; y Miquel Vidal y Joan C. Jaume, de delito imprudente de falsedad.

También ha declarado el celador del Ayuntamiento de Ses Salines, Sebastián Escalas, quien ha admitido que certificó la antigüedad de la finca propiedad del entonces alcalde Ses Salines, Sebastià Vidal, con una fotografía aérea realizada en 1979, sin comprobar si hubo alguna reforma en dichas construcciones.

En el interrogatorio, el celador ha indicado que no sabía que la finca era del alcalde, aunque ha reconocido que hace 63 años que reside en el municipio.

También ha dicho no saber que fuera sede de la Agrupación Caballistas de Ses Salines: "No sé nada de caballos", ha afirmado.





* Diario de Mallorca - EFE- 1.12.2008
Foto: Ses Salines - mallorca.com

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El sentido de la okupación: el otro caso Malaya

SOITU/Madrid* : El Centro Social Malaya fue desalojado ayer tras 8 meses de actividad. Se reabre de esta forma el debate sobre la okupación, destacando por un lado la función de estos centros y por otro los problemas de corrupción urbanística y de falta de vivienda. Aunque existe mucho debate y manipulación interesada en torno al tema, no se puede negar que el movimiento okupa es mucho más que un puñado de vagos que no quieren pagar alquiler.

La "okupación" puede definirse como un movimiento político-reivindicativo con dinámicas horizontales de organización que hace uso de terrenos y edificios abandonados para su "apropiación social", desafiando el tradicional derecho de propiedad. Durante la última década en particular, la mayoría de okupaciones, lejos de servir únicamente como vivienda, se transforman en "Centro Social Okupado Autogestionado" (CSOA o CSO). Cada CSO desarrolla actividades socioculturales abiertas centradas en el ámbito local, desde una perspectiva autogestionada y fuertemente politizada. No se puede negar el plus de legitimidad que ello supone, ya que en muchos casos son los propios vecinos, incluso los de edad avanzada, los que protestan cuando se realiza un desalojo.

En este país el movimiento tiene fuerzas muy diversas en función de qué ciudad estemos hablando. Mientras que en Barcelona se cuentan por cientos, en Valencia la actividad es anecdótica. Madrid mantiene un nivel de masa crítica que ha permitido resistir, aunque de forma precaria, el aumento de la represión y criminalización desde mediados de los años 90. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo un aumento de la actividad con la incorporación de sangre nueva y con el apoyo de los movimientos sociales de la ciudad.

Ayer se desalojó el "PSO Malaya", una de las iniciativas más potentes en los últimos años, donde convergieron numerosos colectivos, respondiendo a una trayectoria ya consolidada. El nombre elegido es muy simbólico, ya que el edificio en cuestión (que en lugar de Centro se decidió llamar Palacio) está intervenido por el juzgado del famoso Caso Malaya, por ser propiedad de un concejal implicado en la oscura trama de Marbella. Con ello se pretendió denunciar la corrupción sistémica, junto con la ya clásica protesta contra la especulación de inmuebles, en un contexto de falta de vivienda para jóvenes y de centros sociales de barrio. Este edificio había sido denunciado repetidamente por los vecinos por su estado deplorable, anti-higiénico y casi en ruinas.

Como en tantas otras ocasiones, el edificio fue restaurado en la medida de lo posible, acondicionado para hacerlo habitable, y transformado en un centro social abierto a todo el barrio. Dada la gran cantidad de espacio disponible, la asamblea ofreció espacio permanente a los colectivos y movimientos sociales que lo solicitaran. Así, se podrían llevar a cabo reuniones, asambleas, charlas, y diversas actividades gestionadas por cada colectivo, y dar una actividad frenética al PSO. Más de una veintena de colectivos dieron vida a la corta existencia del Malaya, con las más variopintas iniciativas: cine, autoproducción, teatro, creación plástica y fotográfica, hacking, librería y taller literario, grupo de género, ensayo musical y conciertos, radio, baile, medicina alternativa, yoga, seminarios, charlas-debate y mesas redondas...

Pero este centro no ha sido especial sólo cuantitativamente. Malaya es la continuación del proyecto comenzado en el CSO La Escoba (septiembre 2005 - octubre 2006) y desarrollado en el conocido CSO La Alarma (octubre 2006 - julio 2007). Su visión abierta y plural permitió desarrollar una de las iniciativas más interesantes de los últimos años: la "Universidad Popular", en la que se pretendía articular un punto de unión entre el punto de vista teórico universitario y la realidad social de los movimientos sociales. Así, distintos profesores universitarios participaron en sesiones históricas y políticas, debatieron sobre mayo del 68, la guerra civil, el dilema reformismo-revolución, las diferencias esenciales entre marxismo y anarquismo, teoría crítica feminista, entre otros temas que fueron surgiendo. Esta experiencia, que resultó ser todo un éxito, dejó muy buen sabor de boca. Y más importante aún, contribuyó a reducir la brecha existente entre dichos movimientos sociales y el mundo académico, rompiendo la idea del investigador en su torre de marfil.


Esta visión abierta e integradora estaba de nuevo fructificando en el Malaya, que comenzaba a colocarse como catalizador de distintas luchas fragmentadas, y que tenía proyectado continuar la universidad popular, entre otras iniciativas. Una vez más, la policía ha interrumpido el flujo de ideas desalojando y cerrando el edificio. Ya se sabe qué pasará con él: en unos años volverá a su "natural" estado vacío, ruinoso y muerto, como ya ha ocurrido con tantos otros edificios ex-CSO en todo el país. Sin embargo, la asamblea ha anunciado que el proyecto sociopolítico va más allá del espacio físico, como ya se lleva demostrando estos últimos años. "Malaya vive, la lucha sigue."





* SOITU.es - SAM - 2.12.2008
Foto: Protestas el dia de ayer por el desalojo - soitu.es

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La invasión del espacio público amenaza Sevilla

ELPAÍS* : La privatización y mercantilización de los espacios públicos en Sevilla están poniendo en peligro la singularidad de la ciudad, su alma. Guillermo Vázquez Consuegra, Premio Nacional de Arquitectura en 2005, está preocupado por la desaparición de los espacios públicos, engullidos por mesas de restaurantes, convertidos en aparcamientos o, simplemente, cerrados con una cancela para evitar gastos en seguridad.

"El futuro de la ciudad está en sus espacios públicos. Sevilla tiene una estructura medieval islámica de calles estrechas, quebradas y grandes manzanas con plazas en su interior a las que se accede a través de adarves (callejones). Los espacios más propios son aquéllos que están en el interior de sus arquitecturas y esos son, precisamente, los que están desapareciendo antes", asegura Vázquez Consuegra (Sevilla, 1945) quien, entre otras obras, está realizando actualmente la rehabilitación del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, y la ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

"Lo más importante de Sevilla no son las fachadas de sus edificios, la mayoría del siglo XIX, sino su estructura urbana. Si eliminamos todo lo que es singular, Sevilla se convertirá en una ciudad del montón como tantas otras en Europa. La estética de los parterres con flores es completamente ajena tanto a nuestro clima como a nuestra cultura. Deberíamos invertir y cuidar lo que nos hace diferentes. Si convertimos a Sevilla en Zúrich, ¿para qué vendría la gente aquí?", se pregunta Vázquez Consuegra, galardonado el pasado año con la primera edición del Premio Andalucía de Arquitectura.

"La única plaza mayor que existía en época medieval en Sevilla era la de San Francisco. Los otros lugares de encuentro para la vida pública eran los interiores de las manzanas y los patios de los naranjos de la antigua mezquita [hoy iglesia del Salvador] y de la mezquita nueva, la actual Catedral. Ambos espacios han estado funcionando como plazas públicas durante siglos, hasta que el Cabildo catedralicio, en el caso del patio de la Catedral, decidió cerrarlo y dejarlo sólo para los turistas. Limitar a los ciudadanos el uso de un espacio público tan cualificado como el Patio de los Naranjos es un escándalo", asegura. El arquitecto sevillano es consciente de que se trata de un lugar privado, propiedad de la Iglesia, y de que el acceso es gratuito para los residentes en Sevilla; pero insiste en que lo realmente grave es que se ha clausurado un lugar de encuentro que durante siglos estuvo abierto.

"La fuente, con la pileta superior visigoda que es anterior a la mezquita, y toda esa mezcla de estilos convierten al Patio de los Naranjos en uno los lugares más cualificados de la ciudad que ahora, lamentablemente, está ocupado en parte por pequeñas tiendas y casetas que le restan belleza".

Lo que queda del Patio de los Naranjos de la iglesia del Salvador es un espacio que también ha estado tradicionalmente abierto y que, desde que se terminaron las obras de restauración del templo tan sólo puede visitarse cuando la iglesia está abierta, añade Vázquez Consuegra.

El cerramiento, mediante cancelas, de muchos callejones que mueren en el interior de una manzana es, en su opinión, otro de los peligros que amenazan la singularidad de Sevilla. "Las plazas urbanas abiertas las tiene cualquier urbe, pero esa mezcla en la que se diluyen los confines entre lo colectivo y lo íntimo es fruto del pasado islámico de la ciudad. Es la misma cualidad que tenían los compases de los conventos, que ahora también se han cerrado. El patio de los naranjos del convento de Santa Clara, uno de los más hermosos de la ciudad que está junto a la torre de Don Fadrique, es un buen ejemplo. La iglesia lleva años restaurándose, pero eso no debería impedir que los ciudadanos disfruten del patio".

El arquitecto cita la plaza de Santa Marta -muy cerca de la Catedral- como una de esas pocas plazas interiores que todavía permanecen abiertas. "Los vecinos se han quejado al Ayuntamiento porque hay gente que entra aquí para hacer botellón o la convierten en un urinario y la única solución que les dan es poner una cancela. Por ahora se han negado, pero me temo que Santa Marta tiene los días contados. Esto es una muestra de la obsesión por la seguridad de nuestra sociedad. En cualquier espacio público donde surja un problema, la medida más inmediata es cerrarlo", reflexiona Vázquez Consuegra en la plaza de Santa Marta, en la que observa que ha desaparecido el azulejo que estaba bajo el arco.

"Aldo Rossi [el desaparecido arquitecto italiano que recibió el premio Pritzker en 1990] siempre decía que el monumento más identificativo de Sevilla era el pasaje Valvanera [que une la calle Relator con la de San Luis], porque en estas manzanas se generó una tipología de construcción colectiva que se convirtió en el corral de vecinos", recuerda Vázquez Consuegra, quien ha impartido clases en las universidades de Lausana (Suiza), Syracuse (Nueva York) o las italianas de Bolonia y Venecia, entre otras.

"Los espacios interiores que generaron esas casas o corrales de vecinos se convirtieron en auténticas plazas públicas, como ocurrió con el Corral del Conde hasta que, a principios de los noventa, se restauró y pasó a ser un espacio privado".

La mayoría de las plazas con las que cuenta actualmente la capital andaluza son fruto de demoliciones de conventos a principios del siglo XIX, especialmente durante la ocupación francesa. En la actual Plaza Nueva, por ejemplo, se alzaba el convento de San Francisco, y la plaza del Museo la ocupaba el convento de la Merced.

La ordenación de las márgenes del río Guadalquivir es, en opinión del arquitecto, uno de los grandes retos que debe afrontar la ciudad. "El paseo del río es el espacio público con más potencial urbano y necesita un proyecto integrador que aglutine todas las operaciones puntuales que se están realizando. Es necesario un proyecto que convierta el río a su paso por Sevilla en una vía de comunicación urbana", comenta el profesional, que firmó la ordenación del borde marítimo de Vigo, área que ha pasado de ser una de las más degradadas de la ciudad a convertirse en una de las más cotizadas.

"En los siglos XVI y XVII Sevilla era la capital del mundo. Por el río llegaban los grandes barcos de América y la ciudad mantenía una estrecha relación con el Guadalquivir a través de sus márgenes, entre lo que actualmente es el muelle de las Delicias y el puente del Alamillo. Pero el río hoy no suena, le falta el sentido de la vida. Debemos recuperar el movimiento y la escala del mar a través de la arquitectura de los barcos, porque el Guadalquivir siempre fue navegable".

El arquitecto lamenta que la mayoría de los locales que hay entre los puentes de Triana y de San Telmo sean almacenes municipales, que podrían tener cualquier otra ubicación, en lugar de restaurantes y lugares de ocio. "Incluso la introducción del carril bici se ha hecho sin tener en cuenta la potencialidad del paseo como espacio urbano peatonalizado. El carril bici debería de haberse llevado a la cota del paseo de Colón, porque ese tráfico interrumpirá la relación entre el borde del río y los nuevos usos de los locales. También es necesario que se recupere la relación del parque de María Luisa con el río. Ahora se presenta una ocasión de oro si el Ayuntamiento se da cuenta del potencial de la parcela de la estación del antiguo telecabina de la Expo 92. Esa zona, que hoy es la mejor parcela de la ciudad, está destinada a un edificio de oficinas de Lipasam; en lugar de haber proyectado un edificio público para usos deportivos y de ocio", afirma Vázquez Consuegra.





* ELPAIS.com - MARGOT MOLINA - Sevilla - 30/11/2008
Foto: Sevilla, catedral - flickr.com

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El crecimiento urbanístico pisa fuerte sobre los espacios naturales de todo el territorio español

JULIO ROJO* : A pesar de la crisis inmobiliaria, la industria urbanística continúa expandiéndose sobre gran cantidad de espacios naturales a golpe de recalificaciones y modificaciones de los planes de ordenación territorial. Los emprendimientos inmobiliarios siguen ejerciendo una fuerte presión sobre los espacios naturales. Además de algunos casos con mayor trascendencia mediática, como el del hotel El Algarrobico, en Cabo de Gata, o el proyecto de estación de esquí en San Glorio (en la cordillera Cantábrica), otros muchos espacios naturales protegidos se encuentran sometidos a una gran presión inmobiliaria, que no se detiene pese a la crisis en la que parece encontrarse el sector.

Proyectos urbanísticos

El crecimiento de las zonas residenciales y la creación de grandes zonas mixtas en las que conviven viviendas con emplazamientos deportivos y de ocio generan conflictos al encontrarse, en numerosos casos, ubicadas en entornos naturales con algún tipo de protección. Según Ecologistas en Acción, “se trata de propuestas de ocio que son utilizadas exclusivamente para promocionar grandes operaciones de construcción y venta de viviendas, cuyo costo final queda sensiblemente incrementado por los citados alicientes”. Casos como el del emprendimiento urbanístico denunciado en los últimos días por esta asociación ecologista en el Parque Natural Los Alcornocales, en Cádiz –que contempla la recalificación de más de 500.000 m2 de suelo perteneciente al parque natural para la construcción de una urbanización, un centro comercial, un hotel y un campo de golf aledaño al parque, aumentando en un 200% la superficie urbanizada del municipio–, se repiten a lo largo de la Península y muestran el carácter nocivo de las presiones urbanísticas especulativas sobre los parques naturales.

Pero no sólo la tierra se ve afectada por este crecimiento urbanístico. La creación de marinas y clubes náuticos en espacios naturales protegidos generan un gran impacto sobre zonas acuáticas, al favorecer y promover el uso de embarcaciones y otras actividades acuáticas en zonas de alto valor ecológico. La macrourbanización cacereña denominada Marina Isla de Valdecañas, ubicada en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), muestra hasta qué punto los emprendimientos urbanísticos avanzan sobre los espacios naturales protegidos, incluso llegando a extremos de amenazas y agresiones a las personas que se mostraron contrarias a dicho emprendimiento, como le sucedió a la activista ecologista Francisca Blanco a finales del año pasado.

Proyectos de ocio

En otros casos, son las propuestas de ocio y deporte relacionadas con la naturaleza las que atraen la inversión y expansión inmobiliaria en espacios naturales: estaciones de esquí, la caza, la pesca o las actividades en la montaña.

En la estación de Baqueira Beret (Lleida), el fallido proyecto de ampliación de las pistas de esquí se encontró con una fuerte oposición, ya que se basaba en la eliminación del Valle de Arreu, lugar elegido para la ampliación de la red de espacios comunitarios Red Natura 2000. El proyecto fue paralizado debido a las denuncias interpuestas ante la UE por varias organizaciones ecologistas. Pero esto no ha impedido que en otra zona cercana a la estación se recalificaran terrenos y se construyeran varios hoteles de lujo, estacionamientos y áreas comerciales y residenciales conectadas con la estación mediante una telecabina. El 26 de septiembre, el Ayuntamiento de Naut Aran concedió a la estación la licencia para la creación de tres embalses artificiales desde los que suplementar los insumos de agua necesarios para alimentar los cañones de nieve y cubrir las necesidades hídricas de tal crecimiento urbano.

De manera similar, la nueva propuesta de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la sierra de Guadarrama (Madrid) resulta “decepcionante”, según advierte María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. Dicho plan reduce prácticamente a la mitad la superficie del Parque Nacional de Guadarrama con la excusa de no prohibir “usos tradicionales” como la caza, la pesca o la extracción de madera en las zonas sustraídas al Parque Nacional. Para Nieto, “se limita a zonificar únicamente en base a criterios de titularidad pública o privada, sin responder a criterios científicos, lo que ha hecho que numerosos municipios comiencen a movilizarse en favor de este Plan, que no impone limitaciones a los ayuntamientos en cuanto a clasificación del suelo”. De aprobarse el plan actual, Ecologistas en Acción calcula que podrían construirse hasta 45.000 viviendas nuevas en el ámbito del PORN y zonas colindantes, lo que supondría un nuevo avance de los proyectos urbanísticos sobre áreas naturales de gran valor ecológico.

De las numerosas experiencias recopiladas y vividas por las asociaciones ecologistas es fácil concluir que los planes de ordenación de los recursos naturales y de ordenación urbanística (determinantes de las zonas urbanizables y los usos permitidos de los recursos naturales) se encuentran sometidos a los planes urbanísticos de las promotoras inmobiliarias, que prometen inversiones, fuentes de trabajo y desarrollo a cambio de concesiones y modificaciones en los planes de conservación del entorno natural.


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ESPACIOS NATURALES EN PELIGRO

Los Alcornocales (Cádiz)

Este paraje se ubica en el municipio de Prado del Rey en Cádiz, fue declarado Reserva de la Biosfera y está incluido en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. El Ayuntamiento aprobó un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que recalifica 2.000.000 m2 y propone la construcción de 1.440 nuevas viviendas, con la pretensión de duplicar sus 6.000 habitantes. Incluye el Plan Parcial de El Cruce, que declara urbanizable un total de 581.064 m2 pertenecientes al Parque Natural para construir una urbanización, un hotel y un centro comercial, incluyendo un campo de golf colindante. El PGOU anterior (idéntico al actual) fue anulado por el TSJA y parte de la zona de El Cruce está catalogada por el PORN del parque como terreno forestal, lo que prohíbe su recalificación a suelo urbanizable.

Baqueira Beret (Lleida)

La aprobación de la ampliación de las pistas de esquí en Baqueira Beret en 2002 requirió de la eliminación del Valle de Arreu (Pallars Sobirà) de la propuesta de la Red Natura 2000 del Govern catalán. Las organizaciones ecologistas lo denunciaron ante la Unión Europea, que emplazó a las administraciones a corregir la decisión y consiguieron la inclusión definitiva del valle y la paralización de la ampliación de las pistas. Pero recientemente se inauguró la urbanización Ruda 1.500, cercana a la estación de esquí, con hoteles, áreas residenciales y comerciales. Además, la estación ha propuesto la creación de tres lagos artificiales, que, según Joan Vázquez, secretario general de la asociación ecologista IPCENA, sólo sirven para alimentar los cañones de esquí y el insostenible desarrollo urbanístico producido.

El parque de Guadarrama

La última propuesta de PORN realizada por la Comunidad de Madrid reduce la superficie del Parque Nacional de 34.500 hectáreas a 19.700 para, supuestamente, ajustarse a las leyes de Parques Nacionales y Patrimonio Natural y Biodiversidad. Dichas leyes incorporan prohibiciones ya recogidas en el Plan Director de Parques Nacionales, en vigor desde 1999 y, por lo, tanto anterior a la propuesta del Parque Nacional. Según Ecologistas en Acción, el PORN no pone límites a la clasificación del suelo, lo que podría suponer 45.000 nuevas viviendas en el ámbito del PORN y zonas colindantes, que transformarían en urbanizables los suelos actualmente clasificados como no urbanizables. Praderas y dehesas podrán recalificarse sin problema.


* Diagonal


* Rebelión - 30.11.2008

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