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DIARIOCRÍTICO* : La asociación ecologista Ardeidas, de Talavera de la Reina (Toledo), considera que el proyecto del Gobierno de modernizar los regadíos del Canal Bajo del Alberche supone "la usurpación definitiva" de las aguas del río para abastecer a Madrid y es "un desprecio absoluto" hacia Talavera.
Mediante una nota de prensa, Ardeidas alude al proyecto de modernización del Canal Bajo del río Alberche que promueve el Ministerio de Medio Ambiente y que afecta a los regadíos y abastecimiento de Talavera de la Reina y su entorno.
"El auténtico objetivo del proyecto es la usurpación definitiva de las aguas del Alberche para abastecer a Madrid", indica Ardeidas, que añade que el crecimiento urbanístico y "especulativo" de Madrid y su entorno obliga a buscar agua.
Esta agua necesaria quieren obtenerla de "los lugares menos conflictivos, donde la población es más condescendiente o donde se aceptan sin más los dictados de Madrid", como es el caso del Alberche que abastece a Talavera de la Reina, la segunda ciudad de Castilla-la Mancha.
Ardeidas critica al Gobierno por presentar este plan y sostiene que el río Alberche, afluente del Tajo, en cuyo cauce desemboca en Talavera de la Reina es "el mejor ejemplo de insostenibilidad" y un ejemplo de cómo no debe gestionarse un río.
El colectivo naturalista concluye que todos los habitantes de la comarca talaverana se verán afectados por la medida "de manera negativa" porque tendrán que recurrir al agua del río Tajo que es de peor calidad que la del Alberche.
* Diario Crítico - Agencias - 02-01-2008
Foto: Talavera de la Reina (Toledo), río_Tajo - VioletadeCresilo, wikipedia.org
Talavera: El crecimiento urbanístico y especulativo de Madrid obliga a buscar agua
Galicia: La costa más virgen, la más amenazada
ELPAÍS/Reportaje* : Al final del puente, un guardia jurado y una barrera impiden el acceso al islote de Toralla, junto a una de las mayores playas de Vigo. Sólo los residentes y sus invitados pueden entrar en ese vestigio del desarrollismo de los años sesenta, constituido por una torre de 70 metros cimentada en la misma ría y 30 selectos chalés que llegan hasta donde rompen las olas. En Toralla no hay dominio público, servidumbre de paso ni zarandajas, sino una comunidad de propietarios y una sociedad, Toralla, S.A., con una concesión sobre la isla hasta 2064.
Hasta finales de los años noventa, el guardia y su barrera custodiaban esta franja de tierra de no más de cinco hectáreas, pero una sentencia del Tribunal Supremo obligó a retrasar el puesto de control y a permitir el acceso público a las dos pequeñas playas de la isla.
Se trata en realidad de un único arenal dividido por el propio puente, un ejemplo más del daño que el urbanismo ha infligido a uno de los lugares de mayor belleza natural del litoral. Con las islas Cíes como telón de fondo, la brutal torre de 21 plantas tiñe el paisaje de hormigón.
Toralla era un caso asilado en Galicia, que tiene casi la tercera parte de la costa peninsular española, y que había permanecido intacta a la fiebre de urbanizaciones turísticas. Hasta ahora. En los 86 municipios de la costa gallega se han construido, en toda la historia, 816.000 viviendas. Los ayuntamientos están ahora recalificando hasta la tierra de las macetas para poder edificar 680.000 en sólo 13 años; más que las previstas, por ejemplo, en la Costa del Sol.
La tramitación de macrourbanizaciones (de entre 1.000 y 5.000 viviendas) costeras trasladan a las rías gallegas el modelo mediterráneo: apartamentos, adosados, campos de golf y marinas en primera línea de playa, zonas en las que hasta ahora sólo se podía construir vivienda aislada. Incluso están siendo tramitadas por inmobiliarias levantinas, como Lábaro o Pedro J. Pedrajas.
El mejor ejemplo de la importación del método Mediterráneo es Miño, un bello municipio en la ría de Betanzos en el que se están construyendo 1.300 viviendas con campo de golf y hotel, sin depuradora ni red propia de abastecimiento de aguas. El Ayuntamiento expropió más de un millón de metros cuadrados de suelo forestal para darle la concesión a la inmobiliaria Fadesa. Es la primera expropiación que se realiza en Galicia para acometer una urbanización privada con venta obligatoria del suelo a seis euros el metro cuadrado. Fadesa los vende ahora entre 2.000 y 6.000.
"Es una presión inmobiliaria que nos deshace el país de arriba abajo y por eso queremos parar el golpe", asegura el presidente socialista de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. El 16 de mayo de 2007, el Gobierno gallego publicó la denominada Ley de los 500 metros, un documento de medidas urgentes para suspender todas las edificaciones a menos de 500 metros del mar. "Aún estamos a tiempo", opinan en la Consellería de Política Territorial, indicando que su objetivo es tratar de evitar la marbellización de la costa gallega.
"El problema de la costa gallega es que está sin ordenar. A nosotros nos da igual edificar a 500 que a 3.000 metros de la costa, lo que pedimos es que se nos diga dónde, con transparencia y con planes urbanísticos aprobados", subraya el presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios de Galicia, Javier Garrido Valenzuela.
La peculiaridad del litoral gallego, y lo que ha generado mayor contestación social al urbanismo que en otras zonas de España, es que nunca ha vivido del turismo. La economía costera gallega sigue basándose en la pesca, el marisqueo y la industria asociada al mar (astilleros, conserveras, cetáreas, frigoríficos, piscifactorías), y no en pelotazos inmobiliarios.
La otra peculiaridad es que la costa gallega tiene una elavada densidad de población, pero la mayoría del litoral está exento de macrourbanizaciones. Eso no quiere decir que la costa esté desocupada, si no que predomina la vivienda aislada (legal o ilegal). Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, el 15% del primer kilómetro de costa gallego ya está artificialmente ocupado. Es una ocupación mayor a la de Baleares o Canarias, que tienen una longitud de costa similar a Galicia pero una explotación turística muchísimo mayor. En la franja marítima gallega hay unos 300 núcleos de población, todos con puerto marinero y casco urbano históricamente construido ante el mar. "Hasta ahora la costa gallega sólo disponía de demanda de edificación local, para el veraneo de la Galicia urbana, y ahora hay una fuerte demanda nacional e internacional", dice el presidente de los promotores.
Debido a su malas comunicaciones y a la maldición climática, Galicia salió casi intacta de la fiebre inmobiliaria de los años 80 y 90 que destrozó otras zonas del litoral. Pero en 2001 se detectaron los primeros desembarcos inmobiliarios a gran escala. Las grandes inmobiliarias (Metrovacesa, Vallehermoso, ACS, OHL, Urbis...) que hasta entonces no operaban en Galicia iniciaron la compra de grandes extensiones de suelo rústico en la costa. Fuentes del sector calculan que los grandes jugadores han comprado unos 30 millones de metros cuadrados de litoral con la intención de lograr su recalificación y construir. La oleada de convenios urbanísticos con ayuntamientos fue tan voluminosa que incluso empezaron a publicarse anuncios en los periódicos gallegos demandando abogados expertos en urbanismo.
En 2002, la Xunta (entonces gobernada por el PP) aprobó la Ley del Suelo de Galicia y obligó a todos los municipios a adaptar su urbanismo en un plazo máximo de tres años. La norma era más restrictiva, aunque abría la puerta a recalificar suelo mediante convenios específicos.
Dos años después, los ayuntamientos informaron de que tenían sobre la mesa 45 convenios para edificar 35.000 apartamentos y 17 campos de golf en zonas en donde no estaba autorizado construir. Ninguno adaptó su planeamiento a la nueva ley, pero aprovecharon el plazo de tres años que tenían para adaptarse a la ley para seguir dando licencias, muchas de dudosa legalidad. En los mejores lugares de la costa (Rías Bajas, Costa da Morte, Mariña de Lugo) afloraron urbanizaciones de cuño mediterráneo. La situación reventó a finales de 2006. La Xunta empezó a suspender las normas urbanísticas en varios ayuntamientos o a rechazar los nuevos planes con inflación recalificadora.
Al mismo tiempo, el presidente gallego anunció la redacción de una ley urgente para proteger la costa, que establece una moratoria de dos años para construir a menos de 500 metros del mar en los municipios sin planeamientro adaptado a la ley. Hoy están suspendidos los planes de urbanismo de cinco municipios costeros (Tui, Sada, Viveiro, Barreiros y O Grove) y la Xunta ordenó reelaborar planes tan importantes como el de Vigo.
Sólo uno de los 86 alcaldes de la costa ha adaptado su urbanismo a la Ley de Suelo de 2002 y por ello queda eximido de la suspensión de construir a menos de 500 metros del mar. Se trata de Isaac Maceiras (PP) regidor de A Pobra do Caramiñal en la ría de Arousa. Su nuevo plan aumenta la edificabilidad en un 297%, una constatación de lo que está por llegar a la costa gallega. "A Pobra es un pueblo que nació bonito, es bonito y mientras yo sea alcalde seguirá siendo bonito", asegura Maceiras.
La suerte que ha tenido el nuevo Gobierno gallego (PSOE- BNG) es que urbanísticamente aún estaba todo por hacer, con lo que ha podido parar el golpe. A excepción de A Pobra do Caramiñal, el resto del litoral gallego (85 ayuntamientos) están en situación urbanística de alegalidad, al no haber adaptado antes de 2006 sus planes a la nueva Ley del Suelo de Galicia. Esto es lo que ha permitido a la Xunta aplicar la suspensión de edificaciones a 500 metros del mar a toda la fachada marítima, desde Ribadeo hasta A Guarda.
La medida cautelar afecta a una franja de 60.000 hectáreas, que representa el 13% del suelo de los municipios costeros, la banda más deseada por las constructoras. La Ley de los 500 metros ya ha bloqueado, de hecho, un total de 30 millones de metros cuadrados que, estando a menos de medio kilómetro del mar, ya habían sido recalificados como urbanizables.
Además, los fiscales iniciaron en 2006 la imputación de alcaldes, concejales, arquitectos y promotores por supuesta corrupción urbanística. Galicia es, tras Andalucía, la autonomía con más casos de corrupción abiertos por las nuevas Unidades de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil en los últimos seis meses. Hay en marcha 14 operaciones por prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho o incumplimiento manifiesto de la legalidad urbanística. A ellos se añaden otros diez casos en curso abiertos antes de marzo de este año.
El pelotazo está en el tejado. La mayoría de los ayuntamientos costeros han contratado consultoras urbanísticas privadas y tienen casi elaborados planes para duplicar su edificabilidad. El caso más inminente es Vigo (del PP pasó en mayo al PSOE y BNG) donde se mantiene una edificabilidad un 101% superior a la actual, con más de 110.000 viviendas nuevas.
La presión que está ejerciendo sobre la Xunta y los ayuntamientos el sector inmobiliario y buena parte del mundo empresarial gallego, es enorme. Hablan de inversiones de más de 84.000 millones de euros, casi diez veces el presupuesto de la Xunta. Las hectáreas que han comprado en Galicia son la mayor amenaza para la más extensa de las costas de la España peninsular.
* ELPAIS.com - MANUEL V. SOLA / PABLO LÓPEZ - Vigo - 07/01/2008
Foto: Vigo, isla de Toralla con edificio polémico - farodevigo.es
Si las piedras hablaran
PACO MARISCAL* : Las piedras del graderío tenían el sabor añejo de lo que fue a comienzos de nuestra era un teatro romano recién estrenado. Quizás se representaron tragedias o espectáculos que dejaron boquiabiertos a los saguntinos de entonces. Los gobernantes y mandamases que les enviaba Roma les darían a entender de tal guisa las ventajas culturales que comportaba el vivir bajo el amparo de las águilas imperiales y la protección de legionarios vistosamente uniformados. Desconocemos si la construcción originaria del Teatro Romano de Sagunto comportó algún tipo de electoralismo partidista en los fastos inaugurales.
Los sillares de la cávea saguntina, desgastados y envejecidos por siglos de abandono e ignorancia, eran hace unas décadas testigos mudos de mucha historia con golpes de estado incluidos. Pero poseían el gusto nostálgico y romántico de todas las ruinas: crecía la humilde hierba entre las piedras, y por ellas se paseaba los días soleados la pícara lagartija a la busca del insecto. Por eso, una vez cubiertas las viejas piedras con las piedras nuevas, a algunos nos produjo una cierta tristeza el recuerdo de la imagen perdida. Las reformas del Teatro de Sagunto eran tema mayor en manos de entendidos como Grassi y Portaceli, y tenían el beneplácito de los próceres culturales y gobernantes políticos. Y si los responsables y expertos en materia arqueológica y arquitectónica estaban a favor del proyecto y su bondad, la nostalgia por la vieja imagen desempeñaba un papel secundario.
Aunque las viejas piedras con otra imagen, la reconstrucción o proyecto de Grassi y Portaceli que se llevó a cabo, no finalizaron con las obras su recorrido. Hubo una campaña política, muy bien orquestada, por la oposición de derechas de ayer contra la actuación en el Teatro, promovida por el gobierno socialdemócrata de la Generalitat también de ayer. La racionalidad brilló por su ausencia. Si hoy se sacasen a la luz los textos publicados en determinada prensa ultraconservadora, la vergüenza cubriría de colores más de un rostro de quienes hoy detentan el poder autonómico. Los grandes defensores de la anterior imagen del Teatro Romano, eran aventajados en la lucha por mantener los viejos sillares, convertidos en santo y seña de su amor entrañable a la patria larga y estrecha valenciana; una patria con tantas agresiones y olvidos en su patrimonio, paisajístico y costero por ejemplo, que se silencian religiosamente o se justifican enarbolando la bandera del desarrollo o desarrollismo. Era una campaña feroz contra el proyecto con tintes nefastos y cargados de medias verdades como la campaña de hoy mismo a favor de los trasvases.
La cávea de Sagunto no supo entonces de leyes de protección del patrimonio. Leyes que cambian y se renuevan con mayor rapidez que unas ruinas románticas. Y las leyes y las sentencias y los tribunales y los jueces togados acabaron por darle la razón a quienes enarbolaron la bandera de la defensa de los viejos sillares con lagartija. Es curioso, por cierto, el que la definitiva sentencia del Tribunal Supremo se base única y exclusivamente en el texto de cuanto se indica en las leyes de protección del patrimonio. Ni los jueces ni las piedras entran en la polémica que giró en torno a la bondad o inadecuación de las reformas o reconstrucción del viejo teatro saguntino. La cuestión carece ya de importancia: los detractores no pueden utilizar el tema como arma electoral o electoralista; los defensores encogen los hombros y hablan de que es prácticamente imposible recuperar la romántica imagen con la lagartija. Los perjudicados, como casi siempre, van a ser los contribuyentes con cuyos impuestos se ha de llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia en torno a un tema tan teatral.
* ELPAIS.com - Opinión - Comunidad Valenciana - 07/01/2008
Gran Scala: Los opositores al proyecto salen a la calle
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ELPERIÓDICO/Aragón* : La plataforma de grupos opositores a la instalación del complejo de casinos y parques temáticos Gran Scala en Los Monegros está barajando la posibilidad de utilizar el lema "No con mis impuestos" como frase central de la campaña de rechazo al proyecto. El eslogan será presentado en la asamblea de entidades críticas con la iniciativa que se celebrará el próximo 19 de enero en el Paseo Barrón de Fraga. Paralelamente, la plataforma, cuyos miembros destacan la "amplia unidad de criterios entre la gente y las organizaciones asistentes", baraja dos nombres para identificarse: "Otra scala" y "Otra Scala es posible".
Entre otras iniciativas, la plataforma tiene previsto promover la elaboración de un manifiesto de rechazo al proyecto del parque de juego y ocio para el que reclamarán el apoyo de sectores de la cultura, la enseñanza, el sindicalismo y el deporte. Al mismo tiempo, proyectan llevar a cabo "una masiva recogida de firmas".
El colectivo de opositores al proyecto, que prevé iniciar la "acción de calle" con el carnaval alternativo y la Cincomarzada, exigirá al Gobierno "que cese cualquier tipo de gestión (relacionada con Gran Scala) hasta que un comité científico-técnico independiente haya elaborado informes sobre la viabilidad económica, urbanística, presupuestaria y del impacto social, en la infancia, laboral y medioambiental" del complejo.
Dos días antes del encuentro de Fraga, el día 17, la plataforma de oposición a Gran Scala celebrará una nueva asamblea en el centro cívico Laín Entralgo, en el Paseo de la Mina de Zaragoza.
Por último, el colectivo ha iniciado una ronda de entrevistas con representantes de las siguientes entidades: Izquierda Unida, PP, PSOE, JAC, CHA, CCOO, UGT, UAGA, Cáritas, Federación de Asociaciones de Barrios y Vecinos de Zaragoza, Proyecto Hombre y Azajer.
Por otro lado, la Fundación Ecología y Desarrollo pide participación en el proceso de debate público sobre el proyecto que está promoviendo.
* El Periódico de Aragón - 05/01/2008
Foto: Los Monegros (Aragón), torre proyecto Gran Scala - elperiodicodearagon.com
El TSJB amplía la responsabilidad en obras ilegales a los constructores
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DIARIODEMALLORCA* : La sala de lo contencioso - administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado una sentencia en la que amplía la responsabilidad, en materia de disciplina urbanística y en supuestos de obras ilegales, de los dueños y promotores a los constructores de los edificios sin licencia. El fallo judicial ha confirmado una importante multa impuesta por el Consell de Mallorca a Status Artá S.L., la empresa que construyó en el año 2000 las obras ilegales en la mansión que el ex tenista alemán Boris Becker poseía en Son Coll, Artà.
Uno de los argumentos de la constructora expedientada para desmarcarse de las ampliaciones irregulares en la casa de los Becker fue que ignoraba que dichas reformas eran ilegales. La empresa en su recurso también insinuó que se había usurpado su personalidad para pedir el 5 de junio del 98 al ayuntamiento de Artà la licencia urbanística para las obras.
El Consell de Mallorca abrió en su día otro expediente disciplinario contra Boris Becker, que se tradujo en un acuerdo para demoler las obras ilegales y el pago de una multa de 240.000 euros. La empresa constructora fue castigada con mayor dureza, puesto que se le impuso, el 18 de junio del 2004, una sanción de 428.000 euros. La multa fue ratificada después por el juzgado de lo contencioso-administrativo 1 y ahora por el TSJB.
Obligación de saber
La sala de lo contencioso-administrativo se muestra ahora contundente a la hora de establecer la responsabilidad de los constructores en supuestos de urbanismo ilegal. "La constructora estaba obligada a conocer si las obras que efectuaba estaban o no amparadas por la oportuna licencia municipal; si la constructora realiza obras ilegales, aunque sea por orden y por encargo de la promotora, incurre en responsabilidad", declara la sentencia.
Los expedientes contra los dueños de Son Coll y la constructora se abrieron a raíz de dos inspecciones realizadas en enero y abril del 2000. Entre las anomalías detectadas destacaron "la transformación de pérgolas en porches y cuerpos de edificación anexos a los existentes" y "la construcción de un aljibe y una pista de tenis que no figuraban en el proyecto presentado en 1998".
La empresa sancionada impugnó la valoración oficial del Consell de la cuantía de las obras ilegales, sobre la cual se calculó posteriormente la multa impuesta de 428.000 euros.
Los magistrados admiten que las actas de las inspecciones en la mansión de los Becker fueron bastante deficientes, pero entienden que a lo largo del expediente administrativo sí que quedó claro el alcance de la edificación ilegal y su valoración.
Parte de lo construido fue demolido y otra parte legalizado, recuerda la sala, quien también da por buena la valoración del urbanismo sin licencia.
Status Artá alegó también en su descargo que no había realizado todas las obras ilegales en Son Coll, pero los magistrados recuerdan que uno de los socios fundadores de la empresa reconoció la ejecución de todos los trabajos en la casa del famoso tenista alemán y de su compañera.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 06 de enero de 2008
Foto: La multa se deriva de las obras ilegales realizadas en la casa de Boris Becker en Artà/ S. Nowel, diariodemallorca.es
«Depredator», en Valencia
RAFAEL VENTURA* : El año 2007 acabó y hemos ido a más, supongo. Siempre vamos a más. Pero miro atrás, con ira, al ver que hemos perdido patrimonio, y como si tal. Las imágenes de 2007 son la destrucción del Capitol y la de parte de la Tabacalera... dos destrozos en los que lo público y lo privado se dan la mano. Del cine Capitol sólo queda la fachada, todavía en obras, pero del interior, nada. Pudo salvarse como cine para la Mostra de València, para actividades de la Fundación Municipal de Cine, o para Cinema Jove, o conjuntamente con Cultura para Filmoteca de la Generalitat, pero nada de nada. Los 3,6 millones de euros iniciales que pedía la propiedad y la restauración eran demasiado.
De Tabacalera se ha dicho todo. Pero las fotografías que vimos de su demolición son la respuesta, la forma en que el Ayuntamiento de Valencia entiende el patrimonio. Prisa por destruir, ninguna para restaurar.
Y eso que se dijo que la empresa a la que se adjudicó en su momento pagó unos 3,6 millones, y que sólo por la parte central -que se destinará a oficinas del ayuntamiento- se ha hecho un trueque con un edificio valorado en 12 millones de euros, pero que la oposición dice que en el mercado hubiera valido mucho más.
El agravante es que, además de derribar parte, se construirán edificios más altos, una muralla de cemento en torno, y a las fincas colindantes se les cierra la vista del monumento. El negocio del adquirente es más completo. Pelotazo va.
Decepcionante resultado. Doble negro para esta corporación municipal que gasta alegremente en eventos. Y que en cuestión de negocios se decanta siempre por los mismos.
Y como guinda: les Covetes de Sant Joan siguen igual, rotas, llenas de basura desde que se rodó Arroz y tartana, con los papeles que puso el ambientador, Pepón Sigler. Y más, otras llenas con basura.
* Levante-EMV - Opinión - 05 de enero de 2008
