El Diario Montañés* : La Asociación AMA manifiesta su preocupación por la sentencia del Alto del Cuco que pone una vez más a los pies de la justicia, no al condenado el Ayuntamiento de Piélagos, sino a las familias que han comprado una vivienda. A partir de esta sentencia empiece un peregrinar de las citadas familias por abogados, juzgados, administraciones y un largo camino en el que hay gente como en Arnuero que lleva más de 13 años en el que muchas veces ha perdido hasta la salud y es que comprar una vivienda en Cantabria con esta inseguridad jurídica puede perjudicar seriamente la misma.
El Ayuntamiento de Piélagos a través del planeamiento urbanístico y mediante un plan parcial da legalidad a las actuaciones en la zona. La sentencia manifiesta que esa actuación no ha sido conforme a derecho.
La Consejería de MEDIO AMBIENTE, (ni más, ni menos) informa favorablemente sobre el citado plan parcial, manifestando que el proyecto se ajustaba a la normativa vigente
¿Cómo es posible que dos Conserjerías de un mismo Gobierno la de Presidencia y Urbanismo y Ordenación del Territorio ( pide el derribo de las viviendas y las medidas cautelares) y la Medio Ambiente (que da el visto bueno al proyecto)?.
¿Qué responsabilidades van asumir estas dos organismos de la Administración ?
¿Cuándo se resolverán las causas penales pendientes del Alcalde de Piélagos?
¿Actuarán los nuevos fiscales anticorrupción?
EL TSJC de Cantabria con los indicios de ilegalidad tenía, no se entiende como no ha parado la venta e informar a los compradores, máxime cuando el propio Gobierno de Cantabria había pedido esas medidas cautelares.
Los demandantes ARCA que defendiendo un bien superior el medio ambiente se olvidan de informa a lo compradores o de registrar su demanda para que sea conocida por todos los compradores
Tiene que ser compatible conservar el medio ambiente y que no estafar la gente que compra una vivienda de buena fe.
Esperamos que estas familias que han comprado las vivienda tengan al menos los mismos derechos que el compra un coche (entre 2 a 5 años de garantía) o una simple lavadora (mínimo 2 años), ya que actualmente su situación es muy grave con una indefensión casi total de los afectados.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que condena a la Administración , pero esta condena acaba repercutiendo todos ciudadanos de Cantabria, ya que las posibles indemnizaciones salen de las arcas públicas que se nutren con nuestros impuestos, por ello la necesidad de buscar a los culpables y que sean estos los que hagan frente con su patrimonio del daño producido.
El disgusto, el miedo, los nervios de la personas que compraron sus viviendas en el Alto del Cuco merecen por lo menos nuestro respeto, afecto y una solución rápida de las autoridades competentes.
*blogseldiariomontanes.es - 04.04.07
Foto: Alto del Cuco - Piélagos (Cantabria) - eldiariomontanes.es
Ver también noticia en El Diario Montañés, 4 de abril de 2007: El Gobierno regional pide al TSJC la suspensión cautelar del plan parcial
AMA pide soluciones para los afectados del Alto del Cuco
Urbanizaciones: destruyendo el territorio, hipotecando el futuro
Ecologistes en Acció del País Valencià** : "Los promotores inmobiliarios se han convertido en los auténticos diseñadores del urbanismo valenciano, con la complicidad de los ayuntamientos y del gobierno autonómico y con la ayuda de la legislación vigente. Este urbanismo del promotor es un modelo especulativo y depredador del territorio que no responde al interés común de la sociedad, sino al enriquecimiento rápido de unos pocos gracias a las grandes reclasificaciones de terrenos rústicos (a menudo a costa de los pequeños propietarios).
El resultado está bien a la vista: sólo entre 1990 y 2000, la superficie urbanizada en el País Valenciano ha crecido casi un 50%, llenando aún más de asfalto, ladrillos y hormigón el territorio (sobre todo la franja litoral, pero con tendencia a penetrar también hacia el interior).
Este proceso se ha intensificado en los últimos tiempos, en los que se han presentado cientos de programas de actuación integrada que pretenden reclasificar miles de hectáreas de terrenos agrícolas, sin ni tan siquiera respetar las tierras más fértiles ni el entorno de los principales espacios naturales.
Nos precipitamos así hacia un modelo de ciudad difusa, donde las urbanizaciones se desparraman como una mancha de aceite, difuminando los límites entre la ciudad y el campo, y separando cada vez más los espacios adscritos a las diferentes actividades: residencial, productiva, servicios, compras, ocio, etc. Especialmente negativas son las urbanizaciones que suponen un crecimiento masivo de población (duplicando o triplicando el número de habitantes de pequeños pueblos) o que se construyen a kilómetros de los núcleos de población.
Se trata de un modelo con un fortísimo impacto ambiental (mayor aún en las urbanizaciones de baja densidad): enorme consumo de agua, destrucción desmesurada de terrenos agrícolas, aislamiento de los ecosistemas naturales, aumento de las emisiones de contaminantes y alto coste energético por la gran dependencia del coche, saturación de las infraestructuras, etc. Un modelo, en definitiva, que atenta contra el medio ambiente y la cohesión social, que hipoteca la calidad de vida de las generaciones futuras y que trastoca la identidad del País Valenciano.
Consumo insostenible de agua
El consumo doméstico de agua por persona y día en las viviendas unifamiliares de las urbanizaciones, en especial los que tienen jardín y piscina, llega a ser el triple del de los pisos o las viviendas bajas sin jardín.
Este crecimiento de la demanda de agua (aún mayor si las urbanizaciones se asocian a campos de golf) aumenta la presión sobre los ríos y las aguas subterráneas; la construcción de desaladoras para promover nuevos crecimientos urbanísticos incontrolados es inaceptable por su impacto ambiental.
Por otra parte, las urbanizaciones comportan impermeabilizar enormes superficies, lo que provoca una considerable pérdida de infiltración del agua de lluvia, que tiene como consecuencia una menor recarga de los acuíferos y una mayor violencia de las riadas.
Pérdida de terrenos agrícolas
La ocupación de suelo agrícola supone una pérdida definitiva de producción agrícola, un despilfarro de un suelo que ha necesitado miles de años para formarse. Muchas actuaciones urbanísticas ocupan suelos agrícolas o de huerta que tienen unos valores agroambientals muy elevados y donde se han invertido importantes recursos para dotarlos de redes de riego (en algunos casos redes antiguas que tienen un gran valor histórico cultural).
Incremento del tráfico
Las urbanizaciones, por su carácter monofuncional (con un uso casi exclusivamente residencial), obligan a sus habitantes a desplazarse en coche para satisfacer las necesidades cotidianas (trabajo, escuela, compras, gestiones, sanidad, ocio, etc.). Además, la baja densidad de población impide un servicio de transporte público colectivo económicamente viable que pueda atender con eficacia estas zonas tan diseminadas.
Las consecuencias ambientales y sociales de este extraordinario incremento del uso del coche para los desplazamientos cotidianos son muy importantes: consumo de combustibles fósiles, emisiones de contaminantes atmosféricos, ocupación de suelo por el viario, ruido, peligro de accidentes y de atropellos, pérdida de autonomía de importantes sectores sociales (sobre todo niños y personas mayores) que deben depender de otras personas obligadas a hacer de "chóferes", etc.
Pérdida de identidad, segregación social e inseguridad
La urbanización del medio rural transforma el campo en un espacio desposeído de la cultura agrícola y de su historia, lo cual provoca la desaparición de los vínculos entre los habitantes y el territorio; en este contexto crecen el desarraigo social, el aislamiento y la pérdida de identidad y de sentimiento de comunidad.
Estas nuevas formas urbanas tampoco favorecen la cohesión social, ya que el mercado inmobiliario tiende a agrupar en cada urbanización a una población con un perfil socioeconómico muy semejante, impidiendo la coexistencia y la interacción entre grupos sociales diversos, que es una de las grandes riquezas de las ciudades; por otra parte, la oferta masiva de suelo urbanizable no ha abaratado el precio de las viviendas, sino todo el contrario.
Otra consecuencia de este modelo urbanístico es el incremento de la inseguridad, tanto por la dispersión de las viviendas, desocupadas buena parte del tiempo, como por la pérdida de vida en las calles, reducidas a simples viales de circulación motorizada.
Costes de mantenimiento de las infraestructuras y los servicios
Las urbanizaciones no sólo hipotecan los recursos naturales, sino también la economía de los ayuntamientos, que se ciegan con el dinero fácil de las licencias de construcción de los primeros años. Al acabar la inyección económica que éstas suponen, comienzan los problemas, ya que los ingresos no compensan de ninguna manera los altos costes de mantenimiento de los servicios que demandan los nuevos residentes: redes de abastecimiento de aguas y de alcantarillado, depuración de aguas, recogida y tratamiento de la basura, limpieza de calles, alumbrado público, seguridad, etc.
Los costes son, además, muy superiores en modelos urbanísticos de baja densidad (unifamiliares, chalés, etc.), con una proporción desmesurada de red viaria y de servicios para tan solo unos cuantos vecinos por calle; al final es el conjunto de la vecindad de las poblaciones quien acaba haciéndose cargo de los sobrecostes originados por las urbanizaciones, en detrimento de otras necesidades. El crecimiento poblacional sin ninguna previsión ni planificación ha provocado también en algunas zonas la saturación de las dotaciones sanitarias, educativas, culturales, etc.
Impactos sobre los parajes naturales
Frecuentemente las urbanizaciones se plantean alrededor de parques naturales, zonas húmedas, paisajes singulares, ríos, litoral, etc., ocasionando unos impactos inaceptables sobre los espacios naturales: aislamiento biológico, desnaturalización del paisaje, introducción de nuevas especias de flora y fauna, etc.
Además, hay que tener en cuenta que las nuevas urbanizaciones necesitan infraestructuras que multiplican el impacto ambiental: autovías y carreteras, canalizaciones de aguas potables y residuales, depuradoras, depósitos, líneas eléctricas, etc.
Turismo residencial
La plaga de urbanizaciones y segundas residencias que sufrimos no es turismo, sino una actividad puramente inmobiliaria que hasta incluso perjudica el sector turístico (tanto por su insostenibilidad ambiental, como porque deja escasos beneficios a los sectores hotelero y de restauración).
Algunas propuestas
* Planificación urbanística sostenible, participativa y al servicio del conjunto de la sociedad.
* Defensa de la ciudad compacta —tradicional en la región mediterránea— que combina una gran diversidad de usos en poco espacio, lo cual facilita la accesibilidad de los residentes, reduce la necesidad del transporte motorizado y favorece la cohesión social; las nuevas zonas urbanizadas, limitadas al mínimo imprescindible, deben ser contiguas a los núcleos consolidados.
* Mejora de las carencias actuales de las ciudades: esponjamiento en las zonas de excesiva densidad edificatoria, potenciación de las zonas verdes, pacificación del tráfico, mejora del transporte colectivo, reducción de la contaminación, etc.
* Fomento de la rehabilitación y la reutilización del patrimonio construido existente en lugar de promover nuevas construcciones, con el fin de causar menos daños ecológicos y evitar consumir más territorio.
* Potenciación de la eficiencia energética de los edificios y de la instalación de energía solar térmica y fotovoltaica (más allá del Código Técnico de Edificación).
* Establecimiento de medidas para impedir la especulación en los terrenos agrícolas; las expectativas de reclasificación encarecen los precios de la tierra y desincentivan la actividad agraria. Aplicación de un Plan de Revitalización de la Agricultura Valenciana, que dé especial importancia a la agricultura ecológica.
* Mejora de los servicios públicos en las zonas rurales: escuelas, sanidad, servicios sociales, transporte colectivo, etc.
**País Valencià, 3 de abril - Ecologistes en Acció del País Valencià
