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LEVANTE/Valencia* : Diecisiete años lleva la Generalitat Valenciana animando la demolición de las obras efectuadas en el teatro romano de Sagunt y tres lustros reconstruyendo monumentos e iglesias a lo largo de la Comunitat Valenciana guiados por su forma de entender la recuperación y conservación del patrimonio. Aunque para sus acciones acertara a blindarse judicialmente mediante la doble modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, aquella que hoy el Tribunal Supremo y Superior consideraría legítima la intervención sobre el monumento saguntino, como legitimaría las actuaciones del Consell sobre el patrimonio monumental valenciano.
Así lo recordó en su auto el Alto Tribunal hace sólo unos días. Una ley autóctona que no resolvió el tema de Sagunt al no encontrarse en vigor la norma que hoy permite reconstruir cualquier tipo de edificio o monumento histórico artístico a partir de la simple existencia de un vestigio que dé pie a interpretar una hipotética realidad, como así especifica su articulado.
Seguramente, el mejor ejemplo para ilustrar este hecho sea la reconstrucción del complejo del Monasterio de la Valldigna en el que la Administración autonómica lleva involucrada una década y para cuya realización ha invertido ya cerca de diez millones de euros. La recuperación de la Valldigna, que hoy muestra un digno e interesante esplendor, además, se trata de un proyecto alentado por el propio President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, durante su etapa como Conseller de Cultura. Fue él mismo quien quiso que este monumento, recuperado por el Gobierno socialista del desplome y que durante años llegó a mostrar una auténtica imagen de ruina, creciera desde su propia desaparición. Y también fue el propio Camps quien quiso que en la reforma del Estatuto de Autonomía figurara el monasterio cisterciense de leyenda negra, que mandó construir Jaume II el Just, como "símbolo de la grandeza del pueblo valenciano". Y para ello no han existido reparos.
Durante los últimos años, la Valldigna ha visto como se reconstruía en su totalidad, y casi desde la nada, la sala capitular encargada por Roderic de Borja, así como su refectorio con toda la contundencia que merece; o cómo se ha recuperado la espectacular cúpula de su impactante iglesia. Sin olvidar la pavimentación de su entorno, la reintegración del Claustrillo del Abad, trasladado desde Torrelodones, o cómo desde hace meses se reconstruye una parte de su claustro principal o se han cerrado sus muros con ladrillo caravista a la espera de tener terminado el albergue de invitados.
Pero para claustro el del Patio del Embajador Vich, incorporado hoy en el Museo de Bellas Artes de Valencia, San Pío V, y que apenas unas semanas antes de las últimas alecciones autonómicas era inaugurado con todos los honores.
De la mano del mismo arquitecto, Salvador Vila, para la reconstrucción del patio del Embajador Vich se desmantelaron los elementos renacentistas que se conservaban y estaban integrados en el Convento del Carmen. Allí se mantenían como lección arquitectónica para explicar la forma de entender las rehabilitaciones arquitectónicas en los albores del Siglo XX. Su traslado generó una intensa polémica cultural. Hubo que desvestir un edificio para recrear otro. Para lograr su conclusión, debió completarse el coqueto edificio pintado actualmente en azul de tormenta con algunas columnas y capiteles falsos. Hoy da la entrada a los visitantes que acceden al San Pío V desde Viveros.
Pero existe otro caso igual de ilustrativo. Las ruinas de la Almoina reconvertidas por el Ayuntamiento de Valencia en un museo arqueológico sobre los orígenes históricos de la ciudad de Valencia. Las mismas que preservan del calor a los ciudadanos gracias a una inesperada pagoda de hierro colado que rompe la estética del complejo monumental que conforma la Catedral y el Palacio Arzobispal y que la misma Ley de Patrimonio "pone" en cuarentena.
La Almoina ha visto como gran parte de sus ruinas arqueológicas se han reconstruido, sin más, para poder explicar cómo entendemos hoy el epicentro de una ciudad de esplendor doblemente liberada. Muchos arqueólogos han advertido del falso histórico de su conclusión. Pero sin más.
Y cerca está uno de los logros patrimoniales de los que más orgulloso se encuentra el Consell y la Iglesia Valenciana. El "descubrimiento" de los ángeles de la Catedral que los libros de Historia y la documentación dejaron fijados hace muchos años, pero que, de repente y guiadas por la luz, unas palomas "descubrieron" al azar. Para que puedan lucir lozanos e impactantes, tanto el Arzobispado como la Generalitat debieron renunciar a la bóveda barroca de Pérez Castiel que aún debe permanecer en doscientos pedazos almacenada en el seminario de Montcada a la espera de una supuesta ubicación definitiva.
Si bien el reloj de la Iglesia de Santa Catalina de Valencia desapareció de la torre -por no hablar de la única estatua renacentista de san Martín, guardada en una sacristía- el castillo de Montesa, por ejemplo, recuperaba las láminas de sus lienzos para recrear la realidad de la reconquista de Pedro El Grande. Mientras, la Administración autonómica y el consistorio valenciano observaba el expolio del valioso patrimonio cerámico del Convento de Sant Josep de Valencia o lo hacía años antes con el patrimonio del convento de las Clarisas de Xàtiva.
La ciudad de la Costera no es ajena a este afán fiel de recuperación patrimonial. El proyecto de la Luz de la Imágenes, sin ir más lejos, no ha dejado indiferente al Convento de Sant Doménec del que se ha recuperado la antigua iglesia gótica a base de eliminar elementos barrocos con los que se habilitó el antiguo teatro. En proyecto se encuentra una nueva fase de reconstrucción que ha de recuperar la sala capitular, el refectorio y el claustro del antiguo complejo conventual. Una de las novedades de la rehabilitación de Sant Doménec ha sido la construcción de unas originales escaleras de granito que dan acceso al antiguo templo. Asimismo, en el edificio anexo a Sant Doménec, donde se ha habilitado una de las salas de recepción de la exposición "La Luz de la Imágenes", la Generalitat ha reconstruido estancias interiores. E incluso la fachada del edificio. Muy cerca, el castillo de Xàtiva fue objeto de una actuación contundente en su patio de armas para así reconvertirlo en escenario desde el que celebrar su festival del verano Nits al Castell.
Pero entre toda la literatura de recuperación patrimonial, la mejor la dejó publicada la Diputación de Valencia. Dos lujosos volúmenes, con un millar de páginas, explican cómo es posible devolver a la actualidad un patrimonio olvidado. El mismo patrimonio recuperado sobre el que Camps dejaba escrito que "É entre las actuaciones de la Generalitat con una mayor trascendencia, se encuentra la recuperación y conservación de nuestro legado histórico, artístico y cultural como la apuesta decidida por seguir incrementándolo....".
* Levante-EMV - J. R. S., Valencia - 05 de enero de 2008
Foto: Monasterio de la valldigna. La Generalitat ha reconstruido en su totalidad el complejo, que estaba en ruinas - levante-emv
El Consell espera la demolición en Sagunt mientras reconstruye la Valldigna
Valladolid: La Federación de Vecinos pide al TSJ la suspensión del plan urbanístico de los cuarteles
NORTECASTILLA* : La Federación de Vecinos Antonio Machado ha presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de los Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez, ubicados en el Arco de Ladrillo y donde se pretenden levantar 870 pisos frente a la Ciudad de la Comunicación. La organización expone los argumentos contra este nuevo desarrollo urbanístico que considera plagado de «ilegalidades». La Federación pide la suspensión cautelar.
Entre ellas destaca que el documento aprobado por el Ayuntamiento es sustancialmente diferente al que se dio el visto bueno inicialmente, por lo que tenía que haber sido sometido de nuevo a información pública. En la demanda, se recuerda que Urbanismo dio luz verde al ordenamiento dando por bueno un dictamen encargado por las promotoras al catedrático José Luis Martínez López Muñiz en vez de atender a las objeciones que planteaban al documento los propios técnicos de la concejalía. La federación añade que el PERI vulnera el artículo 158.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León al no justificar los cambios introducidos.
Respecto a la edificabilidad, recuerdan que el PGOU estipula 92.590 metros cuadrados en la zona, mientras que en el PERI sobre el que versa la demanda se establecen 110.956. Además de rebasar lo permitido, subrayan, el uso residencial también supera el 80% de la edificabilidad. Se vulnera así el artículo 130 a del PGOU.
Otro de los argumentos de la demanda es que las viviendas de protección no están consideradas dentro de ese uso residencial como obliga la ley, algo que califican de «repugnante». Asimismo, según se lee en el documento, no se cumple el artículo 38.2 del Reglamento de Urbanismo regional, que manda reservar el 10% de la edificabilidad total a VPO. «Debiera ser de 9.171 metros cuadrados cuando es de 7.709», exponen.
A juicio de los demandantes también se vulnera el artículo 17.2 de la Ley de Urbanismo al no ceder al Ayuntamiento el 10% de la edificabilidad total. Mientras que según la norma debiera ser 8.199 metros cuadrados en el plan de reforma se contemplan 8.199.
Para la Federación se Vecinos no se respeta el número de plazas de aparcamiento que tendría que tener este desarrollo (están previstas 917 y en el PERI se contemplan 833). Asimismo interpretan que se vulnera el artículo 37.c de la Ley de Urbanismo porque se prevén torres con una altura de nueve plantas que no están acordes con el entorno, donde predominan bloques de cinco pisos.
* El Norte de Castilla - 05.01.08 - J. ASUA
Foto: Edificios castrenses de los cuarteles de Arco de Ladrillo/ RICARDO OTAZO, nortecastilla.es
La promotora reactiva el plan de Foster en Cangas
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ELPAÍS/Vigo* : Residencial Marina Atlántica, promotora del proyecto del arquitecto Norman Foster en los terrenos de O Salgueirón, en Cangas, reiniciará en la segunda quincena de este mes las obras del puerto deportivo, paralizadas desde octubre de 2005 por el obstruccionismo del Foro Social pola Defensa do Pobo. El puerto deportivo se complementa con la urbanización de los terrenos de O Salgueirón, que pertenecieron a la histórica conservera Massó Hermanos. La promotora cree haber generado un nuevo clima social para relanzar el proyecto. Pero ayer mismo seguía levantando chispas entre opositores y grupos políticos.
"Pensamos que la información que maneja la promotora es errónea", señala el Foro Social en una nota difundida ayer, mientras que Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), que participa con BNG y PSOE en la coalición que gobierna Cangas, presentaba una moción al pleno municipal para anular todo el proyecto. Esta iniciativa, eso sí, abre una fisura en la coalición. "Creo que es una deslealtad de ACE y singularmente del concejal de Urbanismo [Mariano Abalo], pasando por encima del pacto de gobierno, que nos obliga a todos a consensuar las actuaciones", respondió Clara Millán, la alcaldesa nacionalista.
Marina Atlántica, según explicaron fuentes de la misma, comenzó después de las últimas elecciones locales un proceso de explicación del proyecto a todas las partes implicadas que ha permitido un mayor grado de aceptación del mismo. Xosé Luis Barreiro Rivas, ex vicepresidente de la Xunta, fue el intermediario elegido para esas tareas de explicación por la promotora, participada por Caixanova, Atlántico Construcciones y, desde hace unos meses, Puentes y Calzadas.
En el puerto deportivo, con un espigón de 600 metros y con capacidad para 450 amarres, se ha sustituido el inicial muelle de escollera del proyecto por otro de hormigón, lo cual aminora la lámina de agua necesaria y su incidencia sobre la actividad pesquera, hasta ahora uno de los motivos principales de oposición a las obras. Es una de las mejoras. Además empezarán las obras por la restauración del viejo muelle de Punta Balea.
"No se empezarían las obras sin contar con todas las garantías legales, nadie se arriesgaría a enterrar millones por capricho", indicaron las mismas fuentes de la promotora para asegurar que la construcción del puerto cumple todos los requisitos. Paralelamente, Marina Atlántica, señalan sus fuentes, sigue la tramitación administrativa para desarrollar la urbanización en O Salgueirón, que incluye una zona residencial de 750 viviendas, un hotel, un centro comercial, paseo marítimo y otras dotaciones. La promotora prevé una inversión total de casi 200 millones de euros.El puerto deportivo y la urbanización son partes indisolubles del mismo proyecto. Los permisos para construir el puerto dependen de Autoridad Portuaria de Vigo y el desarrollo de la urbanización, del Ayuntamiento de Cangas, que en el anterior mandato del PP firmó un convenio con la promotora que quedó sin efecto al anularse el plan general de urbanismo al que se supeditaba.
"El proyecto se ha explicado a todo el mundo, BNG y PSOE han cambiado el tono de su mensaje y se ha entrado en un clima de concordia", insisten en la promotora. Pero nada lo confirma. "En las obras del puerto no tenemos nada que decir porque no son de competencia municipal. Con respecto a la urbanización, no hay nada nuevo sobre nada", asegura la alcaldesa. "Conmigo hablaron una vez y no llegamos a concretar nada. O Salgueirón sigue calificado como suelo industrial en un 80%", añade Millán.
Tanto ACE, en su moción, como el Foro Social en su nota, reiteran los argumentos que justifican su oposición al proyecto de Foster desde que éste intentó arrancar en 2004. Las irregularidades en el proceso administrativo serían, según ellos, manifiestas, tanto en la parte portuaria como en tierra, de lo que darían fe media docena de denuncias judiciales y un par de contenciosos interpuestos por la cofradía de pescadores, "ninguna de las cuales ha sido rechazada, ni archivada o sobreseída", subrayan.
'Marbellización'
Según los opositores, el concurso para la construcción del puerto deportivo, fallado por Autoridad Portuaria de Vigo, fue ilegal y los pretendidos recortes y modificaciones en la obra precisarían de un nuevo proyecto y de nueva evaluación ambiental. El Foro, en consecuencia, no encuentra motivos para deponer la actitud de obstrucción a las obras que inició en octubre de 2005 y que han impedido todo avance en el proyecto realizado por Norman Foster.
La concejalía de Urbanismo, a su vez, ha contratado una asistencia técnica que propondrá un plan de usos alternativo para O Salgueirón, en el marco del plan general de urbanismo que actualmente se elabora, con el fin de recuperar el patrimonio industrial de la parcela, "que se está destruyendo pese a ser el más emblemático de Galicia", señala Mariano Abalo. "No queremos ni escándalos urbanísticos ni la marbellización de Cangas"
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 05/01/2008
Foto: Cangas (Pontevedra) - cangasnonsevende.org
Oposición a ‘Las Vegas’ de los Monegros
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DIAGONAL/Aragón* : Después de ser rechazado en Dubai y en Francia, el promotor de la mayor macrociudad del juego ha encontrado el apoyo del Gobierno de Aragón. Gran Scala podrá instalarse en el desierto de los Monegros pese a las irregularidades. Los grupos ecologistas denuncian la complicidad del Gobierno de Aragón, que tendrá que cambiar la ley del juego, recalificar terrenos, dotar de infraestructuras con dinero público... Y todo para un proyecto de dudosa viabilidad financiado previsiblemente por las mafias del juego de Estados Unidos.
Parques temáticos, 32 casinos, 70 hoteles, 230 restaurantes, 32 museos, 500 comercios, hipódromo, plaza de toros, campo de golf y palacio de congresos. Una ciudad nueva de 100.000 habitantes (la segunda más poblada de Aragón) en el desierto de Monegros, entre Huesca y Zaragoza. Unas semanas después de la publicación de este proyecto, el 12 de diciembre, empiezan las críticas más allá de un debate cerrado entre conservacionismo y riqueza.
La operación parte de un capital norteamericano, proveniente del juego, interesado en Europa como área de negocio. Ya antes, el proyecto se rechazó en Dubai y en Francia. Aunque los 32 casinos acaparen la atención, el volumen de instalaciones, servicios y viviendas en cantidades aún no definidas generaría una plusvalía sustancial del suelo. El precio actual de la tierra en los Monegros lo hace posible por su extensión, su régimen de secano y la escasa población (21.600 habitantes, 8 hab/km2). Además, disfrutan de una buena posición en el mapa y están bien comunicados. Sin embargo, otros aspectos oscurecen la viabilidad económica que el complejo Gran Scala tiene por sí mismo.
La única iniciativa privada visible, el consorcio International Leisure Development (ILD), es promotor, es decir, aunque esté vinculado a empresas de máquinas de juego y casinos no aportan todo el capital necesario, sino que pretenden atraerlo. Sobre la identidad y solvencia de esos inversores nada se ha adelantado. En todo caso, vaticinan 25 millones de visitantes para 2015 (más de la mitad del total de turistas que recibe anualmente el Estado español) y ello, mientras languidecen otros complejos similares en Europa.
Apoyo institucional
Con todo, el apoyo del Gobierno de Aragón (formado por la coalición PSOE-PAR) sigue siendo imprescindible. En tal sentido, el Partido Aragonés (PAR) se ha convertido en valedor del proyecto desde los primeros contactos, y desde el Gobierno de Aragón ha trasladado al público una “ilusión” que ya la información disponible cuestiona. Los responsables públicos no han aclarado su impacto social, económico y medioambiental para el actual modelo aragonés, por ejemplo en cuanto a vertebración del territorio, calidad del empleo, movilidad o gestión de recursos naturales. Tampoco su impacto sobre poblaciones cercanas o la propia Zaragoza; ni una suerte de ‘plan B’ en caso de que el macro-proyecto quiebre. Lejos de esto, el Ejecutivo aragonés se encuentra desde el inicio comprometido plenamente con el proyecto.
Promotores y Gobierno de Aragón han remarcado que toda la inversión (17.000 millones) será privada. Sin embargo, la acción pública deberá ir más allá de lo recaudatorio, además deberá reducir los tipos impositivos por actividades del juego. Y parecen aceptarse otros cambios normativos a la carta. Según AZAJER (asociación que trabaja problemas de ludopatía), la actual Ley Aragonesa del Juego sólo permitiría un casino más, y en Teruel. Asimismo, el impacto urbanístico del proyecto, las modificaciones y expropiaciones que se avanzan pertinentes exigen la declaración del complejo como de “interés prioritario” por el Legislativo aragonés, lo que permitiría superar el escollo de municipios díscolos y dotaría a la Administración de mayor flexibilidad en su acción. Por otro lado, y aunque no se realicen inversiones públicas directas en el proyecto, éstas serían imprescindibles en infraestructuras y servicios públicos, que abarcarían al menos una nueva estación del AVE, autopistas y la ampliación del aeropuerto. Ello sin contar los servicios públicos de una hipotética ciudad de 100.000 habitantes o los imprescindibles para que los anunciados 35.000 trabajadores comiencen siquiera a construirla. Algunos servicios son urgentes si se pretende que unas tres quintas partes del proyecto estén listas en torno al 2010. La Administración aragonesa no ha aclarado aún su grado de compromiso con estos gastos.
Desde que se publicó la iniciativa, el consorcio ILD ha advertido de que la oposición del “lobby ecologista” podía perjudicar las inversiones. Se manifiesta así la necesidad de garantizar un consenso social en torno al proyecto, cerrar el debate y desprestigiar los escepticismos para no ahuyentar las inversiones.
Junto a razones sobre el fondo del proyecto, la opacidad y su exclusión del debate han motivado la oposición de grupos que cuestionan este modelo de desarrollo (entre otros Ecologistas en Acción, Aragón No Se Vende y CGT). IU también mostró su rechazo y progresivamente otros sectores del ámbito político y social, como la Chunta Aragonesista (CHA), han reclamado prudencia o una discusión seria del proyecto, así como la organización Ecología y Desarrollo (ECODES).
En los Monegros, los rechazos surgidos se han agrupado en la Plataforma Monegros No Se Vende y, tras el entusiasmo inicial sobre el terreno, en que los valedores políticos del proyecto habían fundado gran parte de su legitimidad, algunos representantes comarcales y pequeños agricultores despliegan dudas y alternativas más coherentes con el modelo social, económico y ecológico monegrino, cuestionando que el incremento de población en sí mismo sea un objetivo que deba imponerse a la calidad de vida de quienes ya habitan esta tierra.
‘La Expo’ hipoteca los presupuestos de Zaragoza
N.E. (REDACCIÓN ARAGÓN)
El aumento de los gastos en las obras emblemáticas de la Expo ha originado grandes dificultades al Ayuntamiento de Zaragoza para cuadrar los presupuestos para 2008. Algunos analistas, como el Seminario Zafra de Economía o la sección de Acción Social de CGT, empiezan a anunciar la bancarrota en la que se encuentran las arcas municipales, a lo que se añaden las críticas por parte de la oposición del PP, CHA e IU a los presupuestos propuestos por la coalición del PSOE y PAR. El Ayuntamiento de Zaragoza ya está pagando las consecuencias del despilfarro en la Expo y afronta un endeudamiento sin precedentes en su presupuesto: 133 millones de euros para saldar esta cuenta. El proyecto económico para 2008 hipoteca numerosas actuaciones necesarias y se basa en la petición de créditos astronómicos, la paralización de inversiones y la subida de los impuestos. La Asociación de Vecinos de La Paz critica el retraso en la apertura de una ludoteca construida en el barrio "por falta de presupuesto para material”. Hasta Domingo Buesa, líder local del PP, en un alarde de cinismo, afirmó que "no debemos repetir el error de Sevilla, donde la exposición se convirtió en el peor enemigo de la ciudad”. Al mismo tiempo, edificios emblemáticos de la Expo, como el Pabellón Puente, la Torre del Agua o el Palacio de Congresos, van aumentando su coste y retrasando su finalización. Roque Gistau, presidente de Expoagua afirmaba el pasado 16 de diciembre en el Periódico de Aragón que algunas obras no obedecerán a plazos marcados, anticipando las dificultades para llegar al 16 de junio de 2008 con todas las obras terminadas.
* Diagonal - David Vila / Redacción Aragón - 26 dic - 9 ene 2007
Foto: Los Monegros (Aragón), señales - Primo Romero, diagonalperiodico.net
Barcelona: El caos de las infraestructuras eleva al 60% el número de descontentos
ELPAÍS* : El descontento de los ciudadanos contra los políticos se dispara tras la crisis de las infraestructuras. Ayer, a la misma hora que miles de catalanes sufrían por enésima vez retrasos en los trenes de Cercanías, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) presentó el índice de satisfacción política, que eleva el descontento de la población para con los políticos hasta el 60,9%, el 5,7% más que en marzo. Esta cifra es la segunda más alta desde junio de 2005, fecha en que se empezó a elaborar el índice.
Sólo el 61,3% de descontentos de marzo de 2006, en plena pelea política por la aprobación del Estatut, fue mayor que el actual.
La situación del aeropuerto de El Prat, el retraso y el desaguisado de las obras del AVE, con el consiguiente caos de Cercanías, y el apagón que dejó a oscuras a Barcelona en julio "han actuado como un tsunami que ha hecho crecer la insatisfacción hasta el punto actual", afirmó ayer Gabriel Colomé, director del CEO. Colomé se mostró "confiado" en que la llegada del AVE y de nuevas inversiones "hagan que la satisfacción política aumente".
El sondeo, basado en 2.200 entrevistas, se llevó a cabo entre el 20 y el 30 de noviembre, en plena recuperación del servicio de Cercanías y justo antes de la manifestación del 1 de diciembre convocada por la Plataforma por el Derecho a Decidir y contra el caos en las infraestructuras. Según Colomé, la movilización "influyó en parte en el resultado del índice".
Por partidos, los votantes del PP son los más descontentos, ya que el 58,4% se sienten insatisfechos con la política. Por el contrario, el PSC es el partido con menos votantes descontentos, el 26,7%. La formación que registra un repunte mayor de insatisfacción entre sus simpatizantes es Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). El 36,9% de los votantes del partido ecosocialista, que desde que empezó el caos de Cercanías lo ha tomado como caballo de batalla político, se sienten descontentos con la política. En el anterior índice de octubre de 2007, sólo el 14,4% de los votantes de ICV estaban insatisfechos, el 22,5% menos que en el índice actual.
El repunte de los descontentos se refleja aún más en el índice de insatisfacción coyuntural, que se refiere a aquellos ciudadanos que, si bien confían en el sistema, se sienten descontentos con la situación política del momento. Esta cifra llega al 58,5%, la más alta desde que el CEO realiza estos sondeos y muy por encima del 42,9% de insatisfechos de hace tan sólo seis meses. El 45,2% de los entrevistados, sin embargo, está satisfecho con la situación actual.
Por el contrario, la insatisfacción estructural, que alude a los descontentos con el sistema político en general, desciende el 3% respecto al índice de octubre hasta situarse en el 54,8%. Los satisfechos con la política llegan al 45,2%, la tercera cifra más elevada de todos los índices pero aún lejos del 48,7% del sondeo de noviembre de 2005.
El crédito del régimen democrático y el descontento por la situación va acompañado de un aumento de la participación electoral. A sólo tres meses de los comicios generales, el 70,8% de los entrevistados sostiene que irán a votar y ya tienen decidido a qué partido darán su apoyo. En el anterior sondeo la participación prevista era del 64%.
Por partidos, los simpatizantes del PP son los más participativos (89,8%) y los de CiU los menos (82,8%). ICV movilizaría al 86,1% de sus votantes, el PSC al 84,5% y Esquerra al 83%. Los republicanos son los que más indecisos tienen en sus filas. El 14,7% de los votantes de ERC no sabe si repetirá su voto en las generales.
JÉSSICA SANROMÁN: "Quiero un tren sin incidencias de una vez"
"Me parece fatal la situación que estamos viviendo", lamentaba Jéssica Sanromán en una de las innumerables paradas no justificadas que ayer asolaron a los trenes de la línea C2 de Cercanías. Ella lo tenía claro: "No quiero volver al autobús ni quiero viajar así, lo que quiero es un tren sin incidencias de una vez". Jéssica no está segura de que la situación de Cercanías se arregle con la llegada del AVE a Barcelona. "Ojalá", espetó antes de asegurar que "con un buen tren", no le importaría pagar el billete.
EVA RUBIO: "Con el autobús sabías a qué hora llegabas"
Eva Rubio era una de las pasajeras que ayer sufrió los retrasos de Renfe. A la altura de Bellvitge, cuando el tren ya llevaba una hora de retraso, su hartazgo era evidente: "Siempre pasa lo mismo desde hace demasiado tiempo. Cuando había el autobús tardabas más, pero sabías a la hora que llegabas". El hecho de que su trayecto sea gratuito hasta que llegue el AVE a Barcelona no la consolaba: "Depende del trabajo que tengas te conformas o no. Hay mucha gente que llega tarde y no le sirve de nada ahorrarse el billete".
DORI SEBASTIÀ: "Pagaría el doble si hubiera más trenes y fueran puntuales"
Dori Sebastià estaba nerviosa ayer. "Estamos parados en un puente y me está sentando mal el desayuno", confesaba. El tren de la línea C2 de Cercanías llevaba más de 50 minutos de retraso, 10 de ellos estacionado en vías elevadas que alteraban a Dori. "Me parece indignante, por decirlo suavemente. Pagaría el doble si el tren fuera puntual y pasara cada cinco minutos", aseguraba. Pese a tener el viaje gratuito, Dori se mostraba reticente: "Con la subida de precios ya lo pagaremos".
ROSALIA HUGUET: "He salido una hora antes y llegaré tarde igualmente"
Rosalia Huguet no usa el tren con asiduidad, pero ayer se subió a un convoy de Cercanías para ir al médico con su marido. "Cuando me he levantado he oído que los trenes iban mal. He salido una hora antes de casa; sin embargo, llegaré tarde al médico igualmente", lamentaba. A pesar del retraso, Rosalia se mostraba más comprensiva que otros viajeros: "Debemos comprender que se está haciendo una obra importante, quizá es normal que haya todas estas molestias".
* ELPAIS.com - MAIOL ROGER - Barcelona - 05/01/2008
Foto: Barcelona, usuarios cercanías en Sants - EFE
El juez Torres levanta parcialmente el secreto del sumario del 'caso Guateque'
EUROPAPRESS/Madrid* : El juez Santiago Torres, que investiga la presunta trama de tráfico ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, levantó hoy parcialmente el secreto del sumario que pesa sobre las actuaciones del procedimiento, que salió a la luz el pasado 14 de noviembre con el desarrollo de la primera fase de la operación, informaron hoy fuentes próximas a la investigación.
La decisión del magistrado fue trasladada esta mañana a los abogados defensores de los nueve imputados, funcionarios del Consistorio y varios empresarios, que cumplen prisión preventiva por participar en la supuesta red de cobro de sobornos a cambio de agilizar licencias. Se les acusa de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
El instructor, que investiga el caso a raíz de la denuncia de un particular, ha levantado el secreto del sumario recogido en un total de ocho tomos de la causa (4.107 páginas), de los diez que engloba la totalidad del procedimiento. Por el momento, los letrados aún no han podido hacerse con el sumario, al existir "un problema material" ante el gran volumen de páginas.
Las partes del proceso, abogados y la representación legal del Ayuntamiento de Madrid (que ejerce la acusación particular), podrán acceder a la mayor parte de los datos recabados hasta ahora en la investigación. Estos meses, el procedimiento se ha centrado en el análisis de los 187 expedientes considerados sospechosos y de la documentación incautada en los 24 registros practicados hasta ahora.
Asimismo, parte de la información obtenida por el magistrado proviene de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y en las propias manifestaciones de los imputados ante el juez.
A mediados de diciembre, Torres prorrogó por un mes el secreto sumarial, lo que limitaba el conocimiento de la investigación al propio instructor y al fiscal astrito al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, César Estirado.
EN LIBERTAD
Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que el juez Torres tiene previsto en los próximos días dejar en libertad a alguno de los nueve detenidos en la primera y segunda fase de la operación. Hasta ahora, Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, ha sido la única que ha abandonado la prisión tras hacer efectiva una fianza de 20.000 euros.
Las últimas detenciones se llevaron a cabo el pasado 27 de diciembre, cuando agentes de la Benemérita registraron seis sedes municipales y arrestaron a otros cinco funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Estos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Área de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo).
De la primera fase, cumplen prisión Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, entre otros.
24 PERSONAS DETENIDAS
Hasta ahora, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales.
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la primera fase de la operación 'Guateque' con la detención de 16 funcionarios, entre empleados públicos y técnicos, que posteriormente se elevó a 19, y se practicaron más de una quincena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios.
* Europa Press - MADRID, 4 Ene
Foto: Madrid, urbanismo ayuntamiento - europapress.es
El legislador del 2007
ÁNGEL B. GÓMEZ PUERTO* : El ejercicio real del derecho constitucional a la vivienda ha estado en el debate político y social, y en la agenda legislativa de las Cortes Generales durante el pasado año 2007. Recordemos que el artículo 47 de nuestra actual Constitución de 1978, declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Al respecto, el pasado año 2007 entró en vigor una importante norma, la nueva Ley reguladora del Suelo, una de las más importantes de las 161 leyes aprobadas en la legislatura 2004-2008. La nueva ley tiene como fundamento el precepto constitucional antes señalado. Era la respuesta contundente del legislador, y de la sociedad en su conjunto, a tanto desorden urbanístico sufrido en los últimos años en demasiadas zonas del territorio nacional.
El objetivo que las Cortes Generales pretenden con la nueva ley es regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal, así como establecer las nuevas bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, de su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en materia de suelo.
Entre los principios generales que informan el contenido global de la ley del suelo se encuentra el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, en base al cual, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.
Además, y en virtud del objetivo de desarrollo sostenible, todas esas políticas públicas han de propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, la salud y seguridad de las personas, y la protección del medio ambiente.
Es muy importante destacar un derecho que se consagra esta nueva ley del suelo al ciudadano: el de acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como a obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados. Por otra parte, se establece la obligación ciudadana de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y paisaje natural y urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos en la materia.
Esperemos que con la entrada en vigor de la nueva regulación se sienten las bases de un nuevo modo de entender el respeto a los bienes comunes, de una ordenación justa y racional del territorio, y del fin de la especulación urbanística. Y que se posibilite en cualquier territorio de España el ejercicio eficaz de derechos constitucionales tan transcendentales como el “derecho a la vivienda digna y adecuada” (artículo 47 de la Constitución), o el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” (artículo 45 de la Constitución).
Al respecto, también ha aprobado nuestro legislador el pasado año 2007 normas legales tan importantes como la Ley de Responsabilidad Medioambiental, así como la nueva Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Parece que el círculo legislativo verde empieza a completarse, quedando algunas asignaturas pendientes para la legislatura 2008-2012, como una norma legal sobre fiscalidad ecológica, o la necesaria ley general sobre el derecho al medio ambiente, aún no abordada en los 30 años de vigencia de nuestra actual Constitución.
(*) Ángel B. Gómez Puerto es Doctorado en Derecho Público por la Universidad de Córdoba.
* La República - 3 de enero
Marbella legalizará de una tacada casi 1.000 comercios sin licencia
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) se ha dado un mes para comenzar a regularizar los cerca de 1.000 comercios que funcionan sin licencia municipal porque se encuentran en edificios ilegales. El equipo jurídico está elaborando una normativa que permita conceder permisos de apertura provisionales que adquirirán firmeza una vez que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que se contempla la regularización de muchos de estos edificios a cambio de compensaciones a la ciudad.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), anunció ayer que quiere aprobarlo antes de que finalice enero. "Estamos estudiando cuál es la mejor manera para desbloquear esta situación. No es fácil porque hay muchas irregularidades en alguno de los edificios y por lo tanto de los comercios", explicó.
La Comisión Gestora ya trató de conceder licencias provisionales a 600 de estos comercios hace un año, pero no sacó la medida adelante por la dificultad para obtener fórmulas que se ajustaran a la legalidad.
La medida anunciada por Muñoz pretende dar un poco de tranquilidad a un sector que ha tocado fondo tras una crisis que dura ya tres años. Sólo en la primera quincena de enero está previsto que echen el cierre 123 pequeños comercios de la ciudad. Según el presidente de Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymen) la regularización provisional de estos negocios afectará "de forma indirecta" a unas 3.000 personas.
La regularización de los edificios ilegales, mediante el sistema de compensaciones establecido en el plan general, condiciona directamente la legalización de estos comercios. "Si un local no tiene permiso de primera ocupación, porque Urbanismo no lo ha concedido, difícilmente se podrá una licencia comercial", explican técnicos consultados.
Entre los negocios que carecen de licencia se encuentran seis hoteles construidos sobre suelos catalogados para otros usos o que sufren un exceso de edificabilidad como el Guadalpín Marbella y Banús, dos establecimientos de cinco estrellas que posee en la ciudad la inmobiliaria Aifos, cuyos principales directivos están imputados por cohecho en el caso Malaya.
La revisión de los permisos también afecta a varios locales del centro comercial La Cañada, propiedad del empresario Tomás Olivo, también imputado en la trama de corrupción marbellí, y cerca de 40 negocios del centro comercial Plaza del Mar, en pleno paseo marítimo de Marbella, además de oficinas, guarderías o bares.
La regularización de algunos de estos negocios acarreó un enfrentamiento entre el responsable de comercio e industria de la gestora marbellí, el socialista Fidel Fernández Nieto, y Ángeles Muñoz, cuando ésta era candidata a la alcaldía.
Muñoz anunció que suspendería los expedientes de revisión a locales y comercios en su primer pleno como regidora y el vocal de industria mantuvo que esta medida sería ilegal. "Como regidora nunca va a tener esta potestad porque la norma establece claramente que los actos administrativos se anulan mediante las correspondientes revisiones de oficio, motivadas y con informes preceptivos del Consejo Consultivo", dijo Fernández Nieto.
En mayo de 2007 la comisión gestora trató de conceder autorizaciones de apertura de carácter transitorio hasta que el Plan General pudiera resolver la situación. "Desgraciadamente la legislación no contempla situaciones como la existente en Marbella y no se ha podido encontrar ningún resquicio para aplicar", se excusó entonces el vocal responsable del área.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 04/01/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
