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ELCONFIDENCIAL* : La recalificación de una de las últimas zonas verdes en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat, lindante con Barcelona, se ha convertido en un culebrón que día a día adquiere tintes más espectaculares y que amenaza con convertirse en un escándalo donde se combinan aspectos empresariales, deportivos y políticos. Y ello porque una empresa vinculada al presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, se encuentra en el ojo del huracán.
En 2004, Laporta compró 20 hectáreas de terreno en la zona a través de la compañía Hakerson International. En esta empresa figuran también su socio de despacho Xavier Arbós; su hermano, Xavier Laporta; el actual vicepresidente institucional y de patrimonio del F.C. Barcelona y ex concejal de Urbanisno de Sant Cugat, Joan Franquesa; la Inmobiliaria Godall, propiedad de Alfons Godall, vicepresidente primero del Barça; y Anna Maria Lloveras, esposa del actual alcalde convergente de Sant Cugat, Lluís Recoder.
Precisamente, Laporta fue el pregonero en la fiesta mayor de Sant Cugat el pasado verano. El presidente del Barça también compartió responsabilidades como administrador en Hakerson con Pedro Luis Mellado, abogado del FC Barcelona, que fue quien llevó el pleito contra Baena, jugador no profesional que el pasado otoño rescindió el contrato que tenía con el Barça pagando la penalización de 30.000 euros prevista en el mismo y fichó por el R.C.D. Espanyol. Aunque el Barça le pedía más de 3 millones de euros como indemnización, Baena fue condenado el pasado mes de enero a pagar 500.000 euros al club azulgrana como compensación por su formación durante cinco años.
El terreno comprado tiene una masía del siglo XVIII llamada Can Masover Nou, en estado ruinoso a pesar de estar catalogada en el inventario del Patrimonio Arquitectónico de la Generalitat. La zona total a recalificar dispone de tres de estas construcciones -Cal Masover Nou, Cal Trabal y Ca l’Esquerrer-, todas centenarias, de las que sólo la segunda se encuentra bien conservada y rodeada de campos de cultivo.
La intención del Ayuntamiento de L'Hospitalet es recalificar los terrenos, lo que supondría la urbanización de la zona, preservando las masías. "Lo que hemos hecho es un pre-proyecto para la reordenación de la zona y construir un área de servicios con oficinas y un gran parque ciudadano", señalaron a El Confidencial fuentes del Ayuntamiento de la ciudad. Según los detractores de la recalificación, lo que se pretende hacer es construir siete edificios de oficinas, un concesionario de coches de alta gama, un supermercado e incluso se habla de un hotel de lujo. En otras palabras: un pelotazo urbanístico.
300 millones de inversión
El proyecto redactado por el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este diario, detalla que la zona que se pretende urbanizar está divivida entre los ayuntamientos de L'Hospitalet y El Prat de Llobregat. Al primero pertenecen casi 403.000 metros cuadrados, mientras que del segundo quedarían afectados casi 136.000 metros cuadrados. En ellos, se ha establecido un techo edificable de 51.865 metros cuadrados para industrias y 217.000 metros cuadrados para el sector terciario, es decir, para servicios.
El parque ciudadano que se pretende habilitar tendría 21,6 hectáreas. Este parque "recreará el uso agrícola actual y añadirá nuevos elementos, como itinerarios verdes que aseguren el acceso y el uso ciudadano". El informe municipal es detallado en las cifras: "La parte de suelo actual que se podría ejecutar como zona verde es realmente de 201.495,9 metros cuadrados", de los que 186.000 son de L'Hospitalet y el resto, de El Prat.
Según el consistorio, la zona "es compatible con las propuestas de la Agenda 21" y no se encuentra incluida en la Red Natura 2000 ni en ningún plan similar. La inversión prevista es de 58,5 millones de euros, aunque esta cifra corresponde sólo a la "urbanización", que engloba la viabilidad, el parque, los soterramientos eléctricos y algunos ajustes. Fuentes de la oposición cifran la inversión total -sumando la compra de terrenos, la construcción y la comercialización de los edificios- en un volumen muy superior: 300 millones de euros.
El asunto ya ha sido enviado a la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat para que emita un informe medioambiental, paso previo a plantear la recalificación en el pleno municipal. Si el informe de la Generalitat es positivo, los terrenos se recalificarán sin problema, puesto que el consistorio tiene 17 concejales del PSC frente a cinco del PP, tres de CiU y 12 de ICV.
Los socialistas también dejaron en manos del concejal de ICV Francisco Salmerón las responsabilidades medioambientales del consistorio, lo que no deja de ser paradójico, porque ICV, como partido, se opone a la recalificación. ERC también se ha posicionado en contra del pelotazo, lo mismo que CiU, cuya cabeza visible en L'Hospitalet es Meritxell Borràs, hija de Jacint Borràs, directivo culé y presidente del Barça Atlétic.
También la Federación de Asociaciones de Vecinos de L'Hospitalet está en contra del proyecto de urbanización de lo que consideran "la última zona agrícola del municipio". "Es cierto que es de los últimos reductos agrícolas, aparte de algunos huertos diseminados, pero también es verdad que tras la reordenación tendremos el mayor parque de la ciudad para disfrute de sus ciudadanos", afirman desde el Ayuntamiento.
La irrupción de Laporta
De diferente opinión es Antoni Garcia, portavoz de Els Verds Esquerra Ecologista, la organización que se opone con más fuerza a la recalificación. "Hace 10 años, el Ayuntamiento se comprometió a que esta zona sería el oasis agrícola de la ciudad", señaló Garcia a El Confidencial. "Luego, después de que Laporta comprase 20 hectáreas, cambió de opinión”.
Los ecologistas sospechan que la operación de compraventa se llevó a cabo con la intención de sacar provecho económico, ya que desde la compra no se restauró la masía que tiene en su interior, a pesar de estar catalogada, ni se realizó ninguna mejora, presumiblemente a la espera de poder venderlos ante una recalificación de los terrenos. Esta recalificación se intentó realizar ya en septiembre del año pasado, pero se paralizó ante la movilización ciudadana.
Els Verds Esquerra Ecologista también acaba de denunciar a los propietarios de Cal Masover Nou ante la Consejería de Cultura de la Generalitat por incumplir la Ley de Patrimonio Cultural Catalán, que manifesta que "los propietarios han de preservar y mantener la integridad de su valor cultural y arquitectónico". Según la denuncia, la masía, de estilo barroco, está incluida en el Plan de Protección Arquitectónica (PEPPA) de L'Hospitalet de Llobregat "con nivel C de protección, que significa que el propietario ha de proteger la fachada y la volumetría del edificio". Las asociaciones de vecinos, diversas entidades y sindicatos y organizaciones ecologistas han constituido también la Plataforma Salvem la Zona Agrícola de L’Hospitalet, que el 25 de mayo realizó su primera manifestación contra el proyecto, con la asistencia de 600 personas.
Ajeno a estas reivindicaciones, un informe encargado por el Ayuntamiento señala en sus conclusiones que "el ámbito complementario de La Marina [una de las zonas afectadas], situado en el término municipal de El Prat, queda incluido dentro del régimen inicial de suelo no urbanizable y se transforma, a efectos de la gestión de los correspondientes polígonos de actuación, el sector de suelo urbanizable de Cal Masover Nou". Y añade más adelante que la ordenación del área de esta masía, con casi 363.000 metros cuadrados de suelo urbanizable "se desarrollará mediante un plan parcial urbanístico". Es decir, justamente los terrenos propiedad de Hakerson International, que además de sus 20 hectáreas tiene derecho preferencial de compra sobre parte de los terrenos colindantes, propiedad de agricultores de la zona. El tercer sector, perteneciente a la masía Can Trabal, tiene sólo 175.902 metros cuadrados de suelo urbano.
5.400 puestos de trabajo
La zona, cercana al aeropuerto, al río Llobregat y a la residencia de Bellvitge es, urbanísticamente hablando, un caramelo, aunque para los Verdes "no beneficiará a la ciudad, sino todo lo contrario. Quieren hacer varios edificios de oficinas cuando en otras zonas los edificios que se han construido están vacíos, como en la plaza Europa, cerca de la Feria de Barcelona".
En el Ayuntamiento difieren de esta tesis y afirman que con la urbanización del terreno se dará impulso a la economía de la ciudad y que en sus equipamientos se pueden generar 5.400 puestos de trabajo.
Para las asociaciones de vecinos, la zona tiene un valor histórico, patrimonial, ecológico y natural. Y lo mismo asegura el sindicato agrario Unió de Pagesos. Especialmente combativa con el proyecto es la Asociación de Vecinos de Bellvitge, que no quiere más edificios y sí preservar el espacio natural. Desde el Ayuntamiento se justifica el proyecto diciendo que su recalificación "se discute en el Consejo de Medio Ambiente", del cual forman parte plataformas ciudadanas y el propio consistorio. Pero desde la oposición se temen que, "conforme van los plazos, y a punto de concluir el informe de la Generalitat, se aproveche el mes de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, para proceder a la recalificación".
* El Confidencial - Antonio Fernández.- 01/06/2009
Foto: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) -Pz. Ajuntament. - wikipedia.org
Un ‘pelotazo’ urbanístico en L'Hospitalet salpica a Joan Laporta, presidente del Barça
Cómo denunciar en Europa problemas de medio ambiente
CONSUMER* : La conservación del medio ambiente depende en gran medida de la Unión Europea, ya que sus responsables crean las leyes que afectarán al resto de las legislaciones medioambientales de los Estados miembros. Además de votar, los europeos tienen otra forma activa de participar en esta institución: denunciar problemas que afectan a su entorno natural. La Comisión de Peticiones es uno de los instrumentos de denuncia que se encuentran al alcance de todos los consumidores, y los españoles destacan entre los ciudadanos más activos de la UE en cuanto a su utilización.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) es una de las vías de denuncia más directas para los consumidores. En concreto, puede hacer uso de este procedimiento cualquier ciudadano de la UE o residente en la misma, y ya sea de manera individual o en asociación con otros, así como cualquier empresa, organización o asociación con sede social en la UE.
Esta comisión estudia las peticiones de los ciudadanos sobre cualquier asunto de interés público o privado, siempre que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la UE. Las denuncias relacionadas con el medio ambiente son cada vez más numerosas: durante 2008 se recibieron desde todos los países miembros un total de 309 peticiones relacionadas con el medio ambiente, de un total de 1.886. España es uno de los países más activos en este ámbito, ya que según datos de la propia comisión, origina un 20% de las denuncias medioambientales que llegan a la comisión de peticiones.
En cuanto a las características de las peticiones más comunes relacionadas con el medio ambiente, destacan las que afectan a la normativa europea, como la directiva de las aves (BIRDS), el tratamiento de aguas, la red Natura 2000 o normas sobre contratación pública.
La petición puede ser una solicitud particular, una queja u observación relativa a la aplicación del derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que se posicione ante un asunto concreto. La petición se puede presentar por correo postal o mediante formulario vía Internet. Los miembros de la comisión recomiendan detallar toda la información de forma clara, evitando los detalles superfluos, si bien se puede añadir un resumen.
Una vez recibida, la Comisión de Peticiones, que generalmente se reúne cada mes, salvo en agosto, informará de la decisión adoptada al responsable de la petición. Los interesados pueden seguir los debates de la Comisión de Peticiones a través de la web del PE. Además, los peticionarios están informados en todo momento por carta o correo electrónico de las decisiones que toma dicha comisión parlamentaria, así como de los resultados de las investigaciones de la Comisión Europea (CE).
Si la Comisión de Peticiones considera que se produce una infracción de la legislación comunitaria, admite a trámite la petición. Posteriormente, la CE investiga a fondo el asunto y los diputados de peticiones debaten la cuestión. Si se decide que en efecto se infringen las normas, se puede llevar al país al Tribunal de Justicia de la UE, o los propios países pueden tomar las acciones que consideren oportunas contra las entidades infractoras.
El PE agradece estas peticiones, ya que suponen una buena oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro o cualquier otra autoridad.
Críticas al sistema
Una de las críticas más comunes hacia la UE suele ser su presunta incapacidad a la hora de tomar medidas concretas. En el caso concreto de la Comisión de Peticiones, sus detractores aseguran que se trata de un proceso lento que puede durar meses y hasta años hasta que se consigue, en su caso, algún resultado positivo. Asimismo, si bien cualquier persona puede escribir una petición, es recomendable conocer a fondo la legislación europea para redactar la petición conforme a las leyes comunitarias y tener así más oportunidades de que sea aceptada a trámite.
En este sentido, conviene tener muy claro que la petición pertenece al ámbito de actividades de la UE. Por ejemplo, si un asunto es competencia y responsabilidad del Estado miembro, la petición será declarada improcedente. En tal caso, la comisión puede sugerir al responsable de la petición que se dirija a una autoridad nacional o a otro organismo no perteneciente a la UE.
Los miembros de la comisión recuerdan también que el PE no es una autoridad judicial, por lo que no puede dictar sentencias, ni revocar decisiones de los tribunales de justicia de los Estados miembros, ni sustituir a los procedimientos judiciales incoados en los países miembros. Asimismo, los asuntos relacionados con la mala administración en las instituciones u órganos de la UE no son competencia de la Comisión de Peticiones, sino del Defensor del Pueblo Europeo.
Desde el Parlamento Europeo defienden las instituciones europeas al recordar que la UE puede actuar y sancionar a los países que no respetan la legislación comunitaria sobre medio ambiente o que no garantizan su cumplimiento. Estas medidas se realizan por medio del Tribunal de Justicia de la Unión y gracias, en muchas ocasiones, a la participación activa de los ciudadanos europeos en el procedimiento de control democrático.
Otras fórmulas de denuncia e información
La Comisión de Peticiones es el sistema creado para enviar una denuncia al PE más común, pero no es el único. El Correo del Ciudadano es un buzón electrónico para formular al Parlamento Europeo preguntas, pedir información o presentar propuestas referidas a asuntos pertenecientes a los ámbitos de actividad de la UE. Una vez recibido el mensaje, los responsables del Correo del Ciudadano transmitirán en un plazo razonable las respuestas que reciban de los otros servicios del PE.
Asimismo, la CE también tiene mecanismos de protección de los derechos de los consumidores. Por ejemplo, en la web "Consumidores" se ofrece información y asesoramiento sobre diversos aspectos que afectan en general a los derechos de los consumidores, y en particular a su relación con el medio ambiente y la salud, como los juguetes infantiles, los productos peligrosos y las sustancias químicas, la energía, las compras o las vacaciones.
* Consumer.es - ALEX FERNÁNDEZ MUERZA - 27.05.09
Rebelión contra el "desastre ambiental" en Castilla y León
PÚBLICO* : Nunca había ocurrido en la España de las autonomías. Un total de once ONG han pedido al Gobierno que retire las competencias en materia ambiental a la Junta de Castilla y León, del PP, porque creen que ha sobrepasado el límite de lo permisible: envenenamiento masivo de fauna, explotación urbanística de ecosistemas protegidos, reiterados incumplimientos judiciales...
La lista de agravios a la naturaleza es larga y muy grave. Y ante ella y la consiguiente denuncia de las organizaciones, la Junta no quiere hacer comentarios a este periódico.
La Constitución prevé garantías excepcionales para el caso de que una comunidad autónoma no cumpliera sus obligaciones de protección de medio ambiente. Se requiere, en todo caso, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para poder retirar las competencias. Pero para los denunciantes, la última demostración de los desmanes de la Junta ha sido la aparición, en abril, de un nuevo cadáver de un oso en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en Palencia. "Es el decimotercero en diez años", explica Roberto Hartasánchez, presidente del FAPAS (Fondo para la protección de animales salvajes), quien califica a Castilla y León de "sumidero para los osos". A pesar de que es Asturias la comunidad con mayor presencia de este plantígrado, Castilla y León se anota diez de las trece muertes ocurridas desde 2000.
La última prueba de la polémica gestión de la Junta es el documento interno que acaba de salir a la luz, firmado por el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, en el que se autoriza el uso de lazos en plena zona osera durante todo 2008. Es un sistema prohibido tanto por la legislación europea como por la española y que "puede resultar mortal para el oso", puntualiza Hartasánchez, quien sospecha "que ese permiso se haya dado para otras zonas oseras. Todos tenemos presente la búsqueda del oso que arrastró un lazo durante el verano pasado en Páramo del Sil. Siempre pensamos que era un lazo furtivo, pero ahora tenemos dudas", sentencia.
Más trampas
No es la primera vez que Castilla León autoriza lazos para cazar. Ya existe una sentencia condenatoria de los tribunales europeos por la utilización de trampas en zona de nutria en 2006, en Ávila y Salamanca.
Un portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica considera "escandaloso" que parte de la cúpula de la Dirección General de Medio Natural esté imputada por delitos contra el medio ambiente. El actual director, José Ángel Arranz, lo está por la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués. Pero las imputaciones por el mismo caso alcanzan también a su predecesor en el cargo, Mariano Torre, quien a pesar de ello ha sido promovido ahora a máximo responsable de medio ambiente en León. La cadena no termina aquí, pues Torre sustituye en León a otro imputado más, José Luis Blanco, acusado de prevaricación por el incumplimiento del cierre de la mina Feixolín. "¿Es que es indispensable estar imputado para ejercer un cargo de medio natural en Castilla León?", se pregunta el portavoz.
Recientemente, el ex consejero de Medio Ambiente (1991-1999) Francisco Jambrina, ha sido denunciado por el Seprona tras ser sorprendido con una rapaz protegida que había caído en un cepo ilegal en su coto de caza.
Para todas las asociaciones, sin embargo, la principal responsable es la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, la única que, no obstante, ha salido indemne de las imputaciones judiciales. "Tiene una política basada en la explotación de los recursos naturales para favorecer a los grandes intereses y no a los ciudadanos" afirma Javier Escudero, de Ecologistas en Acción. Escudero recuerda la Ciudad del Medioambiente de Soria, aprobada por ley, y lo describe como "un proyecto especulativo de nombre engañoso para urbanizar un soto protegido por la Unión Europea". A su juicio, este precedente está dando alas a la Junta para repetir un esquema similar en San Glorio y construir una macroestación de esquí en una zona también protegida por sus valores naturales.
Un portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica considera "escandaloso" que parte de la cúpula de la Dirección General de Medio Natural esté imputada por delitos contra el medio ambiente. El actual director, José Ángel Arranz, lo está por la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués. Pero las imputaciones por el mismo caso alcanzan también a su predecesor en el cargo, Mariano Torre, quien a pesar de ello ha sido promovido ahora a máximo responsable de medio ambiente en León. La cadena no termina aquí, pues Torre sustituye en León a otro imputado más, José Luis Blanco, acusado de prevaricación por el incumplimiento del cierre de la mina Feixolín. "¿Es que es indispensable estar imputado para ejercer un cargo de medio natural en Castilla León?", se pregunta el portavoz.
Recientemente, el ex consejero de Medio Ambiente (1991-1999) Francisco Jambrina, ha sido denunciado por el Seprona tras ser sorprendido con una rapaz protegida que había caído en un cepo ilegal en su coto de caza.
Para todas las asociaciones, sin embargo, la principal responsable es la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, la única que, no obstante, ha salido indemne de las imputaciones judiciales. "Tiene una política basada en la explotación de los recursos naturales para favorecer a los grandes intereses y no a los ciudadanos" afirma Javier Escudero, de Ecologistas en Acción. Escudero recuerda la Ciudad del Medioambiente de Soria, aprobada por ley, y lo describe como "un proyecto especulativo de nombre engañoso para urbanizar un soto protegido por la Unión Europea". A su juicio, este precedente está dando alas a la Junta para repetir un esquema similar en San Glorio y construir una macroestación de esquí en una zona también protegida por sus valores naturales.
Cinco agresiones contra el medio ambiente
Los topillos
La Junta llevó a cabo tres campañas de envenenamiento entre 2006 y 2007 para atajar la plaga de topillos. Un estudio del CSIC revela que, además de los topillos, se vieron afectadas numerosas especies. Los autores encontraron clorofacinona en el 98% de las palomas analizadas. El veneno se usó en cinco zonas de especial protección para las aves.
Los parques eólicos
La Junta ha reducido los filtros ambientales para permitir la instalación de más de 300 aerogeneradores en Omaña (León), uno de los últimos reductos del urogallo. Un juez paralizó hace un año la construcción del primero de los 17 parques previstos advirtiendo de que no se pueden fragmentar los proyectos para enmascarar su impacto.
La mina Feixolín
Más de 10 años de sentencias firmes de cierre de la explotación de Villablino (León) se han estrellado contra los oídos sordos de la administración autonómica, que sigue permitiendo la actividad ilegal de la mina. El ex jefe del servicio territorial de Medio Ambiente en León, José Luis Blanco, está imputado por un presunto delito de prevaricación.
La Ciudad del Golf
Una sociedad creada en 2000 por la Junta compró en Las Navas del Marqués un pinar protegido. El objeto declarado de esa sociedad era la conservación de los montes. Sin embargo el pinar fue recalificado y vendido para la construcción de 1.600 chalets y un campo de golf. Por estos hechos está imputado el director de Medio Natural, José Ángel Arranz.
Esquí en San Glorio
A pesar del empeño de la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dejado claro, por tres veces, que no puede construirse una estación de esquí en el puerto de San Glorio, entre León y Cantabria. Las leyes europeas, nacionales e incluso autonómicas protegen el enclave por sus valores naturales y la presencia de oso.
«El Gobierno no puede seguir inhibiéndose»
WWF se ha sumado a las críticas del resto de ONG. “La actuación de la Junta denota falta de interés por la conservación”, señala un portavoz. “El Gobierno no puede seguir inhibiéndose. La función de la Administración central es garantizar el cumplimiento de la leyes básicas”, añade.
Las ONG firmantes son Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, FAPAS, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Asociación de Naturalistas Palentinos, Federación de Ecologistas en Acción-Castilla y León, Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Plataforma Filón Verde, Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza (URZ), Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y Asociación Ecologista La Braña.
* Público - M. FERNÁNDEZ / B. MARÍN - MADRID - 31/05/2009
Foto: público.es
El urbanismo salvaje se estrelló en el Parlamento Europeo
ELPAÍS/Valencia* : Ha sido la legislatura en que Europa ha condenado la legislación y las prácticas urbanísticas en el territorio valenciano. Hasta tres informes ha debatido y aprobado -por abrumadora mayoría- el Parlamento Europeo (PE) tras recibir miles de quejas sobre abusos urbanísticos cometidos al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y, después, de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Otras poblaciones de Andalucía, Madrid o Murcia se han visto sometidas al mismo escrutinio, pero el número de denuncias llegadas desde otros lugares de España ha sido mucho menor que las de residentes en la Comunidad Valenciana.
Aunque estos informes no son vinculantes, la Eurocámara pidió a la Generalitat -si bien el interlocutor oficial es el Gobierno español- que eliminase de sus leyes los artículos que provocan indefensión entre los afectados por un plan urbanístico e incluso que se paralizasen los que no se han tramitado con todas las garantías. La presión ha sido grande y la polémica en torno al urbanismo valenciano se ha saldado, además de con los informes, con una denuncia contra España por la falta de transparencia en los procesos de contratación pública. El asunto está pendiente en el tribunal europeo.
De todo esto, o no aparece nada o muy poco en los programas de los grandes partidos que se presentan a las elecciones europeas del 7 de junio. "El urbanismo es una competencia de cada Estado miembro, por tanto, es difícil que aparezca delimitado en los programas. Pero sí se habla de una economía verde, de que Europa debe avanzar en todos los órdenes, también en el urbanístico, hacia la sostenibilidad", apunta el candidato valenciano del PP, José Manuel García Margallo.
Los socialistas hablan de "dar un giro hacia el color verde de nuestro sistema productivo y nuestra forma de vida". Añaden, para evitar equívocos, que en su manifiesto-programa no se alude expresamente al modelo de urbanismo porque es un programa consensuado entre todos los socialistas europeos y no baja hasta el detalle. "Pero está en el espíritu del texto que defendemos la sostenibilidad", precisan. En las candidaturas a las que pertenecen Esquerra Unida, el Bloc Nacionalista Valencià-Coalició per Europa, por citar otros ejemplos, se apela al ecologismo y a la preservación del territorio frente a la especulación. Nadie se sale del guión verde.
Los enfrentamientos a cara de perro entre los eurodiputados españoles del PP y los del resto de fuerzas políticas que se han visto en el pleno del PE o en su Comisión de Peticiones -órgano anejo a la Eurocámara- quedan en tiempo de campaña para el cuerpo a cuerpo en los debates electorales y para los mítines.
El PP acusa al PSOE de "ensuciar" la imagen de la Comunidad Valenciana por apoyar con sus votos los dos primeros informes, ambos críticos con el modelo urbanístico valenciano. El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, lo hizo en el mitin que ofreció el pasado 24 de mayo en Alicante. Pero, de puertas adentro, la desesperación de los eurodiputados españoles del PP ha sido tal, que han exigido a la Generalitat que solucione el problema porque su posición dentro de la Eurocámara era insostenible. Incluso los populares de otros países votaron a favor de estos informes.
Los socialistas se defienden. "Queremos un urbanismo que se rija por el criterio de la demanda, no de la oferta", subraya el número 10 de la lista del PSOE a las elecciones del 7-J, el valenciano Andrés Perelló, en alusión a la política de manga ancha que el Consell de Francisco Camps ha dado a los promotores inmobiliarios.
Sólo formaciones como Esquerra Unida o el Bloc-Coalició per Europa arrojan a la cara de los dos grandes partidos, PP y PSOE, que se opusieran al informe Auken, el último y más crítico votado en el PE. "Estamos hablando de políticas económicas basadas en el ladrillo, en las que han estado en connivencia política, tanto las administraciones gobernadas por el PP como por el PSOE", criticó la candidata de Izquierda Unida, Esther López, en un debate televisado.
Enric Nomdedéu, candidato del Bloc, remata esta idea. "Hemos visto cómo el modelo económico potenciado desde el sector público ha girado en torno a un urbanismo durísimo y depredador, que ha recibido un informe muy severo del PE. Un documento que PP y PSOE han criticado y que el Bloc aplaude".
Los socialistas, que apoyaron los dos primeros informes y rechazaron el tercero, niegan que exista un cambio de posición. "No ha habido tal giro. Lo que no podíamos permitir es que se ponga en duda a las altas instituciones del Estado o se castigue a España con la congelación de fondos europeos, cuando el problema tiene responsables y nombre y apellidos", remacha Perelló.
Desde el PP se aboga por un pacto entre partidos para no utilizar el PE como tercera cámara -tras las Cortes Valencianas y las Cortes Generales- y, sobre todo, para no erosionar la imagen de la comunidad autónoma. Los socialistas están abiertos a un acuerdo urbanístico con el Consell, pero no a la trágala.
La polémica urbanística en Europa
- Tres informes y una denuncia. El Parlamento Europeo ha aprobado tres informes críticos con las leyes urbanísticas valencianas. La Comisión Europea llevó además a España al Tribunal de Justicia europeo a cuenta de las leyes urbanísticas valencianas. Los informes no son vinculantes y la denuncia está pendiente de fallo.
- Miles de supuestos abusos. Hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han llegado miles de denuncias de residentes en la Comunidad Valenciana -muchos de ellos extranjeros- por supuestos abusos urbanísticos cometidos al amparo de la legislación valenciana.
- Informe Auken. Es el tercero y el más duro. Lo elaboró la diputada verde danesa Margrete Auken y fue aprobado el pasado mes de marzo por 349 votos a favor, 110 votos en contra y 114 abstenciones. Eurodiputados socialistas y populares españoles intentaron sin éxito suavizarlo.
- Algunas de las frases más severas. Auken propone que se congelen los fondos europeos a España por no atender las recomendaciones del Parlamento Europeo. Hace
responsable, por acción u omisión, a las tres administraciones -estatal, autonómica y local- del desbarajuste y alude al conchabeo entre concejales, agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras, que estarían al tanto de las irregularidades. Cuestiona la justicia española como medio para obtener reparación y justicia.
* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 31/05/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
El fiscal de Medio Ambiente cree que es necesario demoler para atajar el urbanismo ilegal
LAVOZDIGITAL* : El fiscal de Medio Ambiente en Cádiz cree que la intervención del derecho penal para los atentados más graves del urbanismo ilegal es "estrictamente necesaria" y ha abogado por sentencias que obliguen a la demolición porque, además de castigar al infractor, tienen una finalidad "preventiva". En una entrevista con Efe, Núñez ha afirmado que el derecho administrativo "ha demostrado su incapacidad para solventar el problema de las construcciones ilegales". Ángel Núñez se incorporará el lunes como asesor del Ministerio de Justicia para la reforma del Código Penal, reforma que ha calificado como de "gran calado".
Ha explicado que en esta reforma se traspondrán algunas directrices europeas al derecho penal español y se incluirán nuevas figuras como la libertad vigilada o la responsabilidad penal para las personas jurídicas. En este proceso Núñez asesorará no sólo sobre delitos medioambientales, "aunque en esta materia es donde seré más útil porque puedo aportar un mayor conocimiento".
El urbanismo ilegal es uno de los delitos que Núñez considera que debería tipificarse de otra manera en el nuevo Código Penal y ha declarado que, aunque no sabe si la reforma irá en este sentido, "sería positivo porque actualmente los tipos penales complican que estos casos se lleven por la vía penal hasta las sentencias de demolición".
No obstante, Núñez asegura que estas sentencias de demolición son cada más habituales y que gracias a ellas "comienza a desaparecer la sensación de impunidad de estos infractores frente a la sociedad".
"En los casos en los que no hay demolición se permite que el infractor se quede con el beneficio de su acción, la casa, y esto en otros tipos penales es impensable ya que un ladrón nunca se podría quedar con lo robado", argumenta Núñez.
El asesor del Ministerio de Justicia aboga también por las sentencias de demolición porque "además de castigar al infractor, tienen una finalidad preventiva con respecto a terceras personas a las que se está disuadiendo de construir ilegalmente".
Núñez denuncia que los ayuntamientos no ejercen sus competencias a la hora de imponer la disciplina urbanística como debieran "bien sea por falta de medios o de voluntad política dados los costes electorales que tienen estas medidas que todavía son impopulares, o bien por corrupción".
* La Voz Digital - 28.05.09
