+-+participaenandalucia.net.jpg)
EUROPAPRESS/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado a un año de prisión y nueve de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, incluido el de alcalde, al regidor de la localidad malagueña de Sayalonga, José Luis Navas, por un delito urbanístico, al entender que concedió una licencia "ilegal" y, posteriormente, archivó "sin justificación alguna" el expediente de restablecimiento de la legalidad.
En la sentencia, contra la que se puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, a la que tuvo acceso Europa Press, se condena a Navas por un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, mientras que se absuelve al constructor que había sido acusado por el fiscal por el mismo delito. Además, se declara la nulidad de la licencia concedida al promotor.
La resolución considera probado que el Ayuntamiento aprobó la concesión de licencias de obra para la construcción de vivienda unifamiliar en una parcela de la zona de 'Pago Batahiz' mediante decreto de marzo de 2000 en el que se condicionaba el inicio a la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa.
En ese expediente, el técnico municipal emitió un informe desfavorable al ser terreno no urbanizable. En octubre de 2006, se acordó suspender la ejecución de las obras e incoar expediente sancionador y de restablecimiento de la legalidad, aunque en febrero de 2007, el alcalde dictó otro decreto en el que acordaba el archivo del de disciplina, que se emitió con la disconformidad del secretario municipal.
Para el juzgador, el alcalde "prescinde del criterio del técnico municipal en el expediente de concesión de licencia y del asesoramiento del secretario del Ayuntamiento en el de restablecimiento de la legalidad", por lo que considera que ambos decretos se emiten contraviniendo de forma "palmaria" las normas urbanísticas vigentes.
En este caso, la sentencia indica que se infringió el ordenamiento jurídico "puesto que se otorgó una licencia al margen de cualquier planeamiento". Así, se apunta que conforme a la Ley del Suelo vigente en ese momento "no se cumplen los parámetros urbanísticos ni la obra es susceptible de legalización al no encontrarse afecta a un destino agrícola".
Por otro lado, señala que "no queda constancia" de un informe jurídico externo en el que se apoya el archivo del expediente de disciplina urbanística. El juez considera adecuada la petición de pena hecha por el fiscal, al indicar que "no sólo se concedió una licencia ilegal sino que, posteriormente, se archivó sin justificación alguna el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística".
Respecto al constructor, queda absuelto, y el juez se muestra contrario al criterio del fiscal, que entendía que cuando se iniciaron las obras en 2005 la licencia había caducado. En este sentido, dice que el permiso existía y la caducidad de la misma "ha de ser declarada por la administración concedente". Además, determina que en la licencia no aparecen los parámetros.
* Europa Press - 11.11.09
Foto: Sayalonga (Málaga) - participaenandalucia.net
Condenan al alcalde de Sayalonga a un año de cárcel y 9 de inhabilitación por delito urbanístico
El Ayuntamiento de El Ejido pagó 24.500 euros por un trabajo que cuesta 2.000
,+mar+de+pl%C3%A1sticos+-+J.Rojas+(El+Pa%C3%ADs).jpg)
ELMUNDO/Almería* : Técnicos de las subcontratas de la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, Elsur, pertenecientes a algunos de los empresarios encarcelados en la operación Poniente, se dedicaban a eliminar los partes de trabajo que presentaba cada operario al finalizar su jornada y a cambiarlos por facturas infladas muy por encima del coste real para conseguir que las obras de las empresas alcanzaran las cantidades de los convenios fijados, según se desprende de las primeras declaraciones judiciales y de la documentación conseguida por la Fiscalía Anticorrupción.
Ésta investiga a la trama corrupta de El Ejido, que burló los controles del Plan E con una empresa fantasma.
Con el inflado de las facturas, las subcontratas conseguían alcanzar las astronómicas cantidades consignadas en los convenios anuales firmados por Elsur, que solían ascender a más de seis millones de euros por empresa, aunque también se hacían un gran número de trabajos fuera de canon, lo que incrementaba aún más el dinero recibido desde el Ayuntamiento.
Además de las declaraciones de testigos, la investigación ha conseguido reunir un gran número de pruebas físicas del inflado de las facturas, que fueron 'salvadas' en un gran número de carpetas y archivos a tiempo, antes de que pudieran ser eliminadas. Asimismo, existen al menos dos grabaciones de conversaciones telefónicas en las que responsables de las empresas dejarían meridianamente claro su modo de funcionamiento y la virtualidad de las mismas, pues en la práctica no aportaban material ni vehículos, lo que les permitía conseguir beneficios de hasta el 80% del canon fijado por Elsur para sus obras.
Entre las facturas que han llegado a la Fiscalía se encuentra, por ejemplo, la de un paso de peatones elevados en el bulevar de El Ejido, por las que una de las subcontratas facturó, fuera de canon, es decir, aparte del jugoso convenio anual, más de 27.000 euros. No obstante, el Ayuntamiento la revisó y la rebajó ligeramente, hasta los 24.509 euros, también muy por encima del coste real. El documento está fechado el 13 de marzo de 2006 y se justifica por parte del área de Obras Públicas, que es la que hace el encargo, en el hecho de que «hay un paso de peatones frente a Congelados Express y por ser una vía de mucha longitud los vehículos pasan a gran velocidad. Hacer paso elevado urgente».
En esta factura habría trabajado, según el parte de la empresa, un peón ordinario durante 304,17 horas, es decir, más de 38 días en caso de jornadas laborales de ocho horas. Pero es más, puesto que, junto a él se cobra el trabajo de dos oficiales durante nada más y nada menos que 146 y 149 horas, respectivamente, lo que supone más de 19 días, y un peón especial que habría empleado en la obra 51 horas, o sea más de seis días. En total, sólo la mano de obra durante este largo periodo de tiempo supuso 8.563,79 euros.
ELMUNDO.es ha consultado a empresas del sector que han asegurado que ofrecen a sus clientes la construcción de pasos de peatones elevados por no mucho más de 2.000 euros para un ancho de calzada de cuatro metros. En la factura de la subcontrata también llama la atención el uso de 9.400 adoquines de hormigón gris, con un coste de 1.880 euros, o la instalación de una señal por 1.104,48 euros.
Pero éste no es un caso aislado, puesto que ELMUNDO.es ha tenido acceso a una segunda factura de otros dos pasos de peatones elevados en el barrio de San Agustín por un coste total de más de 32.000 euros, con mano de obra y material muy similar a la anterior. De la misma forma, en el Consistorio fue rebajada también, hasta poco más de 24.110 euros.
A pesar de todo el material que se ha conseguido reunir, todavía se espera lograr más pruebas y testimonios sobre el funcionamiento de las subcontratas. Para ello está previsto que declaren testigos protegidos, a fin de evitar posibles represalias, que son muy temidas entre quienes conocen a fondo el funcionamiento del Ayuntamiento.
«Aunque cueste creerlo, hay verdadero miedo a que cualquier día regresen quienes han mandado aquí y se tomen medidas contra los que hayan salido en la foto», explican fuentes de una de las partes. A este miedo habrían contribuido declaraciones de abogados según los cuales sus clientes podrían quedar en libertad pronto.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 11.11.09
Foto: El Ejido (Almería), mar de plásticos - J.Rojas (El País)
Arenas: El fiscal pide al Supremo la imputación de una senadora del PP
+-+mundofotos.net.jpg)
EUROPAPRESS/Ávila* : El fiscal de la Audiencia Provincial de Ávila ha solicitado que la senadora del PP Carmen Aragón sea imputada por un delito de prevaricación urbanística presuntamente cometido cuando era alcaldesa de Arenas de San Pedro, por lo que pide que la Audiencia Provincial envíe el caso al Tribunal Supremo, por su condición de aforada.
En la resolución de un recurso, el fiscal indica que tanto ella como el resto de integrantes de la Junta de Gobierno Local, como el arquitecto municipal, pudieron cometer ese delito al autorizar que un edificio levantase más altura que la permitida en las Normas Subsidiarias de planeamiento, lo que no fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta, que había suspendido la tramitación de la modificación puntual de las normas.
El fiscal, Juan Miguel Gómez Cortes, aprecia "la existencia de indicios racionales de la comisión de delitos de prevaricación urbanística tipificados en el artículo 320 del Código Penal", ya que el Consistorio no ejerció "sus facultades de disciplina urbanística", y es "flagrante" la ilegalidad del acuerdo.
También la fiscalía subraya que la Diputación se había dirigido al Ayuntamiento "para que tomara las medidas oportunas para proteger la legalidad". El Procurador del Común había solicitado "infructuosamente" informes sobre el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, y el jefe del Servicio Territorial de Fomento requirió informes sobre el recurso de reposición del querellante.
La denuncia fue presentada por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arenas, Javier Soler, de IU, cuando en 2006 era concejal en la oposición.
La senadora se la ofreció declarar de forma voluntaria, indica el fiscal, pero "declinó" hacerlo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Arenas, "prefiriendo mantener su privilegio procesal", por lo que cree que "es el Tribunal Supremo el competente para el conocimiento del asunto y además para enjuiciar también a los no aforados".
Junto a la senadora y ex alcaldesa, ahora concejala, en la denuncia figuran Valentín de León, Alejandro Blázquez, José F. Núñez y Benito Martín de Blas, siendo el último el único que se mantiene como edil.
* Europa Press - 10.11.09
Foto: Arenas de San Pedro (Ávila) - mundofotos.net
Caso Calero: La investigación no descarta nuevos imputados por el desarrollo de una urbanización de 78 viviendas en Telde
,+solar+de+Telpan+-+teldeactualidad.com.jpg)
TELDEACTUALIDAD/Gran Canaria* : Agentes policiales detuvieron ayer al menos a 7 personas por supuesta corrupción urbanística en el marco de la Operación Calero, que investiga presuntas irregularidades en el desarrollo de una urbanización en Telde. Entre los imputados, dos funcionarios, un empresario y el ex registrador y el ex alcalde, Valido.
Sobre la acción policial existen versiones contradictorias, toda vez que, fuentes próximas a los afectados, rechazan la versión de que algunos fueran detenidos, sino simplemente citados a declarar en la Jefatura Superior, tras lo que se fueron a su casa.En cualquier caso, no se descartan nuevos imputados. No hay secreto de sumario en las actuaciones.
Un nutrido grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo ayer al menos a 7 personas vinculadas con el desarrollo de una urbanización en El Calero Alto donde se iban a construir 78 viviendas, según una información de Canarias7 en la que se abunda en la noticia que saltó ayer por la tarde a la primera plana de los periódicos digitales del Archipiélago.
Anoche, al filo de las 23.30 horas, cinco permanecían en la Jefatura Superior de Policía, en la capital, y dos fueron detenidos, declararon y se les dejó ir. El ex alcalde, Francisco Valido, no fue detenido, pero declaró como imputado y para hoy están previstas nuevas citaciones.
Según la información del rotativo de Inforcasa, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Belén Pérez Salido, investiga presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento y cochecho en la reparcelación de esa parcela en 2005, donde se encontraban las instalaciones de Telpan, al pie de la vía de El Calero. No hay secreto de sumario en las actuaciones.
En la noticia se señala además que entre los imputados figura el empresario Félix Machín; un trabajador suyo, Ignacio Calandria; el ex registrador de la propiedad en Telde y actual registrador mercantil, Adolfo Calandria, hermano del anterior; el abogado Miguel Ángel Martín Zurita; el arquitecto y ex redactor del Plan General de Ordenación de Telde, en vigor desde 2002, Jesús Álvarez; el ex jefe de Patrimonio Municipal, el abogado Pedro Pablo Santana; y el ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, José Luis Mena.
Felíx Machín hijo aclara que su padre no fue detenido
No obstante, Félix Machín, de igual nombre, negó ayer que su padre fuera detenido por orden de la jueza, resaltando que en todo caso su progenitor es un afectado por el caso. No obstante, fuentes policiales consultadas por Canarias7 aseguraron a este medio que el empresario fue detenido en sus oficinas y conducido a la comisaría para declarar como imputado en la trama de corrupción desvelada, tras lo cual pudo volver a su casa. Se lamenta Félix Machín hijo de que este trajín afecta a la reputación de su padre, largamente cosechada.
En el marco de esta operación Calero se registraron ayer las oficinas de Félix Machín, en San Gregorio, y el despacho de arquitectos de Jesús Álvarez en la capital. Este último arrancó pasadas las 10.00 y se prolongó más de siete horas.
* Telde Actualidad - 11.11.09
Foto: Solar de Telpan - TELDEACTUALIDAD
Andalucía: Chamizo pide una moratoria que prohíba la edificación en zonas de influencia del litoral
.jpg)
DIARIODESEVILLA* : El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advirtió este martes que el valor "excepcional" del litoral andaluz y su "extraordinaria" fragilidad se han visto dañados por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que pidió a las poderes públicos que apruebe una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.
De este modo, Chamizo, quien entregó el informe Ordenación del Territorio y Urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz realizado por la institución a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, explicó que esta moratoria debería de servir para que los poderes públicos y agentes sociales decidan "cuál es el modelo de ordenación del litoral" que se va ofrecer a las generaciones futuras.
Según lamentó el Defensor, a pesar de la "desaceleración" del ritmo de construcción motivado por la crisis económica, la situación en el litoral andaluz es de "tal gravedad que sus valores naturales no son ya reconocibles en la mayoría de su trazado". No obstante, apuntó que aún quedan algunas franjas del litoral, sobre todo en la provincia de Cádiz, que aún están libres de la especulación y manifestó su temor de que este modelo de desarrollo presente en la costa se extienda al interior "donde el 90 por ciento del territorio es aún recuperable".
Asimismo, recordó que, 20 años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, "todavía queda por aprobar el deslinde definitivo, aproximadamente del 15 o 20 por ciento de nuestro litoral", por lo que instó a las administraciones a "impulsar" el mismo y adoptar "cuanta medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado", contemplando las compensaciones necesarias.
Igualmente, destacó como otras de las cuestiones "más urgentes" en esta materia desveladas a partir del citado informe, es la "ausencia de respeto a la legalidad urbanística y la impunidad con la que se actúa", advirtiendo de que la institución ha podido comprobar "cómo las corporaciones municipales inician expedientes sancionadoras que luego no concluyen o no ejecutan sus resoluciones".
Por ello, solicitó que se "refuercen" los servicios técnicos de los Ayuntamientos a través de convenios con Diputaciones Provinciales y la Junta, así como que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) realice una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.
Además, incidió en la "necesidad" de abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir "más eficazmente" estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se han "evidenciado la existencia de no pocas imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio".
Asimismo, hizo hincapié en que los ayuntamientos impidan que, al amparo de licencias para la construcción de aperos o edificios similares, se construyan viviendas para uso residencial violando la legalidad urbanística e insistió en que, en los procedimientos judiciales en que las administraciones públicas sean parte demandante, soliciten "como norma general la demolición de lo indebidamente construido".
Urbanizaciones ilegales
En cuanto a las urbanizaciones ilegales, de la que existen en Andalucía "al menos unas 1.000", Chamizo reprochó que, pese a tratarse de un problema de "extraordinaria entidad", "muy pocos municipios lo han abordado con el rigor necesario". Por ello, solicitó cuando se trate de parcelaciones en la que no haya prescrito la infracción administrativa, las autoridades "impidan la consolidación de las infracciones", llegando incluso a su demolición si fuera necesario.
En el caso de que dicha infracción haya prescrito, instó a que se acometa su regularización y que los costes de la misma recaiga sobre los promotores o los residentes de las edificaciones "nunca las arcas municipales".
Por otro lado, criticó que "no haya una respuesta suficiente a la extraordinaria demanda de vivienda protegida que existe en la actualidad", advirtiendo de que "si se hubieran asumido los planes en vigor en época de bonanza económica, el problema de la vivienda en Andalucía ofrecería un perfil muy diferente del que ahora tiene", y pidiendo que se procure el acceso a una vivienda digna y adecuada a toda la ciudadanía.
No obstante, afirmó que "estamos demasiados obsesionados con la propiedad", apostando por "fomentar el régimen de alquiler para determinadas edades o situaciones de la vida".
Pervivencia del chabolismo
El Defensor alertó de que "aún perviven tres grandes asentamientos chabolistas en Andalucía, como son Torreblanca y El Vacie en Sevilla y los Asperones en Málaga y apuntó que "la mayoría de los que han desaparecido lo han hecho más por acción de la presión urbanística que por un plan que haya atendido a las necesidades de sus habitantes".
Así, recomendó que en los respectivos planeamientos urbanísticos, se contemple la supresión de estos grandes asentamientos, financiando su demolición y el realojo en viviendas normalizadas con cargo a los promotores de su ejecución, poniendo en práctica los poderes públicos "programas de tutela de intervención social que ayuden a los chabolistas a salir de su situación y que contemplen aspectos laborales y educativos".
De otro lado, Chamizo reprochó que "hay que tener en cuenta" de que la "mayoría de los planeamientos urbanísticos aprobados que hoy se consideran insostenibles incluso por los propios responsables de las Administraciones, obtuvieron en su día el beneplácito de sus órganos más representativos, como los plenos de los ayuntamientos y la aprobación de los órganos autonómicos", por lo que recomendó que, de modo previo a la ratificación de planes urbanísticos se "evalúen sus previsiones en términos ambientales y sostenibles".
También subrayó que es "fundamental" que los municipios de Andalucía digitalicen la documentación urbanística a fin de ponerla a disposición de toda la ciudadanía y fomentar un urbanismo "más participativo y de transparencia absoluta".
Por otro lado, consideró "lamentable que todavía existan vertidos agrícolas y urbanos sin depurar adecuadamente", por lo que demandó la realización de un estudio de las instalaciones existentes de depuración de aguas residuales en los municipios del litoral, las características de los emisarios y le número y entidad de los vertidos directos al mar para sanear las playas andaluzas.
Además, señaló la pervivencia todavía en suelo andaluz de muchos pasos a nivel, por lo que recomendó que se supriman con "la mayor rapidez posible", priorizando aquellos de mayor riesgo.
En general, el Defensor lamentó que los "continuos cambios del régimen jurídico de la ordenación urbanística han dificultado la creación de un escenario normativo permanente", por lo que sugirió que las próximas modificaciones "se aborden esforzándose por conseguir las máximas cotas de consenso".
* Diario de Sevilla - E. P. - 10.11.09
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) - J.Rojas (El País)
