ELPAÍS* : La policía apunta a Díaz Alperi como cerebro del amaño del PGOU de Alicante. Trece años en el sillón de una alcaldía, paradigma del denominado desarrollismo urbano, y cuatro más en el escaño de un Parlamento regional, es el bagaje político de Luis Díaz Alperi. El exregidor de Alicante y actual diputado autonómico del PP ha cosechado en estas casi dos décadas un abultado historial de imputaciones judiciales, el grueso de ellas vinculadas al urbanismo y otras a sus ruinosos negocios privados.
El exalcalde afronta ahora otro enésimo cara a cara con la justicia: la rama del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La policía apunta a que la piedra angular de la trama corrupta es Alperi.
Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, junto a otras 15 personas están acusados por el fiscal. El juez ya ha imputado formalmente a Ortiz, al redactor del plan, Jesús Quesada, y a otras cinco personas. La imputación de los dos alcaldes del PP de la ciudad está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dada su condición de aforados.
Para el trenzado de la red, según el sumario del caso Brugal, el exalcalde utilizó como puente a la firma Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa, y del exedil socialista Javier Gutiérrez. Junto al despacho Salvetti Abogados, la trama, siempre según las diligencias, incluye dos nudos gordianos: los promotores locales Antonio Solana (este no está ni implicado ni acusado) y Enrique Ortiz. Solana tuvo un protagonismo destacado en los inicios de la carrera de Alperi en la alcaldía, cargo al que accedió acosado por las deudas y con sus empresas privadas embargadas (una firma inmobiliaria y una empresa de comida rápida). Solana obtuvo millonarias plusvalías en operaciones impulsadas por el Ayuntamiento. El empresario llegó a ofrecer a Alperi incluso casa, pero el regidor declinó y que dejó entrever su sueño: "Prefiero tener un yate que una casa".
Al filo de cerrar su etapa en la alcaldía, en abril de 2008, Solana vuelve a aparecer en la vida de Alperi. El alcalde compró al promotor el 50% de una firma dedicada al negocio inmobiliario, la sociedad Andarx Business. Al mes la sociedad adquirió un yate por 600.000 euros. La embarcación, y una segunda que también tiene la empresa, pasó a ser propiedad de Alperi en febrero de 2010, cuando compró el 49% restante de las acciones por 1.502 euros. En la línea de la funesta estrategia empresarial de Alperi, Andarx Busines, también está embargada, según consta en el Registro Mercantil.
Alperi dejó la alcaldía en septiembre de 2008 con la Fiscalía Anticorrupción pisándole los talones por el desfalco de Mercalicante y el caso de los aparcamientos subterráneos. El TSJ exoneró meses más tarde a Alperi en ambos sumarios.
Alperi legó a Castedo la vara de mando sin culminar su otro sueño: un nuevo Plan General. Lo intentó sin éxito en la recta final de mandato, cuando contrató al afamado arquitecto Lluís Cantallops. El profesional no se plegó a los deseos del alcalde, y éste lo despidió.
En febrero de 2008, adjudicó la redacción del plan a una firma del arquitecto Jesús Quesada. Esta empresa ya tenía previamente un contrato de colaboración con una mercantil de Gutiérrez. Este, junto con José Luis Castedo, crearon en diciembre de 2008 el bufete Salvetti Abogados. En julio de 2010 la empresa de Alperi firmó un contrato de asesoramiento con la de Gutiérrez por 2.500 euros al mes.
Las relaciones de Ortiz y Alperi no han sido menos llamativas. El promotor ha cimentado su imperio económico a la sombra del Gobierno de Alperi. En compensación, según el sumario, en otras supuestas dádivas, el promotor regaló al alcalde un viaje en jet privado a Creta.
Pese al negativo balance de su negocio privado, Alperi ha pasado de la ruina en el inicio de su carrera política a los regalos de lujo, entre ellos, un reloj Franck Muller, valorado en 24.000 euros, al diputado del PP Ricardo Costa, según recoge el sumario de caso Gürtel.
Endogamia política para perpetuarse
El veterano político Luis Díaz Alperi, padre de tres hijos, ya tiene quien siga sus pasos en el seno familiar. Su hija Elisa Díaz, exdiputada autonómica en el anterior mandato, descabalgada en última instancia de la lista al Ayuntamiento de Alicante, es la nueva directora territorial de Urbanismo de Alicante.
El acceso al cargo de la hija del exregidor y ahora diputado autonómico se produce en pleno auge de la rama del caso Brugal que investiga una supuesta trama corrupta vinculada al trámite del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, cuyo cabecilla, según el sumario, sería precisamente Alperi. Elisa Díaz no solo tendrá competencia sobre el planeamiento de la capital sino sobre el total de los municipios de la provincia.
El PGOU de Alicante fue aprobado provisionalmente, por segunda vez, por el Ayuntamiento de Alicante en mayo de 2010. El documento está pendiente del visto bueno definitivo de la Generalitat Valenciana.
El nombramiento de la hija de Alperi al frente del urbanismo de Alicante ha provocado las criticas de la oposición. Así, Francesc Signes, portavoz del PSPV de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en las Cortes Valencianas, ha señalado que "lo único que conocemos del currículo de la nueva directora territorial de Urbanismo de Alicante son las imputaciones de su padre". "Un ejemplo más del nepotismo que el PP ha instalado en un Consell que antepone sus intereses partidistas a las necesidades de los valencianos".
Por su parte, la diputada autonómica de EU Esther Barceló exigió ayer la dimisión inmediata de la alcaldesa Castedo. "Resulta intolerable la existencia de un informe contra el fiscal, lo que demuestra que Castedo y su clan están diseñando un contraataque dirigido a todo aquel que denuncie sus operaciones", señaló López.
* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 25/09/2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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LEVANTE/Valencia* : Después de tres décadas de intrigas, Salvem el Botànic puede decir que ha vencido, que ha salvado el jardín más valioso de Valencia de las tramas urbanísticas. Es el triunfo de la ciudadanía por encima de los juzgados y los vaivenes políticos.
El próximo 30 de septiembre se celebrará una fiesta en el solar de Jesuitas. Será la celebración de un triunfo ciudadano, de un colectivo vecinal que ha conseguido evitar que el entorno del Jardín Botánico se convierta en una mole de hormigón y cristal destinada con uso hotelero. Dieciséis años de concienciación han permitido conseguir un objetivo que los tribunales habían negado reiteradamente. Y eso que la refriega ha tenido lugar en los años más salvajes del urbanismo valenciano. La cara del vencedor es Salven el Botànic, el primer "salvem" de Valencia y referencia clara para muchas otras reivindicaciones dentro de la ciudad. Lo formaron, allá por el año 1995, un grupo de vecinos y profesionales que no veían con buenos ojos la construcción de tres torres de veinte alturas en un solar enclavado entre el cauce del río, la Gran Vía Fernando el Católico y el Jardín Botánico, que toda la vida había sido un espacio verde y puerta de entrada al Colegio de los Jesuitas.
"Es un problema paisajístico y visual, de protección de un entorno rodeado de bienes de interés cultural, como el Jardín Botánico, la iglesia de San Miquel y San Sebastián o el mismo centro histórico de la ciudad, cuya perspectiva quedaría muerta para siempre", explicó el portavoz del colectivo, Pascual Requena.
Su trabajo era complicado, pues el problema venía de lejos y había pasado por muy diferentes etapas. Fue en el último Plan General de la dictadura franquista, allá por el año 1969, cuando se habló por primera vez de levantar tres torres de treinta plantas con una zona comercial. Luego el alcalde socialista Ricard Pérez Casado firmó un convenio con la Compañía de Jesús para rebajar esa edificabilidad a trece plantas, pero luego la Generalitat presidida por Joan Lerma rectificó a su alcalde y calificó el solar como uso escolar, discrepancia que se saldó con la dimisión del primer edil.
Empezó entonces un proceso judicial largo y farragoso que en 1995 dio luz verde a la construcción de las tres torres de veinte alturas antes citadas, las que hicieron saltar a la arena al colectivo Salvem el Botànic.
Había que trabajar, por tanto, en ese frente judicial y también en el frente ciudadano, convenciendo a una administración, ahora ya encabezada por la alcaldesa Rita Barberá, que apoyaba la construcción, y trasladando su queja a la gran opinión pública.
Y no tardó en dar resultados. El Ayuntamiento de Valencia ofreció una permuta de terrenos a los tres propietarios del solar: el hotelero Antoni Mestre, Lladró y el constructor Onofre de Miguel, que para entonces ya habían comprado los terrenos a la Compañía de Jesús. Los dos últimos aceptaron y materializaron la permuta, permitiendo así la construcción del actual Jardín de las Hespérides, lindante con el botánico. Pero Mestre no accedió y mantuvo su idea de levantar un gran hotel, bautizado desde el principio como "Cristal Palace". Es más, inmediatamente presentó un boceto del mismo con 11 plantas de altura. Inasumible para los vecinos, que reanudaron su protesta.
Volvió a intervenir entonces la Generalitat Valenciana, esta vez para declarar Bien de Interés Cultural en entorno del Jardín Botánico y rebajar toda construcción posible a tan sólo 5 plantas.
Pero esto no hizo sino generar un nuevo proceso judicial. Antoni Mestre, o mejor dicho el Grupo Expo Hotel, recurre ante el Tribunal Superior de Justicia y también lo hace, pero para evitar cualquier construcción, el colectivo Salvem el Botànic, que empeña todas sus energías en un proceso judicial difícil y costoso.
Era el año 2006 y en 2009 el TSJ dio la razón hotelero, razón que ratificó definitivamente en abril de este año el Tribunal Supremo.
Pero debajo de este periplo por los tribunales, la reivindicación vecinal había hecho su trabajo de sensibilización, había calado en la sociedad, en los vecinos y también en el hotelero y el Ayuntamiento de Valencia, que un año antes habían abierto una nueva negociación para tratar de resolver el problema con otra permuta, sin necesidad de ceñirse al dictamen de los tribunales.
Esa buena voluntad se mantuvo incluso después de conocerse la sentencia del Supremo y, de hecho, apenas un mes después se dio a conocer el acuerdo que salvaba definitivamente el solar de Jesuitas.
Expo Grupo podrá construir su hotel en la Avenida de Aragón, en el edificio del nuevo Ayuntamiento que por decisión de la corporación municipal actual fue jubilado con apenas 24 años.
A cambio, el Ayuntamiento se queda con el solar de Jesuitas y lo cede a la Universidad de Valencia para que amplíe el Botánico, el objeto supremo de salvación.
No se había vencido en los tribunales, pero se había convencido a la sociedad en pleno. Y ese ha sido su gran éxito, el éxito ciudadano.
* Levante - José Parrilla - 25.09.11
Foto: Valencia, salvem el botanic - levante
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JUAN LUIS PAVÓN* : Los extremos se tocan. Y se necesitan. Sevilla tiene en desuso edificios de oficinas, antiguas fábricas (Artillería), mercados (Puerta de la Carne), promociones de viviendas, cuarteles, iglesias (Santa Lucía), parques industriales (Arte Sacro), los pabellones más grandes de la Expo'92 (Navegación y Futuro), almacenes (Vilima), presuntos museos (Monsalves) y, para colmo, al largo etcétera se le suma el rutilante espacio de producción cultural construido por la SGAE en la Cartuja, que tiene todas las trazas de ser culminado para convertirlo en el Monumento al Desuso. La crisis agudiza en Sevilla el horror vacui y sólo los grafiteros se empecinan en ocupar superficies.
En esas cuitas estamos cuando la Asociación La Matraka, representativa del ambiente de cultura alternativa que palpita en la Alameda, ofrece un curso de formación en Ocupación legal de espacios en desuso. Estrategias para una reactivación ciudadana de entornos urbanos. Lo imparten desde el próximo martes el arquitecto Santiago Cirugeda y el abogado Juan Luis Pérez-Marín. Cuentan con la colaboración del Cicus (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla).
Tal como está el panorama, más ruinoso que el descubierto por el poeta Rodrigo Caro en Itálica, al curso van a tener que apuntarse desde los jóvenes con vocación de okupa hasta los miembros del Foro Gaesco, desde los directivos de la Gerencia de Urbanismo a las cooperativas culturales, desde los emprendedores sociales a los mandos de Agesa, las asociaciones vecinales, las consultoras que ponen en órbita centros comerciales o las fundaciones de bancos y cajas. Eso sería Aula de la Experiencia... y de la Convivencia.
De perdidos al río, es hora de que la ortodoxia biempensante y formalísima se atreva a experimentar de la mano de un heterodoxo como el sevillano Cirugeda, especializado por toda España en aprovechar los vacíos legales en favor de la comunidad para probar sus recetas urbanas. Y de vacíos estamos llenos, instalados en el fracaso como resultado de la aplicación de las mismas recetas de siempre.
* Diario de Sevilla - Opinión - 24.09.11
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ELPAÍS* : Jueces para la Democracia (JdP) ha emitido hoy un comunicado en el que aboga por regular la dación en pago, de modo que la entrega de la vivienda permita saldar la deuda hipotecaria de los afectados. El apoyo de la asociación de jueces a esta medida coincide con la celebración, esta tarde, de manifestaciones en 50 ciudades españolas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para exigir el fin de los desahucios y la puesta en marcha de un alquiler social. En esa línea, JdP destaca su "preocupación" ante los "crecientes desalojos en procedimientos hipotecarios, que están dejando sin vivienda a decenas de miles de familias". "Se trata de deudores de buena fe, que han pedido sus ingresos en el contexto de una crisis de la que no son responsables, sin que desde las instituciones públicas se hayan adoptado medidas suficientes de protección", añade el comunicado.
Por ello, JpD también defiende la conveniencia de promulgar una ley "que regule el sobreendeudamiento de los particulares y pequeños empresario, así como la adopción de medidas de amparo hacia las personas afectadas y medidas de aplazamiento de los pagos.
Además, sostiene la asociación, "sería oportuna la previsión de que los jueces puedan moderar de forma equitativa las consecuencias jurídicas de los procedimientos hipotecarios, de manera similar a lo establecido en la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos".
Para JdP, la crisis económica ha puesto en evidencia que la legislación en materia hipotecaria "limita las posibilidades de defensa de los ciudadanos" y, además, da "ventaja procesal" a las entidades bancarias, por lo que sería necesaria una "regulación más detallada" para evitar esa situación "de superioridad". "La responsabilidad universal establecida en la actual legislación provoca que los ciudadanos pierdan su hogar y que, además, las entidades bancarias todavía puedan reclamarles cantidades económicas importantes de elevada cuantía ante la deuda pendiente de amortización, lo cual resulta, manifiestamente injusto", sostiene el comunicado.
Según la asociación, aunque la estabilidad del sistema financiero "resulta importante en una situación como la presente, pueden limitarse los beneficios del sector bancario, sin que ello afecte a su estabilidad, para fortalecer intereses generales dignos de protección", como el derecho fundamental a la vivienda o la existencia de equilibrio procesal para que los afectados por las ejecuciones hipotecarias no se encuentren en situación de desventaja.
* El País - 25.09.11
Foto: Hipotecas, casita con fondo - cincodias
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