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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Madrid dispone desde hace años de aplicaciones informáticas que le permiten controlar al detalle qué funcionarios tramitan las licencias, cuánto tiempo tardan, en qué juntas de distrito los retrasos son más largos y cualquier otro detalle que los responsables municipales quieran averiguar sobre el sistema de gestión de las licencias que otorgan. Estas aplicaciones vienen desarrollándose en la administración municipal desde hace muchos años, en algunos casos desde 1991, pero es tras la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón a la alcaldía, en 2003, cuando se desarrollan las versiones más modernas y que van entrando en funcionamiento a partir de 2005.
La información que ofrecen estas aplicaciones, por ejemplo, demuestra que algunos distritos tardan el triple que otros en tramitar una licencia. Chamberí, en un extremo, tardaba el pasado mes de junio 449 días en tramitar licencias bajo el sistema "ordinario común", mientras Vicálvaro sólo 157, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Otro dato de interés es que mientras Centro y Chamberí tenían el pasado mes de marzo apenas el 36% y el 38% de los expedientes que tramitan terminados, en la mayoría de los distritos -Moratalaz, Arganzuela, Hortaleza o Barajas, por citar algunos- ese porcentaje alcanzaba el 60%, el 70% o, incluso, el 80%.
Una de estas aplicaciones cuenta incluso con un mecanismo de alerta, llamado "semáforo", que supuestamente avisa, entre otros detalles, de cuando un procedimiento o trámite se prolonga más allá de lo razonable, según desveló un trabajador municipal.
Los resultados de estas aplicaciones, en resumen, ofrecen una clara visión de la situación de las licencias en todo Madrid yseñalan los puntos negros -cuellos de botella, en el argot administrativo municipal- donde el sistema es más ineficaz y tarda más en resolver sus expedientes. Y estos distritos son Centro y Chamberí, precisamente en los que ha estallado la Operación Guateque, en la que hay siete funcionarios acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y en los que trabajaban parte de los imputados.
La posición mantenida por los responsables del Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, desde el estallido del caso, ha sido reducirlo a una trama formada por funcionarios corruptos a los que desde los cargos políticos era imposible detectar.
¿Tenían noticia los responsables políticos de esta información, contenida en su propio sistema informático? ¿Les hizo sospechar de algo? ¿Tomaron alguna medida?
Las dos concejales protagonistas del pleno extraordinario celebrado ayer sobre la Operación Guateque, Pilar Martínez, de Urbanismo, y Ana Botella, de Medio Ambiente, no dieron ninguna pista que permita responder a estas preguntas. Se mantuvieron fieles al guión. Si la trama de corrupción "era un secreto a voces, todos estábamos sordos", llegó a decir Martínez.
Este periódico trató de averiguar por la tarde hasta qué punto se sabía en el Ayuntamiento que los problemas de licencias se concentraban en unos pocos puntos de la administración municipal, aquéllos en los que ha estallado la corrupción.
Y se topó con la sorpresa de que dos concejalías se pasaban la pelota, ninguna de ellas queriéndose hacer responsable de unos datos ofrecidos por fuentes del propio Ayuntamiento.
Pilar Martínez negó que en Urbanismo tuvieran noticia de los retrasos acumulados en Centro y Chamberí. "No está entre nuestras competencias ni tenemos los mecanismos de control para saber qué hacen las juntas de distrito", insistió Martínez. "Cualquier dato sobre los tiempos de concesión de licencias en los distritos es responsabilidad de las propias juntas de distrito y, en segundo lugar, de Coordinación Territorial. Nosotros no los tenemos", repitió Martínez.
Un responsable de la Concejalía de Coordinación Territorial explicó al detalle uno de los sistemas informáticos (Sigsa) y la gran cantidad de información que de él se puede obtener. Pero sobre los datos que EL PAÍS quería contrastar, Coordinación Territorial le devolvió la pelota a Urbanismo. "Estos datos salen del sistema aplicado por Urbanismo en los últimos años. Nuestro sistema no los presenta de esta manera", aseguró este responsable. Ningún portavoz del Ayuntamiento logró casar estas dos versiones enfrentadas.
La propia Martínez confirmó que en 2003, tras llegar a la concejalía, adoptó varias medidas para modernizar la gestión de su departamento y la concesión de las licencias en Urbanismo. Una de estas medidas fue sacar un concurso, ganado por una consultora, para diseñar y aplicar un nuevo sistema de gestión de las licencias de Urbanismo los criterios de calidad certificados internacionalmente.
Grandes diferencias
Pero este sistema, según Urbanismo, se limitaba al trámite de sus propias licencias y no a las de las juntas de distrito, sobre las que dijo desconocer cualquier detalle. La versión de Coordinación territorial, en cambio, es que es el nuevo sistema de gestión aplicado por Urbanismo el que ofrecía los datos segmentados por distritos y el que pone de manifiesto las grandes diferencias entre ellos.
El problema de los puntos negros, según responsables municipales, se vio agravado por la política de personal. "Si en una junta se tramitaban 1.000 licencias y en la otra 5.000, por ejemplo, el número de funcionarios no era proporcional. Desde el Ayuntamiento no se evitó que unos pocos funcionarios acabaran tramitando muchas licencias, facilitando el hecho de que se acumularan retrasos que facilitaban que surgiesen prácticas ilícitas", admitió un responsable. Otro factor que ha contribuido a enquistar el problema ha sido la "falta de rotación de los funcionarios, una política sencilla y que evita que alguien acabe conociendo tanto el sistema que surjan complicidades indeseadas".
* ELPAIS.com - ORIOL GÜELL - Madrid - 29/11/2007
Foto: Madrid, nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)
Gallardón conoce desde 2005 los 'puntos negros' de las licencias
Barcelona: Los vecinos de las Glòries denuncian la paralización del plan de reforma
ELPERIÓDICO* : Aunque la macrorreforma de la plaza de las Glòries y su entorno hay que interpretarla en clave de previsiones a largo plazo (la conclusión no se vivirá, como mínimo, hasta el 2013), el inicio de la ejecución del plan municipal, aprobado el pasado marzo, tiene a los vecinos con la mosca detrás de la oreja. Las cuatro asociaciones que los representan (Fort Pienc, Sagrada Família, Clot-Camp de l'Arpa y Poblenou) denunciaron ayer el incumplimiento de los compromisos municipales pactados para este año y la paralización del plan.
Una afirmación que, literalmente, era irrebatible hasta anoche, ya que el documento aprobado hace ocho meses con el voto a favor de cuatro de los cinco grupos municipales (el PP se abstuvo) no ha recibido aún el visto bueno de la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat. Un trámite imprescindible para poner en marcha el proyecto que, según anunció el concejal del distrito de Sant Martí, Francesc Narváez, se vivirá finalmente en diciembre.
DESVÍOS DE SERVICIOS
Narváez, que participó en un debate convocado por los vecinos para protestar por el retraso de las obras, justificó la situación actual en el retraso de la aprobación. A pesar de ello, dijo que el equipo de gobierno "no ha perdido el tiempo" y ha realizado diferentes "desvíos de servicios imprescindibles para empezar a trabajar, como el del colector que pasa por debajo de la calle de Escultors Claperós.
Estas palabras no tranquilizaron demasiado a los vecinos, que le recordaron que temas que ya debían estar solucionados siguen en el aire. Uno de ellos es el del traslado de los vehículos del depósito municipal que hay en el interior del anillo viario de la plaza. Este paso, anunciado para el pasado enero, se ha ido aplazando a pesar de que el párking donde irán los coches, ubicado a unos metros de distancia, bajo el futuro edificio Ona, ya está acabado.
De ese traslado depende el calendario de derribo parcial del anillo viario que, según acordó el ayuntamiento con los vecinos en un convenio firmado también en marzo, ha de ejecutarse el año que viene. Otro compromiso incluido en ese acuerdo, bautizado como Compromiso para Glòries, era el de solucionar el futuro del mercado de los Encants.
Ya es seguro que irá a un solar ubicado entre la plaza y el Teatre Nacional de Catalunya, conocido como El Bosquet. Sin embargo, y tal y como avanzó este diario el pasado día 14, no está decidido aún el proyecto arquitectónico. Tras presentar una propuesta a los paradistas en abril, que ellos daban por buena y apoyaba el Instituto Municipal de Mercados, esta ha quedado ahora aparcada a la espera de que se convoque un concurso internacional.
PLAN DE MOVILIDAD
Tampoco se ha puesto en marcha el plan urgente de mejora de la movilidad en la zona, mediante la potenciación de las líneas de bus que operan en los barrios afectados. Los portavoces vecinales denunciaron que desde junio no han tenido ninguna reunión de seguimiento con el ayuntamiento que les ha convocado ahora para una cita el 11 de diciembre.
* El Periódico - ALBERT OLLÉS / XABIER BARRENA - 28/11/2007
Foto: El anillo de las Glòries (a la izquierda), y la Torre Agbar, junto a almacenes que esperan su derribo / RICARD CUGAT (elperiodico.com)
Imputados los tres ex alcaldes de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)
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CANARIAS7* : La juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1, Inmaculada Verona Rodríguez, ha comunicado hoy que los tres ex alcaldes de San Bartolomé de Tirajana José Juan Santana Quintana, Marco Aurelio Pérez Sánchez y Concepción Narváez Vega están imputados de los delitos de Prevaricación administrativa y Contra la ordenación del territorio. Así mismo, Juan Viera Pestana, también ha sido imputado como cooperador necesario de los mencionados anteriormente.
El ex alcalde de San Bartolomé de Tirajana permaneció la mañana de este viernes durante dos horas y media ante la juez para declarar por un presunto delito de corrupción urbanística por el que ha sido imputado junto con otros dos ex alcaldes. Además, Santana argumentó que las resoluciones judiciales surgieron cuando él ya no estaba legislando.
José Juan Santana, ex alcalde de Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana, defendió a la salida de los juzgados del municipio que durante su mandato “el Ayuntamiento se dedicó a cumplir un convenio urbanístico” que afectaba a las parcelas T6 y T1 de El Tablero.
Santana manifestó, tras prestar declaración durante dos horas y media ante la juez Inmaculada Verona Rodríguez en Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, que por los informes jurídicos se aprecia que el proceso en el que se cuestiona la propiedad de los terrenos surge entre 2001 y 2003,una fecha en la que ya él estuvo pocos meses en el Ayuntamiento.
“Fue mucho después cuando surgieron las resoluciones judiciales”, aseveró. Añadió que “hasta ese momento, el Ayuntamiento estaba convencido de que estaba ante un convenio urbanístico y no había sido denunciado por nadie. Es más, los que firmaron ese convenio disfrutaban de lo convenido y por tanto, el Ayuntamiento, también de las contraprestaciones recibidas”.
Por su parte, Marco Aurelio Pérez, ex alcalde ‘popular’ del municipio, estuvo sólo durante media hora declarando y se presentó ante la juez con un voluminoso paquete de documentos para acreditar su inocencia.
En torno a las 15.00 horas, Pérez abandonó las dependencias judiciales y se negó a hacer declaraciones sobre las respuestas que proporcionó a los seis letrados que asistieron a la comparecencia, que no fue interrumpida una vez que se cerraron al público las puertas del edificio.
La tercera en declarar fue Concepción Narváez, ex edil socialista, que al cierre de esta noticia continúa declarado ante la juez Verona.
IMPUTADOS
Los tres imputados acudieron a los Juzgados de San Bartolomé poco antes de las 10.00 horas, en primer lugar Santana y Narváez y poco después Pérez. A los tres se les imputa un delito de prevaricación urbanística por haber permitido, mientras estaban en el gobierno municipal la construcción de viviendas de protección oficial en un terreno particular sin la autorización de la familia Viera Pestana, propietaria de los mismos.
Los terrenos corresponden a las parcelas T6 y T1, ubicadas entre el campo de fútbol y el colegio Aguañac, situadas en el barrio del Tablero, en el municipio sureño.
Al parecer, en el marco de esta investigación también se encuentra un litigio entre la propia familia pues varios de sus componentes han denunciado a la persona que tenía poderes para firmar la venta de los terrenos. Es por ello que uno de los integrantes de la familia ha tenido que acudir hoy también a declarar en calidad de imputado.
Discuten mediante cruces de querellas que la rúbrica del apoderado es falsa y que por tanto no los representa, una denuncia que fue presentada en el año 2002, según ha podido conocer ACN Press.
El conflicto entre las seis familias y los más de 200 herederos de Viera Pestana se remonta al año 95 cuando se aprueba el convenio para urbanizar El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana.
* Canarias 7 - ACN Press - 28/11/2007
Foto: San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) - radiobardino.com
La Audiencia decide que haya 64 juicios por el caso Andratx
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DIARIODEMALLORCA* : La sección segunda de la Audiencia de Palma ha establecido en un auto que las 64 piezas separadas del llamado caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad y desvelada hace un año, se enjuicien de una en una, como postulaban la fiscalía anticorrupción y los acusadores particulares Josep de Luis y Miquel Borrás.
El tribunal respalda la instrucción del complejo caso de presunta corrupción urbanística llevada a cabo por el juez Álvaro Latorre desde agosto del año pasado y admite que hubiera sido "absolutamente impracticable" celebrar una única vista oral para las decenas de acusados en las 64 piezas separadas.
Las defensas de los principales implicados en el sumario -el ex alcalde por el Partido Popular (PP) Eugenio Hidalgo, representado por Rafael y Salvador Perera; el suspendido celador municipal de obras, Jaime Gibert, asesorado por Juan Luis Matas; y el antiguo director general de Ordenación del Territorio del Govern del PP y factotum durante años del urbanismo municipal, Jaume Massot, representado por el bufete Capellá, recurrieron ante la Audiencia por la fragmentación del caso.
No ven delitos continuados
Los recurrentes, entre otros argumentos en contra de la celebración de vistas independientes, alegaron que el sistema de piezas separadas les estaba causando indefensión. Sin embargo, la Audiencia no ha apreciado que la instrucción del juez Latorre haya causado indefensión a las partes, que han podido proponer cuantas diligencias y actuaciones han estimado adecuadas para sus tesis exculpatorias.
Los recurrentes, por otro lado, se quejaron de que los juicios separados pueden conllevar penas superiores para los principales acusados que las derivadas de una única causa donde los hechos se podrían agrupar como delitos continuados.
Sin embargo, la Audiencia rechaza dicha tesis y no ven mucho fundamento a la aplicación en el caso Andratx de la figura del delito continuado.
"Cada pieza separada trae causa de la posible comisión de un delito urbanístico alrededor del cual giran otras supuestas figuras legales(...) (y) lo cierto es que no se advierte por este tribunal en qué podía consistir la continuidad delictiva pretendida por las partes", señalan los magistrados.
Según la Audiencia, la división del sumario en piezas para su investigación y enjuiciamiento independiente tiene su pleno apoyo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El método escogido por el juez y las acusaciones, y ratificado ahora, permitirá, en opinión de la sala segunda, agilizar la causa y dará pie a una mejor defensa para los imputados, pues sabrán de forma más concreta qué cargos pesan sobre ellos.
Los magistrados admiten en su resolución que la celebración de un único macroproceso para los 64 expedientes urbanísticos del caso Andratx hubiera sido inviable.
La decisión de la Audiencia era algo esperado en medios jurídicos próximos al caso. Otras fuentes han comentado que la Justicia insular no está preparada para celebrar una vista oral con decenas, o incluso centenares, de partes.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ - PALMA - 29 de noviembre de 2007
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
Detenido el alcalde de Totana por presunta corrupción urbanística
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ELPAÍS/Murcia* : La Guardia Civil ha detenido al actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, al actual jefe de la Policía Local y a la secretaria municipal por la presunta trama de corrupción que ha puesto al descubierto la Operación Totem en dicho consistorio. En las próximas horas es posible que se detenga a otro empresario relacionado con la trama. La Guardia Civil, previo desalojo de los empleados del Ayuntamiento de Totana, están realizando en estos momentos registros en las dependencias del consistorio.
Pocos antes, los seis primermos detenidos en Murcia por la presunta trama de corrupción en el ayuntamiento de Totana han pasado a disposición judicial poco antes de las ocho de la mañana.
El ex alcalde ? actualmente diputado regional por el Partido Popular - es el principal sospechoso de la presunta trama de corrupción que ha sacado a la luz la Operación Totem que va por seis detenidos por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales por el pago de comisiones para recalificar más de 2,2 millones de metros cuadrados rústicos para construir 5.040 viviendas.
Entre los seis primeros detenidos se encuentran la ex mujer del ex alcalde de Totana, Juan Morales, y su actual pareja. En el registro de la vivienda de María del Carmen Jordán, ex mujer de Juan Morales e imputada en el caso, los agentes encontraron numerosos documentos oficiales del Ayuntamiento de Totana, que según fuentes de la investigación no deberían estar en poder de una particular.
También se encontró documentación oficial del Ayuntamiento de Totana en la asesoría de Jordán. Preguntada por los agentes, la ex mujer de Morales aseguró que ella era una simple secretaria de la empresa, y que era realmente su marido, Juan Morales, quien dirigía a los empleados.
Fuentes de la investigación aseguran que los agentes interceptaron un maletín en poder del abogado personal de Morales, Javier Cegarra, con documentación importante para la investigación. El letrado colaboró, a través de su empresa, en la elaboración del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Totana, en los años en los que Morales estuvo al frente del Ayuntamiento (2003-2007).
El actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), rescindió el contrato del Ayuntamiento con la empresa de Cegarra, que ejercía labores de consultoría en el área de Urbanismo por 1.800 euros al mes. Preguntado por EL PAÍS, el abogado de Morales aseguró: "Lo que puedo asegurar es que ya no soy el letrado de este señor, Juan Morales, porque he renunciado a defenderle. No quiero saber nada de él, porque bastante me ha perjudicado. Pero quiero que tengan en cuenta que en el bufete Cegarra no tenemos nada que ver con ningún tipo de delito".
Fuentes de la investigación no descartan nuevas detenciones en las próximas horas en otros municipios murcianos.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 29/11/2007
Foto: Totana (Murcia), operación contra corrupción - laverdad.es
Más del 60% del suelo no edificado en España está en manos de particulares
20MINUTOS* : Más de 29 millones de hectáreas, representativas del 61% del suelo no edificado español, tanto urbano como rural, está concentrado en manos de particulares. Así lo indica el último Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España, presentado en Madrid por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, en el que también se indica que las personas físicas gestionan 193.077 hectáreas de suelo urbano no edificado, el 42,1% del total, porcentaje que asciende al 61% en el caso del rústico -47,4 millones de hectáreas-.
El estudio detalla que en 2006 la mayor concentración proporcional de la propiedad de suelo en manos de individuos se da en el noroeste peninsular, de forma que personas físicas del área urbana de Vigo-Pontevedra poseen un 60% del suelo urbano, mientras que en el área central de Asturias tienen un 80% del rústico.
Asimismo, destaca que en las zonas urbanas de Madrid, donde las administraciones públicas son titulares de la mayoría de la superficie edificable, diez empresas acumulan 23 millones de m² y uno de ellos es titular de 166 parcelas de suelo urbano que ocupan casi 6 millones de m².
Nos gusta la ciudad
Durante el acto, la ministra también señaló que cuatro de cada cinco españoles viven en ciudades, y sin embargo sólo son urbanos 1.054 municipios -una octava parte del total-, que ocupan una superficie de unos 100.000 kilómetros cuadrados y sobre los que se levantan más de 16 millones de viviendas.
El 13% de los municipios españoles ocupa el 20% de la superficie total del país y concentra a más del 80% de la población y del parque de viviendas principales.
En cuanto a las viviendas existentes en España en 2001, el informe destaca la elevada proporción de viviendas secundarias (16%) y vacías (14,8%) sobre el conjunto de inmuebles familiares.
* 20 Minutos - 28.11.2007
Viñeta de Máximo - 250707 - ELPAIS.com
Piden cuatro años de cárcel para el ex alcalde de Cervelló (Barcelona)
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EUROPAPRESS* : La Fiscalía pide cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para el ex alcalde de Cervelló (Barcelona) Josep Lluís Morant (CiU) por presuntamente aprobar por su cuenta un proyecto de compensación urbanística en un área del sector "Can Esteve", ignorando el rechazo acordado en 1995 por la mayoría del pleno municipal.
En la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona se juzgó hoy al ex alcalde por los delitos de falsedad en documento oficial y de prevaricación administrativa, por los que tanto la acusación particular --ejercida por el Ayuntamiento de Cervelló-- como la Fiscalía le piden también el pago de una multa de 4.320 euros.
Los hechos se remontan al 16 de enero de 1995, cuando ocho de 13 concejales votaron en contra del proyecto de compensación urbanística durante el pleno municipal. El alcalde supuestamente hizo "caso omiso" del acuerdo y dictó un decreto que aprobaba el proyecto de forma definitiva, actuación por la que el consistorio interpuso una querella en 2002.
Según las acusaciones, Josep Lluís Morant dictó el decreto alegando que se había producido un silencio administrativo positivo, ya que en tres meses no había quedado resuelto el proyecto por parte del pleno, faltando así "conscientemente a la verdad".
En dicho decreto, también se acordaba que el secretario del Ayuntamiento de Cervelló expidiese la certificación para aprobar el proyecto de urbanización del sector de "Can Esteve", propuesto por la empresa Firmes y Hormigones, que luego fue aprobada por la Comisión de Urbanismo de Barcelona de la Generalitat. Finalmente se le concedió la licencia para la ejecución de las obras.
Durante su declaración, el ex alcalde justificó su actuación alegando desconocía el marco legal, y aseguró que siguió las instrucciones del secretario, quien le advirtió de que si no dictaba el decreto la empresa Firmes y Hormigones podía demandarle.
Asimismo, según Morant, el secretario le aseguró que el proyecto no había sido rechazado por el pleno municipal, sino que "no se había llegado a un acuerdo", por lo que se debía presentar una nueva propuesta. Si ésta no se planteaba en los tres meses siguientes, podía considerarse la existencia de silencio administrativo positivo.
Por su parte, el ex secretario, Enric G.G., aseguró durante su declaración como testigo que se limitó a hacer su trabajo y que interpretó que no se había llegado a un acuerdo en el pleno, en vez de que se había rechazado, por lo que los concejales hubieran tenido la obligación de presentar una nueva moción para rechazarlo.
En este punto, el tribunal consideró que se podía deducir testimonio de las declaraciones del ex alcalde y del ex secretario, ya que éste también podía haber incurrido en delito. Por ello, para evitar la nulidad del juicio, la Sala permitió a Enric G.G. que no respondiera a las preguntas que le pudieran perjudicar, pese a que declaraba en calidad de testigo.
La defensa de Josep Lluís Morant, por su parte, pidió la absolución del ex alcalde y, en caso de que la Sala decida dictar una sentencia condenatoria, solicitó que tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, ya que los hechos han tardado siete años en llegar a juicio.
* Diario Siglo XXI - 28 de noviembre de 2007
Foto: Cervelló (Barcelona) - esquerra.cat
Reclaman más eficacia a la fiscalía de medio ambiente y urbanismo de Madrid
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El pasado mes de septiembre el Fiscal General del Estado nombró como Fiscal Delegado de Medio Ambiente, en Madrid, a Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez. Por ello, diferentes colectivos ecologistas y vecinales [1], entre ellos Ecologistas en Acción, han enviado una carta al fiscal dándole la bienvenida. Los colectivos, al mismo tiempo, reclaman mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia ambiental y urbanística en la Comunidad de Madrid.
Ecologistas en Acción y el resto de colectivos consideran que en los últimos años se ha incrementado el número de actuaciones contrarias a la legalidad urbanística y ambiental en la Región. Por ello, el número de denuncias interpuestas también ha sido mayor. A esta situación contribuye, según ecologistas y grupos vecinales, los escasos medios e interés que las diferentes administraciones competentes ponen al servicio de la inspección y control de las actuaciones que se desarrollan en el medio natural. Incluso, en numerosas ocasiones, son las administraciones locales, autonómicas e incluso estatales las que se ven involucrados o favorecen actuaciones delictivas.
En este contexto consideran esencial la labor de las Fiscalías de Medio Ambiente. El trabajo de esta institución se ha demostrado esencial en la persecución y esclarecimiento de actuaciones delictivas en diversas Comunidades Autónomas. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid la falta de medios y personal ha mermado la eficacia de la fiscalía.
Ecologistas en Acción y el resto de colectivos confían y desean que la nueva composición de las secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías Territoriales, establecida por una Instrucción aprobada, en abril de 2007 -por el Fiscal General del Estado a propuesta del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher- contribuya a mejorar la situación en Madrid. Según esta Instrucción, las Secciones de Medio Ambiente deben estar integradas por un Fiscal Delegado y Fiscales Adscritos (con ámbitos territoriales concretos). Además se podrá contar con subsecciones dentro de la sección de medioambiente para atender separadamente distintas materias, como pueden ser los delitos de incendios forestales o delitos contra la ordenación del territorio. En Madrid, de momento no se tiene constancia del nombramiento de estos últimos, pero ya se ha solicitado la información al nuevo Fiscal Delegado.
[1] Los colectivos que se han dirigido al Fiscal de Medio Ambiente son: Ecologistas en Acción de Madrid, Ecologistas en Acción de Aranjuez, Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares, ARDEA-Ecologistas en Acción de la Sierra de Ayllón, Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible, Collado Mediano y Sostenible, ALANA (Asociación Vecinal de Los Arroyos y Navalquejigo-El Escorial)
* Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid 28 de noviembre
Foto: Madrid - ecologistasenaccion.org
Barcelona: 500 personas participan en el cabaret de la Makabra
LIBERINFO* : Desde las 15 horas del domingo el colectivo de la Makabra ofrecía talleres de circo a todo aquel que se acercara, inaugurando así la jornada circo-activa itinerante de Poble Nou. En la plaza situada frente al centro cívico Can Felipa los artistas han comenzado el día invitando a todo el mundo a participar, reivindicando así activamente la calle como espacio de creación y formación artística. A las 17 ha dado comienzo el pasacalles, el cual ha tenido un recorrido por los símbolos emblemáticos de la especulación en el barrio de Poble Nou.
Primero se ha dado la bienvenida a la nueva casa okupada La Teixidora, de ahí se ha ido de manera festiva hasta el antiguo recinto fabril de Can Ricart, okupado durante 13 días por la Makabra el diciembre pasado. Y en el cual ya se han efectuado derribos, destruyendo así, con el beneplácito del Ayuntamiento y la Generalitat, parte del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad.
De ahí se ha llegado hasta la torre Agbar, edificio parcialmente vacío, en el cual se ha realizado la acción simbólica de dinamitación, mostrando así el rechazo a un edificio-emblema de la especualción en la ciudad de Barcelona.
La última parada ha sido el solar en el que estaba ubicada el CSOA Makabra, espacio de creación artística libre, desalojado ahora hace un año. Aquí se ha pintado un mural antiespeculación, se han proyectado fotos recordando todas las actividades y espacios que albergaba la Makabra (skate-park, sala de ensayos, sala de danza, teatro, gimansio de circo...), en el mismo lugar donde ahora se encuentra un solar afectado por el plan 22@.
Finalmente la manifestación ha llegado a la plaza de Can Felipa, donde desde las 20:15 se está llevando a cabo un cabaret con actuaciones diversas de gran altura, ya que la cultura libre es la forma de creación artística en la que la experimentación y la calidad no tienen límites.
También se ha presentado el segundo número de la revista Abramakabra
Con esta jornada circo-activa itinerante la Makabra denuncia:
1. La falta de espacios de creación libres.
2. El abuso de la especulación y la destrucción de los barrios
3. La persecución de los artistas de calle, a pesar de que la marca Barcelona se ha nutrido de ellos durante años.
4. La destrucción del patrimonio histórico de la ciudad, como Can Ricart.
¡No aCABARETmos nunca!
más información: lamakabra.org
* Kaos en la Red - Liberinfo - 26.11.2007
Foto: Barcelona, cartel La Makabra - lamakabra.org
