KAOSENLARED* : Felisa, Camila, Dulia y Albina son cuatro amigas que superaron ya hace tiempo los 80 años. Todas las mañanas y todas las tardes se juntan en el Parque Mendicouague en Santander. Allí hablan, se cuentan sus cosas, se ríen y disfrutan con ello cada día que pasa. Ahora están temerosas de que todo se pueda acabar porque el ayuntamiento de Santander tiene pensado construir un aparcamiento subterráneo en los terrenos donde se encuentran los bancos en los que ellas se sientan desde hace muchos años.
Este Parque público, logro de antiguas reivindicaciones vecinales, se encuentra amenazado por la posible construcción de un aparcamiento subterraneo con varias plantas en su interior..
Este vídeo es un pequeño reflejo de la inquietud y el malestar, de unas personas octogenarias, que ven peligrar su entorno y su merecida tranquilidad, en definitiva su calidad de vida.
Un faraónico y caciquíl proyecto de carácter mercantilista, encabezado por un alcalde y su equipo de gobierno, que no tiene otro fín que la especulación de un suelo público.
Para ver el vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=MM38qROpW1s
* Gabriel Escribano - Asociación Cívico Vecinal Parque Mendicouague
* Kaos en la Red - Gabriel Escribano | Asociación Cívico Vecinal Parque Mendicouague - 7.07.09
Foto: Santander, parque Mendicouague - kaosenlared.net
Parque de Mendicouague, Santander - Una llamada a la coherencia
Almuñécar: Benavides tiene pendientes 65 contenciosos
LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, acaba de ser condenado a 28 meses de cárcel y a otros 28 de inhabilitación especial por un delito de coacciones cometido contra la empresa adjudicataria de la televisión municipal en 2004. No deja de resultar curioso que esta última sentencia judicial, que el regidor ha recurrido, se centre en un asunto que nada tiene que ver con el urbanismo, cuando es precisamente la ordenación urbanística la que lo ha llevado más veces a los tribunales.
En la actualidad, Benavides tiene pendientes más de 65 contenciosos administrativos interpuestos por la Junta contra acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sexitano, lo que convierte a Almuñécar en el municipio granadino con mayor número de expedientes en materia de disciplina urbanística. Según fuentes judiciales, la mayoría de los casos (alrededor de medio centenar) se refiere a acuerdos municipales relativos a órdenes de ejecución, proyectos de urbanización o declaraciones de innecesariedad de licencia que infringen el ordenamiento territorial.
Durante la tramitación de estos procedimientos judiciales se ha dictado una quincena de medidas de suspensión cautelar, con la intención de obligar al Ayuntamiento a paralizar sus actuaciones para garantizar la finalidad del proceso legal y el interés general. Desde el año 2004, además, se han solicitado al gobierno municipal unas 35 revisiones de oficio de acuerdos municipales que la Junta consideraba contrarios a derecho.
Más enemigos. De todos es conocido el enfrentamiento abierto que Benavides mantiene con la Junta de Andalucía, a la que ha acusado en más de una ocasión de impulsar un "complot" contra su persona. Pero el alcalde sexitano tiene otros muchos frentes abiertos. De hecho, según fuentes cercanas al Ayuntamiento, desde el año 2004 se han presentado más de 220 denuncias contra acuerdos urbanísticos del gobierno local de Almuñécar, y la mayoría tenía detrás a colectivos o particulares, no a la Junta. Lo que sí ha hecho en este tiempo la Consejería de Obras Públicas es realizar más de cien visitas de inspección en el municipio para comprobar la veracidad de esas denuncias interpuestas por terceros, una comprobación que, en algunos casos, ha dado lugar a nuevos trámites judiciales abiertos de oficio por los técnicos de la propia Consejería.
Durante su ´aventura´ como alcalde, la gestión de Benavides también ha sido seguida de cerca por otras administraciones o autoridades, que se han interesado por actuaciones urbanísticas concretas realizadas por el gobierno local sexitano. De hecho, según ha podido saber La Opinión, en los últimos cinco años la Junta ha tenido que emitir más de 15 informes a petición del ministerio fiscal, de los órganos jurisdiccionales o de la Guardia Civil.
A pesar del rosario de contenciosos que arrastra, Benavides continúa en su línea de defender su inocencia y recurrir, unas tras otra, todas las sentencias que se le imponen. Almuñécar, mientras tanto, sigue teniendo el ´honor´ de ser el pueblo granadino con más juicios abiertos por presuntos delitos urbanísticos.
* La Opinión de Granada - M.A.R. - 12-07.09
Foto: almuñecar - motrildigital
Edificaciones rurales en peligro de muerte
LEVANTE/Valencia* : La ciudad tiene más de 300 edificaciones rurales en condiciones deficientes que están abandonadas por sus propietarios y desde la administración no se arbitran planes para recuperarlas y dotarlas de uso público ni tampoco se obliga a los dueños a mantenerlas en debidas condiciones.
Más de 300 edificaciones características de la arquitectura rural, como alquerías, barracas y casas rurales, existentes en el termino municipal de Valencia en suelo urbanizable se encuentran en unas condiciones deficientes.
Los motivos han sido la ausencia de interés de las administraciones para exigir a sus propietarios a mantenerlas en condiciones y en el caso de las destinadas a equipamiento público pocas son donde se han acometido obras desde las instituciones para mantenerlas. La mayoría de los inmuebles se encuentran en un estado de abandono y en riesgo de desaparición si no se interviene.
Las consecuencias directas de esa situación han sido el expolio de materiales en los edificios abandonados; los incendios se han sucedido y las alteraciones en su estructura se han hecho sin control patrimonial alguno. En los últimos meses han tenido lugar incendios en varios edificios históricos sitos en Benicalap y en Sant Isidre sin que desde el ayuntamiento se haya anunciado medida alguna para impedirlos.
El concejal socialista Juan Soto ha sido el último que ha dado la voz de alarma sobre la situación de las edificaciones rurales. Su planteamiento ha caído en saco roto debido a que la respuesta del equipo de gobierno ha sido que "mientras ellos piden planes nosotros rehabilitamos".
La realidad es bien diferente porque los altos costes de las obras han dado lugar a aparcar esos proyectos a la espera de que los privados lo ejecuten o que los dueños lo hagan, como ha sucedido con una en la zona del Camí de Montcada. De las actuaciones directas del consistorio sólo hay una en marcha en unas edificaciones en la calle Santa Rosa rehabilitadas por escuelas taller y sin un obrero en meses y meses hasta hace unos días.
El concejal de Urbanismo, Jorque Bellver, explicaba que "en los últimos años hemos recuperado 20 y otras se declararan Bien de Relevancia Local en la revisión del PGOU con lo cual se darán mayores garantías para su conservación e incrementar el nivel de protección".
Y lo último que se aprobó fue en noviembre de 2008 cuando se encargo a Aumsa la elaboración de un estudio de paisaje que incluya el catálogo rural del término municipal.
La revisión del plan al que hace referencia Bellver incluye las siguientes alquerías como Bien de Relevancia Local (BRL). Estas son la del Rey, en el Parque de Cabecera; la de Fonda, en Poble Nou; la del PI, en Casas de Bárcena; la de San José y el Pino Hermoso, en el Camino Viejo de Godella, la de La Torre, en la ampliación el Parque de Benicalap; la de Ferrer, en el Camino Molino de Campaneta y la de Rocatí en el camino del mismo nombre.
El Consell Valencià de Cultura ha urgido al ayuntamiento a poner en marcha un plan para recuperar el patrimonio que desde la oposición han reclamado y denunciado en diversas ocasiones. Así han puesto sobre la mesa las malas condiciones de más de 60 edificios. Entre ellos figuran la Alquería del Moro y la de Julià, el conjunto de edificaciones de Benicalap Norte o la de Falcó de Torrefiel.
Un ejemplo de la falta de control sobre las edificaciones es la Alquería de Volante de propiedad municipal situada junto al bulevar sur. A principios de 2000 ocurrió un incendio y quedó abandonada pero el equipo de gobierno del consistorio la incluyó como edificio relevante en una oposición.
De las ocho camino de BRL cinco están abandonadas
Ocupadas, incendiadas, puertas destrozadas y tejados en malas condiciones con peligro de hundimiento. Ese es el panorama con el que el ciudadano se encuentra cuando se acerca a cinco de las alquerías camino de la más alta protección. La del Rei, que se encuentra junto al Bioparc, esta abandonada y ha sido ocupada en distintas ocasiones; la de La Torre está junto al parque de Benicalap y está ocupada por familias rumanas y forma parte de la permuta que el Valencia C.F. debe formalizar desde hace años con el ayuntamiento. La tercera edificación es la de Ferrer sita en el Camino de la Campaneta y completamente abandonada. La cuarta es la de Rocatí, en Faitanar, que ya ha tenido varios incendios y la del Pi, en Casas de Bárcena que se ha apuntalado para evitar que se derrumbe. Hasta el momento no existe un plan de recuperación ni tampoco intenciones a corto plazo para rehabilitarlas.
* Levante-EMV - PACO VAREA - 12.07.09
Foto: Edificaciones rurales en peligro de muerte - levante-emv.com
La tensión urbanística en Val Miñor ha provocado asaltos y palizas a concejales
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ELPAÍS/Pontevedra* : Las tensiones urbanísticas, singularmente en Nigrán y Gondomar, han provocado palizas a concejales, quema de coches, la toma por asalto del Ayuntamiento de Nigrán para impedir la aprobación de un planeamiento... ¿Es el Val Miñor sitio distinto?
El clima más soleado, que anima a tomar la calle, y la tradición "guerrera" de Vigo, que germina en el tardofranquismo como un rasgo de talante y se difunde por su área de influencia, convergen para estimular las movilizaciones vecinales de protesta frente a decisiones urbanísticas, en el Val Miñor como en O Morrazo, y podría admitirse como un rasgo sociológico diferenciador. Pero que en ningún caso agota las explicaciones de la realidad.
El Val Miñor, apunta la urbanista Ana Fuentes, se integra en el área desarrollada de Galicia que agrupa al 80% de la población y de la economía autonómicas, vertebrada por la autopista AP-9, que ha introducido cambios muy rápidos en los procesos económicos y sociales. Todas las Rías Baixas están bajo esa impronta, con Sanxenxo como referente alternativo de conflictividad urbanística. "Clasificar esos municipios como rurales marca una disociación con la realidad social y económica que viven y protagonizan. No reconocer el desfase implica que no le vamos a dar solución", afirma Fuentes.
En ese marco general ha incidido en las últimas décadas la especulación salvaje del suelo, que ha movido cantidades ingentes de dinero a la vista de todo el mundo, también de los propietarios del suelo, estimulados así a pedir siempre más, y, cómo no, para pagar la corrupción intachable que menudea, de manera comprobada, entre políticos, funcionarios, asesores y técnicos de la comarca.
El frecuente choque del interés general con los particulares ha levantado chispas y crispaciones como las que se citan, expresiones puntuales que son de una realidad más pesarosa y permanente: las ronchas de feísmo y caos en un territorio de natural bello y armonioso.
* ELPAIS.com - P. C. - Vigo - 12/07/2009
Foto: Val Miñor (Pontevedra) - flickr.com
Proyecto urbanístico del “Nou Mil.leni”, bajo la huerta está el negocio
REBELIÓN* : El urbanismo postmoderno llega a la localidad valenciana de Catarroja, en plena comarca de l’Horta, con el proyecto denominado “Nou Mil.leni”, que prevé la construcción de una ciudad nueva, de 13.446 habitantes, sobre la única zona de huerta que queda en el municipio. Con la ejecución de este proyecto urbanístico, ejemplo de ocupación del territorio en el País Valenciano durante los últimos años, Catarroja pasaría de los 28.000 habitantes con que cuenta actualmente, a cerca de 50.000. La polémica ha acompañado a este plan urbanístico desde su alumbramiento. Y no sólo por estar plagado de “irregularidades urbanísticas”, según denuncia el colectivo Salvem Catarroja, sino por la trayectoria de sus protagonistas: el alcalde de Catarroja, Francisco Chirivella, la constructora Llanera y el Instituto Valenciano de la Vivienda de la Generalitat valenciana (IVVSA).
El “Nou Mil.leni” es el proyecto con el que el municipio de Catarroja identificará a quien ha sido su alcalde durante una década, Francisco Chirivella, del Partido Popular. El primer edil ha llegado hasta el punto de convocar un pleno extraordinario, en el que se votaban dos recursos de particulares contra el “Nou Mil.leni”, a las ocho y media de la mañana; o hacer coincidir el mes de exposición pública para presentar alegaciones, con el periodo vacacional.
A pesar de estas casualidades, el hecho más grave, según las denuncias de Salvem Catarroja, es la utilización “arbitraria” de la policía local contra todo aquél que se oponga al alcalde. De hecho, una orden directa de Chirivella obligó a desmontar una falla que satirizaba su proyecto. El máximo responsable del Ayuntamiento, que ha utilizado las televisiones locales para denigrar a sus críticos, controla con mano de hierro esta institución. Un control que se pone de manifiesto con los listados de personas que la policía local tenía para “cachear” antes de la entrada a los plenos.
La otra pata del negocio es la empresa Llanera, que en octubre del año pasado reconocía ante el juez una deuda de más de 700 millones de euros. La compañía tenía en proyecto 24 urbanizaciones con campo de golf en el litoral mediterráneo, con un sistema bien definido: adquisición de grandes bolsas de suelo rústico –a precio muy barato- para una posterior reclasificación a “residencial”, con el visto bueno de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos). El objetivo final, un modelo de vivienda turística asequible, pensada en buena medida para el mercado británico.
Llanera no era una empresa desconocida para el gran público. Sus campañas de marketing agresivo se reflejaban en el patrocinio (por sumas exorbitantes) del Valencia Club de Fútbol, el Charlton (equipo de la liga de fútbol inglés), la orquesta sinfónica de Xàtiva o los grandes anuncios “monoposte”. Funcionaba como una fábrica del “boom” inmobiliario (a finales de 2006, 736 trabajadores estaban empleados en Llanera sin que existiera en la compañía comité de empresa).
Según fuentes consultadas, el crecimiento de la empresa se acelera vertiginosamente a partir de 1995, cuando Eduardo Zaplana accede a la presidencia de la Generalitat valenciana. El declive de Llanera coincide, asimismo, con el ocaso del político de Cartagena. Las aspiraciones frustradas a la construcción del nuevo estadio de Mestalla, que finalmente Juan Bausita Soler, a la sazón presidente del Valencia; el presidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps; y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, adjudicaron a las Koplowitz y a Construcciones Bertolín, marcaron el final del imperio Llanera.
El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) es una empresa pública de la Generalitat, que tiene como objetivo teórico “facilitar el acceso a una vivienda digna, de calidad y en un entorno habitable a los ciudadanos”. A pesar de esta declaración de principios, el que fuera consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, impulsó en 2005 ocho “empresas mixtas” (en la que el IVVSA participa con empresas privadas) para fomentar, según la declaración de principios, la construcción de VPO. Uno de estos consorcios es IMPROVA, formado por el IVVSA y Llanera con el fin de desarrollar Nou Mil.leni.
La excusa es la vivienda social. Pero, en la práctica, el instituto público se aleja de su finalidad y se embarca en todo tipo de proyectos descabellados. Con el constructor alicantino Enrique Ortiz, el IVVSA forma otra “empresa mixta” para ejecutar el proyecto “Gran Manises”, que consiste en la reclasificación de 1,4 millones de metros cuadrados y la construcción de 9.400 viviendas. O se lanza a la aventura del Plan de la Vega de Cullera (conocido como el Maniatan), que prevé 33 torres de hasta 25 alturas y cinco mil nuevas viviendas.
Otras veces el IVVSA colabora con empresas públicas, como AUMSA (propiedad del Ayuntamiento de Valencia). Las dos entidades controlan el 55% de Cabanyal 2010 SA, encargada de ejecutar la “prolongación” de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.
Todas estas actuaciones han estado envueltas por una gran polémica. Además de la oposición de colectivos ciudadanos y movimientos sociales, la Comisión Europea impugnó el año pasado las “empresas mixtas” y pidió su disolución por no respetar las directivas en materia de contratación pública. Lo mismo hizo el Síndic de Comptes, al determinar que había quedado “sin contenido” el objeto social de las empresas.
Dos personajes –principal y subalterno- sobresalen en este panorama de desmanes urbanísticos. El consejero Rafael Blasco, que pasó del FRAP en tiempos de la dictadura franquista, a responsable de las políticas urbanísticas con el PSOE y, más tarde, con el PP; y su mano derecha, el ex gerente del IVVSA, José Fermín Doménech, premiado por su gestión al frente del instituto público con el cargo de director general de la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, y después como responsable de la empresa municipal Nuevos Espacios de Torrent.
Un programa urbanístico bajo sospecha
En mayo de 2009 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana suspendió de manera cautelar el programa “Nou Mil.leni”, al considerar que no se acreditaba la suficiencia de agua para las nuevas edificaciones. Un mes después, otro auto del (TSJ) confirmó la paralización, esta vez, por incompatibilidad entre ocupación de suelo prevista y criterios de sostenibilidad ambiental.
Pero los autos judiciales son sólo algunos de los elementos que hacen del “Nou Mil.leni” un programa urbanístico bajo sospecha. En diciembre del año pasado, el alcalde de Catarroja convocó -en día y hora que no invitaban demasiado a la participación- un pleno extraordinario en el que se aprobó un aumento de las cesiones por parte de los propietarios de terrenos a las empresas promotoras, Llanera y el IVVSA. Desde algunos sectores se ha interpretado esta medida como un intento de dar respiración asistida a una empresa como Llanera, actualmente en suspensión de pagos.
Si de algo no cabe duda es que este proyecto implica una ciudad nueva y un nuevo modelo urbanístico para Catarroja. Por esta razón resulta inexplicable la aprobación del “Nou Mil.leni” por parte del Ayuntamiento y la Consejeria de Medio Ambiente sin que antes se revisara el Plan General del municipio, como han denunciado Salvem Catarroja y la oposición municipal.
* L'Accent
* Rebelión - L'Accent - 7.07.09
