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HUELVAINFORMACIÓN* : Sentencias, autos y providencias. Estas palabras del lenguaje jurídico son ya habituales más allá de la información de sucesos y tribunales, han pasado del ámbito meramente judicial a convertirse en piezas del puzzle urbanístico de la capital y de la provincia.
Dos autos judiciales han marcado la actualidad urbanística de la semana, dos resoluciones en tribunales referidas a cuestiones urbanísticas. Algo que hace unos años era excepcional se ha convertido en algo común; que sean los tribunales los que diluciden si una actuación o decisión urbanística es correcta o no.
Los órganos judiciales han tomado nota y la Fiscalía ha creado un área de urbanismo y medio ambiente, no es para menos. Las denuncias relacionadas con el urbanismo han ido en crecimiento y en el caso de la capital en los últimos años no ha habido un proyecto de envergadura que no haya llegado a los tribunales, casi siempre por una diatriba entre equipo de Gobierno municipal y oposición, o Ayuntamiento y Junta de Andalucía, digna de estudio.
El inicio podría marcarse en el caso Isla Chica, cuando el alcalde fue denunciado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, un delito contra la ordenación del territorio y fraude en la contratación por la venta de los terrenos del estadio Colombino, una causa que fue archivada por el juez. Pero no fue ésta la única demanda que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre Isla Chica: el Alto Tribunal también desestimó dos recursos de la Junta de Andalucía, contra un convenio urbanístico y contra el acuerdo plenario en el que se reconoció la deuda del Recreativo.
El caso Isla Chica ha sido hasta ahora el paradigma de proyecto urbanístico bloqueado en lo administrativo y judicial (y pese al desbloqueo, aún no se ha comenzado la urbanización). El Ensanche Sur ha recogido el testigo de Isla Chica, con un último auto denegando las medidas cautelares solicitadas por la Consejería de Obras Públicas al TSJA, y una auténtica ristra de asuntos en los tribunales: una demanda de Gobernación resuelta a favor del Ayuntamiento y otra de Obras Públicas pendiente de resolver, además de un fallo que determina que el número de viviendas debe bajar.
Endesa ha sido otro de los casos sonados que se acaba de cerrar en el ámbito judicial, pero la lista es larga. El PSOE y la Junta denunciaron la licencia de obras del edificio de la plaza del Cine (con fallos en contra y en el segundo caso a favor del Ayuntamiento, prevaleciendo este último) e interpuso dos recursos referentes al nuevo mercado: la modificación del planeamiento de Pescadería (también con resolución a favor del Consistorio) y los cambios en el proyecto de ejecución del mercado.
También ha habido demandas en el ámbito provincial, la última en salir, la referente al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental, denunciado por el Ayuntamiento de Punta Umbría. Otra muestra de que el urbanismo, cada vez más, se decide en los tribunales.
* Huelva Información - 18 de mayo de 2008
Foto: Huelva, Ensanche Sur - Efren (guiadehuelva)
Huelva: Urbanismo a golpe de sentencia
Más de 200 personas protestan en Candeleda contra la urbanización
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ÁVILADIGITAL* : La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda ha reunido a más de 200 personas para protestar por el comienzo de las obras que captan agua, dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, con destino a la urbanización Candelas de Gredos.
Con el lema “Duelo por Castañarejo. No dejes que las máquinas te quiten el agua”, en la protesta celebrada en la plaza del Castillo este sábado se oyeron frases como “Sierra verde” y “Ni un metro más de hormigón”, a la vez que exigieron que el Ayuntamiento candeledano paralice los trabajos, según el manifiesto leído por Jesús Morcuende, quien dijo que “si se destruye el patrimonio natural se pierde el turismo”.
Jesús Dútil, portavoz de la plataforma, que anunció una nueva manifestación para dentro de dos semanas, ha dicho que “los candeledanos no pueden permitir que se lleven el agua”, para referirse al “permiso caducado” con el que cuenta la empresa promotora, Dávila Monteblanco SL, que es de 12 litros por segundo para 431 chalés y 200 plazas hoteleras, frente a los ocho litros por segundo con que cuenta la localidad, de más de 5.000 vecinos.
La plataforma alega que la autorización de la promotora para, en un paraje situado junto al arroto Castañaejo, ocupar el monte público caducó hace cuatro años y la de captación de agua hace tres, y se pregunta si cuentan con licencia municipal y han pagado fianza para ocupar la vía pública antes de iniciar las obras para instalar tuberías y construir un depósito.
El portavoz de la plataforma ha desmentido que las obras hubieran sido paralizadas por el Seprona. Lo sucedido es que agentes de este cuerpo acudieron al lugar -a instancias de integrantes de la plataforma- el jueves, al día siguiente de iniciarse los trabajos, e impusieron una sanción sin parar las obras, si bien los trabajadores de la empresa no siguieron con ellas, pero reanudaron sus labores el viernes.
* Ávila Digital - Carlos de Miguel - 17.05.2008
Foto: Concentración en Candeleda contra la construcción de una urbanización - aviladigital.com
Las nuevas investigaciones sobre el ´caso Paraíso´ aumentará la lista de imputados
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LAPROVINCIA* : A final de junio se cumplirá un año del comienzo de una de las investigaciones contra la corrupción municipal más espectaculares de Gran Canaria: la Operación Paraíso, caso que sigue bajo secreto de sumario y que hasta hoy se ha cobrado siete imputados por cohecho, aunque la gran cantidad de documentación intervenida y los vínculos de los implicados con políticos en activo amenaza con aumentar la lista de procesados.
Y es que, según se desprende del tipo delictivo atribuido a esas personas, por los despachos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana campaba a sus anchas una red de sobornos y comisiones a cambio de la adjudicación de obras, contratos y favores de distinta naturaleza. Una cadena de funcionarios, empresarios y cargos públicos que tiene como presunto cabecilla al concejal Pacuco Guedes, imputado por malversación y tráfico de influencias, además del cohecho que pesa sobre el resto de inculpados. El edil fue detenido el penúltimo día de junio y pasó siete meses en prisión preventiva, incorporándose luego a la oposición.
La jueza, Almudena de la Rosa Marqueño, envió igualmente a prisión a Alejandro Navarro, propietario de la empresa Mazotti, que también está imputado en la Operación Faycán. Las pesquisas le señalan como receptor de las supuestas comisiones, aunque tanto él como Guedes trataron de justificar la legalidad de los tratos investigados.
Una de esas cantidades asciende a 240.000 euros y fue abonada por Navarro para pagar la reparación del barco Atlantiss, cuyo dueño es Jonás Guedes, hijo del concejal y otro de los acusados por cohecho y blanqueo de capitales. El resto de actuaciones sospechosas de ambos afecta al club de lucha de Castillo del Romeral, entidad presidida por el propio Pacuco y patrocinada por la constructora Mazotti. Los responsables de las pesquisas consideran que esta relación está vinculada a la adjudicación de obras públicas.
De hecho, buena parte de los expedientes requeridos por el Juzgado se refieren a la compañía de Navarro, que consiguió los primeros trabajos bajo el mandato de Marco Aurelio Pérez. Su edil en Vías y Obras era Guedes, que luego repitió cargo con Concepción Narváez de alcaldesa y con José Juan Santana en Urbanismo. De ahí que esas dos etapas sean analizadas con rigor, pues Mazotti consiguió tres promociones de viviendas por unos diez millones de euros, además de un centro de mayores, una escuela de danza y la urbanización Poblado Cesa. Otro proyecto para edificar casas en Aldea Blanca por valor de cuatro millones fue suspendido por la detención de Navarro y la quiebra de su empresa. De ahí que se espere la citación de los tres ex alcaldes para que aclaren su participación.
La relación de Guedes se extiende a dos funcionarios acusados de cohecho: Antonio Reyes y Antonio Muñiz. Del primero se cree que pudo participar en el reparto de las comisiones, dado que su nombre aparece en las escuchas grabadas por la policía en nueves meses de investigación. Y el segundo se pudo beneficiar de obras ejecutadas en su casa por Hernández Perera SL, empresa familiar que, al parecer, también realizó trabajos en la vivienda de Guedes. Los dueños de esa sociedad están acusados de cohecho y son Antonio Hernández Rodríguez y Antonio Hernández Perera. Además, padre e hijo intentaron sin éxito que el Ayuntamiento autorizara un cambio de uso del campo de fútbol de Aldea Blanca para usarlo como almacén. La operación no prosperó, pero en ella participó Guedes y el propio Muñiz, que en el momento de ser arrestado era secretario accidental de la Corporación.
* La Provincia - M. REYES - SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - 18 de mayo de 2008
Foto: laprovincia.es
Andalucía: Los municipios 'pasan' de la ley del suelo
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ELPAÍS* : El proceso de adaptación de los planes urbanísticos de los municipios a la ley del suelo mantiene un ritmo exasperante. Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y pese a que ya hace 16 meses que expiró el plazo que tenían los ayuntamientos para revisar sus planes, la realidad es que sólo 68 de los 770 municipios andaluces han culminado el proceso, entre los que sólo hay una gran ciudad, Sevilla.
Es llamativo que aún haya 167 consistorios, el 21% del total, que no han dado ni un solo paso para dotarse de un nuevo plan.
El retraso es especialmente evidente en el litoral, donde se producen las mayores tensiones urbanísticas y donde residen más de las dos terceras partes de la población andaluza. Hasta el momento, sólo cinco municipios costeros, entre los que no figura ninguno de los grandes polos turísticos, cuentan con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) adaptado a la ley: Motril, Almonte, Lepe, Los Barrios y Cuevas de Almanzora. Resulta significativo que Málaga, la provincia donde en los últimos años se ha concentrado la mitad de la actividad de la construcción, sea la única donde ningún ayuntamiento se ha dotado de un nuevo plan, aunque al mismo tiempo es también la única en la que todos sus municipios han iniciado trámites para hacerlo. La revisión de los planes facilitará, entre otros aspectos, la disposición de suelo pata Vivienda de Protección Oficial (VPO), una vez que la LOUA obliga a destinar a ella el 30% de los suelos de nuevo desarrollo.
Además de los 68 ya aprobados definitivamente, hasta el momento hay otros 535 planes urbanísticos en tramitación. De ellos, 29 ya cuentan con la aprobación provisional, es decir, que ya han sido ultimados por los municipios y están pendientes de la aprobación definitiva de la Junta.
Otros 156 ayuntamientos han dado la aprobación inicial, y es en este trámite donde suelen producirse los mayores atascos; pues entre él y la aprobación provisional se produce la fase de alegaciones ciudadanas y de informes de las distintas administraciones en el ámbito de sus competencias. La ciudad de Málaga, por ejemplo, aprobó inicialmente su nuevo plan en julio de 2006 y aún no ha hecho la provisional.
Un grueso de municipios, 227, cuentan con un documento de avance, que es simplemente un trabajo previo optativo en el que se marcan las líneas generales y carece de valor jurídico. Otros 123 ayuntamientos se han limitado a aprobar en pleno el inicio de expediente de revisión, lo que en realidad no deja de ser una mera declaración de intenciones.
El titular de la recién creada Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, tiene entre sus objetivos prioritarios dar un acelerón a la revisión del planeamiento municipal. El proceso está muy rezagado porque la planificación es de por sí muy laboriosa y la tramitación administrativa se caracteriza por una gran lentitud, aunque los datos parecen indicar que también ha habido una cierta dejadez y falta de voluntad política de los munícipes.
Espadas anunció tras el Consejo de Gobierno del pasado martes que se va a realizar un "plan de choque". Antes de finalizar el año la consejería planea ampliar de 17 a 44 el número de oficinas territoriales de asesoramiento para dar apoyo técnico a los ayuntamientos. Además, se va a crear un "equipo de choque" por cada provincia formado por técnicos que estarán a disposición de los municipios en cualquier momento para dar orientaciones o emitir informes sobre la marcha.
El consejero quiere al menos agilizar los trámites que dependen de su departamento, por lo que se prepara una orden para unificar la emisión de informes de los diversos departamentos de la consejería. También está en estudio ampliar las subvenciones a los pequeños municipios para la redacción de planes urbanísticos y de los convenios que en su día firmó la Junta con las diputaciones provinciales.
Cuando la LOUA entró en vigor, en enero de 2003, se fijó un plazo de cuatro años para que los municipios adaptaran sus planes, de forma que al cabo de ese tiempo ya no serán posibles modificaciones a los planes sin reformar, que quedan así constreñidos.
El lento proceso de revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana
- Una orden de la Consejería de Obras Públicas de enero de 2003 fijó un plazo de cuatro años a los municipios para que adaptaran su planeamiento a la LOUA, transcurrido el cual no se autorizan modificaciones de elementos a los planes sin revisar.
- 68 ayuntamientos tienen aprobado definitivamente un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), entre ellos sólo dos ciudades de más de 50.000 habitantes, Sevilla y Motril.
- Además de Motril, sólo otras cuatro ciudades de la costa han revisado su PGOU (Lepe, Almonte, Los Barrios y Cuevas de Almanzora).
- Las provincias costeras son las más atrasadas. Ningún municipio de Málaga ha revisado su plan, en Cádiz lo han hecho cinco, y en Almería, tres.
- Granada es la provincia donde más municipios han revisado sus planes (19), seguida de Córdoba (14), Jaén (12), Huelva (11) y Sevilla (10).
- De los 68 ayuntamientos que se han dotado de nuevo PGOU, 53 están gobernados por el PSOE, 12 por el PP y tres por IU.
- 29 planes tienen la aprobación provisional y esperan la definitiva de la Junta.
- 156 ayuntamientos tienen aprobado inicialmente su nuevo planeamiento.
- 227 municipios han elaborado un documento de avance y otros 123 han comunicado el inicio de los trámites para la revisión del planeamiento.
- 167 ayuntamientos, el 21% del total, no han iniciado los trámites para elaborar un nuevo PGOU.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 18/05/2008
Foto: Edificaciones en la costa de Estepona- JULIÁN ROJAS, elpais.com
La crisis de la vivienda, o el día de la marmota
PÚBLICO* : Las similitudes entre el ajuste de los 90 y el actual revelan la impotencia para resolver el primer problema de los españoles. Año 1993: la mayoría de las familias españolas son incapaces de estirar más el dinero para pagar la hipoteca. Año 2008: la mayoría de las familias españolas son incapaces de estirar más el dinero para pagar la hipoteca. ¿Es acaso un déjà vu?
No. Tres lustros después, la repetición de la crisis es real y parece haber atrapado a sus protagonistas como a Bill Murray en El día de la marmota, cuando entra en un bucle de tiempo y se repite siempre el mismo día.
"Los precios iniciarán un descenso en los próximos meses que romperá la burbuja especulativa de los últimos años (...) Si yo quisiera vender un piso lo haría rápidamente, mejor hoy que mañana". Esta frase, una de las más escuchadas en los últimos meses, fue pronunciada en 1992 por el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell. Se avecinaba una crisis inmobiliaria como la actual. La secuencia de entonces comienza y termina de la misma manera que la de ahora.
Los paralelismos
Primero: el precio de las casas comienza a subir como la espuma. En diez años, entre 1981 y 1991, aumenta un 400%. Segundo: la construcción de viviendas protegidas cae en picado. De las casi 300.000 iniciadas en 1988 pasaron a 40.000 en 1991. Tercero: los tipos de interés están en torno al 10%.Cuarto: a las familias se les va casi todo el sueldo en pagar la hipoteca. Quinto: los síntomas de recesión económica, en 1990, empeoran la situación. Sexto: el precio de la vivienda se estanca. Séptimo: el crecimiento de las ventas se desacelera. Octavo: los precios de las casas comienzan a bajar. Noveno: el paro llega al sector de la construcción. Y décimo: el Gobierno interviene. "Hay 100.000 viviendas sin vender que se han hecho en los últimos tres años. Hay que evitar el desplome", dijo Borrell.
Sin embargo, las medidas que adoptó entonces el Gobierno socialista, no han impedido que la crisis vuelva a repetirse más de 15 años después. Y eran parecidas. Un ejemplo: el PSOE diseñó un plan de vivienda para cuatro años en el que se daba prioridad a la construcción de viviendas protegidas y al alquiler. Otro más: en 1991 el Gobierno barajó la posibilidad de penalizar fiscalmente a los propietarios de pisos vacíos; Catalunya ya lo ha aprobado por ley. La nueva crisis manifiesta la impotencia del Estado para erradicar el problema.
¿Podrán las familias liberarse esta vez del día de la marmota? ¿O volverán a vivirlo en 2023, cuando el ciclo de la crisis vuelva a completarse?
El pinchazo de la burbuja
- Descenso de los precios
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) prevé que el precio de la vivienda nueva caiga durante este año un 8%, según los resultados del Estudio Planner-Asprima 2008.
- Paro en la construcción
El presidente de Analistas Financieros Internacionales, Ángel Berges, augura una pérdida de entre 85.000 y 300.000 empleos en el sector de la construcción. Los extranjeros sufrirán las mayores consecuencias.
- Desplome de inmobiliarias
La venta de casas en las inmobiliarias han descendido en el primer trimestre de este año más de un 69% con respecto al mismo periodo de 2007. Los despidos planean como amenaza.
* Público - O.CARBALLAR / R. BOCANEGRA - Sevilla - 17/05/2008
Foto: casa-euro - eleconomista.es
Priego: Manipulación y presiones para urbanizar en el Parque Natural
ECOLOGISTASENACCIÓN/Córdoba* : El análisis de un proyecto urbanístico dentro de los limites del Parque natural de las Sierras Subbéticas y lo acontecido en la ultima reunión de la Junta Rectora donde dos puntos críticos del orden del día fueron pospuestos por falta de información, deja en evidencia una estrategia por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente para eludir las funciones de control y vigilancia sobre la gestión del parque de este importante órgano rector.
Las anomalías cometidas desde la Delegación Provincial contra la Junta Rectora son:
- Presentación de Memorias presupuestarias ficticias.
- Ocultación de información relativa a temas urbanísticos.
- Gestión paralela del Parque Natural a espaldas de la Junta Rectora.
- Usurpación de funciones propias y exclusivas de la Junta Rectora.
- Escatimar información en el informe final del año para impedir que sus miembros puedan evaluar correctamente la gestión del Parque.
Las dudas sobre la memoria presupuestaria saltaron cuando desde la Delegación Provincial se presento un gasto realizado en el 2007 de 226.000€ en el edificio en desuso de Santa Rita. El análisis de las memorias presentadas desde el 2004 determina que ha habido un gasto superior a los 600.000€ en los últimos años en un edificio que lleva bastante tiempo en completo abandono y que al día de hoy se encuentra totalmente vacío, agrietado, con problemas de cimentación, bajo peligro de derrumbe y lo mas importante, sin modificación ni actuación alguna en los últimos años. Esta contradicción entre la realidad comprobable y los documentos presentados evidencia que las memorias presupuestarias presentadas por la Delegación provincial de Medio Ambiente ante la Junta Rectora para su aprobación son falsas.
Otra importante irregularidad es una continua obstrucción para evitar que el órgano rector del Parque realice el Informe del Programa Anual de Actuaciones. Documento de competencia exclusiva de la Junta Rectora y que esta debería realizar cada año al inicio del periodo de gestión, obligación que la Junta Rectora no cumple porque molesta al Delegado Provincial y evitaría que este pudiera decidir a su antojo sobre las actividades e inversiones en el Parque.
Un ejemplo mas de manipulación y esta vez muy polémico surgió cuando se presento el tema de un proyecto Urbanístico en la localidad de Zuheros dentro de los limites del Parque Natural. Actuación que Delegación Provincial y Ayuntamiento implicado conocen desde hace años y han estado tramitando a espaldas de la junta rectora para al final presentar ante esta para su aprobación un proceso prácticamente consumado y sin ninguna información complementaria. El colmo de la manipulación llego cuando el Delegado Provincial afirmó que la junta rectora no tenia nada que decidir y que este proyecto debía salir de allí aprobado.
Ningún político honrado y preocupado por defender el interés colectivo saca adelante un proyecto Urbanístico dentro de un Parque natural. Detrás de este tipo de iniciativas solo hay avaricia y egoísmo de quienes especulan con suelo barato y en un entorno idílico cuya plusvalía sirve para llenar los bolsillos de unos pocos a costa de un perjuicio para todos. Todos los municipios , por próximos que se encuentren al Parque natural tienen opciones de crecimiento en dirección opuesta a este. Así mismo la reciente revisión de la zonificación del parque ha contemplado un margen de crecimiento urbanístico suficiente para cada municipio fuera de los limites del Parque, que en su momento fue aprobado sin objeción alguna por la junta Rectora incluyendo a todos los alcaldes del Parque Natural.
Desde Ecologistas en acción estamos muy preocupados por lo que esta ocurriendo en la Subbética Cordobesa respecto a la especulación urbanística que de ser un fenómeno restringido al ámbito individual o municipal esta afectando a órganos del gobierno andaluz a través de las delegaciones provinciales. Desde Ecologistas en Acción defendemos que la gestión Medioambiental debe hacerse con criterios medioambientales independientes de intereses económicos o políticos. Que estos presupuestos son para la mejora en la protección de nuestro entorno natural y no deben usarse como financiación paralela e injusta de algunos municipios. Que las Juntas Rectoras de los Parques Naturales deben ser órganos funcionales, participativos y equilibrados que permitan una gestión transparente y clara. No como ocurre en la Subbética donde es solo un foro de debate manipulado, desinformado e inútil, una tapadera para encubrir desde la Delegación Provincial un uso interesado y publicitario de los recursos medioambientales.
Con esto pretendemos no solo dejar en evidencia las deficiencias en el funcionamiento de las Juntas Rectoras sino incitar a la reflexión tanto a la ciudadanía como a la clase política sobre la necesidad y utilidad de los órganos de participación social y como algunos políticos se resisten a esto por la perdida de poder que implica la cesión de parte de las iniciativas a un colectivo social aunque sea de la categoría, entidad y obligatoriedad de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales. Los políticos empiezan desde abajo en entornos locales llenos de zancadillas, picaresca, chanchullos y amiguismo. Pero su progreso debe ir acompañado de un crecimiento personal, deben ser tutores sociales responsables, conscientes del compromiso que al ostentar un cargo adquieren con el conjunto de la ciudadanía y capaces de anteponer el interés colectivo y las responsabilidades de su cargo sobre intereses partidistas. Es un peligro que políticos de poca altura ocupen cargos de responsabilidad trasladando lo peor del politiqueo de pueblo a órganos de gobierno regional.
* Ecologistas en Acción de Priego de Córdoba - 13.05.2008
