El ex alcalde de Totana compró tres coches y cinco casas en tres años

ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) recibió ayer el informe de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro Artero, que instruye la Operación Tótem contra una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, y en la que han sido detenidas 14 personas, para que pueda ser investigado el ex alcalde de Totana y actual diputado del Parlamento murciano, expulsado del PP, Juan Morales.

En este informe, que también incluye el escrito del fiscal José Luis Díaz Manzanera, se asegura que Morales es propietario de cinco inmuebles y tres vehículos de alta gama, según fuentes judiciales citadas por la Cadena SER.

Si Sala de Lo Civil y Penal del TSJM lo decidiese, el parlamentario murciano podría ser procesado por un presunto delito de cohecho. Según varios informes que se encuentran en posesión de la juez, a Morales le resultaría difícil justificar su patrimonio: al menos tres vehículos de gama alta (un BMW, un todoterreno y un Mercedes), tres casas en Murcia y dos inmuebles en Brasil, país de procedencia de su novia, Vaneide Freitas, quien también está imputada.
Difícil de justificar

Según las investigaciones judiciales, Morales adquirió este patrimonio en los tres últimos años, un hecho que la investigación valora como un claro indicio de enriquecimiento personal difícil de justificar ya que el desembolso supera con creces su sueldo como diputado popular y presidente del PP en Totana.

En cuanto al posible cobro de al menos tres millones de euros en comisiones ilegales a cambio de la recalificación de terrenos en la localidad murciana a la empresa gallega Nuaria, la investigación considera probado que Morales tenía en la gestoría de su ex mujer, María del Carmen Jordán, una copia de cada uno de los 70 convenios urbanísticos que firmó cuando era alcalde de Totana, y que todavía no habían sido aprobados de forma definitiva.

Según fuentes judiciales citadas por la SER, Morales podía llegar a cobrar un 30% de las plusvalías que obtuviera la empresa constructora con la recalificación de los terrenos y no se descarta que la gestoría fuera una tapadera de Morales para actividades vinculadas a su actividad política como diputado del PP.







* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Madrid - 15/01/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com


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“Salvem Montserrat”, que rechaza un plan urbanístico en Collbató, reúne a 200 personas en su presentación

DIGITAL24h/Barcelona* : La organización explicó a los asistentes el porqué de su lucha y algunas de sus acciones. Además, buscan que los vecinos “cuelguen más pancartas” para que el Ayuntamiento de Collbató “se de cuenta que se está equivocando” promoviendo este plan urbanístico. Además, los asistentes plantaron un olivo frente al Ayuntamiento y desplegaron una pancarta. El objetivo de esta acción era “regalar naturaleza” al consistorio, según explicó Aranda.

El plan contra el que se muestran estos vecinos serviría para ampliar la zona industrial de La Ginestera de Collbató, que llegaría a sumar 28 hectáreas de suelo no natural, con 9,8 hectáreas más. Según la plataforma, esto equivaldría a 180 naves industriales más de unos 400 metros cuadrados de terreno. Según el plan, éstas tendrán unos 12 metros de altura.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de dicha plataforma, Manuel Rivero, aseguró que el Ayuntamiento “se tiene que replantear” el plan, al que calificó como “proyecto de especulación urbanística”. Además, consideró que el consistorio “tampoco ganará dinero” ya que quien lo harán “serán los inversores”.

Explicó que el consistorio ha elaborado una segunda memoria ambiental en la que aseguran que serán “más restrictivos” con las empresas que se ubiquen. Sin embargo, Rivero puntualizó que ese no es el objetivo y que su lucha busca “que no se construyan” dichas empresas.

“No nos negamos al proceso”, afirmó Rivero, que solicitó que se acepte la “participación ciudadana” en la construcción del futuro de la población.

La Plataforma “Salvem Montserrat”, formada por vecinos de Collbató, ha reunido ya más de 72.500 firmas contra dicho plan y cuenta con el apoyo de unas 800 entidades. La formación buscará reunir 100.000 firmas, por lo que ha abierto una página web para sumar apoyos –salvemmontserrat.org–.






* Digital 24horas - Barcelona - Nuria Barragan 13 Enero 2008
Foto: Collbató (Barcelona), al fondo zona industrial que pretenden ampliar - salvemmontserrat.org



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La Palma ha acumulado en los últimos 9 años 3.422 infracciones urbanísticas

DIARIODEAVISOS* : Pese a que las infracciones urbanísticas registradas en La Palma en los últimos años han experimentado descensos, en el acumulado de la actividad inspectora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el territorio palmero ocupa el puesto de cabeza de las islas periféricas, por encima incluso, de Lanzarote y Fuertenventura.

La Palma, sólo superada por Tenerife y Gran Canaria, ha acumulado entre 1999 y el pasado año 2007 un total de 3.422 infracciones urbanísticas, siendo las más numerosas, las relacionadas con las construcciones ilegales, que representan un 48% del total de ilegalidades cometidas y recogidas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

El total de expedientes abiertos en la Isla en el período de referencia, contrasta con los registrados en Fuertenventura, con un total de 2.525, y Lanzarote, con 2.994. La Gomera y El Hierro mantienen una distancia mucho más considerable, con 1.379 y 978 expedientes abiertos por irregularidades urbanísticas, respectivamente. El vertido ilegal de residuos registrados en la Isla, con un total de 1.027 expedientes abiertos, ocupa el segundo lugar en número de infracciones y detectadas en su actividad inspectora por los técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. La construcción de viviendas en suelo rústico, la carencia de la imprescindible declaración de impacto ambiental, la extracción de áridos, la roturación de terrenos, y la apertura de pistas sin los preceptivos permisos, son algunas de las infracciones más habituales, entre las que también figura la construcción de viviendas ilegales. Muy alejadas de este grupo figuran la vulneración de la Ley de Costas, con un total de 100 denuncias, y los vertidos al mar, que suman un total de 49 infracciones.







* Diario de Avisos - E. Paiz, S. C. de la Palma - 15 de enero de 2008
Foto: Imagen de una demolición llevada a cabo en La Palma durante el pasado año 2007 por incumplir la Ley. / da



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Los fiscales denunciarán a los funcionarios en los casos de regularización urbanística

LEVANTE* : La Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo coordinada por el Fiscal de Sala Antonio Vercher, ha acordado remitir al Fiscal General del Estado las conclusiones de un encuentro celebrado recientemente en Fuerteventura en el que proponen una intensificación del control sobre los desmanes urbanísticos y que incluye, entre otras, la persecución de las "regularizaciones" que periódicamente se acometen en algunos ayuntamientos para legalizar "a posteriori" urbanizaciones o actuaciones ilegales. La medida, al igual que otras acordadas por los fiscales especialistas en Medio Ambiente, están destinadas a "evitar excesos en la materia" y las "sensaciones de impunidad" en relación al delito urbanístico.

Los fiscales coordinados por Antonio Vercher son los encargados en cada Fiscalía provincial de coordinar las actuaciones en Medio Ambiente y Urbanismo. Durante el encuentro, el primero que celebra en la "red" tras su creación expusieron las dificultades para realizar su tarea en áreas específicas como los incendios forestales, delitos urbanísticos y patrimonio histórico. Además de aclarar cuestiones muy técnicas como los conceptos de suelo rural o urbanizado, o delimitar qué es construcción o edificación, el encuentro sirvió para unificar criterios.

Uno de los más llamativos es el que propone a los fiscales que valoren "cuidadosamente", la posibilidad de aplicar en los casos de delitos sobre la ordenación del territorio "la agravación del artículo 338 del Código Penal" relativa a las conductas delictivas en materia de Medio Ambiente y Urbanismo. El artículo establece que se impondrán penas superiores en un grado a las inicialmente previstas cuando el delito afecte a algún espacio natural protegido.

La novedad del acuerdo, más allá de la declaración de intenciones que supone, es que se recuerda específicamente que todo el territorio incluido en la Red Natura 2000 y no solo los parques o parajes naturales está protegido, lo que supone que el "agravamiento" de los tipos puede aplicarse en los delitos que se cometan en el 25% del territorio español y aproximadamente un 11,6% de la Comunidad Valenciana, donde se aprecia un fuerte retraso en la declaración formal de estos espacios.

Sin legalizaciones

Los fiscales acordaron que la legalidad urbanística que se ha de tener en cuenta para la tipificación de los delitos es la vigente en el momento de realizarse el hecho. Por tanto, en los casos de autorización "a posteriori" de la administración autonómica para que la infracción resulte impune, se considerará la posibilidad de imputar directamente los delitos a los funcionarios bien por los tipos específicos (Art. 320 y 322) o por los generales de prevaricación.

El Fiscal Antonio Vercher trasladó también los responsables de cada fiscalía "la importancia de que se acuerde la demolición de la obra ilegal en el proceso penal" para evitar "sensaciones de impunidad" y en la necesidad de una especial vigilancia por parte de los fiscales de las ejecutorias de demolición.






* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 15 de enero de 2008



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Piden la intervención de Bruselas por la 'urbanización masiva' en regiones con 'escasez hídrica endémica'

TERRA* : El eurodiputado del Partido de los Verdes David Hammerstein reclamó hoy la intervención de la Comisión Europea por lo que considera una 'urbanización masiva' en determinadas regiones de la geografías española con 'escasez hídrica endémica'. Hammerstein pidió al comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, que el Ejecutivo comunitario abra 'un procedimiento de infracción horizontal' que aglutine todas las denuncias presentadas en Bruselas relativas a la aprobación de 266 urbanizaciones 'con la opinión negativa de las Conferencias Hidrográficas', explicó el eurodiputado en un comunicado.

En concreto, se refiere a 121 planes urbanísticos proyectados en Murcia, 129 en la Comunidad Valenciana, 8 en Andalucía y 8 adicionales en Castilla y La Macha, pese a contar todos con informes negativos de distintas Confederaciones Hidrográficas sobre la disponibilidad de los recursos hídricos para dichos proyectos urbanísticos que el eurodiputado ha remitido a Dimas.

El europarlamentario de los Verdes justificó el procedimiento de infracción contra España por las 'decisiones sobre los recursos hídricos' de algunas regiones españolas que, a su juicio, 'hipotecan gravemente' el cumplimiento futuro de la normativa europea relativa al agua.

Hammestein sostiene que la masificación de urbanizaciones en algunas regiones de España intensifica 'el grave riesgo de no llegar nunca a cumplir los objetivos de la Directiva Marco de Agua en muchas zonas de España' debido a lo que considera un 'intenso proceso de urbanización masiva en regiones con una escasez hídrica endémica'.

Asimismo, Hammerstein recordó en su pregunta parlamentaria que todo Estado miembro debe 'abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva' de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (TUE) en materia de medio ambiente.


* http://www.davidhammerstein.org




* Terra Actualidad - Europa Press - 10/01/2008
Foto: EuropaVerde EuropaArida - mecd.es


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El Tribunal Superior declara ilegal el campo de golf de Tres Cantos

ELPAÍS/Madrid* : El Tribunal Superior de Justicia ha dado la estocada definitiva al proyecto de construcción de un campo de golf municipal, aunque gestionado por un grupo de empresas privadas, en una zona verde de Tres Cantos. La sentencia ha declarado nula la adjudicación del proyecto, hecha por el pleno del Ayuntamiento el 5 de octubre de 2001, y va en la misma línea de otro fallo dictado por el mismo tribunal, en julio de 2005, que anuló la convocatoria del concurso de adjudicación. En ambos pleitos los jueces han basado su decisión en que el proyecto carecía de declaración de impacto ambiental.

La construcción de esta instalación deportiva era un empeño del anterior equipo de gobierno del municipio, formado por los independientes de Tres Cantos Unido (TCU), con la alcaldesa María de la Poza a la cabeza, y el PP. El proyecto se topó con la oposición de asociaciones ecologistas y vecinales y PSOE e IU. La Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional también habían puesto objeciones a un proyecto que iba a convertir en campo de golf 60 hectáreas de zona verde (planificadas como el futuro parque del Este) que además son vecinas a una zona de especial protección de aves (ZEPA), el Soto de Viñuelas.

La ex alcaldesa De la Poza, por su parte, defendía que el campo de golf iba a generar 50 puestos de trabajo y que los daños ecológicos serían inexistentes. "Los terrenos son una escombrera", dijo.

La polémica, que llegó a movilizar a más de 5.000 vecinos de Tres Cantos opuestos al campo de golf, adquirió tintes entomológicos cuando un equipo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) descubrió en el lugar en 2004 un insecto desconocido para la ciencia, el Tillus ibericus, un voraz escarabajo que reina en las copas de las encinas. TCU y PP siguieron, pese a ello, defendiendo a capa y espada su proyecto. "El descubrimiento es una buena noticia", declaró entonces un portavoz municipal, "ya que el escarabajo podrá vivir muy bien en el campo de golf, ya que no se va a cortar casi ninguna encina".

La primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra el campo de golf, tras un recurso presentado por ecologistas y vecinos, marcó el principio del fin. Los jueces estimaron que el concurso debía ser anulado por no cumplir la ley al ser convocado sin el preceptivo informe de impacto ambiental.

El Gobierno de TCU y PP se mantuvo firme en sus planes y recurrió el primer varapalo judicial. Pero dentro del PP empezaron a surgir dudas sobre la idoneidad de seguir adelante con una instalación deportiva que tantas reticencias levantaba.

El nuevo alcalde de la localidad, el popular José Folgado, obtuvo mayoría absoluta el pasado mes de mayo. En su programa figuraba construir un campo de golf, pero sin precisar su ubicación. "Nunca me ha gustado este proyecto", admitió ayer. "De hecho, no lo mencioné en mi programa electoral porque creo que en esos terrenos hay que promover el parque del Este, con alguna zona deportiva y el resto que sirva para el disfrute del senderismo", añadió.

El PSOE, opuesto al proyecto desde el principio y autor del recurso ahora sentenciado, mostró ayer su alegría por la decisión judicial. "Lo que empieza mal suele acabar mal. La adjudicación no cumplió la normativa y contaba con informes contradictorios de la Comunidad de Madrid. No se estudió el impacto ambiental y, sobre todo, no era ésa la mejor forma de utilizar un suelo público. Estamos muy satisfechos de que la justicia haya venido a darnos la razón a los muchos tricantinos que nos opusimos desde el principio", valoró ayer el portavoz socialista, Miguel Aguado. Éste anunció su intención de convocar a las entidades ciudadanas para consensuar un uso respetuoso con el medio ambiente para ese suelo público.







* ELPAIS.com - ORIOL GÜELL - Madrid - 15/01/2008
Foto: Tres Cantos (Madrid), cartel golf - ecologistasenaccion.org



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La belleza de la obra inútil

PÚBLICO* : El mundo de las administraciones está lleno de misterios y sorpresas. Como es sabido, esas administraciones tratan de perpetuarse en la memoria de los ciudadanos y para ello nada mejor que las obras llamadas públicas. Eso no son palabras que lleva el viento, sino piedra, cemento y acero sobre los cuales es posible e incluso necesario colocar una placa. Incluso aunque no estén ni siquiera comenzadas. El catálogo de dislates y generosidad administrativa podría ocupar un libro lleno de ejemplos. Público ha buscado y ofrece algunas de las Obras Inútiles y Absurdas más delirantes.

Estadio sin olímpico

El estadio Olímpico de Sevilla es el gran ejemplo de una obra faraónica, a la que los distintos gobiernos de la ciudad no han sabido darle uso, informa Raúl Bocanegra. Concebido a mediados de los 90, cuando Sevilla fue designada sede de los Campeonatos del Mundo de atletismo, la extraordinaria obra de los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz fue utilizada como símbolo de las aspiraciones olímpicas del entonces líder andalucista Alejandro Rojas Marcos, a las que se sumaron los sucesivos gobiernos locales y la propia Junta de Andalucía.

Desde que en 1999 albergó el Mundial, sólo se ha llenado dos veces: por dos conciertos de uno de los primeros triunfitos (Bisbal, Rosa, Chenoa) y por Héroes del Silencio. Y las aspiraciones de que albergase al Sevilla y al Betis se enterraron definitivamente en 2003, cuando el Ayuntamiento firmó sendos convenios con los clubes para recalificar los terrenos adyacentes a sus estadios.

El campo, de categoría cinco estrellas, costó 130 millones de euros, cuando se había presupuestado en 81, y ha lastrado hasta este año los presupuestos de la Consejería andaluza de Deporte y del Ayuntamiento de Sevilla. En 2007, obtuvo beneficios de explotación de nada menos que de 100.000 euros y facturó 1,5 millones, según datos provisionales

Dique a la nada

Bilbao tampoco escapa de las grandes obras fracasadas, si bien su invención se remonta a los años 70 y 80. Uno de los fiascos más sonados fue la ampliación del superpuerto, que en su proyecto original contemplaba cerrar casi por completo El Abra con los diques de Punta Lucero y Punta Galea, informa Guillermo Malaina. El primero se hizo, pero del segundo hoy sólo queda una especie de mojón en medio del mar.

Un temporal de 1976, con olas de cerca de 20 metros de altura, provocó graves destrozos en ambos muelles y obligó a revisar el proyecto. El resultado fue la paralización definitiva del dique de Punta Galea. No hay mal que por bien no venga. Porque la construcción de ese segundo muelle, de tres kilómetros de longitud, hubiera supuesto la desaparición de las playas de Ereaga y Arrigunaga, que hoy disfrutan miles de personas durante el verano. Lo que aún está en pie es la central nuclear de Lemoiz, otro proyecto faraónico de aquella época que cayó en un muy conflictivo saco roto.

La feria vacía

La Feria Internacional de Galicia costó 10.000 millones de las pesetas de 1991 y nació para convertir a Galicia en una referencia mundial de los eventos feriales agrícolas y ganaderos, según narra Pancho Tristán. El tiempo hizo su trabajo y el recinto alcanzará la edad de los que pueden votar sumido en el vacío. En sus 428.000 metros cuadrados, cabrían los campos de juego de todos los estadios de Primera y Segunda división de España. Ése es el dato grande: el tamaño. El dato crítico es el que se refiere a la ocupación: sólo tiene programados 7 días de ocupación para 2008.

En 2007, hubo allí 11 actividades durante 11 días. En el recinto, hay un auditorio para 700 personas, un restaurante en el que caben 4.500 comensales y 35.000 metros cuadrados de instalaciones cubiertas (en fútbol, como tres campos).

Un mástil para la eternidad

“La nuestra es tan grande que hasta los que no la quieran ver se la van a tener que tragar”. Con estas palabras, el anterior presidente del Cabildo de Gran Canaria y actual vicepresidente del Ejecutivo autónomo, José Manuel Soria, rechazaba las críticas que recibió al destinar 360.000 euros a la colocación de una bandera como homenaje a la Isla, escribe Paz Bernal. El mediodía del 30 de septiembre de 2006, el también presidente del PP de Canarias izó en un parque junto a la Avenida Marítima de la capital grancanaria, una bandera de 300 metros cuadrados en un mástil de 65 metros, de la que, en la actualidad, sólo queda el soporte.
La bandera, colocada “para orgullo de los grancanarios”, se cayó dos veces y tuvo el mantenimiento más caro de todas las habidas en la Isla.

Romanos y espectadores

La Comunidad Valenciana no podía escapar a esta plaga y los ejemplos abundan. Ahí está la delirante rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto, al que han dejado más bonito que un San Luis a base de robarle buena parte de su valor histórico y arqueológico. Para completar el despilfarro, se ha propuesto devolver la ruina a su estado original, de nuevo en contra de la opinión de cualquier profesional en esas materias.

Rehabilita y oculta

Madrid, aún recuperándose de la M-30, tiene una pequeña joya del absurdo. La estación Príncipe Pío fue restaurada hace años con sumo cuidado y convertida en un lugar agradable entre centro comercial e inmenso invernadero. Por desgracia, el nuevo intercambiador de metal y cristal que forma parte del rediseño de la plaza delantera se carga por completo la vista de la estación. Según parece, estos intercambiadores están normalizados y no pueden adaptarse a las características urbanísticas de su entorno.







* Público - 14/01/2008
Foto: Estadio Olímpico de Sevilla / publico.es



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Protesta contra el PGOU de Sant Joan que prevé 30.000 viviendas

ELPAÍS/Alicante* : El 90% del término municipal de Sant Joan d'Alacant será urbanizables y se construirán alrededor de 30.000 nuevas viviendas para albergar a 50.000 habitantes más. Esta es en síntesis la propuesta de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que intenta aprobar el PSPV en el Gobierno local, y que amenaza la escasa huerta existente. Por todo ello, unas 150 personas participaron ayer en una marcha, bajo el lema No a este PGOU, recuperem l'horta, para exigir la protección de la huerta y la paralización del PGOU que afecta fundamentalmente a la zona de Fabraquer, en segunda línea de playa.

"Es insostenible medioambientalmente y confirma la destrucción del territorio por el urbanismo depredador", según dijo Antonio Campos, coordinador de Esquerra Unida en esta localidad del área metropolitana de Alicante.
"Estamos ante un nuevo Plan Rabassa, su impacto será brutal, y es curioso como en Alicante los socialistas se oponen y aquí son ellos los que lo aprueban y avalan", apuntó el responsable de EU. Esta formación política ha presentado ante el Ayuntamiento alegaciones para intentar frenar esta propuesta.

La marcha de ayer, que partió a las once de la mañana, recorrió la vereda de Benimagrell y el Camí Real de La Vila en la zona conocida como Fabraquer, que será recalificada en caso de aprobarse el PGOU. El acto organizado por EU contó también con el apoyo de miembros del Bloc y del colectivo de Abusos Urbanísticos No, así como de la Asociación de Vecinos de Fabraquer, que se verán afectados.







* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 14/01/2008
Foto: Sant Joan d'Alacant, manifestación contra PGOU - lasprovincias,es



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La batalla de Sagunt

LEVANTE/Valencia* : Sagunt resistió durante meses el asedio de Aníbal. Y ahora ha cumplido 17 años de su contemporaneidad enfrascado en una batalla judicial y política contra uno de los elementos claves de su patrimonio: su teatro romano. Una historia que aún no ha encontrado su destino final y que ha vuelto a levantar a una parte importante de su población frente a una nueva forma de conquista que, otra vez, intenta llegar de mucho más allá de los muros defensivos de su castillo. La política continúa presente y determinando la historia de la ciudad y su principal monumento pero, sobre todo, su futuro más inmediato.

Si por política y privilegios geográficos y estratétigos Sagunt fue un enclave anhelado por culturas y ejércitos durante siglos, la política podría quedar como única razón que hoy envuelva el caso de su teatro romano. Además, mucho más allá de otras consideraciones de carácter estético, cultural o arquitectónico que nada parecen ya valer.

Porque fue en una tribuna política, como Les Corts, donde arrancó este asunto hace más de tres lustros. Y se produjo en pleno debate político entre el ex diputado del PP, Juan Marco Molines, quien tomó la antorcha de la cruzada, y el entonces atrevido conseller de Cultura socialista Cipriá Ciscar. Y fue política la decisión de su rehabilitación; como también la del entonces candidato a la presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de asumir la denuncia como propia, apoyado por una sonora campaña mediática. E incluso la de incluirla en su programa electoral. Será política-pero económica para todos- la orden que la actual Generalitat suscribirá oficialmente apoyando la demolición de las obras, como así ha sugerido el Tribunal Supremo. Pero no sin recordar el Alto Tribunal que el asunto ni le va, ni le viene, ni en el fondo le preocupa. Y que, como en su momento nadie dijo lo contrario, será como él determine. Algo que marcará en la Historia, sin esperarlo, al actual presidente de la Generalitat Valenciana.

Políticos han sido los cargos público que el autor del recurso contra la intervención ha disfrutado mientras proseguía el proceso y de la administración local saldrán los 3.000 euros compensatorios que por sentencia le corresponden. Sin embargo, nadie todavía ha echado la cuenta real del coste que este proceso ha costado a nuestras administraciones en todos sus escalones: una observación que alguien debería tener en cuenta.

Denuncia administrativa. Hay un aspecto significativo que durante todos estos años ha pasado desapercibido para la misma sociedad que debe haber seguido de cerca, aunque como mera y atónita espectadora, el bullicioso debate.
La denuncia interpuesta por el abogado Marco Molines no se refería a la obra en sí; ni a la altura de los muros que cierran la escena; ni al proyecto de intervención firmado por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli; ni a la colocación de losas de granito blanco sobre la cávea del escenario, sino, simplemente, contra la orden que por aquel entonces firmó la Generalitat Valenciana por la que autorizaba la ejecución del proyecto y que aplaudió de forma casi unánime el ayuntamiento saguntino. Es la única clave. Un recurso sobre una simple firma que derivó en una cuestión de orden social y que las generaciones más recientes no llegan hoy a entender, como así han precisado. Un recurso contra un procedimiento administrativo que, sin embargo, ha derivado en una cuestión de profundo calado y consecuencia económica, urbanística y sobre todo social. Un contencioso administrativo que determina sobre el procedimiento, pero que no puede entrar de oficio sobre las verdaderas consecuencias, como así ha recordado firmemente el tribunal.
"La consecuencia lógica de la sentencia sería la demolición", contestó escuetamente el entonces nervioso y acosado Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJC), José Díez, cuando los periodistas le preguntaban insistentemente por la interpretación que debía realizarse de la sentencia que acaba de dictar su sala aquel día de 1993. Una sala gris y de muebles obsoletos que ha visto pasar año tras año a los protagonistas para consuelo de los "mass media" entre numerosos autos, sentencias, providencias y recursos.

La justificación del TSJ se encontraba en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, una norma extremadamente proteccionista, como así reconocen hoy en privado jueces, políticos y expertos en arquitectura y arqueología, pero que fue sancionada de esta manera para evitar que la joven democracia diera total carta blanca a promotores y ayuntamientos en una hipotética carrera contra la destrucción sin más del patrimonio. Y el Tribunal, como es su obligación, dictó según el contenido de la letra. De la misma manera que, ahora recuerda el Tribunal Supremo, que de dictarse la misma sentencia atendiendo al contenido de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, aprobada por el mismo Consell al que le tocará afrontar la demolición, el futuro del teatro romano sería todo el contrario. Como así ha ocurrido durante los últimos años en otros muchos ejemplos del patrimonio valenciano. Tan al contrario como marcan los actuales tratados internacionales y cartas europeas en cuestiones de rehabilitación y conservación patrimonial. Una Unión Europea que nadie ha observado todavía. Un debate al que nadie ha querido entrar en su fondo o prefiere obviar.

Ruina y rehabilitación. Para muchos expertos en arqueología y arquitectura, la imagen que llegó hasta nuestros días del teatro romano es la de una "ruina artificial" que permitía tener una idea de cómo pudo ser en su día el monumento. La documentación histórica que se conserva, aún no siendo todo lo precisa que debería ser dada la importancia de este vestigio declarado a finales del XIX Monumento Histórico Artístico, sin embargo, sí deja huella del expolio y las sustanciales modificaciones y reconstrucciones sufridas. Gran parte de su realidad, recordaba Grassi en uno de sus escritos, es producto de las intervenciones "de ordenación" realizadas durante el paso de los siglos. Intervenciones de las que no existe documentación escrita pero muchas de las cuales sí pudieron salir a la luz durante la última de sus rehabilitaciones. No existe tampoco precisión sobre cómo evolucionó la destrucción. Las crónicas lo obvian aunque algunas de ellas especulen sin prueba alguna que en el año 1550 pudo existir la escena completa.

Trabajos documentales efectuados por arqueólogas como Carmen Aranegui o Emilia Hernández despliegan apuntes sobre los cambios morfológicos de la ruina a partir de excavaciones arqueológicas previas a la restitución. Y aún son todavía más precisos los numerosos grabados y trabajos de Camarón, Laborde, Ortiz, Chabás o Chabret, o los dibujos que plasmó Van den Wijngaerde en el siglo XVI y que se recogen en la obra Las vistas valencianas. Por no hablar de las innumerables fotografías que ilustran su historia y sí permiten reconocer la verdadera evolución o la insensibilidad que parece haber existido históricamente hacia la preservación del monumento.

Una de estas instantáneas es muy significativa. Exhibe a Alfonso XIII a las puertas de la ruina durante una visita a la capital del Camp de Morvedre rodeado de una gran comitiva. A su conclusión, aseguran, fue obsequiado con dos supuestas diosas del primigenio teatro que hoy se conservan en el Museo del Prado. Y ya puestos, además de estar catalogadas, nadie reclama su devolución en estos tiempos que las normas autonómicas así lo recomiendan. No se sabe si esta imagen está recopilada en el portafolio entregado por Francisco Camps al Rey como regalado con motivo de su 70 cumpleaños.

Cantera de la población. El propio arquitecto Salvador Lara, uno de los nombres que se barajan para ejecutar la demolición de las obras cuya tesis doctoral, extensa y completa, estuvo dedicada al monumento saguntino y publicó el entonces Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Justo Nieto, reconoce en su trabajo el continúo expolio y deterioro sufrido por el complejo. De hecho, como dejaron escrito los viajeros franceses e ingleses del XVIII a estas tierras, columnas, capiteles, escudos, sillares y lápidas con inscripciones se reparten por innumerables edificios del Camp de Morvedre. Otros elementos han llegado incluso hasta Valencia, como por ejemplo, los que completan ciertas partes del monasterio renacentista de San Miguel de los Reyes.

Lara también describía en su trabajo el uso del teatro como cantera debido a su fácil acceso. Así como, los agresivos efectos que produjeron en él a lo largo de la historia las avenidas de agua debido a su situación topográfica. Asimismo, cataloga algunas de las intervenciones recientes de rehabilitación realizadas para poder mantener lo "posible", como fue la reconstrucción de una parte del monumento en la década de los cincuenta. Pero sobre todo, permite recrear la voladura parcial del mismo en 1811 para evitar que durante la invasión francesa el monumento pudiera servir como refugio de las tropas durante el asedio enemigo.
El minucioso y sensible trabajo de Lara, sin embargo, contrasta con la oferta recibida para encabezar el equipo de arquitectos que debe afrontar la demolición. Una iniciativa que, también es cierto, nunca ha admitido haber recibido formalmente e incluso ha llegado a desestimar públicamente. Seguramente, consciente de que una gran parte de sus colegas no entendería. Un conocido y prestigioso arquitecto valenciano reconocía recientemente en privado que no creía que ningún profesional que se precie sería hoy capaz de abordar una empresa de esta naturaleza. Ya no sólo por el riesgo que conlleva sino sobre todo porque se trata de realizar un ajuste de cuentas en vida a un proyecto de otro profesional cuya única culpa fue desarrollar un encargo.


jrsegui@epi.es






* Levante-EMV - JOSÉ RICARDO SEGUÍ - 13 de enero de 2008
Foto: La visita de Alfonso XIII a las ruinas de Sagunt, en 1905. levante-emv.com




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