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ELDIARIOMONTAñÉS* : El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha exigido al Ayuntamiento de Argoños que le informe de qué pasos está dando para cumplir la sentencia de derribo que pesa sobre la urbanización Las Llamas II, bajo el apercibimiento a sus responsables de que pueden incurrir en un delito de desobediencia.
El Ayuntamiento de Argoños tiene pendientes de cumplir desde hace años una decena de sentencias de derribo que afectan a unos 280 chalés, entre ellos, los 22 que componen la promoción Las Llamas II.
Tras varios requerimientos del TSJC, que ha revocado hasta ahora todos sus intentos por salvar esas viviendas mediante "licencias de legalización" u "ordenanzas de integración paisajística", el Ayuntamiento de Argoños sacó a subasta la contratación de los trabajos para derribar los chalés de Las Llamas I y II.
En ambos casos, la subastas fueron declaradas desiertas por falta de ofertas, aunque inicialmente algunas empresas habían solicitado información al Ayuntamiento sobre las condiciones del contrato.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC exige ahora al Consistorio, mediante una providencia, que en el plazo "improrrogable" de diez días le informe sobre que "concretas actuaciones" ha realizado para cumplir la sentencia de Las Llamas II desde que se declaró desierta la subasta, el pasado 3 de marzo, y sobre cuáles piensa realizar para llevar a cabo el derribo.
El TSJC hace este requerimiento al Ayuntamiento de Argoños bajo el "expreso apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia" si no lo atiende en los plazos planteados. La providencia tiene fecha del 14 de julio, aunque el plazo no empieza a contar hasta el momento en que se notifique al Consistorio.
Ésta no es la primera vez que el Tribunal Superior se dirige al Ayuntamiento de Argoños para conminarle a que cumpla las sentencias firmes de derribo o para reprenderle por intentar esquivarlas.
En 2004, la Sala advirtió textualmente al Consistorio que sus intentos por legalizar las urbanizaciones "no pueden dejar en papel mojado" sentencias de demolición "fundadas en poderosas razones".
El TSJC le planteó ese aviso al anular su intento por sustituir el derribo de Las Llamas I por la plantación de una pantalla de árboles que, supuestamente, iba a mitigar su impacto ambiental.
Unos meses más tarde, en junio de ese mismo año, la Sala impuso una multa de 500 euros al entonces alcalde, Joaquín Fernández San Emeterio (PP), por no cumplir sus requerimientos y le amenazó con nuevas sanciones si no ponía en marcha los trámites administrativos para ejecutar las sentencias.
Esos trámites se pusieron en marcha y el Consistorio sacó a subasta los trabajos para llevar a cabo los derribos, aunque hasta la fecha ninguno de ellos se ha llegado a realizar.
* El Diario Montañés - EFE - 31.07.2008
Foto: Argoños (Cantabria), urbanización con sentencia derribo - eldiariomontanes.es
El TSJC apercibe al Ayuntamiento de Argoños por desobediencia
Asociaciones de vecinos afectados por la F-1 exigen el traslado del circuito a Cheste
LEVANTE/Valencia* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (AAVV), junto a la plataforma "Fórmula Verde" y las entidades vecinales de Natzaret y Cabanyal-Canyamera, han exigido hoy la solución de los problemas logísticos y ambientales generados por el circuito urbano de Fórmula Uno y el traslado de las carreras a Cheste.
El vicepresidente de la Asociación de Vecinos y vecinas del barrio de Natzaret (AVV), Julio Moltó, ha instado al Ayuntamiento de Valencia a mejorar los accesos y solucionar los problemas que sufren los vecinos por la celebración de las pruebas automovilísticas.
La parte sur del circuito urbano está situada muy cerca de Natzaret y, a consecuencia de ello, los vecinos más próximos al trazado ya sufrieron molestias durante las pruebas de Fórmula Tres y el campeonato de Open GT, celebrado el pasado fin de semana.
La AVV ya propuso habilitar un carril para vehículos de emergencia y transporte público en el puente que conecta el camino de Las Moreras con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, desviando de esta forma el tránsito de vehículos a la V-30.
A las quejas por el colapso circulatorio de los días previos al estreno del circuito, donde los vecinos aseguran que los cortes de más de cien calles conllevaron un aumento en el tiempo de desplazamiento, se une la preocupación por el aparcamiento de los más de 43.000 coches que llegarán por la Fórmula Uno, si el aparcamiento habilitado en Las Moreras tiene un aforo de 3.000.
Por otra parte, las organizaciones vecinales solicitan al Ayuntamiento información sobre la contaminación atmosférica que producen las carreras, ya que por proximidad consideran que puede suponer un riesgo perjudicial para la salud.
Esta información acompaña a la solicitada por vecinos de Natzaret sobre los decibelios que soportaban por el ruido de los motores, la alternativa a trasladar las gradas sur que están en la parte inundable del antiguo cauce del Turia y la instalación de un paso elevado para los peatones por el puente del ferrocarril.
Ante esta situación, la Asociación critica la poca información recibida desde el Ayuntamiento, y recuerda que sólo mantuvo una reunión con el jefe de la Policía Local, Andrés Rabadán, en la que no se dio solución a los problemas expuestos por los afectados.
En este sentido, Moltó exige que los vecinos sean conocedores de los costes que supuso el desvío de diez líneas de autobuses y los servicios prestados por bomberos, policía y transporte público.
Por su parte, la plataforma de organizaciones vecinales, ecologistas y sociales "Fórmula Verde" ha añadido problemas como las molestias del tráfico aéreo causado por las cadenas de televisión que retransmiten las carreras o la colocación de un helipuerto VIP cerca de estos barrios.
Los componentes de la plataforma exigen al consistorio valenciano que si no se solucionan estos problemas, impida la celebración de la Fórmula Uno el 24 de agosto y que el próximo año la trasladen al circuito de Cheste, puesto que valoran que reúne mejores condiciones para las carreras y no provoca perjuicios a los habitantes de Valencia.
* Levante-EMV - EFE - 31 de julio de 2008
Foto: Valencia, obras circuito F1 - EFE
"Varapalo judicial" al ayuntamiento de Burgos por sentencia urbanística
EL CONFIDENCIAL* ha tenido conocimiento de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Burgos, con fecha 2 de julio de 2008 en la que se anula otra licencia municipal en el área de transformación 8.20 de la calle Molinillo de Burgos...
El pasado mes de febrero fue la Sala de lo Contencioso del TSJ de Burgos la que fallaba en sentencia, hecha firme por no haberse presentado recurso ante el Supremo, anulando la licencia municipal concedida a la cooperativa Cuatro Olmos, que construyó 15 viviendas y garajes V.P.O. en ese mismo area de transformación.
Ahora, se anula la licencia para 90 viendas (65 + 30) realizadas por Inmobiliaria Rio Vena. De todas las formas, esta última sentencia de julio aún no es firme.
El particular que presentó la denuncia tiene intención, según sabe EL CONFIDENCIAL de pedir la ejecución de la misma. En caso de ser aceptada su petición habría que derribar algunas alturas.
Se ha construido baja + 5, cuando la sentencia sólo autoriza baja + 2.
Últimamente se han hecho públicas algunas setencias sobre asuntos urbanisticos, a nivel nacional, que si autorizan los derribos, siendo los propietarios de las viviendas los que luego deben reclamar y pedir responsabilidades a las constructoras y éstas a su vez a los ayuntamientos por haberles concedido un aprovechamiento mayor al que posteriormente reconoce la sentencia.
* Radio Arlanzón - 31.07.2008
Foto: Burgos - google
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio exige al Gobierno que deje de salir en defensa de las promotoras inmobiliarias
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio* considera intolerable que la respuesta de la administración ante la crisis inmobiliaria sea apoyar a las promotoras, o sea, perpetuar un modelo que ha conducido, como veníamos advirtiendo desde numerosos frentes, a la catástrofe económica, medioambiental y social.
Desde la CCDT consideramos una aberración que se promueva la construcción de 150.000 viviendas protegidas al año, o la reciente propuesta de destinar 300 millones a adquirir terrenos para pisos protegidos.
También nos preocupan las enormes inversiones previstas en infraestructuras innecesarias: no podemos seguir manteniendo la demagogia desarrollista de hace 30 años en un país que será pronto el que más km. tenga del mundo de tren de alta velocidad y autovías -Madrid es ya la segunda ciudad del mundo en redes de autovías y pretende construir 300km más.
Las enormes sumas de dinero que se van a invertir en infraestructuras y viviendas protegidas debería inyectarse en otros sectores más sostenibles de desarrollo, alentando una alternativa. En lugar de eso el gobierno y las comunidades autónomas siguen apostando por el despropósito urbanístico. Seguir potenciando la construcción es apuntalar una dinámica suicida y además abonar el suelo donde ha florecido la corrupción en España de forma salvaje, una dinámica que parece destinada a la devastación completa y definitiva de nuestro litoral y con ello a nuestro principal patrimonio y activo económico y turístico.
Denunciamos que la crisis se está utilizando para apuntalar el sector inmobiliario y defenderlo, en vez de desmantelarlo y apostar por otro modelo de crecimiento, cuando este es el causante principal de la crisis económica actual. Exigimos al gobierno y las comunidades autónomas que retire su apoyo a las promotoras y promueva un cambio real de modelo económico.
En relación con el problema de la vivienda denunciamos que la solución no pasa por construir pisos protegidos, sino por promover el alquiler social y la ocupación de los más de 3 millones de viviendas vacías que hay en España. Y, sobre todo, por deshacer desde sus cimientos el inmenso aparato de especulación inmobiliaria que ha inflado los precios de la vivienda en España. Para ello no bastan medidas "parche" sino un conjunto de medidas en todos los frentes y un cambio radical de modelo.
La solución para la crisis no está en amparar a las promotoras, que han dirigido la "dictadura inmobiliaria" encubierta que ha sido España en las últimas décadas, llevando al país a la catástrofe medioambiental, económica y social, sino en promover un cambio radical de modelo económico que no esté hipercentrado en el ladrillo.
Recordamos que hace un año España construía 5 veces más que la media europea, o sea que un verdadero reajuste a tasas de crecimiento normales implicaría un descenso real de un 80% en la construcción, mucho más de lo que hasta ahora se ha producido. O sea que, a pesar de la crisis, España sigue construyendo muy por encima de la media europea.
Actualmente, según varios estudios, hay suelo recalificado en España para triplicar el número de viviendas existentes, al menos en la zona del litoral, lo que implica que se podrían construir más de 20 millones de viviendas a fecha de hoy. Además se está intentando recalificar suelo para un número aun mayor, habida cuenta los planes urbanísticos sin precedentes que están en fase de aprobación en todo el territorio, a la espera de que la crisis remita y con la tradicional discrecionalidad, nocturnidad y agostidad.
Exigimos una moratoria en las recalificaciones y en la construcción, la reclasificación de suelo urbanizable a suelo protegido y la ocupación de los 3 millones de viviendas vacías que hay en España. La reclasificación de suelo urbanizable a no urbanizable debe servir para hacer accesible el suelo a formas sostenibles de agricultura, potenciando así otros sectores de la economía. A su vez pedimos que se eliminen todas las medidas que favorecen la especulación y que se promuevan leyes rápidas contra los abusos urbanísticos, ya que ciudadanos y medioambiente están desamparados frente a la lentitud e inoperancia de la justicia.
Los bienes incautados en la corrupción deberían utilizarse para la recuperación de zonas deterioradas por la especulación urbanística y para la demolición de macro-hoteles y macro-complejos urbanísticos ilegales, como el del Algarrobico y tantos otros que proliferan a miles en el litoral y el interior español.
Alertamos a la ciudadanía para que no se deje engañar una vez más por la estafa masiva de quienes predicen que pronto habrá terminado la crisis y que hay que seguir apostando por la construcción. Son los mismos que negaban que fuera a estallar la burbuja inmobiliaria, algo que todos nosotros predecíamos hace mucho tiempo.
* Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio
* Portalmería - 30 de Julio de 2008
Alternativa a la crisis / El Roto
Viñeta: El Roto - elpais.com 28jul08
La Vila Joiosa: Doce sentencias contradicen en un año la política urbanística del PP
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INFORMACIÓN/Alicante* : Un total de doce sentencias judiciales han contradicho, desde 2007, la política urbanística desarrollada por el PP durante sus últimos cuatro años de mandato en el Ayuntamiento de La Vila, concretamente desde 2003 a 2007, sin contar las que hacen referencia al Atrium Beach.
En el último año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) ha fallado una y otra vez contra las decisiones plenarias que el gobierno del ex alcalde popular, José Miguel Llorca, aprobaba con sus votos, dando la razón a los contenciosos interpuestos, sobre todo, por el edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret.
La primera desde la llegada al poder del actual gobierno cuatripartito fue la anulación de la tramitación del Plan Parcial 22 Secanet por "falta de motivación" en la elección de la mercantil adjudicataria de las obras, May Producciones, a pesar de que un informe técnico valoraba mejor a la empresa Hermanos Ávila. El sector contemplaba la construcción de 341 viviendas que hoy por hoy permanecen en el limbo. La sentencia considera infringida la legislación urbanística por "la falta de motivación de la elección de la alternativa aprobada".
A inicios del presente año, el TSJ anulaba el acuerdo plenario que programaba el Plan Parcial 27 Torres "por ser contrario a Derecho". En abril, el TSJ anulaba la permuta de una parcela de suelo dotacional del Plan Parcial 11 Tellerola 1, que el Ayuntamiento había llevado a cabo con la mercantil Valdeprocasa. La permuta cambiaba el céntrica chalé Centella y una parcela del patio escolar del colegio Mare Nostrum, sin posibilidad de edificar, por una parcela municipal de más de 10.000 m2 en primera línea de playa. El tribunal estimaba que ese suelo municipal debía ser para viviendas sociales.
En el pasado mes de mayo, hacía volver a empezar de cero la Unidad de Ejecución 1 El grec, en el polígono industrial Torres, por ser adjudicada a la mercantil Rapella sin estar ésta cualificada para "contratar" con el Ayuntamiento ni reunir "los requisitos legales para ser agente urbanizador". También en mayo, el TSJ anulaba el proyecto de reparcelación del Plan Parcial 25 Puntes del Moro por no permitir la posibilidad de pagar las cargas del sector en metálico.
Una semana después, un juzgado de Alicante anulaba la venta de suelo público para pagar parte de la obra del campo de fútbol Nou Pla, instalación deportiva que ya construida acumuló con anterioridad siete sentencias judiciales en contra. Otro juzgado de Alicante anulaba el cambio de urbanizador del sector de l'Almisserà, que convertía en urbanizador a Los Almendros de Alicante en lugar de Urbe Construcciones y Obras Públicas.
En julio, el TSJ "tumbaba" el programa que desarrollaba el Plan Parcial 15 Poble Nou por considerar que el incremento de las cargas de urbanización son contrarias a derecho. Apenas diez días después dos sentencias del TSJ obligaban a reiniciar la tramitación de los sectores PP 24 Parais Nord y PP 22 Secanet, ya que las mercantiles adjudicatarias no estaban debidamente clasificadas para realizar la obra. En los últimos días, el tribunal ha anulado la reparcelación del sector PP 3 Almàssera de Tonda y ha confirmado la nulidad de la reparcelación del Plan Parcial 29 Parais Sud de La Vila.
* Información - C.F. - 30 de julio de 2008
Foto: Vista parcial del sector 15 de La Vila afectado por una reciente sentencia del TSJ, que anula su programa. ROSARIO FRAILE, diarioinformacion.com
