ELPAÍS* : ¿Qué tienen en común Itziar González, Mercè Massa y Lourdes Conesa? Que son mujeres, que trabajaban en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, que decidieron acabar con la supuesta corrupción que imperaba en la concesión de licencias para apartamentos turísticos y hoteles y que, por ello, sufrieron serias amenazas de muerte, por teléfono o carta, así como otras acciones de extorsión para que tirasen la toalla. Barcelona no es Sicilia, pero los métodos empleados con ellas lo recuerdan.
Así se explica que los Mossos d'Esquadra afirmen en un escrito dirigido a la juez Elisabet Castelló el 28 de agosto de 2009: "De la investigación se desprende claramente que no se trata de unas amenazas aisladas, sino que existe un proceso de extorsión con la intención de presionar y desestabilizar al personal de la actual concejalía de Urbanismo de Ciutat Vella". La explicación, añade la policía autonómica, es que los autores de las amenazas "habrían visto perjudicados sus intereses económicos, así como la dilatación o denegación de licencias".
Los Mossos destacan que estas amenazas coinciden con un cambio en el personal acordado por Itziar González a los pocos meses tomar posesión como concejal de Ciutat Vella. Tres inspectores técnicos abandonaron sus cargos y fueron recolocados el jefe del departamento de licencias e inspecciones, así como Heliodoro Lozano, director de servicios técnicos. Lozano estuvo seis meses en prisión por su supuesta vinculación con la trama de extorsión que investiga el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona en la concesión de licencias a cambio de diversas cantidades de dinero y está acusado de varios delitos de cohecho y contra la Administración pública.
El ingeniero Joaquim Quílez, que emitía informes para el distrito, también estuvo en prisión y está acusado de formar parte de esa trama, pero, además, los Mossos consideran que las amenazas sufridas por las tres mujeres responden a una "estrategia de intimidación presuntamente protagonizada" por él. La juez del caso ha avalado la investigación policial y Quílez está siendo investigado también por amenazas o extorsiones.
La tesis de la juez es que Quílez podría haber actuado así al existir sospechas fundadas contra él de que había actuado ilícitamente en la concesión de licencias. La justicia investiga ahora las grabaciones telefónicas realizadas a Quílez y los DVD extraídos del disco duro de su ordenador cuando los Mossos registraron su despacho profesional, el 31 de marzo de 2009.
Las tres mujeres que sufrieron las amenazas ha acudido al juzgado para ejercer la acusación particular en el caso. Su abogado, Lluís Maria Anglada, admite: "amenazar es más sencillo que identificar al autor".Las amenazas a las tres mujeres empezaron en junio de 2008 y la primera que las sufrió fue la arquitecta técnica del distrito de Ciutat Vella, Lourdes Conesa. Fueron llamadas anónimas a su domicilio, hasta que la noche del 18 de julio cogió el teléfono. El mensaje era claro: recomendación de abandonar su cargo público bajo amenazas de que si no, tendría problemas. La mujer acudió a los Mossos y denunció los hechos, pero el caso quedó archivado por falta de autor conocido.
En esas mismas fechas, mantuvo una discusión laboral con el ingeniero Joaquim Quílez, que emitía informes para el Ayuntamiento y que deambulaba por el distrito como Pedro por su casa, ojeando expedientes de licencias sin estar autorizado para ello. La arquitecta le afeó su conducta y Quílez le respondió: "Yo llevo 22 años en el Ayuntamiento, tengo muchos amigos y si puedo evitarlo, tú nunca serás nadie en este Ayuntamiento".
De las llamadas telefónicas se pasó a las cartas amenazadoras. El 11 de noviembre de 2008, Conesa recibió un sobre en su domicilio que reivindicaba las llamadas, insistiendo en que abandonara el cargo y con una fotografía de su vivienda. Se daba a entender así, dicen los Mossos, que estaba vigilada y que "sería vulnerable en cualquier momento". Por esas fechas, su motocicleta fue manipulada y le extrajeron varios tornillos intencionadamente. El 30 de noviembre de 2008 abandonó el cargo y se marchó a otro distrito. Dos meses después, el 20 de febrero de 2009, recibió la carta de agradecimiento que se transcribe íntegramente en esta página.
Ese mismo día, los autores de las amenazas iniciaron el acoso a la gerente del distrito, Mercè Massa, con una carta muy extensa, de dos páginas, en la que se profieren todo tipo de amenazas de muerte si no abandona el cargo y deja de firmar acuerdos "prevaricadores" referidos a la denegación de licencias. Los Mossos destacan que esas amenazas coinciden en el tiempo con la ausencia de la concejal Itziar González por problemas de salud.
Quienes redactan las amenazas conocen al detalle la vida personal de las mujeres. Se ensañan especialmente con la concejal Itziar González, a la que el 23 de julio de 2009 envían a su domicilio una carta con insultos irreproducibles y hasta regocijándose por el mal momento de salud que pasó. En la carta se habla directamente de "eliminarlas", en alusión a ella y a su "amiga Mercè", en referencia a la gerente. Meses después, González sufrió un robo en su vivienda, los ladrones se llevaron su ordenador. Al final arrojó la toalla, pero fue por el hotel del Palau de la Música, un proyecto que nunca vio bien.
MERCÈ MASSA
Gerente de Ciutat Vella desde la llegada de González, donde prosigue en la actualidad con la concejal Assumpta Escarp. Firmó las resoluciones que intentaron poner orden en el sector de los apartamentos turísticos, negando licencias o exigiendo mejoras para que siguieran funcionando.
ITZIAR GONZÁLEZ
Concejal del distrito de Ciutat Vella entre junio de 2007 y abril de 2010. Arquitecta de profesión, llegó al Ayuntamiento como independiente en las listas del PSC, partido al que se acabó afiliando y en el que no siempre encontró el apoyo que necesitó.
LOURDES CONESA
Arquitecta municipal de Ciutat Vella, cargo que abandonó en febrero de 2009; ahora está destinada en Horta-Guinardó. Declaró a los Mossos que tuvo varios incidentes con el sospechoso Joaquim Quílez, porque este mostró interés por ciertos expedientes.
Las frases amenazadoras
- Carta de agradecimiento recibida el 20 de febrero de 2009 por la arquitecta Lourdes Conesa, tras abandonar el distrito de Ciutat Vella. "Lourdes: como has hecho lo que se te recomendó, el peligro que tenías ha pasado. Puedes andar totalmente tranquila. La justicia se ha cumplido y no te va a ocurrir nada en absoluto. Gracias por tu colaboración. Perdona la demora en contestar. Asociación Justiciera de la comunidad del Raval, GLPSA".
- Carta amenazadora recibida el 20 de febrero de 2009 por la gerente Mercè Massa. "Tienes un problema serio que te puede costar carito... Esto es una recomendación directa, Mercè, no sabes dónde te estás metiendo... Hace tiempo recibiste amenazas por teléfono, te alertaron que te ausentes del distrito o pidas traslado, advertencias que al parecer no te influyeron lo más mínimo. Tú para nosotros en este momento eres como un animal y tenemos una misión que realizar. Entendemos que somos unos hijos de puta, pero ni más ni menos de lo que eres tú, quien la hace la paga".
- Carta amenazadora recibida el 23 de julio de 2009 por Itziar González. "Tus amiguitos, cuando desaparezcas, no te echarán de menos, piensa que todos brindarán con cava... Hay tanta ira hacia ti, que si no fuera por el peligro de ser cogidos los talibanes no estarías aquí... Cuídate lo que puedas, que la enfermedad que tienes está, y a punto de doblarte... La segunda de a bordo, tu amiga Mercè, también va por el mismo camino si no cambias de rumbo creemos también en eliminarte".
* El País - 9.10.10
Foto: Barcelona, ciutat vella - ciudadbarcelona
Barcelona.- Tres mujeres contra la mafia de Ciutat Vella
¿Guarda el fiscal un as en la manga?
LAVERDAD/Murcia* : Como la breve racha de viento que hace temblar las hojas anunciando la tormenta, algo flota en el ambiente, estos días, que apunta a que el 'caso Umbra' contiene una bomba entre esos miles de folios que, a lo largo de cuatro años de secreta investigación, han ido conformando las diligencias judiciales. Realmente, los primeros resultados de esta operación policial, desarrollada el pasado martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en absoluto justifican la expectación, incluso nacional, que ha levantado el asunto: sólo tres detenidos, el de mayor calado el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, y una veintena de imputados, entre los que sólo destacan el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
Escaso equipaje, y más con la que está cayendo por otros lares -casos Gürtel, Brugal, Matas...- y la que ya ha caído por éstos -casos Tótem, Ninette, Zerrichera, Biblioteca...-, para entender las razones de tamaña atención mediática y popular concentrada sobre el asunto. Y, no sólo eso, para comprender además las causas de la extrema confidencialidad y reserva con que se están llevando las diligencias, que en algunos casos roza la paranoia.
¿Tanto secretismo, tantas precauciones, tantos años de investigación... para 'cobrarse' una pieza menor, como lo sería un edil de Urbanismo, quien además pareció escaparse de rositas este viernes?
La única conclusión lógica que puede extraerse de todo ello es que en el 'caso Umbra', hasta el momento, pesan más las expectativas que los resultados. Que vale más lo que esté por venir que lo que ya se ha conocido. ¿Y eso?
«Pues porque en el foco de la investigación está Nueva Condomina, que para cualquiera que sabe algo de urbanismo en esta región es la madre de todos los escándalos, la madre de todos los negocios y la principal responsable de todo lo que ha ocurrido con el urbanismo regional en la última década», argumenta un letrado, experto en estos asuntos y asesor de un buen número de ayuntamientos populares y socialistas, que considera que «el trato tan favorable que el Ayuntamiento dio a Samper ha condicionado las ulteriores relaciones entre los consistorios y las promotoras».
La manera en que el ex secretario de la Liga de Fútbol Profesional irrumpió en Murcia, en el año 1999, está sobradamente contada, por lo que no merece la pena extenderse demasiado: adquirió por 275 millones de pesetas un Real Murcia en Segunda B y a punto de desaparecer, ofreció al Ayuntamiento construir un campo de fútbol de primera categoría y colocar al equipo en lo más alto del fútbol profesional y, para lograrlo, reclamó el apoyo institucional para un proyecto empresarial -apenas esbozado entonces- que le reportara suficientes plusvalías como para permitirle invertir lo necesario en el club.
«Dos raciones de lo mismo»
La operación urbanística que Samper acabó completando con Nueva Condomina, donde sin apenas jugarse un euro propio logró hacerse con casi un millón de metros cuadrados urbanizables, merece ser estudiada en las universidades, aunque no se explicaría sin la circunstancia excepcional que significa poder presentarse a sí mismo como depositario del sentimiento grana.
Huelga decir que, después de aquello, importantes promotoras con intereses en la zona se dirigieron al Ayuntamiento para pedir dos raciones de lo mismo. De ahí los otros cinco convenios, ahora bajo sospecha, que acabaron firmándose en años sucesivos.
El asunto, con todo, no se quedó ahí. Cuando, además de haberle multiplicado por cuatro el aprovechamiento urbanístico a Nueva Condomina, trascendió que el Consistorio le había perdonado la cesión del 10% a que obliga la ley (40.000 m2 de terreno, valorados en unos 30 millones de euros), y que sólo había acabado reclamándolo a la fuerza, a raíz de una demanda judicial promovida y ganada por terceros, el fiscal jefe, Manuel López Bernal, consideró que tamaña generosidad municipal resultaba ya más que sospechosa y anunció que iba a abrir de oficio diligencias informativas.
Corría el mes de julio de 2006 y dos años más tarde presentaba denuncia en los juzgados. Algo que ahora -otros dos años después- ha trascendido, al desencadenarse la 'Operación Umbra'.
El primer balance del asunto resulta bastante decepcionante. ¿Cuatro años de investigaciones, cientos de horas de grabaciones telefónicas, miles de horas de trabajo de los UCO y de inspectores fiscales, la coordinación personal del caso por parte del fiscal superior... todo eso para llevarse por delante a un gerente de Urbanismo y para que el edil del ramo, Fernando Berberena, el imputado más relevante, salga del juzgado haciendo el signo de la victoria?
«Tiene que haber más, mucho más. De otra forma, no encuentro explicación a lo que se ha hecho hasta ahora», razona un letrado que lleva la defensa de uno de los imputados. A lo que un compañero suyo añade: «Creo de que el fiscal jefe está convencido que tiene en sus manos la madre de todos los casos de corrupción, aunque hasta el momento se ha cuidado mucho de mostrar sus ases».
Y sostiene un tercero: «Este asunto viene con sorpresa. Seguro. Yo creo que al final saldrá algo grande. Y que el fiscal jefe acabará en esa ocasión por poner la Región entera patas arriba, o le tocará marcharse a su casa».
* La Verdad - 10.10.10
Foto: Murcia no se Vende, pancarta - murcianosevende
Labros.- ¿Otro desaguisado?
ANDRÉS BERLANGA/Guadalajara* : Quede constancia escrita: se va a cometer un desaguisado. El lugar se llama Labros, un pueblo tendido al sol en la ladera de un cerro, en la paramera de Molina de Aragón; el lugar de ‘los cielos más limpios de todas las Españas”, en palabras de Serrano Belinchón. Allí habían conseguido que la torre desmochada (siglo XVI) -que apenaba el ánimo nada mas verla- se restaurara al fin, igual que su arco románico (siglo XII). Y también impidieron que el sabinar que abraza al pueblo fuera arrasado hace ocho años. Al pie de ese pueblo está la Plaza, con tres edificios peculiares uno al lado del otro: lo que fue Biblioteca (la única antes de la Guerra Civil en muchas leguas a la redonda), la Carnicería comunal y la Fragua. Los tres escalonados edificios forman un conjunto de una planta, con tejados de teja árabe. Y delante de la fragua está el porche (allí llamado Portegao), con soportes de piedra para los pilares añosos de sabina, donde aún perduran incrustadas las cabezas de los clavos que el herrero fabricaba hace muchos, muchos años. Todo eso va a ser destruido.
Poco importa que una y otra vez Labros aparezca en los libros como un ejemplo. Bajo ese tinado, abierto a los cierzos, y también dentro, entre paredes donde cuelga la memoria de lo que fue un pueblo campesino (arados, colleras, colmenas de vaso, hoces o zoquetas, serones, albardas, cedazos… donados por los labreños) se celebran reuniones comunitarias, fraternas, donde cada cual aporta lo que puede. La vieja fragua, cedida por el Ayuntamiento, se restauró por cuenta de la Asociación de Amigos de Labros como Centro Cívico en 1983. Es una seña de identidad más en “el conjunto del pueblo, que ofrece una buena imagen”, según el último estudio aparecido en el libro Arquitectura popular de Tierra Molina, donde se reproduce precisamente (pag. 231) la fotografía de ese Portegao, como testimonio de la cultura tradicional.
Si se precisan espacios más amplios o más nuevos o con otras finalidades, ¿por qué no acondicionar el interior, sin tocar su exterior, su estructura, sus materiales, su volumen; es decir, lo que ha sido un patrimonio secular, bello, irrepetible en la cultura rural, tan sabia como humilde? Si se necesita levantar un local de nueva planta, ¿por qué no hacerlo en un solar o en cualquiera de las casas a medio hundir o donde no sea un atentado ?
¿En qué cabeza cabe que todo ese patrimonio de la arquitectura popular de siglos se vaya a destruir, para después sustituirlo por no se sabe qué? ¿Hay que resignarse? Quizás sí. O quizás no. ¿No hay nadie ahí que ponga cordura? ¿Es el propio Ayuntamiento quien quiere acabar con todo esto?
Por si acaso, quien quiera contemplar lo que el libro citado califica de ‘pequeño pueblo, armonioso en su conjunto’ que acuda hoy mismo, o mañana. Porque pasado mañana puede ser ya demasiado tarde.
* Nueva Alcarria - Opinión - 10.07.10
Vigo.- El fiscal pedirá que Porro siga imputada por prevaricación
ELPAÍS* : La Fiscalía de Pontevedra recurrirá el auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta por un posible delito de prevaricación contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro, el director del Puerto, Luis Lara Rubido, y el representante de Puertos del Estado en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, en relación con las obras de relleno del muelle vigués del Areal, actualmente en ejecución.
La imputación a las tres autoridades citadas de presunta prevaricación la fundamentó en su momento la Fiscalía en que las mismas habían promovido la realización de las obras del Areal siendo conocedoras de la inexistencia del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y del Plan Director de Infraestructuras, preceptivos ambos para llevarlas a cabo. El juzgado de Vigo que instruye las diligencias levantó provisionalmente la imputación en un auto conocido el martes y que recogía los argumentos de la Abogacía del Estado contra la imputación de las citadas autoridades.
A raíz del auto judicial, los dirigentes del PP reclamaron al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y a otros socialistas que pidieran disculpas a Porro por el uso político que habían hecho de su imputación, al entender que se había archivado definitivamente. El recurso de la Fiscalía, sin prejuzgar sus resultados, la mantendrá aún abierta.
* El País - 9.10.10
Foto: Vigo, derribo en el Puerto - farodevigo.es
"¿Quién es el comisario malayo?"
MÁLAGAHOY/Marbella* : El comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, se querellará contra el abogado del constructor Rafael Gómez, procesado en el caso Malaya, Antonio Urdiales, que el miércoles relacionó al mando policial con unos supuestos sobornos pagados por el cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Así lo aseguraron fuentes policiales, que explicaron que el jefe de la Policía Judicial decidió presentar una querella por calumnias contra el abogado Antonio Urdiales. El letrado aseguró el miércoles en la vista del juicio por el caso Malaya que Juan Antonio González podría estar tras las siglas "J. A. G." halladas en documentos de Roca, en los que se detallan pagos y sobornos.
La caja de truenos abierta por el abogado también provocó que el portavoz del PP en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Rafael Hernando, exigiera que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclaren "inmediatamente" si el jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, cobró sobornos de Juan Antonio Roca, imputado en el caso Malaya. El abogado de uno de los acusados en el caso Malaya solicitó al tribunal que indagara la vinculación entre Roca y un responsable policial -cuya iniciales J. A. G. ligó a Juan Antonio González-, al que supuestamente habría entregado 200.000 euros en sobornos.
"Rubalcaba y De la Vega deben dar explicaciones urgentes sobre la veracidad de esos hechos y de las investigaciones para determinar a quien corresponden las iniciales de ese alto cargo policial que se habría prestado, al parecer, al cobro de un soborno", declaró Hernando a Europa Press. Si no lo hacen, advirtió, su partido llevará este tema al Congreso de los Diputados.
El diputado del PP recalcó que "resulta urgente e imprescindible" saber "quién es el comisario malayo", así como conocer "qué ha hecho el Ministerio del Interior para desenmascarar o encubrir al mismo a estos altos precios". Hernando recordó que las iniciales se están atribuyendo al jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, quien, según dijo, "pertenece a la camarilla político-judicial del sector Rubalcaba". Es más, recordó que hace unas semanas este comisario "daba unas instrucciones a todas las comisarías del país con el objetivo de controlar cualquier investigación sobre corrupción que se realice en España para darle un tratamiento especial". El diputado del PP criticó asimismo que el mismo día que aparecían estas informaciones la vicepresidenta del Gobierno prometía "tolerancia cero" contra la corrupción, durante la inauguración de Ágora, América Latina 2010. "El cinismo de Fernández de la Vega resulta insultante", resaltó.
Finalmente, aprovechó para reprochar a De la Vega que "aún no haya informado de los regalos que ha recibido en los últimos años". "Se ha negado de forma pertinaz y cuando uno habla de transparencia tiene que predicar con el ejemplo", concluyó. Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, abogó por que todo lo que se recupere en relación con el caso Malaya "vaya al sitio de donde salió, que es Marbella"; por que se asuman responsabilidades políticas, y por que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dé las correspondientes explicaciones. A su juicio, el vicepresidente tercero del Ejecutivo, Manuel Chaves, cuando era presidente de la Junta, y el propio Gobierno andaluz "miraron durante un montón de años para otro lado y tenían todas las competencias para haber intervenido".
Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, enmarcó las declaraciones efectuadas por Arenas en la "campaña de insidias e intoxicaciones emprendida contra el Gobierno andaluz por el PP, que no sólo quiere jugar a la confusión y manchar la gestión realizada por la Junta de Andalucía, sino manchar la honorabilidad de políticos honrados y diligentes en su gestión", como es el caso del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien Arenas pidió que explicara la supuesta vinculación de un cargo policial con la trama del caso Malaya que los tribunales investigan en Marbella.
La dirigente andaluza afirma en un comunicado que fue la Junta de Andalucía la que interpuso más de 400 impugnaciones a convenios y decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Marbella y que la Justicia "no aceptó la petición de medidas cautelares para paralizarlas", al tiempo que subrayó que fueron los socialistas quienes tomaron cartas en el asunto en la lucha contra la corrupción en Marbella al acordar en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la petición de solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Consistorio Marbellí, una decisión que llevó a término el Gobierno de Zapatero "después de que el propio Arenas se opusiese a ello en 2003 cuando era ministro de Administraciones Públicas".
* Málaga Hoy - 8.10.10
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
El Consell otorgaba subvenciones a las ONG que el entramado señalaba
LEVANTE/Valencia* : Como un departamento más de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía. Así funcionaba la fundación Solidaria Entre Pueblos, la matriz del entramado de fundaciones y ONG que recibió más de 4.368.632 de euros en subvenciones para el tercer mundo y que dirigió hasta 1,4 millones de euros a empresas de la propiedad de sus dirigentes. Según los documentos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, la relación era tan estrecha que las organizaciones que eran tocadas por la varita mágica de Solidaria Entre Pueblos, previo consejo del personal de la Consellería de Solidaridad, acabaron recibiendo subvenciones y convenios de la Generalitat, en algunos casos otorgadas a dedo.
Ese fue el caso, por ejemplo, de la fundación del jugador del Villarreal CF, Marcos Senna, que lleva el mismo nombre. Una persona del gabinete del conseller Blasco recomendó en el mes de enero a la Fundación Solidaria Entre Pueblos que contactara con la de jugador brasileño. Meses después, en la presentación de los presupuestos de 2010, la Generalitat le otorgaba 200.000 euros de los proyectos de libre designación.
Y eso que la fundación Marcos Senna no tenía ninguna experiencia, puesto que se había constituido en noviembre de 2008, ni siquiera un año antes de que se le concediera la subvención. Eso sí, el conseller Rafael Blasco se volcó con esta entidad al 100%, con varias visitas y un reportaje televisivo emitido en los Informativos de Canal 9, la conocida como Noticia Solidaria, por la que paga al ente 100.000 euros al año. La foto con el jugador de moda del equipo amarillo en aquella época es un bien que el político que se precie no debía desestimar.
Pero desde la Conselleria de Solidaridad no sólo se recomendaban ONG, si no que también sugería con quién no se debía tener contactos. Según la documentación que obra en poder de este periódico, la Fundación Solidaria Entre Pueblos no contactó ni hizo nada por la Asociación Corazón Abierto y Asinav pese a "estar el proyecto preparado". Al parecer los primeros contactos no fueron muy fructíferos.
Otra recomendación realizada desde personal de confianza del conseller Blasco fue con la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (FASPS). En enero urgían a la Fundación Solidaria Entre Pueblos a que contactaran con esta organización porque era interesante, ya que tenían un proyecto de 16 viviendas en el Sahara.
Días después, la matriz de la trama generaba una factura proforma para la FASPS de 6.500 euros por la "Redacción del Informe de evaluación final de la implantación de un proyecto de 2ª Fase del Barrio de la Solidaridad. 16 viviendas". Desde la Consellería recordaban a su contacto en Solidaria Entre Pueblos que con esta federación "se podrían hacer cosas muy interesantes a medio y largo plazo".
Pero la relación fluida entre la Fundación Solidaria Entre Pueblos y su enlace en la Consellería de Solidaridad iba mucho más allá. No era extraño que esta persona se pasara por la oficina de la fundación en la calle San Vicente número 16 de Valencia.
Además, la marcha del trabajo de la matriz del entramado también preocupaba en el seno de la Conselleria. Tanto, que solicitaban a Entre Pueblos los listados de los proyectos e incluso les ayudaban a subsanar algún escrito. Una relación más que estrecha con una fundación supuestamente desligada del Consell.
* Levante - 9.10.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
