DIARIODELANZAROTE* : Varias decenas de personas se concentraron este sábado por la mañana en la Calle Real de Arrecife, frente al Cabildo viejo, para reivindicar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El portavoz de Vecinos Unidos y de la Plataforma Por Una Vivienda Digna Lanzarote, José Díaz, denunció la “dejadez” de nuestras autoridades para hacer efectivo este derecho.
Entre ruidos de pitos y golpes de cacerolas, el portavoz de Vecinos Unidos y de la Plataforma Por Una Vivienda Digna Lanzarote, organizaciones que convocaban la concentración, recordó que el artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y que será obligación de los poderes públicos, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
De hecho, José Díaz denunció la “dejadez” de nuestras autoridades que tampoco regulan la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. “En Lanzarote necesitamos 2.500 viviendas sociales y hace más de 16 años que no se construye ninguna”, lamentó el líder vecinal.
‘Stop a la especulación. Juntos podemos', era otra de las consignas que esgrimía la pancarta y es que, según denuncian las organizaciones Vecinos Unidos y Plataforma Por Una Vivienda Digna Lanzarote, “la ciudadanía de la Isla no se beneficia de las plusvalías que genera la acción urbanística de los ayuntamientos”.
* Diario de Lanzarote - 15.12.2008
Foto: diariodelanzarote.com
Varias decenas de personas exigen en Lanzarote una vivienda digna 'agitando la Constitución'
La Fiscalía investiga si Arrigorriaga prevaricó en un plan urbanístico
ELPAÍS* : La Fiscalía de Bilbao ha abierto una investigación por presunta prevaricación y vulneración de la ley de Medio Ambiente por parte del Ayuntamiento de Arrigorriaga en un plan urbanístico que intenta ejecutar desde 1990. El fiscal estudiará si se ha favorecido a una empresa en la recalificación de terrenos y si el Ayuntamiento le compró terrenos por un valor superior para liquidar una deuda anterior de seis millones de euros.
Además, el área donde se proyecta la urbanización (26 hectáreas) tiene más de 10 hectáreas calificadas como de protección especial. En el proyecto, con una inversión prevista de 50 millones de euros, se incluye la edificación de una plataforma logística de Eroski.
El caso se abrió tras un escrito presentado ante la Fiscalía el pasado 1 de octubre por una plataforma que integra a 23 grupos de Miraballes y Arrigorriaga. A finales de noviembre, el fiscal tomó declaración a varios miembros del colectivo y, según la información facilitada por éste, les aseguró que había indicios de delito en la actuación municipal.
Los intentos de recalificar esta zona de monte, ubicada en el límite de los municipios de Arrigorriaga y Miraballes, se remontan a 1990. Entonces el pleno municipal aprobó un convenio para recalificar el paraje denominado Bentako-Erreka con la empresa Desarrollo y Gestión con el fin de desarrollar un proyecto industrial. En dicha firma figuraba como socio un hermano de la anterior alcaldesa de Arrigorriaga, María José Albizua (PNV), según el escrito de la plataforma vecinal. Pero la Diputación de Vizcaya rechazó la recalificación de los terrenos por tres veces (en 1990, 1993 y 1996), ante lo cual la compañía Desarrollo y Gestión denunció en los tribunales al Ayuntamiento, que fue condenado a pagar más de seis millones de euros por incumplir el convenio.
El fiscal investiga si esa valoración económica fue proporcionada -la sentencia sólo dio la razón a la empresa a la hora de recuperar unos terrenos suyos que cedió al consistorio-, ya que se basó únicamente en la petición hecha por la compañía, ya que el Ayuntamientono ejercíó su derecho de tasación. En octubre de 2007, el consistorio planteó de nuevo la recalificación urbanística, con la diferencia ahora de que, con la nueva Ley de Suelo, y al tratarse de un municipio de más de 7.000 habitantes, no requiere el permiso de la Diputación.
En la denuncia presentada a raíz de esta iniciativa se señala que antes de esa fecha se empezaron a comprar terrenos "sin informar del objetivo final de los mismos", y que en algunos casos se dijo que era para uso agropecuario. Los vecinos afirman que la zona no presenta ventajas para la instalación de una planta logística, debido a su calificación como no urbanizable, las fuertes pendientes o los atascos permanentes en la BI-625 que discurre en las cercanías. "Sólo se explica por el bajo precio pagado en adquirir los terrenos", indican.
La investigación también se centra en un acuerdo municipal, de diciembre de 2007, por el que se compra a Desarrollo y Gestión por 2,7 millones terrenos que los denunciantes consideran "sin valor apreciable ni edificabilidad urbanística". Los vecinos estiman que la operación encubre un "intento de liquidar la deuda" de los seis millones.
Con la nueva Ley de Suelo, el Ayuntamiento tiene que contar con la opinión del Departamento de Medio Ambiente, que se ha mostrado crítico con el proyecto. En un informe de marzo pasado, calificó el impacto de la urbanización de "severo" y censuró que no se hayan priorizado suelos ya urbanizados en vez de recalificar terrenos agrarios y naturales. Además, el informe de Medio Ambiente reprocha que no haya ningún estudio sobre el ruido, la fauna protegida y las zonas de servidumbre de los arroyos.
La Fiscalía comentó a los vecinos que la investigación no se extenderá a los intentos de recalificación de la zona en los años 90, en el que se implicaba a familiares de la ex alcaldesa, al haber prescrito.
El alcalde de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, también del PNV, anunció hace mes y medio, al presentarse el escrito en la Fiscalía, que estudiaba querellarse contra la plataforma por "injurias, calumnias y falsedad documental", pero no quiso valorar los hechos concretos que se aportaban. El consistorio ha iniciado ahora una campaña de información sobre el plan, en la que defiende "el respeto exhaustivo de la legalidad" y que, a diferencia de lo que sostiene Medio Ambiente, "no producirá ningún impacto crítico den la zona". Incluso asegura que se preservarán los valores ambientales de esta área.
El proyecto tiene la aprobación provisional
El Ayuntamiento de Arrigorriaga, en el pleno celebrado el pasado miércoles, aprobó provisionalmente el cambio en el planeamiento urbanístico municipal para acometer el proyecto en Bentako-Erreka. La autorización, a la que únicamente le queda la ratificación definitiva, tuvo el apoyo de los tres grupos del equipo de gobierno (PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua) y el rechazo de la oposición, conformada por el PSE y el PP.
El quipo de gobierno valoró, tras la sesión, que el proyecto es una oportunidad para el desarrollo del municipio "en el único terreno utilizable a nivel empresarial". Además, destacó el visto bueno del Consejo Asesor Urbanístico del municipio, una figura creada por la nueva Ley de Suelo y que debe emitir su opinión, aunque no es vinculante.
El Consejo Asesor, formado por partidos políticos y asociaciones sociales, aprobó el pasado día 3 la recalificación, pero gracias al voto de calidad del alcalde, el peneuvista Alberto Ruiz de Azua, ya que se registró un empate a ocho sufragios. Sólo dos asociaciones no políticas (los grupos deportivos y el representante de los empresarios) sumaron su voto al de los miembros de PNV, EA y Ezker Batua, mientras que el rechazo provino de los delgados de centros escolares, asociaciones de vecinos, ecologistas, sindicatos, el grupo de mujeres y los partidos PSOE y PP.
La plataforma vecinal Bentaakorreka Bizirik, que presentó la denuncia en la Fiscalía, comunicó después que el representante de los grupos deportivos se equivocó en la votación y que "aclarará su postura en la siguiente reunión del Consejo Asesor".
La plataforma censuró la actitud del alcalde en la reunión, ya que, según aseguraron, calificó de "ignorante" al representante del grupo ecologista y "arremetió en varias ocasiones" contra otros delegados de los centros educativos. "Su comportamiento fue sencillamente bochornoso", señaló.
La asociación vecinal consideró "sintomático" que los representantes de los colectivos sociales, "excepto los empresarios y el representante de los grupos deportivos", hayan votado en contra del proyecto urbanístico, "lo que a nuestro entender da idea del rechazo que genera".
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 15/12/2008
Foto: Una vista de parte de los terrenos donde se proyecta el plan urbanístico en Arrigorriaga- SANTOS CIRILO, elpais.com
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga y está menos penada
ABC* : Municipio más bien pequeño que va a tener un desarrollo urbanístico muy importante y, por tanto, va a a aumentar su suelo construido de forma exponencial hasta quintuplicar su población en muchos casos. Ese es el caldo de cultivo en España para que surja una corruptela vinculada a las recalificaciones y al ladrillo en la que los protagonistas son, de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad y, de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con técnicos o abogados asesorando a unos y otros y sacando tajada.
Si a esos elementos les sumamos zonas concretas como la costa mediterránea de norte a sur, ciertas áreas de Galicia y Asturias, y en general toda la costa, el trinomio está servido, según fuentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Con estos mimbres, no es extraña la afirmación de los investigadores: «El urbanismo da ya más dinero que la droga y las penas son menores. Un terreno se revaloriza de forma exponencial».
Sólo con la intención de recalificar un terreno rústico en urbano comienza a moverse mucho dinero. De ahí, que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) estén ojo avizor: en este momento mantienen abiertas seis operaciones que de aquí a unos meses darán resultados, similares a los que se han producido en Librilla y Totana (Murcia). Otra media docena de asuntos se están siguiendo con detenimiento, pero aún se encuentran en fase preliminar.
Investigaciones vivas
Una de las peculiaridades de este tipo de operaciones es que las detenciones de imputados y los registros son sólo una fase más; son investigaciones «vivas» en las que los documentos intervenidos pueden dar más fruto que todo lo que se haya trabajado hasta ese momento. Hasta ahora los ayuntamientos en los que la Guardia Civil ha detectado corrupción pertenecen al PP -la Policía ha llevado a cabo golpes en consistorios también del PSOE y de otros partidos-, pero los agentes están convencidos de que el color político de los consistorios «no es ni mucho menos determinante y el paso del tiempo equiparará a los distintos partidos».
La razón tiene que ver con la consideración social: «Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad», resumen fuentes del Grupo de Delitos Urbamísticos. «Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan, se supone) a que se beneficien los contrarios o que te sueltan que lo han hecho todos los que han pasado por ahí antes». Por el momento no se ha encontrado que esa corrupción esté ligada a la financiación de los partidos políticos, «pero eso no quiere decir que no suceda».
Al margen de la crisis
No hay un patrón. La iniciativa de actuaciones corruptas, del pago de comisiones y sobornos, del blanqueo de dinero puede ser tanto de la autoridad pública como del empresario; el elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado. «Aunque persista la crisis y se paralice toda la construcción, tendríamos para investigar varios años», explican gráficamente las fuentes consultadas.
El Grupo de Delitos Urbanísticos es el más joven de la Guardia Civil. Tiene apenas año y medio. Lo forman 25 agentes, bajo el mando de un comandante y se han creado tres puestos en cada Comandancia, en total 162 agentes formados en investigación financiera, blanqueo de capitales y urbanismo. Los iniciales estuvieron en Málaga, Madrid y Murcia, donde más casos de corrupción urbanística se habían detectado. Los juzgados vieron el cielo abierto con la puesta de largo de estas unidades. Casi todos los que tenían causas pendientes relacionadas con el urbanismo en jurisdicción de la Benemérita se las enviaron al nuevo grupo.
Antes de crearse, la Guardia Civil pidió a todas las unidades del Seprona información de las infracciones urbanísticas penales y administrativas detectadas, así como de las edificaciones ilegales levantadas en los últimos tres años. El Grupo recibe denuncias anónimas y otras con nombre y apellidos: una parte nada desdeñable proceden de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Muchos «afectados» acuden a la Guardia Civil tras fracasar en procesos contenciosos y creer que tienen razón.
* ABC - CRUZ MORCILLO/PABLO MUÑOZ | MADRID - 15.12.2008
