ELPAÍS/Barcelona* : Ni Letter Graphic ni New Letter trabajaron nunca para el Palau de la Música. Lo sostienen varios ex trabajadores de estas empresas de buzoneo, que facturaron 982.583 euros a la institución musical entre 2007 y 2009. En cambio, Convergència i Unió (CiU) sí estaba entre los principales clientes, puesto que la federación nacionalista encargaba sus campañas a estas dos empresas a través del comercial Salvador Oller, que el próximo 18 de junio deberá declarar ante el juez instructor del caso Millet, Juli Solaz, acerca de las facturas que la entidad que presidió Fèlix Millet no reconoce.
Ningún responsable de estas firmas atendió ayer a este diario.
Miguel Díaz trabajó en Letter Graphic desde 1994 hasta el pasado mes de febrero, justo un año después de una reunión en la que la empresa advirtió a sus empleados de que se retrasaría en el pago de las nóminas. La empresa echó en julio a varios empleados porque dijo que no tenía encargos. Pero las demoras siguieron, hasta que Díaz lo denunció. Como respuesta recibió una carta de despido.
No fue el único caso. En total, Letter Graphic ha despedido en el último año a siete de sus 11 trabajadores. Entre ellos, a Gema Martínez y María José Díaz. "Cuando nos enteramos de que Letter Graphic y New Letter habían cobrado casi un millón del Palau no dimos crédito, porque eso suponía que la facturación no estaba bajando como nos decían", afirma María José Díaz, que estuvo empleada en la empresa, con sede en Badalona, desde 1995. Aun así, los tres trabajadores coinciden en lo mismo. "Nunca trabajamos para el Palau de la Música", dice Martínez.
La versión de los ex trabajadores de Letter Graphic coincide con la de los empleados del Palau de la Música, que aseguraron ante el juez que no les constaba que ninguna de las dos empresas hubiera realizado tareas de buzoneo para la institución.Letter Graphic y New Letter distribuían también material electoral a las sedes de CiU
Los actuales gestores del Palau de la Música consideran que las cantidades que facturaron Letter Graphic y New Letter, que casi suman un millón de euros, son desorbitadas. Por ejemplo, por el buzoneo de la publicidad de un acto de la entidad la empresa cobró más de 145.000 euros, cuando en realidad un mailing para los socios cuesta alrededor de 4.000 euros.
Los ex empleados con los que ha hablado EL PAÍS también se extrañan del argumento que el responsable de las empresas que testificó ante el juez, Pedro Luis Rodríguez Silvestre, acerca de que la empresa no conserva los presupuestos que hizo para el Palau. “Tienes dos palés llenos de facturas, pero además deberían guardar los justificantes que da Correos sobre los envíos”, sostiene Díaz.
Los ex empleados sí recuerdan, en cambio, las campañas electorales que el comercial Salvador Oller captaba para Letter Graphic y New Letter. Trabajaron para el PSM y el Bloc Nacionalista valenciano —aliados de CiU— , pero, sobre todo, para federación nacionalista en prácticamente todos los comicios. Para empezar, estas sociedades, argumentan, no tenían capacidad para realizar los más de cinco millones de envíos que se le requerían, por lo que Oller llevaba encargos a otra empresa de Vilanova i la Geltrú (Garraf).
“No sólo hacíamos los envíos de propaganda. También nos dedicábamos a la distribució"
* ELPAIS.com - 26.05.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
"Nunca trabajamos para el Palau"
Piden cuatro años para el ex alcalde de Torrox por presunto delito urbanístico
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SUR/Málaga* : El ex alcalde socialista de Torrox y ahora concejal en la oposición, Francisco Muñoz, se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y medio de cárcel y 25 años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, por autorizar supuestamente la construcción de cinco viviendas en suelos no urbanizables.
El escrito de petición del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, también pide la apertura de juicio oral, por la vía penal, para los otros nueve concejales que respaldaron en pleno estos proyectos de actuación para casas en el campo, en distintas zonas del término municipal de Torrox. Así, para María Estrella Tomé -ahora concejala del PSOE en la oposición y parlamentaria andaluza por Málaga-, Luis Miguel Palma y Francisco Olalla -ambos ex concejales del PSOE-, Manuel Guerra, Purificación Guerra y Rocío Ariza -los tres concejales actuales del PSOE en la oposición-, Manuel Martín -concejal del PP en el actual equipo de gobierno cuatripartito (IU, PSA, PIU, PP), y Francisco A. Castro y José Cortés -ambos ex ediles del PA-, solicita el Fiscal la misma pena que para el ex regidor municipal, esto es, cuatro años y medio de prisión, 25 años de inhabilitación y una multa de 6.750 euros.
Constructores imputados
En la causa abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, tras la querella presentada en 2006 por los grupos municipales de IU y PIU, entonces en la oposición, también están imputados tres promotores locales, dos hermanos, que responden a las iniciales M. C. y A. C., y V. J., para los que la Fiscalía solicita seis meses de prisión y y tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, así como una multa de 6.750 euros.
Asimismo, el Ministerio Público propone al juzgado decretar la nulidad de las cinco licencias de obras -que fueron concedidas amparándose el Ayuntamiento torroxeño en el «silencio administrativo» de la Junta, entre los años 2005 y 2006-, «así como a la demolición de todas las obras ilegalmente construidas», correspondiendo a los autores de los delitos contra la ordenación del territorio su asunción solidaria.
En sus conclusiones, la Fiscalía entiende que en el pleno celebrado el 7 de julio de 2005, el alcalde y los otros ocho concejales (uno de ellos J. Cortés, del PA, se ausentó, al igual que la entonces edil del PP Nieves Mira), «decidieron aprobar los cinco proyectos de actuación, a pesar de que en los expedientes tramitados constaban dictámenes de la Comisión Provincial de Urbanismo, así como un informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento, contrarios a dicha aprobación, lo que además fue resaltado por algunos de los otros concejales asistentes, que llegaron incluso a explicar su voto en contra a fin de no incurrir en un delito de prevaricación», según recoge el escrito del Ministerio Público.
Las cinco viviendas autorizadas, varias de las cuales tienen piscina, garaje, terraza y hasta dos plantas, están levantadas en diversos pagos del término municipal torroxeño.
* SUR - 25.05.10
Foto: Torrox (Málaga), vista - esp.andalucia.com
Imputan al regidor de La Alberca por un delito de prevaricación con unas licencias urbanísticas
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NORTECASTILLA/Salamanca* : El alcalde de La Alberca, Santiago Martín, ha sido imputado por el juzgado de Ciudad Rodrigo en un posible delito de prevaricación por haber concedido dos licencias urbanísticas en la localidad salmantina a pesar de contar con el informe en contra del arquitecto municipal. El juez asume en un auto la querella presentada por el arquitecto, José Javier López Martín, y señala en la calificación provisional del caso que Santiago Martín se enfrentaría a una inhabilitación de empleo y para ejercer de cargo público que puede oscilar entre los siete y los diez años.
La imputación a Santiago Martín por irregularidades urbanísticas tiene su origen en un enfrentamiento entre el edil y el arquitecto municipal por culpa de dos licencias urbanísticas, ilegales a juicio del técnico del Consistorio, otorgadas a dos obras en las que estaba implicada la empresa del propio alcalde.
Ante esta situación, el arquitecto municipal presentó en un juzgado de Ciudad Rodrigo una demanda contra el alcalde, Santiago Martín, y el teniente de alcalde, Jesús González, ambos concejales del PP. Según la denuncia del arquitecto, ambos ediles habrían cometido los delitos de «prevaricación, tráfico de influencias y negociación y actividad prohibida a funcionario público», al conceder 26 licencias urbanísticas a la empresa Ingener, de la que el alcalde albercano es administrador único. Finalmente, el auto ha entendido que existen irregularidades únicamente en dos de las licencias, de las que se culpa al alcalde y se exonera a su teniente de alcalde.
En la versión de Santiago Martín, una de estas obras contaba con informes contradictorios entre el arquitecto municipal y la Comisión de Patrimonio, mientras que en la segunda no existía informe del arquitecto del Ayuntamiento.
El PSOE anunció ayer que solicitará al PP que aclare «qué medidas va a adoptar» contra el alcalde.
* El Norte de Castilla - 26.05.10
Foto: La Alberca (Salamanca), plaza mayor - turismoporespana.com.ar
La Fiscalía detecta un incremento de las causas contra los alcaldes por delitos urbanísticos
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ELMUNDO/Andalucía* : Las "deficiencias de control" sobre la actuación urbanística de los ayuntamientos están permitiendo se ignoren las leyes urbanísticas, pese a las garantías que éstas ofrecen, según señalan los fiscales andaluces del ramo. Una falta de esa vigilancia que la ley otorga a la Administración autonómica, y que, recuerdan, señaló también el célebra Informe Auken, de la eurodiputada danesa Margaret Auken, aprobado en 2009 y en el que se afeaba la "urbanización extensiva" española.
La Fiscalía Superior de Andalucía ha dado a conocer las conclusiones de las fiscalías provinciales de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico incluidas en la Memoria Anual de 2009, que se presentará en dos semanas. La coordinadora del ramo y delegada en Córdoba, Consuelo Fidalgo, ha reunido las valoraciones de la actividad del año pasado, en los que cada provincia ha tenido sus particularidades pero, en general, se aprecia un aumento de las causas urbanísticas contra autoridades municipales.
La especialización del Ministerio Público, según destacan las conclusiones generales, necesita también de "recursos suficientes". Valoran que aunque los fiscales estén acostumbrados "a hacer de la necesidad virtud", la especialización necesita ser "exclusiva" para resultar eficiente.
En Cádiz el fiscal lamenta los procesos de "regularización" de viviendas ilegales, provocados por la constitución en asociaciones de los propietarios, quienes "se convierten en auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos".
En Córdoba, la Fiscalía se muestra satisfecha, ya que la actuación de las distintas administraciones en el entorno de Medina Azahara, ha supuesto la "casi extinción" de la actividad de parcelación en la zona. Málaga constata que las gerencias de urbanismo municipales comienzan a denunciar más ha menudo las violaciones, en lugar de ignorarlas.
Es la Fiscalía granadina la que, a partir de asuntos como el 'caso Nevada' o las múltiples irregularidades urbanísticas detectadas en Atarfe, señala el incremento de casos de prevaricación municipales, en que alcaldes y concejales se saltan trámites "esenciales". Por ejemplo, en el uso que se hace de los estudios de detalle para aumentar la edificabilidad de algunas construcciones, evitando la intervención de organismos como el Consejo Consultivo.
Destacan, así datos como los 34 procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio que tramita actualmente la Fiscalía de Almería contra, al menos, catorce alcaldes de la provincia. En doce de ellos se han formulado escrito de acusación contra un total de seis alcaldes, aunque ninguno de ellos ha sido aún enjuiciado.
En este sentido, el fiscal observa "un cierto retraso" en el enjuiciamiento de los casos "más complejos", como los que afectan a autoridades o a promociones múltiples de viviendas. En Jaén, el fiscal destaca las cuatro sentencias condenatorias a diferentes regidores que se dieron en 2009.
La Fiscalía onubense, por su parte, apunta la necesidad de crear más puestos de perito judicial "en todas las materias propias de la especialidad", esto es, desde los mencionados delitos urbanísticos hasta los daños al Patrimonio, pasando por incendios forestales. De lo contrario, se añaden nuevas causas de retraso, ya que es "enormemente complicado" que los juzgados tramiten sobre la marcha el nombramiento de peritos "idóneos".
Una queja general es la dificultad para la ejecución de las demoliciones, si bien el número de sentencias condenatorias que las ordenan ha aumentado. En especial, los fiscales de varias provincias destacan la complejidad de que, cuando el propio infractor no la afronta, exigir la responsabilidad a los ayuntamientos de turno.
En el caso de los incendios forestales, la Fiscalía de Córdoba reitera las "dificultades probatorias", que siguen "favoreciendo la impunidad". Aunque destaca que el número de imputaciones ha aumentado, pide una mayor presencia de las fuerzas de seguridad y recuerda que, en estos casos, se debe otorgar la consideración de policía judicial a los peritos medioambientales.
* El Mundo - 25.05.10
Foto: Armilla (Granada) centro_comercial_Nevada - M.Zarza (ELPAIS.com)
La Plataforma Salvar la Bahía de Castro pide a Mazón que busque una alternativa viable
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CANTABRIACONFIDENCIAL* : La Plataforma Salvar la Bahía de Castro Urdiales instó hoy al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, a buscar una alternativa "viable y sostenible" a la ordenación de dicho espacio tras haber quedado desierto el concurso para la construcción del nuevo puerto. El colectivo se pronunció así en un comunicado después de que la pasada semana se cerrara el plazo de presentación de ofertas al concurso sin registrarse ninguna, una situación ante la cual la Consejería está estudiando la posibilidad de encomendar a la empresa pública Gesvican la reordenación del puerto castreño.
Para la Plataforma, en estas circunstancias, "en lugar de empecinarse en el error", el consejero debería "reflexionar" y ser "capaz de encontrar una solución dialogada y razonable" al problema.
En este sentido, el colectivo subraya que la bahía "no es sólo un espacio de actividad portuaria sino además un importantísimo recurso local", y por ello, cree que su futuro debe ser "decidido, no sólo por la Dirección General de Puertos, sino también por el Ayuntamiento de Castro Urdiales en representación de sus ciudadanos".
Ese futuro, a su juicio, pasa por la elaboración de un plan especial de ordenación de los usos de la bahía en el que se contemple este espacio "como un recurso natural y económico local, compaginando los distintos usos y prácticas que tradicionalmente ha venido albergando" y dotando este espacio "de las infraestructuras y servicios necesarios".
En esta línea, la Plataforma apuesta por la "integración" de la bahía en el marco histórico y monumental de la ciudad, con el "máximo respeto de sus valores ambientales" y asegurando la protección del ecosistema intermareal.
En cualquier caso, y "dado que la amenaza del puerto deportivo persiste sobre el futuro de la bahía", la Plataforma continuará con sus actividades para "lograr una adecuada ordenación que aleje para siempre la amenaza de un proyecto similar al ahora fracasado".
De no ser así, este colectivo persistirá en su demanda de llevar a cabo una consulta popular y en la vía judicial "como instrumentos para impedir que se lleven a cabo proyectos que dañen irreversiblemente la bahía castreña".
* Cantabria Confidencial - 24.05.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), vista - eldiariomontanes.es
Día Mundial de los 'malayos'
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : En la cueva de Alí Babá no hubieran entrado todos los imputados en el caso Malaya. Los ladrones eran 40 y los procesados por uno de los mayores casos de corrupción en España ascienden a 95. Alí Babá hubiera tenido que poner una cama supletoria en cada rincón y los ladrones habrían tenido que compartir habitación, como ocurre en los hospitales. O como ocurre en las cárceles, por poner un ejemplo más cercano. El listado definitivo de los imputados incluye de todo, como en botica. Hay una representación de lo mejor de cada gremio: tres ex alcaldes, 16 ex concejales, 24 testaferros, 25 promotores, seis funcionarios, cuatro empresarios, cuatro proveedores de piezas de arte y hasta una condesa y un policía, entre tantos muchos. Por no faltar no faltan ni fugitivos ni fallecidos: tres procesados están huidos de la justicia e igual número de imputados han muerto antes de finalizar el proceso.
La gran diferencia del caso Malaya con otras tramas de corrupción fue la especialización. La lista de procesados demuestra que todo el mundo tenía un cometido específico. Entre ellos nadie se pisaba la manguera. Los promotores ponían el dinero a cambio de recalificaciones; las recalificaciones se aprobaban en los plenos a cambio de concejales; los abogados escondían lo robado a cambio del silencio de los testaferros y los funcionarios hacían los informes a cambio de pluses. El proceso de robar llegó a tal nivel de industrialización, que se estableció un mecanismo en cadena engrasado hasta la perfección. Solo tenía un problema, que en la producción siempre primó la cantidad sobre la calidad. Y ese hecho llevó a la ruina a la empresa: hubo más demanda que oferta. O sea, más gente queriendo robar que empresarios dispuestos a pagar.
El sumario del caso Malaya tiene 270 tomos y unos 140.000 folios, ya que el rastreo del dinero nunca ha sido fácil. A don Juan Antonio Roca Nicolás, que así se llama el principal inculpado, le imputan delitos que para contarlos se precisan todos los dedos de ambas manos. Don Juan Antonio colecciona imputaciones como en sus mejores tiempos coleccionó fincas, caballos, relojes de lujo, obras de arte o concejales. Siempre fue un tipo con suerte. Cada vez que metía a la lotería, compraba un billete premiado. Ahora lleva todas las papeletas para pasarse una buena temporada a la sombra. Será el premio final a su constancia. La investigación es tan extensa que se ha tenido que trocear. Quedan pendientes 30 causas derivadas del sumario principal. En las tramas que aún están por cerrarse hay personajes tan ilustres como Isabel Pantoja o familiares directos de Jesús Gil, uno de los restos más interesantes del proceso.
El juicio por el caso Malaya comenzará el 27 de septiembre. Curiosamente, la jornada en la que se conmemora el Día Mundial del Turismo. La vista coincidirá en el tiempo con el caso Minutas (18 acusados y 70.000 folios de sumario) y la operación Ballena Blanca (21 acusados, 206 tomos y 70.000 folios). Ambos juicios se iniciaron cuando acabó el caso Manilva, (ocho acusados, 20 tomos y 10.000 folios). Pendientes de cerrar los sumarios y fijar la fecha de la vista oral están todavía 36 causas que tramitan los fiscales delegados de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Málaga, entre ellas la operación Nilo (168 imputados), el sumario de Astapa en Estepona (70 imputados y con varias vías de investigación abierta), el caso Arcos en Alcaucín (33 imputados) o la operación Troya en Alhaurín el Grande (20 imputados). No sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero igual sería conveniente fijar el 27 de septiembre como el Día Mundial de los malayos, para que no olvidemos nunca que todas estas cosas y otras muchas idénticas ocurrieron en demasiados lugares de España y pueden volver a ocurrir.
* ELPAIS.com - Opinión - 25.05.10
