AGENCIAS* : "Carreras de sacos de cemento, lanzamiento de ladrillo, asalto de altura, 'sogatira', los 30 metros lisos en piso piloto..., y una marcha en bicicleta. Acceder al mercado de la vivienda se ha convertido en toda una gesta olímpica y así quieren escenificarlo el próximo 16 de junio en el centro de Madrid una quincena de colectivos sociales unidos en la Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo y las Asambleas Vecinales, entre los que se encuentra la Plataforma por una Vivienda Digna. La 'bicicletada' y las 'Olimpiadas contra la especulación' se organizan con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre un problema que ha convertido España "en la comidilla de la prensa europea".
No es la primera iniciativa de esta plataforma madrileña, que el pasado 10 de octubre promovió una marcha en bicicleta por las calles de Madrid; en febrero tomó parte en los carnavales de Madrid y hace una semana, varios activistas disfrazados de presidiarios se colaron en el Salón Inmobiliario de Madrid.
Según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Plataforma, José Luis Carretero, las impresiones del colectivo al entrar en el SIMA fueron "positivas" en comparación con lo que presenciaron en la edición de "hace un par de años, cuando el 'boom' urbanístico estaba en plena efervescencia, el salón estaba abarrotado y por allí se paseaba gente con aspecto de haber salido de una película de mafiosos".
Ahora, por el contrario "siendo un viernes por la tarde, había más trabajadores del sector que visitantes" y, "aunque rebajas claramente no había, si se ofrecían regalos caros con la compra de viviendas", lo que a su juicio prueba que "el mercado inmobiliario esta en clarísimo retroceso".
'Las casas más caras del mundo'
Sin embargo "eso no le va a solucionar a la gente sus problemas para acceder a una vivienda porque España sigue teniendo el precio de vivienda más caro del mundo en comparación con los salarios" y mientras "la media de años íntegros de sueldo destinados para comprar una vivienda en el resto de Europa está en cuatro años, en Madrid y Barcelona se ha llegado a los veinte".
En este sentido, la 'bicicletada', que partirá de Nuevos Ministerios a las 18,00 horas con rumbo al Parque del Retiro, pondrá el acento en el hecho de que "la base de la pirámide, que son los jóvenes, ya no puede soportar más carga" y las 'Olimpiadas', que incluirán juegos como el 'lanzamiento del ladrillo', reivindicarán la responsabilidad de las administraciones autonómicas en el precio de la vivienda. Entre las organizaciones convocantes de la jornada se encuentran la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, las asambleas vecinales pro vivienda digna de distintos barrios del centro y la periferia de la región, así como asambleas de otras provincias como Murcia o Almería y los jóvenes de Comisiones Obreras.
* ELMUNDO.ES - 07/06/2007
Foto: Activista de la Plataforma por una Vivienda Digna en los pasados carnavales de Madrid /J.F.L. - ELMUNDO.ES
Carreras de sacos de cemento y los treinta metros cuadrados lisos por una vivienda digna
La financiación de la Comunitat Valenciana depende más del auge inmobiliario que de los ingresos por el IRPF
J.Ruiz.- Levante* : "Mientras los analistas vislumbran a medio plazo el ocaso del ladrillo como motor de la economía, la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas correspondiente a 2005 evidencia la alta dependencia de la valenciana al auge inmobiliario. Las cifras difundidas ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda revelan que ese ejercicio la principal fuente de ingresos del Gobierno valenciano provino de los impuestos que gravan la vivienda. En concreto, el impuesto de transmisiones patrimoniales (que grava la transferencia de inmuebles de segunda mano) y el impuesto de actos jurídicos documentados (escrituras, etc) supusieron a las arcas autonómicas 2.046 millones de euros, 95 millones más de lo recaudado en concepto del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Esta situación, en la que el impuesto ligado al cemento es el tributo más importante, sólo se produce en la Comunitat. Con todo tres autonomías más; Andalucía, Murcia y Baleares, cuyo crecimiento económico también ha estado muy relacionado con la construcción en la costa, ingresan más por el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados que por la renta. En estas autonomías, sin embargo, la principal fuente de financiación es el IVA, un tributo en el que también tiene mucho peso la compra de vivienda nueva y que en 2005 proporcionó los mayores ingresos a casi una docena de comunidades. En 2005 supuso para la Comunitat Valenciana 1.969 millones, el segundo impuesto en importancia.
Cabe recordar que de todos los recursos que configuran el sistema de financiación de las comunidades, una parte es recaudada por los propios gobiernos, como es el caso de los impuestos de transmisiones, patrimonio o sucesiones; mientras que otra es recaudada por la Agencia Estatal Tributaria. Es el caso del IRPF y el IVA, impuestos sobre los que las comunidades autonónomas tiene cedido sólo el 33 y 40% , respectivamente. Respecto a los tributos gestionados por las comunidades autonómicas, el propio ministerio resaltó en su nota de prensa «la importancia cuantitativa» del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que creció en toda España un 23% respecto a 2004. El Gobierno lo achaca «al crecimiento del sector inmobiliario y a los incrementos de los tipos impositivos aprobados por las comunidades autónomas» . Y cita los casos de Murcia, Baleares y Canarias. En términos generales, según la información proporcionada por el Gobierno central, la Comunitat Valenciana obtuvo en 2005, después de la liquidación del sistema de financiación correspondiente a ese año, unos recursos económicos por valor del 10.204 millones de euros, lo que supone un 14,2% más que el año anterior. Esta cifra situa a la Comunitat como la cuarta autonomía con mayor volumen de recursos después de Andalucía, Cataluña y Madrid.
Buen rendimiento
Además, con 7.191 millones de euros, la valenciana fue también la cuarta autonomía con mayor rendimiento de los recursos sujetos a liquidación. Según el ministerio y descontando ya los anticipos entregados en 2005, el Estado deberá pagar a la Comunitat 606 millones de euros.
La Conselleria de Economía y Haacienda destacó ayer en una nota de prensa que frente a los 582 millones de euros que la Generalitat presupuestó en la liquidación correspondiente al año 2005 como ingresos siguiendo la información remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda, el cierre ha arrojado finalmente los citados 606 millones, lo que supone un 4,14 %, respecto a las previsiones iniciales. Para el Consell los resultados «han sido posibles gracias, entre otros factores, a la excelente gestión tributaria realizada por la Generalitat».
* Levante-EMV - Jueves, 07 de junio de 2007
El alcalde de Carnota denuncia presiones de las inmobiliarias
P.LÓPEZ.- El País*/Galicia : "Carnota es todavía una razonable excepción en la fiebre urbanizadora de la costa de Galicia. No sin esfuerzo. "En los últimos años, hemos recibido constantes presiones urbanísticas de decenas de promotoras inmobiliarias para urbanizar el litoral", denunció ayer su alcalde en funciones, Xosé Manuel García. Las empresas llegan a pagar hasta 200 euros por metro cuadrado. "Si las dejamos, nos urbanizan hasta la playa", ironiza.
Xosé Manuel García, del BNG, preside el gobierno local de Carnota desde 1999. En las pasadas municipales no optó a la reelección. Deja el cargo sin sucumbir a la fiebre urbanizadora que está arrasando el litoral gallego, a pesar de las peculiares características geográficas de Carnota, en una estrecha franja entre la Serra de Outes y el mar. Durante estos ocho años, asegura, ha recibido "decenas de proyectos" de promotoras que afectaban al litoral.
"Las empresas presionan para que se construya en la costa y también presionan los propios vecinos, para conseguir que se les revalorice el suelo", afirma el alcalde en funciones, que reconoce la necesidad de tomar medidas urgentes, como la suspensión de los desarrollos urbanísticos en la franja costera de 500 metros. Xosé Manuel García asegura que la presión que el Ayuntamiento recibe de las inmobiliarias ha ido creciendo a lo largo de estos ocho años, especialmente durante los últimos meses.
En estos años, se están promoviendo proyectos de inmobiliarias "sobre todo foráneas". "Vienen de Elche, Alicante, Madrid, Lugo, Vigo, Sanxenxo... Pero también llegan de empresas locales, de Fisterra, Cee o Corcubión". Xosé Manuel García considera que el Ayuntamiento "ha ido atajando" esta presión. "Pero como bajemos un poco la guardia, acaban con todo", apostilla.
El problema, describió el aún alcalde, se encuentra principalmente en los terrenos urbanizables, que van cayendo en manos de los promotores para presentar planes "al límite de la legalidad". El Ayuntamiento de Carnota, que se rige por normas subsidiarias, está tramitando un nuevo plan general de ordenación municipal.
Las declaraciones de García provocaron el asombro del futuro alcalde de Carnota, José Oreiro, del PP. "Si había presiones, no entiendo por qué no las ha denunciado antes", explicó el también diputado nacional, ganador con mayoría absoluta en las pasadas municipales. Pese a todo, Oreiro confirma la existencia de operaciones especulativas relacionadas con el suelo. "Se están pagando auténticas barbaridades por suelo que ahora figura como rústico", denuncia. ¿Información privilegiada? "Yo no he dicho eso, pero alguna referencia tendrían las promotoras para pagar tanto dinero". Oreiro aseguró que conocer la situación urbanística real de Carnota será su primera tarea cuando se siente en el despacho de la alcaldía, el próximo 18 de junio.
* ELPAIS.com - Santiago - 07/06/2007
Foto: Carnota /xunta.es
Inocua corrupción
ANTONIO PAPELL* : "Uno de los fenómenos más llamativos de estas pasadas elecciones, que no ha pasado ni mucho menos inadvertido para buena parte de la opinión pública, ha sido la indolencia con que el electorado ha tratado los numerosos episodios de corrupción, cuyos protagonistas no sólo no han recibido reprobación alguna en la mayoría de los casos sino que, con frecuencia, han sido amorosamente arropados por sus cómplices/víctimas en las urnas.
Esta pérdida de la ética colectiva es muy peligrosa y las fuerzas políticas no deberían ampararse en la generalización del problema para no abordarlo.
La lista es larguísima, y nos consumiría demasiado espacio detallarla. En el País Valenciano, por ejemplo, alcaldes imputados judicialmente por corrupción urbanística como los de Torrevieja u Orihuela han conseguido mayorías absolutas. La divulgación de escándalos protagonizados por Fabra, el sempiterno presiente de la diputación de Castellón, no ha perjudicado a su partido, el Popular, en la provincia, sino al contrario. El ex alcalde socialista de Ciempozuelos, expulsado del PSOE y también procesado, ha fundado un nuevo partido que ha conseguido relevantes apoyos... El propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria, que acaba de ser confirmado con los votos del PP, está imputado por corrupción en el caso de la playa de Las Teresitas...
Incluso han conservado parte de la consideración social que un día alcanzaron algunos responsables de delitos socialmente inaceptables: el alcalde del municipio coruñés de Toques, condenado en 2004 por abusos a una menor, ha encabezado la lista más votada de su circunscripción...
Este estado de cosas constituye sin duda un fracaso de la política, y se ha debido a un uso maniqueo de la corrupción por parte de los partidos políticos. Éstos, abusando de la credulidad de las clientelas, han acusado al adversario de irregularidades y han alardeado de la propia virtud, sobre todo en aquellos casos en que la expansión urbanística irregular ha generado en el municipio sensación de prosperidad, de forma que los ciudadanos, indirectamente beneficiados, han creído oportuno disculpar a los promotores del desaguisado, que casi siempre han sido quienes se han enriquecido irregularmente de forma más inicua. Puesto que la mancha de aceite había contaminado casi todo, los electores han preferido no darse por enterados y mirar hacia otro lado.
Esta pérdida de la ética colectiva es muy peligrosa y las fuerzas políticas no deberían ampararse en la generalización del problema para no abordarlo. De hecho, el mencionado Fabra, al conocer sus buenos resultados y tras insultar a los medios de comunicación que han denunciado sus presuntos abusos, cometió la insensatez de declarar que aquel respaldo equivalía a una «absolución». Obviamente, ello no es así, ni social, ni jurídica ni políticamente. Aunque la tolerancia de los aparatos partidarios con quienes han sido judicialmente imputados. De hecho, es manifiesto que las formaciones que consienten en llevar en sus listas a sospechosos de delitos se arriesgan al escándalo de una ulterior condena, lo que redundará en un mayor descrédito del sistema representativo, ya no muy sobrado de prestigio.
Esta condescendencia malsana con la delincuencia urbanística es síntoma de una relajación moral inconcebible. Porque quien se vale de una información privilegiada o de una influencia para conseguir plusvalías urbanísticas no sólo comete, como parece a veces, una inocua infracción administrativa: está también defraudando a toda la colectividad, está cometiendo un delito que lesiona los intereses de sus convecinos. No es, en definitiva, un «listo» sino un «ladrón», y en definitiva un elemento antisocial, por mucho que estos sujetos -el paradigma era Jesús Gil- alardeen demagógicamente de «crear riqueza» y de fomentar el desarrollo de su comunidad, que de otra forma permanecería inerte y paralizada.
* La Voz Digital - 5 de junio de 2007
