Indymedia* : "Este año el MaydaySur se traslada a Málaga: desde el 27 de abril hasta el 1 de Mayo. 5 días de lucha y creación colectiva contra la precariedad laboral, la especulación, por la vivienda y nuevos derechos para todos. Tras el éxito de los años anteriores celebrados en Sevilla, la convocatoria colectiva de las y los precarios en movimiento y un conjunto amplio movimientos y colectivos sociales nos llaman a todos a Málaga para seguir ampliando y extendiendo la fuerza intempestiva de los trabajadores precarios cuando nos rebelamos.
La creación cultural y social se vincula a los movimientos de lucha contra la especulación y la destrucción del territorio, a los movimientos de migrantes que exigen el derecho a tener derechos... Los creadores, los trabajadores, las mujeres, los sin casa, los migrantes invisibles se unen para decir no a estas políticas neoliberales que limitan la vida.
Precarios y precarias del mundo: ¡conspirar, luchar y uníos!
EURO MAY DAY SUR 2007 en Málaga del 28 de Abril al 1 de Mayo.
5 días de desobediencia contra la especulación y la precariedad por derechos sociales y laborales para todas. Los precarios del sur se rebelan!
Manifiesto y programa
La palabra precariedad nombra las condiciones de la vida hoy. El precio de la vida sigue alzándose mientras los salarios siguen congelados, empleo temporal-precarizado es la norma del mercado de trabajo. La angustia frente un presente inestable y a un futuro incierto y tener que hacer verdaderos malabarismos para llegar a fin de mes es hoy experiencia común de la mayoría de la población.
Mientras los medios de comunicación, las instituciones y el gobierno se limitan a reconocer el problema de la vivienda y de la inestabilidad del trabajo. La desigual social crece con una dualización progresiva de la sociedad. Mientras crecen exponencialmente los beneficios millonarios de los empresarios y los grandes especuladores, inmensas franjas de población sufren lo que llamamos precarización ; combinación entre la dependencia ante este mercado de trabajo agresivo y flexibilizado , la indefensión ante condiciones de contratación, el ascenso continuo del precio de la vivienda y los alquileres, la crisis de los cuidados y el mobbing urbanístico y , precarización de la creación cultural y los modelos educativos. Empeoramiento de las condiciones de vida, jerarquización de los derechos fragrante que sitúa a l@s migrantes en el escalafón más bajo de la ciudadanía. La precarización del trabajo y la vida es una tendencia central que reordena la sociedad en su conjunto. Supone la aceleración progresiva de la crisis del estado de bienestar, los derechos y el sistema de protección social. Al mismo tiempo pone en evidencia y en jaque a las organizaciones que deberían representar los intereses de las diversas figuras que viven de su trabajo y todos estos afectados por esta nueva ofensiva neoliberal.
Nosotros y nosotras invisibles, creadores y trabajadoras atípicos nativos o migrantes, precarios, estudiantes en formación perpetua, licenciados sin futuro, no garantizadas , afectados por el modelo de desarrollo insostenible, cada vez más hartos de aguantar sobreviviendo en la cuerda floja y de la dictadura del cemento, lanzamos este grito colectivo para decir basta; Mayday! Mayday!. Junto a los y las precarias de todo el continente nos rebelamos en busca de un nuevo protagonismo social y nuevos derechos sociales y laborales para todas.
El (Euro) MayDaySur´07 que se celebra este año en Málaga es la tercera edición, quiere reinventar la celebración del 1 de Mayo (día de los y las trabajadores-as ) de un forma conflictiva, creativa y alegre, aprendiendo de la historia de las luchas sociales y sindicales y adaptándolas a la actual situación del mundo capitalista del siglo XXI, tratando de mezclar los aprendizajes de los últimos 10 años de movimiento de resitencia global, los movimientos ecologistas, migrantes, urbanos y contraculturales , inventando formas de sindicalismo social adecuadas para el contexto de la precariedad y actualizando el conflicto de clase.
El MayDaySur ha sido desde el 2005 hasta hoy un laboratorio de dimensión andaluza que intenta pensar y crear formas de agitación, intervención y organización contra de la precarización de la vida. De el han surgido un sin fin de alianzas, acciones, campañas y sobre todo un espacio de encuentro y recombinación entre los movimientos sociales y el sindicalismo de base y combativo en busca de una emergencia de formas organizativas y acción pública que pongan freno cotidiano a la precariedad y pueden engendrar un empoderamiento y contrapoder efectivo de esta constelación de figuras precarizadas.
Por esto y mucho más precarios y precarias de toda Andalucía se darán cita en Málaga desde el 28 de Abril al 1 de Mayo, exigiendo el derecho a tener derechos, portando con su alegría y creatividad un aire nuevo, un actitud desafiante, dispuesta al conflicto contra todos aquellos que precarizan nuestras vidas.
Os esperamos en estos 5 días para conocer, crear y desobedecer juntos y revueltos!!!
No dejaremos de pelear hasta consigamos nuevos derechos colectivos para todas!
PROGRAMA
VIERNES 27
17.00h Bicifestacion por el Balneario
Baños del Carmen
19.00h Cabaret-Acción
Plaza Frente a Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
22.00h Actuación. Poliposeidas. Casa invisible (c/Nosquera, 11)
23.30h Concierto. Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
SABADO 28
11.00h Entrega de Recursos por la defensa del Balneario
Subdelegacion del Gobierno
12.00h Asamblea y preparativos de la manifestacion
Casa invisible (c/Nosquera, 11)
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
17.00h Mani-fiesta-acción. Salida Plaza de la Merced
21.00h Concierto (Tamtatrampa Batucada, SiF, Sanchez no
te enganchez) Proyecciones y DJs. en los Baños del Carmen
DOMINGO 29
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
17.00h Acción contra la Precariedad y por la defensa de los publico
(se ruega puntualidad). Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
LUNES 30
11.00h Marcha por la defensa de la sierra y contra las canteras ilegales
Plaza de Alahurin de la Torre.
19.00h Encuentro-Debate
Experiencias de organización en la era de la precariedad.
Desafíos y Propuestas del Sindicalismo y los Movimientos Sociales
Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
21.00h Amparo de Amparanoia Artistas invitados en Concierto.
En defensa de la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
MARTES 1º MAYO
08.00h Buses gratis manifestacion en apoyo a los trabajadores de Delphi, Cadiz.
Plza de la Merced.
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
16.30h Deriva Piquetera por la ciudad. Salida desde Plaza de la Constitución
info:
maydaysur.org
htttp://estrecho.indymedia.org
malaga2016.info
precariadotube.org
sonidosdelprecariado.org
Indymedia Estrecho -abril 07
MaydaySur 07 Málaga
El alcalde de Arona (Tenerife) y su gobierno irán a declarar ante el juez
El Día*.- Tenerife : "El alcalde de Arona y los siete concejales de su grupo de gobierno (formado por una alianza entre CC, CAN y PP) comenzarán a declarar ante el titular del juzgado número ocho de este municipio a partir del próximo día 9 de mayo. Todos ellos fueron objeto de una denuncia de la Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio por la concesión presuntamente ilegal de licencias urbanísticas.
Por este caso está previsto que pasen por el juzgado el propio José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, los tenientes de alcalde Manuel Barrios -que también tiene a su cargo el área de Urbanismo- y Félix Sierra, así como los concejales Sebastián Martín, José Luis González, Alfonso Barroso, Daniel Martín y Juan José Alayón, que tendrán que responder de su presunta responsabilidad en la concesión de licencias y en la adjudicación de concursos públicos entre el 9 de enero de 2004 y el 24 de noviembre de 2006 y que suman entre todas en torno a 300 expedientes que fueron requeridos al ayuntamiento por el juez.
Estos expedientes se dividen en dos grupos: unos son las licencias urbanísticas que fueron concedidas sobre terrenos no gestionados, cuyos propietarios, supuestamente, no cedieron a la corporación los terrenos necesarios en concepto de plusvalías, aprovechamientos, etc. y que, según la valoración hecha por los denunciantes, causaron daños al erario público por valor de al menos 42 millones de euros. En este grupo se encuentra también un conjunto de licencias presuntamente contrarias a las normas urbanísticas, al Plan General o al Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo. La denuncia de la Fiscalía se refiere también a un conjunto de expedientes de contratos concedidos a varias empresas, fundamentalmente tres, y que, según la denuncia, se fraccionaron para evitar tener que sacarlos a concurso.
En este caso se da la circunstancia de que en las licencias se encuentran una y otras vez múltiples advertencias por parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento, que llegaron, incluso, a avisar de la responsabilidad que podían acarrear las decisiones del grupo del gobierno.
*El Día - 28 DE ABRIL DE 2007
Foto: Arona, Los Cristianos /travelguides
Anticorrupción investiga al Gobierno de Murcia por prevaricación y malversación
T.CALLEJA.- El País* : "La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.
El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.
El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.
Obligación eximida
Además, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental.
El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas. Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.
La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó "el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". Unos trabajos que seis años después no se han iniciado.
La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona".
La balsa Jenny era un pantano de estériles mineros que tenía su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el área minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco más de ocho hectáreas, y en ella se depositaron residuos sólidos con un volumen de 1.089.925 metros cúbicos.
Subvención retirada
El empresario Mariano Roca Meroño, uno de los propietarios de la empresa Portmán Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administración regional y con la Justicia. Tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidió exigir la devolución de 841.000 euros que había cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercanías del Puerto de la Cadena. El Gobierno consideró que se había producido un incumplimiento por parte de Roca Meroño de los requisitos de la subvención, que según confirmó el director general de Regadíos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consistían en dejar el terreno sin plantar.
Al parecer, y según confirmó Bernal, el empresario puso en producción los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que también ha ampliado regadíos, precisamente en una cuenca en la que está prohibido hacerlo, y además en plena sequía.
La dirección de Regadíos, que además de exigir la devolución de la cantidad ya entregada durante los últimos ocho años ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendrían que haber seguido pagándose unos 12 años más, puso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia la interrupción de la ayuda. Esta decisión fue recurrida por el empresario Roca Meroño, quien pretende que le sigan pagando todos los años unos 40.000 euros, que es la cantidad que viene percibiendo de los fondos comunitarios para no poner en producción los terrenos de su propiedad ubicados en las cercanías del Puerto de la Cadena.
Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaración ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiación de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.
*ELPAIS.com - Murcia - 30/04/2007
Arquitectos y jueces piden una "severa corrección" de la corrupción urbanística
M.EL KHATTAT.- GranadaHoy : "Los representantes de los arquitectos y los jueces reunidos en unas jornadas clausuradas ayer en Granada consideraron necesaria "una severa corrección" ante los casos de corrupción urbanística que se están produciendo en España. También concluyeron que el nuevo Código Técnico de la Edificación, que establece los criterios y exigencias en la construcción de edificios y viviendas, presenta errores y carencias que hacen necesaria una moratoria en su aplicación hasta la resolución de las mismas.
Las Jornadas entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España concluyeron ayer tras tres días de debate y análisis centradas en el nuevo Código Técnico de la Edificación. En las conclusiones leídas ayer, los arquitectos peritos forenses de España "se manifiestan especialmente preocupados ante los graves sucesos de corrupción urbanística que vienen produciéndose cada vez con mayor frecuencia, y consideran que las irregularidades detectadas deben ser objeto de una severa corrección".
En este sentido, los reunidos insisten en el llamamiento realizado en la inauguración de las jornadas por el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, sobre el peligro de que el urbanismo sea diseñado por promotores movidos únicamente por el afán de lucro.
Así, advierten de que "las transformaciones del régimen urbanístico del suelo deben efectuarse desde criterios de crecimiento urbano racional, eficiente y sostenible, y no atendiendo, como viene sucediendo en muchos casos, a otros intereses no compatibles con el interés público que debe presidir en todo caso las directrices de la ordenación del territorio".
Al margen de esta advertencia, las jornadas confirmaron la existencia de "errores y contradicciones" entre los documentos básicos que conforman el Código Técnico que entró en vigor a mediados del pasado mes de marzo. Aunque solicitaron al Gobierno una "moratoria" de todo el documento, consideraron especialmente grave lo concerniente a la normativa sobre ruidos, por lo que pidieron su suspensión "en tanto no incluya el catálogo de soluciones constructivas que haga viable su cumplimiento".
Las jornadas sirvieron para reclamar que sean las normas del Código Técnico las que rijan de forma prevalente la construcción y no las normas urbanísticas municipales o de urbanismo.
*Granada Hoy - 29/04/07
El ladrillo llega a la frontera con Portugal
M.J.ALBERT.- El País* : "Los márgenes del Guadiana y de ríos vecinos como el Chanza, dentro de la provincia de Huelva, se han hecho especialmente atractivos para los promotores inmobiliarios. Un área, en las inmediaciones con Portugal, que se ha mantenido al margen del gran desarrollo turístico vivido en la última década en la costa occidental onubense y que tiene su paradigma más claro, para algunos, en Ayamonte, concretamente en la urbanización Costa Esuri, al norte del municipio, así como en el asombroso crecimiento residencial de Isla Canela, en dirección a Isla Cristina.
Huelva era una provincia que de alguna manera había esquivado la conurbación urbanística en la que se han convertido zonas de la costa mediterránea andaluza. Pero en los últimos diez años, su costa occidental ha visto levantarse nuevos hoteles, campos de golf y urbanizaciones. Desde Cartaya hasta Ayamonte. Pero allí, justo donde muere el Guadiana, la línea de costa termina.
Por eso, los inversores han girado la cabeza al norte, siguiendo el curso del río. Allí han encontrado bellísimos paisajes y pueblos pintorescos casi intactos, pero que viven una situación económica difícil. Algunos responsables de estos pueblos, en parte, anhelan que un futuro turismo residencial lleve prosperidad a la zona. Pero hay quien recela. Grupos ecologistas de ambos lados de la frontera, de España y Portugal, llevan años reclamando que se constituya un parque natural transfronterizo en el bajo Guadiana que preserve la zona del crecimiento urbanístico.
Recelos ecologistas
Los grupos conservacionistas miran con recelo los planes urbanísticos que algunos ayuntamientos contemplan. En los últimos seis meses, pequeños pueblos como El Granado, gobernado por el PSOE, al igual que Ayamonte, o Sanlúcar del Guadiana, regido hasta hace dos semanas por un alcalde del PP que ha dejado sus filas por desavenencias con la dirección provincial, han anunciado crecimientos desmesurados.
En el Granado (618 habitantes), el alcalde Juan Manuel Burga, proyectaba la construcción de una urbanización de 2.678 chalés, un hotel de 1.800 plazas y un campo de golf en terreno protegido por su valor medioambiental. El proyecto fue paralizado por la Junta. En Sanlúcar, el regidor, Cándido Saldaña, presentó un avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que planteaba ampliar las nueve hectáreas de terreno urbano del municipio a 336 (unas 37 veces más); cifra que el alcalde redujo a 181 (20 veces más) en enero. Saldaña afirma ahora que este número va a reducirse mucho más.
Ambos planes tendrán que adecuarse a Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que impide calificar como urbanizable más del 40% del terreno urbano existente en una localidad, así como aumentos de población superiores al 30%.
Realmente, río arriba no se han repetido intervenciones tan claras como el gran complejo residencial de Costa Esuri, que construye Fadesa. Con sus 6.300 viviendas y dos campos de golf, prácticamente iguala en superficie al mismo pueblo que lo acoge. Costa Esuri se desarrolló a través de Normas Subsidiarias, y Ecologistas en Acción ha denunciado que los estudios de impacto ambiental no se desarrollaron concretamente. El mismo grupo ha presentado alegaciones al PGOU de Ayamonte por considerar que sus criterios respondían a "intereses especuladores". "La tercera, y hasta el momento última, aprobación inicial del PGOU prevé la construcción de 2.762 viviendas nuevas no turísticas, con una ratio de 3,1 habitantes para cada una, en un plazo de ocho años", afirma el portavoz de Ecologistas, Iñaki Olano.
Actualmente hay unas 10.000 viviendas en el núcleo del municipio, según los ecologistas. "A estas nuevas casas habría que sumar otras 6.009 viviendas turísticas, de las que no se especifica su ratio de población, y 3.233 plazas hoteleras", añade. Según los ecologistas, el PGOU no se adapta ni al POTA, ni al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH). "Pero lo terrible es que el grueso del crecimiento queda fuera del PGOU. Se trata de Costa Esuri e Isla Canela, que entre ambos suman más de 50.000 plazas turísticas, juntando hoteles y segundas residencias", dice Olano.
¿En qué situación se encuentran ahora todos estos proyectos? A un mes escaso de las elecciones, los alcaldes y candidatos socialistas de Ayamonte y El Granado prefieren no opinar sobre estos temas y dejan que sea la voz genérica del PSOE la que responda. El partido se reafirma en lo que ya explicó cuando se conoció el caso de El Granado. "Velaremos para que se respete medioambientalmente una zona como la del Guadiana. Por eso acatamos los compromisos del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, como hacemos en el resto de la provincia. Los criterios de sostenibilidad son los que prevalecen en nuestra política", afirman fuentes socialistas.
925 vecinos, 1.150 casas nuevas
Cabezas Rubias (925 habitantes), gobernado por el PA, se ha convertido en el último ayuntamiento del Andévalo occidental que recibe alegaciones a su PGOU por el presunto crecimiento desmesurado que contempla. Según la fundación ecologista Pura Vida, el plan de este pueblo prevé una macrourbanización que incluye un campo de golf de 116 hectáreas que supondría la "destrucción de grandes superficies de arbolado denso, en zonas de alto valor natural, ambiental y paisajístico".
El campo de golf estaría acompañado de unas 1.150 viviendas. En total, el conjunto ocuparía 374 hectáreas de terrenos. Los ecologistas califican de "barbaridad y disparate" el proyecto turístico y consideran que supondría una "innecesaria destrucción de recursos naturales" en esta localidad del Andévalo onubense.
*ELPAIS.com - Huelva - 29/04/2007
Foto: Isla Canela (Huelva) /mma.es
La edificación aporta a los concellos gallegos el 60% de sus ingresos en impuestos
J.Pérez.- FarodeVigo* : "Lo ocurrido en el mercado inmobiliario en las dos últimas semanas, con la publicación de los datos del Ministerio de Vivienda que señalan un ligero descenso del precio de los pisos, especialmente en las grandes ciudades; y el incesante desplome en Bolsa de las empresas ligadas al ladrillo, abre muchas interrogantes. ¿Está el sector agotado? ¿Hasta qué nivel se abaratarán los inmuebles y el suelo? ¿El ciclo del boom constructor ha llegado a su fin? Se han escuchado respuestas variadas por parte de empresarios, analistas, incluso partidos políticos y sindicatos. Y, aunque la mayoría de informes señalan que la demanda de viviendas seguirá fuerte, al menos, durante el actual 2007, lo cierto es que todos los indicadores apuntan a un "suave aterrizaje".
Entre las muchas repercusiones que el supuesto freno tendrá para la economía están los ingresos que la actividad inmobiliaria tiene para las administraciones. Especialmente, para los concellos, encargados de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el que grava las construcciones y las obras. Dos tasas que, en Galicia, suponen para los ayuntamientos el 60% de su recaudación impositiva.
La edificación ha permitido a los municipios de la comunidad embolsarse más de 360 millones de euros en 2005, según el último informe sobre presupuestos de entidades locales elaborado por la Agencia Tributaria. Casi la mitad, entre los ayuntamientos coruñeses, donde se recaudaron 168,1 millones de euros. Es también la provincia donde el pago de impuestos relacionados con el sector inmobiliario tiene más peso, en relación al volumen total de impuestos. Un 63%, concretamente, de los 263,210 millones que aportaron impuestos directos e indirectos.
Los concellos de Ourense y Pontevedra se mueven en un porcentaje similar, del 62% y el 60%, respectivamente, con una recaudación total por Bienes Inmuebles y por obras de 39,238 millones de euros y 117,562 millones, según el reciente informe del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La proporción de lo que ambas tasas supone en Lugo se rebaja hasta el 54%, con 41,269 millones de euros recaudados.
El Impuesto de Bienes Inmuebles -conocido como el recibo de la contribución- es, por sí solo, el tributo más elevado para los ayuntamientos gallegos. El que representa más ingresos. Muy cerca incluso de la mayor partida que reflejan los balances municipales, que es la de las transferencias corrientes que se realizan desde el Gobierno central. 120,613 millones de euros para los concellos coruñeses, 35 millones para los de Lugo, 32,4 millones en Ourense, y 90,9 millones en Pontevedra.
*Faro de Vigo - 29 ABRIL 2007
Querella de la Fiscalía contra el alcalde de Vilaller (Lleida) por un delito urbanístico
LluisVISA.-El País* : "La Fiscalía de Lleida ha presentado una querella contra el alcalde de Vilaller (Alta Ribagorça), Jaume Monsó, de ERC, por un delito urbanístico y tráfico de influencias en el que habría incurrido al autorizar la construcción de 24 viviendas en una zona de equipamientos. Las diligencias también van dirigidas contra el concejal de Cultura, Marc Moreno, y Héctor Jorge Tomás.
La Fiscalía ha enviado al juzgado de Tremp en forma de querella las diligencias de investigación penal que abrió el año pasado contra el consistorio de Vilaller tras una denuncia presentada por los 48 vecinos de los bloques de Mercè y Lavaix de esa localidad. Después de más de siete meses de investigaciones, la Fiscalía considera que existen indicios para imputar en un delito contra la ordenación del territorio y en otro de tráfico de influencias a tres personas, entre ellas el alcalde y el concejal de Cultura.
El Ayuntamiento de Vilaller otorgó el 28 de mayo de 2006 una licencia para la construcción de 24 pisos en un terreno que según la ley es una zona de equipamientos. El consistorio aprobó al mismo tiempo la segregación de los terrenos de la nave de Monthidro, de propiedad municipal y lindante a los bloques de Mercè y Lavaix. La licencia autorizaba no sólo a ampliar la zona de equipamientos, sino a construir pisos encima de los bajos sin que se hubiera recalificado antes el terreno. Según los vecinos, una zona de equipamientos es un bien de público específicamente preservado de actos de edificación ilícita.
De las diligencias se desprende que el expediente de construcción del edificio no fue sometido a exposición pública y la obra fue adjudicada a AZ Promos, que la subcontrató a Construccions Comadelo, propiedad del concejal de Cultura y miembro del equipo de gobierno. El consistorio anuló la licencia tras tener conocimiento de la denuncia vecinal.
*ELPAIS.com - Lleida - 29/04/2007
Aragón contra la especulación urbanística: manifestación Sábado 5 Mayo
AragónNoSeVende - manifestación contra la especulación urbanística - Sábado 5 Mayo 20.00h - Glorieta de Sasera de Zaragoza.
Las gentes de esta tierra recibimos al nacer un patrimonio colectivo de valor incalculable: Aragón, el territorio que habitamos. Las generaciones precedentes nos transmitieron esta herencia de suelo,paisaje y recursos para administrarla sensatamente. Hoy,la codicia de unos pocos,pone en peligro la conservación de este patrimonio. Nunca en la historia se realizó una ocupación del suelo tan extrema como la actual. Y nunca haciendo tanto daño. Nunca nuestra economía fue tan dependiente de un solo sector,la construcción,que se ha convertido en el refugio del capital más especulativo y del empleo más precario. Nunca fuimos tan esclavos del precio de nuestra vivienda.Y nunca unos pocos se hicieron tan inmensamente ricos a costa de nuestro futuro.
Aragón sufre ya las secuelas de especulación urbanística. El área metropolitana de Zaragoza se expande como una mancha de aceite,dispuesta a ocupar la estepa y el valle del Ebro. Su expansión ilimitada nos esclaviza al coche,deshumaniza la ciudad y perjudica nuestra calidad de vida. También nuestra alta montaña sufre la invasión de las grandes urbanizaciones y la destrucción de santuarios naturales de incalculable valor.La deuda histórica pendiente con la montaña aragonesa,despoblada y sembrada de grandes embalses,se acentúa hoy con el expolio de su suelo y sus espacios naturales.
En el estado español se construyen más pisos que en Francia, Alemania y Gran Bretaña juntas. En medio de esta fiebre urbanística,cada vez es más difícil el acceso a una vivienda digna. La "Ley del Suelo"vigente,aprobada por el anterior gobierno del PP, consagra el expolio del territorio y de nuestros bolsillos. Fomenta el “todo edificable ”sin consideraciones sociales o ambientales, genera lejanía y crea dependencia absoluta del transporte motorizado. Este modelo basado en el hormigón,inédito en la Unión Europea,ni supone un desarrollo social,ni tampoco resulta sostenible,ya que además contribuye gravemente al cambio climático.
Ante la celebración de las próximas elecciones,la manifestación estatal del 5 de mayo quiere ser un toque de atención a la clase política para que asuma cambios estructurales en las líneas de gestión de los gobiernos locales y sobre todo del autonómico y central. Queremos un compromiso firme contra la especulación urbanística y a favor de un Aragón con futuro,en el que merezca la pena vivir:hermoso,saludable, amable. Las generaciones futuras tienen derecho a ello.
Por la Protección del territorio,sus ríos y sus recursos Acceso a vivienda digna,en una ciudad humana y habitable En defensa de la montaña aragonesa y de sus gentes Por la conservación de nuestro patrimonio cultural
CONVOCAN: Aragón No Se Vende /Asociaciones Vecinales de Delicias,La Madalena,La Paz,San José, Venecia,Lanuza-Casco Viejo /Asociación V.Pirineo Central /Amigos de la Tierra/ANSAR/APUDEPA/ Asamblea por la Vivienda Digna/Barrio Verde/Clubes de montaña Albada,Castiliscar,Montañeros en Acción y Venecia/C.O.Rasmia/CC.OO.Aragón/CGT Aragón/Ebro Vivo/Ecologistas en Acción/El Cantero/ Eq.Triacanthos/FABZ/Foro Ciudad y Ciudadanía/Fund.Quebrantahuesos/Greenpeace/La Katxarraka/ Locos por Cerler/Mountain W-AGG/Pedalea/Pirineo Vivo/Plataforma en defensa de las montañas/Rebel/ Red Aragonesa de la Tierra/SEO/Towanda/Unibersida C.Aragonesista
redtierra.org/aragonnosevende
La Audiencia revoca una absolución y condena a un año a Julián Muñoz por delito urbanístico
SUR* /Marbella : "El panorama judicial de Julián Muñoz y de Pedro Román se complica. Ambos ex ediles han sufrido un revés en la Audiencia Provincial, donde se ha revocado la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga en relación con el 'caso Moansa', y los ha condenado a un año de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. La decisión también alcanza a otros seis ex ediles del GIL: Mario Jiménez, José Mariano Pomares Villar, Manuel Calle, María Luisa Alcalá, Rafael González y Juan Antonio Yagüe Reyes.
Sobre los cuatro últimos, al igual que sobre Julián Muñoz, ya pesa una condena anterior por delito similar por el caso Proinsa, y han tenido que pasar por la cárcel, con excepción de Yagüe, que se dio a la fuga tras ser condenado.
El tribunal ha aceptado parcialmente los recursos de apelación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y por Los Verdes contra la absolución de los ocho ex ediles, relativo a un convenio firmado con Moansa para recalificar una zona verde y construir seis viviendas unifamiliares pareadas, según la sentencia a la que tuvo acceso Efe.
Sentencia
En la sentencia se impone la pena de ocho años de inhabilitación para el cargo público a Julián Muñoz, a los citados ex y al que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román, que se encuentra actualmente en busca y captura por su presunta implicación en el 'caso Malaya'.
La sala anula la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 2 de Málaga basándose en que los acusados, «en su condición de miembros de la comisión de gobierno, votaron favorablemente la concesión de una licencia de obra que no se ajustaba a la normativa vigente, a sabiendas de su injusticia e ilegalidad».
De esta forma, invalida los argumentos que en su día emitió el Juzgado de lo Penal, que consideró que, pese a que la actuación fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, quedaba «lejos de las exigencias requeridas por el delito de prevaricación administrativa». La Audiencia ha estimado que tanto Muñoz como el resto de concejales "eran perfectamente conocedores de la situación de confusión" urbanística en Marbella , y que se ampararon en un informe emitido por el ex asesor jurídico externo José Luis Sierra para «considerar legal la concesión de una licencia urbanística».
SurDigital - 28 de abril de 2007
Foto: Ayuntamiento Marbella /UrbPatasArriba
Las irregularidades urbanísticas en Andalucía salpican a todos los partidos en vísperas del 27-M
E.Sánchez/J.Chaparro/DiariodeSevilla*: "El mapa de Andalucía está enladrillado y fiscales y jueces instructores se afanan en combatir los delitos, sobre todo urbanísticos, que salpican a algunos miembros de los equipos de gobierno municipales. Aunque la operación Malaya sobre la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella ha sido la instrucción más publicitada por la popularidad de algunos de sus protagonistas y la gravedad de los desmanes cometidos por los responsables del Consistorio malagueño, no se trata ni mucho menos de la única localidad con munícipes encausados. A pesar de que los delitos imputados son utilizados por los partidos como arma arrojadiza, todas las formaciones cuentan con algún regidor o edil con cuentas pendientes ante un tribunal.
PSOE y PP, formaciones con más representantes en alcaldías y concejalías, mantienen a muchos de ellos en las listas para las próximas elecciones municipales del 27 de mayo.
Almería, a vueltas con el Cabo de Gata
-Joaquín García Fernández (PSOE). Alcalde de Níjar. Denunciado por Ecologistas en Acción por la aprobación de un convenio para la cesión de suelo en el Cabo de Gata. A raíz de estos hechos, la Audiencia Provincial de Almería le imputa malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. También han sido imputados otros miembros del equipo municipal.
-Cándido Trabalón (PA). Alcalde de Zurgena. La Fiscalía ha imputado por prevaricación y contra la ordenación del territorio a todo el equipo de gobierno (cinco concejales del PA, cuatro del PSOE y uno del PP) por la votación a favor de la construcción de 1.300 chalés en suelo rústico.
-Cristóbal Fernández (PSOE). Alcalde de Carboneras. Condenado por la Audiencia Provincial de Almería a seis meses de inhabilitación por delito electoral, fue indultado en 2006 por el Consejo de Ministros a pesar de la ratificación de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Se le imputaron prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias en la venta de un terreno cercano al hotel El Algarrobico, en el Parque Natural del Cabo de Gata.
-Gabriel Amat (PP). Alcalde de Roquetas de Mar. El también presidente del PP en Almería fue denunciado por la Junta y los Comerciales del Poniente por la licencia de apertura del centro comercial Gran Plaza. La beneficiaria fue Galerías Comerciales, del imputado en la operación Malaya Tomás Olivo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la nulidad de apertura en noviembre.
Cádiz, del GIL al PP pasando por IU
-José Antonio Barroso (IU). Alcalde de Puerto Real. La Consejería de Obras Públicas demandó al Ayuntamiento por la autorización al hermano de regidor para construir una vivienda de 600 metros cuadrados sobre una finca destinada a uso educativo.
-Miguel Manella (PSOE). Alcalde de Tarifa. Imputado por prevaricación y delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el entorno del Castillo de Santa Catalina. Vuelve a ser el candidato socialista el 27 de mayo.
-Juan Carlos Juárez (PP). Alcalde de la Línea de la Concepción. El ex gilista tiene varios frentes abiertos. Destacan el caso Villa Juliana, que le ha supuesto la primera denuncia formal de la Fiscalía por delito urbanístico. El regidor aprobó la venta de una finca municipal y con el dinero habría pagado las nóminas de los trabajadores municipales, lo que contravendría la Ley de Régimen Local. En el caso de los contratos está imputado por prevaricación y malversación de caudales tras 150 presuntas contrataciones irregulares. También deberá rendir cuentas tras la querella por la venta de cuatro parcelas a la empresa Roseworld: una compañía linense hizo una oferta superior y el Ayuntamiento la desestimó por supuestas deudas. Posteriormente se demostró que tales deudas no existían y que el capital social de Roseworld ascendía a poco más de 3.000 euros. Juárez opta a la reelección en las municipales.
-Hernán Díaz (Independiente). Ex alcalde de El Puerto de Santa María. Inhabilitado por el nombramiento irregular del jefe de la Policía Local sin dar publicidad a la plaza vacante. Entre otros asuntos, la Fiscalía investiga la labor del anterior equipo de gobierno por la falta de actuación para evitar diseminados ilegales en zonas protegidas y la venta de terrenos de patrimonio municipal con fines no permitidos por la ley. El Tribunal de Cuentas ha detectado indicios de responsabilidad contable en la gestión municipal entre 1995 y 2000.
-Ernesto Marín (PP). Candidato del PP en Chiclana. La inspección de Trabajo le ha obligado a contratar a cinco empleadas que trabajaban sin contrato en una empresa de su propiedad. El PSOE quiere llevar el asunto a la Fiscalía por delito contra los trabajadores.
Córdoba, coalición fraudulenta
-Antonio Guisado (PSOE). Ex alcalde de Fuente Palmera. El antiguo regidor y posteriormente concejal dimitió de sus funciones tras ser investigado por supuesta venta irregular de suelo municipal destinado a zonas verdes y equipamientos a varias promotoras. Una de esas licencias fue otorgada a una empresa del alcalde de La Carlota, el también socialista Francisco Pulido Aguilar.
-Manuel Baena (IU). Alcalde de Puente Genil. La investigación de la Policía Judicial de la concesión supuestamente irregular de la licencia de obras para la construcción del cuartel de la Guardia Civil ha provocado la imputación de nueve concejales (cuatro de IU, tres del PSOE, uno del PP y otro del PA).
Jaén, proliferación de denuncias
-Blas Sabalete (PSOE). Alcalde de Torredelcampo. Imputado por no denunciar irregularidades urbanísticas. Según el fiscal, el regidor dio lugar a la consolidación de una situación de ilegalidad administrativa y penal. Sabalete vuelve a presentarse a las elecciones.
-Miguel Campillo (PSOE). Alcalde de Baños de la Encina. Denunciado junto al aparejador municipal por corrupción y delitos urbanísticos al permitir construcciones ilegales en el término municipal. Repite candidatura.
-Juan Morillo (PP). Alcalde de La Guardia. Cuenta con más de seis denuncias del grupo socialista, entre otras, la construcción junto a una gasolinera, con informe desfavorable de Obras Públicas, de veinte apartamentos donde sólo se permiten cinco o la alteración de la ficha urbanística de una parcela para construir 44 parcelas más. Vuelve a presentarse.
Huelva, prevaricación y acoso
-José Carlos Hernández Cansino (PP). Alcalde de Punta Umbría. Denunciado por el grupo socialista municipal por negarse a convocar una reunión de la junta general de la radio y televisión municipal. Un juzgado onubense ve indicios de prevaricación, desobediencia continuada y delito societario. Candidato electoral.
-José Cejudo (PSOE). Alcalde de Valverde. Regidor y presidente de la Diputación Provincial, Cejudo, que opta a la reelección, está imputado por prevaricación y en septiembre será juzgado por una denuncia de acoso laboral.
-Carmelo Romero (PP). Alcalde de Palos de la Frontera. Condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 7.213 euros por anomalías contables que provocaron perjuicios a las arcas municipales, es el candidato popular.
*Diario de Sevilla - 28 de Abril de 2007
La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares
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A.MANRESA.- El País* : "El urbanismo salvaje del municipio mallorquín de Andratx no sólo llevó a la cárcel al alcalde del PP, Eugenio Hidalgo, sino que ha permitido desarticular una amplia red de blanqueo de capitales de la que formaban parte dos bufetes de abogados, dos notarías y un banco. El informe sobre la investigación en marcha, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata con detalle cómo las reiteradas denuncias de venta fraudulenta de solares en Andratx desencadenó una investigación, paralela a otra abierta por la Agencia Tributaria, que permitió desbaratar la red de blanqueo de capitales.
La Brigada Provincial de Policía Judicial de Baleares inició hace meses una serie de investigaciones para intentar aclarar supuestas estafas que estaban siendo denunciadas en distintos juzgados de Palma de Mallorca.
Las denuncias las presentaron particulares propietarios de una decena de solares en la zona de Cala Llamp del municipio de Andratx que se habían sorprendido al descubrir que sus fincas habían sido vendidas a otras personas.
En esas ventas fraudulentas, según la investigación policial, "habrían intervenido algunos integrantes del bufete Feliú-Abogados, utilizándose en varias operaciones de compraventa fraudulenta de solares una serie de sociedades instrumentales, testaferros y documentos de identidad falsos con los que usurpaban las identidades de algunos de los verdaderos titulares de los solares".
La mayor parte de las fincas objeto de la compraventa fraudulenta fueron propiedad de la sociedad Detursa, representada en el momento de las primeras transacciones por miembros de la familia Feliú. Años después se producía una nueva venta de las mismas fincas a otras personas distintas por parte de dos representantes de Detursa y que, según la investigación, "actuaron como testaferros al servicio del bufete Feliú".
La policía ha detenido a tres personas en relación con estas supuestas estafas en la compraventa de solares en la localidad de Andratx.
Por otra parte, la Agencia Tributaria investigaba a dos bufetes de abogados, el de Feliú y el de Sonia Regina da Costa, que trabajaban supuestamente en la prestación de servicios "tendentes a la ocultación de grandes capitales, con grave perjuicio para la Hacienda Pública española".
Opacidad absoluta
Estos bufetes no ocultaban demasiado su actividad irregular, dado que ofrecían a través de su página web sus servicios profesionales a inversores extranjeros, a los que garantizaban un mínimo pago de impuestos e incluso la exención total. Para tranquilizar al cliente ante una oferta tan sospechosa, los bufetes ofrecían opacidad absoluta: "inexistencia de contabilidad, el anonimato 100% de los inversores, la protección 100% del activo y la discreción 100% del banquero".
"El sistema ideado", detalla el informe policial, "consistía fundamentalmente en la creación de sociedades españolas, constituidas o participadas por sociedades panameñas principalmente, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las identidades de las personas que se encuentran detrás de estas entidades panameñas y por extensión de las mercantiles españolas. Para dificultar aún más el seguimiento de los fondos y el de sus verdaderos titulares, las transferencias bancarias se canalizaban a través de dos cuentas cliente del bufete de abogados, sin que se diferencie a qué sociedades corresponde el dinero y las presuntas inversiones, habiéndose contabilizado un elevadísimo tráfico de divisas con el extranjero".
La policía descubrió que numerosas sociedades instrumentales tenían a su nombre inmuebles que vendían a través de una fórmula jurídica que evitaba declarar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo que dejaban de pagar el 7% establecido legalmente, lo que implicaría un delito fiscal cuando se trata de operaciones que superan los 1,7 millones de euros.
La Agencia Tributaria ha detectado por su parte que un número importante de las sociedades controladas por el bufete de abogados ocultaban "una renta disponible suficientemente elevada como para que la cuota omitida supere los 120.000 euros que la ley establece como cantidad mínima para incurrir en delito fiscal".
En la operación policial se registraron 13 domicilios (11 en Palma de Mallorca y dos en Madrid).
Entre los ocho detenidos, destaca la presencia de Miguel Feliú Bordoy, socio del bufete y asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Calviá al que representa en pleitos. Uno los notarios investigados es, a la vez, hermano del alcalde de Calviá, Carlos Delgado, del PP. Otro de los detenidos, David Alfredo Sancho, es un promotor inmobiliario relacionado con el bufete.
*ELPAIS.com - Palma de Mallorca - 28/04/2007
Foto: Uno de los solares de Cala Llamp- /A. M. (El País)
Especulación del suelo: la enfermedad y el remedio
PERE GONZÁLEZ NEBREDA*/LUIS ANTONIO CORRAL JUAN*.- El País** : "El suelo es una materia prima básica para el desarrollo de nuestras poblaciones. La ciudad evoluciona y necesita suelo donde construir viviendas para sus nuevos habitantes y para albergar los usos y actividades que se generan, para sumar activos a la reutilización del existente. Detener el crecimiento del suelo es causar su decaimiento. Pero ese crecimiento debe ser realizado con criterios de sostenibilidad, algo en lo que, a estas alturas, todos estamos de acuerdo, estableciéndose un equilibrio entre los distintos factores sociales, económicos y medioambientales existentes. Se trata de crecer sin despilfarrar ese bien básico tan escaso que es el suelo, que no es renovable y cuya transformación en suelo urbano deviene irreversible.
El crecimiento de la ciudad debe tener en cuenta factores sociales para evitar desequilibrios y expulsiones indeseadas tanto de la población, ya sean nuevas generaciones o segmentos de menor solvencia, como de las nuevas actividades productivas y de servicios. Y debe propiciar, al mismo tiempo una movilidad razonable de sus ciudadanos. Deben tenerse en cuenta factores económicos, que resulten eficientes y favorables al progreso o, de lo contrario, su potencial como motor económico puede decaer. Sin embargo, todo argumento económico debe ser consecuente con el bien general y compatible con el respeto al medioambiente, que debe primar en el tratamiento del territorio, tanto en lo que se refiere al paisaje natural como al urbano, y asegurar requisitos de eficiencia energética y de salubridad. Por todo eso, el consumo de suelo, su transformación de suelo rural a suelo urbanizado, debe ser cuidadosamente estudiado. El desarrollo urbano debe ser escrupulosamente planificado en función de las auténticas necesidades de la sociedad y de la ciudad y no de otros intereses particulares.
Pero no es eso lo que está sucediendo. La expansión de las ciudades españolas no se produce en función de sus necesidades reales y están creciendo de manera deforme y en ocasiones aberrante. El crecimiento razonable, equilibrado y sostenible de la ciudad, y de la sociedad que alberga, tropieza actualmente con un obstáculo difícilmente salvable: la especulación del suelo. Llamamos especulación al encarecimiento artificioso generado por el acaparamiento y la escasez originada por su empleo como mercancía urbana.
En ese escenario parece necesario un golpe de timón enérgico para recuperar la iniciativa sobre la gestión del suelo. Pero ¿a quién le interesa acabar con la especulación del suelo? Sin duda alguna a las ciudades, a sus ciudadanos, a las personas. Esto está claro. Pero no tenemos tanta certeza, en ocasiones, de que haya alguien más interesado en ello. Administraciones y políticos no está claro que estén por la labor. Algunos se llenan la boca con eso, pero nadie quiere matar la gallina de los huevos de oro, huevos que alimentan municipios y munícipes, partidos y partidarios, y en ocasiones a otras especies menos respetables.
Casi una quinta parte del suelo urbanizado en España lo ha sido en los últimos 10 años; lo que quiere decir que en ese tiempo se ha incrementado el 25% de lo que se había urbanizado en los 2.000 años anteriores.
La ley ha obligado a que el 10% de ese suelo haya ido a manos de los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos lo han dilapidado o incluso han especulado con él. Salvo honrosas excepciones, la mayor parte de esas inmensas extensiones de nuevo suelo urbanizado, no se han destinado a construir viviendas sociales, protegidas o asequibles, sino a financiar otras actividades. Y eso ha sido así por decisión de los ayuntamientos, con su exclusiva responsabilidad algunas veces y con su aquiescencia en otras.
La Constitución obliga a luchar contra la especulación. Todas las leyes del suelo que se han aprobado en España hacen de eso uno de los aspectos más relevantes en sus exposiciones de motivos. La realidad nos dice que nunca se pasó de las teóricas buenas intenciones. Las dos primeras, las legisladas en los años 1956 y 1976, lo pretendieron mediante el impuesto progresivo municipal de solares sin edificar. La de 1992 mediante la expropiación, a la mitad de su valor, de todos aquellos solares que no hubieran sido edificados al cabo de un año. El resultado en todos los casos fue el mismo: prácticamente nunca se aplicaron.
La actual, del año 1998, con la pretensión de abaratar el suelo, aplicó lógicas de mercado de bienes de consumo, propiciando que todo el suelo pudiera ser urbanizado. El resultado ha sido que la creación de suelo urbanizable se ha desorbitado y al mismo tiempo su precio se ha multiplicado. El último capítulo se escribe ahora en las Cortes españolas, con otra nueva ley. De su lectura y análisis se saca una primera conclusión: más de lo mismo.
Se pretende, supuestamente, avanzar en la lucha contra la especulación desvinculando la propiedad del suelo del derecho a edificar, e incluso del derecho a urbanizar. Solución aplicada, con éxito, en países tan dispares, en su concepción social, como EE UU y Suecia; pero que aquí, en la práctica, sólo se materializará cuando se trate de la venta forzosa, y ésta se utilizará como instrumento arbitrario, de forma aleatoria y discrecional, ya que la ley no precisa con claridad su aplicación.
Se convierte así la expropiación en un peligroso instrumento en manos de quienes, hasta ahora, han demostrado su incapacidad para gestionar adecuadamente la transformación del suelo y para administrar las plusvalías generadas en el proceso.
La introducción que la nueva ley propicia, generalizada para toda España, la figura del agente urbanizador como presunto destinatario de los aprovechamientos de suelo, ha originado, donde hasta ahora se ha aplicado, no pocos conflictos y la reprimenda enérgica de las autoridades europeas por el expolio y la indefensión de los propietarios afectados.
Se limita a los propietarios de suelo el derecho a urbanizar, pero al mismo tiempo se entrega ese derecho a terceros, sin garantizar con eso que la colectividad se beneficie de las plusvalías generadas. Y, a estas alturas, todo el mundo sabe que las plusvalías que genera la transformación del suelo suelen ser de una cuantía económica muy considerable.
Se trata de expropiar barato para especular mejor. ¿No será peor el remedio que la enfermedad?
* Pere González Nebreda es presidente de la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y Forenses de Cataluña (AAEPFC) y Luis Antonio Corral Juan es decano del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares.
**ELPAIS.com - 27/04/2007
El ‘ladrillo’ amenaza 16.000 hectáreas muy verdes
20minutos*/Murcia : "Equivalen a unos 20.000 campos de fútbol. La mayoría se desprotegieron con la Ley del Suelo del Gobierno murciano (PP) en la zona del litoral. El ladrillo tiene espacio de sobra para colocarse en la Región. A las 15.000 hectáreas que el Gobierno regional desprotegió en 2001 con la Ley del Suelo, se le suman otras 1.340 hectáreas en espacios protegidos, en Águilas y Cartagena, en las que se pretende urbanizar. Los promotores disponen del equivalente a 20.000 estadios de fútbol para viviendas y campos de golf.
Ecologistas en Acción y los Naturalistas del Sureste protestaron ayer para que se paralicen y blinden, al menos, cinco grandes proyectos urbanísticos en zonas con valor medioambiental: La Zerrichera, Lo Poyo, Marina Cope, Novo Carthago y Puerto Mayor.
La Consejería de Industria y Medio Ambiente anunció en enero la aprobación de un Plan de Ordenación del Mar Menor (para que no se construya en Lo Poyo) y un Plan de Gestión para la Sierra de Almenara que fije si se puede edificar en la Zerrichera. Pero no se sabe nada. El PP dice que se aprobará pronto.
El PSOE espera la marcha de su recurso a la Ley del Suelo ante el Constitucional.
Las zonas en peligro
Marina Cope: 2.000 hectáreas (Águilas y Lorca).
Carrascoy-El Valle: 7.000 has (Murcia, Alhama de Murcia y Fuente Álamo).
Barranco de Gebas: 1.800 has (Alhama y Librilla).
Saladares de Guadalentí: 1.500 has (Alhama de Murcia y Totana).
La Zerrichera: 240 hectáreas (Águilas).
Lo Poyo y Novo Carthago: 900 has (Cartagena).
Puerto Mayor: 100 hectáreas (Cartagena).
Otras zonas: 2.800 has (Sierra de las Moreras...).
Ecologistas con ropa de albañil
Una veintena de activistas Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción, vestidos de albañiles y constructores, trasladaron ayer a la Consejería de Industria y Medio Ambiente un cargamento de ladrillos con los que hicieron una parodia de urbanizar la Consejería. Querían simular la construcción de una residencial de lujo en pleno centro de la ciudad de Murcia para protestar por la desprotección de espacios naturales en la Comunidad.
*20minutos - Murcia - 27.04.2007
Foto: Marina de Cope (Murcia)/Ecologistas en Acción
La Fiscalía investiga un posible soborno por la reforma urbanística de Ibiza
Diario de Mallorca* : "El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, informó ayer de la apertura de una investigación por "el presunto soborno" que se podría haber producido en torno al proyecto de reforma del centro de Vila conocido como Eivissa Centre, que impulsa la sociedad mixta Itusa formada por el Ayuntamiento y la constructora Brues SA. El Ministerio Público anunció ayer esta actuación a raíz de la reproducción de extractos de conversaciones mantenidas por el ex secretario general de la Federación Socialista de las Pitiüses (FSP-PSOE) Roque López con la edil Sandra Mayans y el gerente de Itusa, Josep Marí Ribas, Agustinet, que también es candidato de la izquierda a la alcaldía de Sant Josep, sobre el posible cobro de comisiones.
En estas grabaciones Roque López asegura que la empresa constructora podría llegar a pagar hasta "250 millones de pesetas" con dinero negro obtenido a través de la comercialización de parte de las viviendas y locales comerciales previstos en el proyecto. López llega a decir a Mayans, según la grabación, que se trata del "mayor pastel de la historia que puede ir tanto al PSOE como al PP" y que dispone de información de Antonio Pinal, presidente de Brues.
Brues y el Govern
La constructora Brues ha recibido importantes adjudicaciones del Govern balear. En concreto ha trabajado en las obras de la variante de Son Ferriol al Camí de sa Síquia, inicio de la autopista de Manacor, por valor de 19 millones de euros. Asimismo ha construido un instituto en Marratxí por valor de 5,8 millones y ha trabajado en la construcción del metro de Palma. También Cort le adjudicó construir los aparcamientos de Santa Payesa por valor de 12 millones de euros.
El alcalde lo niega y anuncia acciones judiciales
El alcalde de Eivissa, Xicu Tarrés, anunció ayer acciones judiciales contra los responsables de la "campaña de difamación" contra el PSOE de Eivissa, en referencia a la reproducción de la grabación de Roque López. Tarrés, estuvo apoyado por el gerente de la empresa pública Itusa, Josep Marí Ribas Agustinet, y el concejal de Urbanismo, Vicent Torres.
El primer edil aseguró que los abogados del Ayuntamiento se han puesto en contacto con la Fiscalía para que la justicia aclare los hechos, "con el fin de que los responsables de esta campaña de difamación comparezcan ante el juez y ante la opinión pública". Tarrés afirmó también que "se trata de un montaje con falsas acusaciones y calumnias", además de una "infamia sin fundamento". En relación al proyecto Eivissa Centre, el primer edil resaltó que es "inmaculado".
Por su parte, Josep Marí Ribas, reconoció haber hablado con mucha gente sobre el proyecto y "las teorías, falsedades y bulos que había hecho circular el PP y determinados medios de comunicación". Marí aseguró también que las declaraciones podrían estar descontextualizadas, a la vez que destacó que no recibió ningún papel con cuentas paralelas del presidente de Brues, Antonio Pinal.
El alcalde de Eivissa defendió la actuación de la edil Sandra Mayans e insistió en la "manipulación" de las grabaciones difundidas.
*Diario de Mallorca - 27 de abril de 2007
Foto: Ibiza /patrimonio-humanidad.com
El nuevo PGOU de La Romana (Alicante) no garantiza el suministro de agua
El País* /Alicante : "El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Romana no tiene justificada la disponibilidad de recursos hídricos y, además, fue aprobado sin la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según denuncia el colectivo Acció Ecologista-Agró. El planeamiento prevé la construcción de 2.000 nuevas viviendas, extremo que multiplicará por cuatro su actual censo -2.200 habitantes-.
Los ecologistas sostienen que la Comisión Territorial de Urbanismo ha incumplido uno de los condicionantes de la declaración de impacto ambiental al aprobar el nuevo planeamiento sin el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la disponibilidad de recursos hídricos para abastecer la futura población "y sobreexpootando aún más el ya esquilmado acuífero de Quibas".
Según el grupo conservacionista, la dirección general de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Territorio y Vivienda aprobó el 3 de mayo de 2005 la Declaración de Impacto Ambiental del PGOU, "a pesar de la obligación legal de hacerlo", precisa una nota de los ecologistas. La Consejería de Territorio y Vivienda no ha contestado al requerimiento de este periódico sobre afirmación de Acció Ecologista-Agró.
*EL PAÍS - Alicante - 27/04/2007
El alcalde de Cudillero será juzgado por prevaricación en materia de urbanismo
J.CUARTAS.- El País* : "El alcalde de Cudillero (Asturias), Francisco González, del PSOE, será procesado el próximo 2 de octubre en vista oral por el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés tras haber sido acusado por unos particulares de la supuesta comisión de un delito de prevaricación en la ordenación sobre el territorio por el que le piden una pena de un año de prisión y ocho años de inhabilitación especial.
González, que en mayo concurrirá a su reelección para un quinto mandato, fue denunciado por unos vecinos por haber autorizado en 2002 la construcción de un bloque de apartamentos en la localidad El Pito en una zona calificada como núcleo rural y en el que, según la acusación particular, sólo se podían construir viviendas unifamiliares o edificaciones adosadas.
La Comisión de Gobierno de Cudillero aprobó la concesión de una licencia para la construcción de 24 viviendas y locales en el núcleo rural de El Pito y pese a la que, según la acusación particular, la entonces secretaria general del Ayuntamiento, Mari Luz Loredo, advirtió en un informe que la naturaleza del suelo sobre el que se iba a actuar impedía la concesión de la licencia finalmente otorgada. Los denunciantes argumentan también en su querella que la autorización fue concedida sin informe previo del arquitecto municipal
La denuncia de los vecinos fue cursada en diciembre de 2004 ante el Juzgado de Pravia, cuya titular, tras tomar declaración al alcalde de Cudillero, resolvió en enero de 2006 admitir y cursar la querella por el procedimiento abreviado. El Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, al que se dio traslado del caso, ha fijado ahora la celebración de juicio oral para el 2 de octubre. La fiscalía no presentará cargos, según informó ayer el diario La Nueva España.
El consejero de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, Francisco González Buendía, también del PSOE, calificó tiempo atrás en el Parlamento autónomo de "difícilmente legalizables" las viviendas en cuestión.
Pero el alcalde de Cudillero sostuvo ante el Juzgado de Pravia, cuando compareció como imputado, que el Principado de Asturias "interpuso un recurso contencioso-administrativo y la suspensión cautelar de la obra con resultados favorables al Ayuntamiento".
*ELPAIS.com - Oviedo - 27/04/2007
Foto: Cudillero /asturiasverde.com
Solicitan el bloqueo de los fondos comunitarios para el PEIT
Las principales organizaciones ecologistas españolas, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han enviado una carta al Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Stavros Dimas, para solicitar que se bloquee la financiación comunitaria al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), en tanto no cumpla la legislación europea en materia de medio ambiente. En resumen, las organizaciones ecologistas valoramos positivamente la iniciativa de la Comisión Europea de apercibir al Estado español por no tener en cuenta la legislación ambiental a la hora de planificar las infraestructuras a desarrollar y esperamos que sirvan para dar un giro a la política de transportes hacia su sostenibilidad.
Las organizaciones ecologistas enviaron en junio de 2006 una Queja ante la Comisión Europea por no haber evaluado el Ministerio de Fomento el impacto sobre la Red de espacios Natura 2000 tal y como obliga la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta Directiva obliga a los estados miembros a evitar la degradación de cualquier espacio perteneciente a la Red Natura 2000, así como a evaluar los efectos de cualquier plan o proyecto que se lleve a cabo en estas áreas antes de aprobarlos. Esta queja se traduce ahora en el procedimiento de infracción comunicado por la Unión Europea el 22 de marzo.
Dado que los reglamentos de la Unión Europea impiden que se financien con fondos europeos actuaciones contrarias al derecho comunitario las organizaciones ecologistas han solicitado la paralización de los fondos hasta que el Estado español garantice que las infraestructuras del PEIT no afectarán a los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Esto supondrá eliminar del PEIT las infraestructuras más impactantes (se incluyen algunos ejemplos al final del comunicado) y condicionar la construcción y financiación de las infraestructuras a la no afección a la Red Natura 2000.
Según el análisis llevado a cabo por las entidades ecologistas más de 1.800 km de carreteras y ferrocarriles propuestos en el PEIT afectan, al menos, a 327 espacios de la Red Natura 2000 (tabla).
Efectivamente, el PEIT aprobado sigue recogiendo la construcción de 6.000 km de autovías y 9.000 km de líneas de alta velocidad ferroviaria. Sin embargo, España es el segundo país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas (sólo superado por Alemania, con apenas 600 km más, por lo que lo rebasaremos en breve) y el primero en términos relativos en número de kilómetros de autovía por vehículo o por habitante. Además, la gran mayoría de las nuevas autovías previstas en el PEIT se construirán en itinerarios que no llegan ni a los 5.000 vehículos por día, cuando los manuales señalan como razonable el desdoblamiento de una carretera a partir de los 10-15.000 vehículos día.
Pero, a juicio de las organizaciones de defensa de la naturaleza, el PEIT además adolece de otros graves problemas que no lo hacen compatible con un transporte sostenible. Por ejemplo, el PEIT dificultará mucho la lucha contra el principal problema ambiental al que se enfrenta la Humanidad: el cambio climático. Y no es de extrañar que así sea: en 1998 había 9.649 km de autovías y autopistas, mientras que en 2012, si se cumplen las previsiones del PEIT, tendremos 17.450 km (15.000 km estatales y 2.450 km ya existentes de las Comunidades Autónomas). Si a esto le añadimos que la carretera es la responsable del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero relativas al transporte, es fácil ver hasta qué punto es contraproducente esta enorme construcción de autovías para limitar las emisiones de CO2.
En resumen, las organizaciones ecologistas valoramos positivamente la iniciativa de la Comisión Europea de apercibir al Estado español por no tener en cuenta la legislación ambiental a la hora de planificar las infraestructuras a desarrollar y esperamos que sirvan para dar un giro a la política de transportes hacia su sostenibilidad.
Algunas de las infraestructuras incluidas en el PEIT con mayor impacto sobre la Red Natura 2000, y por lo tanto las más “culpables” de que España se arriesgue a no recibir los fondos europeos, son:
1. Autovía A43 Puertollano-Mérida. Entre las especies afectadas debe destacarse el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra, el águila-azor perdicera y al lince ibérico.
2. Toledo-Ciudad Real-Córdoba. Afecta a las LIC y ZEPA de Montes de Toledo y Sierra Morena (con presencia importante de especies como lince, águila imperial, buitre nego, cigüeña negra). El tramo Puertollano-Córdoba produciría un impacto medioambiental enorme, al atravesar el valle de Alcudia y una de las áreas mejor conservadas de Sierra Morena y no significará una mejora en las comunicaciones entre ambas localidades.
3. Autovía Linares-Albacete. Afectará significativamente el LIC Sierra de Alcaraz y LIC Río Guadalmena, afectando a la mejor zona para el lince de Albacete.
4. Autovía ruta de la plata A66 de Gijón a Sevilla. El tramo: Zafra-Sevilla afectará a numerosos espacios de la Red Natura 2000 y afectará a zonas muy importantes para el lince, el águila imperial o la cigüeña negra. Afectaría necesariamente a la Sierra de Aracena. En concreto, el vial afectaría a dehesas de encina y alcornoques en muy buen estado de conservación, así como a monte y matorral mediterráneo denso. Contribuiría a una mayor fragmentación de Sierra Morena, produciendo un efecto barrera importante. El Tramo Benavente-Zamora afectaría a la Reserva de Villafáfila (avutarda común, cernícalo primilla, etc.)
5. Autovía A48 Costa de la Luz (Cádiz-Algeciras). Afectaría al Parque Natural de los Alcornocales, así como a los montes de Tarifa, un área de gran valor ambiental. Es una zona de paso de aves en migración muy importante.
6. Autovía Cuenca-Teruel. Atraviesa por medio de los Montes Universales. Se trata de un área de gran valor natural con un relieve muy quebrado. Afectaría a la LIC-ZEPA de la Serranía de Cuenca (águila real y alimoche).
7. Autovía IV Centenario (Ciudad Real-Valencia). Afectará a la ZEPA Campo de Calatrava (avutarda, cernícalo primilla, sisón) y a la ZEPA Campo de Montiel (águila imperial ibérica).
8. Linea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. El tramo de tren da alta velocidad Madrid-Cáceres afectará a un gran número de espacios de la Red Natura 2000 y a especies emblemáticas como avutarda común o el lince ibérico.
9. Ampliación del Puerto Norte de Valencia. Generará un fuerte impacto sobre la Albufera y las playas situadas al sur del puerto.
10. Puerto de Granadilla (Tenerife). Afectaría a uno de los tramos de litoral mejor conservados de la isla y a hábitats marinos protegidos.
Longitud y número de espacios de la red Natura 2000 afectadas por la propuesta de PEIT
CARRETERAS Kilómetros Nº Espacios
Afección Km LIC 682,52 131
Afección Km ZEPA 491,87 50
Afección RED NATURA 775,67 134
TREN Kilómetros Nº Espacios
Afección Km LIC 913,03 188
Afección Km ZEPA 630,22 56
Afección RED NATURA 1026,69 192
TREN + CARRETERAS Kilómetros Nº Espacios
Afección RED NATURA 1802,36 327
*Ecologistas en Acción - Transporte - 26 de abril
Foto: Ecologistas en Acción
¿Qué pasará cuando los precios de la vivienda empiecen a caer?
GUILLERMO DE LA DEHESA*.- El País**: "La burbuja de la vivienda española no es nueva. En todos los países desarrollados los precios de la vivienda han sido siempre procíclicos y han mostrado una tendencia recurrente a experimentar periodos duraderos y persistentes de auge de precios y de volatilidad baja, seguidos de otros, igualmente persistentes, de precios estancados o cayendo y volatilidad elevada, y la española se acerca a esta segunda fase. En todo caso, la volatilidad de los precios de la vivienda (activos reales) es mucho menor que la de la Bolsa (activos financieros), por ello no hay que extrapolar lo ocurrido estos últimos días al mercado de la vivienda.
Las burbujas de la vivienda y sus desinfles han tenido siempre que ver con la evolución demográfica, así como con el nivel de empleo, de la renta por habitante y de la confianza de los consumidores, pero sus detonantes suelen ser el nivel de los tipos de interés, ya que los precios de la vivienda suelen ser tan sensibles a los cambios en los tipos de interés nominales o reales o más que los bursátiles. Cuando los tipos reales de interés son casi cero o negativos durante cierto tiempo (como ha ocurrido en España en los últimos cinco años), los precios de la vivienda tienden a subir rápidamente, dada una oferta con crecimiento normal, ya que su demanda tiende a dispararse.
Por el contrario, cuando los bancos centrales suben los tipos de interés para moderar las tensiones de precios, la carga de intereses y de principal de las hipotecas aumenta, su renta disponible, su consumo y su demanda de viviendas tiende a reducirse y sus precios terminan cayendo, pudiendo incluso provocar una recesión, ya que dicha caída no sólo afecta negativamente al consumo agregado, sino también al número de viviendas iniciadas, lo que hace que la actividad de una parte del sector de la construcción se deteriore y éste reduzca su actividad y su empleo.
El FMI hizo un estudio en 2003 en el que identificaba 20 casos de burbujas de los precios de la vivienda en 14 países desarrollados (incluida España) que posteriormente estallaron entre 1970 y 2001, con una caída media de sus precios de un 30%. Los resultados mostraban que la duración media de dicha contracción de precios había sido de cuatro años, que la probabilidad media de que la burbuja de vivienda terminase en una fuerte contracción de precios había sido del 40%, que algunas de dichas contracciones de precios precedieron, coincidieron o se solaparon con recesiones en sus economías, que la reducción del crecimiento se iniciaba inmediatamente después de dicha caída y que la recuperación total de la tasa de crecimiento previa tardaba otros tres años.
Sin embargo, en estos últimos años, las burbujas de Australia y del Reino Unido se han desinflado moderadamente y no han provocado recesión alguna. Por un lado, porque la subida de tipos de interés por parte de sus bancos centrales ha sido gradual y, por otro, porque ésta ha coincidido con el nivel de desempleo mínimo, y la evidencia muestra que una tasa elevada y mantenida de empleo tiende a sostener la demanda de vivienda así como sus precios.
Dicha evidencia histórica también demostraba que el precio de las viviendas empieza a crecer por debajo de la inflación y luego a caer en términos nominales una vez que los tipos de interés de las hipotecas superan el 6% o se mantienen ligeramente por debajo de dicho nivel durante cierto tiempo, y que su caída se inicia 12 meses después que los tipos alcanzan dichos niveles.
Finalmente, estimaba que el efecto de la subida de tipos de interés sobre los precios de la vivienda primero y sobre la actividad económica después, tiende a ser mayor: cuanto mayor sea el porcentaje del total de familias que han contratado una hipoteca; cuanto mayor sea el porcentaje de las hipotecas contratadas a tipo de interés variable y cuanto mayor sea el porcentaje del valor de la hipoteca en relación al precio total de la vivienda y menor sea el porcentaje del pago al contado de entrada; y por otro lado, cuanto mayor sea el porcentaje de hipotecas contratadas al final de la burbuja, ya que éstas tienden contratarse más alegremente.
En España está iniciándose una fase clara de moderación de los precios de la vivienda tras una fuerte subida que les ha llevado a una sobrevaloración de alrededor del 30%. ¿Qué efectos puede tener sobre la renta disponible de las familias, el consumo y el crecimiento y la estabilidad de las entidades de crédito?
En primer lugar, hay que reconocer que España es hoy uno de los países del mundo con mayor porcentaje de familias con vivienda propia, alcanzando un 84% del total, frente a una media en la UE del 66%. A pesar de ello, el valor agregado de las hipotecas en porcentaje del PIB español es todavía menor que en la media de la UE (un 48% frente a un 56%).
En segundo lugar, es, paradójicamente, uno de los países del mundo con mayor porcentaje de hipotecas contratadas a tipo variable o ajustable: un 98% del total, frente a un porcentaje medio del 51% de la UE. Este porcentaje es excesivamente elevado. Aunque la mayoría de los préstamos hipotecarios se financian con depósitos, lo que justifica que las entidades de crédito españolas prefieran los créditos a tipo variable, existen las cédulas hipotecarias, parecidas a los pfandbriefe de Alemania o los covered bonds de Holanda, de Dinamarca o del Reino Unido que permiten refinanciarlas a mayor plazo. Estos otros cuatro países mencionados tienen un porcentaje de hipotecas a tipo variable mucho más bajo: el 17%, 13%, 18% y 53%, respectivamente.
En tercer lugar, el porcentaje de hipotecas recientes ha sido elevado, ya que en estos dos últimos años, en el pico de la burbuja, han seguido aumentado a ritmos del 20% en promedio. En cuarto lugar, en parte a causa de la fuerte demanda de vivienda y en parte debido a las grandes obras públicas cofinanciadas con transferencias comunitarias, la construcción ha llegado a representar, en 2006, el 16% del PIB (frente a un 9% de media en la UE), el 10% del valor añadido bruto y el 14% del empleo.
Finalmente, otro aspecto paradójico del caso español es que otra parte importante del aumento del precio de la vivienda por el lado de la oferta se debe al fuerte aumento del precio del suelo, ya que los costes de la construcción de viviendas no han crecido, en promedio, más que el IPC, cuando la densidad de población española es de 83 personas por kilómetro cuadrado, frente a 245 del Reino Unido, 479 de Holanda o 350 de Japón, por poner tres claros ejemplos de burbujas recientes. Sin embargo, existen otros factores que pueden compensar el efecto de los anteriores:
En primer lugar, la burbuja está cediendo con moderación. Desde que el Banco Central Europeo ha empezado a aumentar los tipos de interés, estos aumentos se han trasladado, más que íntegramente, a los préstamos hipotecarios (ya que están descontándose alzas futuras), que han experimentado la mayor subida de los últimos seis años, acercándose al 5%. En consecuencia, el crecimiento interanual de los precios de la vivienda ha pasado del 17% en 2004 y del 14% en 2005, a un 9% en 2006, al 7% ahora, al 3% el próximo diciembre y, en 2008, podrían ya subir menos que la inflación o caer.
En segundo lugar, el crecimiento anual de la demanda de crédito hipotecario, medida en número de hipotecas, se ha ralentizado al 5,2%, frente a un 17% hace un año (aunque ha aumentado su importe medio en un 14%), en parte porque las entidades financieras han comenzado a endurecer sus criterios de aprobación, especialmente en la relación préstamo-valor de la vivienda, aunque todavía alargan sus plazos ligeramente.
En tercer lugar, una burbuja tiende a mantenerse más tiempo o a moderarse, en lugar de desinflarse bruscamente, siempre que la economía siga aumentando su población y su número de hogares, pero sobre todo siempre que su población en edad de trabajar y su empleo sigan creciendo.
La entrada masiva de extranjeros en España, en su gran mayoría inmigrantes (de 1 millón en 2000 a 4,7 millones a finales de 2006), ha hecho que la población total haya aumentado a un ritmo del 1,5% anual entre 2000 y 2006 y que el número de hogares haya aumentado en 2,5 millones. A pesar de ello, el número de viviendas aumentó en 3,0 millones, luego se ha creado un exceso de oferta de unas 500.000 viviendas. Estos excesos de viviendas se concentran en las regiones con menores tasas de inmigración y, salvo Andalucía, en las menos turísticas, mientras que en Baleares, el País Vasco y sobre todo Madrid existe todavía un déficit (decreciente) de viviendas respecto a los hogares existentes.
Además, un 90% de dichos inmigrantes tiene edades entre 20 y 40 años, permitiendo aumentar la población en edad de trabajar (entre 20 y 64) de forma muy importante, lo que, unido a su elevada tasa de participación y movilidad funcional y territorial, ha hecho que su empleo aumente rápidamente. Si se añade otro 10% de jubilados extranjeros con mayor capacidad de compra, ambos factores podrían todavía llegar a sostener una demanda razonable de vivienda durante cierto tiempo, evitando una caída brusca de sus precios. De ahí que el FMI calcule que el crecimiento promedio de 2007 y 2008 vaya a ser del 3,25%. De cumplirse estas previsiones, el problema principal residiría fundamentalmente en el efecto de la subida de tipos de interés sobre el coste anual de la hipoteca en relación a la renta disponible de los hogares.
Si suponemos que del actual nivel del 3,5% el BCE sube al 4,0% este año e incluso hasta el 4,5% en 2008 y el volumen de hipotecas aumenta en un 5% en ambos años, el coste anual neto del principal e intereses de las hipotecas (incluidas su deducción en el IRPF) podría llegar a aumentar unos 3 puntos porcentuales respecto a la renta disponible después de impuestos de un hogar medio, con lo que pasaría del 30% actual al 33% en 2008, todavía muy lejos del 49% alcanzado en el peor momento de la recesión de 1993.
Por otro lado, la inversión en vivienda y sus precios tendrían que caer mucho para que la deuda hipotecaria total de la media de familias españolas empezara a ser un peligro para su balance patrimonial, ya que actualmente sólo representa el 11% de su patrimonio no financiero total, el porcentaje más bajo de la UE después del de Italia.
Finalmente, los elevados niveles de solvencia de las entidades de crédito y su amplio exceso de provisiones sobre la morosidad efectiva neta (añadiendo fallidos y restando recuperaciones) van a evitar que se planteen problemas de estabilidad del sistema financiero, incluso en el caso de que la caída de la inversión y los precios de la vivienda llegara a ser profunda en los próximos años.
*Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research.
**ELPAIS.com - 26/04/2007
Los expertos avalan paralizar la construcción en la franja costera
P.LÓPEZ.- El País*/Galicia : "La suspensión de los desarrollos urbanísticos a 500 metros de la costa es una medida no sólo conveniente, sino indispensable, siempre y cuando se haga "de forma competente". Es la opinión de los arquitectos y responsables de urbanismo de Cataluña, Asturias y Menorca, que debatieron ayer en Santiago sobre la planificación del litoral, convocados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
La prohibición de desarrollar suelo urbano a menos de 500 metros del mar en Galicia, que figura en la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Litoral, fue el telón de fondo de la jornada organizada por los arquitectos gallegos. En ella intervinieron el director general de Urbanismo de la Generalitat, Joan Llort, el responsable del Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA); el arquitecto Ramón Rañadas, y el del Plan Territorial Insular de Menorca, el arquitecto y sociólogo José María Ezquiaga.
Los tres hablaron de sus experiencias en tres territorios donde se adoptaron medidas similares a la ahora emprendida por la Xunta en la franja costera, como es el caso de Asturias y Cataluña, o de un plan que, como el de Menorca, desclasificó 20.000 viviendas previstas en suelos que pasaron a convertirse en rústico de protección. La mesa redonda que siguió a sus exposiciones giró en torno a la ley de medidas urgentes de Galicia, para la que reclamaron consenso social y político.
Rañadas rompió el hielo: "Yo no tendría miedo a una suspensión, siempre que sea de forma competente". Su opinión fue suscrita por los otros dos ponentes. Joan Llort puso el acento en la necesidad de lograr una "aceptación tácita" de los ciudadanos respecto a este tipo de medidas, para lo que destacó el papel de los medios de comunicación y su creciente sensibilidad medioambiental, mientras que Ezquiaga agregó la necesidad de que este tipo de medidas cautelares no se prolonguen excesivamente.
El factor tiempo es fundamental, concluyeron los ponentes. En primer lugar, para adoptar la suspensión sin previo aviso, de forma que se eviten movimientos especulativos. Y en segundo, con una tramitación rápida que devuelva sus derechos a los propietarios en el más corto período de tiempo posible. En el caso de Galicia, el límite legal será de dos años desde que entre en vigor la ley, el mes próximo, aunque se derogará en cuanto entre en vigor el Plan de Protección del Litoral.
En Cataluña, la Generalitat se vio "sorprendida por la aceptación tácita" de la suspensión, que se produjo "como el regreso de las tropas de Irak: por sorpresa y de golpe", en palabras de José María Ezquiaga. Así, los ciudadanos comprobaron después que el plan definitivo fue "menos grave de lo que se podía imaginar". En Menorca ocurrió algo similar. Se suspendieron cautelarmente tantos suelos que el plan litoral posterior sólo pudo ser visto con buenos ojos. "Los propietarios comprobaron que no podía ser peor", bromeó el director del plan insular. Llort consideró el momento apropiado para adoptar una medida como la aprobada por la Xunta.
*ELPAIS.com - Santiago - 26/04/2007
Foto: Oleiros - Sta. Cristina (A Coruña) /turismo
La UE investigará la construcción de 12.000 viviendas en Catarroja
ADA DASÍ.- Las Provincias*/Valencia : "La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido a trámite la solicitud de la plataforma Salvem Catarroja y ha pedido a la Comisión Europea que abra un expediente de investigación prelimilar sobre el Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil·lenni, de Catarroja, aprobado por Territorio y que prevé la recalificación de 1.700.000 metros cuadrados de terrenos agrícolas para construir 12.000 viviendas, más de la mitad de ellas de protección oficial.
Este documento, en el que se solicita comprobar si procede la paralización de Nou Mil.lenni, se presentó el pasado mes de enero y ha sido ahora cuando la Unión Europea ha dado su conformidad porque, según se argumenta en la carta recibida, “las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea”. Por esta misma razón la Comisión de Peticiones ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación sobre el problema.
La argumentación de la plataforma Salvem Catarroja se basa en que el PAI Nou Mil.lenni “no respeta las convenciones ni acuerdos europeos para la protección del medio ambiente, perjudica y desatiende a los ciudadanos, no sólo del municipio sino también del resto de la comarca, y viola derechos básicos como el de la propiedad”.
Además, como cuestiones añadidas Salvem Catarroja hace referencia al crecimiento desproporcionado de la población, los posibles problemas de inundación, la escasez de agua o la destrucción de las seis masías existentes en la zona y que forman parte del patrimonio arquitectónico, así como la forma en que se aprobó durante una sesión plenaria extraordinaria en la que se quedaron fuera de la sala 160 personas.
La Plataforma adjunta a la petición, además de otros documentos, las 3.200 firmas recogidas contra este proyecto y los resultados de las encuestas del Plan Estratégico Local de Catarroja 2010, donde los ciudadanos planteaban sus propuestas para el desarrollo sostenible de la población.
Concentración el 19 de mayo
Por parte de la Plataforma Salvem Catarroja la satisfacción es evidente, “éste era uno de nuestros objetivos y consideramos que es un paso adelante”, señalan, a la vez que advierten que continuarán en su lucha particular contra Nou Mil.lenni. “Hemos enviado toda la documentación de la que disponemos a la Comisión Europea, ahora confiamos en la justicia para que resuelva”, añaden. La Plataforma, continúa recogiendo firmas y ha previsto una concentración ante el ayuntamiento el próximo día 19 de mayo a las seis de la tarde.
Por su parte el concejal de Urbanismo, Francisco Chirivella, ha señalado que el proyecto Nou Mil.lenni está aprobado y que sigue su trámite, “ningún tribunal español ha aceptado a trámite la denuncia presentada por la izquierda contra la aprobación provisional del PAI, por tanto no me preocupa y también creo en la justicia”.
Chirivella ha añadido que “la izquierda está en contra de todas las iniciativas de la Comunitat, desde el agua hasta el urbanismo. Mientras que el PSOE urbaniza millones de metros cuadrados, cuando lo hace la derecha todo son pegas”. De igual forma ha advertido que “cuando la Administración aprueba una iniciativa ya no puede paralizarse”.
El gobierno PP-UV de Catarroja y la Generalitat han defendido el proyecto pues se trata de una de las mayores promociones de viviendas protegidas para que los jóvenes puedan adquirir una casa a un precio al alcance de su bolsillo.
*Las Provincias - 26 de abril de 2007
Foto: Maqueta del proyecto de Nou Mil.lenni de Catarroja, que contempla 12.000 viviendas /lasprovincias.es
Un alto cargo de Castilla y León dice que dio un trámite "novedoso" a la tala de Las Navas
R.MÉNDEZ.- El País* : "El director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, declaró ayer como imputado ante el juez que fue el alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, quien pactó con el promotor recalificar el pinar años antes de iniciar la recalificación e indemnizarlo si los técnicos frenaban el plan. Torre, que citó como positivo un informe contrario a la urbanización, declaró que ese informe no era necesario y que la zona no podía ser área crítica para la cigüeña negra puesto que el ayuntamiento de Las Navas había declarado el terreno urbanizable. Aceptó, eso sí, que esta recalificación de un área crítica fue "un caso novedoso".
El juzgado de Ávila que investiga el permiso de construcción de 1.600 chalés, hotel y campo de golf a costa de 35.000 pinos en un espacio protegido de Las Navas del Marqués recibió ayer la declaración de uno de los principales imputados, Mariano Torre. El director de Medio Natural desde 1999 defendió a su salida del juzgado su actuación: "Todo se ha hecho de forma legal y transparente", fue su única declaración a la salida.
En la sala descargó buena parte de la responsabilidad en el alcalde de Las Navas y en el secretario municipal, también imputados, y cuya declaración se pospuso al haber llegado el día anterior documentación relativa a su actuación. Torre afirmó desconocer gran parte de las negociaciones con el promotor de la urbanización previas a la adjudicación de la parcela. Preguntado por qué en la compraventa la Sociedad Montes de Las Navas -de la que Torre era consejero- se comprometió a indemnizar al constructor si los técnicos frenaban la obra, Torre replicó que "no sabe quién incluyó la cláusula en el contrato (...) que no recuerda que se discutiera en el consejo de administración y que no sabe de quién partió la idea". Torre aseguró que él pasaba por allí y que los que hacían y deshacían en la empresa eran los representantes municipales.
Desprotegido "de hecho"
Torre, que en noviembre de 2003 desprotegió "de hecho" mediante un informe -aunque no lo publicó en el boletín de Castilla y León- 12 hectáreas que eran área crítica para la cigüeña negra, afirmó ayer que, en realidad, tal informe no era necesario puesto que si el ayuntamiento había dicho antes que el suelo era urbanizable, eso invalidaba la protección para las aves.
Entonces, un abogado de las acusaciones -que ejercen Centaurea, Comisiones Obreras y Cantueso- preguntó si era normal que un ayuntamiento decidiese qué zonas eran vitales para las especies en extinción. Torre admitió que no ha habido ningún caso similar a este "que es un caso novedoso".
Torre alegó que no tenía que abstenerse en la tramitación del proyecto pese a que era consejero de la empresa pública que impulsaba la recalificación y el alto cargo que debía dar el visto bueno a la tala del pinar.
*ELPAIS.com - Madrid - 26/04/2007
