DIARIODESEVILLA* : La ordenación del territorio y la política urbanística son desde hace años un caballo de batalla para la Junta de Andalucía, que ha venido aprobando una larga secuencia de leyes, decretos y reglamentos superpuestos entre sí y que han sembrado no poco desconcierto entre ayuntamientos y empresarios.
El último aldabonazo ha correspondido al Defensor del Pueblo Andaluz, quien en su informe de 2007, presentado ayer ante el Parlamento, reprocha a la Administración autonómica la ausencia de una "seguridad jurídica" que garantice en determinados casos la aplicación de dichos preceptos legales sin sombras de arbitrariedad.
A modo introductorio, el Defensor subraya la necesidad de fijar una serie de criterios a partir de los cuales se desarrolle la planificación urbanística municipal, algo que, añade, "nos parece imprescindible desde hace años, y así lo venimos demandando" a la Junta de Andalucía.
"Ahora bien", añade el informe, "fijados unos criterios en esa planificación es preciso que se apliquen de manera clara y objetiva para todos los municipios, y que cualquier excepción o criterio interpretativo se establezca en condiciones de igualdad a fin de garantizar la seguridad jurídica y un tratamiento idéntico a la hora de abordar la ordenación territorial en Andalucía y la aprobación de los instrumentos de planeamiento que deben guardar una obligada coherencia con la planificación territorial".
No en vano, la Ley de Ordenación Urbanística ha sido reformada en tres ocasiones en los últimos años y la Ley de Vivivienda Protegida y Suelo fue corregida en el Parlamento de forma simultánea a su publicación en el BOJA. Además, la mayoría de los planes subregionales de ordenación del territorio aún no se han aprobado y muchos de los que lo fueron han debido ser corregidos conforme a la redacción de la norma superior, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), modificado a su vez hace unos meses cuando apenas se había cumplido un año de su entrada en vigor. El círculo se cierra con los PGOU, que se están aprobando a contrarreloj para adaptarse a toda esa maraña normativa, aunque tan sólo uno de cada diez ayuntamientos andaluces ha podido culminar ese proceso de forma satisfactoria.
Este panorama de inseguridad jurídica, denunciado en reiteradas ocasiones con anterioridad por empresarios, ayuntamientos y el propio Defensor, es al que hace de nuevo referencia la oficina que dirige José Chamizo, que a lo largo del año pasado incoó varias quejas de oficio o a instancia de ciudadanos e instituciones.
Una de ellas hacía referencia al proyecto de construcción en la localidad de Pilas de 4.526 viviendas, cifra que supera con creces los límites generales del 40% de incremento del suelo urbanizable y del 30% de la población que establece el POTA hasta el año 2015 con el fin de garantizar la existencia de infraestructuras adecuadas para atender dichos crecimientos. Pilas cuenta con un censo de poco más de 13.000 habitantes y, con la construcción de dichas viviendas, podrá duplicarse con facilidad.
La primera discrepancia del Defensor con la Junta en este caso se produjo "tras recibir el oportuno informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio". Pese a que el POTA fija las citadas limitaciones sin distinguir entre suelos urbanizables sectorizados (sobre los que los promotores pueden actuar de forma inmediata) y no sectorizados (los que están a la espera del detalle en su planeamiento), la Junta dio su visto bueno a las 4.526 viviendas por situarse en suelo no sectorizado.
Ello hizo que el Defensor mostrase su "disconformidad" por cuanto que el criterio de la Junta "en modo alguno está previsto en el art. 45.4.a) del POTA, ya que se habla exclusivamente de suelo urbanizable, sin distinguir entre sectorizado y no sectorizado".
"Nos encontraríamos, por tanto, ante un documento administrativo que vendría a establecer distintos tratamientos del suelo urbanizable, cuando precisamente el propio POTA, que posee carácter normativo, no lo hace", denuncia el Defensor.
El segundo punto de diferencia mostrado por Chamizo con la Junta guarda relación con las llamadas "áreas de oportunidad", zonas no recogidas en la primera versión del POTA y que se incluyeron en el texto como consecuencia de las presiones ejercidas por alcaldes y promotores. Con el argumento de que algunos municipios necesitan superar los límites de crecimiento ya citados, estas áreas se configuran como bolsas extraordinarias de expansión urbana.
El Defensor no pone objeciones a esta figura, pero una vez más exige transparencia a los responsables públicos: "Al haber utilizado el POTA la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, se hace preciso que la declaración de un área de oportunidad vaya presidida con una detallada motivación que la justifique. Como consecuencia de ello y con objeto de garantizar el principio de seguridad jurídica en todo el territorio de Andalucía, consideramos imprescindible el que toda decisión que se adopte destinada a declarar una zona del territorio de la Comunidad Autónoma como Área de oportunidad, conlleve el que se reflejen y publiquen los motivos que justifican tal declaración".
La conclusión del Defensor es nítida: "En fin, estamos convencidos de la extraordinaria necesidad de que Andalucía cuente con una planificación territorial tanto para toda la Comunidad Autónoma, como a niveles más sectorializados, como es la planificación subregional. Pero consideramos imprescindible que, dados los diversos intereses en juego, los propios criterios del POTA sean respetados o, en otro caso y si se estima que no son adecuados o que poseen una excesiva rigidez en sus previsiones, se modifiquen estos, pero, en todo caso, resulta necesario que el marco territorial sea aplicado desde la diversidad con criterios de igualdad en todo el territorio andaluz".
* Diario de Sevilla - Javier Chaparro - 30.05.2008
Foto: Construcción de pisos en Bellavista, área de expansión de Sevilla en su zona sur - diariodesevilla.es
El Defensor aprecia falta de "seguridad jurídica" en la política urbanística
Mallorca: El fiscal se querella contra Vicens, Morales y Montis por sobornos
La fiscalía anticorrupción presentó ayer la querella, adelantada por DIARIO de MALLORCA* el pasado 22 de diciembre, contra el supuesto entramado de cobro de sobornos de hasta 700.000 euros y tráfico de influencias en torno a la gestación y venta del polígono industrial de Son Oms.
Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach incluyen en su querella al portavoz de Unió Mallorquina (UM) en el Parlament, Bartomeu Vicens; a su esposa, Antonia Martorell; al ex president de la Cámara Autonómica por UM, Maximilià Morales, y al abogado palmesano Jaime Montis, cuyo bufete fue ayer registrado por la Policía, que también buscó documentación en la sede de una supuesta empresa tapadera.
La querella de Anticorrupción imputa a los cuatro acusados los presuntos delitos de tráfico de influencias, cobro de posibles sobornos (cohechos), estafa y posible falsedad documental.
La interposición de la querella dio paso a la práctica de dos registros simultáneos en el bufete Montis, situado en la calle Sant Jaume, 7, bajos, y en la sede social de la empresa Metalumba S.L., una sociedad dedicada formalmente a construcciones metálicas, pero que los investigadores presumen pudo servir para distribuir entre algunos de los implicados los sobornos.
Diligencias informativas
La fiscalía anticorrupción abrió, a instancias de una primera denuncia del promotor Ángel Ochando Javaloyas, unas diligencias informativas en el otoño del 2007 para esclarecer si en la gestación y explotación de Son OMS, un proceso que se inició hace 18 años y se ha prolongado hasta la actualidad, se cometieron delitos de alcance económico millonario.
La primitiva denuncia de Ochando, uno de los dueños de fincas rústicas próximas al aeropuerto de Son Sant Joan y a las instalaciones de la Inspección Técnica de vehículos de S´Arenal que participaron en la creación de Son Oms, versaba sobre unas supuestas estafas por parte de los promotores del área industrial. El denunciante reveló que los impulsores del polígono, entre los que incluyó a dos dirigentes de Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens y Maximilià Morales, le habían exigido la cesión de un 15 por ciento de sus parcelas en caso de que la zona se recalificase de suelo rústico a suelo urbano-industrial. Este porcentaje sería la presunta comisión o soborno recibido por los querellados.
Otros propietarios de fincas por Son Oms también ratificaron haber firmado con los promotores contratos similares de cesión del 15 por ciento de los solares recalificados.
La Agencia Tributaria, cuyo delegado en Balears, Raúl Burillo, participó en los registros, y la Guardia Civil y la Policía Nacional han rastreado en los últimos meses operaciones realizadas entre Jaime Montis, otro de los promotores del polígono industrial, y Vicens y Morales. Los investigadores han inspeccionado decenas de sociedades y centenares de operaciones y han llegado a Metalumba, a la que vinculan con Vicens y su esposa, un ama de casa. Esta sociedad, a la que no se conoce actividad, habría recibido en los últimos ejercicios importantes cantidades procedentes del entorno de Montis y que podrían ser fruto de los sobornos.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 30 de mayo de 2008
Foto: Policías sacando documentación del bufete Montis, en plena calle Sant Jaume/ Lorenzo, diariodemallorca.es
Roca lo niega todo
ELPAÍS/Marbella* : El principal imputado del 'caso Malaya' ratifica sus siete declaraciones anteriores antes del cierre del sumario. Ni pagos a concejales, ni sobornos de promotores para conseguir favores del Ayuntamiento de Marbella. Quien esperara un cambio drástico en la última declaración del máximo imputado del caso Malaya antes del cierre del sumario se quedó esperando.
Juan Antonio Roca, el ex asesor urbanístico marbellí acusado de dirigir el Ayuntamiento marbellí en la sombra durante el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y de urdir numerosas operaciones urbanísticas que dejaron al municipio sin patrimonio y con las arcas vacías, ratificó ayer ante el juez Óscar Pérez sus siete declaraciones anteriores sin cambios.
Durante más de cuatro horas negó los hechos de los que está acusado y aprovechó para darle un repaso punto por punto al auto de procesamiento, redactado por el primer instructor del caso, el magistrado Miguel Ángel Torres. Lo pormenorizado de su declaración le granjeó alguna que otra llamada de atención del juez Pérez, que le recondujo y le aconsejó que dejara ciertas apreciaciones para los recursos.
El supuesto cerebro de la trama de corrupción llegó al juzgado con ganas de hablar. Nada más bajar del furgón que le trajo muy de mañana de la prisión de Alhaurín de la Torre preguntó a los guardias si habían traído bocadillo para la cena. Era su oportunidad para reafirmar su versión de los hechos antes del cierre del sumario del caso, sobre todo sabiendo que ninguno de los 85 procesados ha declarado en su contra en el mismo trámite, conocido como declaraciones indagatorias.
Su declaración comenzó en torno a las 11.00. "Ha estado más de dos horas hablando sin parar con el auto de procesamiento delante", relataba uno de los 40 abogados presentes en la indagatoria. En ese tiempo volvió a negar todos los hechos de los que está acusado: el pago a concejales, haber cogido dinero de promotores para beneficiarles con resoluciones favorables para sus promociones. "Yo no era el jefe del Ayuntamiento marbellí, no era un funcionario y como no tenía esa categoría no podía tener atribuciones en secretaría, intervención, o personal", declaró Roca según su abogada Yolanda Terciado. El ex asesor marbellí exculpó a sus empleados, "porque sólo cumplían sus órdenes" y al despacho de abogados de Madrid acusado de crearle un entramado societario para blanquear capitales. Con respecto a su relación con promotores como Tomás Olivo, Ávila Rojas, aseguró que eran estrictamente comerciales y que hizo sus negocios con dinero completamente lícito.
Las famosas agendas y archivos contables de Maras Asesores, la empresa desde la que llevaba sus negocios, no reflejaban cantidades de dinero reales, sino previsiones que no tenía por qué corresponder con la realidad, aseguró. Y las anotaciones de pagos de la casa que la ex alcaldesa del GIL Marisol Yagüe tenía en Madrid son porque ella le pidió asesoramiento para la compra. "Lo anotó porque tiene la costumbre de anotar", dijo su abogada.
El juez formuló algunas preguntas, pero el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero no. "¿Qué le voy a preguntar si lo ha negado todo?", preguntó con enfado, según uno de los letrados presente. El fiscal tampoco quiso que las defensas del resto de los procesados hicieran preguntas porque durante las declaraciones indagatorias ninguno de ellos ha declarado en su contra. Después de varias protestas, el juez Pérez lo permitió. El turno de los abogados duró una hora.
Esta última declaración terminó en torno a las 16.00, pero las correcciones se prolongaron hasta las 19.30. Durante esas tres horas, Roca estuvo encerrado en una sala del juzgado leyendo y corrigiendo al detalle las 10 páginas de su comparecencia.
Susto previo
Las apreturas o los nervios por asistir por primera vez a una toma de declaración de Juan Antonio Roca, hasta ahora todas se habían hecho a puerta cerrada, hicieron ayer que uno de los 40 letrados que acudió a su declaración indagatoria abandonara los juzgados tras sufrir un desmayo. Sobre las 11.00 horas, cuando faltaba poco tiempo para que los abogados, el juez, el fiscal, y el máximo imputado de la trama de corrupción marbellí se acomodaran en una sala, de la que tuvieron que sacar una fotocopiadora para tener más espacio, el letrado Jorge Manrique, defensa del constructor y empresario taurino Fidel San Román, sufrió un desvanecimiento y comenzó a convulsionar. Sus compañeros temieron que fuera un infarto, pero se recuperó y bajó a la calle a tomar aire. Aunque en un principio lo atribuyó a una bajada de tensión, el abogado terminó abandonando los juzgados para hacerse un chequeo.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 30/05/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Murcia: concentr-acción sábado 31 mayo ante la especulación urbanística
Un año más, por estas fechas, la coordinadora La Región de Murcia No Se Vende* os invita a un acto público donde reivindicar y exigir un nuevo modelo de desarrollo que defienda el medio ambiente, nuestra cultura y nuestra tierra.En vez de la manifestación, este año se hará una concentr-acción: una concentración con diversas actos y actividades.
Toda la Región se encuentra en el ojo del huracán especulativo, y sobre ello nos pronunciaremos, pero la amenaza más grave se cierne sobre Cabo Cope y Puntas de Calnegre con la proyectada macrourbanización "Air Marina de Cope", y por eso se le quiere dedicar en esta concentr-acción una atención especial.
Si alguna persona o grupo desea participar activamente en cualquiera de las actividades mencionadas en el cartel, se puede poner en contacto con la coordinadora (siquieresquieres@gmail.com).
Asiste con tus amigos, amigas, familia o colegas... ¡Pásalo!... ¡pero no lo dejes pasar!
CONCENTR-ACCIÓN, SÁBADO 31 DE MAYO, 19 HORAS, PLAZA DE SANTO DOMINGO
* Murcia No Se Vende - mayo 2008
Europa vuelve a examinar el urbanismo
LEVANTE* : El Parlamento Europeo aprieta otra vuelta de tuerca sobre la Comunitat Valenciana: la Comisión de Peticiones ha decidido elaborar un tercer informe sobre el urbanismo valenciano, al estimar que no se han corregido los problemas denunciados por varios ciudadanos europeos y que ya han dado lugar a dos informes demoledores de la eurocámara.
El último, aprobado en junio de 2007, fue especialmente duro con la «más enérgica condena» contra los macroproyectos de urbanización que se han extendido «especialmente a la Comunitat Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea». Ahora, el nuevo informe ha sido promovido precisamente por el autor de aquél de hace un año, un diputado laborista británico especialmente beligerante con los desafueros urbanísticos en nuestra costa que puedan afectar especialmente a los derechos de sus compatriotas.
En aquella ocasión, la misión de parlamentarios que visitó la Comunitat para inspeccionar la situación se encontró con el menosprecio, cuando no la abierta hostilidad, del Consell, representado por el entonces titular de Territorio, Esteban González Pons. De aquellos polvos llegaron después los lodos que tanto daño han hecho a la imagen valenciana en algunos círculos europeos. Es de esperar que la Generalitat adopte en esta ocasión una táctica más inteligente. Porque la decisión del Europarlamento llega cuando el sector inmobiliario ha sufrido un parón brusco y lo último que necesita es un nuevo baldón que lastre aún más la recuperación en su principal mercado.
* Levante-EMV - Editorial - 28 de mayo de 2008
Más de 40 asociaciones se manifestarán el sábado en protesta por el circuito urbano de Fórmula Uno
EFE/Valencia* : Más de cuarenta asociaciones vecinales, ecologistas, ciudadanas y sindicales apoyan la manifestación convocada por Fórmula Verda para el próximo sábado en Valencia en protesta por el circuito urbano de Fórmula Uno y para reivindicar una ciudad libre de "humo y ruido".
La manifestación partirá de la plaza del Ayuntamiento y terminará en la plaza de Manises, donde se encuentra el Palau de la Generalitat, lugar donde se leerá un manifiesto con diez razones contra el circuito urbano y en el que se recuerda que el Circuito Ricardo Tormo, en Cheste, podría adaptarse para la celebración de ese tipo de pruebas, informa Fórmula Verda.
Esta organización critica la "falta de transparencia y participación" en el proceso de aprobación del circuito urbano, y añade que la Sindicatura de Greuges "ha vuelto a dirigirse, por segunda vez, al Gobierno de la Generalitat para reclamarle información y transparencia" respecto al proyecto del circuito .
Entre las razones por las que rechazan el circuito urbano se encuentran motivos sociales, ambientales y urbanísticos, además de económicos porque su construcción, asegura, "será financiada" por los valencianos.
Alega que las prioridades de barrios como Nazaret, el Cabañal y el Grao "no son atendidas", mientras que en la realización de la carrera "llevan gastados 85 millones de euros hasta el momento".
También denuncian que Valencia es una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica procedente del tráfico privado, y que el circuito urbano responde a "modelos de movilidad urbana sustentados en el uso intensivo del coche".
Según Fórmula Verda, el circuito afecta a las zonas habitadas y áreas verdes de la ciudad como el cauce del río Turia y es "incompatible" con el desarrollo "equilibrado y sostenible" del frente marítimo.
* Las Provincias - 29.05.08 - EFE
Foto: Valencia, obras circuito F1 - EFE
