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LNE/Asturias* : La plataforma de Cabueñes entregó ayer en el Juzgado la última prueba pericial con la que se pone fin a las diligencias previas sobre el denominado «caso Blanco». Y basándose en las cuales esperan que el juez instructor «no albergue ninguna duda para abrir juicio oral» contra Ovidio Blanco, ex arquitecto jefe del Ayuntamiento, imputado por tres posibles delitos -cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada- derivados de las importantes plusvalías que logró con la venta de una finca en Cabueñes recalificada.
La prueba pericial, aceptada por la Audiencia pese al recurso presentado en su día por el abogado de Ovidio Blanco -y que supuso una dilación de más de seis meses en el proceso-, ha consistido en la presentación ante el magistrado instructor de todos los planos y documentos con los que se acredita la clasificación y calificación urbanística que tuvo en los últimos años la finca «La Llosona» (de la que se desgajó una pequeña parcela, «La Llosina», que fue con la que el ex arquitecto jefe logró unas plusvalías de 600.000 euros); en concreto, durante la validez del Plan General de Ordenación elaborado por Rañada en 1998, hasta que se producen los cambios a raíz del PGOU firmado por Luis Felipe Teixidor en 2007. La conclusión a la que llega el perito de la acusación, que es asesor a su vez de la Plataforma de Cabueñes, Ignacio Martínez, no es otra que la ya conocida: durante la vigencia del «plan Rañada», las fincas «La Llosona» y «La Llosina», de continuo, tuvieron una asignación como fincas «no urbanizables» y, por tanto, con valor económico escaso. Pero desde el mismo momento (año 2003) en que Luis Felipe Teixidor inicia la revisión del plan urbanístico hasta su conclusión en 2007, a ambas fincas «se les asignó un valor económico elevado como urbanizables».
El informe incluye también un gráfico explicativo de la situación de Ovidio Blanco en el Ayuntamiento de Gijón, con la que se visualiza que el implicado fue jefe del servicio técnico de Urbanismo del Ayuntamiento desde 1992 hasta el 1 de enero de 2004, cuando pide una excedencia. Ese período de vinculación municipal incluye una fecha clave para el proceso, según la plataforma vecinal: la del 15 de diciembre de 2003. En ese día está fechada una aprobación de información pública previa del documento de prioridades de la adaptación del plan urbano, donde ya figura el gran cambio que va a sufrir el área de Cabueñes y la transformación de una gran mancha de suelo (incluidas las fincas «La Llosona» y «La Llosina») de no urbanizable a urbanizable. En esa fecha, por tanto, Blanco aún era arquitecto jefe. Éste siempre ha mantenido que el hecho de que comprara en el año 2004 (cuando ya estaba en marcha la recalificación de «La Llosina» y él ya no ocupaba cargo municipal), a un bajo precio, la citada finca (que luego revendió y que le generó unas ganancias de 600.000 euros) no tiene más interpretación que la de un buen gesto por parte de los propietarios de «La Llosona», a los que había beneficiado con anterioridad en la operación previa de compraventa de la citada finca. «Niego tajantemente que esa devolución o reventa fuera una forma de pagar mi actividad en relación a la recalificación de esa finca», dijo Blanco ante el juez hace un año.
Ignacio Martínez lamentó ayer el tiempo que se ha perdido hasta que se pudo presentar esta última prueba pericial, y todo por culpa del recurso en contra que presentó el abogado de Ovidio Blanco. Un recurso que la Audiencia consideró injustificado y por lo que le sancionó imponiéndole el pago de las costas. Ahora, la Plataforma de Cabueñes espera una rápida definición del juez en el sentido más positivo a sus intereses: que declare la apertura del juicio oral.
Ignacio Martínez puso ayer el acento en un curioso «baile» de fechas que afecta a uno de los planos presentados en el informe pericial. Se trata del plano correspondiente a la información pública previa del documento de prioridades del PGOU, que pese a haber sido ideado en 2003, cuando el Ayuntamiento lo presentó en el Juzgado no apareció compulsado y se hizo constar que era de 2004. Para los vecinos, es «un indicio claro de la posición que está teniendo el Ayuntamiento: no defiende los intereses de los ciudadanos, sino los de Ovidio Blanco. Querer hacer pasar el año 2003 por el 2004 no es baladí. Son los 15 días que median entre que Blanco fuera arquitecto municipal o trabajador en excedencia», sostienen. En la fotografía superior, el diseño urbanístico de Cabueñes según el plan de Rañada; abajo, el primer diseño del plan de Teixidor, ya en 2003.
* La Nueva España - 18.09.10
Foto: La última prueba contra Blanco avala que el plan de Cabueñes cambió cuando aún era jefe. El «baile» de fechas de un plano - lne.es
La última prueba contra Blanco avala que el plan de Cabueñes cambió cuando aún era jefe
La falta de dinero tiene paralizadas decenas de obras y rehabilitaciones en Granada
IDEAL* : Casi la mitad de las obras de nueva construcción y rehabilitación de inmuebles en la capital se quedan sin terminar por la falta de dinero. Son víctimas de la crisis que permanecen en estado perenne de obra sin posibilidades de futuro. Ocurre en el espacio situado frente al Centro Cívico del Zaidín, sitio del antiguo Colegio Progreso, que espera desde hace cinco años convertirse en un gran compleo administrativo y de apartamentos. La obra lleva más de año y medio cerrada a cal y canto y así, decenas de proyectos salpicados por toda la capital.
Desde la Gerencia de Urbanismo ven las cosas negras. No existen datos exactos sobre cuántos inmuebles están en este estado y con los tiempos que corren, Urbanismo hace la vista gorda en exigir tiempos de ejecución e imponer sanciones. "Ya tienen bastante con la situación económica que padecen", comentan fuentes de la Gerencia.
La imagen que dan estos inmbueles no es nada bonita, y más en zonas turísticas como la calle Cárcel Baja, en el área de Villamena, donde lleva años parada la obra de un gran hotel. Han pasado siete años desde que se emitió la licencia que luce el cartel de obra y la obra parada desluce toda la zona. Lo mismo pasa en la placeta del Lino donde un inmueble de cuatro plantas y ático en plena calle Alhóndiga tendría que ser un gran centro de tiendas y oficinas desde el año pasado. Ahora esperan el cambio de uso porque no han alquilado lo suficiente para continuar el proyecto.
Las rehabilitaciones sufren pero los planes parciales de urbanización tienen aún menos posibilidades de prosperar. Algunos, como la Azucarera de Bobadilla y el plan de ocio, con hoteles y tiendas junto a los túneles del Serrallo están paralizados. «No tienen dinero para poder llevarlo a cabo. Con los tiempos que corren sería una verdadera faena exigirles su puesta en marcha u otras medidas», dicen fuentes municipales. En la zona Norte, en el plan parcial de la Azulejera no han iniciado ni los cimientos los constructores privados y lo único que sigue en marcha son viviendas de VPO de Emuvyssa.
Administración
Por parte de la Administración, el Centro Lorca y el Auditorio Manuel de Falla han sufrido retrasos pero por lo menos, abrirán. Otros, como el Banco de España que ya tendría que estar funcionando como la Escuela de Fiscales, no lucen ni cartel de obra.
* Ideal - 18.09.10
Foto: El complejo administrativo y de apartamentos del Zaidín está parado.- ideal.es
Denuncian en la Fiscalía la construcción de un hotel en la Serra d´Irta de Castelló
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LEVANTE* : El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) denunció ayer ante la Fiscalía la supuesta construcción ilegal de un complejo hotelero en pleno Parque Natural de la Serra d´Irta en Alcossebre. Dicho escrito, presentado con el respaldo de varios vecinos de la zona, alega que se han alzado dos nuevos edificios, una piscina y un aparcamiento de 500 metros cuadrados "sin autorización alguna" e "incumpliendo tanto la normativa del Parque Natural como la urbanística a nivel del municipio y de la Comunitat Valenciana".
Las críticas ecologistas entran en contradicción con la versión oficial del concejal de Urbanismo de Alcossebre, Javier Tosar, quien aseguró ayer que la construcción "es legal". Según el edil, se trata "simplemente de la rehabilitación de un edificio ya existente que cuenta con la correspondiente licencia, la cual pidieron y fue concedida con informe favorable de la Conselleria de Medio Ambiente".
Tosar también insistió en que el ayuntamiento "no ha recibido oficialmente ninguna denuncia" y añadió que, no obstante, los técnicos de su concejalía visitarán la zona y llevarán a cabo "la correspondiente labor inspectora para comprobar que todo está correcto y conforme a la licencia de obras que se solicitó".
Pese a ello, Gecen exige que se abran diligencias de investigación penal y argumenta que, al margen de las obras en el local ya existente, "se ha talado una buena parte de masa forestal para la construcción de dos nuevos pabellones, piscina y parking y elevado en altura la construcción preexistente, ampliando, con todo ello, muy por encima del 20% la superficie construida respecto a la ocupada por la construcción inicial". En concreto, la denuncia se dirige contra la constructora, el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Además, los ecologistas denuncian que la zona está custodiada por vigilancia privada para evitar que se tomen fotografías. "La obra está vallada y hay guardas particulares que no dejan pasar y no permiten fotografiar más que desde el exterior, lo cual no da imagen suficientemente clara de las obras".
Los ecologistas exponen que existe un supuesto contrato de concesión por un periodo de 16 años y solicitan a la Fiscalía que incoe al menos cinco diligencias penales de investigación: una inspección del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la aportación de licencias por parte del ayuntamiento, la entrega del contrato de explotación de la concesionaria y dos informes elaborados por el arquitecto y el ingeniero municipal.
* Levante - 17.09.10
Foto: Denuncian en la Fiscalía la construcción de un hotel en la Serra d´Irta de Castelló - levante-emv.com
Agentes de la Guardia Civil ordenan la suspensión de las obras de Son Bosc
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DIARIODEMALLORCA* : La finca de Son Bosc fue ayer el escenario de un nuevo episodio del tira y afloja que mantienen la conselleria de Medio Ambiente y la promotora Golf Playa de Muro con respecto a las obras de construcción de un campo de golf. Dos agentes de la Guardia Civil requeridos por la Conselleria se desplazaron ayer hasta la finca de Muro para obligar a la promotora del proyecto a acatar la orden de paralización que ayer, por tercera vez en algo más de un mes, volvieron a emitir los agentes medioambientales.
El motivo de esta nueva paralización de las obras se debe a que varios agentes de la conselleria de Medio Ambiente que diariamente visitan las obras comprobaron que una máquina excavadora de la promotora había penetrado en la zona que pretende declararse como ZEPA y había realizado "movimientos de tierra" en el ámbito protegido, según los propios agentes.
Acto seguido, los funcionarios procedieron a levantar un acta de paralización de las obras y a informar a la Guardia Civil de lo sucedido, ya que la promotora podría haber incurrido en un "posible delito de desobediencia".
Como se recordará, la pasada semana la conselleria de Medio Ambiente ya ordenó a la promotora que parase los trabajos que desarrollaba en la zona protegida, aunque al día siguiente la empresa constructora volvió a entrar en el ámbito ZEPA. En esa ocasión, los agentes no suspendieron la actividad porque ésta consistía en la retirada de escombros y residuos. La promotora dijo entonces que no tenía intención de paralizar los trabajos al entender que el proyecto está avalado por la aprobación parlamentaria de una ley que declara el golf de interés autonómico, lo que derogaría la orden del Govern de iniciar el expediente para ampliar la protección ZEPA en la finca de Son Bosc.
* Diario de Mallorca - 17.09.10
Foto: Momento en que la Guardia Civil llega a la zona de obras.- diariodemallorca.es
País Vasco: La investigación de las compras de suelo llega al Parlamento
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ELPAÍS* : La comisión especial que investigará en el Parlamento las presuntas irregularidades de gobierno anteriores desveladas por los casos De Miguel y Tellería, inició ayer su trámite avalada con la firma y la presencia de los representantes del PSE-EE, el PP, EA, EB y UPyD, las cinco fuerzas que han respaldado su constitución. Como incorporaciones de última hora a sus cometidos, la comisión abrirá su tarea a investigar compras y recalificaciones de suelo realizadas tanto en Álava como en Vizcaya. Se investigará, dice el texto, "el objeto de las operaciones, finalizadas o no, de recalificaciones de grandes cantidades de suelo en diferentes localidades de Álava y Vizcaya".
La referencia expresa deja la puerta abierta a la revisión por los parlamentarios de operaciones como las desarrolladas en la localidad alavesa de Zambrana o las vizcaínas de Abanto y Santurtzi.
En la primera, sobre la que existe una denuncia anónima, y el juez Roberto Ramos podría abrir una tercera causa, se produjo una compra masiva de terrenos por una empresa captada por personas del círculo de confianza de Alfredo de Miguel, cuando el pueblo, gobernado por el PNV, se barajaba como localización de una central térmica. De Miguel se volcó luego en defensa de la recalificación desde su puesto en la Diputación, y pese a la oposición de EA que dirigía Medio Ambiente del Gobierno. Él mismo echó el freno tras perder el PNV el poder, pero con un defecto de forma que permitió a la empresa recurrir. Es el núcleo de lo que podría convertirse en el caso Zambrana . En la segunda, el episodio fue la adquisición por Sprilur, sociedad del Gobierno presidida por el hoy imputado Antton Zubiaurre, de unos terrenos rústicos, poco practicables para actividad industrial alguna, y por unas cinco veces su valor. El vendedor fue J. C. A. B., primo del dirigente del PNV Andoni Ortuzar.
De la foto que ofreció el registro de la iniciativa ayer resulta especialmente significativo que dos miembros de los dos últimos Gobiernos tripartitos de Juan José Ibarretxe, EA y EB, hayan prestado su firma, y apenas un año después, a una investigación en cuya justificación se apuntan graves presuntas irregularidades sobre cargos de su socio, el PNV. Más aún cuando es más que previsible que al menos tres consejeros de esos gobiernos de los que EA y EB formaron parte, Miren Azkarate (Cultura) Ana Aguirre (Industria) y Javier Balza (Interior) vayan a ser llamados a declarar ante la comisión. La primera por contratos adjudicados, la segunda por la ampliación de los terrenos del parque de Miñano y el último por la implicación de dos agentes de la policía vasca en el supuesto espionaje a políticos y empresarios.
En la investigación sobre Zambrana, EA y sus responsables en el anterior Gobierno pueden resultar decisivos, porque fueron los únicos que se opusieron en la COPU a la recalificación de los terrenos en cuestión. El parlamentario de esa formación, Juan José Agirrezabala, alto cargo él mismo del Gobierno anterior, dijo que el código ético de su partido obliga a apoyar cualquier comisión de investigación.
El respaldo obtenido garantiza a la iniciativa 41 votos sobre 75. Fuera de ese respaldo ha quedado el PNV, tal y como su ejecutiva decidió el lunes, y como principal afectado como responsable de los departamentos del anterior Gobierno donde presuntamente se habrían dado las irregularidades. Tampoco Aralar prestó su firma. Ambos han visto intenciones "electoralistas" en la iniciativa y han preferido mantenerse al margen. La ejecutiva del PNV decidió también que su Grupo Parlamentario enmiende a la totalidad el escrito registrado ayer. Su portavoz, Joseba Egibar, consideró que el primer borrador que se presentó a su partido contenía "una sentencia", y, pese a reconocer que la redacción final respeta la presunción de inocencia, dijo que las declaraciones de dirigentes de otros partidos la hace "saltar por los aires. El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, deploró la falta de unanimidad en el respaldo, máxime después de haber introducido los proponentes "cautelas" para evitar "juicios a priori", dijo. No ha habido "ningún ánimo electoralista" ni de "revanchismo", sino la intención de fomentar en la política "los bolsillos de cristal". El PSE espera que EA, EB o UPyD presidan la comisión. El popular Leopoldo Barreda llamó al PNV a contribuir a aclarar lo sucedido en el convencimiento de que "la confusión entre partido e instituciones" está en el origen. Gorka Maneiro (UPyD) destacó la importancia de mostrar a la ciudadanía que "nadie está por encima de la ley".
Cargos... y cargos
La comisión de investigación parlamentaria va a seguir un curso paralelo al de las actuaciones judiciales. La alarma por estas últimas, de las que han ido creciendo imputaciones a cargos del gobierno anterior y del PNV, ha originado la investigación parlamentaria. Las personas imputadas son ya quince -las detenidas inicialmente fueron ocho- y los cargos han ido también creciendo: a los iniciales cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de infuencias, el juez añadió alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental y prevaricación. Imputados están por ahora dos altos cargos del Departamento de Cultura en la época de la consejera Miren Azkarate, el viceconsejero Gurutz Larrañaga y el director de Juventud Xabier Sánchez Robles; el presidente de la Red de Parques Tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, y del de Miñano, Alfonso Arriola, y dos veteranos agentes de la Unidad de Información y Análisis que presuntamente espiaron -recabaron "información ilegítima", reza el texto registrado ayer- para el dirigente del PNV Aitor Tellería.
* El País - 16.09.10
Foto: Santzurzi (Vizcaya), vista - bizcaia.net
Donde dije digo, digo Diego
JOSÉ MANUEL NAREDO* : El pasado mes de agosto se cumplió el tercer aniversario de la explosión del mercado de hipotecas de alto riesgo estadounidense que marcó el inicio de la crisis, lo que nos otorga ya cierta perspectiva. Al revisar lo ocurrido sorprende que la falta de un diagnóstico acertado de los problemas haya llevado en tan poco tiempo a un mismo gobierno a adoptar interpretaciones y tratamientos no sólo dispares, sino contrapuestos. La misma percepción que ha ofrecido el Gobierno de la crisis mudó desde su negación inicial y su paulatino reconocimiento, hasta subrayar su gravedad para imponer sacrificios, sin que por ello se dejara de anunciar la continua aparición de “brotes verdes” que prometían la salida de la misma. El hecho de que la banca española apenas se viera contaminada por las hipotecas subprime estadounidenses –porque se dedicaba a titulizar y vender las suyas propias– hizo cantar victoria antes de tiempo, al no advertir los inconvenientes que entrañaba esa ventaja.
En vez de planificar la gestión de la crisis bancaria que se avecinaba, el Gobierno alardeó entonces de la fortaleza de la banca española, para cuestionarla de hecho a renglón seguido ofreciéndole cuantiosas e incondicionadas ayudas y, finalmente, un fondo millonario para reflotar las entidades en apuros. A la vez que, sin decirlo, se acabó acordando con la derecha abrir la puerta a la privatización de esos últimos residuos de banca pública que son las cajas de ahorros.
Mayores bandazos si cabe se observaron en los planteamientos de fondo del Gobierno que pasaron, del afán de paliar la crisis aumentado alegremente el gasto público y perdonando impuestos, a recortar con igual alegría gastos y aumentar impuestos. O también, defender a capa y espada el gasto social como antídoto contra la crisis, para cercenarlo después y promover reformas orientadas a rebajar retribuciones y derechos de los trabajadores y abaratar el despido. Ese mismo Gobierno pasó, en suma, de abrazar el keynesianismo a aplicar la ortodoxia liberal, atendiendo supuestas exigencias de la UE –a la sazón presidida por Zapatero– acentuando con ello la recesión y dañando la cohesión, al erosionar salarios y pensiones que se sitúan tan por debajo de la media comunitaria como los de Rumania, Grecia, Portugal…o España. Semejantes bandazos, sin un ápice de autocrítica, provocan el malestar de los trabajadores y perjudican las perspectivas electorales.
* Economista y estadístico
* Público - Consejo Editorial - 13.09.10
