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ELCORREODEANDALUCÍA* : La Fiscalía de Sevilla ha visto indicios de delito en los hechos presentados en noviembre de 2008 por el PA contra el alcalde de Écija, Juan Wic (PSOE), y ha elevado una denuncia ante el Juzgado Decano de Écija por la supuesta gestión irregular de fondos procedentes de convenios urbanísticos.
En la denuncia remitida al juez, la Fiscalía habla de indicios de prevaricación que se centran en la utilización de nueve millones que debían haberse destinado a proyectos urbanísticos, porque procedían de convenios relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que según el fiscal debían dedicarse a la financiación de otros proyectos urbanísticos, como obliga la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
El PA presentó a la Fiscalía un listado en la que indica a qué ha dedicado el Ayuntamiento la totalidad de los nueve millones, según el cual el Consistorio destinó casi seis millones al pago de salarios, maquinaria y mobiliario, entre otros. De la parte restante, 2,6 millones fueron transferidos a la Empresa Municipal de Urbanismo para construir 103 VPO, y sólo se construyó el 20%, con lo que el PA dice que la parte restante se destinó a sueldos y otros gastos, según los andalucistas.
Un juez de Écija se encargará ahora de recabar los informes municipales sobre el destino de los fondos y, con seguridad, llamará a declarar como testigo al autor de la denuncia, el portavoz andalucista en el Ayuntamiento,Fernando Reina.
El PA de Éci ja emitió ayer una nota en la que mostró su “satisfacción por la decisión judicial adoptada por la Fiscalía de denunciar al alcalde” y aseguró que fueron ellos los primeros en denunciar públicamente “las graves irregularidades en la gestión urbanística y económica del gobierno local”.
“Durante toda la pasada y la presente legislatura lo hemos venido advirtiendo, fundamentalmente para evitar que se siguieran cometiendo las irregularidades y descapitalizando el Ayuntamiento, por lo que lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones”, afirman el PA, para el que la situación política en la ciudad es “cada vez más insostenible” y acusan al PSOE de “graves irregularidades y presuntos delitos”.
El primer partido de la oposición asegura que “ahora se da la razón a las sospechas y denuncias de graves irregularidades”. El PA asegura que esperará a conocer “el contenido de la denuncia” para ofrecer “en una rueda de prensa todos los datos”.
* El Correo de Andalucía - R.V. / M.R. - 26.06.09
Foto: Ecija (Sevilla) - wikanda.sevillapedia.es
La Fiscalía lleva al alcalde de Écija ante el juez por presunta prevaricación
Cientos de personas marchan en Las Rozas contra el cierre norte de la M-50
MADRIDIARIO* : Unas 300 personas marcharon este sábado desde el municipio de Las Rozas hasta la Dehesa de Navalcarbón pidiendo que no se realice el cierre norte de la carretera M-50 que quiere acometer el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según explicó el adjunto a la Secretaría de Medio Ambiente de CC.OO de Madrid, Luis Cuena, la marcha transcurrió con normalidad, y durante el recorrido portaron una pancarta que decía 'No al cierre norte de la M-50'.
Además, la reivindicación estuvo amenizada todo el rato por la actuación del grupo 'Tuque batuque', que ofreció una batucada a los asistentes. Una vez finalizaron el camino, los organizadores repartieron una gran paella entre los asistentes.
La marcha se enmarca en las manifestaciones que durante varios días están llevando a cabo CC.OO. Madrid y UGT Madrid, la Plataforma 'M-50 No' de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, la Coordinadora Salvemos la Sierra, el Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida de Las Rozas e Izquierda Anticapitalista Sierra de Guadarrama.
El secretario de IU en Las Rozas, Jaime Rodrigues, aseguró que los ciudadanos no son conscientes del impacto medioambiental que puedan tener las obras. "En Las Rozas no son conscientes del alto coste medioambiental y de su salud que supone este cierre y piensan en que van a estar más cómodos", subrayó Rodrigues, al tiempo que indicó que desde hace tiempo los vecinos han pedido el cierre porque para acceder a Madrid tienen que pasar por la M-40 y la autovía de A Coruña, dando así más vuelta.
Por ello, el portavoz de IU explicó que quieren movilizar a la población porque son muchos los problemas que acarrean estas obras. Así, a su paso por esta localidad, la autovía discurrirá íntegramente por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que es el principal espacio protegido de la Comunidad de Madrid, y por el Monte del Pardo, donde se instalarán dos chimeneas de salidas de humo de los túneles.
Además, apuntó que el cierre norte de la M-50 abrirá la puerta a la recalificación del suelo actualmente protegido , permitiendo a medio plazo su urbanización. "Si construyen la autovía, se degradarán las condiciones ambientales que justificaron su protección y recalificarán los suelos para que se pueda edificar", subrayó Rodrigues.
Este domingo finaliza la fiesta con una manifestación en San Sebastián de los Reyes, que saldrá desde la Plaza de la Universidad Popular hasta el Parque de los Reyes. En esta zona, las organizaciones denuncian que el cierre destruirá el Parque El Retamar, de gran valor ecológico, con una extensión de 12 hectáreas; su aproximación a cielo descubierto a las viviendas de Dehesa Vieja y La Granjilla traerá más contaminación, ruido y tráfico; afectará al crecimiento y promoción de vivienda protegida en Cerro del Baile, y cortará y destruirá el Parque de Arroyo Quiñones, financiados con fondos de la UE.
* Madridiario - 27-06-2009 - MDO / E.P - 27.06.09
Foto: madridiario.es
El promotor de la censura en Gondomar edifica un hotel ilegal
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ELPAÍS/Pontevedra* : Martín Urgal Alonso, el candidato del PP a ocupar la alcaldía de Gondomar en la moción de censura contra el actual regidor nacionalista, Antón Araúxo, es propietario de un hotel inacabado pero con orden de demolición por su ilegalidad. Así lo develó ayer el aún alcalde, que vinculó a Urgal con la promotora Prodein Val Miñor, que realiza la citada obra.
"Nos lo presentan como un mirlo blanco, pero es un cuervo depredador y muy peligroso", dijo Araúxo, quien glosó el interés común de los firmantes de la moción de censura en rescatar el plan general de urbanismo de 2006, conocido como el "plan de la corrupción".
La moción de censura, que se debatirá el próximo 7 de julio, no aduce en su texto ningún motivo de justificación "porque los argumentos de quienes la presentan son inconfesables", dijo Araúxo.Martín Urgal, el candidato a la alcaldía de Gondomar, fue fichado para el PP por José Luis Mosquera, concejal de la anterior corporación actualmente procesado por cohecho, tras ser sorprendido in fraganti cobrando por la recalificación de unos terrenos en el citado plan general de 2006. Urgal, según Araúxo, es "el sucesor de Mosquera en la trama urbanística" y está llamado a cumplir un papel relevante en el cumplimiento de los compromisos que el anterior gobierno del PP adquirió en la tramitación del plan. Este plan legalizaría, a su vez, el hotel ilegal y cuatro chalés construidos por la misma promotora en una parcela colindante que también pertenecía a Urgal. En el solar del hotel había una casa tradicional que Patrimonio había ordenado preservar, pero fue derribada.
"¿Qué disciplina urbanística puede imponer este hombre cuando él mismo construye ilegalmente y desoye las órdenes de demolición?", se preguntó Antón Araúxo.
El plan general de 2006 reclasificó, a través de convenios, 600.000 metros cuadrados de suelo rústico y declaró urbanizables más de un millón de metros en las riberas del río Miñor, que en buena parte ya habían sido comprados cuando la corporación municipal, en marzo de 2007, a raíz de la detención de Mosquera y del concejal de urbanismo, Alejandro Gómez, acordó suspender la tramitación del planeamiento, aún sin aprobación definitiva. "Los promotores pagaron entonces las maquilas y ahora no se iban a quedar de brazos cruzados: eso es lo que subyace en esta historia", afirmó Araúxo.
A su juicio, Carlos Silva, cabeza de lista del PP y condenado a año y medio de prisión y ocho de inhabilitación por prevaricación urbanística, no firmó la moción de censura "porque quedaba antiestético, aunque su abstención confirma que se reconoce corrupto".
Manuel Núñez Sestelo, fundador del grupo independiente Move Gondomar tras ser expulsado del PSOE, ha sido otro de los impulsores principales de la moción. "Mosquera declaró, y así consta en el sumario", explicó Araúxo, "que el dinero que recibía no era para él, sino para pagar la campaña de Move Gondomar. Manuel Núñez anunció entonces una querella contra Mosquera, pero nunca la presentó".
A Alfonso de Lis, el hasta ahora portavoz socialista y virtual concejal de urbanismo del nuevo gobierno, en las negociaciones para el pacto de gobierno aseguran que le ofrecieron "de todo y nada le valía, decía que le daba miedo el BNG", prosiguió Araúxo. "Tenía miedo porque sabía que con el BNG no habría lugar al trapicheo urbanístico y él es deudor de su mentor y mecenas, su tío José Fajo, que es el promotor de cabecera del PP en Gondomar".
El regidor hizo un bosquejo de sus actuaciones para desmentir el "desgobierno" que aducen los promotores de la moción de censura y aludió a los trámites iniciados en el actual mandato para elaborar un nuevo plan de urbanismo con nuevo equipo redactor y financiación total de la Xunta (300.000 euros), que los firmantes de la moción han boicoteado sistemáticamente, "aunque ahí está, en marcha".
Araúxo estuvo acompañado en su comparecencia por el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, y otros cargos nacionalistas para señalar el "apoyo total" de la organización al alcalde. Vázquez subrayó que la alianza PP-PSOE se presenta sin programa alternativo de gobierno y atribuyó la operación a Rafael Louzán, presidente provincial del PP, "que pone a la zorra a cuidar las gallinas" y que, después de Mos, también lo está intentando en Porriño y Tomiño. "Tiene un maletín que, a su lado, el de Cristiano Ronaldo da risa", dijo Araúxo. Ambos dirigentes emplazaron al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, "a actuar con firmeza frente a la corrupción, como comprometió: aquí tiene una oportunidad, ya que la de Mos le pilló en Argentina", ironizaron.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 27/06/2009
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Un imputado en la Gürtel tiene suelo valorado en 64 millones
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PÚBLICO/Madrid* : La red de sociedades que está tras la promoción de viviendas de lujo que vende Jacobo Gordon en Majadahonda (Madrid), y que desveló este periódico el pasado lunes, suma más de 100 millones de euros en activos, de los que 63,9 corresponden a terrenos y proyectos inmobiliarios en curso. La sede de todas las empresas es un despacho en el número 128 de la madrileña calle Príncipe de Vergara.
La sociedad matriz, Real Estate Equity Portfolio, la preside Jacobo Gordon, testigo de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, y ex socio del yerno del ex presidente del Gobierno. Gordon está imputado en la operación Gürtel como una pieza clave del entramado urbanístico con el que contaba la red corrupta dirigida por Francisco Correa.
Seis firmas y un negocio
Real Estate Equity Portfolio controla la mayor parte del accionariado de otras seis firmas, todas ellas dedicadas al negocio del ladrillo: Proyecto Elfo (100% de las acciones), Proyectos Inmobiliarios Altamira (100%), Avitante Proyectos Empresariales (99%), Proyecto Twain Jones (75%), Proyectos Inmobiliarios Proavitante (50%) y Proyectos Inmobiliarios Residenciales (24%).
Según los últimos balances de cuentas disponibles en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2007, las inversiones de estas firmas inmobiliarias van desde el citado edificio de pisos de lujo que se ofertan por un millón de euros en Majadahonda (Residencial Adriático), hasta promociones de viviendas en Ibiza valoradas en 13 millones de euros o terrenos en Colmenar Viejo, en la periferia de Madrid.
La sociedad con activos más importantes es Proyectos Inmobiliarios Residenciales, que sumaba 63 millones de euros, de los que 42 corresponden a terrenos, solares y obras en el Polígono Industrial Norte Los Alamillos de San Sebastián de los Reyes, en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Para esta operación, Jacobo Gordon, al que Correa identifica en al menos dos grabaciones como su hombre en asuntos inmobiliarios, se alió con otras dos promotoras, Procasa y Proinsa.
Beneficiada en Boadilla
Esta última, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA, es la promotora del Grupo Teconsa, una de las principales constructoras involucradas en el pago de comisiones a la trama Gürtel. Teconsa ha sido la gran beneficiaria de las adjudicaciones de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (Madrid), que dirigían los imputados Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, el diputado autonómico del PP que durante su etapa como concejal de El Escorial organizó la boda Agag-Aznar.
El juez Garzón acusó en uno de sus autos a esta constructora de pagar comisiones ilegales a Francisco Correa. Siempre según el juez, esas comisiones fueron a parar, entre otros, al tesorero del PP, Luis Bárcenas, a quien va a investigar el Tribunal Supremo.
Teconsa ha logrado contratos allí donde ponía los pies la trama Gürtel, desde León a Valencia, pasando por distintos municipios de Madrid.
El vicepresidente de esta constructora, José Luis Martínez Parra, ha sido consejero de Real Estate Equity Portfolio, al igual que José Ramón Blanco Balín, amigo de José María Aznar y vicepresidente de Repsol en la etapa de Alberto Cortina al frente de la petrolera recién privatizada.
Blanco Balín está imputado en el caso Gürtel, al igual que el directivo al que sustituyó en Real Estate, el abogado Luis de Miguel. Ambos son sospechosos de haber organizado la trama de evasión y blanqueo de capitales de la organización que lideraba Correa. En cuanto a Procasa, en su consejo de administración aparece la familia Sarasola. De hecho, sigue figurando el ya fallecido Enrique Sarasola Lerchundi, el empresario que en los años ochenta se vio involucrado en el presunto cobro de comisiones en varios escándalos financieros durante la etapa de la denominada beautiful people, como el de las Torres Kio con los Albertos
Procasa, que se encuentra en situación concursal la antigua suspensión de pagos, también está asociada a Real Estate Equity Port-folio, la matriz de la red vinculada al caso Gürtel creada entre 2003 y 2005, en Proyectos Inmobiliarios Proavitante, que cuenta con 12 millones de euros en terrenos y promociones en Ibiza.
Hay un denominador común en la trama de empresas que hoy desvela Público y es que no cuentan con empleados, según refleja su contabilidad. Se trata de sociedades patrimoniales que mueven decenas de millones sin gastar un solo euro en salarios y, además, la mayoría de ellas declaran cuantiosas pérdidas año tras año. El juez Antonio Pedreira sospecha que los beneficios reales obtenidos por esta red de empresas han ido a parar a mercantiles constituidas en paraísos fiscales, por lo que estaríamos ante presuntos delitos de blanqueo de capitales y evasión de impuestos.
* Público - JAVIER CHICOTE - MADRID - 26/06/2009
Foto: Terraza con jacuzzi en una de las viviendas de Gordon que se ofertan por un millón en Majadahonda. J.Ch. - JAVIER CHICOTE, publico.es
Historia de un pelotazo en Calp
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ELPAÍS/Alicante* : La acusación consideró probado en un juicio celebrado ayer que en 1999 el ex concejal de Servicios Técnicos de Calp Manuel Roura -que pertenecía a EU pero tenía competencias bajo el gobierno del PP- utilizó información privilegiada para "pegar un pelotazo urbanístico" y obtener beneficios económicos en una permuta realizada por el Ayuntamiento para la construcción de una subestación eléctrica.
El fiscal añadió que Roura contó con la "permisividad" del resto de la corporación y comparó la gestión urbanística de esta última con la de Marbella.
Por este caso, que ha quedado visto para sentencia, además del ex edil de EU también está imputado su tío carnal, Jose María García Guijosa, quien era el administrador de la empresa Hariolus Europa, cuyas acciones, según el registro mercantil, eran compartidas al 50% por Roura y por su ex esposa, Francisca Sevilla, quien también trabajaba en el área municipal de Servicios Técnicos. En menos de 4 meses -entre noviembre de 1999 y febrero de 2000- Hariolus se las arregló para comprar a un propietario de Calp por diez millones de pesetas una parcela de suelo no urbanizable y vendérsela después a cambio de unidades de aprovechamiento urbanístico equivalentes a 60 millones al Consistorio para edificar la subestación. Por estos hechos, el fiscal imputa a los dos acusados los delitos de tráfico de influencia y negociación prohibida para autoridades, a los que la acusación popular añade el de uso de información privilegiada.
Según el relato d el fiscal, la trama comenzó a urdirse en julio de 1999, cuando Calp sufría constantes apagones de luz y exigía nuevas instalaciones que los remediaran. Justo este mismo mes, Guijosa gestionó la compra de Hariolus Europa, una empresa inactiva de un empresario de Ontinyent. El 25 de noviembre, Guijosa y Roura escrituraron esa firma en Alicante y sólo 24 horas después firmaron en el despacho profesional de Roura un contrato de compra con el propietario de la parcela de la futura subestación, un vecino de Calp de 87 años, al que pagaron 10 millones al contado.
El fiscal añadió que en la concejalía de Servicios Técnicos que Roura había dirigido hasta abril de ese año había información privilegiada que constaba que esa parcela era la idónea para que Iberdrola pudiera construir la subestación: "Por un lado, sabían de las necesidades que tenía Calp de mejorar su suministro de luz y por otro se aprovecharon de un señor muy mayor y poco conocedor de los cambios que había sufrido el PGOU para comprar la parcela". Según el ministerio público "todo estaba amañado": en aquel contrato actuaron como testigos una persona de confianza del área de Servicios Técnicos - que después acabó convertida en secretaria de Roura- y un trabajador de la concesionaria de la basura que actúo como intermediario.
A partir de ese instante, en todos los trámites sólo aparece Guijosa, pero la acusación cree que era Roura el que manejaba los hilos en la sombra y que su tío sólo era un testaferro. El 2 de febrero de 2000, Guijosa firmó el convenio de cesión de la parcela con el entonces alcalde, Javier Morató, y el edil de Urbanismo, José Perles, ambos del PP a cambio de 4.835 unidades de aprovechamiento urbanístico. El 15 de febrero, el pleno aprobaba ese convenio por unanimidad para ceder después la parcela a Iberdrola. Y el 15 de marzo Hariolus Europa vendía por 60 millones las unidades a un conocido empresario de Calp, Salvador Torregrosa quien, por cierto, una década más tarde aún no ha podido convertir esas unidades en viviendas debido a problemas con el registro, tal y como declaró ayer.
El fiscal se preguntó cómo era posible que los concejales que aprobaron en el pleno aquel convenio no supieran que Guijosa era tío de Roura y que por lo tanto se estaba urdiendo una trama. De hecho, ayer, Morató y Perles se contradijeron: el primero dijo que no conocía esa vinculación familiar y el segundo que sí, aunque la misma no constaba en el expediente. En la actualidad Morató es el primer teniente de alcalde en el ejecutivo del nacionalista Ximo Tur y Perles es de nuevo el concejal de Urbanismo.
Por su parte, Roura aseguró que se limitó a ejercer de abogado de su tío y dijo que ni él ni su esposa pertenecían a Hariolus y que si así constaba en el registro mercantil era por culpa de un error de su gestor. En la vista, su ex esposa añadió que "mi marido tenía tantas empresas que ni me acuerdo de si Hariolus era una de ellas". Roura también subrayó que la idoneidad de aquella parcela para la subestación "era conocida por todo el mundo, pues la homologación del PGOU estaba expuesta al público desde 1998". Y concluyó que no acudió a votar al pleno en el que se aprobó el convenio, con lo que no intercedió a favor de su tío.
Por último, la abogada de este último señaló que si Guijosa aceleró los trámites para comprar la parcela que después revendería al Ayuntamiento fue porque "mi cliente es un empresario, no una ONG". El propio Guijosa añadió que si compró una empresa inactiva como Hariolus era "porque estábamos en la época del boom de la construcción y había que darse prisa en tener sociedades para adquirir terrenos". Cuando el fiscal le hizo ver que la parcela en cuestión era suelo rústico y que no podría haber edificado en ella, matizó que "en realidad la quería para guardar herramientas, aunque después en un bar, me enteré de que allí se podía construir la subestación; en Calp, es en los bares donde se saben esas cosas"., concluyó el acusado.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Calp - 26/06/2009
Foto: Calpe (Alicante) - elpais.com
