EuropaPress* : "La coordinadora del Área de Urbanismo de Ecologistas en Acción, María Angeles Nieto, denunció hoy, durante la celebración de la 'II Jornadas sobre delincuencia urbanística', que desde 1997 hasta 2005 'se ha producido un incremento del ciento cincuenta por ciento en el precio de la vivienda y, en casos como el suelo urbano, de hasta el quinientos por ciento', como resultado de la pérdida de la función social de la construcción. En declaraciones a E.P.Televisión, Nieto admitió que 'el análisis de la situación no es muy optimista, ya que la construcción en los últimos años está devorando el territorio y ésta destrucción no responde a las necesidades de la sociedad'. 'El urbanismo debe recuperar su función social', reclamó Nieto, quien denunció que, 'ahora mismo', la construcción de vivienda, 'es una mera herramienta de obtención de altos beneficios y un medio de inversión'.
En este sentido, hizo un llamamiento 'a la voluntad política para parar la dinámica urbanística que hay ahora mismo, ya que los problemas de corrupción y especulación están salpicando a todos los partidos'.
En relación a la recién aprobada Ley del Suelo, realizó una 'valoración positiva'. Según explicó, hasta ahora, 'la Ley de 1998 exigía justificar por qué se quería proteger un suelo' y, con la nueva ley, lo que hay que justificar es por qué se desea 'urbanizar un terreno'.
'Son cambios importantes en los que se pone de manifiesto y se realza el derecho del ciudadano a la participación, la transparencia de los procesos urbanísticos y, si bien la Ley no va a para la especulación, desde luego es una herramienta que va a ayudar', aseguró.
'UNA HERRAMIENTA MUY BUENA'
También Vicente Corral, capitán del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil se mostró 'convencido de que, cuando la nueva Ley del Suelo entre en vigor, va a ser una herramienta muy buena para ayudar a la persecución de estos delitos'.
Corral explicó que el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil es una 'unidad de nueva creación que lleva dos meses funcionando'. 'Estamos encuadrados en la unidad central operativa de la Guardia Civil, que es la que se dedica a las investigaciones de mayor complejidad en todos los campos', precisó.
Según indicó, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil se encarga de 'aquellos casos de delincuencia que son especialmente complejos, bien porque tengan tramas económicas detrás, bien porque estén implicados con la corrupción, porque tengan consecuencias de entradas y salidas dentro del territorio nacional o porque afecten a más de una comunidad autónoma'. En este sentido, subrayó que 'su ámbito de actuación es todo el territorio nacional'.
En cuanto a los medios destinados a combatir la corrupción urbanística en España, el capitán opinó que éstos 'nunca son suficientes'. 'A todos nos gustaría contar con más personas y con más efectivos, pero la creación de este nuevo grupo supone un avance muy importante y va a ayudar a atajar este problema de delincuencia que tanto preocupa a los ciudadanos', dijo.
*Terra Actualidad - Europa Press - 13-05-2007
Ecologistas en Acción denuncia un incremento del 150% en el precio de la vivienda en 8 años
La dejadez ha facilitado los `pelotazos´
N.T.- El PeriódicoExtremadura* : "El control depende de las comunidades autónomas, que en muchos casos no han aplicado ningún tipo de disciplina urbanística. Los impuestos vinculados a la construcción son fundamentales para la financiación municipal. "La tierra para el que la recalifica". Esta adaptación libre de la vieja máxima de las revoluciones agrarias ilustra uno de los principios que en los últimos años ha regido el urbanismo en España. Los expertos coinciden en que la discrecionalidad que acompaña a la disciplina urbanística, sumada a la codicia, ha facilitado tantos pelotazos en el sector.
Que un terreno sin valor pase a ser un preciado solar depende de una decisión arbitraria, como explica el urbanista y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Gerardo Roger, que la define como la "alquimia que transforma los patatales en solares". Cataluña y País Vasco han optado por redactar reglamentos que establecen un control sobre las planificaciones urbanísticas y territoriales. Pero el resto de comunidades, pudiendo hacerlo, se han inhibido y han dejado vía libre a los ayuntamientos.
La Administración, sobre todo los ayuntamientos, es la que decide si un terreno es urbanizable o no, si no vale nada o cuesta miles o millones de euros. Así, para un municipio mediano, los ingresos vinculados al urbanismo (el impuesto sobre bienes inmuebles, las licencias de obras y las transacciones inmobiliarias) suponen más del 60% de la recaudación. Es decir, las haciendas locales dependen de estos impuestos.
La lotería urbanística
A diferencia de las obras públicas, el urbanismo no está vinculado a concursos. Por eso los expertos hablan de lotería urbanística. El mapa de la corrupción ocupa con mayor o menor intensidad toda la geografía y los casos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y falsificación han proliferado sin distinción de siglas políticas ni tamaño del municipio. En cambio puede comprobarse que en zonas como la costa mediterránea hay mayor concentración de presuntas irregularidades.
"La corrupción forma parte del sistema", afirma el profesor de la Universidad Pompeu Fabra Carles Pareja, que añade que por eso es imposible erradicar las prácticas abusivas. Pero los expertos coinciden en que la legislación dota a la Administración de instrumentos suficientes para establecer un control.
Pero, ¿cuántas Marbellas hay en España? Los expertos consideran que por cifra de implicados y volumen de dinero es difícil que pueda aparecer otra igual, pero eso no significa que a menor escala no surjan nuevos casos.El secretario de Planificación Territorial de la Generalitat de Cataluña, Oriol Nel-lo, afirma que el problema "no reside en lo adjetivo, o sea la corrupción, sino en lo sustantivo, la ocupación del territorio".
Sobre la protección del territorio, hay un antes y un después de 1998. Ese año el PP aprobó una ley de liberalización del suelo que convirtió en potencialmente urbanizable todo aquello que no estuviera expresamente protegido. Como ironiza el profesor Roger, España es "una, grande, libre y urbanizable".
El año pasado se inició la construcción de 800.000 viviendas, una cifra similar al total de las existentes en una ciudad como Barcelona. Tanta demanda, facilidad y discrecionalidad en manos municipales son una terrible tentación que algunas autonomías han combatido ejerciendo competencias para regular el urbanismo a escala supramunicipal. Cataluña y País Vasco fueron las primeras, pero a otras, como a Andalucía con Marbella, "les ha pillado el toro", señala el profesor Roger.
Pugna de competencias
La pugna entre autonomías y municipios, celosos de sus competencias, ha sido una constante. Pese a ello, hay ediles que reconocen que la "injerencia" de los gobiernos autonómicos ha salvado a más de un alcalde.
La nueva ley de suelo, que entrará en vigor el 1 de julio, intenta poner orden en el caos. Todos los convenios urbanísticos deberán contar con la aprobación del pleno municipal. Además, la Administración, a la hora de expropiar, evaluará el terreno a partir del precio que tenga en ese momento y no por lo que pueda llegar a costar una vez urbanizado. Sus impulsores confían en que si la Administración da ejemplo podrá influir en todo el sector.
El ritmo de entrada de activos financieros, la capacidad de endeudamiento de las familias y las políticas públicas determinarán el futuro. El objetivo es acabar con la paradoja de que cada vez haya más viviendas y, en cambio, aumente la dificultad para acceder a ellas. Mientras, aquellas urbanizaciones --por abusivas que sean-- que ya están aprobadas difícilmente se modificarán porque la seguridad jurídica les ampara.
*elperiodicoextremadura.com - 13/05/2007
Foto: Sembrado de grúas Bosque de grúas en la playa de la Malvarrosa, en Valencia /REUTERS
La corrupción urbanística deja a Lisboa sin Ayuntamiento
EFE* : "La corrupción inmobiliaria que ha salpicado al alcalde y varios altos cargos municipales de Lisboa tiene a la capital lusa sin Ayuntamiento y pendiente de la celebración de nuevas elecciones antes de dos meses. Mientras los principales partidos políticos lusos abrían hoy el debate sobre los posibles candidatos para dirigir la urbe más importante del país, que ha servido de trampolín político a muchos dirigentes, los lisboetas no tenían claro quién dirige su ciudad. El alcalde cesante, Antonio Carmona Rodrigues, cuya caída se precipitó al ser investigado por la policía en el escándalo urbanístico, se mantiene formalmente al frente del consistorio mientras se nombra una administración provisional y se convocan los comicios.
La dimisión en masa, esta semana, de una treintena de concejales titulares y suplentes de la cámara municipal obligó a su disolución pese a la voluntad de mantenerse en el cargo expresada por Carmona, que se ha declarado inocente y víctima de jugarretas políticas.
Pero al quedarse sólo con la renuncia de casi todos los miembros de la cámara, incluidos los del partido que le apoyaba, el Social Demócrata (PSD), se produjo la ausencia formal de quórum en la institución que obliga a su disolución.
Aunque en Lisboa vota menos de medio millón de portugueses, en la ciudad y su área de influencia vive más de una cuarta parte de los 10 millones de habitantes que tiene el país y el color político de su ayuntamiento tiene un gran valor para los partidos lusos.
Hasta ahora gobernaba la ciudad con Carmona, que formalmente es un independiente, el PSD, de centroderecha, que constituye la principal oposición al gobierno de la nación encabezado por el primer ministro socialista, José Sócrates.
Las inminentes elecciones lisboetas, a mitad de mandato del actual ayuntamiento, empiezan a ser vistas ya como un examen político al país, donde los próximos comicios parlamentarios y municipales no están previstos antes de 2009.
Las especulaciones sobre la posibilidad de que el actual ministro del Interior, Antonio Costa, sea el candidato socialista a la Alcaldía obligaron hoy al propio Sócrates a negar los rumores y subrayar que su partido aún ha tomado una decisión.
Por la alcaldía lisboeta pasaron con buen aprovechamiento, entre otros políticos lusos, el ex primer ministro Pedro Santana Lopes y el ex presidente de la República Jorge Sampaio.
Pero Carmona, que no ha anunciado nada sobre su inmediato futuro político, ha tenido peor suerte.
'Fui elegido por las personas de mi ciudad. Fui elegido por los lisboetas y salgo ahora por el voto de los partidos', dijo el alcalde el jueves en una dolida declaración en la que se consideró un 'chivo expiatorio' y a partir de la cual ha guardado silencio.
Sus desgracias arrancan de un contrato suscrito en julio de 2005 entre la compañía lusa Bragaparques y el Consistorio para la permuta de terrenos de una antigua zona de recreación del centro de Lisboa.
La operación incluía la venta en subasta de una parte del suelo cuya adjudicación logró una filial de esa empresa a pesar de que había otras ofertas mejores.
En medio de una maraña de denuncias de corrupción e intento de soborno de un concejal de la izquierda, la Fiscalía lusa investigó a varios miembros de la Cámara y dos ellos, el teniente de alcalde, Carlos Fontao de Carvalho, y la concejala de Urbanismo, Gabriela Seara, están suspendidos en sus cargos.
Carmona y sus colaboradores cercanos fueron declarados 'implicados' por la policía y aunque la investigación no ha concluido y tampoco el caso ha sido examinado por la justicia, el PSD creyó lo mejor retirar el apoyó al alcalde.
Cuando, lejos de dimitir, Carmona anunció, hace dos semanas, que 'no iba a abandonar el barco ni dejar que le tiraran por la borda' se produjo la renuncia masiva que le dejó sólo y que obliga a convocar elecciones.
Este proceso está ahora pendiente de que Carmona comunique oficialmente la situación de la alcaldía, a lo que hoy le instaron los principales partidos.
*Terra Actualidad - EFE - 11-05-2007
El urbanismo, un parámetro político
ORIOL BOHIGAS*.- ElPeriódico**: "Hace ya tiempo que se comprobaron las deficiencias de la planificación urbana tal y como se produce en este país, siguiendo el método obsoleto de los planes generales. Esos planes no han alcanzado los propósitos que parecían más necesarios: la adecuada coherencia formal y funcional de los nuevos barrios y el control de las expansiones que anulan la concreción urbana, deterioran el paisaje y, además, echan a perder la economía. Cuantos más planes se aprueban, más desbarajuste suburbial existe, más costas estrujadas por las urbanizaciones y más paisajes malogrados por la especulación. Lo único que han logrado es clasificar las funciones según el viejo método del zooning, establecer unas normas abstractas que determinan formas inadecuadas a cada problema concreto e imponer redes circulatorias sobre las existentes, tres consecuencias que no ayudan a configurar urbanidad, la estropean.
QUIZÁ ES una casualidad, pero, sea cómo sea, la coincidencia entre planificación-desbarajuste formal-especulación es la demostración de que el control urbano, su equilibrio funcional y su coherencia formal --indispensables para los propósitos del bienestar social-- deben generarse con otras herramientas que comporten operaciones proyectuales concretas y suficientemente coherentes para abarcar la totalidad de la ciudad. Deben generarse con proyectos urbanos puntuales y realizables, un método que Barcelona inició ya en los años 80 y del que, hasta la fecha, ha obtenido interesantes rendimientos, con unos gobiernos que han sabido resistir la tentación de hacer un nuevo plan general --revolucionario o más conformista aun--, una operación que seguramente habría disfrazado por un tiempo los auténticos problemas políticos.
No obstante, no creer en el actual sistema de planificación no significa que no haga falta la afirmación previa de una idea global de la ciudad e incluso de la comarca o de la región a la que pertenece. Y esta idea debe ser lo suficientemente explícita para que promueva y justifique la sucesión de proyectos urbanos y los métodos de control directo. Para serlo, es necesario que se afiance en una propuesta política de la ciudad. Es decir, en lugar de un Plan General debemos reclamar un Plan Político Urbano que, lógicamente, debe corresponder a las diferentes ideas y presupuestos de gobierno de cada partido. Si, ingenuamente, se solía reclamar la apoliticidad de los Planes Generales, relegándolos a simples consideraciones técnicas que pretendían ser evidentes, ahora hay que subrayar su politicidad fundamental y su dependencia directa de la ideología de los partidos que regentan la ciudad.
POR EJEMPLO, en Barcelona, los planes que pueden sustentar PSC, CiU y PP deben ser substancialmente distintos. Puede que haya coincidencias muy generales y a menudo inconcretas, pero si al hablar del AVE, del aeropuerto, del Área Metropolitana, de la expansión suburbial, de la red de transporte público, de la conservación de monumentos, defienden posiciones distintas, no se trata de una anécdota de detalle, un simple criterio tecnológico, sino la consecuencia trascendental de diferentes ideas políticas. La discusión sobre el futuro paso del AVE y su relación con el aeropuerto no es un tema técnico, económico, funcional: es consecuencia de las diferentes maneras de entender el contenido social y la marcha política del área central de Barcelona. Por lo tanto, el Plan Político no puede ser sólo una suma de propuestas puntuales, un resumen oportunista de términos dispersos, sino su justificación referida a la teoría política de cada partido y de cada candidato.
Así, pues, sería muy eficaz que en unas elecciones municipales cada grupo presentara el esquema de su Plan Político Urbano que después --una vez resuelta la elección y formado el gobierno-- sería necesario convertir en el documento marco para todas las realizaciones urbanísticas, un documento más flexible en el detalle que un plan general, aunque, en realidad, más inflexible en las concepciones básicas. Y más realista. Porque no hay que olvidar que las ciudades no las hacen ni los urbanistas, ni los arquitectos, ni los ingenieros, ni los economistas, ni los sociólogos: las hacen los políticos que mandan en virtud de unos sufragios populares. Es decir, los ciudadanos. Aunque haya gente dificultada de representación, intromisiones de poder y errores de mando, es el método más próximo a la democracia.
PERO, como los programas electorales se han convertido en un batiburrillo de contradicciones para conquistar votos de centro, es decir, votos sin ideología, son muy pocos los que se atreven a declarar los principios políticos que deberían motivarlos y se dedican, sin embargo, a hacer listas de temas puntuales. Está muy bien concretar actuaciones para asegurar un mínimo de solvencia y compromiso, pero si estas no se subrayan con la intención política que los ha generado, no podrán llegar a convencer a la ciudadanía, más dispuesta a moverse conscientemente por las ideas generales que permiten la situación y las consecuencias, que a discutir los detalles técnicos de cada una, su oportunidad y su jerarquía. Ya se entiende que, a la vista de estos programas asépticos y aideológicos, los ciudadanos caigan en el desencanto político y, así pues, en la abstención. Sólo hay un remedio: hacer de cada propuesta un acto de afirmación política, tan radical como haga falta.
* Arquitecto
**El Periódico - 13/5/2007
60.000 euros de fianza al alcalde de Xàbia por un presunto delito urbanístico
N.GÓMEZ.- ElPaís*/Alicante : "El actual alcalde de Xàbia (La Marina Alta), Eduardo Monfort, y aspirante a reeditar su puesto por Bloc-Centristes; su antecesor en el cargo, Juan Moragues, de nuevo candidato por el PP; la presidenta de la Cruz Roja local, Antonia Sebastià, y ocho concejales que formaron parte de la Corporación en el año 1997, han tenido que depositar una fianza de 60.000 euros cada uno para seguir en libertad acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Eduardo Monfort, además, acumula a este cargo el de falsedad en documento público.
Laura Alabau, titular del juzgado número 3 de Dénia, fue más allá de la petición del fiscal y el pasado 23 de marzo dictaba un auto de apertura de juicio oral contra el alcalde y todos los concejales que formaban parte de la comisión de gobierno y de servicios del Ayuntamiento de Xàbia entre julio y noviembre de 1997. La magistrada amplió la petición del Ministerio Fiscal, que en febrero de este año sólo pedía la imputación de un delito contra la ordenación del territorio, interesando el sobreseimiento respecto del delito de falsedad.
Alabau ha decretado además una indemnización de 120.000 euros para los dos vecinos que denunciaron los hechos y que forman parte de la acusación particular, José Corbín y José Salva, en concepto de responsabilidad civil, que deberá ser abonada por los integrantes de la Comisión de Servicios, que se celebró en julio de 1997 que presidía Eduardo Monfort, por entonces socio de gobierno del entonces alcalde Juan Moragues.
Corbín y Salva denunciaron en su momento que Afinsa, empresa propietaria del aparthotel El Rodat estaba abusando de la licencia inicial y "estaba vendiendo apartamentos a terceros para uso residencial particular". Los querellantes sostenían que se estaba infringiendo el plan parcial del proyecto y el PGOU, utilizando la normativa de tolerancia hotelera que no cuenta los espacios comunes, por lo que se aprovechaban más metros cuadrados para edificar sin base legal.
Afinsa, según el fiscal, había modificado su proyecto inicial y había construido dos módulos comunes más destinados a congresos y fitness y un total de 93 chalets con el propósito de venderlos a particulares, publicitándolos con carteles de venta, pese a que carecían de licencia para ello. La comisión de servicios municipal se reunió y concedió los permisos "a sabiendas", según la fiscalía, de que se estaba infringiendo el plan general y pese a que el aparajedor municipal había advertido de la ilegalidad.
Sin embargo, en el acta oficial de la comisión de servicios no se hace referencia alguna a los 93 chales independientes, sino que únicamente se otorga licencia de actividad al módulo común, la sala de congresos y el gimnasio, y se lee que "según el arquitecto municipal se permite la edificabilidad al ajustarse a las determinaciones del plan parcial y del PGOU y cuenta con los informes técnicos oportunos".
Esta acta de la comisión municipal fue votada por unanimidad por los ediles que allí se encontraban presentes Eduardo Monfort, Jaime Soler, Francisco Mestre, Vicenta Mata, Vicenta Ribes y en la oposición Josep Segarra y Pascual Codina.
*ELPAIS.com - Xàbia - 13/05/2007
Foto: El litoral de Xàbia es el tramo de costa que más desarrollo urbanístico ha tenido durante los últimos años /lasprovincias.es
NOTICIA RELACIONADA: "Los expertos alertan de que el modelo turístico de Xàbia es insostenible" / Las Provincias - 6 de mayo de 2007
El esfuerzo económico para mantener una vivienda aumenta el número de personas en la pobreza
CanalSolidario* : "Poner sobre la mesa la realidad de la exclusión residencial en España y actuar para revertir la situación. Es la petición que Feantsa hace a las administraciones con motivo de las próximas elecciones locales y autonómicas. Las 13 organizaciones sociales que forman esta plataforma advierten que la vivienda ha perdido su papel de “cohesión social” y “ha dejado de ser un derecho” para convertirse en un bien de “especulación” que tiene serias consecuencias “económicas, medioambientales y de desintegración social”.
Según Feantsa, las medidas que en la actualidad contemplan los diferentes Planes de Vivienda y las acciones de vivienda protegida que han llevado a cabo las administraciones en todos sus niveles “no tienen en cuenta la realidad socioeconómica de los sectores de población con mayores desventajas” y han provocado que las personas en riesgo de exclusión queden fuera de estas políticas.
La realidad más visible de esta situación es la que viven las personas sin hogar. Cifras del Instituto Nacional de Estadística alertan de que 21.000 personas viven esta situación en España. Para Feantsa, esto no es más que “la punta de iceberg” de la exclusión residencial en la que se encuentran los colectivos más desfavorecidos.
El resto del iceberg está formado por familias que sufren el llamado ‘chabolismo vertical’, es decir, que viven en pisos muy deteriorados y que no tienen suficientes recursos para rehabilitarlos o directamente acceder a pisos dignos; y por personas y unidades familiares cuyas viviendas no se adaptan a sus necesidades (personas con discapacidad, gente mayor en pisos sin ascensores…).
“En las circunstancias actuales, el mercado de la vivienda resulta ser un factor que produce vulnerabilidad y exclusión. El esfuerzo económico que hay que realizar para mantener una vivienda conduce a mecanismos que, a medio plazo, puede dar lugar a un aumento de las personas en situación de pobreza”, afirman desde Feantsa.
Prevención y viviendas públicas
Para paliar esta situación, las organizaciones que forman Feantsa apelan a la responsabilidad política y piden a las formaciones que se presentan a las próximas elecciones del 27 de mayo que se comprometan activamente en asegurar el acceso a la vivienda de todas las personas. Entre las peticiones de Feantsa destaca que las Comunidades Autónomas establezcan cuotas mínimas anuales de construcción de vivienda de promoción pública que tengan como a colectivos “preferentes” a las personas en situación de exclusión.
Asimismo, la plataforma considera que la manera de acceder a las viviendas públicas debería ser el alquiler, “sin opción a compra”, para evitar pérdidas de patrimonio público y favorecer que más personas se beneficien de esta práctica.
Estas medidas deberían complementarse con la elaboración de una Ley Estatal de Vivienda “que garantice el derecho y haga exigible el derecho a la vivienda” y con actuaciones “socioresidenciales” preventivas e integrales para evitar el deterioro de las viviendas y recuperar las infraviviendas.
En este contexto, y para apoyar también a las personas sin hogar, desde Feantsa recuerdan la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la inclusión de estas personas mediante el acceso a una vivienda de carácter estable y alternativas residenciales temporales que incluyan también un acompañamiento durante todo el proceso.
*Canal Solidario-OneWorld 2007 - 11/05/2007
