ELMUNDO/Palma* : "Maria Antònia Munar dictó resoluciones contrarias a derecho al no respetar las normas esenciales del procedimiento administrativo, contraviniendo la legislación vigente de forma injusta, con ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, en contradicción con los mínimos esenciales del funcionamiento de la Administración y a sabiendas, no pudiéndose considerar tales actuaciones como meras negligencias o realizadas por un mero desconocimiento".
Así comienzan las conclusiones del último informe conjunto elaborado por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en el caso Son Oms, desvelado por EL MUNDO/El Día de Baleares y en el que investiga la recalificación por parte de la actual presidenta del Parlament balear y líder de Unió Mallorquina (UM) del polígono industrial situado junto al aeropuerto de Palma a cambio de comisiones del 15% en suelo. En una pieza separada de este procedimiento judicial que ha recibido la denominación de Operación Maquillaje se investiga por orden del titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma cómo Munar gratificó con contratos públicos irregulares a los testaferros que cobraron durante la pasada legislatura las comisiones de este pelotazo en nombre de los líderes de UM. La suma que rastrea la Policía supera los 7 millones de euros públicos repartidos a dedo.
Entre esos pagos, la socia de gobierno del presidente socialista Francesc Antich adjudicó la radio pública del Consell de Mallorca que ella gobernaba al matrimonio que empleó como pantalla el ex conseller de Territorio Bartomeu Vicens para percibir su parte de las comisiones del 15%, que recuperó con facturas falsas.
Tras analizar esta adjudicación a petición del Juzgado de Instrucción número dos de Palma, la Policía y Hacienda atribuyen directamente a la actual presidenta del Parlament balear la comisión de un delito de "prevaricación" por amañar el concurso para adjudicar en total 3,2 millones de euros públicos a Alfredo Conde y a su mujer Elisabeth Diéguez.
"Munar infringe la ley de una manera consciente en la aplicación torcida del derecho que perjudica o beneficia a alguien, realizando un ejercicio arbitrario del poder, convirtiendo una voluntad particular en fuente de ley", destacan mientras relatan que se proclamó ganadora de la licitación a una empresa, Studio Media Comunicació, S.L., que fue creada en pleno concurso y que carecía de experiencia alguna.
Asimismo se ha encontrado documentación en los registros practicados durante los últimos meses en la que los testaferros ya dejaban constancia antes de la licitación de que iban a ser los ganadores. En este sentido concluyen policía y Hacienda que sus propietarios tenían "información privilegiada que sólo puede tener origen en la parte que ya conocía esta información: el Consell de Mallorca". Por lo que apuntan a una clara "connivencia" entre políticos, funcionarios compinchados (se han interceptado correos donde los técnicos les indican cómo amañar las cuentas para obtener la subvención) y personas de su entorno con el fin de saquear las arcas públicas.
* El Mundo - Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom - 3.12.09
Foto: Palma, polígono Son Oms - interempresas.net
La Policía acusa a Munar de 'prevaricar de forma clamorosa y flagrante'
Dimite el gerente de la empresa del suelo de la Generalitat tras ser imputado por Garzón
ELPAÍS/Barcelona* : Once encausados por el 'caso Pretoria', entre ellos el gerente del instituto catalán del suelo, Emili Mas, un ex alcalde del PP y las mujeres de dos ex altos cargos de los gobiernos de Pujol. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a 11 personas más por el caso Pretoria de corrupción urbanística y las ha citado a declarar para mañana y el próximo viernes. Con estas nuevas imputaciones, ya son 20 las personas inculpadas en este caso de corrupción urbanística.
Cuatro de ellos permanecen en prisión desde el pasado 30 de octubre por orden de Garzón, que el martes acordó la libertad bajo fianza de 200.000 euros de Manuel Dobarco, ex teniente de alcalde de urbanismo de Santa Coloma de Gramenet. Entre las 11 personas que han sido imputados figura Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo, al que el juez Garzón imputa por sus estrechas relaciones con el cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, que permanece en prisión. Mas ha sido suspendido temporalmente de militancia del PSC; como ocurrió con el caso de otros cargos socialistas como Bartomeu Muñoz. El departamento de Política Territorial y el departamento de Medio Ambiente -del que también depende el Incasò- ha aceptado la "renuncia voluntaria" de Mas para "facilitar la instrucción del caso".
En esa relación de imputados también figuran Doris Malfeito y Maria Lluïsa Mas, esposas del ex consejero de CiU Macià Alavedra y del ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, respectivamente, y que permanecen en prisión. La imputación de ambas mujeres está relacionada con su participación como administradoras en las sociedades utilizadas por sus esposos para cobrar las comisiones ilegales derivadas de diversas operaciones urbanísticas. Fuentes de Convergència no quisieron confirmar la militancia de estas dos mujeres. Los nacionalistas no tomarán ninguna medida "porque sólo han sido llamados a declarar", informa Clara Blanchar.
También ha sido imputada Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, también encarcelado por esta causa, y a la que se vincula con una sociedad adquirida por Luigi. Al margen de estas 11 imputaciones, el juez Garzón ha citado a declarar para el próximo día 12 de enero a un total de diez personas como testigos. Entre ellas figura Maite Arqué, ex alcaldesa socialista de Badalona, la ciudad en la que se realizó una de las operaciones urbanísticas que investiga Garzón.
17,6 millones sustraídos
Según el auto dictado por Garzón, la trama de corrupción habría sustraído 17,6 millones euros de las arcas municipales de Sant Andreu de Llavaneras, y un total 44,7 millones de euros en el conjunto de municipios barceloneses en los que operaba (Sant Andreu, Badalona y Santa Coloma de Gramanet). El abogado de Prenafeta y Alavedra solicitó la excarcelación de ambos argumentando motivos de salud, pero Garzón la rechazó.
Con estas nuevas imputaciones asciende a 20 el número de implicados en este procedimiento, de los cuales cuatro se encuentran en prisión: el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; y el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. El juez investiga las operaciones urbanísticas desarrolladas en Sant Andreu de Llavaneres, Santa Coloma de Gramenet y Badalona, que dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por las actividades de la trama.
El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el pasado viernes el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, le solicitara su imputación en respuesta a un requerimiento que le dirigió Garzón "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos".
Renuncia en el PP, no en CiU
Por su parte, el Partido Popular de Cataluña ha explicado que el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres y actual concejal del Ayuntamiento, Víctor Ros, ha presentado esta misma tarde su renuncia a la militancia. El partido ha aceptado la renuncia y ha trasladado el caso al Comité de Derechos y Garantías, que en función de cómo evolucione su imputación podría decidir una expulsión definitiva e incluso la retirada de su acta de concejal.
También en el plano político CiU ha manifestado que no va a tomar ninguna medida contra Genís Carbó, jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004, quién cobró 244.011 euros del también encarcelado Luis García Sáez, Luigi, por intervenir en una operación urbanística en la zona de Can Riviere de Sant Andreu de Llavaneres. Según un portavoz nacionalista "sólo han sido llamados a declarar".
Por su parte, el PSC ha suspendido también temporalmente de militancia a Juan Felipe Ruiz, consejero delegado de Marina Badalona, también imputado por el juez Garzón. El Ayuntamiento de Badalona ha pedido a Ruiz su dimisión, pero éste no ha aceptado. Sí puede cesar a Ruiz el consejo de administación de Marina Badalona, que comprenden otras administraciones públicas.
* ELPAIS.com - PERE RÍOS - Barcelona - 02/12/2009
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
El TSJ declara ilegal un PAI de la Vall d´Alba ya expropiado y hecho
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LEVANTE/Castelló* : El pleno extraordinario de la Vall d'Alba aprobó ayer la nueva tramitación del Programa de Actuación Integrada y proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 7 del polígono industrial, después de que una sentencia firme del TSJCV lo declare ilegal, con lo que ya son 4 las sentencias en contra, según el socialista, Fernando Grande.
Sin embargo, la lentitud de la justicia es tal que la obra ya está ejecutada, pues el sector del polígono "se expropió y se adjudicó en 2005".
El pleno ha aprobado con el voto en contra del PSPV, el presupuesto de 2010 que asciende a 5 millones y que recoge por cuarto año consecutivo cuotas de urbanización por 1,5 millones que no se ejecutan, y que se incluyen "con la intención de inflar artificialmente el presupuesto".
Grande denuncia que "en estos momentos de crisis es inadmisible que el ayuntamiento del vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, dedique 741.500 euros a gasto corriente, 80.000 a publicidad y protocolo, 60.000 a una tarde de toros, y sólo 272.000 euros a gasto social. Una vez más Martínez demuestra cuáles son sus prioridades y con estas prioridades y este presupuesto irreal, nunca obtendrá nuestro voto a favor", recalca Grande..
* Levante-EMV - 3.12.09
Foto: Vall D'alba (Castellón) - abc.es
Letanía de irregularidades de la Torre Cajasol
ELMUNDO/Sevilla* : La contumacia de dos arquitectos sevillanos, Fernando Mendoza y José García-Tapial, ha permitido desvelar el misterio que envolvía el proyecto de la denominada Torre Pelli, cuyas obras llevan meses ejecutándose en la isla de la Cartuja sin que hasta ahora hayan podido conocerse los detalles concretos de este edificio puesto que el Ayuntamiento negaba el acceso a su documentación.
Ante esta negativa, Mendoza y García-Tapial interpusieron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue resuelto a su favor. Obligada por los jueces, la Gerencia de Urbanismo ha tenido que poner la documentación en manos de los recurrentes y la conclusión de éstos no puede ser más contundente: la obra es ilegal.
De entrada, el proyecto que obra en la Gerencia de Urbanismo, que plantea una edificabilidad contabilizable de más de 90.000 metros cuadrados rebasa en un 33 por ciento la edificabilidad de 68.000 metros cuadrados prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la zona.
Según los arquitectos, el Ayuntamiento habría llegado a un acuerdo con los promotores de la torre en el sentido de no contabilizar los metros cuadrados de las zonas de servicio de la torre (salas de calderas, escaleras y ascensores) para que así pudiera atenerse a lo previsto en el PGOU, pero eso no es lo preceptivo. En virtud de ese acuerdo, la promotora obtendría ese gran incremento de edificabilidad y el Ayuntamiento lograría que en Sevilla se levantara un rascacielos.
Más ilegalidades
Las ilegalidades del proyecto no quedan sin embargo ahí, porque su basamento continuo, de casi cuatrocientos metros, incumpliría el Plan Especial al no dejar paso entre las calles laterales Inca Garcilaso y Camino de los Descubrimientos, cegando además la visión del río.
Por si todas estas vulneraciones fueran pocas, el proyecto, cuyas obras llevan meses ejecutándose, también vulnera el convenio urbanístico firmado el 16 de marzo de 2005 entre la Gerencia de Urbanismo, Agesa y Puerto Triana para llevar a cabo en el solar una operación urbanística que debía tener un uso preferentemente comercial, con un máximo de cuarenta y ocho mil metros cuadrados para ese uso y otros veinte mil para oficinas complementarias. Sin embargo, el complejo del rascacielos lo contempla exactamente al revés: casi sesenta mil metros cuadrados para oficinas y menos de treinta mil para uso comercial.
Además de las numerosas ilegalidades que han denunciado, Fernando Mendoza y José García Tapial han detectado una importante cantidad de irregularidades en el proyecto. En opinión de ambos, la documentación resulta incompleta y contradictoria. La memoria dice que el basamento tiene cuatro plantas, pero en los planos sólo aparecen tres. Además, faltan todas las plantas de la torre, ya que no son iguales dado que el rascacielos va perdiendo superficie a medida que se va elevando.
Asimismo, faltan alzados y secciones y falta también el proyecto de ejecución completo de la torre, con los detalles constructivos que permitan erigirla. En este sentido, y como dato revelador de las carencias del proyecto, Mendoza y García-Tapial apuntan a que en el mismo ni siquiera aparece la altura total que tendría la torre. Lo único que al respecto se dice en la memoria es que tendrá, aproximadamente, ciento ochenta metros.
* El Mundo - Juan Miguel Vega - 3.12.09
Foto: Sevilla, montaje torre Cajasol - diariodesevilla.es
Un "pleitista urbanístico" causa los derribos de A Guarda
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ELPAÍS/Pontevedra* : Eulogio Abeleira Cabaleiro es el particular cuya denuncia acabó en la anulación de 21 licencias para construir viviendas unifamiliares en las zonas de Catanga y Loucenzas, en el municipio de A Guarda, y los subsiguientes derribos. Ayer continaban las labores de demolición de las tres primeras, sólo una de ellas habitada, mientras los afectados reclamaban al Ayuntamiento alguna solución de emergencia.
Otra denuncia de Eulogio Abeleira ha suscitado la inminente demolición de 40 apartamentos de la urbanización A Armona, también en A Guarda. Lo curioso es que él mismo tiene una vivienda en ese polígono que se ha salvado del derribo.
Entre 600 y 800 escritos (de denuncia e incidentales sobre denuncias anteriores) ha presentado Abeleira en el Ayuntamiento de A Guarda sobre cuestiones urbanísticas. No son las únicas. Tandas análogas ha prodigado igualmente por los ayuntamientos de Oia, O Rosal, Gondomar, Baiona y Nigrán, según fuentes consultadas por este periódico, siempre con la excusa de restaurar la legalidad urbanística. Da continuidad a la extraordinaria labor realizada en el mismo sentido por Eduardo Canabal Sanz, cuyas denuncias mantienen desde hace años en jaque de demolición más de un millar de viviendas en Vigo. Ambos son delineantes y amigos unidos en el mismo empeño, aunque no hay ninguna constancia oficial de su asociación. Encarnan en todo caso la figura de "pleitista urbanístico", en palabras de la Fiscalía de Pontevedra.
La Memoria que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, elevó al Gobierno sobre el ejercicio de 2007 se hace eco de "la existencia de profesionales en la denuncia de temas urbanísticos" que, según la Fiscalía de Pontevedra, "suele tratarse de personas informadas y con conocimientos técnicos en materia urbanística que interponen denuncias en el ámbito de competencia de esta Fiscalía con gran reiteración... Deseamos expresar las dudas que nos ofrece la intencionalidad de sus autores y la finalidad perseguida con la actividad".
EL PAÍS trató de localizar ayer a Abeleira sin resultados. No obstante, las fuentes consultadas ilustraron su pasión por judicializar el urbanismo con una anécdota chocante: recurrió contra su comunidad de vecinos, en Vigo, por la reparación del tejado del edificio, que había realizado su propia empresa constructora, AC Obras y Reformas Comerciales.
En A Guarda, Abeleira empezó por denunciar la ilegalidad de la urbanización A Armona, de medio centenar de apartamentos construidos sin licencia y donde él mismo es propietario de uno de ellos. Aunque todos habían sido construidos ilegalmente, Abeleira presentó la denuncia una vez había prescrito la ilegalidad de la primera fase de la urbanización, de ocho apartamentos, entre los que está el suyo. Los demás, por su denuncia, fueron condenados al derribo, que se ejecutará así se resuelva la elección de un plan al efecto mediante concurso público.
Abeleira se ofreció en 2000 a José Luis Alonso Riego, a la sazón alcalde de A Guarda por el PP, como asesor urbanístico, añadiendo el requisito de que el regidor tenía que echar del Ayuntamiento a todos los técnicos municipales en la materia. El alcalde, considerando sus antecedentes y su capacitación profesional de delineante, le despachó con cajas destempladas como "extorsionador y chantajista", calificativos por los que tuvo que declarar en el juzgado y que ayer reiteró a este periódico. Un año después Abeleira emprendió, con una denuncia ante la Xunta, el contencioso que ahora dejará sin viviendas a 21 familias que las compraron con todas las autorizaciones legales.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - A Guarda - 03/12/2009
Foto: Derribo de la vivienda de la familia Ameal Videira, la única que estaba ocupada por los propietarios - M.Gimeno, elcorreogallego.es
