MANUEL VILLORIA* : "El modelo español de urbanismo es el que crea mayores incentivos legales para la especulación de entre todos los de los países desarrollados. De ahí el coste de la vivienda en nuestro país. España tiene el esfuerzo familiar más alto en el acceso a la vivienda de toda Europa; necesitamos 7,24 años de renta familiar íntegra para conseguir una vivienda en propiedad o el 40% del sueldo durante 20 años. A esto se añaden los problemas medioambientales y de carencia de servicios básicos en múltiples desarrollos urbanísticos, como consecuencia del furor urbanizador que asola nuestro paisaje. Fruto, a su vez, de la altísima rentabilidad que el negocio del ladrillo genera. Y, para culminar el estado de la situación, la corrupción se expande por nuestros gobiernos locales sin que podamos saber ahora, con mínima certeza, hasta dónde llega el cáncer que nos devora.
La multiplicación de escándalos vinculados a la denominada "corrupción urbanística" refuerza la tradicional visión "cínica" de la ciudadanía española sobre nuestros gobernantes y contribuye a deslegitimar las instituciones democráticas. Conviene, de cara a buscar las soluciones, clarificar conceptos y separar efectos de causas. No es lo mismo la corrupción pública que la especulación inmobiliaria o que los atentados medioambientales y el incumplimiento de normativa urbanística.
La corrupción pública implica un abuso de cargo público para un beneficio privado no aceptable legal o éticamente con el cargo desempeñado. Ya sea beneficio directo, para el político o alto cargo que decide, o indirecto, para el partido en que milita o para familiares y amigos. Sin embargo, hay electos locales que toman decisiones dañinas para el medioambiente y/o incumplidoras de la normativa urbanística. Pero lo hacen creyendo que es beneficioso para su pueblo, bien por generación de empleo o desarrollo económico, bien por ingresos municipales extraordinarios, pero sin beneficio privado. En estos casos, no se puede hablar de corrupción, sino de "cortoplacismo", incompetencia o, incluso, de irresponsabilidad criminal. No obstante, en muchos casos los dos supuestos van unidos, y se incumple la normativa con fines corruptos.
Las modalidades de incumplimiento de normativa urbanística a través de las cuales se realizan actividades corruptas son muy variadas. De acuerdo con un excelente estudio puesto en marcha de la Fundación Alternativas, se podrían poner como ejemplos los siguientes: Clasificación del suelo, por ejemplo, permitir construir en suelo no urbanizable en los supuestos en los que no está autorizado; Planeamiento urbanístico, por ejemplo, utilización de modificaciones puntuales de planeamiento en lugar de revisiones de plan, limitando el trámite de información pública; Gestión urbanística, por ejemplo, actuaciones urbanísticas de suelo urbano no consolidado y urbanizable sin el correspondiente proyecto de reparcelación y por lo tanto sin las correspondientes cesiones urbanísticas; Licencias, por ejemplo, otorgar licencias en contra del planteamiento y, por tanto, ilegales; Convenios urbanísticos, por ejemplo, sustitución de la planificación urbanística por convenios puntuales.
Nuestro sistema legal establece que a los propietarios de suelo, de forma discrecional e incluso arbitraria, se les regala el valor público que crea el Plan General. Y se les regala como un bien patrimonial y derecho adquirido. Imaginemos un terreno de secano con valor muy bajo, pero cerca de la costa. Este terreno se separa por una línea en una parte rústico y otro urbanizable. El propietario del terreno urbanizable, como consecuencia de la decisión del trazador de la línea, a partir de que el Plan está vigente, multiplica el valor de su terreno por 100, o por 200 o por… Y lo incrementa sin haber hecho nada, ninguna inversión, ningún cambio de cultivo en el mismo. La razón es que la ley le permite incorporar al valor del terreno el valor virtual del vuelo o aprovechamiento urbanístico que se le reconozca.
Ese valor añadido por la Administración se puede vender y se puede revender, de forma que a quien se le otorgó ese regalo celestial se hace dueño de un capital público, de una subvención encubierta de muchos millones. Sin que se tenga por qué justificar la razón, ni los costes sociales o ambientales de tal decisión por parte de la autoridad local que hizo ese regalo.
A cambio, el propietario tiene que ceder el 10% del terreno y tiene que urbanizar. Pero puede venderlo antes y el que venga detrás podrá promover un convenio urbanístico para que le permitan una mayor edificabilidad, con lo que recuperará lo pagado y mucho más.
Al final, lo que valía prácticamente nada, vale millones y compra el piso en ese terreno construido lo paga a precio de oro. En suma, un desastre social.
*Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
*El Mercurio - 2 de Mayo del 2007
Un cáncer nos devora
Decretada la apertura del juicio contra el ex alcalde de Egüés (Navarra) por irregularidades urbanísticas
EP.- Siglo XXI* : "El juzgado de Instrucción número 1 de Aoiz ordenó hoy la apertura del juicio oral contra Ignacio Galipienzo, ex alcalde del Valle de Egüés (Navarra), y otros nueve acusados en relación con presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en este consistorio, en relación con la concesión de una licencia para construir un apartotel en una parcela de uso escolar. El fiscal sólo pide penas para tres de los diez acusados, para los que el juzgado pide una fianza total superior a los 2 millones.
Corresponderá juzgar el caso a la Audiencia Provincial de Navarra, secciones segunda o tercera, y, según fuentes judiciales, la vista no se producirá antes de otoño, ya que la sección primera tiene que resolver un recurso presentado por varios imputados para que se archive la causa o se retire la acusación. Así, aunque el juzgado decrete el juicio oral contra diez personas, la sección primera podría reducir el número. El fiscal pide penas sólo para tres de ellos.
Además, en el auto de hoy, el juzgado requiere a los diez acusados (además de Galipienzo, su esposa Eva Iglesias, Emilio Izquierdo, José Luis Ruiz Bartolomé, María Concepción Flores, Luis Galo, Oscar Pérez, José Javier Iribarren, Nuria Alas Brun y Jesús Marco) para que en el plazo de un día presten fianza de 2.173.741,76 euros. Además, Flores e Iribarren deben prestar otra fianza de 362.658,30 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran resultar de la causa.
PETICIÓN DEL FISCAL
El fiscal pide 18 meses de prisión para Galipienzo, además de 10 años de inhabilitación para cargo público, por un delito de prevariación urbanística. Y una multa de 10 meses (15.000 euros, a 50 euros por día día) y 3 años de suspensión por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Según el escrito de acusación del fiscal emitido en febrero, Galipienzo otorgó en junio de 2003 licencia de obras para la construcción de un aparthotel en una parcela de "uso exclusivamente escolar", a sabiendas de esta calificación. Se da la circunstancia de que había actuado, meses antes, como intermediario en la compraventa de este terreno. Además, tenía relaciones comerciales con la empresa que iba a construir la infraestructura hotelera.
Además, el fiscal considera que Galipienzo debe restituir los 23 millones de pesetas que cobró a Castillo de Gorraiz-Construcciones Flores, empresa propietaria de la parcela, en cuya venta intermedió.
Considera que el contrato de intermediación entre RMA Urbana y la citada mercantil es contrario a las leyes.
Según el fiscal, si bien Galipienzo fue quien realmente intervino en la compraventa, presentó como mediador a su socio José Luis Ruiz, administrador de RMA Urbana, para ocultar su participación ante Flores.
También pide multa de 6 meses (5 euros por día día) y 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de arquitecto a Nuria Alas Brun, ex arquitecta de Egüés, por el delito de prevaricación.
Por último pide multa de 6 meses (10 euros por día) y suspensión de empleo o cargo público a José Luis Ruiz Bartolomé, socio del ex alcalde de UPN, como cooperador del delito de negociación prohibida.
Respecto a Jesús Marco del Rincón, María Concepción Flores González, José Javier Iribarren, Luis Galo, Emilio Izquierdo, Oscar Pérez Rodríguez y Eva Iglesias, solicita el sobreseimiento provisional.
Además del fiscal, también han formulado acusación el Concejo de Badostain, el Ayuntamiento de Valle de Egüés, el partido político Aralar.
LOS HECHOS
En el auto de cierre de la instrucción iniciada en febrero de 2004, firmado en octubre de 2005, la entonces jueza instructora de Aoiz recogió que existían indicios de delito en 10 personas. Según el auto, Ignacio Galipienzo "intermedió" en la operación de compra-venta de la parcela S22 de Gorraiz para la construcción de un apartotel en un solar que estaba calificado para uso exclusivamente escolar.
Según recogió el auto, "se le pagó por ello no sólo como mediador inmobiliario, sino como alcalde al conceder la licencia que rubricaba la operación", una licencia que la magistrada tildó de "ilegal". Según la juez, queda "acreditado" que cobró de Construcciones Flores, propietaria del solar, y de Aricam, promotor.
Los hechos investigados comenzaron el 28 de junio de 2002. La parcela cambió de dueños y en un día, su precio pasó de 5,4 a 6,4 millones. Según el auto, Construcciones Flores pagó por la operación una comisión de 181.900 euros a la sociedad mercantil RMA, que tenía como administrador único a Ruiz Bartolomé, amigo de Galipienzo, que no quería figurar como titular de RMA. Sin embargo, de esta comisión, cerca de 140.000 euros fueron a parar al ex alcalde, según se hizo constar en el auto.
La jueza consideró que Galipienzo tuvo una "activa intervención" en la adquisición de la parcela S22 por parte de GEA y "por supuesto en la concesión de la licencia para la construcción del apartotel en ella".
Tras el conocimiento público de estos hechos, UPN forzó la dimisión y baja temporal de Galipienzo el 14 de noviembre de 2003. Tras la denuncia de los concejos del valle, la fiscalía inició la investigación. Estos hechos derivaron en la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra.
*diariosigloxxi - 2 de mayo de 2007
La Región de Murcia "no se vende": Manifestación 5 de mayo
¡Resérvate el día! El 5 de Mayo todos a Murcia. ¡Otra vez y cuantas sea necesario! No lo van a conseguir, los tenemos que parar!
Manifestación 5 de mayo, 18h. Plaza de Santo Domingo. Murcia.
La especulación y la corrupción no va a ser el futuro de esta región! Masificar y encementar el territorio con nuevas ciudades resort e infraestructuras asociadas a éstas, es un oscuro futuro. Mantener la riqueza natural de la tierra y proteger nuestra forma de vida, es un gran proyecto. Si ha sido posible durante siglos, es mucho más fácil ahora. ¡No nos van a engañar!
¡LOS FAMOSOS BILLETES!: LOS QUE NADIE HABIA VISTO..., AUNQUE LA MITAD ESTABAN EN ESPAÑA...; LOS DEL DINERO NEGRO Y LAS CAJAS FUERTES..., LOS DE LAS BOLSAS DE BASURA... Y LAS CUENTAS SECRETAS....
EL DINERO DE LA ESPECULACIÓN Y LA CORRUPCIÓN HA SALIDO EN LA CALLE..., , LO REPARTEN A LA GENTE...
¡COGE TU PARTE Y NO LA LA MALGASTES, COMPARTELA CON TODOS!
MANIFESTACION 5 MAYO 18h. PLAZA DE SANTO DOMINGO. MURCIA.
Coordinadora Murcia No Se Vende
